Situação dos Direitos Humanos em Camboja

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AMNISTÍA INTERNACIONAL 
 
Declaración pública 
 
http://web.amnesty.org/library/Index/ESLASA230072006 
Camboya: El gobierno debe respetar los derechos humanos 
 
 
Mientras el Grupo Consultivo se reúne en Phnom Penh el 2 y 3 marzo de 2006, Amnistía 
Internacional ha pedido a los gobiernos que intensifiquen sus llamamientos al gobierno 
camboyano para que respete los compromisos contraídos anteriormente con el Grupo Consultivo 
y cumpla plenamente sus obligaciones en materia de derechos humanos. 
 
En cartas enviadas a los donantes que asisten a la reunión del Grupo Consultivo, Amnistía 
Internacional expresó su preocupación por la situación de los derechos humanos en Camboya. 
La organización señalaba también que seguían sin cumplirse las promesas hechas por el 
gobierno camboyano en diciembre de 2004, lo que indicaba que éste no estaba dispuesto en 
realidad a garantizar la protección de los derechos humanos de toda la población. 
 
Durante el último año, en Camboya se ha producido un grave deterioro del respeto a los 
derechos humanos, incluidas amenazas contra los derechos y libertades fundamentales, que 
Amnistía Internacional ha puesto de relieve en varias ocasiones. En concreto, los defensores de 
los derechos humanos, incluidos activistas de los derechos medioambientales y del derecho a la 
tierra y otros miembros de la sociedad civil camboyana, han sido blanco de amenazas. 
 
En una serie de recomendaciones, Amnistía Internacional ha apremiado a todos los integrantes 
del Grupo Consultivo, incluidos los donantes internacionales de Camboya, para que insten con 
fuerza al gobierno camboyano: 
 a garantizar la erradicación de los actos de acoso e intimidación contra defensores de los 
derechos humanos, activistas y miembros de los partidos de oposición y a retirar todas 
las denuncias por difamación pendientes de resolución presentadas durante la reciente 
campaña represiva; 
 a anular o modificar las leyes sobre difamación y desinformación y otras disposiciones de 
la legislación penal con el fin de garantizar la protección del derecho a la libertad de 
expresión, así como procurar que ninguna nueva legislación, incluido el Código Penal, 
criminalizará este derecho; 
 a cumplir plenamente sus obligaciones en materia de derechos humanos, recogidas en 
los compromisos contraídos en la reunión del Grupo Consultivo de 2004, incluido el 
tratamiento de los problemas que impiden el ejercicio efectivo de los derechos humanos, 
como la apropiación de tierras, la corrupción y la mala utilización de los recursos 
naturales y de otros bienes del Estado, y a acelerar con urgencia las reformas jurídicas y 
judiciales; 
 a garantizar la ampliación del derecho a la libertad de expresión a los medios de 
comunicación independientes. 
http://web.amnesty.org/library/Index/ESLASA230072006
 
Amnistía Internacional pidió también a los donantes: 
 garantizar un apoyo sólido y constante a los esfuerzos de los activistas de la sociedad 
civil con el fin de mejorar la protección de los derechos humanos, promover el Estado de 
derecho, aumentar las iniciativas apropiadas para combatir la corrupción y ampliar la 
libertad de los medios informativos a las empresas de comunicación independientes; 
 reforzar este apoyo mostrando públicamente preocupación por la inviabilidad de la 
situación actual. No se podrá conseguir un avance real en el cumplimiento de los 
compromisos contraídos en el Grupo Consultivo si no se garantiza que los derechos 
humanos no sustentan sólo la formulación de la denominada Estrategia Rectangular del 
gobierno para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio, sino también su aplicación. 
 
