¿Cómo es que la banca española le debe al Estado español más de 80.000 millones de euros y este no se los reclama?

Hay mucho bulo sobre ello, pero trataré de ser breve.

El rescate al sector financiero español es, sin duda, uno de los grandes hitos de nuestra historia económica reciente. No sólo estuvo a punto de suponer un rescate para el conjunto de nuestra economía, sino que supuso una seria amenaza para el euro en su conjunto.

El volumen de recursos netos acumulados de carácter público que se han inyectado al sector financiero desde el año 2008 asciende a unos 58.000 millones de euros. O, lo que es lo mismo, poco más de 125 euros por año y habitante. Sólo el impuesto al diésel que pretende sacar adelante el Gobierno de Pedro Sánchez, supera el volumen anterior, pues supone 200 euros al año por vehículo.

En términos brutos, sin tener en cuenta los ingresos derivados de las operaciones realizadas en el sector, el gasto público acumulado destinado a inyectar recursos financieros a la banca ascendió a casi 70.000 millones de euros. La mayor parte de esos recursos fueron absorbidos por inyecciones de capital y por la compra directa de activos, que acumula casi el 90% del total.

Evaluando el listado de entidades que recibieron recursos públicos destinados a sanear sus balances, hay algo que llama poderosamente la atención: la inmensa mayoría son cajas de ahorros, o sea, banca pública. Solamente Liberbank puede ser considerado una entidad bancaria como tal, con presencia en gran parte del territorio nacional.

El mal llamado rescate a la banca fue, en realidad, un rescate a las cajas de ahorro o banca pública, que fueron las fuentes de financiación prioritarias de los distintos gobiernos regionales para poder llevar a cabo sus faraónicos proyectos sin criterio de rentabilidad.

Por otro lado, casi nadie menciona que los grandes bancos tuvieron que hacerse cargo parcialmente de la factura. Más de 14.500 millones de euros aportados por Santander, BBVA, CaixaBank y Banco Sabadell desde 2007 a través, por ejemplo, del Fondo de Garantía de Depósitos, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) o el Fondo Único de Resolución europeo.

Es cierto que los ciudadanos españoles hemos pagado una parte importante de la factura heredada a causa de las malas praxis de la clase política regional. Sin embargo, es importante entender que la alternativa era no poder hacer frente a los requerimientos del Fondo de Garantía de Depósitos y, por lo tanto, pagar un montante notablemente más elevado en forma de ahorros. Si el sistema se deja caer, los ahorradores hubieran perdido sus depósitos.

Por último, añadir que no todo han sido gastos en este proceso. La Hacienda pública ha ingresado casi 10.000 millones de euros desde 2008 en concepto de pago de intereses, de dividendos, etc. Por supuesto que un 17% de la inversión retornada es una cantidad realmente baja. Pero hay que llamar a las cosas por su nombre: a día de hoy, los ciudadanos hemos pagado unos 33.500 millones de euros al rescate de las cajas públicas.

El tercer mito es que la banca es la principal responsable del incremento de deuda y debe pagar porque obtiene unos beneficios elevados. En 2008, nuestra deuda pública ascendía a 440.000 millones de euros. En 2017, a 1,11 billones. O, lo que es lo mismo, un incremento de 700.000 millones de euros. No es difícil deducir, con las cifras en la mano, la minúscula aportación del rescate del sector financiero al elevado endeudamiento público en el que estamos inmersos. El impacto sobre el déficit público solamente ha superado el 0,5% del PIB en el año 2012, el peor de toda la crisis.

La realidad es que el mantenimiento del Estado de Bienestar ha sido el principal responsable del endeudamiento, especialmente cuando los ingresos públicos se hundieron y el gasto del mal llamado "social" Plan E se disparó. Los años de bonanza económica tampoco han aportado lo suficiente.

En definitiva, como ya he dicho en varias ocasiones, estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. Urge disminuir el gasto público, disminuir los impuestos y crear más riqueza. Aunque suponga no ganar las elecciones.