ArticulandoRDC_Manriquez

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Articulando la rendición de cuentas. Movilización ciudadana en el D.F. y
proyecto de Reforma Petrolera en 2008.
Conference Paper · November 2010
DOI: 10.13140/2.1.4662.0487
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Manriquez Santiago Omar Eli
Metropolitan Autonomous University
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Articulando la rendición de cuentas. 
Movilización ciudadana en el D.F. y proyecto de Reforma Petrolera en 2008. 
 
Omar Manríquez. 

 
 
 
El presente texto estudia las acciones de la sociedad civil y su impacto en la toma 
de decisiones en la democracia representativa. Para esto, se describen y analizan las 
modalidades de la participación ciudadana en funciones de contraloría durante el proceso 
de debate público y deliberación legislativa del proyecto de reforma petrolera del 
Ejecutivo Federal en el Distrito Federal. Mediante esta revisión podremos ver cómo la 
participación y movilización ciudadana desde sus propias lógicas y mecanismos sociales, 
sumados a la acción informal de algunos legisladores, incidieron en los mecanismos 
institucionales de justificación y deliberación. El evento social que vamos a analizar es una 
prueba fehaciente de cómo en México la construcción de la Democracia va ligada 
estrechamente a la acción colectiva y demandas de la Sociedad civil organizada, las cuales 
construyen su ciudadanía a través de mecanismos, lógicas y canales que el Estado 
neoliberal en México se resiste a integrar a su ejercicio gubernamental y proceso de toma 
de decisiones. Todo lo anterior nos permitirá hacer una crítica al régimen de rendición de 
cuentas vigente y a modelos elitistas que acotan la participación social. 
Palabras clave: Rendición de cuentas, democracia participativa, división de 
poderes, movimientos sociales, derecho a la información. 
 
 
 E-mail:politikomico@gmail.com. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 
2 
 
 En el presente texto describiremos las relaciones de control social que a través de 
diversas acciones de organizaciones no gubernamentales, prensa y el Movimiento Nacional 
en Defensa del Petróleo (MNDP) en el Distrito Federal, se conformaron en un sistema de 
contraloría ciudadana
1
. Tales intervenciones sociales frente a la iniciativa de “reforma 
energética” propuesta por el Ejecutivo Federal, permitieron articular mecanismos que 
modificaron la trayectoria del proceso político y a la iniciativa aprobada en el Congreso. 
Asimismo, anotaremos las condiciones propicias en la capital y las deficiencias del sistema 
de rendición de cuentas institucional que justifican la acción social. Ello nos permitirá 
visualizar el horizonte propuesto desde la rendición de cuentas social y nos otorgará un 
marco para analizar la incidencia de las acciones desde la sociedad en la toma de decisiones 
del poder político; lo que nos permitirá también identificar horizontes y retos de este 
ejercicio en la relación sociedad civil y Estado en la democracia representativa. 
 El pasado 2008, Felipe Calderón pretendió llevar a cabo una laxa deliberación y 
rápida aprobación de las iniciativas de reforma “energética” –petrolera– que enviaría al 
Congreso para su conformidad en el periodo ordinario de sesiones de la LX legislatura
2
. 
Ante tal estrategia, diversos actores sociales concurrieron en la capital de la Republica 
mexicana para el surgimiento de un vigoroso movimiento que cuestionó la reforma y se 
opuso al sentido que ésta tenía. Las acciones de diversos actores sociales, tales como la 
movilización, la denuncia en medios y el análisis de las iniciativas entre otras más, 
permitieron decodificar y analizar la información contenida en la reforma, además de 
reorientar buena parte de la opinión pública sobre el diagnostico oficial alrededor de la 
misma. Tales actuaciones incrementarían el interés público alrededor del tema petrolero y 
dicha reforma. Su articulación con las maniobras de algunos Legisladores activaron 
mecanismos formales e informales de debate y deliberación –policy– y sanción 
institucional –accountability– que condicionaron y modificaron el texto de las iniciativas 
que finalmente se aprobaron en el Congreso. Tal participación en la deliberación política y 
en la construcción de consenso para la toma de decisiones son elementos esenciales de 
 
1
 Dicha contraloría ciudadana está enmarcada en el accountability social y forma parte de una relación de 
control desde la sociedad hacia el Estado, pero cuya autonomía e informalidad, le distingue del limitado 
accountability vertical-electoral. Este sub-sistema integrado por acciones y relaciones es al que 
circunscribimos tales actuaciones de contraloría a las que nos referimos. 
2
 Debemos subrayar que la llamada “reforma energética” conllevaba un vicio lingüístico pues no se incluían 
al sector gas, electricidad y otras energías. Sólo era una reforma a Petróleos Mexicanos (Pemex) y su 
potestad sobre el sector petrolero. 
3 
 
legitimidad y gobernabilidad democrática que los poderes constitucionales y políticos no 
deben desasociar de la perspectiva ciudadana en la persecución de un orden social. La 
transparencia, el derecho a la información y la rendición de cuentas deben significar para el 
ejercicio del poder político más que requisitos, insumos vitales que le permitan actuar con 
apego a Derecho de manera eficiente, transparente y legítima. Y fomentar a la vez la 
calidad de la participación social. 
RENDICIÓN DE CUENTAS, ¿QUÉ ES, POR QUÉ ES CRUCIAL Y CÓMO? 
La rendición de cuentas (RDC) es un criterionormativo y conjunto de prácticas que 
actualmente se ha puesto en boga y en boca de académicos, intelectuales, funcionarios, 
empresarios y políticos por ser considerado un elemento que brinda legitimidad a las 
acciones de gobierno y del poder político. Ante los fenómenos de abstencionismo, 
estallidos sociales, crisis de representación y la creciente desconfianza política en los 
sistemas institucionales, la RDC tiene un papel central en la relación sociedad-Estado y en 
solución a dichos problemas que conllevan a la precariedad democrática. Debemos 
destacar primero cuál es el concepto derivado de accountability, cuáles son las condiciones 
necesarias para la RDC derivadas del concepto y cómo se desarrollan en el sistema político 
mexicano. 
Rendición de cuentas es el concepto que se ha traducido del término accountability 
usado para establecer una impresión adecuada que describa el criterio normativo y los tipos 
de responsabilidades, relaciones y conductas a las que están sujetos representantes y 
servidores públicos hacia el Estado y frente a la sociedad. Andreas Schedler brinda un 
modelo normativo del accountability, el cual implica un sentido claro de obligación que 
abarca tres etapas: información, justificación y sanción; que deben obligar al poder a abrirse 
a la inspección pública, forzarlo a explicar y justificar sus actos –dimensión del 
answerability– y sujetarlo a la amenaza de sanciones – enforcement– (Schedler, 2004: 12-
15). De esta manera, “las demandas de asociaciones civiles y movimientos sociales se 
desempeñan como agencias de RDC, que por lo general tienen formas contestatarias
3
, sin 
recursos para aplicar sanciones”. (Schedler, 2004: 21-22). 
 
3
 Cabe destacar que en nuestro estudio de caso, este horizonte contestatario –que delimita relaciones de 
control político ejercidas por grupos sociales de presión– no tiene este contexto central por el apartidismo de 
un importante sector de actores que analizamos. 
4 
 
Por su parte, O’Donnell, hace dos distinciones del accountability. En primer 
término, define como horizontal (institucional) al que ocurre en las relaciones de control 
entre los poderes y las agencias del Estado derivadas de la división de poderes y que hace 
efectivo el equilibrio y contrapeso entre los mismos (Schedler, 2004:33). Específicamente a 
través de aquellas agencias creadas ex profeso para el monitoreo y control mutuo a fin de 
evitar abusos en el ejercicio del poder.
4
 Un subsistema de “relaciones intra-estatales que 
pueden emprender acciones que eviten, prevengan, corrijan o sancionen la realización u 
omisión de conductas presumiblemente ilegales” por transgresión –invadir atribuciones de 
otra– o por corrupción –actos ilícitos– en las mismas (O´Donnell, 2004: 8). En conjunto, 
constituyen la categoría de controles horizontales (Loewenstein, 1976: 233-234). 
A la segunda distinción la clasifica como accountability vertical, ocurrido entre el 
Estado y la sociedad, es decir, las relaciones de control desde la sociedad hacia el Estado, 
básicamente las elecciones (control vertical-electoral). En este contexto, el voto es 
considerado como un instrumento de sanción que hace viable la responsabilidad de los 
representantes y el Gobierno. De tal manera que los controles horizontales y verticales en la 
RDC que son efectuados desde el Estado o desde la sociedad, dependen de la fortaleza 
institucional y efectividad de aquellas instancias democráticas garantes del derecho a la 
información, la fortaleza de las capacidades ciudadanas y de las condiciones para la 
elección libre. Entonces, la valoración social del ejercicio del poder se sustenta de forma 
evidente en la información asequible para tal capacidad y en los anteriores presupuestos de 
este tipo de controles que dan origen y sentido a la responsabilidad y a la sanción. 
Vale la pena ahondar sobre la sanción electoral como mecanismo de RDC de la 
sociedad, a fin de evaluar su efectividad como control social. Andrew Arato, en su obra, 
señaló que un gobierno rinde cuentas cuando los ciudadanos poseen la capacidad de 
“discernir” sobre la actuación del Gobierno en relación con sus intereses para poder 
sancionarlo en concordancia (Arato, 2002: 55-56). Pero si tomamos en cuenta que bajo una 
versión elitista de la democracia, ésta tiende hacia la representación fiduciaria, entonces la 
capacidad de la RDC electoral cambia. 
 
