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¿Quién controla nuestros sistemas informáticos?
Andrés Delgado
La soberanía informática, la capacidad de una nación de controlar su tecnología, es la nueva
preocupación mundial. Según filtraciones del ex miembro de la CIA Edward Snowden, Estados
Unidos tiene acceso a la información de casi todos los países, controla el cableado de Internet en el
mundo, y se ha aliado con treinta y nueve Estados para hacer espionaje masivo. Para lograrlo, tiene
apoyo de ochenta compañías que dominan el mercado de la tecnología en el planeta: proveedores de
infraestructura de red, computadoras, chips de celulares y servicios como Google, Facebook, Apple y
Microsoft. El software libre (SL) es una alternativa para no ser parte de este círculo. El presidente
Rafael Correa se enteró de esta opción en el 2006 durante una reunión con Richard Stallman, líder
mundial del movimiento SL. La posibilidad de que Ecuador recuperase su soberanía informática
entusiasmó tanto al Presidente que luego de dos años firmó el decreto 1014, que obliga al gobierno
central a usar SL. Han pasado seis años y aún no tenemos control informático sobre nuestros
sistemas, Windows sigue siendo el sistema operativo dominante y aún usamos Microsoft Office.
El decreto 1014 llegó a los ministerios y las secretarías en 2008, pero nadie más conoció a Stallman y
sus ideas. Con todo el poder mediático de este Gobierno, en ocho años de Revolución Ciudadana, no
ha existido una campaña sobre las ventajas del SL para el Estado y los ciudadanos. No se ha
explicado, por ejemplo, que el software se crea con líneas de código que funcionan como los
ingredientes de una receta: el software privativo -como Windows y Mac OS X- solo permite comer el
plato terminado pero no saber cómo se lo preparó; el software libre permite mirar el código fuente (la
receta), modificarlo, mejorarlo, redistribuirlo y usarlo para lo que uno quiera.
Windows es software privativo. Tiene una ‘puerta trasera’ universal donde el proveedor (Microsoft)
puede cambiar partes del sistema operativo sin que nos demos cuenta, ellos esconden el código, no lo
comparten. Debian y Linux Mint no tienen esa ‘puerta secreta’, son sistemas operativos equivalentes a
Windows pero libres, tienen cientos o miles de personas auditando el código todos los días.
Whatsapp también es privativo: luego de borrar el historial de una conversación, Facebook, su dueño,
aún tiene acceso a ella. En cambio Telegram, el chat en SL, no almacena conversaciones privadas en el
servidor del proveedor, y es posible destruirlas o programar para que desaparezcan luego de enviar
los mensajes. Hay opciones para no depender del software privativo pero pocos las usamos.
Es contradictorio que Ecuador no promueva su uso ya que el país firmó una declaración de las
Naciones Unidas para la privacidad en la era digital. Esta resolución dice que los derechos humanos
también necesitan ser protegidos en línea. Aunque está la firma ecuatoriana, el país ha fallado en
https://www.aperturaradical.org/google-no-es-lo-que-parece/
https://www.aperturaradical.org/google-no-es-lo-que-parece/
instruir a sus ciudadanos sobre las herramientas que la hacen posible, que en su mayoría son software
libre. ¿Cuántos de ustedes saben cifrar -es decir, proteger los mensajes para que solo lo puedan leer el
emisor y el receptor- su correo y su chat?
El software libre permite que los programadores entiendan el código, lo auditen y modifiquen para
venderlo, regalarlo, o mejorarlo, en cualquier parte del planeta. Elastix, por ejemplo, es un programa
hecho en Ecuador por la empresa Palosanto. Está basado en el código desarrollado y compartido por
otros creadores de software libre en el mundo. Es gratuito y tiene alrededor de tres millones de
descargas en Internet. Tiene algunas funciones similares a Skype pero no tiene sus vulnerabilidades
de seguridad. De este programa y otros beneficios del SL le contó Stallman a Correa.
