Direitos Indígenas no Brasil

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“CONOCEMOS
NUESTROS
DERECHOS
Y VAMOS A LUCHAR
POR ELLOS”
DERECHOS INDÍGENAS EN BRASIL.
LOS GUARANÍES KAIOWÁ
Para los guaraníes kaiowá de Brasil, al igual
que para todos los pueblos indígenas, las
tierras tradicionales tienen una importancia
vital para su identidad y forma de vida.
Alrededor de 30.000 guaraníes kaiowá viven
en el estado de Mato Grosso do Sul, en el
centro-oeste del país. Desde hace más de un
siglo, la expansión de la agricultura en gran
escala expulsa a sus comunidades de sus
tierras, proceso que continúa actualmente.
Las consecuencias para las comunidades
afectadas pueden ser devastadoras.
Treinta y cinco familias guaraníes kaiowá de
la comunidad de Laranjeira Ñanderu,
incluidos unos 85 menores, viven en chozas
improvisadas junto a la transitada carretera
BR-163, en Mato Grosso do Sul. Sus
condiciones de vida son deplorables y sufren
las amenazas y el hostigamiento de los
guardas de seguridad armados contratados
por los agricultores locales.
Las familias fueron desalojadas de las tierras
tradicionales en septiembre de 2009. La
Policía Federal, que supervisó el desalojo,
comunicó al terrateniente que la comunidad
regresaría para recoger el resto de sus
pertenencias. Sin embargo, el terrateniente
quemó las casas de las familias y todas sus
pertenencias.
La comunidad vive ahora en chozas
cubiertas de planchas de plástico negro a
temperaturas de más de 30º C. La zona se
inunda con frecuencia y el campamento está
plagado de insectos y sanguijuelas. Según el
líder de la comunidad, José Almeida, los
agricultores locales pasan con sus autos a
gran velocidad junto a la comunidad durante
Amnistía Internacional, febrero de 2011 Índice: AMR 19/001/2011
“Sufrimos demasiado con tanta
violencia en y contra nuestras
comunidades […]
No pedimos, exigimos
derechos: La demarcación
de nuestras tierras con
urgencia para que podamos
volver a vivir en paz,
con felicidad y dignidad.”
Carta abierta de los guaraníes kaiowá al presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, agosto de 2010
la noche y enfocan las luces hacia las
chozas para intentar intimidarles.
Los pueblos indígenas siguen teniendo
graves obstáculos para que sus derechos
sean reconocidos y respetados en Brasil. El
gobierno federal ha hecho algunas
promesas importantes a los indígenas, pero
también ha enviado algunos mensajes muy
contradictorios. Por un lado, ha ofrecido
cierta protección a los derechos de los
indígenas; por otro, ha promocionado
proyectos de desarrollo a gran escala en la
región sin obtener el consentimiento previo,
libre e informado de los indígenas
afectados.
El hecho de que las autoridades brasileñas
no hayan garantizado el derecho a la tierra
de los pueblos indígenas de Mato Grosso do
Sul ha intensificado las privaciones
económicas y los trastornos sociales que
padecen las comunidades guaraníes kaiowá.
Los largos retrasos en los procedimientos
judiciales para devolver tierras a
comunidades y la ausencia generalizada de
castigo a quienes han atacado y matado a
indígenas han sentado las bases de una
violencia continua.
Índice: AMR 19/001/2011 Amnistía Internacional, febrero de 2011
La comunidad de Laranjeira Nhanderu
fue desalojada de sus tierras ancestrales
en septiembre de 2009. Tras el desalojo,
el terrateniente quemó las casas de las familias
y todas sus pertenencias. Ahora viven
en condiciones precarias junto a una carretera.
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LOS PUEBLOS INDÍGENAS
DE BRASIL
En Brasil viven más de 700.000 indígenas,
entre los que están la mayoría de las tribus
no contactadas del mundo. Existen más de
200 grupos indígenas que hablan alrededor
de 180 lenguas diferentes. Las tierras
tradicionales tienen una importancia central
para su identidad y su bienestar social,
cultural y económico, algo que el gobierno
reconoció cuando acuñó la frase “indio es
tierra”.
Portada: Miembros de la comunidad guaraní
kaiowá de Passo Piraju, 2009.
© Amnistía Internacional
Amnistía Internacional, febrero de 2011 Índice: AMR 19/001/2011
LA TRAGEDIA QUE SE EXTIENDE
EN MATO GROSSO DO SUL
La lucha de los guaraníes kaiowá por la tierra
tropieza con el obstáculo de una frontera
agrícola en expansión en Mato Grosso do
Sul.
En este estado viven aproximadamente
50.000 indígenas de varios grupos étnicos,
siendo el de los guaraníes kaiowá el más
grande. Sus tierras tradicionales están
situadas en el sur del estado, en medio de
grandes extensiones de tierra fértil y llana.
