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[Embargado hasta el: 30 de marzo de 2005] Público 
Amnistía Internacional 
 
BRASIL 
“Extranjeros en nuestro propio país”: 
Los pueblos indígenas de Brasil 
 
 Resumen Índice AI: AMR 19/002/2005 
http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR190022005 
 
 
[…] nos están tratando como si fuéramos extranjeros en nuestro propio país, e incluso como 
una amenaza para la soberanía. Con ello, la esperanza de ver a nuestros territorios 
demarcados y ratificados poco a poco ha sido sustituida por el temor. 
 
Oímos rumores de que la policía va a venir con un tractor para destruirlo todo. Lo que 
queremos saber es cómo vamos a dar de comer a nuestros hijos…Queremos que la policía sepa 
que no nos vamos a ir. La decisión es definitiva. No nos vamos a ir de esta tierra con vida. 
 
 Ambas declaraciones, que exponen claramente el miedo y la desesperación que sienten los 
pueblos indígenas de Brasil, fueron hechas en 2005. La primera fue enviada directamente a 
Amnistía Internacional por un dirigente indígena conocido mundialmente. La segunda fue hecha 
pública por la comunidad guaraní-kaiowá de Cerro Marangatú, estado de Mato Grosso do Sul, al 
verse amenazada con el desalojo de sus tierras ancestrales, tierras que el gobierno brasileño ya había 
demarcado oficialmente a su favor. 
 
 Desde hace muchos años, Amnistía Internacional documenta y desarrolla actividades de 
campaña contra las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas de Brasil, sus 
dirigentes y sus defensores. En 2005 continúan siendo víctimas de ataques, homicidios y otras 
formas de violencia y discriminación, a menudo cometidas con impunidad. Sucesivos gobiernos 
brasileños han incumplido sus obligaciones internacionales y constitucionales de reconocer plena y 
definitivamente los derechos de los pueblos indígenas sobre las tierras. También resulta 
preocupante que en los últimos tiempos hayan aumentado las peticiones para que se inviertan 
muchos de los avances que han conseguido los indios desde que, en 1988, entrase en vigor la 
constitución de Brasil. Todo ello hace que Amnistía Internacional tema por su seguridad, e incluso 
por su supervivencia futura. 
 
 Los pueblos indígenas de Brasil llevan cientos de años siendo desalojados de sus tierras de 
forma violenta por aquellos que pretenden apropiarse de su riqueza. En la actualidad, esta violencia 
continúa con la participación de muchos intereses rivales entre los que se cuentan empresas, 
prospectores, ganaderos, terratenientes, empresas madereras y el ejército. Estos intereses creados 
frecuentemente cuentan con un gran poder de captación de apoyo económico y político que utilizan 
para retrasar e interrumpir la resolución de conflictos sobre la tierra. 
http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR250022005
 Desde hace años, los dirigentes indígenas que desarrollan actividades de campaña para 
acelerar la transferencia de tierras reciben amenazas de muerte y son víctimas de ataques violentos 
y homicidios, sin contar prácticamente con la protección del Estado. 
 
 Los casos y situaciones documentados en este informe representan distintos ejemplos de la 
compleja realidad a la que hoy se enfrentan los pueblos indígenas de Brasil. El factor que los une es 
que todos son resultado de decenios de inacción por parte del Estado. Amnistía Internacional teme 
que el actual gobierno brasileño, que hasta ahora no ha adoptado una estrategia coherente destinada 
a solucionar los problemas que afrontan los indios brasileños, no esté sino repitiendo y exacerbando 
los errores del pasado. La organización hace un llamamiento a las autoridades brasileñas para que 
cumplan sus obligaciones constitucionales e internacionales de proteger a los indios y sus tierras. 
 
 
Este texto resume el documento titulado Brasil: “Extranjeros en nuestro propio país”: los pueblos 
indígenas de Brasil (Índice AI: AMR19/002/2005), publicado por Amnistía Internacional el 30 de 
marzo de 2005. Si desean más información o emprender acciones al respecto consulten el 
documento completo. En la URL http://www.amnesty.org encontrarán una amplia selección de 
materiales de AI sobre éste y otros asuntos. Los comunicados de prensa de Amnistía Internacional 
pueden recibirse por correo electrónico solicitándolo en la dirección: 
http://www.amnesty.org/email/email_updates.html 
 
 
 
 
 
 
 
SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO 
Traducción de Editorial Amnistía Internacional (EDAI), España 
 
Índice AI: AMR 19/002/2005 
http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR190022005 
 
 
SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO 
Traducción de Editorial Amnistía Internacional (EDAI), España 
[Fecha de embargo: 30 de marzo de 2005] Público 
Amnistía Internacional 
 
BRASIL 
“Extranjeros en nuestro propio 
país”: Los pueblos indígenas de 
Brasil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ava Taperendy’i, hijo de Marcos Verón, de pie junto al monumento a su padre en 
Takuara, Mato Grosso do Sul, agosto de 2004. AI 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR250022005
 
Índice AI: AMR 19/002/2005 Amnistía Internacional 
ÍNDICE 
 
El Quinto Centenario de la exclusión ........................................................................ 2 
Renovadas esperanzas para el cambio ....................................................................... 3 
Recrudecimiento de la violencia ................................................................................ 3 
“El indígena es la tierra” ............................................................................................ 5 
La transferencia de tierras: un proceso laborioso ...................................................... 6 
Propuesta legislativa 188: amenaza de retroceder en el tiempo ................................ 8 
Miseria y violencia: los guaraníes kaiowá ................................................................. 9 
El homicidio de Marcos Verón ................................................................................ 11 
La lucha por la tierra: esperanza en medio de la miseria ......................................... 12 
Última y desesperada llamada de ayuda: suicidios de guaraníes ............................. 13 
Raposa Serra do Sol: aplazamiento de la ratificación .............................................. 14 
La masacre de los ticuna: a la espera de que se haga justicia .................................. 16 
Una tragedia anunciada: los indios cinta larga ........................................................ 17 
Los indios xucuru de Pernambuco ........................................................................... 18 
Matanzas anteriores de dirigentes xucuru ................................................................ 19 
La protección de los dirigentes que corren peligro: imposibilidad constante de 
encontrar una solución ............................................................................................. 20 
Hostigamiento de los defensores de los derechos humanos en Pernambuco ........... 20 
Atrapados entre “cocodrilos y leones”: los indios truká .......................................... 21 
Homicidio de José de Nó y Nilson Felix ................................................................. 22 
Abandonados por el Estado ..................................................................................... 22 
Generales .................................................................................................................. 23 
Justicia ...................................................................................................................... 24 
Protección ................................................................................................................ 24 
Resolución de disputas sobre tierras ........................................................................ 24 
 
 
Índice AI: AMR 19/002/2005Amnistía Internacional 
Brasil 
 
“Extranjeros en nuestro propio país”: Los pueblos 
indígenas de Brasil 
 
Niño guaraní kaiowá en Guyra Roká, Mato Grosso do Sul, agosto de 2004. © AI 
1. Introducción 
Desde hace muchos años, Amnistía Internacional documenta y desarrolla actividades de campaña 
contra las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas de Brasil, sus dirigentes y 
sus defensores. En 2005, los indios1 continúan siendo víctimas de ataques, homicidios y otras 
formas de violencia y discriminación, a menudo cometidas con impunidad. Sucesivos gobiernos han 
incumplido sus obligaciones internacionales y constitucionales de reconocer plena y 
definitivamente los derechos de los indios sobre las tierras. También resulta preocupante que en los 
últimos tiempos hayan aumentado las peticiones para que se inviertan muchos de los avances que 
han conseguido los indios desde que, en 1988, entró en vigor la Constitución de Brasil. Los indios 
brasileños dejaron patente su frustración con la reciente ocupación –en enero de 2005– de la sede 
amazónica de la Fundación Nacional del Indio (Fundação Nacional do Indio, FUNAI)2 en Manaos. 
 Amnistía Internacional ha identificado diversas áreas que constituyen un motivo de 
preocupación debido a que las autoridades no han adoptado medidas que eviten la exposición de los 
indios a violaciones de sus derechos humanos. El hecho de que el gobierno brasileño no les 
garantice los derechos sobre sus tierras mediante la demarcación y ratificación de muchos de los 
territorios indígenas, unido a la lentitud con que se desarrolla este proceso cuando finalmente tiene 
lugar, han favorecido los ataques contra indios así como un empeoramiento de la –de por sí grave– 
privación económica y social que sufren muchas comunidades. En zonas en las que se ha 
identificado y reconocido la necesidad de protección federal de los indios y sus tierras, las 
autoridades no han tomado medidas pese a las advertencias formuladas por comisiones del Senado 
o por la Organización de los Estados Americanos, como es el caso de de los indios cinta larga en 
Rôndonia y el de los xucuru en Pernambuco. El hecho de que no se haya castigado a los autores de 
ataques y homicidios del pasado ha sentado las bases de la violencia del presente. 
 Los indios brasileños llevan cientos de años siendo desalojados de sus tierras de forma 
violenta por aquellos que pretenden apropiarse de su riqueza. Esta violencia sigue aún presente y en 
ella participan muchos intereses rivales. Entre ellos se cuentan: empresas y prospectores interesados 
en explotar los recursos naturales de la tierra; hacendados; terratenientes que, de buena o mala fe, 
han adquirido derechos de propiedad sobre territorios indígenas; las compañías madereras y, por 
 
 
1 El término “indio” se utiliza aquí tal y como se definió en la Constitución brasileña de 1988, y según lo utilizan los 
propios pueblos indígenas brasileños. El término “pueblos indígenas” puede interpretarse de acuerdo con la definición 
del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo). Amnistía Internacional utiliza ambos términos en este informe. 
2 Organismo oficial encargado de administrar la protección de los indios y sus tierras. FUNAI pertenece al Ministerio de 
Justicia. 
 