4
 Interacciones que se desprenden de los controles gubernamentales antaño descritos por Karl Loewenstein y 
compuestos por los controles inter-órgano, entre los diversos detentadores de los poderes, es decir, el juego 
entre parlamento, gobierno y tribunales, complementado con los controles intra-órgano, que son aquellos que 
operan dentro de un solo órgano o Poder constitucional (Loewenstein, 1976: 54-55). 
5 
 
Tal representación fiduciaria, esencialmente surge de una elección producida por 
cierta agregación de preferencias preestablecidas y poco críticas o cuestionadas 
socialmente. Desde esa visión, la contraloría social en el discurso de transparencia y RDC 
institucional implica una participación ciudadana mínima y dirigida hacia la legitimación 
de programas sociales o la consulta de informes como ejercicios de RDC. En esta 
delimitación, priva el carácter endógeno de una participación que descarta a otras formas. A 
las cuales les colocan una camisa de fuerza puesto que se excluyen diversas formas de 
expresión democrática –no institucionalizadas– orientadas a la ampliación de la 
participación política. Además, bajo las actuales condiciones de masificación mediática de 
la política y marketing electoral, el votante es sometido a una estandarización y predicción 
de sus preferencias a través del manejo y apropiación de los códigos y medios de difusión 
e interpretación del insumo informativo (Melucci, 1999: 182-185). Esto tiende a disminuir 
la capacidad de “discernir” que tiene el electorado. Si además el insumo informativo es 
limitado, parcial u opaco la capacidad de evaluación y discernimiento sobre la 
representación política es precaria. Adam Przeworski señala bien que “la responsabilidad 
no es suficiente para inducir la representación cuando los electores tienen una información 
incompleta” (Przeworski, 1998: 17). 
En este mismo sentido, John Ackerman, en su artículo, “Sociedad civil y rendición 
de cuentas”, marca las deficiencias de la elección como mecanismo de RDC. Él describe, 
cómo es que la “asimetría de información”, el “riesgo moral”, la “manipulación mediática” 
y el carácter ex-post y externo de esta sanción hacen “fracasar” este tipo de control social 
(Ackerman, 2006:22-27). Como prueba de ello, en México atestiguamos la instrumentación 
del voto como sustento de políticas y lógicas clientelares o coyunturales con la coacción 
electoral, la anulación y compra del voto.
5
 
Volviendo al tema de los controles horizontales, la deficiencia en el funcionamiento 
de dichos mecanismos, es un problema en las democracias en América Latina con varias 
aristas. Alberto Olvera señala algunas carencias de la RDC, por ejemplo, los “partidos 
 
5
 En México, de acuerdo con el principio de la “no reelección”, la sanción retrospectiva como eslabón de 
dicha sanción no existe. En este mismo sentido, el votante puede elegir y sancionar a sus representantes de 
acuerdo a promesas electorales de todo tipo, pero que carecen de carácter jurídico vinculante, lo que reduce la 
capacidad de control social real al simple monitoreo de programas sociales o corroboración de la existencia de 
informes públicos. 
6 
 
políticos con debilidad ideológica y ciudadanías precarias sin una fuerte tradición de 
participación” generan crisis de representación que debilitan el accountability (Sermeño, 
2009: 169-186). Existetambién una “confluencia perversa”, como señala Evelina Dagnino, 
en la cual, las agencias estatales se apropian de los discursos de la participación ciudadana 
y sociedad civil aún cuando en la práctica sus proyectos de corte autoritario o de 
minimización estatal lleven sendas opuestas al proyecto de derechos de la sociedad civil 
(Dagnino 2002: 14-15). Desarticulando la demanda ciudadana y su lógica de 
cuestionamiento y control. Lo expuesto, abona a la crisis de representación por una 
participación coaccionada y resucitada en cada proceso electoral, por la apropiación del 
discurso y la resultante limitación a este sub-sistema de RDC. 
EL RÉGIMEN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA MEXICANO. 
El régimen de rendición de cuentas que priva en el sistema político mexicano es un 
sistema con deficiencias en el que concurren la debilidad de algunas instituciones creadas 
ex profeso, la concentración y verticalidad que aún permea sobre ciertas relaciones 
gubernamentales, además de la censura a los sub-sistemas de control social autónomo. 
Tales relaciones de auto-control e inter-regulación se desarrollan aún bajo la herencia del 
presidencialismo con relaciones de control laxas o que corresponden a parcelas de poder. 
Cuando existen deficiencias en el accountability horizontal de manera frecuente y algo 
similar ocurre en el accountability vertical-electoral hay condiciones de democracia 
delegativa (O’Donnell, 1998: 20-25) con bajos niveles de publicidad, parvo acceso social a 
los grandes medios y una precaria socialización de la información como veremos más 
adelante. La falta de ética, eficiencia e incentivos al mandato representativo, han devenido 
en una clase política con “burocracias poderosas […] débilmente vigiladas y diferenciadas 
de la actividad política” (Arellano, 2002: 12). La toma de decisiones continúa siendo un 
proceso incrementalista y de correlación de alianzas partidistas, en medio de rígidas 
relaciones de poder y patronazgo político; inconvenientes todos para la RDC. El proceso de 
política pública entonces queda también permeado por tales anomalías y es fuente de la 
desconfianza en la clase política. Los procesos de política pública se desenvuelven entonces 
en una lógica de lobby de ajuste mutuo por ausencia de reglas, con viejas estructuras 
corporativas de baja permeabilidad social (Cabrero, 2000: 189-229). 
7 
 
 Respecto a los órganos de transparencia y acceso a la información, en la actualidad 
han permitido la obtención de información anteriormente clasificada y oculta. Pues esta 
debe ser asequible a la sociedad en tanto es un bien público. No obstante, los insumos 
informativos y procesos derivados de la transparencia institucional deben crear condiciones 
de oportunidad para los usuarios que la requieran. En este sentido, la información dispuesta 
por los organismos en muchas ocasiones carece de utilidad y oportunidad; dicho de otra 
manera, ésta información no permite su uso eficaz debido a la austeridad de la misma, la 
opacidad en detalles importantes o por no brindar elementos que permitan evaluar y 
sancionar el ejercicio del poder. Prueba de ello, es el Índice General de Transparencia 
Presupuestaria
6
, en el que México tiene una evaluación “reprobatoria” de 48 puntos y 
representa una disminución comparada con los 50 puntos obtenidos en 2007 (Marín, 2009: 
32-33). De allí que exista un déficit de transparencia en los ámbitos de integración 
presupuestaria, asignación y gasto, como indicaron los índices citados. 
 En relación a los obstáculos para la RDC, cabe mencionar que en el caso de Pemex 
y subsidiarias, la información detallada y contenido de los grandes contratos, el 
seguimiento detallado del empleo de recursos asignados y la evaluación social de los 
criterios de asignación son algunos apartados informativos clasificados.
7
 Una especie de 
arcana imperii –secreto de Estado– permea ciertos bloques de información que deberían 
ser asequibles al púbico. Ésta práctica es incompatible en el Estado democrático. “Aquellos 
principios que no soportan el escrutinio público, no pueden ser justos”, decía Kant. El 
“secretismo” es propio del estado autocrático que en el caso referido, hace un sofisticado 
uso del arcana imperii que conduce a la discrecionalidad (Rodríguez, 2008:13-16). Es bien 
sabido que la publicidad de los actos del poder es una característica del Estado moderno, 
que sólo así transita del Estado absoluto al Estado de Derecho (Bobbio 1986: 115). 
Mantener secretos en la Administración Pública o permitir procesos esquivos y tortuosos 
 
