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Zulma Lugo

27/5/2024

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XXI Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Santiago, Chile, 8 - 11 nov. 2016

Evaluación de políticas públicas, inclusión y gobernanza:
una reflexión teórico-analítica

Carolina Muñoz Mendoza
Ismael Blanco Fillola

La evaluación de políticas y su potencial democratizador
El debate en torno a la evaluación de políticas públicas concuerda en su potencial
democratizador (Monnier, 1995; Bustelo, 2013; Subirats, 1995; Rosanvallon, 2007) como
herramienta que puede contribuir a la legitimidad de la acción pública expresada en las
políticas que se evalúan y a la confianza en la institucionalidad pública expresada en los
organismos que despliegan dichas políticas, atributos que se conciben como elementos
centrales para el fortalecimiento democrático, y que forman parte de los objetivos del diseño
institucional de las políticas de evaluación a nivel iberoamericano (Cunill y Ospina, 2012,
Martínez, 2015; Cardozo, 2005, Ospina, 2002).

En contraste con ello, las evidencias indican que la principal debilidad de la evaluación en la
región, es su escasa contribución a esos objetivos político-democratizadores.Este déficit se
expresa en la predominancia de evaluaciones estándar a escala nacional, con métodos y
criterios economicistas que desconocen la complejidad de las políticas, los problemas
públicos que abordan, sus particularidades sectoriales o territoriales, y que no incluyen a los
actores relevantes en las evaluaciones (Cunill y Ospina, 2012; Neirotti, 2012, Recuenco,
2015; Subirats, 2005).

De esa manera, la agenda investigativa planteacomo desafío que la evaluación despliegue
se función democratizadora, principalmente mediante la inclusión de actores sociales en las
evaluaciones, aplicando métodos participativos que lo permitan (Cardozo, 2005; Martínez,
2015; Feinstein, 2012).

Desde nuestra perspectiva, el desafío empírico que implica la función democratizadora que
se prescribe teórica e institucionalmente a la evaluación, implica simultáneamente el desafío
teórico de profundizar las diversas corrientes y supuestos normativo-conceptuales que
subyacen a esos postulados, problematizar la idea de inclusividad que se sugiere como
alternativa y aportar marcos analíticos que faciliten su comprensión y eventual despliegue.

Nuestra hipótesis de partida es que el potencial democratizador de la evaluación tiene directa
relación con la función que le corresponde en el control de la acción pública, en tanto
proceso básico de los sistemas democráticos, que se desarrolla en el marco de estructuras
conformadas por distintos actores sociales y estatales, quienes aplican diversos mecanismos
(uno de ellos la evaluación), mediante los que se pretenden incidir, vigilar y controlar el
comportamiento de los demás actores públicos (Crozier, 1992; Subirats, 2005; Rosanvallon,
2007).

Se trata por tanto de un fenómeno de naturaleza relacional, que se construye mediante
interacciones sociedad-estado, donde se encontraría el núcleo duro que la evaluación debe
atender para fortalecer su potencial democratizador y que por tanto, requiere una perspectiva
relacional para analizarlo.

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Frente a ello, recurrimos al enfoque de gobernanza, especialmente en su vertiente
participativa, interactiva o en red (Blanco y Gomà, 2003; Kooiman, 2005; Martí y Parés,
2011), para sostener que la sola inclusión de actores en los métodos evaluativos, sería
insuficiente si al mismo tiempo no se facilita sus interacciones en torno a los procesos
evaluativos, que además de los métodos incluyen la definición de agendas de evaluación y el
uso que se da a las evaluaciones.

Dentro del debate teórico del campo disciplinar de la evaluación, los primeros antecedentes
de la discusión sobre su potencial democratizador pueden situarse en el marco de los
enfoques de “cuarta generación” (Guba y Lincoln,1989) de aproximación constructivista, que
abogaron por la necesidad de contemplar el contexto social e incluir la perspectiva de los
actores relevantes a las intervenciones que se evalúan, ello en contraposición con los
enfoques clásicos de aproximación positivista, que caracterizó las tres primeras
generaciones de evaluadores1.

Lo anterior, bajo el argumento de que la realidad social y su complejidad, no pueden
abordarse desde lógicas mono-causales, sino multidimensionales y contextuales, que fueron
los principios básicos del constructivismo evaluativo.

