Princípio de Precaução

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os orígenes del principio de precaución se hallan
en el vorsorgeprinzip, o principio de previsión, in-
troducido en la legislación medioambiental ale-
mana en la década de los setenta. El principio fue
recogido posteriormente en tratados y convenciones in-
ternacionales como la Declaración de Bergen para el
Desarrollo Sostenible (1990), el Tratado de Maastricht
de la Unión Europea (1992), la Declaración de Río sobre
Medioambiente y Desarrollo (1992) o la Convención de
Barcelona (1996). En EE.UU., el principio fue discuti-
do formalmente por vez primera en la Conferencia de
Wingspread, en 19981.
El principio establece que «cuando una actividad re-
presenta una amenaza o un daño para la salud humana
o el medio ambiente, hay que tomar medidas de pre-
caución incluso cuando la relación causa-efecto no haya
podido demostrarse científicamente de forma conclu-
yente»1. Esta declaración implica actuar aun en pre-
sencia de incertidumbre, derivar la responsabilidad y
la seguridad a quienes crean el riesgo, analizar las al-
ternativas posibles y utilizar métodos participativos para
la toma de decisiones.
Aunque no dispone de una definición generalmente
aceptada, el principio de precaución puede describirse
operativamente como la estrategia que, con enfoque
preventivo, se aplica a la gestión del riesgo en aque-
llas situaciones donde hay incertidumbre científica
sobre los efectos que en la salud o el medio ambien-
te puede producir una actividad determinada. Su apli-
cación requiere que, antes de aceptar una actividad
o procedimiento nuevo, se disponga de evidencia de
que el riesgo que comporta es aceptablemente bajo
y no sólo de ausencia de evidencia de que el riesgo
es elevado e inaceptable. La implementación, sin em-
bargo, es compleja, porque no se especifica cuanti-
tativamente la precaución que hay que tener o el mo-
mento en el que deben aplicarse las medidas
precautorias.
El principio de precaución tiene su analogía pobla-
cional y ecológica en uno de los fundamentos de la ética
médica –el principio de no maleficencia, primum non
nocere–, y contiene muchos de los atributos de la buena
praxis en salud pública, como son la prevención primaria
y el reconocimiento de que las consecuencias impre-
vistas e indeseables de la actuación humana no son
infrecuentes2. Cuando se dispone de evidencias de-
mostradas de riesgo para la salud o el medio ambien-
te, se aplican medidas preventivas; cuando no existe
esa certeza pero hay indicios de posibles efectos per-
judiciales, deben instaurarse acciones de forma antici-
pada (medidas de precaución) para evitar el potencial
daño.
La toma de decisiones en el ámbito de la salud pú-
blica suele basarse en la determinación cuantitativa del
riesgo, de manera que la restricción de actividades po-
tencialmente peligrosas se produce, con frecuencia, una
vez que los estudios científicos han establecido una aso-
ciación presumiblemente causal entre dichas activida-
des y su impacto adverso sobre la salud. Sin embar-
go, la investigación etiológica es costosa en tiempo y
recursos, está sujeta a limitaciones metodológicas (como
el número reducido de individuos estudiados), no
siempre alcanza a demostrar la asociación causal (efec-
to de la exposición) y, si la demuestra, se le exige que
sea estadísticamente significativa (aun cuando la falta
de significación no indica necesariamente la ausencia
de efecto). Así pues, el conocimiento científico comporta
muchas veces incertidumbre: no se puede asegurar
siempre que una determinada actividad o exposición
causará, o no, daño, y mientras se desarrollan los es-
tudios, las actividades potencialmente peligrosas con-
tinúan si no se toman medidas de precaución.
El principio de precaución intenta aproximar la in-
certidumbre científica y la necesidad de información a
la decisión política de iniciar acciones para prevenir el
daño. De acuerdo con el principio, es mejor ser más o
menos correcto en el momento adecuado, teniendo en
cuenta las consecuencias de equivocarse, que ser com-
pletamente correcto demasiado tarde. En otras pala-
bras, los errores en las decisiones deben favorecer la
precaución: el principio tiende a evitar los falsos ne-
gativos para así prevenir las exposiciones potencialmente
peligrosas y los problemas de salud innecesarios3. Pero
no hay que olvidar que en la toma de decisiones, como
en las acciones en salud pública, deben considerarse
tanto los riesgos como los beneficios.
