El año 2003 entro en vigencia el Decreto Legislativo N.º 926 que anulo más de 2,500 procesos por delito de terrorismo que estuvieron a cargo de tribunales civiles y militares "sin rostro" durante el gobierno de Alberto Fujimori. El abogado Miguel González del Río sostiene que la figura de jueces sin rostro, creada para proteger la vida de los magistrados encargados de juzgar a las miles de personas con cargos de terrorismo, no fue aplicada correctamente en Perú. "Debió haber funcionado un equipo de magistrados dedicados exclusivamente a este tema y no militares sin mayor especialización en los delitos que juzgaban, He estado en audiencias en las cuales quien estaba haciendo el interrogatorio en solitario era el secretario". Según lo anterior en los procesos llevados a cabo por los juzgados sin rostro no se respetó el principio jurisdiccional de


A) El principio de no ser penado sin proceso judicial.
B) La observancia del debido proceso
C) La pluralidad de la instancia.
D) La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.