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El concepto de exclusión social nos
remite al concepto paralelo de ciu-
dadanía. Y, por ello, también a la
propia cuestión central de la democracia en
su sentido más básico. Esta es la razón por la
que en mi trilogía sobre la desigualdad, el
trabajo y la democracia he intentado conec-
tar estas tres cuestiones básicas a la dinámi-
ca de las sociedades avanzadas en los inicios
del siglo XXI1. De ahí, pues, que el análisis
de la exclusión social exija una considera-
ción sobre la democracia y la necesidad de
avanzar hacia una nueva fase de su desarro-
llo, que permita superar el riesgo de la exclu-
sión social: la etapa de la ciudadanía econó-
mica.
La democracia se ha desarrollado en una
serie de fases que han corrido paralelas a la
propia evolución de nuestras sociedades. Des-
de que la Revolución Francesa, y otros proce-
sos políticos concurrentes, pusieron en pie los
basamentos de una nueva época se ha venido
avanzando en el reconocimiento práctico de
los ideales de la emancipación humana, como
superación de las condiciones de desigualdad
y subyugación social y política existentes
durante el ciclo de las sociedades agrarias
tradicionales.
El complejo proceso de progreso civilizador
que ha seguido la humanidad durante los dos
últimos siglos, en esta línea democratizado-
ra, ha implicado tanto aspectos económicos,
como sociales y políticos, en una interrelación
mutua.
DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA
Desde la perspectiva política de los países
occidentales, la conquista de la democracia
no puede ser vista como una dinámica cir-
cunscrita en exclusiva a la esfera de las insti-
tuciones, el equilibrio de poderes y las prácti-
cas políticas de delegación de la representa-
17REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 75
* Una versión preliminar de este texto ha sido
publicada en José Félix TEZANOS (ed.), Tendencias en
desigualdad y exclusión social, Editorial Sistema, Madrid,
2004 (2ª edición actualizada y ampliada).
** Catedrático de Sociología. UNED.
1 Vid. José Félix TEZANOS, La sociedad dividida.
Estructuras de clases y desigualdades en las sociedades
tecnológicas, Biblioteca Nueva, Madrid, 2001; El traba-
jo perdido. ¿Hacia una civilización postlaboral?, Bibliote-
ca Nueva, Madrid, 2001; y La democracia incompleta. El
futuro de la democracia postliberal, Biblioteca Nueva,
Madrid, 2002.
Exclusión social, democracia
y ciudadanía económica
La libertad de los iguales*
JOSÉ FÉLIX TEZANOS**
ción, sino que la conquista de la democracia
ha sido un episodio mucho más complejo, que
ha implicado procesos vitales y maneras de
estar y de formar parte de la sociedad que se
han ido alejando progresivamente de las pau-
tas asimétricas y jerarquizantes propias de
las monarquías agrarias absolutistas.
De hecho, para el común de los mortales,
las conquistas de la democracia han sido
básicamente conquistas igualitarias. En el
plano vital, más directo y sentido por todos,
la democracia ha sido experimentada por la
mayor parte de la gente, no solamente como
el derecho de participar en la elección de los
gobernantes, sino, sobre todo, como la opor-
tunidad de no vivir subyugados ni domina-
dos. En la medida que en las sociedades
actuales la democracia es, en el fondo y en las
formas, una cuestión de poder, su más direc-
ta referencia es la igualdad. Como he expli-
cado con más detalle en otro lugar, en su sen-
tido más profundo la democracia connota
igualdad2.
Si nos atenemos a los procesos sociales
concretos y a la experiencia de la mayor parte
de los ciudadanos, el significado de la demo-
cracia ha sido básicamente no tener que
ponerse de rodillas ante nadie, no vivir ate-
morizado o humillado, poder actuar y com-
portarse con dignidad, ser una persona en
toda la extensión de las posibilidades, tener
«seguridades» en la vida, no estar forzado a
decir a todo «amén». En suma, ser un señor y
no un siervo. La democracia inaugura un
nuevo modelo de sociedad en la que todos
somos señores. Esa, pues, es la dirección en la
que hay que continuar profundizando, contri-
buyendo a establecer las condiciones sociales
adecuadas para que todos sean ciudadanos
de primera y puedan ejercer su libertad de
manera más plena y segura.
Para lograr este objetivo hay que tener
presente que la libertad tiene unas dimensio-
nes sociológicas que se conectan con la exis-
tencia de pautas democráticas y simétricas
en diferentes ámbitos de la vida social: en las
organizaciones civiles, en el trabajo, en las
instituciones y hasta en la misma calle. Por lo
tanto, este talante igualador está presente �o
debe estarlo� en las más diversas actividades
sociales y relaciones interpersonales, confor-
mando una microdemocracia de la vida coti-
diana, que se encuentra en las antípodas de
los modelos jerarquizantes, reverenciosos y
asimétricos propios de las sociedades del
pasado. Modelos cuya influencia aún persis-
te, como residuo de otras épocas, en ciertos
espacios de las sociedades actuales.
Para muchas personas esta compleja
malla de pautas y prácticas sociales de carác-
ter democrático e igualitario tienen un carác-
ter inmediato y vivido, constituyendo uno de
los elementos que más se valoran en la expe-
riencia de vida societaria en un régimen de
libertad y, en definitiva, de copertenencia
simétrica recíproca.
En este sentido general cobran pleno signi-
ficado las famosas reflexiones de Marshall
sobre la expansión de la ciudadanía, como un
proceso de conquista de diferentes estadios
de progreso democrático que, desde la pers-
pectiva de finales de los años cuarenta del
siglo pasado, se contemplaba en tres grandes
etapas: la ciudadanía civil, la ciudadanía
política y la ciudadanía social.