En los últimos años, esta zona se está
convirtiendo en la nueva frontera de la
industria de la caña de azúcar en expansión.
Esta es la última etapa de una larga historia
de incursiones agroindustriales en territorios
indígenas. A finales del siglo XIX, fue la yerba
mate la que engulló grandes extensiones de
tierra. A partir de la década de 1950, la cría
de ganado y los cultivos comerciales –sobre
todo soja, pero también azúcar, maíz, trigo y
alubias– han ido cubriendo gradualmente la
zona.
A principios del siglo XX, los indígenas de
Mato Grosso do Sul se vieron obligados a
vivir en una serie de reservas. Sin embargo,
siguió habiendo muchas aldeias (pueblos
indígenas) fuera de los asentamientos
oficiales sobre tierras tradicionales. No
obstante, esta situación cambió con los
planes de colonización del gobierno estatal,
que animaban a los colonos a trasladarse a
la zona desde otras partes del país, y el
aumento de la cría de ganado. Las aldeias
que quedaban sufrieron una intensa presión
y sus habitantes se vieron obligados a salir
de la tierra para vivir en las reservas. Hoy,
estas reservas están gravemente
superpobladas. Afectadas por la pobreza y
por las divisiones étnicas, las comunidades
indígenas subsisten sobre todo gracias a la
ayuda alimentaria gubernamental (cestas
básicas). Según el fiscal federal, doctor
Marco Antonio Delfino de Almeida, “esta
situación demográfica es comparable a estar
confinado en un espacio tan pequeño que es
imposible mantener la vida social,
económica y cultural.”
En un informe de 2009 sobre Brasil, el
relator especial de la ONU sobre la situación
de los derechos humanos y las libertades
fundamentales de los indígenas escribió que
PARAGUAY
Coronel Sapucaia
Paranhos
Juti
Corumbá
BOLIVIA
Amambaí
Coxim
Campo Grande
Dourados
MATO GROSSO DO SUL
Ponta Porã
Mato Grosso do Sul. La parte meridional del
estado (área sombreada) es donde los
diferentes grupos de guaraníes kaiowá
reclaman parcelas de tierra, una sucesión de
pequeñas islas de territorio indígena rodeadas
de explotaciones agrícolas.
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BRASIL
Mato Grosso do Sul “tiene la tasa más
elevada de muertes de menores indígenas
debido a las precarias condiciones de salud
y acceso al agua y a los alimentos,
relacionadas con la falta de tierras.” La
desnutrición infantil y los elevados índices de
suicidio, violencia y alcoholismo están
amenazando con socavar la mera identidad
de estas complejas culturas.
En estas terribles condiciones, algunas
comunidades han emprendido un peligroso
viaje fuera de las reservas, para regresar a
sus tierras ancestrales.
VIOLENCIA E INTIMIDACIÓN
En la década de 1990, en un contexto de
deterioro de las condiciones de vida en las
reservas, los guaraníes kaiowá adoptaron
una estrategia conocida como retomada –la
reocupación pacífica de pequeñas parcelas
de tierra en sus territorios tradicionales– para
intentar acelerar el proceso de devolución de
sus tierras. Estas acciones se toparon con
amenazas, violencia y desalojos a manos de
grupos armados a sueldo de los
terratenientes. Varios líderes indígenas
fueron asesinados y las autoridades no han
hecho justicia contra los responsables de
estas muertes, lo que ha fomentado un clima
de violencia.
El 11 de enero de 2003, Marcos Verón, un
líder (cacique) guaraní kaiowá de 72 años de
edad, encabezó un pequeño grupo de
indígenas para intentar reocupar
pacíficamente una pequeña parte del
territorio indígena takuara del municipio de
Juti, en Mato Grosso do Sul. Los takuaras
habían sido expulsados de la tierra en 1953y este era su tercer intento desde 1999 de
volver a ocupar sus tierras tradicionales.
Pese a las garantías iniciales que dieron los
representantes de la Fundación Nacional del
Indio (Fundação Nacional do Índio, FUNAI)
y la policía de que no habría desalojos
forzosos y de que se negociaría un acuerdo
pacífico con el terrateniente, la violencia
llegó con rapidez. Según informes, el 12 de
enero de 2003, cerca de la zona reocupada
se reunió un grupo integrado por
trabajadores agrícolas y pistoleros a sueldo
que dispararon contra un camión en el que
viajaban varios miembros de la comunidad.
Reginaldo Verón, de 14 años, sobrino de
Marcos Verón, recibió un disparo en la
pierna. A la mañana siguiente, un grupo de
Índice: AMR 19/001/2011 Amnistía Internacional, febrero de 2011
Arriba izquierda: Ladio Ava Taperendy’i junto
una cruz erigida en memoria de su padre,
Marcos Verón, que murió en 2003 por los
golpes propinados por trabajadores agrícolas
tras haber encabezado una reocupación de las
tierras tradicionales de su comunidad.