6
 Índice que recogió la opinión de los usuarios especializados en el uso de tal información, aplicado en 10 
países de la región con la inclusión de legisladores en comisiones presupuestarias. En el detalle se observó, 
por ejemplo, que respecto a las variables participación ciudadana en el presupuesto; ésta fue evaluada con un 
5%. La variable claridad sobre las responsabilidades presupuestarias de los distintos niveles de gobierno 
tuvo un descenso de 10 puntos porcentuales, pasando de 23% a sólo 13%. Esta evaluación indica que aquella 
información dispuesta para los mismos controles horizontales, es deficiente. 
7
 Ejemplo de esta opacidad, puede encontrarse en la política de la Clasificación de Información. Al amparo 
de esta práctica administrativa, Pemex, “determinó mantener en reserva por 12 años la información sobre la 
certificación de reservas petroleras de los campos de Chicontepec” (Rodríguez, 2010: 22). 
8 
 
para el acceso a dicha información puede ser la antesala a las prácticas de discrecionalidad, 
corrupción e impunidad, por lo que la intensificación de la transparencia y el acceso a la 
información son fundamentales a la vez que fortalecen el sistema de rendición de cuentas 
política del Estado democrático. Una transparencia en sentido contrario es una opacidad 
porosa. 
 Otro de los obstáculos es la subordinación que tienen los organismos de control por 
la dependencia presupuestal, la designación de sus titulares por el Ejecutivo Federal, o por 
emplear la titularidad de esos órganos en prácticas de “captura” política (Ackerman, 2006: 
13). Esta condición política, jurídica y administrativa limita el ejercicio de monitoreo y la 
capacidad técnica que los organismos tienen para aplicar sanciones
8
. En virtud de todo lo 
expuesto, en el sistema de RDC existen considerables deficiencias para el control 
horizontal. Por otra parte y respecto al control social vertical-electoral, bajo las condiciones 
peculiares de expresión de la participación ciudadana en las que se emite el voto o se 
limitan y acotan los espacios-ámbitos de expresión democrática, éste se convierte en un 
ejercicio muy subjetivo y acotado cuando se le confieren propiedades sancionadoras del 
poder. 
ACCOUNTABILITY SOCIAL Y CONTRALORÍA CIUDADANA. 
 En este tenor, Peruzzotti y Smulovitz, definen una categoría alterna a los controles y 
relaciones institucionales y al control vertical-electoral.
9
 Ellos hacen referencia a los 
mecanismos de control social como societal accountability que son aquellas acciones 
sociales que tienden a “ejercer presión sobre las agencias de control horizontales 
 
8
 Baste recordar que la Secretaria de la Función Pública (SFP), cuya extinción fue propuesta por el Ejecutivo 
en el proyecto de paquete fiscal 2010, enfrenta obstáculos para un desempeño autónomo y también ha sido 
utilizada en la práctica de “captura política” del Ejecutivo Federal; como en el caso de la gestión de Germán 
Martínez Cazares integrante del Partido Acción Nacional al que pertenecen ambos. El nuevo comisionado del 
Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y antiguo colaborador de Vicente Fox, José Ángel 
Trinidad Zaldívar, tuvo un bajo desempeño en sus cargos e incluso fue sancionado por la Secretaría dela 
Función Pública (SFP). 
9
 Es preciso aclarar las características y lógicas de los actores sociales y su participación en este tipo de 
control ciudadano. Los movimientos sociales – y los de tipo coyuntural cuyas demandas son a veces de tipo 
cortoplacista– son de suma importancia, debido a que permiten la divulgación pública de los asuntos que son 
objeto de escrutinio y control social. Socializan información en su entorno y atraen la atención de los medios 
de información. El periodismo de denuncia y la prensa alternativa obtienen y divulgan de forma más extensa 
la información que obtienen a través de filtraciones de insiders y de la investigación. Las asociaciones cívicas 
u organizaciones no gubernamentales, se encargan de otras labores expertise técnicas o profesionales como el 
acopio, decodificación y análisis de la información y el diseño de estrategias de divulgación e incidencia 
política (Peruzzotti, 2002: 7-10). 
9 
 
correspondientes y a señalar deficiencias o carencias institucionales” y que es oportuna 
como expresión ciudadana de sanción desde la lógica y posicionamiento de la Sociedad 
civil (Peruzzotti, 2002: 2-3). Su actuación conjunta deriva en una contraloría de los 
ciudadanos autónoma, coordinada y más efectiva ante la carencia de los mecanismos de 
sanción legal de los cuales está desprovista aún (Sermeño, 2009: 184). Tales acciones 
sociales vinculadas, como veremos, integran un sub-sistema de contraloría ciudadana, 
dinámica, autónoma y paralela que incorporan y enriquecen la dimensión democrática 
–carácter inclusivo y consensual– del sistema de RDC.
10
 Este sistema complementario 
integrado por movilizaciones, acciones y relaciones autónomas de control que emanan de la 
sociedad civil hacia el Estado es al que nos referimos cuando hablamos de las funciones de 
contraloría ciudadana.
11
 
 Es decir, que la RDC política, implica el monitoreo y sanción socio-estatal del poder 
político, pero debe ir más allá de los procesos electorales, la difusión de informes 
codificados e inútiles y de una RDC administrativa, cuya lógica tiene un bajo nivel de 
politicidad. Significa una articulación entre los controles sociales e institucionales que 
refleje la relación histórica de conflicto entre la sociedad y el Estado con los canales 
adecuados y la apropiación social de los actores esenciales para su diseminación como 
parte de la cultura ciudadana. Y la internalización social para el desarrollo de habilidades 
que deberán desencadenar una reacción institucional que sancione la actuación del ente 
público o privado; además de la autonomía necesaria para su ejecución. 
 Como hemos destacado, cada sistema de RDC posee ventajas y deficiencias, es 
preciso entonces integrar a la rendición de cuentas política como un sistema 
 
 
10
 Dicha contraloría social aquí la distinguimos como ciudadana, para referirnos a tales controles informales y 
no institucionalizados, los cuales tienen una concepción minimista en el discurso de transparencia 
gubernamental. Felipe Hevia nos recuerda que en México el concepto oficial de “contraloría social” se define 
como un tipo de participación ciudadana orientada al control, vigilancia, y evaluación de programas y 
acciones gubernamentales (Hevia, 2004:14). Esta concepción de contraloría social le ha reducido a la atención 
de quejas ciudadanas, sugerencias o recomendaciones y revisión de obras y servicios. Una especie de 
observación de los destinos y recursos empleados en la aplicación de políticas públicas, y en un nivel mayor, 
a la evaluación misma del desempeño de los funcionarios en la implementación de las mismas. En todo caso, 
pensamos, se trata únicamente de la institucionalización del buzón de queja ciudadana y de la evaluación 
social de la gestión de la política pública, que, aún siendo trascendental, este registro ciudadano en la gestión 
pública está limitado a los ejercicios de interacción funcionario-ciudadano. 
11
 En este orden de ideas, el accountability social complementa al horizontal y al vertical-electoral. Surge 
como un control dinámico, autónomo e informal. Este tipo de ejercicio de política ampliada no se reduce al 
desbordamiento de las demandas sociales ante una respuesta estatal insuficiente, obedece más bien a la 
extensión y ejercicio de los derechos políticos con miras hacia una democracia participativa. 
10 
 
complementado de otros subsistemas que permitan la efectividad de la misma en función de 
señalar deficiencias inherentes y subsanar las carencias a cada uno. 
EL VÍNCULO ENTRE TRANSPARENCIA Y HABILIDADES CIUDADANAS EN LOS PROCESOS DE 
POLÍTICA PÚBLICA Y RDC. 
 La importancia de la RDC vertical-electoral, depende en gran medida de la 
temprana evaluación social de los procesos de política pública y de la legitimidad del 
mandato ejercido. Ello depende a su vez, de la información oportuna y clara sobre la 
problematización y los objetivos que sustentan el diseño de la política y que permiten hacer 
el análisis y las evaluaciones pertinentes en tales facetas, como es el caso que nos ocupa. En 
tales interfaces socio-estatales descritas por Isunza se derivan una serie de interacciones 
establecidas en el proceso de justificación de la política y del juicio de la misma por los 
actores sociales (Monsiváis, 2007: 17-30). Esta deliberación publica-política permite 
establecer consensos y de forma equitativa los criterios y objetivos más razonables de 
eficiencia y eficacia lo que a su vez conlleva a mejores procesos de política pública y de 
gobernabilidad democrática y participativa.
12
 Con la publicidad necesaria para el acopio de 
información que permita el desarrollo de las capacidades ciudadanas de deliberación y de 
inter-comunicación. Entonces, se derivan capacidades deliberativas que inciden en las 
tácticas de poder que integran la interlocución socio-estatal, de acuerdo a la fuerza del 
mejor argumento. Esto es central para una participación ciudadana eficaz, de calidad 
política y social y que consolide el modelo democrático participativo por su papel central 
en los mecanismos y procesos de justificación y sanción –answerability y enforcement– en 
la rendición de cuentas política.
13
 Esto permite a la vez que las normas derivadas de la 
legislación o proceso de toma de decisión, se confronten con el ámbito jurídico y el 
 