En sus célebres conferencias de Cambrid-
ge de 1949, después del período especialmen-
te conflictivo y convulso que siguió a la Gran
Depresión y que condujo a las inestabilidades
sociales, los fascismos y la Segunda Guerra
Mundial, las consideraciones de Marshall
explicitaban la necesidad de completar las
dos primeras etapas de conquista de la ciuda-
danía (la civil y la política), con una tercera
etapa de ciudadanía social, que se entendía
�como ya hemos reseñado� como una forma
de enriquecer «la sustancia concreta de la
ESTUDIOS
18 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 75
2 José Félix TEZANOS, La democracia incompleta. El
futuro de la democracia postliberal, op.cit. Vid, en parti-
cular, el capítulo 17.
vida civilizada», mediante una «reducción
general de los riesgos y la inseguridad»,
mediante una «igualación a todos los niveles
�decía Marshall� entre los más y los menos
afortunados, los sanos y los enfermos, los
empleados y los parados, los jubilados y los
activos». Es decir, se trataba de avanzar
hacia el reconocimiento práctico del derecho a
unos mínimos de bienestar económico y segu-
ridad para todos, el «derecho a participar ple-
namente del patrimonio social y a vivir la
vida de un ser civilizado de acuerdo a los
estándares predominantes en la sociedad»3.
Una faceta importante que está implícita
en teorizaciones como las de Marshall es la
constatación de que todas las grandes etapas
de avance de la ciudadanía se han correspon-
dido con diferentes fases de evolución de las
sociedades industriales y con distintos grados
de maduración política y de explicitación de
nuevas necesidades sociales y exigencias
políticas.
La primera etapa se correspondió con la
transición desde las sociedades agrarias tra-
dicionales a las sociedades industriales capi-
talistas, cuando las necesidades jurídicas y
económicas del nuevo orden y su mayor com-
plejidad y movilidad evidenciaron la necesi-
dad de un marco más amplio de derechos de
naturaleza eminentemente jurídica: es decir,
la capacidad funcional de actuar y «contratar»
sin trabas feudales. En esta etapa, las necesi-
dades de legitimación y articulación del nuevo
régimen llevaron a la proclamación de los
«derechos fundamentales» de la persona y al
establecimiento de mecanismos de voto censi-
tario, en una democracia incipiente que se
articulaba en torno a partidos de «notables».
En unasegunda etapa, la mayor compleji-
dad de las sociedades industriales suscitó
nuevas exigencias jurídicas y políticas, que
vinieron urgidas por las demandas de pujan-
tes movimientos sociales y de ideas que se
habían desarrollado al calor de las nuevas
condiciones de libertad: sindicatos, partidos
de masas, corrientes culturales e ideologías
democráticas, etc. En este contexto se desa-
rrolló la noción de ciudadanía política, se con-
quistó el sufragio universal, surgieron los
grandes partidos de masas y se conformaron
los Estados de Derecho modernos.
En la tercera etapa, la mayor sensibiliza-
ción existente ante los problemas sociales y el
protagonismo ascendente de los sindicatos y
los grandes partidos de raíz obrera explicita-
ron la necesidad de completar �y equilibrar�
la democracia liberal establecida, en un sen-
tido más social, que permitiera una distribu-
ción razonablemente equitativa de los recur-
sos y de las oportunidades vitales, en contex-
tos políticos que se intentaba que fueran
menos conflictivos que aquellos que se cono-
cieron en el período que precedió a la Segun-
da Guerra Mundial. Esta fue la etapa de evo-
lución hacia lo que Marshall calificó como la
«ciudadanía social» y que, a nivel práctico,
tomó cuerpo en el modelo de Estado de Bie-
nestar, en una dirección de avance hacia una
democracia social más completa e igualitaria
�en el sentido que antes indiqué�. Esta etapa
implicó un significativo contraste superador
respecto al anterior modelo de democracia
liberal, al que quieren retornar� con mayor o
menor éxito� los políticos neoliberales de
finales del siglo XX y principios del XXI.
De acuerdo con esta misma lógica evoluti-
va, la actual revolución tecnológica y la
correspondiente emergencia de un nuevo tipo
de paradigma social �las sociedades tecnoló-
gicas avanzadas� hacen necesarios nuevos
desarrollos de la democracia que puedan dar
respuesta a los retos y exigencias de la etapa
histórica emergente, tanto para hacer frente
a los problemas de la exclusión social, la pre-
carización, la crisis del trabajo, la dualización
y las fracturas sociales como para propiciar
los avances que las nuevas condiciones técni-
cas y culturales permiten.
JOSÉ FÉLIX TEZANOS
19REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 75
3 Vid. en T. H. MARSHALL y Tom BOTTOMORE, Citizens-
hip and social class, Pluto Press, Londres, 1992, págs. 8,
12, 28.
LIBERTAD E IGUALDAD
El grado óptimo de libertad alcanzable es
aquel que se puede lograr entre ciudadanos
que sean lo más iguales entre sí que resulte
factible en un contexto compatible con el pro-
pio mantenimiento de un régimen de liberta-
des; es decir, un régimen en el que las inter-
venciones públicas compensatorias no lle-
guen a ser incompatibles con el propio senti-
do profundo y el ejercicio práctico de la liber-
tad.
Desde la perspectiva de principios del siglo
XXI, debemos preguntarnos: ¿cuánto es posi-
ble �y necesario� expandir aún en nuestras
sociedades el grado de libertad e igualdad
alcanzadas? La experiencia histórica
demuestra que aún es mucho lo que se puede
progresar en esta dirección y que en las demo-
cracias avanzadas pueden adoptarse bastan-
tes medidas que conduzcan a niveles mayores
de igualdad entre los ciudadanos. No sólo en
la dirección de todas aquellas garantías que
permitan lograr una igualdad real en el dis-
frute de derechos, sino también en la línea de
una equiparación razonable de niveles de
vida, a partir de unos estándares mínimos
garantizados, así como de una más efectiva
igualdad de oportunidades educativas, de
posibilidades laborales �en un marco compa-
tible con el reconocimiento de los méritos, los
esfuerzos y el espíritu de iniciativa� y, en
definitiva, en una optimización general de las
perspectivas vitales.