2 
 
 
“Extranjeros en nuestro propio país” 
 
 
Amnistía Internacional Índice AI: AMR 19/002/2005 
último, el ejército, que, alegando intereses de seguridad nacional, pretende reducir y circunscribir 
los territorios indígenas situados en zonas fronterizas. Estos intereses creados suelen tener un gran 
poder de captación de apoyo económico y político que utilizan para retrasar e interrumpir la 
resolución de conflictos sobre la tierra. 
 Los dirigentes indígenas que desarrollan actividades de campaña para acelerar la 
transferencia de tierras reciben amenazas de muerte y son víctimas de ataques violentos y 
homicidios, sin contar prácticamente con la protección del Estado ni disfrutar del derecho a un 
recurso efectivo. 3 Durante el largo período que deben esperar hasta que se resuelven sus 
reclamaciones, los indios son privados del recurso que les es básico para poder ejercitar sus 
derechos económicos, sociales y culturales: las tierras. 
 Los casos y situaciones documentados en este informe representan distintos ejemplos de la 
compleja realidad a la que hoy se enfrentan los pueblos indígenas de Brasil. El factor que los une es 
que todos son el resultado de decenios de inacción por parte del Estado. 
2. Un legado de promesas incumplidas 
El Quinto Centenario de la exclusión 
La conmemoración –el 22 de abril de 2000– del Quinto Centenario de la llegada de los portugueses 
a Brasil ofrecía una oportunidad única para reflexionar sobre el extraordinario y complejo legado 
social, racial y cultural del país. Las celebraciones oficiales indignaron a numerosos grupos que 
consideraban que se estaba desaprovechando una oportunidad real para reflexionar sobre el 
complicado legado histórico de Brasil en favor de una superficial campaña publicitaria de alcance 
nacional e internacional que explotaba a los pueblos indígenas al hacer uso de sus imágenes como 
material publicitario. Al mismo tiempo las autoridades excluyeron a dirigentes y representantes 
indígenas de todo el país y los privaron del derecho a participar en las celebraciones y a expresar 
sus preocupaciones legítimas en relación con los derechos de los indios. En respuesta a ello, las 
organizaciones indígenas convocaron una conferencia nacional independiente a fin de acordar un 
programa de trabajo sobre asuntos indígenas. 
 El mismo día del aniversario, manifestantes indígenas y representantes de otros grupos de la 
sociedad civil trataron de llevar a cabo una marcha pacífica a Porto Seguro, en donde se estaban 
desarrollando las celebraciones oficiales. Fueron interceptados por la policía militar que, equipada 
con indumentaria antidisturbios, empleó gas lacrimógeno y balas de goma y cargó con porras para 
disolver la marcha. Después de la difusión nacional e internacional de la intervención policial, el 
entonces presidente de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) dimitió en señal de protesta y 
declaró: “No puedo permanecer en un gobierno que lleva a cabo actos de agresión contra el 
movimiento indígena organizado”.4 
Manifestantes indígenas observan a la Policía Militar equipada con indumentaria antidisturbios, bloqueando la carretera 
a Porto Seguro durante la celebración del Quinto Centenario de la llegada de los portugueses. © Reuters 
 
 
3 Según lo especificado por el derecho internacional: la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 25 
y 8 (1), y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), artículo 2 (3). 
4 Folha de São Paulo, 23 de abril de 2000. 
 
“Extranjeros en nuestro propio país” 
 
3 
 
 
 
Amnistía Internacional Índice AI: AMR 19/002/2005 
 La exclusión y la violencia dirigidas contra manifestantes indígenas y sus simpatizantes 
durante la conmemoración del Quinto Centenario fueron tan representativas como sintomáticas de 
los muchos años que el Estado brasileño lleva sin reconocer ni respetar los derechos de los pueblos 
indígenas de Brasil.5 
Renovadas esperanzas para el cambio 
Las elecciones de 2002 que dieron el triunfo a Luiz Inácio Lula da Silva como presidente del 
gobierno, y a un partido frecuentemente considerado como aliado tradicional del movimiento 
indígena, hicieron renacer las esperanzas de cambio. Las contundentes promesas formuladas en el 
Compromiso con los Pueblos Indígenas de Brasil, manifiesto del gobierno en favor de los indios 
publicado en septiembre de 2002, permitían confirmar tal sentimiento. Este documento reconocía 
los numerososerrores del pasado y establecía una estrategia clara para abordar los complejos 
problemas y conflictos que durante años han expuesto a una gran parte de la población indígena de 
Brasil a violaciones de los derechos humanos: 
 La política en materia indígena aplicada por el gobierno brasileño en los últimos decenios 
necesita cambios profundos y sustanciales que permitan, por un lado, responder a las 
necesidades de los pueblos indígenas y de la comunidad brasileña en general y, por el otro, 
construir una imagen de dignidad y respeto por la pluralidad étnica y los derechos 
humanos en el país.6 
 El manifiesto también declaraba que el gobierno electo debería demostrar “lucidez, 
capacidad y determinación” y convertir en prioritaria la definición y aplicación de una “política en 
materia indígena clara, democrática, objetiva y coherente”. A pesar de las promesas y del fuerte 
apoyo de los pueblos indígenas de Brasil durante la campaña electoral, ha transcurrido más de la 
mitad de su mandato sin que se aprecien aún señales de que el gobierno federal haya elaborado una 
estrategia coherente para resolver los diversos problemas que afrontan los indios brasileños. 
Aunque ya se han demarcado y ratificado algunas tierras indígenas, la administración actual, al no 
elaborar y aplicar una política clara en materia indígena, está repitiendo y exacerbando los errores y 
omisiones de gobiernos anteriores y no está satisfaciendo las enormes expectativas creadas por sus 
propios compromisos electorales, como tampoco sus obligaciones internacionales. La condena, por 
parte del movimiento indígena, de esta falta de progreso es generalizada. En abril de 2004, 
dirigentes indígenas ocuparon la sede del Congreso en la capital, Brasilia, y exigieron una audiencia 
con el presidente; sólo entonces se les concedió una entrevista con él, es decir, más de 16 meses 
después de subir al poder el nuevo gobierno en enero de 2003. 
 Recrudecimiento de la violencia 
En 2003 se recibieron informes de una escalada de la violencia, contra pueblos indígenas y sus 
dirigentes, homicidios incluidos. Al finalizar el año, el Consejo Indigenista Misionero (Conselho 
Indigenista Missionário, CIMI), movimiento ligado a la iglesia católica, llevaba registrados 23 
 
 
5 Para más información, véase el informe de Amnistía Internacional Brasil: La violencia policial y el Quinto Centenario, 
diciembre de 2000, AMR 19/29/00. 
6 Compromiso con los Pueblos Indígenas de Brasil, Coalición Lula Presidente, 2002. 
 
4 
 
 
“Extranjeros en nuestro propio país” 
 
 
Amnistía Internacional Índice AI: AMR 19/002/2005 
homicidios de indios, en su mayoría atribuidos a conflictos sobre las tierras7. El 13 de enero, a dos 
semanas de la ceremonia de investidura del nuevo presidente, el internacionalmente conocido 
dirigente guaraní kaiowá Marcos Verón murió a golpes delante de miembros de su familia durante 
un intento de desalojarlo de su tierra ancestral en el estado meridional de Mato Grosso do Sul, 
donde fue enterrado. También a principios de enero, Leonardo Crespo, indígena kaingang de 77 
años de edad, perdió la vida en Miraguaí, estado de Rio Grande do Sul, a consecuencia de las 
patadas y los golpes recibidos de un grupo de jóvenes que lo asaltaron cuando dormía. Las 
autoridades reaccionaron rápidamente, y en julio de ese mismo año fueron declarados culpables y 
condenados los autores de su muerte, que, según se cree, obedeció a motivos raciales. A los dos 
meses del asesinato de Leonardo Crespo, Marcos Xucuru, dirigente del pueblo xucuru, escapó –en 
el estado de Pernambuco, región noreste brasileña– de una emboscada que se saldó con la muerte de 
dos hombres que le acompañaban. Chicão Xucuru, padre de Marcos, murió en 1998 a raíz de los 
disparos efectuados por un hombre armado. 
Manifestantes durante la marcha de Pernambuco, en conmemoración del aniversario de la muerte de Chicão Xucuru. © 
CIMI 
 Aunque en 2004 disminuyeron los niveles de violencia contra dirigentes indígenas, los 
conflictos sobre las tierras favorecieron el recrudecimiento de la violencia y un aumento de las 
violaciones de derechos humanos. 
 En enero de ese año, un grupo de manifestantes invadió una misión católica en el territorio 
indígena de Raposa Serra do Sol, estado de Roraima, tras anunciar el gobierno que la reivindicación 
por parte de los indígenas de sus derechos sobre tierras de la región sería finalmente aprobada por el 
presidente. Los manifestantes, al parecer coordinados por terratenientes locales, tomaron como 
rehenes a misioneros, bloquearon carreteras de la zona y amenazaron con continuar los ataques a las 
comunidades indígenas. El proceso de otorgar las tierras a los habitantes indígenas, que sólo estaba 
pendiente de la ratificación definitiva del presidente, fue postergado. La tensión en la región se 
mantuvo elevada durante todo el año y, en noviembre, un grupo armado que, también según 
informes, estaba coordinado por terratenientes locales, atacó tres comunidades indígenas en el 
territorio, quemando o destruyendo 23 casas. 
 La tragedia sacudió el estado amazónico de Rondônia en abril, cuando 29 hombres que 
habían explotado ilegalmente las tierras pertenecientes al pueblo indígena cinta larga, murieron 
presuntamente a manos de indígenas. Pocos meses antes de la masacre, en diciembre de 2003, una 
comisión de investigación formada por miembros de la asamblea legislativa de Rondônia advirtió 
de la violencia inminente y solicitó la intervención federal, que incluyese la presencia del ejército, a 
fin de impedir conflictos y la explotación ilegal de tierras en la región. La petición no fue atendida. 
En noviembre, la policía anunció su intención de imputar los homicidios a 10 miembros de la 
comunidad indígena. 
 