En una primera etapa, desde la década de los setenta del siglo pasado, este giro
epistemológico dio lugar a una serie de innovaciones metodológicas que hasta el día de hoy
proliferan, especialmente en cuanto a la inclusión de la participación a nivel de métodos
evaluativos2. De la mano de este proceso, se abrió una fase de politización de la
evaluación, que reforzó la tendencia participativa que el constructivismo evaluativo venía
gestando.

Una de las primeras referentes fue Weiss (1975) quien defiende la naturaleza
eminentemente política de la evaluación, atendiendo a que son procesos en que se
confrontan actores, recursos e interesesy que por tanto, implican poder en juego. Mac
Donald (1979) por su parte, plantea que siendo la principal labor de la evaluación emitir de
juicios valorativos que afectan los recursos e intereses de personas, instituciones o actores
sociales, cumple necesariamente una función política yparticularmente “democrática”, en el
sentido que los métodos evaluativos deben incluir la perspectiva de esos actores.

Posteriormente, a partir de los años noventa, el debate se abrió a analizar más allá de la
naturaleza política de los procesos evaluativos y las necesidades metodológicas (más
participativas) que esto impone, pasando a problematizar el rol y función política que la
evaluación juega en los contextos sociales e institucionales de los que forma parte, discusión
que es especialmente aplicable al campo de la evaluación de políticas públicas y que
refuerza su definición como herramienta de control de la acción pública como veremos.

1De acuerdo a Guba y Lincoln (1989), las corrientes teóricas (generaciones) positivistas, se enfocaban en la medición, la
descripción y la valoración objetiva de las intervenciones que se evaluaban, desconociendo variables de contexto y el rol de
los actores.
2 Dentro de los nuevos enfoques se encuentran la evaluación “iluminativa (enlightenment)” de Carol Weis, de “meta libre
(goal free)” de Michael Scriven, “situada o de contexto” de Lee Cronbach, “responsiva (responsive evaluation)” de Robert
Stake, o “participativa y colaborativa (colaborative and particpatory evaluatión)” de Bradley Cousins. Para mayor
profundización de los enfoques teóricos de evaluación, revisar Ballart (1996), Alkin (2004), Guba y Lincoln (1989).
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En esa perspectiva, Alkin (2004) con su teoría “árbol de la evaluación”, realiza un aporte
interesante pues plantea que en el desarrollo teórico de esta disciplina existen tres ramas o
corrientes principales, una de las cuales se orienta al control y el accountability3, donde
identifica diversos enfoques que promueven la inclusión de actores en los métodos
evaluativos, y la activación de mecanismos de coordinación que permitan que la información
evaluativa se use con fines de rendición y control.

En esa misma línea y más recientemente, Bustelo (2013) concuerda en la efectiva necesidad
de generar evaluaciones más inclusivas y metodológicamente confiables, pero también
políticamente “creíbles”, atributo que a su juicio incide directamente en la legitimidad y
confianza de las políticas.

De acuerdo a estos planteamientos,desprendemos que la función política de la evaluación
no radica solo en la inclusiónde actores, sino también en la efectiva articulaciónque ellos
establezcan para el control de las políticas, cuestión que interpela directamente a las
políticas de evaluación, donde se definen los cursos de acción y mecanismos de
coordinación de la práctica evaluativa.

Aportando a esta discusión, el enfoque de evaluación pluralista de Monnier (1995), plantea
que en el marco del control de la acción pública, la evaluación es un espacio de
convergencia política entre diferentes actores públicos y privados, más allá del estado.

Su mayor preocupación es el reconocimiento de esa complejidad y la integración de las
diversas perspectivas y prácticas de evaluación, que operan en tres niveles: una
“reglamentaria” ejercida por los organismos de control bajo criterios de legalidad, una
“gerencial” ejercida por los sectores o niveles de gobierno que implementan las políticas bajo
criterios de eficacia, y una “política”, que resguarda criterios de transparencia y
responsabilidad pública, donde el rol de la ciudadanía ha de ser clave.