Arriba derecha: Marcos Verón en Porto Seguro
con ocasión del 500 aniversario de la llegada
de los portugueses a Brasil, abril de 2000.
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unos 30 hombres atacó el campamento. El
hijo de Marcos Verón, Ladio Ava Taperendy’i,
que recibió una brutal paliza y fue
amenazado de muerte en el ataque, cuenta
así lo sucedido:
“Todos hicieron estallar dispositivos
pirotécnicos, dispararon sus revólveres y
arrojaron petardos con las armas dirigidas
hacia nuestras tiendas. Se podía oír a
mujeres y niños llorando de desesperación
[…] mientras tanto, agarraron al cacique
Marcos Verón de la otra tienda y empezaron
a golpearlo y a darle puntapiés hasta que
cayó al suelo. Después de que cayera al
suelo, cada uno de ellos propinó puntapiés
al cacique, que gemía de dolor en el suelo.
Les grité que dejaran de pegarle porque es
viejo y está retirado […] Luego vi que
pegaban a mi padre en la cabeza con la
culata del rifle y vi su cara por última vez
[…] no volvió a moverse […]”
Documento firmado por 71 guaraníes kaiowá y
entregado a Amnistía Internacional, mayo de 2005
Los agresores abandonaron a Marcos Verón
y a su hijo junto a la carretera. Más tarde
Marcos Verón fue trasladado al hospital,
donde murió como resultado de sus
lesiones. La respuesta inmediata de la
Fiscalía Federal de Dourados y su
investigación sobre el ataque garantizó la
rápida detención de varios hombres y que se
dictaran órdenes de detención contra otros
sospechosos. Todos ellos fueron acusados
formalmente de diversos delitos, incluidos
los de asesinato, intento de asesinato,
secuestro y tortura. Sin embargo, el caso
avanza con suma lentitud. Finalmente llegó a
juicio en abril de 2010, pero la vista se
suspendió debido a la decisión del tribunal
de denegar los servicios de un traductor para
los testigos, muchos de los cuales tienen
dificultades para expresarse en portugués, lo
que va en detrimento de su derecho a la
justicia.
El caso de Marcos Verón se ha convertido en
un símbolo de la exclusión de los guaraníes
kaiowá de la justicia. A pesar de toda la
atención internacional que suscitó su
muerte, siete años después nadie ha
respondido de ella ante la justicia.
Desde el homicidio de Marcos Verón, el uso
de la violencia contra los indígenas
continúa sin disminuir. Se han atribuido
Amnistía Internacional, febrero de 2011 Índice: AMR 19/001/2011
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numerosos ataques y homicidios a guardas
de seguridad privados contratados por
terratenientes locales, que actúan como
milicias armadas irregulares y aterrorizan a
las comunidades indígenas. Se han
atribuido varios casos a la empresa de
seguridad Gaspem Segurança, contratada
por los terratenientes, que actualmente
investigan fiscales federales, tras
numerosas acusaciones contra sus
empleados. Cuatro relatores especiales de
la ONU –la relatora especial sobre las
poblaciones indígenas y su relación con la
tierra, el relator especial sobre el derecho a
la alimentación, la relatora especial sobre la
violencia contra la mujer, con inclusión de
sus causas y consecuencias, y el relator
especial sobre la vivienda adecuada– han
trasladado también su preocupación a las
autoridades brasileñas en relación con
estas alegaciones.
Algunos guardas al servicio de la empresa
han sido enjuiciados por el homicidio del
líder indígena Dorvalino Rocha en diciembre
de 2005 y los fiscales federales han acusado
a otros del homicidio de la líder espiritual
Xurete Lopes en enero de 2007, aunque la
empresa niega toda implicación.
Persisten las denuncias contra Gaspem
Segurança. La comunidad guaraní kaiowá de
Apyka’, integrada por 15 familias que viven
cerca de Dourados, en Mato Grosso do Sul,
ha intentado reocupar sus tierras
tradicionales varias veces desde que fueron
expulsados de ellas por los agricultores en la
década de 1990. Al igual que la comunidad
de Laranjeira Ñanderu, viven junto a la
carretera que pasa por sus tierras
tradicionales desde que el terrateniente les
entregó una orden de desalojo en abril de
2009. A la 1 de la madrugada del 18 de
septiembre de 2009, unos 10 hombres
armados atacaron la comunidad. Un hombre
de 62 años recibió un disparo en una pierna
y una mujer fue objeto de una paliza. Los
agresores quemaron una choza y
amenazaron con que habría muertes si la
comunidad no abandonaba el campamento.