De aquella conversación surgieron el Decreto y otros avances: la Asamblea Nacional lo usa en su
sistema de voto electrónico, las instituciones públicas envían sus comunicaciones oficiales a través de
Quipux, que también es SL. Pero, a gran escala, todavía no se ha entendido la importancia de realizar
el “sacrificio” de migrar a SL. Por eso, las excepciones al decreto 1014 permiten descartarlo con
flexibilidad: “se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente cuando no exista
una solución de Software Libre que supla las necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo la
seguridad nacional, o cuando el proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno”. Esta
excepción sigue siendo la excusa para la mayoría.
Nuestra soberanía informática es cada vez más vulnerable. Según Snowden, la Agencia de Seguridad
Nacional de Estados Unidos tiene programas especializados de vigilancia que se concentran en
centros de investigación y desarrollo (como Yachay). Colabora directamente con otros cuatro países e
indirectamente con treinta y cinco. Realiza espionaje a misiones diplomáticas antes de cumbres y
negociaciones comerciales: Obama tenía de antemano los principales puntos a tratarse por Ban Ki-
moon, el secretario general de las Naciones Unidas, cuando él lo visitó en abril de 2013 para discutir
sobre las armas químicas sirias, las conversaciones de paz entre israelíes y palestinos y el cambio
climático. Ha invadido sistemas informáticos de empresas públicas como Petrobras y PDVSA. Esto
solamente ilustra la debilidad de los sistemas que se utilizan actualmente y los efectos devastadores
que podría tener la guerra cibernética -el uso de las tecnologías para controlar sistemas informáticos
críticos de países en conflicto- en Ecuador. No usar el software adecuado, podría causar una crisis
eléctrica (dejarnos sin luz), aeroportuaria (impedir que aviones aterricen) o hasta económica
(bloquear las cuentas), porque los softwares que controlan estas áreas no son libres y son muy fáciles
de intervenir.
Es por eso que la recuperación de la soberanía informática es imprescindible. La comunidad de
software libre y algunos ciudadanos han aportado a la propuesta del Código Orgánico de Economía
Social del Conocimiento e Innovación que, entre otras cosas, busca elevar la obligatoriedad del
software libre de decreto presidencial a ley orgánica. Este documento llegará pronto a la Asamblea
https://www.eff.org/secure-messaging-scorecard
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https://www.nytimes.com/2013/11/03/world/no-morsel-too-minuscule-for-all-consuming-nsa.html?hp&_r=1&
https://www.nytimes.com/2013/11/03/world/no-morsel-too-minuscule-for-all-consuming-nsa.html?hp&_r=1&
https://coesc.educacionsuperior.gob.ec/index.php/C%97digo_Org%87nico_de_Econom%C3%ADa_Social_del_Conocimiento_e_Innovaci%97n
https://coesc.educacionsuperior.gob.ec/index.php/C%97digo_Org%87nico_de_Econom%C3%ADa_Social_del_Conocimiento_e_Innovaci%97n
https://coesc.educacionsuperior.gob.ec/index.php/C%97digo_Org%87nico_de_Econom%C3%ADa_Social_del_Conocimiento_e_Innovaci%97n
https://coesc.educacionsuperior.gob.ec/index.php/C%97digo_Org%87nico_de_Econom%C3%ADa_Social_del_Conocimiento_e_Innovaci%97n
con el respaldo de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt). 
Pero esto no sería suficiente, además de instalar el SL, es necesario formar al personal encargado en el
sector público, socializar a la población sobre la importancia de preservar las libertades individuales y,
especialmente, la libertad de expresión mediante el uso de software libre y tecnología de cifrado.
Internet debería servir para compartir conocimientos pero se está convirtiendo en una herramienta
de control de nuestras actividades. No podemos permitir que esa herramienta se convierta en un
enemigo. Urge sentar las bases de una verdadera soberanía tecnológica.