12
 En este plano, el proceso de política pública y la RDC deben entonces establecer un “umbral mínimo” de 
publicidad. Total y sin sesgos ni manipulaciones lingüísticas o eufemismos, garantizando el suministro de 
información suficiente y oportuna y con ello, el desarrollo de capacidades ciudadanas y sus habilidades 
deliberativas. Dichas facultades permiten a la ciudadanía establecer comunicación efectiva a partir de tener las 
condiciones para el desarrollo de estas habilidades de inter-locución socio-estatal (Monsiváis, 2005: 42). 
13
 Habermas, señalaba que la interlocución, sociedad-Estado, requería de una “racionalidad comunicativa”, 
entre estructuras de autoridad y actores sociales canalizados por mecanismos institucionales, formales o no. 
Él, ubicaba a la discusión pública como la norma de la legitimación democrática libre, efecto de la 
“racionalidad comunicativa” o comprensión intersubjetiva entre adversarios. En dicha “racionalidad”, se 
comparten normas y valores sociales para definir los fines colectivos. Este es el papel de la contraloría 
ciudadana y sus habilidades deliberativas, que en conjunción permiten una participación con la calidad 
necesaria para la incidencia política. Para implementar la política deliberativa y su modelo de democracia, 
según Habermas se pueden institucionalizar los procedimientos y “presupuestos comunicativos” y la 
interacción con la opinión pública y su acción informal espontánea (Monsiváis, 2008: 31-41). 
11 
 
contextosociopolítico. Tal participación ciudadana en los procesos políticos de 
justificación del ejercicio del poder y la toma de decisiones puede sujetar y obligar a los 
custodios de algún tipo de responsabilidad política ante los gobernados, en tanto recienten 
sus resultados. De esta forma, el actor social deviene en actor político crítico y racional que 
colabora en la conducción de dicha deliberación hacia términos más incluyentes y que en 
retroalimentación conformaran la política que se legisle. Haciendo procesos de política 
pública más racionales, equitativos, consensuados y por ende, mas democráticos. Por ello, 
es vital que previo a este proceso deliberativo corresponda el tratamiento y análisis de los 
problemas de comunicación. La “racionalidad comunicativa”, se traduce entonces en la 
inter-comunicación política con información confiable y sin sesgos ni manipulaciones. 
EL CONTEXTO DE LAS REFORMAS. 
 Las iniciativas presentadas por Felipe Calderón, continúan con las desregulaciones y 
apertura del sector petrolero iniciado desde la década de los ochentas con Miguel de la 
Madrid y Carlos Salinas.
14
 Ernesto Zedillo reestructura el financiamiento de obras de 
infraestructura y desarrollo del sector al crear los Pideregas, con lo cual el financiamiento 
para el desarrollo de las grandes obras y servicios se privatiza. De igual forma inicia la 
privatización de actividades de transporte, almacenamiento, distribución, venta y comercio 
del gas natural. Además de comprometerse al pago de los empréstitos nacionales con la 
renta petrolera. En su administración, Vicente Fox, abre la puerta a los contratos de 
servicios múltiples que permiten la inversión privada en áreas estratégicas exclusivas del 
Estado, promulga la Ley Minera que amplía la capitalización privada en materia de gas y 
propone una reforma energética que es rechazada por su inconsistencia constitucional y la 
movilización social sindical. Esta ha sido la evolución de la política en el sector petrolero, a 
partir del modelo neoliberal. Una política de mayor apertura a la inversión privada en 
 
14
 Con de la Madrid arranca un esquema económico sustentado en el incremento de la exportación de crudo, 
esto a partir de una modificación a los artículos 26, 27 y 28 constitucionales. Concreta la reclasificación de 
hidrocarburos a petroquímicos básicos y secundarios durante su gestión y la de su sucesor Salinas de Gortari. 
Éste continúa dicha reclasificación, promulga la Ley de Inversión Extranjera, la Ley Orgánica de Petróleos 
Mexicanos y Organismos Subsidiarios, crea la Comisión Reguladora de Energía y firma el Tratado de Libre 
Comercio. Estas acciones desde el poder Ejecutivo fueron encaminadas primero a la desarticulación de 
Pemex en subsidiarias con el fin de estructurar un modelo corporativo en la paraestatal y permitir un manejo 
más vinculado al control del Ejecutivo. Esto fue coordinado también con la modificación de los esquemas 
laborales en la paraestatal. Se abre la capitalización privada en la explotación del sector petroquímica y la 
implementación de la política energética enmarcada en los acuerdos del Tratado que comprometían a México 
con el abasto de los energéticos a la demanda estadounidense principalmente y la apertura del sector a la 
inversión extranjera. 
12 
 
actividades anteriormente reservadas al Estado. Ahora bien, describiremos el contexto 
socio-político durante la gestión de Calderón, al momento de presentar su proyecto de 
reforma. 
 Durante el 2008, México tenía un bajo índice de crecimiento. Enfrentaba el 
desplome del mercado de exportaciones de materias primas, el retorno de migrantes con la 
caída de las remesas –segundo ingreso público después del petrolero–. La reciente apertura 
de las fronteras a la importación de maíz y frijol norteamericano –de acuerdo al TLC–
generaba una amplia movilización de sectores agrarios que eran afectados por tal medida. A 
tal descontento se sumaban la crisis de representación política y la desconfianza 
generalizada en muchas instituciones, agravadas en parte por la coyuntura electoral del 
2006. En el Distrito Federal un gobierno de izquierda, que junto a la pluralidad en el 
Congreso General mexicano, otorgaban condiciones propicias para el desarrollo de 
convergencias entre legisladores y actores sociales y de un fuerte movimiento social crítico 
con una amplia base organizacional para la movilización opositora a la reforma. 
 Así, en este contexto, Felipe Calderón, planteaba una reforma al sector petrolero y 
régimen de Pemex como derivación del diagnóstico hecho sobre su situación y la del sector 
energético. El punto que deseaba concretar era la apertura total de la producción del sector 
petrolero a la inversión y explotación privada. Se planeaba ampliar la participación de los 
capitales privados, en el manejo de los productos primarios del petróleo y sus derivados, en 
la infraestructura de refinación, y en trabajos de exploración en aguas profundas. Con el 
traslado de parte de la renta petrolera al pago de estas obras y servicios que serían 
concesionados.
15
La iniciativa implicaba la legalización de contratos controvertidos
 
para 
dichas concesiones que serían suscritos bajo criterios discrecionales vigentes y sin control 
de las cámaras –los de mayor monto, en su mayoría se han adjudicado directamente–.
16
 Se 
dejaba abierta a la interpretación legal, la posibilidad de adquirir propiedad sobre los 
 
15
 Diversos analistas, señalaban que había una violación de los artículos, 25, 27 y 28 constitucionales y de la 
Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional, porqué en dicho articulado y reglamentación hay una 
prohibición expresa a la participación de privados en actividades exclusivas del Estado. El artículo 28 
constitucional, en su párrafo cuarto dice: “No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de 
manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los 
demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; electricidad 
y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión”. 
16
 La venta de petroquímica y de los hidrocarburos bajo esquemas de “unitización” conformaba una estrategia 
que posibilitaba su explotación en aguas profundas en manos privadas (Manzo, 1996: 92). 
13 
 
hidrocarburos y sobre reservas en los yacimientos que descubriesen las empresas 
“contratadas”.
17
 Aunado a ello, se incluían criterios administrativos que impedían el acceso 
a la información por reservas a la propiedad industrial o de “innovación tecnológica”.
18
 La 
exclusión de agencias estatales de fiscalización sobre los ejercicios presupuestales y la 
exclusión de instancias federales jurídicas de arbitraje para la resolución de controversias 
resultantes de las relaciones establecidas por los nuevos contratos.
19
Además de continuar 
con la centralización administrativa y subordinación orgánica al Ejecutivo para el diseño de 
la política petrolera. Ello implicaba que la justificación, deliberación y legislación de la 
reforma, fueran laxas o con un mínimo cuestionamiento de la sociedad civil. Una 
legislación de este tipo (rápida e íntegra) requería respecto a su planteamiento y 
justificación, una opinión pública favorable, poco analítica, acrítica, sin protagonismo 
ciudadano y una deliberación legislativa de baja calidad.
20
 
CRONOLOGÍA DEL PROCESO SOCIOPOLÍTICO. 
 Andrés López Obrador, a partir de enero de 2008, advertía sobre la posible 
modificación de la legislación petrolera y de la privatización del sector a través una 
reforma.
21
 Es así que el 9 de enero, a partir de la revelación de contratos “anti-
constitucionales” el MNDP e intelectuales integran acciones e inician el proceso socialde 
cuestionamiento y debate de la reforma energética.
22
A finales del mes se presume que 
 
17
 La reforma de Calderón propuso “concesiones” que permiten la posesión de instalaciones estratégicas, la 
extracción de hidrocarburos, además de su almacenamiento y transporte. Concesiones que bajo la figura de 
los “contratos de riesgo” o llamados “incentivados” vinculan ganancias de la renta petrolera futura, como 
garantía en la suscripción de los mismos. Sin la prohibición explícita de tales prácticas y sus consecuencias, 
como lo recalcaba el Dr. Rodríguez Padilla (Suárez, 2008: 61-62). 
18
 Hoy día, derivado de ello, se aplican restricciones de acuerdo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental, Artículos 18, fracción I, 19 y 14, fracción II. Y de acuerdo a la Ley 
de la Propiedad Industrial, Artículo 82. 
19
 En la iniciativa de la Ley Orgánica de Pemex, en su Artículo 29, se propuso que la “Secretaría de la 
Función Pública y el Órgano Interno de Control no podrán ejercer, facultades previstas para el Comité de 
Transparencia y Auditoría o el comisario, salvo a solicitud expresa del citado comité”. Esto representaba una 
barrera a la transparencia y RDC, puesto que tales funciones estarían a cargo del Comité de Transparencia y 
Auditoría o del Consejo de Administración. Órganos en los cuales, la mayoría de sus integrantes serían 
designados por el Presidente. 
20
 Dicha reforma planteada por el Ejecutivo, sería viable a través de un conjunto de iniciativas que enviaría al 
poder legislativo para su aprobación expedita en el periodo ordinario de sesiones de la LX legislatura. 
21
 Excandidato de oposición, por la coalición “Por el Bien de Todos”, integrada por el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y Convergencia, en las Elecciones generales de 
México 2006, a la Presidencia de la República. Es líder político de la Convención Nacional Democrática de la 
cual deriva el MNDP. 
22
 Integrado por amplios sectores sindicales de trabajadores del Estado como los sindicatos de electricistas, de 
maestros, universidades y del sector salud; organizaciones en pro de vivienda como Asamblea de Barrios, 
14 
 