 
7 Esta cifra fue cuestionada por el presidente de FUNAI, quien reconoció que cinco homicidios se derivaban de 
conflictos sobre las tierras, y atribuyó el resto a disputas exacerbadas por el alcohol y a desavenencias internas. 
 
“Extranjeros en nuestro propio país” 
 
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 “El indígena es la tierra” 
Los indios por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios 
territorios; la estrecha relación que los indios mantienen con la tierra debe de ser reconocida y 
comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su 
supervivencia económica.8 
 La tierra es, desde siempre, un factor básico para el bienestar y la supervivencia de los 
pueblos indígenas de Brasil. Ya en 1991, el gobierno brasileño acuñó la expresión “el indígena es la 
tierra” en reconocimiento de la importancia de los derechos sobre las tierras para la realización de 
sus derechos humanos. El derecho de los pueblos indígenas a sus tierras queda consagrado en la 
Constitución de 1988, que define estas zonas como “tierras tradicionalmente ocupadas por los 
indios” y sobre las cuales tienen derechos originales e inalienables.9 La Constitución ordenaba que 
todos los territorios indígenas quedasen demarcados antes de 1993. 
 Aunque la Constitución brasileña proporciona el marco legal necesario para fortalecer la 
lucha de los indios de Brasil por recobrar y conservar sus tierras, y pese a que la superficie total 
demarcada a su favor –478.721 km2 entre 1992 y 2001–10 ha aumentado sustancialmente en los 
últimos años, el objetivo constitucional de demarcar todas las tierras sigue estando aún muy lejos, 
incluso en 2005. Se han ratificado 340 de los 580 territorios indígenas oficialmente reconocidos en 
Brasil, y 139 siguen pendientes de identificación, que es la primera etapa del proceso.11 A pesar de 
ello, el ministro de Justicia ha prometido públicamente completar la demarcación y ratificación de 
todos los territorios indígenaspendientes antes de finalizar 2006. 
 En 2004, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas 
recomendó al gobierno brasileño que completase la demarcación de todas las tierras indígenas antes 
de 2007, y expresó su preocupación por el hecho de que la posesión y el uso de estas tierras por 
parte de las comunidades indígenas se veían amenazados y restringidos a causa de los repetidos 
actos de agresión contra ellas. El comité añadió lo siguiente: “Asimismo, el Comité recomienda que 
el Estado Parte adopte medidas urgentes para reconocer y proteger en la práctica el derecho de las 
poblaciones indígenas a poseer, explotar, controlar y utilizar sus tierras, territorios y recursos”.12 
 Un antiguo principio del derecho brasileño sostiene que los indios son “relativamente 
capaces” 13 y, en consecuencia, no pueden ejercitar plenamente sus derechos civiles. Por este 
 
 
8 Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 31 de 
agosto de 2001, párrafo 149. 
9 Los artículos 231 y 232 definen los derechos constitucionales de los indios, véase Anexo. 
10 Homologados o registrados. IBGE – Indicadores de Desenvolvimento Sustentável – Brasil, 2004. 
11Estadística disponible en el sitio Web de FUNAI: www.funai.gov.br. 
12 Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Brasil, Doc ONU: 
CERD/C/64/CO/2 (2004). 
13 Código Civil de 1916, Estatuto del Indio de 1973. Las propuestas de reforma del Estatuto del Indio se debaten con 
dureza en el Congreso desde 1991. 
 
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“Extranjeros en nuestro propio país” 
 
 
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motivo, el control paternalista sobre los derechos y las necesidades de los pueblos indígenas 
siempre ha sido monopolio del Estado, concretamente del gobierno federal. El órgano de gobierno 
oficialmente responsable de la aplicación de las políticas en materia indígena es la Fundación 
Nacional del Indio (FUNAI).14 
 Por lo tanto, la tarea de supervisar la aplicación correcta de los derechos sobre tierras 
indígenas y de proteger a los pueblos indígenas durante y después de este proceso recae en las 
autoridades federales. Sin embargo, aunque sucesivos gobiernos se han comprometido a garantizar 
los derechos de los indios brasileños, con demasiada frecuencia los intereses políticos y económicos 
a corto plazo han puesto en peligro estos compromisos. 
 Pese a las muchas dificultades que afrontan los pueblos indígenas de Brasil, cuentan con un 
factor vinculante y positivo que les depara buenos augurios de cara al futuro: su capacidad de 
supervivencia. Hacia la mitad del siglo pasado se predijo su extinción inminente al estimarse que la 
población indígena había registrado un mínimo histórico de 100.000 habitantes. En 2005, los 
cálculos sitúan esta cifra en torno a 370.000.15 Un acontecimiento reciente que ha intervenido a 
favor de su supervivencia es el crecimiento y fortalecimiento de las organizaciones indígenas 
autónomas en los años noventa, que, por primera vez, les ha permitido convertirse en protagonistas 
de su propia lucha en el ámbito local, regional, nacional e internacional. Se cree que en Brasil 
habitan hasta 45 grupos de indios “aislados” o “no localizados”, 24 de ellos en zonas demarcadas 
por FUNAI. 
 Aunque los indios sólo representan entre el 0,2 y el 0,3 por ciento de la población, tienen 
derecho a un 11 por ciento de la tierra en virtud de la Constitución. Un sondeo realizado por IBOPE 
para el Instituto Socioambiental, organización no gubernamental, sugiere que prácticamente nadie 
en Brasil se opone a ello. En el sondeo sobre 2.000 personas realizado en el año 2000, una mayoría 
del 68 por ciento consideraba que la zona demarcada era suficiente, o incluso insuficiente. Sólo el 
22 por ciento consideraba que eran demasiadas tierras.16 
La transferencia de tierras: un proceso laborioso 
La Constitución obliga al gobierno federal a transferir las tierras ancestrales a los pueblos indígenas 
de Brasil y lo responsabiliza de proteger la tierra. La Fundación Nacional del Indio (FUNAI) 
administra el complejo proceso que conlleva la transferencia, que incluye la identificación, 
delimitación, demarcación, ratificación y registro de tierras. La identificación la realiza un equipo 
técnico supervisado por un antropólogo nombrado por FUNAI. El presidente de FUNAI aprueba, si 
procede, el estudio. Las partes interesadas disponen de un plazo de 90 días para refutar el informe. 
Desde ese momento, corresponde al ministro de Justicia aprobar o rechazar el estudio de 
identificación. Si se aprueba, el ministro declara y establece oficialmente la delimitación y 
 
 
14 A principios de los años noventa, la responsabilidad de la salud y educación de los pueblos indígenas se transfirió de 
FUNAI a otros órganos de gobierno. 
15 Instituto Sociambiental (ISA). Las distintas metodologías empleadas dan lugar a grandes variaciones en los cálculos 
sobre población indígena. El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) sitúa la cifra en más de 700.000 
(IBGE, Indicadores de Desenvolvimento Sustentável, Brasil 2004). 
16 Pesquisa Nacional, IBOPE/ISA, 2000. 
 
“Extranjeros en nuestro propio país” 
 
7 
 
 
 
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demarcación física de la zona. Los últimos pasos son la ratificación de la zona por decreto 
presidencial, y su inscripción oficial.17 
 Sin embargo, el procedimiento ha resultado sumamente lento, y las reclamaciones tardan 
años, cuando no decenios, en resolverse. Desde hace mucho tiempo, la dotación insuficiente de 
fondos, la corrupción y los problemas internos abruman a FUNAI, que insiste en que no dispone de 
dinero ni de personal suficiente para llevar a cabo las demarcaciones pendientes. En una carta que 
un dirigente guaraní kaiowá mostró a Amnistía Internacional en agosto de 2004, un miembro de la 
dirección de FUNAI expresaba su frustración al no poder realizar los estudios de identificación de 
un territorio concreto, debido a los escasos recursos económicos y la falta de personal: 
Sin antropólogos y ecologistas, la creación de un grupo de trabajo para identificar un 
territorio indígena, cualquiera que éste sea, deja de ser una opción viable. FUNAI ha 
redoblado los esfuerzos en intentar reunir los recursos humanos necesarios para atender 
las necesidades territoriales acumuladas durante tantos años en la región de Mato Grosso 
do Sul. 
 En su Compromiso con los Pueblos Indígenas de Brasil, el gobierno federal criticaba duramente 
a FUNAI e indicaba que ésta “se ha caracterizado por sus frecuentes omisiones y olvidos en el 
ejercicio de sus funciones”. También reconocía que el órgano adolece de graves problemas 
presupuestarios e internos, y declaraba que la reforma y reestructuración de FUNAI serían 
prioritarias. 
 Pese al compromiso declarado con un cambio radical, a Amnistía Internacional no le consta 
que existan planes gubernamentales de reestructuración o aumento de la financiación de FUNAI. 
Según el comité asesor independiente INESC, el presupuesto de FUNAI sufrió un recorte del ocho 
por ciento en 2004. Este comité asesor describía como “insuficiente” el presupuesto asignado a las 
demarcaciones y afirmó lo siguiente sobre el presupuesto asignado a la vigilancia de las tierras 
indígenas: “Teniendo en cuenta el grado de intrusión que sufren las tierras indígenas y las carencias 
de personal e infraestructura de FUNAI, este valor es, cuando menos, risible, por no decir 
trágico”.18 
 Las críticas de FUNAI por parte del movimiento indígena son abundantes. En la reunión del 
Foro Social Panamazónico –coalición de grupos indígenas– que tuvo lugar en Manaos en enero de 
2005, importantes dirigentes indígenas expresaron su contundenterechazo a FUNAI. 19 En el 
momento de publicarse este informe, Amnistía Internacional no había recibido respuesta a la carta 
enviada al presidente de FUNAI en septiembre de 2004, en la que, entre otras cuestiones, se le pedía 
información sobre estrategias para solucionar las reclamaciones de los guaraníes kaiowá sobre las 
tierras. 
 Además de los retrasos estructurales y políticos asociados a FUNAI, el proceso de 
transferencia también sufre demoras debido a dificultades a la hora de acordar el pago de 
 