Por ello, la libertad práctica a la que debe
aspirarse en una democracia madura es una
libertad entre seres razonablemente iguales,
tanto cultural como socialmente, seres que no
se encuentren ante situaciones agudas de
desigualdad, de carencia, o de taponamiento
y/o limitación de perspectivas vitales que
sean una cortapisa para el ejercicio práctico
de su libertad, para su forma de ejercer la
condición ciudadana y, en última instancia,
para la puesta en práctica de sus capacidades
efectivas de influir en el curso social.
En realidad, quien padece una situación
de exclusión social, quien se ve retraído a una
condición laboral o económica de segunda cla-
se, o quien se encuentra en condiciones socia-
les precarias, acaba siendo también un ciuda-
dano de segunda clase, cuyas oportunidades
de participación y de influencia cívica se ven
sometidas a una secuencia paralela de secun-
darización política, de pérdida de importan-
cia y hasta de motivaciones. Los procesos de
exclusión y de dualización social que tienen
lugar en nuestras sociedades en el plano
económico y laboral tienen su correlato
correspondiente en la exclusión política y en
la dualización ciudadana; sobre todo a medida
que las riquezas y el poder tienden a concen-
trarse en pocas manos, en una deriva que sus-
cita indudables riesgos de declive democrático
y de mermas en la condición ciudadana.
La evolución que se está siguiendo en
muchas sociedades en los inicios del siglo XXI
perfila un punto de inflexión negativa en el
curso del progreso político y social al que se
había llegado en las décadas posteriores a la
Segunda Guerra Mundial. Tal regresión está
dando lugar a problemas de articulación
social y de funcionalidad económica y política
que, desde influyentes esferas del poder esta-
blecido, se intenta que queden oscurecidos y
minimizados ante la opinión pública. Pero
estos problemas se están traduciendo ya a
diferentes planos, en una dinámica que pue-
de afectar a la misma médula profunda de
nuestras sociedades.
LA ESPIRAL DESIGUALITARIA
En mi trilogía sobre «la desigualdad, el
trabajo y la democracia»4 he analizado con
algún detalle, y con abundante información
empírica, cuáles son los principales proble-
mas que se plantean en el actual ciclo históri-
ESTUDIOS
20 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 75
4 Vid. José Félix TEZANOS, La sociedad dividida, El tra-
bajo perdido y La democracia incompleta, op.cit.
co, en el que, a su vez, se están abriendo gran-
des oportunidades derivadas de la revolución
tecnológica; una revolución de carácter global
y muy profundo que nos puede permitir hacer
frente en mejores condiciones a retos invete-
rados de nuestra especie: la lucha contra las
enfermedades y el dolor, la posibilidad de
acabar con el hambre, con las necesidades y
con las grandes carencias, la superación de
las fatigas y las largas jornadas laborales, la
eliminación de muchas incomodidades e inse-
guridades, etc.
Sin embargo, en contraste con estas poten-
cialidades, las vivencias y las impresiones de
muchos ciudadanos no son, precisamente,
que estamos avanzando hacia el mejor de los
mundos posibles. Las encuestas de opinión
revelan que la mayoría de la población está
muy preocupada por el problema del trabajo,
por las dificultades para encontrar empleos
decentes y de calidad, sobre todo las nuevas
generaciones. En particular, en todas las
encuestas que se hacen en España más del
60% menciona el paro como el principal pro-
blema actual, seguido por un rosario de cues-
tiones sociales (aumento de las desigualda-
des, inseguridad ciudadana, carestía de la
vivienda, déficit de servicios, etc.), que con-
trastan radicalmente con el exultante mensa-
je de optimismo que se proclama desde las
altas esferas del poder establecido y que se
repite machaconamente, como un eco hueco,
desde los más diferentes resortes del poder
comunicacional. El resultado, en España y en
muchos otros lugares, no puede ser más «cho-
cante». «España va bien», «los indicadores
económicos son excelentes» �se dice�, pero la
mayoría de la gente piensa que «a los españo-
les no les va tan bien», incluso a «algunos les
empieza a ir mal». ¿Los asuntos van bien
para las «cosas», pero mal para las «perso-
nas»? ¡Menudo lío interpretativo!
Los quesostienen que «todo va bien» se
apoyan en determinados datos estadísticos
�algunos de ellos cada vez más manipulados
y retorcidos� y arguyen que el PIB crece y
aumentan espectacularmente ciertos niveles
de consumo �a veces los más ostentosos�. A
todos aquellos afortunados a los que les va
bien, es cierto �hasta ahora� que cada vez les
va mejor. Pero no es menos cierto que secto-
res de población muy amplios constatan como
se están taponando sus oportunidades vita-
les, o las de sus hijos.
El recurso a retrasar, ocultar y manipular
las estadísticas (sobre todo las de empleo,
rentas y bienestar social) y los esfuerzos de
control de la difusión de los análisis que ofre-
cen imágenes de la realidad diferentes a las
que presenta la propaganda oficialista, no
pueden impedir que un número creciente de
libros e informes den cuenta precisa del curso
regresivo de evolución que siguen nuestras
sociedades en muchos aspectos y, sobre todo,
de las tendencias que apuntan hacia algunas
dinámicas críticas. Por eso, cada vez más per-
sonas entienden que, si no se rectifican a
tiempo determinadas perspectivas de evolu-
ción negativas, nuestras sociedades podrán
entrar en un ciclo de tensiones y desajustes
que acabarán estallando por algún lado.