existe una iniciativa en conformación que será presentada y aprobada rápidamente en el 
periodo de sesiones de la LX Legislatura.
23
 A partir de este supuesto empiezan a 
anticiparse desde varios sectores de la sociedad civil estrategias de incidencia política con 
el fin de trascender en dicho proceso político y debate público. Del 25 al 28 de febrero, 
inicia el ciclo del “Círculo de Estudios” que comienza la diáspora informativa a través de 
otros múltiples foros organizados por periodistas e intelectuales.
24
 En donde participan 
expertos, como el grupo de Ingenieros de Pemex Constitución del 17, quienes ocuparon los 
más altos cargos directivos en Pemex y que aportaban un análisis técnico de gran calidad
25
. 
Para el 30 de marzo, la Secretaria de Energía, Georgina Kessel, y el director de 
Pemex, Jesús Reyes Heroles, presentan el "Diagnóstico: Situación de Pemex". En dicho 
documento, se establecieron un conjunto de planteamientos y juicios que prescribían la 
necesidad de una modificación al marco regulatorio del régimen de Pemex y la política 
petrolera. El Diagnostico estaba divido básicamente en los aspectos referentes al aumento 
de la producción, la desregulación y el gobierno corporativo
26
. Todo esto, se argumentó, 
 
organizaciones vecinales, de comerciantes, sectores de la tercera edad, asociaciones de transporte público 
concesionado, colectivos de estudiantes, gremios artesanales, movimientos verdes, de equidad de género, y 
colectivos como La Luciérnaga, el Faro de Oriente o Flor y Canto entre muchos otros más. Se constituye un 
Comité de Intelectuales en Defensa del Petróleo integrado por Sergio Pitol, José Emilio Pacheco, Carlos 
Monsiváis, Elena Poniatowska, Fernando Del Paso, Margo Glantz, Enrique González Pedrero, José María 
Pérez Gay, Lorenzo Meyer y Arnaldo Córdova. Además participan activamente otros académicos, como 
Víctor Rodríguez Padilla, John Saxe-Fernandez, Antonio Gershenson, David Ibarra, Felipe Ocampo, José 
Manzo Yepez, Francisco Garaicochea, Javier Jiménez Espriu, Rosa María Campa y Alfredo Jalife. 
23
 Recordemos que así se habían aprobado gran parte de las modificaciones a la reglamentación petrolera 
desde Salinas, y actualmente, la Ley del ISSSTE y la Ley de Medios o Ley Televisa. Esta ruta endógena, en el 
diseño de la política pública ha sido uno de los pilares de la aclamada estabilidad del sistema político 
mexicano, la clausura sistemática de espacios a la participación política ciudadana, así lo han permitido. Este 
proceso de impermeabilidad, señalado por Cabrero Mendoza, un experto en los estudios de caso de la hechura 
de la política en México, se caracteriza por ser un “proceso donde las demandas ciudadanas se traducen y 
dirimen al interior institucional en camarillas” (Cabrero, 2000:199-210). 
24
 Distribuidos en varios centros universitarios, el Club del Periodista, en el Círculo de Estudios del Centro 
Cultural "José Martí", el Círculo de Estudios Central, y el Círculo de Estudios de la UNAM. 
25
 En dichos foros sociales, como los organizados en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) 
el Instituto Politécnico Nacional (IPN) o el Club del Periodista participan varios grupos expertise citados. 
26
 Según el documento, la producción petrolera demostraba una preocupante caída en la reservas, con la 
consecuente disminución en la producción, la declinación de las reservas probadas (9.2 años) y el aumento a 
la importación de gasolinas. Por lo tanto, según los funcionarios, Pemex debería de “aventurarse en aguas 
profundas y aumentar el portafolio de proyectos”. Lo que implicaba buscar el “apoyo de empresas 
especializadas y bajo mecanismos eficientes que permitiesen tener la mejor tecnología y la maximización de 
la renta petrolera para el país”. Puesto que el reto de Pemex era además de financiero, operativo, tecnológico 
y de capacidad de ejecución, se requería la necesaria reestructuración de la empresa a estándares de 
funcionamiento empresarial privado, es decir, a la desregulación de su régimen administrativo y jurídico. Era 
necesario el perfil del “gobierno corporativo” en Pemex, lo que derivaría en la “fortaleza de los mecanismos 
15 
 
apremiaba a la necesaria “modernización” del marco regulatorio para eliminar las 
“restricciones al desarrollo de capacidades de ejecución y el fortalecimiento de la rectoría 
del Estado”. El slogan que pregonaba la estrategia de comunicación estatal en los medios 
era: “Pemex no se privatiza, sino que se fortalece”, 
Para el 4 de abril, Juan Camilo Mouriño, Secretario de Gobernación, al ser 
cuestionado sobre los detalles de una reforma impulsada por el Ejecutivo, afirmaba no tener 
una fecha para la presentación de una iniciativa presidencial, pero decía: “se escucharán 
otras voces”. El día previo a la presentación de las iniciativas en el Congreso, Felipe 
Calderón respondía ante medios que “no sabía y no tenía idea de la presentación de alguna 
reforma”.
27
 Pero el martes 8 de abril, en un mensaje de más de 10 minutos difundido por 
cadena nacional, Felipe Calderón explicaba las características de su reforma, la cual, 
presentó el mismo día ante el Congreso. 
 Para el 10 de abril, las “adelitas” concentradas en el Hemiciclo de Juárez se 
dirigieron a la sede del Senado y comenzaron su marcha en torno a las calles del Centro 
Histórico: Donceles, Perú, Allende, Eje Central y Cuba, entre otras. Así, despuésdel 
mediodía comenzaban a cercar un total de 9 accesos al recinto para impedir el arribo de 
legisladores panistas y priistas y de una posible legislación previamente pactada entre 
ambos grupos parlamentarios.
28
 Se implementaron los bloqueos para impedir el acceso de 
los representantes que podrían realizar la consumación del “madruguete” o “albazo 
legislativo”.
29
 El congresista Ricardo Monreal organizaba la pactada huelga legislativa 
 
de planeación de mediano y largo plazos, de seguimiento del desempeño de la empresa y la Transparencia 
para una mejor rendición de cuentas”. Se argüía que tal capacidad de ejecución, permitiría el “desarrollo de 
campos en aguas profundas y la adquisición del conocimiento para operar nuevas tecnologías”. Es decir que 
requería también, profundizar la desarticulación de la paraestatal. 
27
 Calderón evade dos preguntas expresas: “¿su partido presentará la propuesta de cambios al régimen legal de 
Petróleos Mexicanos ante el Congreso?” y “¿su partido presentará la iniciativa de reforma legal entre este 
martes y miércoles?” respondiendo “No tengo idea, no sé; Ya veremos” (Herrera, 2008: s/d). 
28
 En opinión de Mario Di Constanzo, activista del Movimiento, entonces titular de la Secretaría de la 
Hacienda Pública del Gobierno Legítimo y actual Diputado por el Partido del Trabajo, uno de los momentos 
clave del Movimiento radico en tales acciones para impedir el “madruguete”. Puesto que la convocatoria de 
las “adelitas” hecha por López Obrador, para tomar las calles del centro, posibilitó el debate. Afirmación 
hecha en una entrevista realizada por el autor, durante los foros universitarios sobre la Reforma Energética 
para la defensa del petróleo realizados en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México UACM-
Iztapalapa, el 3 de junio de 2008. organizados en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México el 3 de 
junio de 2008. 
29
 Se cataloga como “madruguete” o “albazo legislativo”, al acto de oportunismo político, cuando, previo 
acuerdo, se ha consensuado discrecionalmente, una mayoría legislativa que permita votar en condición de 
16 
 
convocada por el MNDP, se tomaba la tribuna y se anunciaba el comienzo de las acciones 
de resistencia civil pacífica en el Congreso.
30
 