 
17 El proceso quedó establecido en virtud del Estatuto del Indio de 1973. Está sujeto a modificaciones por decreto, el 
último de los cuales es el Decreto 1775 de enero de 1996. 
18 Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC): A Política Indigenista 2003/2004: Um Olhar sobre o Orçamento. 
Nota Técnica Nº 86, abril 2004. 
19 Agencia Carta Maior: Indígenas divulgam manifesto de repúdio ao Governo Lula, 20 de enero de 2005. 
 
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“Extranjeros en nuestro propio país” 
 
 
Amnistía Internacional Índice AI: AMR 19/002/2005 
indemnizaciones a aquellos que adquirieron tierras indígenas de buena fe. La Constitución brasileña 
sólo contempla una indemnización basada en las mejoras físicas y materiales efectuadas en la tierra, 
no en su valor. Este factor a menudo suscita una gran resistencia a las propuestas de transferir 
tierras en un gran número de terratenientes. 
Propuesta legislativa 188: amenaza de retroceder en el tiempo 
Al finalizar 2004, las organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales dieron la voz de alarma 
por el número cada vez mayor de iniciativas que parecían diseñadas para restringir e incluso invertir 
algunos de los avances logrados por los indios del Brasil en los últimos años. Una comisión especial 
del Senado,20 encargada de realizar una evaluación y de presentar un informe sobre la situación de 
los pueblos indígenas, elaboró un proyecto de propuesta legislativa 21 para regular los 
procedimientos de demarcación que, de aprobarse, haría retroceder la situación varios decenios. En 
virtud de dicho proyecto de ley, las demarcaciones de tierras pendientes quedarían anuladas, se 
declararía ilegal la demarcación de tierras ocupadas pacíficamente por los indios y sería obligatorio 
obtener la aprobación del Senado de todas las demarcaciones de territorios indígenas. 
Afortunadamente, la propuesta –que las ONG repudiaron por inconstitucional y los indios de Mato 
Grosso do Sul describieron como una “puñalada por la espalda”– fue retirada como consecuencia de 
las protestas de la opinión pública. 
 La propuesta legislativa se redactó en contravención del concepto de consentimiento previo, 
dado libremente y con pleno conocimiento de causa consagrado en el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo, el único instrumento jurídicamente vinculante del derecho 
internacional que protege específicamente a los pueblos indígenas.22 Brasil ratificó el Convenio 169 
en julio de 2002, y el gobierno federal lo incorporó a la legislación interna en abril de 2004. 
 “Extranjeros en nuestro propio país” 
La abrumadora sensación de inquietud e inseguridad con respecto al futuro de los indios brasileños 
se resume en esta declaración que un importante dirigente indígena hizo llegar a Amnistía 
Internacional en enero de 2005: 
[…][nos sentimos] defraudados con la forma en que se está tratando la cuestión indígena en 
nuestro país: el gobierno ha adoptado la forma más perversa del trato especial, por cuanto la 
cuestión indígena se ha llevado a la Cámara de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional, donde 
se tratan las cuestiones de soberanía, y eso significa que nos están tratando como si fuéramos 
extranjeros en nuestro propio país, e incluso como una amenaza para la soberanía. Con ello, la 
esperanza de ver nuestros territorios demarcados y ratificados poco a poco ha sido sustituida por 
el temor. 
 
 
20 Comissão Temporária Externa do Senado Federal sobre Demarcação de Terras Indígenas. 
21 Propuesta Legislativa del Senado Nº 188, 2004. 
22 Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo), 27 de junio de 1989. 
 
“Extranjeros en nuestro propio país” 
 
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Amnistía Internacional Índice AI: AMR 19/002/2005 
 La Cámara de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional (CREDEN) citada aquí se creó en 
agosto de 2003 por decreto presidencial. Su mandato es formular políticas gubernamentales en 
“materias relacionadas con el área de las relaciones exteriores y la defensa nacional”.23 
 
 Entre las ocho áreas de política específicas que debe desarrollar este órgano se encuentran 
los derechos humanos y los pueblos indígenas. Las demás son el tráfico de drogas y el delito 
internacional, la cooperación internacional en materia de defensa y seguridad, la inmigración, las 
actividades de espionaje, los controles fronterizos y las operaciones de paz. 
 En mayo de 2004, se creó un grupo de trabajo auspiciado por CREDEN, destinado a 
elaborar propuestas para una “nueva política indígena”. En el grupo de trabajo no hay dirigentes 
indígenas ni tampoco representantes de la sociedad civil. Aunque FUNAI y el Ministerio de 
Educación sí están representados, no lo están los ministerios de Medio Ambiente, Desarrollo 
Agrario y Salud. La policía federal, las fuerzas aéreas, la armada, el ejército, el servicio de 
información brasileño y los ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa son miembros del grupo 
de trabajo. 
3. La violencia y la lucha por la tierra ancestral 
Desde hace mucho tiempo, la lucha por las tierras indígenas se caracteriza por el derramamiento de 
sangre y el sufrimiento. El hecho de que, históricamente, el Estado brasileño jamás haya reconocido 
ni protegido los derechos sobre las tierras indígenas se evidencia, en 2005, con uno de los ejemplos 
más extremos de la miseria y la violencia que ha provocado tal actitud: la proporción de tierras por 
persona del pueblo guaraní kaiowá, pese a ser uno de los más numerosos de Brasil, está entre las 
peores de todos los grupos indígenas del país. En Brasil cohabitan tres grupos guaraníes: los kaiowá, 
los nhandeva y los mbyá. En Mato Grosso do Sul viven 30.000 guaraníes kaiowá y nhandeva, y los 
cálculos sitúan la población guaraní kaiowá entre 18.000 y 20.000 habitantes, lo que convierte a 
este grupo guaraní en el mayor de Brasil.24 
Miseria y violencia: los guaraníes kaiowá 
Para nosotros, los kaiowá, la tierra es sagrada. Es la esencia de la vida kaiowá. Para nosotros, el 
pueblo indígena guaraní, la tierra es nuestra estructura vital.25 
¿Qué está pasando en las zonas de los guaraníes kaiowá? Que hay mucha desnutrición. No 
tenemos tierras que cultivar. Por eso hay pobreza y hambre en nuestra tierra […]Nosotros, los 
indios, hemos tomado una decisión. Si nos desalojan de estas zonas en conflicto, nos suicidaremos. 
Nos suicidaremos porque no significamos nada para nadie.26 
 
 
23 Decreto Nº 4.801, 6 de agosto de 2003. 
24 Instituto Socioambiental (ISA): Enciclopédia dos Povos Indígenas, 2003. 
25 Carta del cacique Rosalino Ortiz dirigida a Survival International, diciembre de 2004. 
26 Maria Regina de Souza en una reunión pública celebrada con la comisión especial del Senado para asuntos indígenas, 
febrero de 2004. 
 
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“Extranjeros en nuestro propio país” 
 