Los indicadores de desigualdad interna-
cional que ofrecen los Informes sobre Desarro-
llo Humano de la ONU (PNUD)5 tienen su
correlato, a nivel nacional, en los datos que
muestran un aumento de las desigualdades
de renta, sobre todo en los países más ricos,
especialmente en Estados Unidos y el Reino
Unido.
En España, en particular, casi el 20% de la
población tiene ingresos por debajo del nivel
de pobreza, mientras los casos de exclusión
social tienden a aumentar6. El problema no
estriba sólo en la extensión de la pobreza y la
exclusión social, sino que sectores bastante
amplios de población están sufriendo una
JOSÉ FÉLIX TEZANOS
21REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 75
5 Vid. por ejemplo, PNUD, Informe sobre Desarrollo
Humano 2003, Mundi Prensa, Madrid, 2003. La serie se
inició en 1990
6 Vid. por ejemplo, Lene MEJER, Social exclusión in
the UE members States, Eurostat, Statistics in FOCUS,
Theme 3, 1/2000.
merma en sus niveles de vida, que se ve agra-
vada por una dinámica dualizadora que se
encuentra afectada, a su vez, por políticas
económicas y fiscales regresivas. El encareci-
miento de la cesta de la compra y la inciden-
cia de unos niveles de inflación que tienden a
situarse por encima del aumento real de
ingresos (salarios o pensiones) de una parte
de la población vienen a unir sus efectos a las
regresiones tarifarias en los impuestos sobre
la renta, sobre el capital y sobre el patrimo-
nio, que dan lugar a que la carga fiscal caiga
cada vez en mayor grado sobre los impuestos
indirectos y, en última instancia, sobre las
rentas más bajas.
El clima de deterioro social se ve influido
especialmente por los procesos de precariza-
ción laboral, que están poniendo en cuestión
los criterios de igualdad de todos ante las
leyes (laborales en este caso). De esta forma,
los jóvenes, las mujeres, las personas con cua-
lificaciones más bajas (y menos demandadas),
los emigrantes y otros sectores socialmente
infraposicionados, se están viendo sometidos
a peores condiciones laborales y a niveles de
ingresos y de estatus más deteriorados, que
les sitúan en unas posiciones objetivas de ciu-
dadanía devaluada, respecto al nivel al que se
había llegado en las sociedades avanzadas, a
partir de las conquistas propias de la ciuda-
danía social, de la que habló Marshall.
El problema no es solamente que, según
las «discutibles» estadísticas oficiales (EPA,
cuarto trimestre 2003), la tasa de actividad
entre las mujeres apenas supere en España
al 40%, o que el paro entre los jóvenes sea dos
veces y media superior que entre los mayores
de 55 años y el subempleo cuatro veces y
media superior, o que el 53% de los jóvenes
«afortunados» que han encontrado un trabajo
tengan contratos temporales, o que cerca del
60% de los empleados en empresas de trabajo
temporal sean menores de 30 años, sino que
el problema adquiere una dimensión más glo-
bal, cuando se constata que en países como
España los datos oficiales muestran que más
del 50% de la población activa se encuentra
en paro o en condiciones laborales precarias:
bien por ser ocupados con «bajos salarios» (o
«trabajadores pobres», como dice sin eufemis-
mos la OIT), bien por tener empleos tempora-
les, bien por trabajar sólo a media jornada7.
Los trabajadores temporales, según los
datos del Ministerio de Trabajo, han llegado a
representar un tercio de la población activa
ocupada y, teniendo en cuenta que estos tra-
bajadores tienen unos contratos con una
duración media de 82,6 días en el caso de los
contratos por obra y servicio, y de 54,4 jorna-
das en el caso de los eventuales8, se puede
colegir que estamos ante un problema de
empleados sumamente temporales; tan tem-
porales que son parados «efectivos» durante
buena parte del año.
A partir de estos datos �y de muchos otros
que se analizan en este libro y en la ya referi-
da trilogía sobre «la desigualdad, el trabajo y
la democracia»�, parece evidente que nos
encontramos ante una dinámica de precari-
zación socio-laboral que está conduciendo a
un aumento de la exclusión social, a medida
que determinadas prácticas regresivas tien-
den a extenderse y que más personas se ven
atrapadas en las redes de la vulnerabilidad
social, mientras que los gastos sociales tien-
den a decaer año tras año (en España, por
ejemplo, hemos descendido desde un 24,7%
del PIB en gastos sociales en 1993 a un 19%
en los inicios del siglo XXI).
DUALIZACIÓN SOCIAL Y FRACTURAS
POLÍTICAS
Mientras bastantes personas se encuen-
tran ante un curso deteriorado en sus pers-
ESTUDIOS
22 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 75
7 Vid., en tal sentido, José Félix TEZANOS, El trabajo
perdido, op.cit., pág. 99.
8 Vid. Consejo Económico y Social, España 2001,
Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral,
CES, Madrid, 2002, págs. 282- 283. En el caso de los
contratos a tiempo parcial, el número de jornadas reali-
zadas es, igualmente, de sólo 70,8 (Ibid, pág. 284).
pectivas vitales y en sus oportunidades de
autonomía (con el precio de las viviendas
cada vez más disparado) y mientras aumen-
tan los indicadores de desigualdad y de exclu-
sión social, el sector de población al que le «va
bien» está entrando en una dinámica de con-
sumos cada vez más ostentosos y más insos-
tenibles, desde el punto de vista de una lógica
democrática y razonablemente distributiva,
como aquella hacia la que parecía que estába-
mos encaminándonos los seres civilizados
después de la revolución francesa y las tres
etapas de desarrollo de la ciudadanía a las
que se refirió Marshall.