Tras las acciones descritas, se organizan un total de 21 foros en el Senado del 
Congreso General
31
. Del 13 de mayo al 22 de julio, con un total de 162 expositores. El Jefe 
de Gobierno del DF, el 27 de julio, realiza la Consulta Ciudadana. Bajo este ejercicio 
consultivo en el Distrito Federal, alrededor del 85% del total de participantes –más de 800 
mil– rechazaron la apertura al sector privado y la aprobación de la reforma en la lógica de 
las iniciativas propuestas por el Ejecutivo (SGDF, 2008:2-3). En esta lógica, la reforma que 
se aprueba –el 23 de octubre– tras el debate y deliberación pública política, debe hacer 
modificaciones importantes a la iniciativa presidencial de la Ley Reglamentaria del 27. 
ANÁLISIS DEL PROCESO SOCIO POLÍTICO. 
 Una vez que las iniciativas se turnaron al Senado para su dictamen, la información 
pública sobre el proceso de deliberación de la reforma, su contenido, justificación y la 
sanción de la misma, pasarían a esta dimensión endógena de negociación política al interior 
de las camarillas (Cabrero, 2000: 198-201). El modelo deliberativo se vería cancelado si el 
proceso legislativo sucedía tal como se venían aprobando anteriores reformas importantes, 
es decir, con baja calidad. Por ello fue trascendental la articulación que ocurrió entre la 
movilización social en funciones de contraloría ciudadana autónoma, y su alianza con los 
legisladores en la huelga legislativa en el juego de balance entre poderes. Tal concurrencia 
y juntura permitió la activación de los mecanismos de representación y justificación que el 
Legislativo tuvo que organizar haciendo realidad su función de contrapeso al Ejecutivo. 
 Recordemos que López Obrador, a finales de 2007, invita a la integración de un 
“Comité de Intelectuales” que estuvo a cargo de la convocatoria y organización de diversos 
foros de estudios en materia de política petrolera. Anticipando con ello, la estrategia de 
comunicación política del Ejecutivo para favorecer su reforma petrolera. La cual, fundaba 
 
mayoría una iniciativa; esto sin llamar al acuerdo a las fuerzas políticas que integran el Congreso. Esto se 
hace súbitamente, y sin que tal iniciativa esté en la orden del día o aún se esté sometiendo a discusión. 
30
 Integrante del Frente Amplio Progresista (FAP) alianza parlamentaria heredera de la coalición electoral, 
“Por el Bien de Todos” en las elecciones del 2006. 
31
 Con la convocatoria al “Foro de Debate Sobre la Reforma Energética”, la Secretaria de Energía, el Director 
General de Petróleos Mexicanos; directores generales de Pemex-Exploración y Producción; Pemex-
Refinación; y el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, justificarían la propuesta de reforma 
energética presentada por el titular del Ejecutivo Federal. 
17 
 
en el diagnostico del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND), el “Diagnostico 
Situación de Pemex” e informaciones institucionales y de opinión en medios. Así se da 
inicio a una etapa de preparación del campo de batalla informativa en donde el capital 
expertise desempeñaría una función trascendental en la interlocución socioestatal y su 
“racionalidad comunicativa”. 
La cruzada informativa obedeció a las claves que existieron en la comunicación 
política estatal, la cual permitió inferir una legislación de la reforma petrolera de carácter 
privatizador y de baja calidad.
32
 Similar a las pasadas legislaciones de la Ley de Medios y 
la Ley del ISSSTE (legislada en 13 días) en las que los partidos Acción Nacional y 
Revolucionario Institucional, lograron su aprobación de manera conjunta y sin una 
deliberación a fondo.
33
 
Tras la formación del MNDP, comienza una etapa de sistematización y 
socialización de la información, durante ella, todas aquellas organizaciones de lucha social, 
las asociaciones civiles, los círculos de estudio, grupos solidarios, colectivos artísticos, 
universitarios, periodistas, y otros más, comienzan un proceso de cohesión y coordinación 
alrededor del movimiento. Que se hará manifiesto como sistema de divulgación informativa 
que retroalimentaría la capacidad de debate social en torno a la reforma. Esta participación 
y movilización ciudadanas, integra cuestionamientos, demandas y críticas de analistas, 
intelectuales, periodistas y académicos entre otros, que urgen a la necesidad de profundizar 
en el debate y en otras cuestiones fundamentales para el fortalecimiento de Pemex; más 
allá de la simple apertura a capitales privados transnacionales y a la desregulación estatal. 
Foros sociales, círculos de estudio, movilizaciones, denuncias periodísticas y una serie de 
 
32
 La presunción de una reforma petrolera era un tema abordado por López Obrador de manera regular en sus 
declaraciones y que respondía a su análisis sobre las políticas sexenales revisadas anteriormente. Existían, 
además, claves en la comunicación política estatal, por ejemplo, en el mismo PND, se establecía con claridad 
los objetivos de la política petrolera. Los que se encaminarían, según aquel, a asegurar el suministro de crudo 
a “los consumidores” “a precios competitivos” con la necesaria búsqueda y exploración en aguas “ultra 
profundas” de las reservas “prospectivas”. Se requería, de acuerdo al Plan, de “modernizar” y encontrar 
mecanismos de “cooperación” para los procesos productivos, fortaleciendolas prácticas de “gobierno 
corporativo”. Es decir, un diagnostico a la medida de la reforma petrolera del Ejecutivo, su proyecto e 
iniciativas (Presidencia, 2007: 91-134). 
33
 En concordancia, el 9 de enero de 2008 los diputados del PAN Carlos Alberto García González y Alonso 
Manuel Lizaola, presentan un proyecto de decreto que propone reformar la Ley Reglamentaria del artículo 27, 
para permitir los convenios de “unitización” en la explotación de reservas en aguas internacionales, y el 
“permiso” de participación de los “sectores social y privado” en la propiedad y actividades reservadas al 
Estado en la legislación vigente. 
18 
 
instrumentos y estrategias contribuyen al debate público con contenidos que enriquecerían 
la deliberación de la política petrolera y su reforma. Además de incidir en las condiciones 
de aprobación de la misma. No obstante, la postura del Gobierno Federal antes de la huelga 
legislativa y la movilización social, pugnaba por la marginación de las acciones sociales en 
las calles, prescindía de la intervención de expertos de la sociedad civil en materia petrolera 
y en general de opositores a la reforma.
34
 
Diversos medios informativos, intelectuales, asociaciones cívicas y el Movimiento 
se pronunciaban preocupados por una probable legislación rápida, por lo que hay una 
convergencia de los mismos hacia esta inquietud y sobre la necesaria publicidad del tema.
35
 
Ante este panorama, el Gobierno Federal comienza la masificación de la comunicación 
estatal sobre la necesaria reforma y “modernización de Pemex”. El gobierno Federal 
iniciaría una campaña masiva de divulgación que buscaría orientar a la opinión pública. 
Ello justificó un gasto en comunicación política mediática sin precedentes. Pemex destinó 
más de 220 millones de pesos del 4 de marzo al 30 de abril de 2008 en una campaña para 
promocionar la “Modernización de Pemex”.
36
 Esta estrategia de masificación del discurso 
estatal y su diagnostico en torno a las necesidades de Pemex, permitió temporalmente tener 
una opinión pública favorable a la propuesta del Ejecutivo, de acuerdo con las encuestas
37
. 
Al menos eso se manejaba en la argumentación estatal. No obstante, al paso de unos meses, 
la masificación mediática de la comunicación política en pro de la postura reformista-
desreguladora y el gasto para generarla, no se reflejaban en la orientación de la opinión 
pública. Las encuestas indicaban un cambio en dicha opinión, hacia una postura crítica de 
 
34
 En una entrevista a Germán Martínez, dirigente del Partido Acción Nacional, alegaba que estos temas 
debían resolverse en el Congreso y no responder a encuestas o “aplausos en la calle” (Saldierna, 2008 s/p). 
35
 Publicidad e información alterna que tuvo gran presencia en medios tales como: La Jornada, Semanario 
Proceso, Contralinea, Índigo Media, Red Voltaire, Apia virtual, entre otros más. 
36
 Pemex destinó 220 millones 952 mil 304 pesos para la colocación de 93 mil spots o anuncios comerciales 
en 57 días; del 4 de marzo al 30 de abril de 2008. Se documentó incluso, que los pagos se hacían también con 
base en las “menciones” favorables a dicha reforma en los programas de barra de entretenimiento y 
noticiarios (Tinoco, 2008: s/p). 
37
 Lejos de poder hacer un análisis profundo, lo que podemos rescatar de estos instrumentos de medición del 
sentir público es que la opinión favorable hacia la reforma y las propuestas del Ejecutivo Federal registraron 
niveles más altos de aceptación en los meses de marzo y abril. Los cuales decrecen en fecha posterior con el 
transcurso del debate y movilización en el mes siguiente. Sin pretender llegar a conclusiones definitivas, la 
primera tendencia puede atribuirse a la intensidad de la comunicación política del gobierno federal y la 
paraestatal sostenida en los medios de comunicación masiva; en tanto que la reorientación de la opinión 
pública sucede de manera paralela en que se intensifican la publicidad en medios por las labores de 
diseminación de información, movilizaciones, debate público y por supuesto a los foros organizados por las 
cámaras. Tal relación podría ser confrontada por análisis subsecuentes. 
19 
 
las reformas. Que en el caso de las “consultas ciudadanas” en las entidades federativas y el 
Distrito Federal, tal opinión fue sin lugar a dudas en oposición a la misma. 
Nuestra hipótesis apunta a que fueron las acciones ciudadanas en funciones de 
contraloría, que permitieron la amplitud y crítica de los contenidos vertidos y el giro 
cuantitativo y cualitativo en el proceso de debate público y deliberación política. Concurren 
desde luego las acciones informales de legisladores de oposición para contribuir al juego de 
correlación de fuerzas y alianzas; las acciones de aquellos políticos y la huelga legislativa. 
Con las manifestaciones públicas, denuncias, círculos de estudio, análisis y debate, junto a 
las condiciones socio-políticas propicias en la capital. Ello integró el repertorio de acciones 
sociales y políticas que incidieron en este proceso de deliberación política, de activación de 
mecanismos institucionales de representación y de contrapeso desde el Congreso General. 
Volviendo al análisis, la estrategia social de presión y apertura forzada de los 
mecanismos y contrapesos institucionales, se basó en gran parte, en la denuncia de las 
prácticas de “transgresión y corrupción” de los agentes y órganos que desarrollan al sector 
petrolero. A partir de las denuncias que señalaban los conflictos de interés del Secretario de 
Gobernación Juan C. Mouriño, se suman los esfuerzos sociales y del MNDP por colocar en 
la agenda política un debate sobre el tema de la corrupción y RDC que incluyese a la 
sociedad civil.
38
 Diferente a la lógica de la citada reforma.
39
 