 
Amnistía Internacional Índice AI: AMR 19/002/2005 
 La mayoría de los guaraníes kaiowá viven en 27 territorios reconocidos oficialmente en el 
sur del estado de Mato Grosso do Sul.27 Son algunas de las zonas indígenas de Brasil más pequeñas, 
más pobres y con mayor densidad de población: focos rurales de pobreza rodeados de grandes 
plantaciones de soja y caña de azúcar, y reservas urbanas superpobladasdonde hacen estragos la 
desnutrición, la enfermedad, la miseria, el suicidio, la violencia y el alcoholismo. Según informes, 
la mortalidad infantil en estas zonas indígenas se ha recrudecido en los últimos años debido en gran 
parte al hambre y la desnutrición; en 2004 se registraron 64 muertes por cada 1.000 niños.28 Un 
diputado federal describió la tasa de mortalidad infantil como un “auténtico genocidio del pueblo 
indígena de Mato Grosso do Sul”.29 Según informes, el coordinador regional de la Fundación 
Nacional de Salud (Fundação Nacional de Saúde, FUNASA) afirmó que la elevada tasa de 
mortalidad infantil estaba directamente relacionada con problemas estructurales socioeconómicos, y 
resaltó la escasez de tierras del pueblo guaraní kaiowá.30 
 La presencia guaraní en la zona que actualmente es Mato Grosso do Sul data de hace cientos 
de años. A comienzos del siglo pasado, el hoy desaparecido Servicio de Protección a los Indios 
empezó a acorralar a los grupos en reservas oficiales. Esta práctica continuó y se aceleró durante los 
años cincuenta hasta los ochenta, cuando, excepto un pequeño número de comunidades, los 
guaraníes kaiowá que quedaban fueron expulsados de sus tierras por los grileiros, o usurpadores de 
tierras, así como por empresas privadas y por agresivos programas de desarrollo agrícola 
patrocinados por el gobierno. Como no les quedaba otra alternativa, se trasladaron a las ya 
masificadas reservas oficiales. Muchos de ellos empezaron a trabajar en refinerías de caña de azúcar 
en unas condiciones que, según informes, a menudo constituían esclavitud.31 
 Privados de sus tierras, y sin ver otra alternativa de supervivencia, en los años noventa los 
guaraníes kaiowá adoptaron una estrategia de reocupación pacífica de pequeñas parcelas en sus 
territorios tradicionales, denominadas tekoha. Durante estas reocupaciones, los que participaban en 
ellas a menudo eran amenazados de muerte o desalojados de forma violenta por grupos armados.32 
Esta acción directa ha dado lugar a la obtención, parcial en algunos casos, de varias de estas 
parcelas. Hoy la estrategia continúa, impulsada por la creciente desesperación y frustración ante el 
hecho de que los sucesivos gobiernos incumplen las promesas de resolver las reclamaciones 
pendientes sobre las tierras. A raíz de sus acciones, muchos guaraníes kaiowá y sus dirigentes son 
cada vez más vulnerables a la amenaza de violencia. Un representante del Ministerio Público 
Federal en Mato Grosso do Sul expresó su preocupación a Amnistía Internacional por el hecho de 
que algunos guaraníes kaiowá que participaban en intentos de reocupar pacíficamente las tierras se 
estaban exponiendo a situaciones que no eran sino “masacres en ciernes”. 
 
 
27 Ocho de estos territorios son reservas tradicionales del Estado, y el resto son zonas demarcadas o ratificadas desde 
1980. Casi todas han sido impugnadas. El pueblo guaraní kaiowá tiene demandas sin resolver con respecto a otros 91 
territorios. 
28 FUNASA. 
29 Diário MS, 27 de enero de 2005. 
30 Diário MS, 26 de enero de 2005. 
31 Survival International, escrito dirigido a las Naciones Unidas, 24 de junio de 1999, E/CN.4/Sub.2/1999/NGO/1. 
32 Amnistía Internacional, Acción Urgente; Índice AI: UA 09/07 AMR 19/01/97 10 de enero de 1997. 
 
“Extranjeros en nuestro propio país” 
 
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El homicidio de Marcos Verón 
El 11 de enero de 2003, Marcos Verón, cacique guaraní kaiowá de 72 años, lideraba un pequeño 
grupo de indios en un intento de reocupar pacíficamente una reducida zona del territorio indígena 
de Takuara en el municipio de Juti, Mato Grosso do Sul, de donde habían sido expulsados en 1953. 
Era la tercera vez, desde 1999, que los guaraníes kaiowá intentaban reocupar Takuara, situada en la 
hacienda Brasília do Sul. 
Marcos Verón en Porto Seguro, en el aniversario del Quinto Centenario de la llegada de los portugueses a Brasil. © AI 
 Pese a que, inicialmente, representantes de FUNAI y de la policía garantizaron que no se 
produciría el desalojo del grupo y que se podría negociar un acuerdo de forma pacífica con el 
terrateniente, los acontecimientos tomaron rápidamente un cariz violento. Según informes, el 12 de 
enero, un grupo formado por jornaleros de la finca y hombres armados contratados se reunió en las 
proximidades de la zona reocupada y efectuó disparos contra un camión que transportaba indios. 
Reginaldo Verón, de 14 años, fue alcanzado por una bala en la pierna. Posteriormente, a primeras 
horas de la mañana del 13 de enero, un grupo formado por unos 30 hombres atacó el campamento. 
Los acontecimientos que se describen a continuación fueron presenciados por el hijo de Marcos 
Verón, Ladio –“Ava Taperendy’ i”–, que recibió una dura paliza y amenazas de muerte durante el 
ataque: 
Eran las 3.30 de la madrugada cuando oímos el ruido de autos, que nos pareció como si estuvieran 
muy lejos, pero era porque venían con las luces apagadas. Ya cerca de donde estábamos, muchos 
de ellos empezaron a salir de sus autos y se dispersaron por el campo. En ese momento uno de 
ellos empezó a disparar en dirección a nosotros, y los autos empezaron a encender los faros. Lo 
único que se oía eran petardos, explosiones y tiros disparados en la dirección de nuestras carpas. 
Los niños y las mujeres lloraban desesperadamente […] y fue entonces que sacaron al cacique 
Marcos Verón de otra carpa y empezaron a golpearlo y a darle patadas hasta que se cayó al suelo; 
después cada uno de ellos siguió dándole patadas al cacique, que gemía desesperado del dolor en 
el suelo. Yo les grité que pararan de golpearlo porque era viejo y estaba jubilado […] después vi la 
cara de mi padre por última vez, cuando lo golpearon en la cabeza con la culata de un fusil. Hasta 
que ya no se movió más…33 
 Marcos Verón y su hijo fueron abandonados junto a la carretera por sus agresores. Marcos 
Verón hubo de ser trasladado al hospital, donde falleció a consecuencia de las lesiones recibidas. 
Gracias a la respuesta inmediata y a la investigación del ataque por parte de la oficina del Ministerio 
Público Federal en Dourados, la detención de varios hombres se produjo rápidamente, al tiempo que 
se expidieron órdenes de detención contra otros. Las personas que presuntamente participaron en el 
ataque han sido acusadas de diversos delitos, entre los que se incluyen asesinato, tentativa de 
asesinato, secuestro y tortura. Está previsto que las causas lleguen al tribunal más adelante en el año. 
 
 Marcos Verón fue enterrado en Takuara. A su funeral asistieron representantes de 
movimientos indígenas y de lucha por los derechos humanos de todo Brasil. Su muerte tuvo una 
gran repercusión internacional: en 2000 había viajado por todo el mundo para hacer campaña en 
nombre de los indios brasileños en Europa. La ocupación pacífica de Takuara prosigue en 2005, al 
 
 
33 Documento firmado por 71 miembros del pueblo guaraní kaiowá y presentado a Amnistía Internacional. 
 
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“Extranjeros en nuestro propio país” 
 
 
Amnistía Internacional Índice AI: AMR 19/002/2005 
tiempo que la familia de Marcos Verón y otros guaraníes kaiowá permanecen acampados a la 
espera de la demarcación y ratificación definitivas del territorio. 
 Marcos Verón no es el primer dirigente guaraní de fama internacional en encontrar la muerte 
como consecuencia de sus acciones para devolver las tierras a su gente. En 1983, Marçal de Souza, 
“Tupã’Y”, activo defensor de los derechos indígenas que representó a los indios brasileños en una 
audiencia con el Papa durante la visita de éste a Brasil en 1980 y que defendió a todas las minorías 
del mundo ante las Naciones Unidas, murió de un disparo recibido junto a su domicilio en 
Campestre, municipio de Antonio João. Aunque un terratenientey el administrador de una hacienda 
de la zona fueron acusados y juzgados por el homicidio después de grandes retrasos, nunca se llegó 
a condenar a nadie. Al haber transcurrido más de 20 años desde el asesinato, ya nunca tendrá lugar 
ningún juicio puesto que el delito ha prescrito según el derecho brasileño.34 
 Tampoco es Marcos Verón el único guaraní kaiowá al que se ha dado muerte en los últimos 
años durante la reocupación pacífica de su tierra ancestral. En 2001, un joven indio guaraní kaiowá, 
Samuel Martin, murió como consecuencia del disparo recibido durante un intento de reocupación 
en Ka’a Jari, municipio de Coronel Sapucaia. Según la información recibida por Amnistía 
Internacional, aunque el crimen se investigó en su día, nunca se ha acusado a nadie de este 
homicidio. 
 La impunidad en torno al homicidio de Marçal de Souza y de Samuel Martin allanó el 
camino para la muerte de Marcos Verón. Es, por tanto, imprescindible que se juzgue a todos los 
responsables de su homicidio, y ello incluye a los que ordenaron atacar y expulsar de forma violenta 
a los guaraníes kaiowá que se encontraban acampados en Takuara el 13 de enero de 2003. 
La lucha por la tierra: esperanza en medio de la miseria 
La larga espera por la tierra. Dirigentes guaraníes kaiowá en el campamento al borde de la carretera junto al territorio 
indígena Passo Piraju. Llevan años esperando a que se realicen los estudios de identificación preliminares. © AI 
 En agosto de 2004, Amnistía Internacional visitó varias comunidades guaraníes kaiowá y 
ocupaciones pacíficas de tierras ancestrales en Mato Grosso do Sul. En Passo Piraju, municipio de 
Dourados, y en Guyra Roká, municipio de Caarapó, Amnistía Internacional visitó dos 
comunidades de guaraníes kaiowá que vivían en chozas cubiertas de plástico negro junto a la 
carretera. Estos grupos tomaron la decisión de vivir en condiciones lamentables junto a sus antiguos 
territorios con la esperanza de que su presencia acelerase el proceso de demarcación. En septiembre, 
un mes después de la visita de Amnistía Internacional a Guyra Roká, el grupo de indios que allí 
vivía reocupó una pequeña zona de su tierra ancestral. En diciembre, el Tribunal Regional Federal 
anuló la orden judicial que disponía su desalojo y actualmente siguen en las tierras reocupadas. 
 En Cerro Marangatú, municipio de Antonio João, Amnistía Internacional tuvo 
oportunidad de ver los cultivos plantados por un grupo de 90 familias guaraníes kaiowá que llevan 
esperando la demarcación de sus tierras desde el estudio oficial realizado en 1999. La demarcación 
se produjo finalmente en octubre de 2004 y los indios, que durante años habían vivido hacinados en 
una superficie de 11 hectáreas, ocuparon una proporción mayor del territorio demarcado antes de la 
ratificación definitiva. En la zona plantaron cultivos de maíz, mandioca y patata. En enero de 2005, 
de forma imprevista y a diferencia de numerosas resoluciones judiciales recientes que permitían la 
 