A menudo la prevención es más coste-efectiva que
la curación. Potencialmente el coste social de adoptar
medidas de precaución podría llegar a ser muy eleva-
do, en especial si el impacto sobre la salud resultara
ser menor del esperado. Aun así, el principio de pre-
caución es de aplicación cuando hay una buena base
para considerar que una acción implementada de ma-
nera temprana, a un coste comparativamente bajo,
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El principio de precaución: implicaciones para la salud pública
(The principle of precaution: Implications for public health)
puede evitar un daño posterior mucho más costoso o
la aparición de efectos irreversibles.
Se ha argumentado que el principio de precaución
no es científico, puesto que promueve acciones pre-
ventivas sin que haya evidencia de causalidad. Sin em-
bargo, su aplicación implica la utilización de metodo-
logías habituales para la toma de decisiones informadas,
como la evaluación del riesgo, el análisis coste-bene-
ficio y la valoración de alternativas diversas, que tienen
base científica.
La evaluación del riesgo4,5, proceso sistemático de
identificación de las potenciales consecuencias adver-
sas de una actividad, tecnología o producto y de es-
timación de la probabilidad o riesgo de que se pro-
duzcan, consta de 4 etapas: identificación del riesgo,
caracterización de la relación dosis-respuesta, valora-
ción de la exposición y estimación del riesgo. El resul-
tado final incluye, por una parte, una declaración cuan-
titativa y cualitativa de los efectos esperados sobre la
salud y del número y la proporción de personas afec-
tadas, y por otra, una aproximación a las incertidum-
bres halladas. Este proceso tiene cierta similitud con
la investigación epidemiológica pero, al tratarse de un
instrumento para ayudar a la toma de decisiones y la
definición de políticas, se aplica a poblaciones como
las que constituyen un país e intenta contestar de ma-
nera formal y estricta preguntas, en general, de difícil
respuesta.
En la secuencia de aplicación del principio de pre-
caución, la evaluación del riesgo va seguida de la ges-
tión del mismo. La gestión del riesgo se caracteriza por
sopesar los riesgos y los beneficios asociados a una
actividad y seleccionar una estrategia de actuación que
modifique los niveles de riesgo a que están sometidos
los individuos o la población6. Este proceso implica la
comunicación del riesgo o transmisión de la informa-
ción obtenida en la evaluación tanto a los políticos como
a la población afectada. Por tanto, debe ser transpa-
rente y multidisciplinario, involucrando a todas las par-
tes implicadas con el objetivo de valorar las diferentes
opciones, incluidas las consecuencias potenciales de
la decisión de no actuar. La sociedad acepta muchas
situaciones que suponen, a la vez, riesgos y beneficios.
La clave está en situar los límites de la exposición a
unos niveles en que el equilibrio, el trade-off, entre unos
y otros sea socialmente aceptable.
El proceso de gestión del riesgo valora comparati-
vamente el riesgo, controla la exposición y monitoriza
el riesgo basándose en los 5 principios siguientes: a)
proporcionalidad (las medidas que se adopten han de
ser proporcionales al nivel de protección deseado, te-
niendo en cuenta que jamás se puede alcanzar un ries-
go cero); b) no discriminación (situaciones comparables
no han de tratarse de manera diferente y situaciones
diferentes no deben tratarse de la misma forma); c) con-
sistencia (las medidas tienen que ser comparables a
las que se han adoptado en circunstancias similares o
utilizandoenfoques parecidos); d) estudio de los be-
neficios y los costes de las acciones y de la falta de
acción (análisis del coste-beneficio, de la eficacia, del
impacto económico y social y, en determinadas cir-
cunstancias, consideraciones no economicistas), y e)
revisión de los avances científicos (las medidas que se
adopten deben ser provisionales, mientras no se dis-
ponga de datos concluyentes y se considere que el ries-
go es demasiado elevado para imponerlo a la socie-
dad; por tanto, la investigación ha de continuar y las
medidas tienen que evaluarse y modificarse en función
del conocimiento científico disponible)7. La sistemática
descrita indica que las decisiones basadas en el prin-
cipio de precaución no se toman, pues, de manera ar-
bitraria o discriminatoria.