De esa manera, las políticas de evaluación debieran contemplar que la agenda evaluativa
por su diversidad, requiere no solo integrar mayor cantidad de actores “en” las evaluaciones,
sino generar articulaciones “entre”las distintas evaluaciones que ellos desarrollan, lo que
desde nuestra perspectivaremite a una discusión más enfocada en el ámbito relacional, que
complemente el debate por la inclusividad.

Otra contribución relevante se encuentra en el enfoque de evaluación múltiple (Majone,
1997) que, reconociendo la pluralidad de actores que intervienen en la evaluación de
políticas, se enfoca en la multiplicidad de métodos y técnicas que ellos aplican para evaluar,
más allá de la investigación evaluativa propiamente tal, necesarios de integrar, de tal manera
que se produzcan juicios evaluativos “amplios, consensuados y compartidos” que aporten
legitimidad política mediante deliberación sustentada en “evidencias y argumentaciones”. Por
su parte, la “evaluación centrada en el uso” (Patton, 2008), releva como un elemento central
la “utilización” que los actores dan a los resultados de las evaluaciones, para lo cual se
requiere producir información relevante y comprensible a todos ellos.

3 Las otras dos ramas corresponden a la investigación evaluativa como método para producir información evaluativa y la
segunda, se enfoca en el resguardo de la rigurosidad metodológica para la emisión de juicios valorativos válidos.
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A partir de sus ideas, la preocupación no solo debe centrarse en la utilidad para la mejora
organizativa de las políticas, sino especialmenteen el uso que los actores, en términos de
control político, pueden hacer de la información evaluativa.

Como vemos, el desarrollo teórico-disciplinar de la evaluación demuestra su naturaleza
eminentemente política y la función de control de la acción pública que le corresponde a
través de las políticas que evalúa. Este proceso acontece en contextos plurales, con diversos
actores que requieren ser incluidos en las prácticas evaluativas, al mismo tiempo que
interactuar en torno a ellas, de tal manera que se generen las influencias mutuas que el
ejercicio de control implica. De esa manera y en el caso iberoamericano, el déficit
democratizador residiría también en la escasa interacción que las políticas de evaluación
prevénentre actores y prácticas evaluativas, y las dificultades que para ejercer control político
ello implica.

La pertinencia de una aproximación relacional
Como se ha expuesto, la visión plural-democratizadora de la evaluación, reconoce la
complejidad de los procesos de políticas, caracterizados por la convergencia de múltiples
actores e invita a ampliar la noción tradicional de evaluación, concibiéndola como una función
pública vinculada al control político de las políticas y no solo como una herramienta de
gestión administrativa o técnico-económica para su mejora organizativa.

En ese contexto, el análisis de la dimensión relacional de las políticas de evaluación y más
concretamente, las interacciones entre sus actores, ofrece nuevos espacios para la
comprensión de los procesos socio-estatales que ellas implican.

Siguiendo a Ostrom (2009) la capacidad de incidencia de los actores requiere estudiarse a
través de sus interacciones, donde acontecen o no las influencias mutuas, y que se dan en
un contexto de intercambios de poder “asimétrico” entre gobernantes y gobernados. De
acuerdo a Peters (2003) en tanto las “reglas del juego institucional” trascienden a los
individuos y actores pues regulan su conducta, sin embargo ellos, a través de sus
interacciones, también tienen capacidad incidir en esas reglas y los cursos de actuación, de
las políticas en este caso. Por su parte Subirats y knoepfel et al. (2008), señalan que para
comprender la estructurasinstitucionales y los procesos de políticas, se requiere atender el
campo relacional-interaccional, con foco en los actores.

Atendiendo estas consideraciones, en este trabajo recurrimos al enfoque de análisis
relacional que aporta la gobernanza, comprendiendo que la evaluación de políticas y sus
posibilidades de ejercer control político, representan procesos de construcción social
complejos, que operan en contextos multi-actor y multinivel, donde convergen distintos
intereses, recursos y posiciones.

Así, entendemos que la evaluación de políticas constituye un espacio de intercambio entre
los diversos actores de la estructura de control público, sean éstos sociales y estatales,
cuestión que las políticas de evaluación deben atender para facilitar la función de control
político que, teóricamente, la evaluación está llamada a desarrollar.