Información general 
Al igual que la reciente campaña de represión acarreó una serie de detenciones y amenazas 
contra activistas de la sociedad civil que fueron objeto de críticas generalizadas, el deterioro de 
la situación de los derechos humanos afecta también a un número cada vez mayor de 
camboyanos corrientes. Las disputas relacionadas con la tierra van en aumento; el nivel de vida 
de la población rural sigue disminuyendo como consecuencia de las concesiones industriales 
otorgadas por las autoridades sobre sus tierras. La apropiación de tierras por empresas 
relacionadas con las familias dirigentes y la mala utilización de los recursos naturales y de otros 
bienes públicos, que el gobierno apoya o contempla con indiferencia, continúan privando a las 
comunidades locales de sus medios de subsistencia. 
 
Amnistía Internacional acogió positivamente la reciente excarcelación de los presos de 
conciencia Cheam Channy, Mam Sonando y Kem Sokha, entre otros, así como los indultos 
concedidos por el rey a políticos de la oposición condenados a penas de cárcel en juicios 
injustos. Sin embargo, estas medidas del gobierno constituyen sólo una reparación parcial de las 
violaciones de derechos humanos, y no se ha producido un avance significativo en relación con 
los persistentes problemas de derechos humanos en Camboya. 
 
Durante el año pasado se intensificaron los ataques contra los defensores de los derechos 
humanos y los activistas locales descontentos con las actividades de concesionarios, empresas y 
particulares poderosos. Amnistía Internacional ha recibido numerosos informes sobre muertes, 
otros actos de violencia, amenazas e intentos de acallar las protestas públicas. 
 
El principal partido de la oposición, los sindicatos, los medios de comunicación independientes y 
las organizaciones no gubernamentales actúan en un entorno de creciente incertidumbre, 
conscientes de que pueden ser objeto de represión en cuanto expresen públicamente críticas 
que superen el nivel de tolerancia ---muy reducido e impredecible--- de los dirigentes camboyanos. 
Además, la injerencia del gobierno en las actuaciones judiciales, como la registrada durante la 
reciente campaña de represión contra la libertad de expresión, sigue menoscabando la 
independencia e integridad del poder judicial. 
 
La cultura de la impunidad protege sólo a las personas con relaciones poderosas e influyentes. 
Todavía no se ha procesado a nadie por el homicidio ---perpetrado en marzo de 2005 por las 
fuerzas de seguridad--- de cinco campesinos que defendían sus tierras en la provincia de Banteay 
Meanchey y de la que fueron desalojados por la fuerza después de una larga y controvertida 
batalla legal. Se les había ofrecido otras tierras, pero se encontraban tan lejos del paso fronterizo 
internacional donde se ganaban la vida, que habrían perdido de hecho sus escasos medios de 
subsistencia. Se ha llevado ante la justicia a muy pocos de los responsables de la mayoría de los 
actos de apropiación de tierras y de las actividades ilegales de pesca o de tala de árboles, 
mientras que a los pobres y marginados, que se ven afectados directamente, se les niega la 
posibilidad de obtener resarcimiento legal u otras reparaciones adecuadas. 
 
En la reunión que el Grupo Consultivo celebró en diciembre de 2004, el gobierno camboyano se 
comprometió a garantizar un sistema judicial independiente y a ‘‘reforzar el Estado de derecho, 
promover la justicia social, reducir la corrupción, eliminar la cultura de la impunidad y fortalecer la 
cultura de la paz y la primacía de la ley’’. 
 
El primer ministro Hun Sen inició después la política de ‘‘puño de hierro’’ con el aparente 
propósito de abordar la corrupción generalizada del sistema judicial. Los analistas han advertido 
de que esta política socava aún más la independencia de los tribunales. No se siguieron los 
procedimientos adecuados en las medidas disciplinarias adoptadas contra varios jueces y 
fiscales, que recientemente fueron declarados culpables de soborno y condenados a penas de 
cárcel. Según los informes, estas sentencias, en lugar de fomentar la igualdad ante la ley, la 
transparencia y la rendición de cuentas, han sembrado la inquietud entre los funcionariosjudiciales. Lo más importante es que no se ha reformado el Consejo Supremo de la Magistratura, 
órgano encargado formalmente de garantizar la independencia y efectividad del poder judicial y 
cuya reforma es una de las piedras de toque de los acuerdos adoptados en diciembre de 2004 
por el Grupo Consultivo.