Algunos ejemplos de actividades o tecnologías que
pueden suponer un riesgo para la salud, como los dis-
ruptores hormonales y la telefonía móvil, servirán para
ilustrar la utilización práctica del principio de precaución.
Los productos químicos sintéticos que pueden in-
terferir en el sistema endocrino están ampliamente dis-
tribuidos en el medio ambiente, y hay un alto grado de
incertidumbre sobre el qué, el cuándo y el cómo de su
potencial efecto sobre la salud. El conocimiento cien-
tífico tiene limitaciones para conocer y comprender tanto
los aspectos relacionados con la exposición como los
relativos a la variabilidad de la respuesta en individuos
y poblaciones. Sin embargo, esta falta de evidencia cien-
tífica no significa que dichos productos no puedan su-
poner un riesgo para la salud humana. Aun así, su co-
mercio y utilización están autorizados y, por tanto, los
seres humanos siguen expuestos a ellos. Además, pa-
rece ser que los efectos de los disruptores hormona-
les pueden aparecer a dosis bajas, ser acumulativos e
incluso sinérgicos, y depender más del tiempo o mo-
mento de la exposición que de la dosis. Esto significa
que exposiciones bajas, o quizás únicas, durante eta-
pas críticas del desarrollo (embarazo, infancia) podrían
producir efectos permanentes en el organismo. Por otra
parte, aunque el efecto de la disrupción hormonal pu-
diera ser leve en un individuo, tendría grandes impli-
caciones para la población8.
Las radiaciones de radiofrecuencia emitidas por la
telefonía móvil se sitúan en la zona baja del espectro
electromagnético, no son ionizantes y producen efec-
tos térmicos. Los estudios experimentales, in vivo, in vitro
y en voluntarios, han demostrado que el aumento de la
temperatura tiene efectos sobre el sistema nervioso que
son difíciles de interpretar en términos de riesgo para
la salud humana. Se desconoce si la exposición es ino-
cua o si pueden existir efectos no identificados todavía.
Por otra parte, los datos epidemiológicos disponibles in-
dican que la exposición a radiaciones como las descri-
tas no está asociada a la aparición de cáncer ni tiene
efectos sobre la reproducción. Estos estudios presen-
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tan limitaciones para identificar efectos leves que podrían
producirse con una exposición intensa y prolongada, o
efectos crónicos que pudieran aparecer varios años des-
pués de la exposición. De hecho, el único efecto sobre
la salud asociado a la utilización, que no a la radiación,
de los teléfonos móviles son los accidentes de tráfico.
Como conclusión puede decirse, pues, que con el co-
nocimiento actual no hay evidencia científica de que la
exposición a la radiofrecuencia de la telefonía móvil cause
problemas de salud, pero no hay información suficien-
te para asegurar que no representa un riesgo9. Es decir,
la ausencia de evidencia no significa ausencia de ries-
go. Además, al igual que en el caso de los disruptores
hormonales, también los potenciales efectos pequeños
de la telefonía móvil en el individuo podrían llegar a tener
gran repercusión poblacional debido a la amplia difusión
y uso de esta tecnología.
En los ejemplos descritos, la aplicación del principio
de precaución pasa por la divulgación de la información
científica disponible a todos los estamentos implicados,
el fomento de la toma de decisiones basada en la limi-
tación de los niveles de exposición (manejo de la expo-
sición de forma más restrictiva y prudente), la formula-
ción de objetivos con alcance y evaluación a largo plazo
y la búsqueda de alternativas más seguras. La bondad
del principio de precaución para la salud pública reside
en que su implementación requiere la utilización de me-
todología científica propia de este campo y promueve la
innovación y los avances tecnológicos en un entorno de
transparencia y participación democrática10.
Emilia Sánchez
Agencia de Evaluación de Tecnología 
e Investigación Médicas. Barcelona.
emsanchez@catsalut.net
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