Pero, si las desigualdades y la exclusión
social son graves problemas que afectan a
muchas sociedades desarrolladas, a nivel
internacional la situación es bastante peor.
Como ya resaltamos en el capítulo introduc-
torio, en el Informe sobre Desarrollo Humano
de la ONU de 2002 se subrayaba que sola-
mente el 10% de la población más rica del
país más rico del Planeta (Estados Unidos)
concentra en sus manos tanta riqueza como
el 43% de toda la humanidad (es decir, 25
millones de norteamericanos tienen tantos
ingresos como 2.000 millones de personas), al
tiempo que sólo el 1% de la población más rica
del mundo «tiene una renta equivalente a lo
que recibe el 57% más pobre»9.
Un caso extremo de desigualdad es el que
está implícito en las condiciones de hambre y
desnutrición que afectan a 842 millones de
seres humanos, como recuerda la FAO10,
mientras en los países desarrollados sobran
alimentos y aumentan los casos de obesidad y
los niveles de colesterol. Al mismo tiempo, las
aportaciones al desarrollo se reducen, aleján-
dose cada vez más de ese modesto 0,7 del
PNB de los países más ricos, habiéndose
reducido desde 1990 a 2001 las contribucio-
nes de los 24 países del Comité para la Asis-
tencia al Desarrollo (CAD) del 0,33% del PIB
al0,22%, con sólo cinco países cumpliendo el
compromiso del 0,7% (Dinamarca, Noruega,
Luxemburgo, Países Bajos y Suecia), y casos
extremos como el de la nación más rica y
poderosa del Planeta, los Estados Unidos,
que han bajado del modesto 0,21% de 1990, al
0,11% de 2001 (la contribución más baja de
todas)11.
Las muertes por hambre, la pobreza extre-
ma y la mortandad por SIDA y otras enfer-
medades resultan hechos especialmente
agraviantes en un mundo, como el actual, en
el que tenemos suficientes medios de infor-
mación para saber qué está ocurriendo en
cualquier lugar, y en el que contamos con una
medicina avanzada y unos medios técnicos
que nos permitirían �si quisiéramos� atajar
el problema del hambre y hacer frente con
mayor dignidad y eficacia a las enfermedades
y epidemias. Pero, tal como se hacen las
cosas, los datos de la FAO revelan que el
número de hambrientos tiende incluso a
aumentar, habiéndose pasado de los 815
millones del Informe sobre inseguridad ali-
mentaria de 2001 a los 842 del Informe de
2003. Es decir, 27 millones más, con 17 países
en los que ha cambiado la moderada tenden-
cia a la reducción experimentada durante la
primera mitad de los años noventa. Entre los
países que ahora están en retroceso se
encuentran naciones muy populosas como la
India, Indonesia, Pakistán, Nigeria y Sudán,
en las que viven cerca de 1.600 millones de
personas. El contraste que a veces se produce
entre los avances científicos y las enfermeda-
des y la muerte es tremendo. En los mismos
años en los que se logró secuenciar el Genoma
Humano, se clonaron seres vivos y se situa-
ron fuera de la atmósfera prodigiosas estacio-
nes espaciales, mucha gente moría en Africa
sin atención médica suficiente, mientras
grandes empresas multinacionales far-
JOSÉ FÉLIX TEZANOS
23REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 75
9 PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2002,
op.cit., págs. 2 y 19.
10 FAO, The State of Food Insecurity in the World
2001, Roma, 2001; y Ibid 2003.
11 PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2003,
op.cit., pág. 290.
macéuticas estaban pleiteando por cobrar los
royalties de las medicinas contra el SIDA.
La cuestión de fondo es que, si en estos
momentos �aun obviando el problema de las
desigualdades internas en los países� el nivel
de consumo de un norteamericano medio, o
de un canadiense, se intentara extender al
conjunto de la población mundial nos encon-
traríamos que, debido a la huella ecológica
que requiere este consumo, se necesitaría
una extensión de territorios equivalentes a
seis Planetas como la Tierra12. ¿Qué significa
esto? Significa que, en las condiciones actua-
les, para mantener los niveles de consumo de
una pequeña parte de la población es necesa-
rio que persista una estructura social bastan-
te desigualitaria. Es decir, la prosperidad y
los consumos excesivos de unos cuantos se
mantienen porque existen desigualdades. Y
las posibilidades de persistencia de esta
situación, e incluso su acentuación, como
estamos viendo, dependen de que nuestros
sistemas políticos no avancen en una direc-
ción orientada a lograr más participación,
más distribución y más progreso social. O lo
que es lo mismo, dependen de que no haya
una democracia más avanzada y más comple-
ta.
La grave contradicción de fondo que se
plantea entre los intereses y las ambiciones
�y también la extrema codicia� de una parte
minoritaria de la sociedad, por un lado, y las
necesidades de muchas personas, y las mis-
mas exigencias de equilibrio y progreso de los
sistemas sociales como tales, por otro lado,
explican buen parte de lo que está ocurriendo
en las sociedades de principios del siglo XXI.
De ahí los empeños de las élites económicas
más privilegiadas por controlar las redes cul-
turales y de información y los esfuerzos por
vicariar la vida política, con todas las tenden-
cias que a ello están conectadas en una pers-
pectiva en la que se apuntan serios riesgos de
fragilización, desautentificación y oligarqui-
zación de la democracia, tal como he mostra-
do con detalle en mi libro La democracia
incompleta.