En aquel mismo plano, durante aquellos meses previos a la intensificación del 
debate y deliberación en el Senado, la visibilidad del fenómeno y la coyuntura comienza a 
escalar.
40
Algunas encuestas y sondeos –nacionales– alrededor de una reforma en el régimen 
de Pemex, a finales de 2007 y principios de 2008, indicaban la aprobación ciudadana de 
 
38
 Juan Camilo Mouriño fue amigo personal y operador político de Calderón en la campaña electoral. Las 
denuncias sobre sus actos, fueron hechas por la periodista Ana L. Pérez en febrero (Pérez, 2008: s/p). 
39
 El señalamiento constante de López Obrador hacia el dossier Mouriño, conformó una efectiva estrategia 
retórica de comunicación política que criticaba cualquier signo de discrecional en la reforma. Esto fue parte 
importante de la táctica de interlocución de periodistas, analistas y organizaciones que argumentaban las 
debilidades de la iniciativa presidencial y las anomalías de la política petrolera y su régimen de 
accountability. Constantemente se señalaban los sesgos informativos y la necesidad de hacer escuchar las 
voces de quienes no contaban con los recursos necesarios para hacerlo. 
40
 Durante los meses de febrero y marzo la intensidad y contenido de la comunicación en el seno social sobre 
la reforma petrolera transita del cuestionamiento y la denuncia hacia la demanda de amplitud del debate y 
deliberación de una posible reforma, en virtud al desacuerdo con el diagnóstico hecho sobre el sector 
petrolero, implícito en la comunicación estatal al respecto. Como se dieron cuenta activistas y analistas, las 
iniciativas que reformaban la Ley Orgánica de Pemex y la Ley Reglamentaria del 27 Constitucional, 
preservaban la opacidad y legalizaban la discrecionalidad vigente en PEMEX, lo que significaba que algunas 
áreas clave era prescindibles de monitoreo. 
20 
 
una “posible” reforma en el sentido y contenido propuestos por la comunicación política 
referente a la situación en Pemex. Sin embargo, tras las acciones ciudadanas comienzan a 
develarseotros contenidos y realidades en torno al tema, intensificando en los medios el 
affaire de la reforma de Pemex como cuestión de interés nacional. Las instituciones de 
educación superior como la UNAM, UACM, UAM e IPN, entre otros centros de estudios y 
sus órganos académicos, comienzan a convertirse en células especializadas en el análisis y 
difusión de los contenidos e información que permitirán conforman una opinión crítica e 
incrementar su capacidad de interlocución por el nivel experto de los expositores que 
nutren los foros sociales. 
Las acciones de resistencia civil pacífica del Movimiento y el carácter informativo 
que guardaban las concentraciones permitieron difundir entre manifestantes e interesados 
los detalles y avances de la agenda del proceso político de reforma.
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 Distanciado de la 
simple movilización contestataria que le era continuamente atribuida desde por políticos, 
personalidades de la farándula e informadores en los medios.
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 Tales acciones hicieron 
posible un sistema decodificador de información especializada hacia formas más didácticas 
que permitían su fácil intercambio. La interactividad con la información brindó capacidades 
de interlocución a los actores en el tema de debate, el cual incrementaba otros contenidos 
de análisis que la comunicación oficial no ofrecía. Lo que fortaleció las facultades 
deliberativas de dichos actores sociales. Se hicieron comunes términos tales como reservas, 
renta petrolera, ingresos-excedentes petroleros, extracción, refinación, contratos riesgo, 
concesiones, sector estratégico, y otros más. 
El 25 marzo, por ejemplo, comienza una mayor especialización y coordinación del 
trabajo de información con la integración de las “brigadas blancas” de las “Adelitas en 
defensa del petróleo”. Con ello, la disposición de materiales informativos impresos 
asignados y después distribuidos por cada coordinación de brigada
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. Una vez que la 
reforma fue presentada e iniciada la huelga legislativa, se intensificaron las movilizaciones 
y las acciones sociales de cuestionamiento y debate social. Por ejemplo, se distribuyó 
 
41
 Durante la conformación de brigadas López Obrador decía “que la clave de todo está en la organización 
[…] y disciplina, para ser efectivos y para asegurar que no se caiga en la trampa de la violencia” (López, 
2008: s/p). 
42
 Un legislador panista caracterizaba a la organización de López Obrador y su “resistencia civil pacífica” 
como “la integración de un grupo paramilitar” (Pérez, 2008: s/d). 
43
 Tatuajes temporales, prendas de vestir y toda una variedad de productos. 
21 
 
material multimedia en una colección de cuatro discos DVD, titulados: “¡No a la 
privatización del Petróleo!” Una selección de información técnica decodificada, en lenguaje 
coloquial con un análisis de expertos sobre el diagnóstico oficial manejado en la 
comunicación de la reforma y el llamado spot “tesoro en aguas profundas”. Tenía además 
extractos de las ponencias en los foros del Senado, esquemas, cifras y la propuesta 
ciudadana del gabinete de sombra o “gobierno legítimo”, como se autodenominaba el 
movimiento político de oposición. 
La articulación entre los sectores políticos y sociales, es tangible en la organización 
de las brigadas, en donde varios de los coordinadores de las mismas son Legisladores o 
miembros del FAP.
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 Bernardo Bátiz–ex Procurador de Justicia en el Distrito Federal– en el 
evento, “Simposio: Petróleo y Seguridad Energética”, previo a los foros del Senado 
señalaba, que respecto al uso del término “rectoría del Estado” había una mala 
interpretación empleada en las iniciativas de reforma de la Ley reglamentaria del 27 
(artículos 4º, 7º y 12º) la Ley Orgánica de Pemex (artículo 2º) el Plan Nacional, el 
Diagnostico: “Situación de Pemex” y en la exposición de motivos de las iniciativas de 
Calderón. Se usaban indistintamente los conceptos de áreas prioritarias, petróleo y áreas 
estratégicas, viciando la categorización expresa en la Constitución. A decir de Bátiz se 
tergiversaba la distinción explicita del constituyente sobre la rectoría del Estado en áreas 
prioritarias, y se confundían los límites de la exclusividad del Estado en las áreas 
estratégicas como lo son el petróleo y otros bienes (FAP, 2008: 44-47). 
Respecto a este mismo tópico, y en relación con el debate sobre la inconsistencia de 
las iniciativas de reforma, se señalaba que el artículo 27 constitucional suscribe la 
exclusividad de la nación en el manejo del petróleo. Raúl Carranca y Rivas, Doctor en 
Derecho, indicaba esta contradicción jurídica en la reforma de acuerdo a los artículos 25º, 
27º y 28º. Y además, en relación a las atribuciones y responsabilidades del Ejecutivo 
Federal expresas en los artículos 71º, 80º, 87º, 108º y 110º. Juventino Castro y Castro 
Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reiteraba respecto a los 
artículos 25º y 28º, que un análisis minucioso establecía como criterio de interpretación de 
la carta magna, en el diseño de una reforma, el buscar la fortaleza de la Soberanía Nacional 
 
44
 Como en los casos de Gerardo Fernández Noroña, Mario di Constanzo, Alejandra Barrales, Agustín 
Guerrero, entre otros. 
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para determinar de forma correcta el alcance de la tutela del Estado sobre el petróleo (FAP, 
208:62-66). Esta relación vinculante quedaba además sujeta, recalcaba Castro, a lo 
expresado por el artículo 26º y la facultad del Ejecutivo de “consultar al pueblo” e incluir al 
Congreso en este proceso consultivo. 
Bajo estos criterios de interpretación, era necesario, según las anteriores 
exposiciones, que la política pública y la reforma referente al sector petrolero fuese 
congruente con el espíritu constitucional de la Ley Fundamental, el desarrollo nacional, la 
fortaleza de su soberanía y el consentimiento popular, acorde al modelo deliberativo de 
democracia.
45
 