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La gobernanza y su potencial para el análisis relacional de las políticas de evaluación
En las últimas décadas la gobernanza se ha transformado en un importante objeto de estudio
de las ciencias políticas y del análisis de políticas públicas en particular, especialmente en el
campo de las relaciones internacionales, políticas urbanas y medioambientales (Bevir y
Rhodes, 2003). En esta ocasión, recurrimos a ella como herramienta analítica para estudiar
un campo diferente, como son las políticas de evaluación, principalmente desde la óptica de
la gobernanza participativo-interactiva con foco en las redes de actores, como alternativa
para la comprensión y despliegue del potencial democratizador de la evaluación.

Si bien gobernanza es una categoría compleja por la polisemia y ambigüedad que le
caracteriza (Blanco y Gomá, 2003; Mayntz, 2000) y sin pretender una revisión conceptual
profunda, nos interesa apuntar que la literatura concuerda en que hace referencia a un
concepto dinámico, relacionado con la acción de gobernar, modus operandi o la forma como
se conducen los procesos de gobierno, caracterizada por la inclusión de diversos actores
más allá del estado, dando cuenta de un distanciamiento importante respecto del modelo
tradicional, concentrado en el poder político estatal (Rodhes, 2005; Peters y Pierre, 2005;
Martí y Parés2011; Blanco y Gomà; 2003; Kooiman2005, Bevir y Rhodes, 2003).

De acuerdo a Blanco y Gomà (2003: 5) la gobernanza es un modelo alternativo de gobierno,
que imprime un nuevo modocooperativo y relacional “basado en la interacción en red entre
distintos actores procedentes de distintos ámbitos (público, privado, sociedad civil) que se
reconocen interdependientes entre sí”.

El principal elemento que hace pertinente este enfoque para analizar y abordar los desafíos
de laevaluación democratizadora, es que al igual que los fundamentos del pluralismo
evaluativo que la sustentan, la gobernanza asume y reconoce la complejidad que implica la
diversidad de actores en los actuales procesos sociopolíticos (Peters y Pierre, 2005; Blanco y
Gomà, 2003; Martí y Parés, 2011; Kooiman, 2005), constatando que el estado ya no tiene el
monopolio para conducir a solas, los asuntos públicos.

En palabras de Mayntz (2005: 83), la gobernanza es una “una nueva manera de gobernar
que es diferente del modelo de control jerárquico,” y según Kooiman (2005), es un proceso
que responde a las limitaciones del tradicional orden y control público. Para Beviry Rhodes
(2003) en tanto, la gobernanza deja fuera el concepto de estado “monolítico” y pone el
acento en las interacciones a que dan lugar los procesos políticos.

En el contexto del análisis de las políticas de evaluación y en un esfuerzo por sintetizar las
múltiples clasificaciones que la literatura aporta, proponemos distinguir dos principales
enfoques o modelos de gobernanza. Por un lado, la gobernanza gerencial (Guttman, 2004;
Rhodes, 2005; Peters y Pierre, 2005), inspirada en la corriente de elección racional, que
supone que los asuntos público-gubernamentales pueden abordarse desde la lógica de
funcionamiento del mercado, principalmente a través de incentivos económicos.

En consistencia con ello, este modelo se materializa principalmente mediante la inclusión de
actores privados como co-proveedores de bienes y servicios públicos, contexto en el que se
han gestado y se desarrollan las actuales políticas de evaluación iberoamericanas.

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En segundo lugar, la gobernanza participativa, interactiva o en red (Blanco y Gomà, 2003;
2003; Kooiman, 2005; Martí y Parés, 2011) que cuestiona los modelos de gobierno
tradicional (burocrático y gerencial), planteando la necesidad incluir actores social-
ciudadanos y no solo agentes de mercado en los procesos de políticas, y de fortalecer su
capacidad de incidencia en las decisiones y cursos de acción pública, tal cual sugiere el
sustento conceptual de los enfoques plurales de evaluación democratizadora.