El precio que las sociedades en su conjunto
están pagando por esta dinámica de apropia-
ción económica y de vicarización política es
muy grande, y sus efectos se están manifes-
tando en forma de deterioro de instituciones
sociales básicas, como la familia (cada vez
menos jóvenes se podrán casar o emparejarse
establemente si no tienen trabajos decentes y
razonablemente seguros y si las viviendas no
tienen precios asequibles), de tendencias
demográficas inquietantes (cada vez nacen
menos niños y las pirámides de población
envejecen peligrosamente), de deterioro de la
política (crisis de credibilidad de los partidos,
control y empobrecimiento de la información,
aumento de la abstención y de la desimplica-
ción ciudadana, etc.) y de otras derivas socia-
les erosivas (espirales de violencia y delin-
cuencia, difusión de climas de inseguridad,
crisis educativas, aumento de los grupos mar-
ginados y excluidos, etc.).
En nuestras sociedades estamos aún en
una fase en la que las valoraciones críticas
sobre mucho de lo que ocurre se manifiestan
latentemente en forma de «distanciamien-
tos», «anomias», «pasotismos» y síntomas
«mórbidos» (quejas sordas, protestas genéri-
cas, etc.). Sin embargo, empiezan a darse
fenómenos más netos de «contestación» explí-
cita, a través de los movimientos sociales
�sobre todo el movimiento altermundista�,
de las protestas juveniles de diferentes tipos
de «resistencias» y de la difusión de análisis
críticos y alternativos.
Posiblemente, para que las primeras eta-
pas de «distanciamiento» y «contestación»
den paso a nuevas fases en las que se formu-
len «propuestas» más concretas y articuladas
se necesitarán previamente procesos más
amplios de contestación crítica a lo que ocu-
rre, en una forma similar a la que se produjo
ESTUDIOS
24 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 75
12 Vid. Ernst U. Von WEIZSÄCKER, «El siglo del medio
ambiente», Temas para el debate, nº 62, enero de 2000,
pág. 26.
con el movimiento sindical durante el ciclo de
despegue de las sociedades industriales,
antes de que se desarrollaran y adquirieran
suficiente fuerza política los partidos social-
demócratas. Ahora, lo más verosímil es que
los movimientos de contestación se refuercen
cuando surjan elementos potenciales de «pre-
cipitación», como ocurre en ciertos procesos
químicos. Quizás las guerras internacionales
que son sentidas como «injustas» e «inhuma-
nas» por mucha gente �y sus terribles secue-
las en forma de destrucción y torturas� pue-
dan desempeñar este papel de factor «precipi-
tante».
En cualquier caso, ninguna de estas consi-
deraciones nos eximen de completar nuestros
análisis críticos sobre el hoy, con algunas
valoraciones sobre aquello que es necesario
hacer en nuestras sociedades para superar
los niveles de regresión y de problematización
convivencial en el que se encuentran sumi-
das.
UNA CUARTA ETAPA EN EL
DESARROLLO DE LA CIUDADANÍA
Y LA DEMOCRACIA
Para continuar avanzando en el desarrollo
de nuestros sistemas socio-políticos y en la
conquista de nuevos estadios de progreso
para la humanidad (para todos), es preciso
entender que la democracia no es un proceso
cerrado y concluido, y que tenemos por delan-
te nuevas etapas y conquistas. Al igual que
ocurrió en el pasado, con la evolución del
absolutismo a la democracia censitaria, y de
ésta al sufragio universal y después a la
democracia social, debemos comprender que
el progreso va a continuar y que existen nue-
vos capítulos de la historia de la democracia
por escribir, en una perspectiva de equipara-
ción social e igualdad como la que señalába-
mos al principio.
El objetivo de armonizar y ajustar en
mayor grado los ideales de libertad y de
igualdad no debe verse como una cuestión
teórica, o un asunto que sólo interese a profe-
sores e intelectuales. Actualmente esta armo-
nización �que en el fondo es el gran reto de la
democracia� es un asunto eminentemente
práctico que se conecta directamente con las
experienciascotidianas de millones de seres
humanos que padecen los efectos de las desi-
gualdades y las precarizaciones. Para enfren-
tarnos a este reto se necesita corregir la
actual deriva desigualitaria, acometiendo las
reformas políticas que son necesarias para
restablecer las condiciones de una ciuda-
danía igual en derechos y oportunidades en
las coordenadas socio-económicas concretas
en las que nos encontramos.
Las reformas que es necesario emprender
apuntan hacia nuevos pasos en el desarrollo
de la democracia, en una perspectiva de enri-
quecimiento institucional que permita pro-
fundizar y extender las oportunidades parti-
cipativas de una manera bien articulada, en
el sentido que he explicado en La democracia
incompleta. Sobre todo en la perspectiva que
se indica en el subtítulo de dicho libro, cuan-
do se hace referencia al «futuro de la demo-
cracia post-liberal».
Ahora bien, para avanzar con las debidas
garantías en esta dirección es imprescindible
el concurso de una ciudadanía activa y verda-
deramente libre, que no esté constreñida por
graves límites o carencias económicas y labo-
rales. Y esto, en las condiciones socioeconómi-
cas actuales, exige como requisito previo
avanzar nuevos pasos en el desenvolvimiento
de la noción de ciudadanía, añadiendo una
etapa adicional a las tres que refirió Mars-
hall.
Si queremos que el proceso humanizador y
equiparador emprendido con la Revolución
Francesa no se detenga �y lo que es más
inquietante, que no se retroceda� resulta
necesario caminar hacia el establecimiento
de las condiciones jurídicas, políticas y socio-
económicas que afiancen también la noción
de una ciudadanía económica.
JOSÉ FÉLIX TEZANOS
25REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 75
Hasta ahora se había entendido que los
derechos de propiedad, el respeto y reconoci-
miento de la iniciativa privada y/o la lógica
del salario eran razonablemente suficientes
para garantizar a los ciudadanos un cierto
nivel de ingresos, que podían ser mayores o
menores, pero que permitían sobrevivir, aun-
que sólo fuera a unos niveles mínimos. La
idea de ciudadanía social añadió a estas apre-
ciaciones un criterio compensatorio de cali-
dad de vida para todos, garantizando un con-
junto de derechos sociales que tendían a equi-
parar las oportunidades sociales y a neutrali-
zar las inseguridades que resultaban más
perturbadoras para una vida normal y digna.