En otro tema importante, respecto a la dicotomía transparencia y discrecionalidad, 
en el Foro del Senado, Jorge Romero
46
 de Fundar, señalo la deficiencia en el control 
institucional y el peligro que implicaba la apertura de las actividades del sector petrolero a 
particulares sin el “diseño paralelo de mecanismos eficaces para transparentar tales 
procesos” para prevenir actos de corrupción y sancionarlos en consecuencia (Romero, 
2008: s/p). Es decir, un órgano descentralizado pero bajo el control del Ejecutivo y sin 
contrapesos del Legislativo, sumado a una apertura de corte liberal-privatizadora que no iba 
acompañada de mecanismos horizontales de control.
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Con lo que se dejaban ventanas de 
oportunidad a la discrecionalidad de servidores públicos y entes privados. Coincidiendo 
además, con el señalamiento hecho sobre la carga fiscal impuesta a Pemex como principal 
freno a su fortalecimiento. 
De acuerdo a las anteriores distinciones y los señalamientos de expertos de la 
sociedad civil, podemos apreciar que los argumentos que exponía la reforma fueron 
desactivados puesto que varios de ellos contenían una carga de vicios lingüísticos que se 
 
45
 Propuesto por Habermas y Cohen cuya importancia radica en que el mismo a la vez de fortalecer el carácter 
incluyente y consensual del ideal democrático permite también robustecer el carácter jurídico de las 
decisiones emanadas apegadas a Derecho. 
46
 Abundo en la necesidad de crear contrapesos al poder decisional del Ejecutivo quien delega tal función de 
accountability al Comité de Auditoría y Trasparencia, y que está facultado para negar información, como 
actualmente sucede, y cuyos funcionarios son designados por el Ejecutivo sin la participación del Poder 
Legislativo 
47
 La necesidad urgente de prevenir y sancionar la discrecionalidad y la corrupción vigente fue también 
planteada en lasintervenciones de los foristas, Arturo González de Aragón, titular de la ASF, y Octavio 
Romero Oropeza ex Oficial Mayor del Gobierno del D. F. 
23 
 
sublimaban en el lenguaje de medios y su propaganda.
48
La comunicación política en pro de 
la reforma redujo cierta información hacia medias verdades que elaboraron un problema y 
diagnostico que lograba evadir un análisis profundo y debate público sobre estas 
cuestiones. Lo cual, implicaba un proceso político de reforma de baja calidad democrática y 
jurídica que ayunaba además de un coherente proceso de justificación y de accountability. 
LA CONTRALORÍA CIUDADANA. 
 Más allá de los señalamientos vertidos por los actores sociales y los 
pronunciamientos políticos, este mecanismo deliberativo, subsano deficiencias evidentes en 
los controles horizontales debido a prácticas de transgresión y corrupción. Ahora podemos 
describir cómo es que la participación y movilización social y política, derivaron en un 
mecanismo dinámico de activación de contrapesos y controles horizontales. 
El movimiento fue una construcción social, que contó con los insumos colectivos de 
sus liderazgos y la experiencia de movilización de sus organizaciones de base. Esta fase de 
integración social del Movimiento, conto con la vitalidad de las identidades ciudadanas 
antagónicas al proyecto elitista. Identidades que reflejarían esta dimensión conflictual en la 
relación histórica sociedad-Estado y trasladada al proyecto civil democrático de ampliación 
de derechos. Estas condiciones sociales y cognoscitivas permitieron el desarrollo del 
movimiento crítico donde se constituyeron las múltiples estructuras organizacionales que 
garantizaron las funciones de liderazgo del Movimiento bajo diferentes lógicas y 
mecanismos. 
La evidente precaución que asumió la comunicación oficial de no usar el término 
“privatización”, tuvo tal consideración por aquella memoria colectiva (Bobbio, 1986: 117) 
o conciencia social respecto a la experiencia privatizadora y sus efectos adversos en ciertos 
 
48
 Respecto al argumento de la caducidad de las reservas petroleras en 9 años, la incapacidad técnica de 
Pemex para la exploración o explotación de sus reservas, la eficiencia del esquema corporativo o respecto al 
esquema de precios manejado por la empresa pública, el Grupo de Ingenieros de Pemex Constitución de 
1917, en voz de varios de sus integrantes, rebatió dicha información. Muchos expertos como Jose Luis 
Manzo, Felipe Ocampo, usando los mismos informes anuales de Pemex y otros documentos de autoridad, 
demostraron que las reservas eran más bastas de lo que pregonaban los diagnósticos. También argumentaron 
que la capacidad que tiene Pemex para autofinanciarse está sujeta a la carga fiscal impuesta por Hacienda la 
cual llega a abarcar incluso más del 100% de sus utilidades, generando el déficit. Señalaron que la falta de 
tecnología no era un argumento para justificar la apertura del sector al financiamiento y asociación con 
extranjeros pues bastaba rentar dicha tecnología o diseñar programas de capacitación técnica en el Instituto 
del Petróleo para el momento en que debieran explotarse las reservas en aguas profundas, lo cual, subrayaban 
no era una prioridad en aquel momento cuando se podía contar aun con reservas en aguas someras. 
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sectores sociales. Nuevamente la contradicción histórica de la relación sociedad-Estado, 
jugó un papel importante en el proceso político. El movimiento social, como actor político, 
buscaba ampliar o modificar las cotas sistemáticas impuestas para su acción política. Pero 
se constituye además, en un arcaico sistema de RDC política, al organizar y coordinar sus 
acciones en torno a la divulgación y análisis de información para llamar a cuentas. 
Las estrategias de incidencia política, investigaciones periodísticas, análisis técnicos 
de asociaciones civiles, como Fundar o Ingenieros Pemex C-17, comienzan a “debelar” 
(Bobbio, 1986: 115) los interés entre particulares y servidores públicos. Las denuncias en 
prensa sobre corrupción en Pemex y los informes de asociaciones civiles circulan por las 
redes sociales, en internet y los medios de periodismo crítico. No obstante, la información 
así revelada no es accesible a los grandes sectores sociales. Sin embargo, “romper el cerco 
informativo”, fue un adecuado nombre de la estrategia que a través de la movilización, el 
volanteo y la difusión de puerta en puerta, permitió hacer posible el derecho a otra 
información, útil e inteligible, como primer grado de la RDC. 
La organización de los debates y foros de discusión en el Congreso General, fue en 
parte resultado de la presión social que fungió como contraloría ciudadana autónoma y sus 
esfuerzos por la publicidad y participación social en el proceso. Esta especie de ágora 
permitió desarrollar otra gradualidad de la RDC. Consiguió en gran medida el escarnio 
público de funcionarios y de aquellas conductas discrecionales o incongruentes con las 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Más importante aun, es que en 
dichos foros se pudieron escuchar las voces y posturas de la sociedad civil, antes excluidas, 
que retroalimentaron el proceso de debate social con nuevos contenidos y análisis. Temas 
como la corrupción empresa-sindicato, la excesiva carga fiscal, la incongruencia jurídica de 
las iniciativas, y la importancia de la participación de la soberanía popular respecto al tema, 
lograron tener acceso en tal interlocución socio-estatal. Dicha capacidad de los actores 
sociales se inscribió en la calidad de los argumentos. Mismos que modificaron las 
condiciones de “racionalidad comunicativa” con las que inicialmente se presentaban las 
tesis de las iniciativas de reforma y que pretendían justificar un proceso laxo de la misma. 
La información así decodificada, por las acciones ciudadanas sistematizadas en la 
funciones de divulgación y cuestionamiento social, permitieron que esta fuera un insumo 
que brindo la oportunidad de discernir sobre la relevancia de la reforma petrolera, sus 
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dimensiones e implicaciones en el presupuesto público; al posibilitar que la opinión pública 
hiciese un balance al respecto. Puesto que la opinión pública era más consciente del tema 
petrolero tras toda esta divulgación. 
Tras la negociación política forzada por la articulación entre la acción informal de 
legisladores en la toma de tribunas y las funciones de contraloría ciudadana, todas cobran 
sentido cuando se les vincula a una posible sanción prospectiva del electorado en 2009. 
Este fue un elemento clave que el Movimiento político busco introducir en la deliberación 
que habrían de hacer los grupos parlamentarios, de ahí que el legislador Mario Di 
Constanzo lo considerase parte de la estrategia política implementada. Cuyo significado en 
la ampliación del campo de participación política de los actores sociales debe valorarse. 
 Como efecto de la ampliación de los tópicos y la calidad deliberativa, además del 
desequilibrio en la correlación de fuerzas parlamentarias de los partidos políticos, se 
restringe la apertura del sector energético en los procesos de refinación y ventas de primera 
mano de hidrocarburos.
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 Las iniciativas tuvieron que ser modificadas debido a la 
influencia de los análisis hechos en las comisiones encargadas del estudio de las mismas y a 
los argumentos expuestos en el Coloquio y foros organizados por el Legislativo entre mayo 
y julio.
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 Como hemos descrito, el proceso inicial de la reforma expresaba la 
impermeabilidad del diseño de la política pública debido a la subsecuente imposición de las 
viejas formulas políticas del régimen. La RDC política sería socavada por la suscripción de 
acuerdos discrecionales en alianzas parlamentarias que excluirían a la sociedad del proceso 
de información y justificación de la reforma petrolera.