A partir de los planteamientos de Guttman (2004), la gobernanza “gerencial o de mercado” es
un mecanismo para la delegación de responsabilidad pública, que atomiza al estado y su
capacidad de influencia en favor del mercado, dado que excluye a la ciudadanía de los
procesos de gobierno. En esa misma línea, Rhodes (2005) sostiene que la concepción de los
ciudadanos como clientes que sustenta la gobernanza gerencial, tiene importantes
limitaciones en términos de rendimiento democrático porque desconoce su derecho a incidir
en los procesos de políticas. Respecto de la gobernanza participativao en red, Martí y Parés
(2011: 6) señalan que se instala progresivamente como espacio para la articulación de
políticas públicas, fundada en principios de “interdependencia, deliberación y coordinación
entre actores”.

A partir de Kooiman (2005) en tanto, se puede sostener que la gobernanza gerencialcomo
modelo, ofrece un escaso campo para la interacción de actores sociales y estatales en los
procesos de políticas, situación que disminuye sus posibilidades de influencias mutuas. En
contraste con ello, la “gobernanza interactiva” como él define, propiciaría mayor y mejor
interacción, con el consecuente aumento de su capacidad de incidencia.

En esa misma línea, Blanco y Gomà (2003: 13) sintetizan que el modelo de gobernanza
participativa requiere de tres condiciones fundamentales: el “reconocimiento de la
complejidad” expresada en la diversidad de actores, la “participación” de esos actores en las
tareas de gobierno y una “nueva posición de los poderes públicos”, con nuevas funciones e
instrumentos para gestionar interacciones internas y la estructura de la red en su conjunto.

Considerando estas distinciones y en el marco de la evaluación de políticas, es interesante
revisar el dilema que imponen los modelos de gobernanza como marco estructurante de las
políticas de evaluación y los modelos o procesos de gobernanza a que dan lugar las propias
evaluaciones.

En ese sentido, acogiendo las premisas del pluralismo evaluativo, un elemento condicionante
para hacer frente al déficit democratizador sería que la evaluación desarrolle procesos de
gobernanza participativa, que fortalezcan el campo interaccional e influencia mutuaentre
actores en torno a los procesos evaluativos, sin embargo, cabe preguntarse si ello es posible
en el marco del modelo de gobernanza gerencial que delimita las propias políticas de
evaluación.

Ante ese cuestionamiento, revisamos cuál es hasta ahora, la relación que la literatura
establece entre evaluación y gobernanza, en qué medida aquella está confinada o no a las
constricciones que implica el modelo gerencial, o en qué medida cuenta con márgenes de
acción para fortalecer un nuevo modelo de gobernanza participativa.

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La relación entre evaluación y gobernanza
Son recientes y escasos los trabajos que relacionan evaluación con gobernanza y la mayoría
de ellos se concentran en debatir sobre el rol que cumple la primera respecto de la segunda.
El consenso de este debateindica que la evaluación ha de ser un instrumento para facilitar la
gobernanza, tendencia que denominamos evaluación para la gobernanzaen la medida que
se le concibe como un medio para el fortalecimiento de esta forma de gobierno “relacional”,
en tanto concepto genérico que se contrapone a la tradicional idea de gobierno estado-
céntrico. Este último alcance es relevante porque si aplicamos la distinción conceptual básica
que proponemos entre modelos de gobernanza, la tendencia de esta discusión es a un claro
cuestionamiento de la vertiente gerencial y la generación de propuestas para que la
evaluación contribuya a generar gobernanza participativo-interactiva.

Aguilar y Bustelo (2010: 28) señalan que el análisis evaluación-gobernanzarequiere un
replanteamiento de los supuestos que han convertido a la evaluación en un ejercicio
estándar, enfocado en resultados, en el desempeño gubernamental y en los operadores de
políticas, desconociendo la “complejidad de los escenarios pluralistas en que se desarrolla la
acción gubernamental”. Así, la evaluación debiera transformarse en una herramienta al
servicio de la gobernanza, mediante el desarrollo de enfoques de evaluación plural y
participativa, que la fortalezcan como instrumento de profundización democrática.