Ahora, sin embargo, se está constatando
en la práctica que este planteamiento no es
suficiente �por sí solo� y que, pese a todo lo
que se proclama solemnemente en los textos
de nuestras Constituciones, hay muchas per-
sonas �sobre todo entre las nuevas generacio-
nes y entre los peor situados socialmente�
que no tienen suficientemente garantizados
sus derechos sociales, ni sus oportunidades
laborales y vitales, no tienen trabajos seguros
y razonables, no pueden acceder a la vivien-
da, no disfrutan del nivel de vida que otros
tienen a su alrededor. Y esto implica que
viven una condición de ciudadanía devalua-
da, de una clase inferior a aquella que disfru-
tan los ciudadanos de primera, que cuentan
con un buen trabajo o un buen negocio, unos
buenos ingresos, una casa propia, un entorno
social gratificante y un acceso a los bienes y
servicios que caracterizan una vida digna, al
nivel que permite el progreso técnico de la
civilización.
Esto es, precisamente, lo que no pueden
alcanzar �hasta el presente� los precariza-
dos, los vulnerables, los inestables, los para-
dos, los excluidos, los que se ven obligados a
depender durante años de sus progenitores...
Por ello, de la misma manera que en la segun-
da mitad del siglo XX, después de un período
de agudas tensiones y conflictos sociales, se
entendió que era necesario completar y
garantizar el ejercicio de la ciudadanía
mediante el afianzamiento de un conjunto de
derechos sociales, de igual manera en los ini-
cios del siglo XXI se hacen precisas interven-
ciones públicas compensatorias �y equilibra-
doras� que restablezcan las apropiadas con-
diciones económicas de pertenencia para
todos aquellos a los que la falta de ingresos,
de vivienda y de oportunidades laborales de
calidad les sitúan en unas posiciones que
constituyen un grave hándicap personal y
ciudadano.
LA CIUDADANÍA ECONÓMICA
La superación de los riesgos de las exclu-
siones y de las precarizaciones que se están
dando exigen medidas complementarias que
restablezcan las condiciones imprescindibles
de unicidad social, de forma que todos los ciu-
dadanos puedan alcanzar un sentido equipa-
rable de pertenencia a la comunidad y de dig-
nidad en sus modos de vida. Es decir, la solu-
ción al actual curso social fragmentador no
debe plantearse solamente en términos de
intentar ofrecer unos «ingresos garantizados»
(de manera pasivizadora), sino en términos
de proporcionar una «actividad socialmente
útil» (de manera activadora). La alternativa
al problema de una «ciudadanía decaída» y/o
«precarizada» no es �no debe ser� una «ciuda-
danía subvencionada» (que tiene que estar
circunscrita a los jubilados, los enfermos, las
viudas y huérfanos y los casos extremos de
necesidad), sino una iniciativa política ten-
dente a generar las condiciones propicias
para que todos los miembros de una sociedad
tengan unas oportunidades razonables de
acceder al desempeño de una tarea en su
sociedad, para la que puedan prepararse con
suficiente motivación durante sus años de
estudio, y que proporcione niveles de ingresos
en concordancia con el nivel de riqueza y
desarrollo alcanzado en su sociedad y con el
esfuerzo personal desplegado en su realiza-
ción. Es decir, basada tanto en criterios de
equidad como de reciprocidad.
ESTUDIOS
26 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 75
Los aspectos centrales a considerar en la
conquista de la «ciudadanía económica» son
las garantías y oportunidades que existen
�que se proporcionen� para tener una activi-
dad laboral, bien en el sistema productivo
(como asalariado o autónomo o empleador),
bien en el sector público (que hay que poten-
ciar y racionalizar y no destruir), bien en el
ámbito de las nuevas actividades que va a
propiciar la revolución tecnológica y las enor-
mes oportunidades de crear riqueza que
genera (nuevas actividades en los servicios,
en salud, cultura, ocio, calidad de vida, segu-
ridad, educación permanente, etc.), así como
las nuevas actividades que se pueden generar
en la esfera social y política como consecuen-
cia del desarrollo de la democracia postliberal
(las que se requieren para el mantenimiento
y buen funcionamiento de todas las institu-
ciones y mecanismos permanentes que se
pongan en marcha a tal fin).
Una cuestión clave en la buena organiza-
ción futura de las actividades económicas y
sociales es la que se relaciona con la necesi-
dad de ajustar los tiempos laborales «requeri-
dos» a las posibilidades y las exigencias del
sistema productivo, que en nuestros días son
bastante diferentes a las que existían en los
períodos previos a la robotización y la auto-
matización avanzada; de la misma manera
que en los inicios de la revolución industrial
también fueron diferentes a los parámetros
que se alcanzaron en las sociedades indus-
triales maduras de finales del siglo XX, en las
que el número de horas laborales al año llegó
a ser prácticamente la mitad de aquellas que
se trabajaban a finales del siglo anterior.
Ahora que la revolución tecnológica avan-
za a gran velocidad cuesta trabajo entender
cómo es posible que en determinados círculos
políticos y empresariales no se entienda algo
tan obvio como la tendencia a la reducción
drástica de la jornada laboral media, dándose
la paradoja de que mientras entre la opinión
pública en España predomina ampliamente
el criterio de que es necesaria una «reducción
de la jornada laboral» (más del 67% y aumen-
tando)13, en cambio pocos de los grandes par-
tidos hacen propuestas suficientemente con-
cretas y claras en este sentido.
Aparte del elemento nuclear del trabajo
�que desde la perspectiva de los tiempos de
Marshall se contemplaba más bienen térmi-
nos de «obligación» de trabajar� la noción de
ciudadanía económica se deberá desarrollar
también en base a la puesta en funciona-
miento de servicios sociales más amplios y
universales (como cuarto pilar efectivo del
Estado de Bienestar), de políticas que hagan
accesibles las viviendas (tanto en acceso como
en alquiler, con créditos subvencionados, con
suelo público, etc.), de salarios sociales (o
«rentas de inserción») para casos extremos de
necesidad, de lucha contra la exclusión social
(tanto con medidas paliativas como de inser-
ción y motivación, etc.), así como mediante un
conjunto de iniciativas que tiendan a exten-
der la democracia en el ámbito de las activi-
dades económicas (democratización del tra-
bajo, presupuestos participativos, fiscalidad
con bonos de participación, iniciativas comu-
nitarias, etc.).
En definitiva, el objetivo que debemos
plantearnos es una resocialización general de
lo económico, que permita superar equilibra-
damente las tendencias actuales hacia la pri-
vatización y la apropiación extrema, que
están dando lugar a sociedades cada vez más
dializadas y a un número ascendente de sub-
ciudadanos alienados de la economía. O, si
queremos decirlo de otra manera, a personas
des-economizadas, cuando no empobrecidas,
en un contexto de creciente opulencia de unas
minorías.
Para lograr todo esto, lógicamente, se
requieren recursos y garantías. De la misma
manera que en las sociedades avanzadas de
finales del siglo XX y principios del siglo XXI
nos hemos acostumbrado a gastar una parte
JOSÉ FÉLIX TEZANOS
27REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 75
13 Datos del GETS, Encuesta sobre Tendencias Socia-
les 2003, Editorial Sistema.
apreciable del PIB en Sanidad, Educación
Pública, Pensiones y otros servicios, de igual
modo hay que entender que en el nuevo tipo
de sociedades que se están configurando
habrá que gastar también recursos públicos
suficientes para garantizar el derecho social
a la vivienda o el estatus de pertenencia a la
sociedad mediante actividades sociales úti-
les que reporten los ingresos adecuados para
alcanzar una posición de suficiente auto-
nomía personal. Y esto, como es evidente, en
un orden civilizado no puede dejarse al mero
albur de la lógica del mercado o de las alter-
nancias políticas. Se trata de algo tan básico
e insustituible que debe formar parte del
contrato social democrático, de las reglas
básicas que regulan la vida social y política.
Reglas y procedimientos que lógicamente tie-
nen que ajustarse a las circunstancias de
cada momento. Por ello, de la misma manera
que la transición desde las sociedades agra-
rias a las sociedades industriales condujo a
una nueva formulación del contrato social y
político �que fue perfeccionándose en sucesi-
vas fases�, ahora la transición hacia las
sociedades tecnológicas avanzadas plantea
la necesidad de una nueva actualización del
contrato social y político básico, de acuerdo a
las necesidades y a las posibilidades concre-
tas de la nueva etapa histórica. Y en esta
nueva definición sociopolítica, la noción de
ciudadanía económica debe jugar un papel
similar al que desempeñó en el anterior ciclo
de evolución la idea de ciudadanía social.
Obviamente, el nuevo avance requiere una
maduración suficiente de las condiciones y
de las percepciones públicas que permita
alcanzar un grado razonable de consenso
socio-político, como ocurrió antes con la
noción de ciudadanía social.
La cuestión, ahora, estriba en saber si en
las sociedades de los primeros años del siglo
XXI seremos capaces de establecer los funda-
mentos de este nuevo consenso social necesa-
rio con suficiente inteligencia y capacidad de
anticipación, antes de vernos forzados a
sufrir la eventual experiencia de un ciclo alta-
mente erosionador y conflictivo, cuyas tensio-
nes y disfunciones permitan ver a todos con
claridad que es necesario continuar perfeccio-
nando y desarrollando nuestros sistemas
socio-políticos.
En definitiva, hay que entender que la
democracia es el resultado de un proceso com-
plejo de construcciones y reelaboraciones
sociales y políticas, que requieren esfuerzo y
voluntad constante. No es algo que haya sur-
gido por sí solo en el curso espontáneo de la
evolución social o al mero dictado de los inte-
reses económicos privados. Si queremos
decirlo de otra manera, la democracia no es
una flor salvaje nacida de la lógica del merca-
do, sino el resultado del despliegue práctico
de una voluntad política explícita que no pue-
de decaer. Como una flor de invernadero, la
democracia tiene que ser cuidada con esmero,
con mimo, atendida día a día, plantada y
replantada esqueje a esqueje, con imagina-
ción redoblada, de acuerdo a las necesidades
que surgen en cada momento histórico, en esa
gran perspectiva general de humanización
que inspira el ideal �armonizado y armoniza-
dor� de la libertad de los iguales. En definiti-
va, el ideal de la dignidad humana socialmen-
te reconocida y garantizada.
ESTUDIOS
28 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 75
JOSÉ FÉLIX TEZANOS
29REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 75
RESUMEN Las tendencias de precarización laboral y de exclusión social que se constatan en las socie-
dades de nuestro tiempo están afectando en mayor grado a determinados sectores sociales
(jóvenes, inmigrantes, mujeres, personas con menor cualificación, etc.), traduciéndose en
una dinámica general de dualización social que afecta también a la esfera cívico-política.
Para evitar que en nuestras sociedades se amplíen las brechas desigualitarias y que un
número creciente de personas se vean sometidas a la condición de ciudadanos de segunda
categoría es necesario avanzar hacia una cuarta etapa en el desarrollo de la noción de ciu-
dadanía �la «ciudadanía económica»� que complete y garantice los contenidos de la «ciu-
dadanía social» que postuló Marshall.