 
34 El delito ha prescrito en virtud del artículo 109 del Código Penal de Brasil. 
 
“Extranjeros en nuestro propio país” 
 
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permanencia de otros grupos en tierras reocupadas, el Tribunal Regional Federal ordenó su desalojo 
de esta zona más amplia. En respuesta a la orden de desalojo, la comunidad publicó la siguiente 
declaración: 
Oímos rumores de que la policía va a venir con un tractor para destruirlo todo. Lo que 
queremos saber es cómo vamos a dar de comer a nuestros hijos…Queremos que la policía 
sepa que no nos vamos a ir. La decisión es definitiva. No nos vamos a ir de esta tierra con 
vida. 
 Tras la enérgica condena nacional e internacional de la orden de desalojo, FUNAI, según 
informes, entabló negociaciones con el terrateniente. El Ministerio Público Federal presentó un 
recurso en favor de los guaraníes kaiowá. 
 En el municipio de Japorã, durante una visita a la zona recientemente ocupada de Yvy Katu, 
Amnistía Internacional conversó con ancianos y dirigentes que todavía lloraban la muerte de 
Estevão Velasque y Nelson Rodrigues, dos jóvenes que se habían suicidado hacía escasos días. 
 Última y desesperada llamada de ayuda: suicidios de guaraníes 
A finales de los años ochenta y principios de los noventa tuvo lugar un fenómeno macabro y trágico 
que convirtió a los guaraníes kaiowá, y a sus vecinos los guaraníes nhandeva, en símbolo mundial 
de la desolación y aniquilación de los pueblos indígenas. Jóvenes nhandeva y kaiowá, en su 
mayoría adolescentes de ambos sexos, comenzaron a quitarse la vida en grupos que, conforme 
pasan los años, crecen de forma alarmante. De 1986 a 1999 se produjeron 305 de estos suicidios. 
Las cifras no hacen sino aumentar, según la agencia estatal de salud FUNASA, que registró 132 
suicidios durante el período que va de enero de 2001 a julio de 2003. 
 Aunque no existe un motivo único que explique el escandaloso número de suicidios entre 
los indios nhandeva y kaiowá, los guaraníes kaiowá han expresado repetidamente su convicción de 
que la causa fundamental del suicidio entre ellos reside en el círculo vicioso de desesperación 
provocado por la privación del acceso a sus tierras. Una declaración enviada a las autoridades por 
miembros de la comunidad guaraní kaiowá que residen en el territorio de Yvy Katu expone 
claramente hasta qué punto estaban convencidos de que el incumplimiento de las promesas del 
gobierno con respecto a la demarcación de tierras había contribuido directamente al suicidio de los 
dos jóvenes en agosto de 2004: 
Nos referimos a dos amigos que comenzaron a luchar por la reocupación de la tekoha de 
Yvy Katu en noviembre de 2003: Estevão Velasque, de 27 años, y Nelson Rodrigues, de 26. 
Dos amigos que creían en el triunfo de la demarcación de la tekoha tras la negociación con 
los tribunales en febrero de 2004. 
 En todas las reuniones preguntaban: “¿qué novedades tenemos sobre nuestra 
zona?” Parecían ansiosos por conocer el final de la historia, seguros de que sería la 
demarcación total de la zona. En una reunión que tuvo lugar en julio, la pregunta fue la 
misma cuando afirmaron que no cejarían en la lucha, teniendo en cuenta que en agosto 
concluía el plazo acordado, y que estaban dispuestos a morir si era necesario, ya que 
siempre se debe morir por una causa justa, y sólo así los tribunales recordarían que deben 
seguir adelante con el proceso. 
 Agosto llegó por fin, y los medios de comunicación, que sólo traen malas noticias 
para los pueblos indígenas, dijeron que la demarcación quizá tardaría otro año, incluso dos 
o más. Creemos que todo esto fue un duro golpe para ellos y que fue en ese momento que 
 
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“Extranjeros en nuestro propio país” 
 
 
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decidieron suicidarse: Estevão Velasque la noche del 7 de agosto de 2004, y Nelson 
Rodrigues el 8 de agosto de 2004, en el campamento de Yvy Katu. 
 
 En general, las perspectivas de los guaraníes kaoiwá son desoladoras. La matanza de 
dirigentes, la amenaza de desalojos, el alojamiento precario, la pobreza, la creciente mortalidad 
infantil y las tasas de suicidio pintan un panorama desgarrador. No cabe duda de que, sin un 
compromiso firme y estratégico por parte de las autoridades para resolver la reivindicación de los 
derechos sobre las tierras de los guaraníes kaiowá, todo apunta a un empeoramiento de la situación. 
 
 Pero, afortunadamente, también hay señales positivas. A finales del año pasado, quedó 
finalmente resuelta la prolongada disputa por el territorio de Panambizinho, en el municipio de 
Dourados. La lucha por Panambizinho data de 1945, cuando el gobierno federal asentó a las 
familias de trabajadores migrantes en tierras de los guaraníes kaiowá. La ratificación presidencial de 
la zona indígena tuvo lugar en octubre de2004 y, en noviembre, se entregaron los títulos de 
propiedad a la comunidad, formada por 70 familias, en una ceremonia oficial a la que asistieron el 
ministro de Justicia, el presidente de FUNAI y el gobernador de Mato Grosso do Sul. Amnistía 
Internacional espera que no se trate de un caso aislado. 
Raposa Serra do Sol: aplazamiento de la ratificación 
Una región que en los últimos años ha sido objeto de gran atención nacional e internacional es la 
zona indígena de Raposa Serra do Sol, situada en el noreste del estado de Roraima junto a la 
frontera entre Brasil y Venezuela. Esta extensa zona35 contiene las tierras ancestrales de los pueblos 
indígenas ingarikó, macuxi, patamona, taurepang y wapichana. Unidos, se calcula que los miembros 
de estos cinco grupos suman 15.000 indios,36 aunque el de los macuxi es, con diferencia, el más 
numeroso. Estos indios llevan más de 30 años desarrollando una campaña por el reconocimiento 
oficial de su derecho a las tierras ancestrales. 
 
 Durante este período, han sido víctimas de constantes amenazas, ataques y desalojos 
violentos en su lucha por los derechos sobre las tierras. El hecho de que gobiernos sucesivos no 
hayan garantizado el derecho a sus tierras los ha dejado expuestos a ataques e invasiones de sus 
tierras por parte de colonos ilegales, productores de arroz, empresas madereras y prospectores, entre 
otros. A causa del conflicto han muerto más de 20 indígenas, y cientos de ellos han sido víctimas de 
palizas y han visto sus hogares y ganado destruidos por terratenientes, colonos y miembros de la 
policía militar locales. Los defensores de los derechos humanos de los indios han sido objeto de 
amenazas y actos de intimidación y violencia. 
 
Pintadas contra la iglesia en Roraima. Los misioneros católicos apoyan desde hace muchos años la lucha por las tierras 
indígenas en el estado. © CIR 
 
 El 2 de enero de 2003, Aldo da Silva Mota, dirigente macuxi, encontró la muerte en Raposa 
Serra do Sol. Según la autopsia inicial que se realizó en esa localidad, murió por causas naturales. 
 
 
35 Algo menos de 1,7 millones de hectáreas, aproximadamente el 7 por ciento de la superficie total del estado de 
Roraima. 
36 Sitio web del Consejo Indígena de Roraima (CIR): http://www.cir.org.br/raposa_geral.asp. 
 
“Extranjeros en nuestro propio país” 
 
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Pero a raíz de las protestas de los grupos indígenas, se realizó otra autopsia en Brasilia. Según esta 
última, había recibido un disparo en la cabeza mientras tenía las manos en alto y probablemente 
permanecía arrodillado en el suelo. Indicaba que había sido víctima de una probable ejecución. Tres 
hombres han sido acusados de participar en la matanza, y serán juzgados en un futuro próximo. No 
han sido detenidos. 
 
 Durante una visita realizada a Brasil en noviembre de 2003, Irene Khan, secretaria general 
de Amnistía Internacional, se reunió con el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, y el ministro de 
Justicia, Márcio Thomaz Bastos. En estas reuniones, Irene Khan planteó la cuestión de la violencia 
que afecta a los indios de Raposa Serra do Sol entre los motivos generales de preocupación 
relativos a los pueblos indígenas. Tanto el presidente como el ministro de Justicia explicaron que 
los retrasos en la ratificación del territorio eran el resultado de una política gubernamental 
intencionada cuyo fin era garantizar la seguridad y los derechos de los indios así como de los 
colonos,37 y así lograr una solución duradera y segura. El presidente Lula también recalcó que la 
presión internacional ejercida sobre el gobierno anterior lo había obligado a adoptar medidas que no 
tenían en cuenta estos requisitos. 
 
 Por este motivo, muchos se sorprendieron cuando, sin previo aviso ni disposiciones 
aparentes que evitasen conflictos en la zona, el 23 de diciembre de 2003 el ministro de Justicia 
anunció la inminente ratificación presidencial del proceso de demarcación para declarar 
oficialmente a Raposa Serra do Sol zona indígena ininterrumpida. La ratificación estaba pendiente 
desde 1998. A lo largo de los años, miembros del gobierno del estado de Roraima, terratenientes y 
algunos elementos de las fuerzas armadas han intentado bloquear el proceso de demarcación de 
muchas maneras. 
 
 El 6 de enero de 2004, tras el anuncio de la ratificación planeada, un grupo de colonos 
invadió una misión católica en la zona indígena. Tomaron como rehenes a tres misioneros durante 
tres días y, según informes, los sometieron a torturas psicológicas y humillaciones. Los colonos, 
que, según los informes, actuaban coordinados por terratenientes locales, también bloquearon 
carreteras y amenazaron con volver a atacar a los indios. La ratificación se aplazó y posteriormente 
sufrió retrasos a causa de recursos legales. La disputa legal constante giraba en torno a si Raposa 
Serra do Sol debía ratificarse como una sola zona ininterrumpida o como un conjunto de varias 
zonas intercaladas por asentamientos no indígenas. 
 
 El 23 de noviembre de 2004, durante una visita a la región del ministro de Justicia, Márcio 
Thomaz Bastos, un grupo al parecer formado por productores de arroz e indígenas asociados a ellos 
atacó tres asentamientos de los indios macuxi. Se destruyeron 37 viviendas y un indio macuxi sufrió 
heridas de bala. Los ataques exacerbaron la tensión entre los indígenas y los que se oponían a que 
Raposa Serra do Sol fuera declarada zona indígena. 
 
 En diciembre de 2004, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) adoptó medidas cautelares en respuesta a los 
ataques de noviembre, en las que se solicitaba su investigación y la protección de las comunidades 
 
 
37 Personas no indígenas que se han establecido por su cuenta en territorios indígenas y que la comunidad india 
considera invasores. 
 
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indígenas de Raposa Serra do Sol. 38 Hasta la fecha no se ha proporcionado protección. Una 
delegación del Consejo Indígena de Roraima (Conselho Indígena de Roraima, CIR) ya había 
presentado un informe de la situación ante la Comisión Interamericana en marzo de 2004. 
 
 A comienzos de 2005, la ratificación definitiva seguía dependiendo de que se resolviesen las 
disputas jurídicas en el Tribunal Supremo Federal. 
4. Impunidad e inseguridad 
La impunidad con que se violan los derechos humanos en Brasil es un hecho tan omnipresente 
como constante. Con gran frecuencia, eso es lo que ocurre con las matanzas de indios brasileños. La 
masacre de los ticuna en 1988 fue un ataque a los pueblos indígenas que desató especial indignación, 
tanto dentro como fuera del país. La condena impuesta en 2001 a los 14 hombres presuntamente 
responsables suscitó esperanzas de que por fin se hubiera hecho justicia, envuelta en un velo de 
impunidad durante muchos años.39 Fueron condenados por el cargo de genocidio, y era sólo la 
tercera vez que se imponía una condena semejante en la historia judicial de Brasil. Sin embargo, 
una disposición reciente anuló la sentencia dictada contra el hombre que había sido declarado 
culpable de ordenar las matanzas y lo absolvió, y redujo además las condenas impuestas a los 
demás implicados. 
 Además de la violencia que con tanta frecuencia se origina en el contexto de las disputas por 
las tierras, los indios también sufren cuando el Estado no los protege de las personas que invaden 
sus tierras, como sucedió en 2004 en el territorio de Roosevelt de los indios cinta larga, o cada vez 
que las autoridades hacen caso omiso de necesidades de seguridad muy concretas, como sucede con 
los indios truká y xucuru en Pernambuco. 
La masacre de los ticuna: a la esperade que se haga justicia 
Han pasado más de 17 años desde que 14 indios ticuna fueran masacrados en Boca do Capacete, 
justo en las afueras de la zona indígena de São Leopoldo, en el estado de Amazonas. Las esperanzas 
de que la condena impuesta en 2001 al hombre que presuntamente había ordenado la matanza 
constituyera un triunfo crucial sobre la impunidad no tardaron en desvanecerse. En octubre de 2004, 
un tribunal federal anuló la condena del industrial maderero acusado de haber ordenado la masacre 
y redujo las condenas de todos los que habían sido declarados culpables por participación en el 
ataque, incluidos aquellos que fueron juzgados in absentia. 
 
 La matanza tuvo lugar el 28 de marzo de 1988. Un grupo de 100 indios –hombres, mujeres y 
niños– procedentes de cuatro comunidades se encontraba en Boca do Capacete esperando a que 
regresara una delegación indígena que había ido a denunciar el robo de un toro. Al parecer, estaban 
comiendo y cantando cuando fueron atacados por un grupo de hombres armados, colonos locales 
presuntamente contratados por el comerciante maderero, quien llevaba tiempo en conflicto con los 
 
 
38 En casos urgentes, la Comisión puede solicitar que los Estados miembros adopten medidas cautelares para proteger a 
las personas de un daño irreparable. El Estado dispone de un plazo para responder, y debe aclarar qué medidas ha 
adoptado para evitar el daño irreparable a la persona. 
39 Sólo se detuvo a seis de los hombres. Los ocho restantes fueron juzgados in absentia. 
 
“Extranjeros en nuestro propio país” 
 
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ticuna por la explotación ilegal de recursos en sus tierras. Al oír los primeros disparos, los indios 
echaron a correr en busca de protección: algunos se dirigieron hacia la selva, otros intentaron 
escapar en canoas y otros se refugiaron en una casa. De los 14 indios muertos, 6 eran niños, al igual 
que varios de los 23 heridos. A la mayoría de los fallecidos los mataron cuando trataban de escapar 
en barca. No fue posible recuperar los cuerpos de 10 de las víctimas, que al parecer fueron 
arrastrados por la corriente del río. 
 
 Después de tantos años transcurridos, el hecho de que las autoridades no hayan llevado ante los 
tribunales a los que ordenaron la matanza no hace sino exacerbar la inseguridad que sienten los 
pueblos indígenas de Brasil: sirve para reforzar el mensaje, desafortunado y potencialmente mortal, 
de que es posible dar muerte a los indios con impunidad. En 2005, el pueblo ticuna continúa siendo 
víctima de amenazas y hostigamientos. 
Una tragedia anunciada: los indios cinta larga 
Los indios cinta larga viven en 34 comunidades distribuidas en varias zonas indígenas de la región 
fronteriza de los estados de Mato Grosso y Rondônia, en el noroeste brasileño. Actualmente son 
unos 1.300 indios, frente a los aproximadamente 5.000 de 1968. Ya en los años veinte se 
documentaron enfrentamientos entre los cinta larga y los intrusos en su tierra. Con los años, sus 
tierras han sido invadidas por empresas de explotación de caucho, madereras y prospectores de 
diamantes. Detrás de todas esas invasiones hay una historia sangrienta. En 1963, un asentamiento 
de indios cinta larga fue atacado por un grupo de hombres que actuaba bajo las órdenes de 
propietarios de plantaciones de caucho; este suceso se conoce como “la masacre del paralelo 11”, y 
hubo testigos de los hechos que afirmaron haber visto cómo colgaban a una mujer y la partían por la 
mitad cuando todavía estaba viva. Esta matanza suscitó la condena internacional del Estado 
brasileño por violar los derechos de los pueblos indígenas. En 1969, FUNAI estableció contacto 
“oficial” con los cinta larga por primera vez. 
 
 En 1999 se encontraron grandes depósitos de diamantes en la zona de Roosevelt de los cinta 
larga. En 2000, el territorio fue invadido por buscadores ilegales de diamantes (garimpeiros). La 
tensión y el conflicto resultantes entre los cinta larga y los mineros ilegales dieron lugar a la 
matanza de dos dirigentes prominentes: Carlito Cinta Larga en diciembre de 2001, y César Cinta 
Larga en abril de 2002. 
 
 En marzo de 2002, las autoridades federales pusieron en marcha una operación conjunta, en 
la que participaron equipos de la policía federal y los propios indios, para desalojar a unos 2.500 
buscadores de diamantes de la zona. Sin embargo, a tan sólo un mes de iniciada, esta cooperación 
fue suspendida cuando la policía federal detuvo a cuatro dirigentes cinta larga. Los dirigentes, muy 
conocidos por su oposición a los buscadores ilegales, fueron detenidos como presuntos autores de 
varios delitos pero al cabo de seis días quedaron en libertad sin cargos. 
 
 En 2003, de nuevo una intervención del gobierno federal dio lugar a la expulsión de 
buscadores ilegales, que concluyó en agosto de ese año. No obstante, la tensión entre los indios 
cinta larga y los buscadores ilegales continuó creciendo. Muchos de estos últimos continuaron su 
actividad pese a las expulsiones. En diciembre de ese año, una comisión de investigación formada 
por miembros de la asamblea legislativa de Rondônia advirtió acerca de la violencia inminente y 
solicitó una intervención federal, que contase con la presencia del ejército, a fin de impedir 
conflictos y la extracción ilegal de diamantes en la región. La petición no fue atendida. 
 
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“Extranjeros en nuestro propio país” 
 
 
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 El 7 de abril de 2004, un grupo armado de indios cinta larga emprendió un ataque contra los 
mineros que estaban extrayendo diamantes ilegalmente en la zona de Roosevelt y causó la muerte 
de 29. La policía abrió una investigación y en noviembre del mismo año anunció que iba a acusar 
de la matanza a 10 miembros de la comunidad indígena cinta larga. Si el gobierno brasileño hubiese 
tomado nota de la advertencia de la comisión de investigación y actuado rápidamente, esta tragedia 
bien podría haberse evitado. 
 A las pocas semanas tuvo lugar otro ataque, al parecer como medida de represalia. El 18 de 
mayo, Moises Cinta Larga, de 14 años, fue abatido a disparos cuando se encontraba en la zona de 
Roosevelt. Un testigo ocular que lo acompañaba dijo que un grupo de hombres armados y 
encapuchados para ocultar su identidad les habían tendido una emboscada. Una semana después del 
incidente, la policía federal detuvo a tres buscadores ilegales en relación con la matanza. 
Los indios xucuru de Pernambuco 
Marcos Xucuru durante una conferencia sobre los defensores de derechos humanos en el Congreso, Brasilia, junio de 
2003. © AI 
En el estado de Pernambuco, en la costa noreste de Brasil, viven unos 10.000 indios xucuru en una 
superficie de 27.000 hectáreas próxima a la ciudad de Pesqueira.40 Aunque esta tierra se demarcó a 
su favor en 1992, en 2005 sólo ocupan una parte, ya que todavía no se han resuelto del todo algunas 
reclamaciones de indemnización de hacendados de la zona. La inscripción definitiva del territorio 
aún no ha tenido lugar. 
 Amnistía Internacional ha documentado un largo historial de actos violentos contra 
dirigentes xucuru, cometidos en el contexto de su campaña por los derechos sobre las tierras. En 
mayo de 1998, el cacique Chicão Xucuru, conocido en todo el país, murió por disparos. Al poco 
tiempo, en abril de 2001, Chico Quelé, otro dirigente, fue abatido a tiros. Más recientemente, el 7 
de febrero de 2003, el actual cacique del pueblo xucuru e hijo de Chicão Xucuru, Marcos Luidson 
de Araújo, conocido como “Marcos Xucuru”, y su sobrino de 12 años escaparon de lo que pareció 
una emboscada, en la que se dio muerte a otros dos indígenas, José Adenílson Barbosa da Silva y 
Joséilton José dos Santos. 
 A lo largo de los años, Amnistía Internacional ha mantenido conversaciones con 
representantes de ONG,de la oficina del Ministerio Público Federal en Brasilia y de sucesivos 
gobiernos federales, quienes han informado a la organización de que existe un patrón de conducta 
discriminatoria contra los xucuru, y que los representantes federales regionales en Pernambuco les 
deniegan sistemáticamente el acceso a la justicia. Amnistía Internacional ha recibido reiterados 
informes según los cuales los prejuicios y los intereses creados son un obstáculo permanente para la 
investigación y la acción judicial sobre ataques y matanzas de dirigentes xucuru. 
 Según la información recibida por Amnistía Internacional, la investigación del ataque a 
Marcos Xucuru y sus acompañantes seguía el mismo patrón. Aunque una investigación posterior de 
la policía federal identificaba a dos hombres implicados en el ataque, sólo se imputaron cargos a 
uno de ellos. La organización también ha recibido información según la cual, a pesar de que Marcos 
Xucuru tuvo suerte de escapar con vida, la oficina del Ministerio Público Federal en Pernambuco lo 
acusó de haber provocado el ataque, y nunca se formularon cargos por el intento de asesinarlo. Un 
hombre ha sido acusado del asesinato de Adenílson Barbosa da Silva y Joséilton José dos Santos. 
 
 
40 En 1999 había 6.363 indios xucuru registrados ( Instituto Socioambiental: Enciclopédia dos Povos Indígenas). 
 
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 En octubre de 2002, como consecuencia de las constantes amenazas recibidas por Marcos 
Luidson y su madre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a las autoridades 
brasileñas que adoptasen medidas cautelares y les proporcionasen protección efectiva, pero la 
petición no fue atendida. 
Matanzas anteriores de dirigentes xucuru 
El padre de Marcos Luidson de Araújo, Francisco de Assis Araújo, conocido como “Chicão 
Xucuru”, carismático cacique que lideraba la reocupación pacífica xucuru de sus tierras en los años 
noventa, fue abatido a tiros por un hombre armado cuando se encontraba de visita en casa de su 
hermana en Pesqueira en 1998. Además de hacer campaña en favor de los xucuru, también 
coordinaba un grupo regional de lucha por los derechos indígenas, Articulación de los Pueblos 
Indígenas de Nordeste, Minas Gerais y Espíritu Santo.41 Aunque siempre existieron pruebas de peso 
que vinculaban directamente la matanza del cacique con su lucha por el reconocimiento de los 
derechos de los xucuru sobre las tierras, en un principio la policía federal que investigaba su 
asesinato sólo siguió líneas de investigación que ponían en tela de juicio esta versión de los 
acontecimientos, como la de que su muerte había sido el resultado de una lucha interna de los 
xucuru por el poder, o que había sido víctima de un crimen pasional. Las autoridades sólo 
decidieron investigar su muerte en el contexto de su trabajo de campaña por los derechos sobre la 
tierra después de haber sido presionadas insistentemente tanto dentro como fuera del país. 
 La esperanza de que se procesara a los responsables se desvaneció cuando, en agosto de 
2001, en el estado de Maranhão se dio muerte al presunto autor de los disparos y, en mayo de 2002, 
José Cordeiro Santana, el hacendado acusado de ordenar el ataque, se suicidó en circunstancias 
sospechosas en una celda de la policía federal a las pocas semanas de haber sido detenido. Sin 
embargo, en noviembre de 2004, Rivaldo Cavalcante Siqueira fue condenado a 19 años de prisión 
por intermediar entre los dos hombres. No sólo se trató de una victoria importante contra la 
impunidad, sino que además ofreció pruebas concluyentes de que con el homicidio de Chicão 
Xucuru se pretendía poner fin a su campaña por los derechos de los xucuru sobre las tierras. 
 El 23 de abril de 2001, Francisco de Assis Santana, otro dirigente xucuru también 
conocido como Chico Quelé, murió por disparos en Pesqueira cuando se dirigía a una reunión con 
miembros de FUNAI. Amnistía Internacional cree que, también en este caso, la investigación sobre 
el homicidio por parte de las autoridades federales de Pernambuco sigue un patrón discriminatorio 
contra los xucuru. En 2002, la policía federal ordenó la detención de dos hombres xucuru, uno de 
ellos el vicecacique. La comunidad xucuru y los abogados que trabajaban para Consejo Indigenista 
Misionero de inmediato asumieron la defensa de estos dos hombres, alegando que las autoridades se 
habían equivocado en su investigación, y que eso era debido a un intento de proteger a los 
verdaderos autores del crimen. Uno de los hombres fue detenido y recluido en una prisión de alta 
seguridad, mientras que el otro se escondió. El tribunal federal regional de Recife rechazó un primer 
intento de obtener, a través de un recurso de hábeas corpus, la anulación de las dos órdenes de 
detención. Pero se recurrió contra esta decisión y en julio de 2003 el Tribunal Supremo Federal de 
Brasilia anuló las órdenes de detención y dispuso la excarcelación de los hombres. A pesar de esta 
decisión, parece ser que las autoridades judiciales del estado tienen intención de procesarlos en un 
futuro próximo. 
 
 
41Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, APOINME. 
 
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La protección de los dirigentes que corren peligro: imposibilidad constante de 
encontrar una solución 
El hecho de que las autoridades brasileñas no investigasen ni identificasen a los autores de las 
muchas amenazas de muerte que recibió Marcos Xucuru, ni proporcionasen protección efectiva y 
adecuada a él y su familia, fue lo que le expuso al ataque que sufrió en febrero de 2003. A pesar de 
renovarse las medidas cautelares, en las que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
pedía su protección, ésta no fue proporcionada. Aunque los xucuru elaboraron una propuesta en la 
que se recogían medidas de protección para toda la comunidad y se sugerían varias personas que 
podían proporcionar protección policial a Marcos, no llegaron a un acuerdo con las autoridades. 
 Según informes, el equipo especial de la policía federal de Pernambuco asignado para 
proteger a Marcos y su madre en noviembre de 2003, en vez de eso aprovechó su presencia en 
Pesqueira como una oportunidad para interrogar e intimidar a miembros de la comunidad xucuru. 
La inseguridad sigue constituyendo un grave problema, y Marcos Xucuru continúa en situación de 
riesgo, tras haber recibido como mínimo dos amenazas de muerte explícitas en 2004. 
 Desde hace años, los xucuru y otros pueblos denuncian el trato que reciben de la policía 
federal de Pernambuco como hostil y contrario a sus intereses. Por ese motivo, pidieron que la 
protección de Marcos Xucuru y su madre estuviese a cargo de unidades policiales de otro estado, o 
de otra fuerza policial42. Hasta la fecha, las autoridades no han proporcionado protección efectiva ni 
a él ni a su madre. La comunidad xucuru insiste en lo que ellos perciben como incapacidad de las 
autoridades para abordar sus necesidades como grupo. La información recibida recientemente por 
Amnistía Internacional indica que existen planes de encargar a una organización independiente la 
elaboración de una propuesta de seguridad para la comunidad xucuru. 
Hostigamiento de los defensores de los derechos humanos en Pernambuco 
Dentro de un patrón de hostigamiento, amenazas y ataques dirigidos contra defensores de derechos 
humanos en todo el país, en los últimos años se ha registrado una escalada de lo que parecen 
intentos judiciales de intimidar a los defensores de los derechos humanos que luchan por que se 
haga justicia en los casos de homicidio de dirigentes xucuru y por la defensa de la comunidad 
xucuru en general. La intimidación,