En esa misma línea, Gore yWells (2009) aportan evidencias de que la evaluación con
enfoque gerencial, si bien mejora la eficiencia, minimiza el rol de la agencia social y política,
porque no atiende la complejidad social. Así también Van Der Knaap (2006), que analiza las
evaluaciones que aplica el presupuesto por resultados de los países bajos, cuestionan las
limitaciones de los indicadores de evaluación gerencial, proponiendo incluir la perspectiva de
las partes interesadas mediante un “giro argumentativo” que “ayude a elevar la calidad del
diálogo y la toma de decisiones”, planteamientos que como vemos, se acercan a los
principales supuestos sobre el potencial democratizador de la evaluación y su función de
control político.

La mayor parte deldebate sobre evaluación para la gobernanza se encuentra en el contexto
europeo y norteamericano, y prioriza la forma cómo la evaluación contribuye a valorar la
gobernanza, mediante métodos que la definan como objeto o criterio evaluativo, o que
apliquen técnicasque permitan determinar la contribución de las políticas a los procesos de
gobernanza pública.Dentro de esa tendencia, Aguilar y Bustelo (2010: 40) aportan un modelo
de evaluación degobernanza que contempla las fases “diseño de la propuesta de
gobernanza”, “proceso de puesta en práctica” y “resultados”, donde se esbozan una serie de
dimensiones, parámetros e indicadores a observar.

Otro trabajo es el de Varghese y Kutty (2012) quienes, respecto a la evaluación de un
programa de inmunizaciones, evidencian la utilidad de aplicar el enfoque de gobernanza para
comprender el comportamiento de los actores, recurriendo específicamente a los criterios del
enfoque de gobernanza interactiva de Kooiman (2005)4.

4Este enfoque se centra en el análisis de tres criterios básicos: “diversidad” referida a la variedad de la naturaleza de los
actores; la “complejidad”, referida a la multiplicidad de interacciones que se establece entre actores y estructura y el
“dinamismo”, referido a las tensiones que se producen entre esas interacciones.
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En el campo medio ambiental sueco en tanto, Larsson y Hanberger (2016), señalan las
limitaciones de la teoría del programa, que si bien permite dilucidar consistencia interna entre
diseño e implementación, no integra el conocimiento evaluativo de los distintos actores,
concluyendo que la evaluación requiere tener soporte en las redes de gobernanza de las
políticas que se evalúan.

También rescatando la importancia de las redes de políticas Albretch y Elbe, et al. (2014)
señalan que la evaluación debe ser consciente del nuevo escenario multi-actor e incorporar
como herramienta el análisis de redes, cuestión que Hertting y Verdung (2012) refuerzan
cuando concluyen que la teoría evaluativa aporta herramientas conceptuales y analíticas
para evaluar la gobernanza de las redes de políticas, muy en la línea de Aguilar y Bustelo
(2010), cuando señalan que la evolución teórica de la evaluación y su corriente pluralista, es
aplicable para el análisis de la gobernanza.

¿Evaluación de la gobernanza? o ¿Gobernanza de la evaluación?
La relevancia del debate recién descrito radica en que, en la medida que pone su foco en los
métodos para valorar la gobernanza, tendencia que denominamos evaluación de la
gobernanza aporta evidencia fundada sobre las limitaciones de los mecanismos de
evaluación propios de la gobernanza gerencial para hacer frente al déficit democratizador, y
sobre la pertinencia de recurrir al pluralismo evaluativo, mediante criterios y herramientas
más participativas e interactivas. Sin embargo, de acuerdo a la argumentación sostenida
hasta ahora, la sola inclusión de ajustes metodológicos “en” las evaluaciones, necesarios por
cierto, no permitiría abordar la falta de interacción “entre” las evaluaciones, en tanto factor
clave para que la evaluación genere los espacios de influencia entre actores que el control de
la acción pública requiere.

De acuerdo a ello, estimamos que no basta con que las evaluaciones apliquen un enfoque
metodológico de gobernanza participativa, si no se logra generar esa forma de gobernanza
en toda la institucionalidad evaluativa, asunto que interpela directamente a las políticas de
evaluación, el tipo de gobernanza que generan y el rol que asumen respecto del modelo de
gobernanza predominante. De esa manera, sería interesante que el debate sobre evaluación
de la gobernanza, se complemente con uno que aborde la gobernanza de la evaluación.