Los fiscales federales están investigando la
posibilidad de que el ataque haya sido obra
de guardas de seguridad de Gaspem
Segurança.
La constante de amenazas y discriminación
se repite en todo el estado. El 29 de octubre
Índice: AMR 19/001/2011 Amnistía Internacional, febrero de 2011
Arriba derecha: Cartel indicador que identifica
tierras de la comunidad Jatayvary cerca de
Dourados.
Página anterior: Choza quemada perteneciente
a la comunidad guaraní kaiowá de Apyka. Diez
hombres armados atacaron su campamento al
borde de una carretera en septiembre de 2009.
Arriba izquierda: Dirigente guaraní kaiowá en la
reserva de Dourados, mayo de 2008.
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de 2009, un grupo de unos 25 miembros de
la comunidad guaraní kaiowá de Y’poí
reocupó sus tierras tradicionales, cerca de la
ciudad de Paranhos. Al día siguiente,
llegaron decenas de hombres armados y el
grupo huyó a un bosque cercano. Los
miembros de la comunidad dicen que vieron
que los pistoleros se llevaron al maestro de
alfabetización, Genivaldo Vera, mientras su
primo, Rolindo Vera, también maestro, huía
al bosque. El 7 de noviembre se encontró el
cuerpo de Genivaldo Vera en un arroyo
próximo. Las fotos del cadáver que divulgó la
policía muestran que le habían afeitado la
cabeza y que tenía el cuerpo lleno de
magulladuras. El paradero de Rolindo Vera
sigue sin conocerse y la comunidad teme
que pueda haber sido secuestrado y llevado
a Paraguay.
En agosto de 2010, los guaraníes kaiowá de
Y’poí reocuparon sus tierras una vez más. En
septiembre, se vieron rodeados de hombres
armados a sueldo de los propietarios de
tierras locales que los amenazaron e hicieron
disparos al aire por la noche. También les
impidieron salir de su campamento. La
comunidad se quedó sin acceso al agua, al
alimento, a la educación ni a la atención
para la salud. La Fundación Nacional de la
Salud (FUNASA), organismo federal, no les
proporcionó atención para la salud, alegando
que no podía garantizar la seguridad de sus
empleados.
La comunidad guaraní kaiowá de Ita’y
Ka’aguyrusu vive una situación similar.
Varios miembros de la comunidad
reocuparon sus tierras tradicionales el 4 de
septiembre de 2010. Desde entonces, los
agricultores locales les han atacado cuatro
veces. Efigênia, una maestra indígena de la
comunidad, contó que durante el último
ataque, el 21 de septiembre, los hombres de
la localidad fueron al campamento armados
con palos, amenazando con golpear a las
mujeres y los niños, e hicieron estallar
dispositivos pirotécnicos para asustarles. En
ocasiones anteriores, los agricultores habían
hecho disparos y tratado deatropellar con
sus vehículos a miembros de la comunidad.
La comunidad guaraní kaiowá de Kurusú
Ambá, en el municipio de Coronel Sapucaia,
Amnistía Internacional, febrero de 2011 Índice: AMR 19/001/2011
Miembros de la comunidad guaraní kaiowá
de Passo Piraju, 2009.
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Los primos Genivaldo (izquierda) y Rolindo Vera, maestros de alfabetización que trabajaban
con la comunidad guaraní kaiowá de Y’poí. Tras un desalojo violento en 2009, Genivaldo Vera
fue secuestrado por hombres armados. Días después se encontró su cuerpo en un arroyo
cercano. Rolindo Vera huyó, y su paradero sigue sin conocerse.
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reocupó tierras en noviembre de 2009 y
ahora vive en condiciones sumamente
precarias, con suministros de alimentos
insuficientes y un acceso muy limitado a la
atención para la salud. En septiembre de
2010, murió un niño indígena de tres años,
aparentemente de desnutrición. Tras el
fallecimiento, la FUNASA, que no había
enviado a sus funcionarios a la comunidad
por razones de seguridad, emitió un
comunicado de prensa en el que afirmaba
que el nivel de conflicto era tal que el acceso
era difícil hasta para la policía federal y
militar. La comunidad ha sido amenazada en
reiteradas ocasiones por pistoleros que se
cree tienen relación con terratenientes
locales.
PROMESAS Y RETRASOS
Los derechos de los pueblos indígenas a sus
“tierras ocupadas tradicionalmente” fueron
consagrados en el artículo 231 de la
Constitución de Brasil de 1988. Esta fue, y
sigue siendo, una de las victorias más
destacadas de la lucha por los derechos
indígenas a la tierra y a la identidad.
Según la Constitución, el gobierno federal
tiene la responsabilidad de proteger y
volver a transferir las tierras tradicionales
a los pueblos indígenas de Brasil. El
complejo proceso de transferencia es
administrado por la FUNAI e incluye
cinco etapas: identificación, delimitación
de fronteras, demarcación oficial,
ratificación (denominada a menudo
“homologación”) por el presidente, e
inscripción. La Constitución ordenó la
demarcación de todas estas tierras antes
de 1993.
Desde 1988 se han hecho transferencias de
tierras importantes a los pueblos indígenas,
sobre todo en el norte del país, donde se han
demarcado grandes reservas, como Raposa
Serra do Sol, el Parque do Xingu y los
territorios yanomamis. Sin embargo, incluso
aquí, las transferencias de tierra se han
llevado a cabo en un trasfondo de oposición
local violenta de los terratenientes locales.
Hay además continuas amenazas de
desarrollo económico dentro de las reservas,
incluida una serie de proyectos
hidroeléctricos previstos en la Amazonía, a
los que los pueblos indígenas afectados no
han dado su consentimiento libre, previo e
informado.
Índice: AMR 19/001/2011 Amnistía Internacional, febrero de 2011
Sin embargo, en conjunto, el proceso de
transferencia de tierras está siendo
exasperantemente lento. Puede llevar años,
cuando no décadas, resolver una
reclamación. Muchos factores han
contribuido a los retrasos, entre ellos la
infradotación a largo plazo de la FUNAI y la
oposición de los terratenientes locales y
gobiernos estatales. El proceso se ha
retrasado aún más debido a un aluvión de
apelaciones judiciales estatales y federales
presentadas por terratenientes, y a la
resistencia de algunos jueces a las
reclamaciones indígenas.
En un intento de acelerar el proceso, en
noviembre de 2007, la Fiscalía Federal de
Mato Grosso do Sul firmó un acuerdo
extrajudicial denominado TAC (Termo de
Ajustamento de Conduta), en cuya virtud la
FUNAI se comprometía a identificar y
delimitar 36 extensiones distintas de tierras
tradicionales de los guaraníes kaiowá antes
de abril de 2010. La iniciativa contó con la
oposición del gobierno del estado de Mato
Grosso do Sul y del lobby agrícola, que
lograron desbaratar el proceso presentando
una serie de apelaciones judiciales. Los
fiscales federales criticaron a la FUNAI por la
falta de avances, afirmando que “constituía
una violación grave e inconcebible de
derechos fundamentales garantizados
expresamente en la Constitución de 1988”.
Ahora que el plazo ha expirado sin que las
identificaciones se hayan completado, los
fiscales federales han empezado a multar a
la FUNAI por el retraso. Este dinero será
pagado como indemnización a los pueblos
indígenas afectados.
EL DESAFÍO
DE LA AGROINDUSTRIA
Mientras el proceso de demarcación sigue
estancado, en Mato Grosso do Sul se está
produciendo una nueva oleada de desarrollo
agroindustrial. Las plantaciones de caña,
propiedad de poderosas usinas (destilerías)
o arrendadas por éstas, se están
extendiendo por tierras identificadas como
indígenas, pero que siguen esperando la
etapa final del reconocimiento legal. Por
ejemplo, en 1999, se identificaron 8.000
hectáreas de tierra como territorio tradicional
de la comunidad de Jatayvary, situada cerca
de Dourados. Desde esa fecha, el proceso
de demarcación está bloqueado en los
tribunales. La aldeia ocupa ahora sólo 180
hectáreas y está rodeado por todas partes de
caña de azúcar.
Amnistía Internacional, febrero de 2011 Índice: AMR 19/001/2011
El líder indígena Arlindo dijo a Amnistía
Internacional que no podía comprender por
qué el proceso de demarcación se había
paralizado mientras la siembra y la cosecha
de caña de azúcar seguía adelante. La
plantación de caña de azúcar empieza cerca
de linde de la aldeia. Arlindo contó que los
trabajadores agrícolas intentaron intimidar a
los indígenas apuntando arcos de luz hacia
la comunidad por la noche, que la
comunidad ya no puede pescar en el río
cercano debido a la contaminación, y que
las cosechas de los indígenas están
infestadas de insectos por el uso de
pesticidas en los campos de caña. Dijo que
ni el gobierno ni los representantes de la
industria han consultado nunca a la
comunidad y que hacen caso omiso de su
reiteradas quejas.
Los daños causados a las tierras
tradicionales indígenas de Mato Grosso do
Sul por el desarrollo agroindustrial suscitan
gran preocupación, pues la reducción de la
futura productividad de la tierra va en
detrimento de su capacidad de sostener la
forma de vida de los pueblos indígenas
cuando puedan regresar a sus tierras. La
necesidad de preservar la integridad y
viabilidad de la tierra es fundamental para
los pueblos indígenas, y los Estados y las
empresas tienen la obligación de no realizar
actividades destructivas en tierras
tradicionales antes de devolverlas.
En abril de 2010, la Fiscalía Federal de
Dourados firmó un acuerdo TAC con una
usina local para cancelar contratos con
proveedores de caña situados en tierras
tradicionales indígenas que están en proceso
de identificación, demarcación u
homologación. El acuerdo significa que la
usina dejará de utilizar caña producida en
las tierras de la comunidad Jatayvary. La
Fiscalía de Dourados dijo a Amnistía
Internacional que, aunque esto podría
parecer un pequeño paso, en realidad
representa un avance significativo, pues
sienta un precedente para otros acuerdos
similares, no sólo con la industria de la caña,
sino también con criadores de ganado y
cultivadores de soja.
Índice: AMR 19/001/2011 Amnistía Internacional, febrero de 2011
Arlindo, miembro de la comunidad guaraní
kaiowá de Jatayvary, mira los campos de caña
de azúcar que se extienden desde el límite
su poblado en las tierras tradicionales
de la comunidad. Como en muchos
casos de comunidades guaraníes kaiowá,
las reclamaciones de tierras de la comunidad
de Jatayvary continuaban bloqueadas
en los tribunales.
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Amnistía Internacional, febrero de 2011 Índice: AMR 19/001/2011
OBLIGADOS A CORTAR CAÑA
Al negarles el acceso a sus tierras
tradicionales, los guaraníes kaiowá no tienen
más remedio que trabajar en el mosaico de
fincas que cubre el estado. Actualmente,
más de la mitad de los varones jóvenes
guaraníes kaiowá recorren grandes
distancias dentro del estado para trabajar
como cortadores de caña en las
plantaciones, a menudo en duras
condicionesde explotación.
José (no es su nombre real) trabajó como
cortador de caña y contó a Amnistía
Internacional sus condiciones de trabajo.
José vive en la aldeia de Ñande Ru
Marangatu. Aunque las tierras tradicionales
de su comunidad fueron ratificadas
oficialmente por el presidente Lula en marzo
de 2010, las apelaciones de los
terratenientes han retrasado su devolución a
la comunidad. Cuando se redactan estas
líneas, el caso seguía paralizado en los
tribunales. Sin poder trabajar en las fincas
locales debido a la hostilidad local hacia las
reclamaciones de tierras de la comunidad,
José tuvo que buscar trabajo a cientos de
kilómetros de ahí. Así describió la caótica
situación que se encontró cuando llegó a los
campos de caña del municipio de
Sidrolândia después de un trayecto de seis
horas en autobús:
Las experiencias de José son reflejo de las
de cientos de otros cortadores de caña
indígenas. En dos casos clave, alrededor de
mil trabajadores indígenas fueron rescatados
durante inspecciones de los fiscales
federales de trabajo, cuando visitaron el
estado en 2007. En la Distilaria Centro-Oeste
Iguatemi (Dcoil) y la Usina Debrasa de
Brasilândia, los fiscales encontraron
cortadores de caña indígenas que vivían
hacinados en alojamientos llenos de
suciedad, a quienes daban comida podrida y
a los que llevaban a los campos de caña en
autobuses sin frenos. Los trabajadores
contaron a los fiscales de trabajo que en los
campos no había agua potable, cobijo ni
asistencia médica. Dijeron que a menudo les
pagaban tarde y que era habitual que los
empleadores no abonaran sus
contribuciones a la seguridad social, de las
que dependen prestaciones futuras, como
las pensiones de jubilación. Ambas
empresas fueron incluidas en la “lista sucia”,
relación oficial que denuncia citando sus
nombres a las empresas cuyos empleados
trabajan en condiciones que la legislación
brasileña califica de análogas a la esclavitud.
Para muchos trabajadores indígenas, su
relación principal es con los cabeçantes,
cabecillas de bandas indígenas, llamados
también capitães. Son los cabeçantes
quienes suelen organizar cuadrillas de
trabajadores indígenas. La mayoría de estos
tiene un conocimiento limitado de sus
derechos legales y no pertenece a ningún
sindicato. En manos de los cabeçantes,
muchos, como José, son explotados.
La FUNAI es el organismo encargado de
supervisar las condiciones de trabajo de los
trabajadores indígenas y de denunciar los
abusos que se cometen contra ellos. Sin
embargo, la directora de la FUNAI en
Dourados, Margarida Nicoletti, dijo a
Amnistía Internacional que aunque la FUNAI
debería vigilar las condiciones de trabajo y
facilitar orientación a las usinas sobre la
contratación de trabajadores indígenas, no
había recursos para llevar a cabo esta labor.
Con la mecanización, que se extiende en el
estado, y el estancamiento del proceso de
demarcación de las tierras, la lucha de los
guaraníes kaiowá por sus derechos es más
urgente que nunca. Las autoridades deben
actuar conjuntamente para impedir que se
sigan erosionando estos derechos.
Garantizar sus derechos a las tierras
tradicionales es un paso vital para permitir
que los indígenas reconstruyan sus
sociedades y economías y protejan así su
forma de vida y su legado cultural.
Índice: AMR 19/001/2011 Amnistía Internacional, febrero de 2011
“Llegas ahí y estás en medio
del infierno [...] No teníamos
jabón, nada para ducharnos,
para dormir [...] te alquilaban la
habitación y luego lo deducían
de tu salario; te prometían 450
reales, pero nunca los ves: todo
lo que bebes y comes te lo
deducen [...] Había gente que
quería ahorcarse. Cuando nos
fuimos, grupos de trabajadores
que llevaban meses sin cobrar
su salario lloraban en medio de
los campos de caña.”
Debido a la discriminación, muchas personas
indígenas se ven obligadas a aceptar trabajos
mal pagados y difíciles, a menudo como
cortadores de caña.
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NORMAS INTERNACIONALES
Los pueblos indígenas gozan de derechos
específicos previstos en las normas
internacionales. Los dos instrumentos
internacionales de derechos humanos clave
que abordan los derechos de los pueblos
indígenas son el Convenio sobre pueblos
indígenas y tribales (Convenio 169) de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
y la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Juntos, el Convenio y la Declaración
proporcionan un sólido marco normativo que
afirma el derecho de los pueblos indígenas a
sus tierras tradicionales, junto con su
derecho al consentimiento libre, previo e
informado en relación con los proyectos de
desarrollo económico que puedan afectar a
estas tierras.
El Convenio exige que los gobiernos adopten
una estrategia coordinada para abordar las
cuestiones laborales que afectan a los
indígenas, con una vigilancia efectiva de la
contratación y de las condiciones de trabajo,
así como salvaguardias contra prácticas
discriminatorias. Esto incluye la obligación
de respetar la especial importancia de las
tierras tradicionales para los pueblos
indígenas y reconocer los derechos de estos
a la propiedad y posesión. También
establece que los pueblos indígenas no
deben ser trasladados fuera de las tierras
que ocupan. El Convenio consagra el
derecho de los pueblos indígenas a
participar en procesos de adopción de las
decisiones que les afectan, a decidir sus
propias prioridades de desarrollo, y a ejercer
el control sobre su propio desarrollo
económico, social y cultural.
Brasil fue uno de los primeros participantes
del grupo de trabajo de la ONU que redactó
la Declaración y votó a favor de ella en la
Asamblea General. Cuando se produjo la
votación, Brasil dio la bienvenida a la
Declaración y señaló que los pueblos
indígenas de Brasil “eran cruciales para el
desarrollo de la sociedad en todos los
aspectos, incluido el desarrollo de una vida
espiritual y cultural para todos.”
Amnistía Internacional, febrero de 2011 Índice: AMR 19/001/2011
Protesta en Brasilia en mayo de 2009 durante
el acto anual de Acampamento Terra Livre,
en el que pueblos indígenas de todo Brasil
se reúnen para luchar por sus derechos.
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CONCLUSIÓN
El crecimiento económico sostenido de
Brasil de los últimos diez años ha convertido
a este país en una importante economía
mundial. Sin embargo, esta riqueza no ha
beneficiado a muchos pueblos indígenas.
Según el Instituto de Geografía y Estadística
de Brasil, más del 30 por ciento de los
indígenas del país vive en la pobreza
extrema: más del doble que la población
general. En Mato Grosso do Sul es donde las
disparidades se hacen más evidentes.
Ahora que aumenta la presencia de Brasil en
la escena mundial, el gobierno federal debe
tomarse en serio los compromisos que ha
hecho en materia de derechos humanos. Y,
lo más importante, debe resolver todas las
reclamaciones de tierras pendientes y
garantizar que se pide y obtiene el
consentimiento libre, previo e informado
para cualquier decisión que afecte a las
tierras tradicionales indígenas.
“Ya se nos ha acabado la
paciencia. Ya se han superado
todos los límites y plazos.
Queremos nuestra tierra,
nuestra libertad.”
Líder indígena, comunidad Passo Piraju, septiembre de 2010
Índice: AMR 19/001/2011 Amnistía Internacional, febrero de 2011
La comunidad guaraní kaiowá de Passo Piraju
retomó una pequeña parte de su tierra
ancestral en 2006, pero está rodeada
de plantaciones de caña de azúcar y se
enfrenta a amenazas de hombres armados.
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“La mayor parte de los
indígenas de Brasil no se están
beneficiando del impresionante
progreso económico del país, y
están frenados por la
discriminación y la
indiferencia, son perseguidos y
expulsados de sus tierras y
obligados a realizar trabajos
forzosos.”
Navi Pillay, alta comisionada de las Naciones Unidas para
los derechos humanos, noviembre de 2009, después de una
visita oficial a Brasil
“
Escribe a las autoridades de Brasil
pidiéndoles que:
� Cumplan con sus obligaciones en virtud
de la Declaraciónde las Naciones Unidas
sobre los derechos de los pueblos
indígenas, el Convenio 169 de la OIT y la
Constitución de Brasil, a fin de resolver con
prontitud y con las debidas garantías todas
las reclamaciones de tierras indígenas
pendientes en Brasil.
� Investiguen exhaustivamente todos los
actos de violencia e intimidación contra
comunidades guaraníes kaiowá; den
protección inmediata a las comunidades
amenazadas y acceso completo a servicios
básicos, incluida atención para la salud; e
identifiquen, investiguen y lleven ante la
justicia a los responsables de abusos.
� Apoyen los esfuerzos de los fiscales
federales de regular el desarrollo agrícola en
tierras en proceso de identificación y
demarcación, a fin de garantizar que estas
tierras son apropiadas para proporcionar a
los guaraníes kaiowá sus niveles mínimos
adecuados de vida y sus derechos
económicos, sociales y culturales.
� Desarrollen un proceso, con los pueblos
indígenas, para garantizar su
consentimiento libre, previo e informado
respecto a cualquier proyecto de desarrollo
económico que pueda tener impacto sobre
sus tierras.
� Garanticen que la FUNAI, en
colaboración con los fiscales de trabajo,
vigila el proceso mediante el que se contrata
a los trabajadores indígenas, y da
seguimiento a todas las denuncias recibidas
en relación con condiciones de trabajo
degradantes, pagos irregulares o prácticas
de selección laboral discriminatorias.
Escribe a:
Ministro de Justicia
Exmo. Ministro
Sr. José Eduardo Cardozo
Esplanada dos Ministérios,
Bloco "T", 70064-900 - Brasilia/DF
Brasil
Fax: + 55 61 2025 7803
Tratamiento: Dear Minister /
Excmo. Señor Ministro
Secretaria de Derechos Humanos
Exma. Secretária de Direitos Humanos
Sra. Maria do Rosário Nunes
Setor Comercial Sul,
Edifício Parque da Cidade Corporate
Quadra 9, Lote C, Torre A , 10º andar
70308-200 - Brasília/DF
Brasil
Fax: + 55 61 2025 9414
Tratamiento: Dear Secretary /
Excma. Señora Secretaria
Amnistía Internacional es un movimiento mundial, formado por 2,8 millones de
simpatizantes, miembros y activistas de más de 150 países y territorios, que hacen
campaña para acabar con los abusos graves contra los derechos humanos.
Nuestra visión es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos
los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos
Humanos y en otras normas internacionales de derechos humanos.
Somos independientes de todo gobierno, ideología política, interés económico y
credo religioso. Nuestro trabajo se financia en gran medida con las
contribuciones de nuestra membresía y con donativos.
¡ACTÚA YA! ”
CARTA ABIERTA DE LOS GUARANÍES KAIOWÁ AL PRESIDENTE LULA, AGOSTO DE 2010
“Le hemos oído muchas veces hablar del problema de la demarcación de nuestras tierras
guaraníes y prometer personalmente resolverlo. No entendemos por qué esto no ha
ocurrido todavía […]. Ahora, presidente Lula, viene a la región de nuestras tierras
guaraníes kaiowá en Dourados sin haber hecho, en casi ocho años de gobierno,
prácticamente nada sobre nuestras tierras […] Señor presidente: por favor, no haga más
promesas: ordene que se demarque nuestra tierra […] conocemos nuestros derechos y
vamos a luchar por ellos. Hemos esperado demasiado y nuestra paciencia se ha agotado.
Sólo esperamos no tener que salir al mundo, a la ONU y a los tribunales internacionales
para denunciar al gobierno en el que depositamos tantas esperanzas […] No deje a nuestro
pueblo sufrir tanto. Siguen matando a nuestro pueblo como a animales y muchos de
nuestros jóvenes se suicidan por desesperación y falta de tierras. Sufrimos demasiado con
tanta violencia en y contra nuestras comunidades. Esto sólo empezará a cambiar con la
demarcación de nuestras tierras, junto con un plan para recuperar el entorno y producir
alimentos […]
No pedimos, exigimos derechos: la demarcación de nuestras tierras con urgencia para que
podamos volver a vivir en paz, con felicidad y dignidad.”
Índice: AMR 19/001/2011
Spanish
Febrero de 2011
(versión actualizada de
AMR 19/014/2010)
Amnistía Internacional
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