Un trabajo pionero en abordar este nivel de análisis es el de Hanberger (2012), quien se
enfoca en la relación entre políticas de evaluación y modelos de gobernanza, estudiando las
funciones evaluativas de accountability y mejora, y el uso que los actores dan a las
evaluaciones. En base a las evidencias que aporta, el autor sostiene que aun cuando los
modelos de gobernanza predominante condicionan e influyen en la evaluación y las políticas
que las rigen, al mismo tiempo ella tiene la capacidad de incidir o transformar los modelos de
gobernanza, dependiendo de la forma como facilite o no, la interacción de los actores y las
diversas evaluaciones que desarrollan. En ese contexto y en la lógica de la discusión que
aquí proponemos sobre la gobernanza de la evaluación, el autor sugiere que las políticas de
evaluación pueden responder a un enfoque de gobernanza centrada en el funcionamiento
estatal, el logro de sus objetivos y el “aprendizaje de la elite” (que terminará reforzando el
modelo gerencial imperante), pero que también pueden recurrir a un modelo de gobernanza
que define como “democrática”, centrada en la rendición de cuentas e interacciones multi-
actor, donde se integre las distintas prácticas evaluativas, y se generen criterios de
evaluación compartidos para el aprendizaje colectivo.
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La lógica bidireccional que aporta Hanberger (2012) para comprender la relación entre
evaluación y gobernanza, permite suponer que es posible construir nuevos modelos de
gobernanza “en torno a” y “a partir de” las evaluaciones, donde efectivamente el rol de las
políticas de evaluación, su diseño y despliegue, es clave. El principal reto de estas políticas
por tanto, sería generar marcos estructurales de interacción entre los distintos actores que
ejercen funciones evaluativas y en torno a toda la órbita de los procesos evaluativos, sus
métodos y usos.

Para esos efectos y aplicando las definiciones de Blanco y Gomà (2003), las políticas de
evaluación estarían desafiadas a coordinar sus propias redes de actores, mediante una
mayor participación en las evaluaciones como hasta ahora el debate evaluativo propicia,
pero particularmente, mediante la gestión de las interacciones internas y externas que
esa red genera, por ejemplo, vinculando las evaluaciones que realizan gobiernos, órganos
de control y sociedad civil; propiciando agendas que junto con responder a los objetivos e
intereses de cada actor, respondan también a criterios compartidos y facilitando el uso de las
evaluaciones para que efectivamente se ejerza control sobre las políticas a partir de ellas.

Sin embargo, atendiendo a la primera condición que Blanco y Gomà (2003) sugieren para la
gestión de la gobernanza participativa, esto no será posible si antes, las políticas de
evaluación no hacen el ejercicio de reconocer la pluralidad y complejidad del escenario
evaluativo, reconocimiento que como aquí se ha expuesto, la literatura ya viene realizando
desde hace cuarenta años aproximadamente.

Finalmente, desde la perspectiva del pluralismo evaluativo que sustenta la visión de una
evaluación democratizadora, podemos señalar que la gobernanza en tanto enfoque, sí
permite analizar su función democratizadora y proyectar alternativas de acción para su
despliegue, sin embargo, la gobernanza en tanto modelo de actuación pública
predominantemente gerencial en Iberoamérica, se ha transformado en un elemento que
constriñe y restringe el potencial democratizador de la evaluación.

A pesar de ello, las ventanas de oportunidad existen, en la medida que las políticas de
evaluación incorporen lógicas de la gobernanza participativo-interactiva tanto en las
evaluaciones como en la red de actores que implican. En ese sentido y atendiendo la
discusión inicial de este trabajo, podemos concluir que el potencial democratizador de la
evaluación efectivamente reside en su capacidad para facilitar el control político de la acción
pública, pero no solo de las políticas que se evalúan, sino también en su capacidad para
incidir en sus propios procesos de gobernanza pública y en aquellos en los cuales se inserta.

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Reseña biográfica

Carolina Muñoz Mendoza
Trabajadora Social, Magister en Gerencia Pública, PhD© en Políticas Públicas de la
Universidad Autónoma de Barcelona. Investigadora del Instituto de Gobierno y Políticas
Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Ismael Blanco Fillola
Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, Doctor en Ciencia Políticas de la
Universidad Autónoma de Barcelona. Investigador del Instituto de Gobierno y Políticas
Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona.