De estas normas de entrada y de trato se desprende la interrogante, factible de responder usando datos comparativos entre países, de si hay una rel...

De estas normas de entrada y de trato se desprende la interrogante, factible de responder usando datos comparativos entre países, de si hay una relación de sustitución entre “cantidades versus derechos”. Es posible que los países abran sus fronteras a un mayor número de inmigrantes sólo si se restringe el acceso a ciertos derechos básicos. Esta situación podría darse si, por ejemplo, se percibe que la inmigración es demasiado costosa, de manera que no sería apoyada ni por los electores ni por las autoridades84. Los datos sobre el trato que reciben los inmigrantes nos permiten examinar esta interrogante de manera empírica. The Economist Intelligence Unit (EIU, por sus siglas en inglés) creó un índice de accesibilidad para 61 países (34 desarrollados y 27 en desarrollo) que resume las políticas oficiales en términos de facilidad de contratación, permisos requeridos, posibilidad de reunificación familiar y programas oficiales de integración para migrantes. El Índice de Políticas de Integración de Migrantes (MIPEX, por sus siglas en inglés) mide estas políticas en seis ámbitos, a saber, residencia a largo plazo, reunificación familiar, ciudadanía, participación política, medidas antidiscriminatorias y acceso al mercado laboral. Nuestro análisis sugiere que no existe una relación sistemática entre diversas medidas de derechos y cantidades de migrantes (figura 2.10). Las comparaciones con el índice de EIU (panel A), cuya muestra de países desarrollados y en desarrollo es más amplia, en esencia no refleja ninguna correlación entre la cantidad de migrantes y acceso a derechos básicos, lo que sugiere que los diversos regímenes que rigen tales accesos son compatibles con números de migrantes tanto altos como bajos. Al restringir el análisis a la muestra más pequeña de países cubierta por el índice MIPEX podemos aprovechar los datos de la OCDE, que permiten desagregar la proporción de inmigrantes con bajos niveles de educación formal provenientes de países en desarrollo. Una vez más, básicamente no encontramos ninguna correlación (panel B). Por ejemplo, países como Polonia e Irlanda registran proporciones muy reducidas de trabajadores con baja calificación que sean originarios de países en desarrollo, a pesar de que su puntaje en el índice MIPEX es bastante bajo. También constatamos que los países que han visto aumentar su proporción de migrantes en el tiempo no restringieron sus derechos y beneficios85. En efecto, entre 1980 y 2005, la proporción de inmigrantes se incrementó de 2% a 11% en España y durante el mismo período, el Gobierno español amplió la cobertura de los servicios médicos de urgencia y no urgencia a los migrantes irregulares86. Nuestra evaluación de la política pública arrojó resultados similares, lo que nos permite distinguir entre diferentes componentes de las políticas migratorias. De hecho, si había un leve indicio de correlación, éste solía ser opuesto a lo indicado en la hipótesis de cantidades versus derechos. Sin embargo, los datos revelan que, en general y en diversas mediciones, los países en desarrollo tienen proporciones medias más bajas de trabajadores nacidos en el extranjero y protegen menos los derechos de los migrantes. Los países desarrollados, donde hay más migrantes, tienden a adoptar reglas que les brindan mejor trato. Por ejemplo, India recibe el puntaje más bajo en la prestación de beneficios y servicios a los trabajadores migratorios internacionales en nuestra evaluación y su proporción de inmigrantes en el total de habitantes es menos del 1%. Portugal, en tanto, recibe el puntaje más alto y su proporción de nacidos en el extranjero es de 7%. Las políticas vinculadas con la migración no se determinan exclusivamente a nivel de cada país. Los acuerdos supranacionales, ya sea bilaterales o regionales, pueden influir de manera considerable en los flujos migratorios. Diversas instancias políticas, como la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), la Unión Europea y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), han firmado convenios regionales. En tanto, un buen ejemplo de un acuerdo bilateral es el convenio entre Australia y Nueva Zelandia, el Trans-Tasman Travel Arrangement, que permite el libre movimiento de sus ciudadanos entre ambos países. Los efectos de estos acuerdos en los flujos migratorios entre los países firmantes han sido considerables y en general propenden a otorgar libertad de movimiento cuando los Estados miembros comparten las mismas condiciones económicas y existen fuertes motivaciones políticas o de otro tipo a favor de la integración socioeconómica. En el caso de los países cuyas políticas evaluamos, alrededor de la mitad de los acuerdos de movilidad especial de los países desarrollados era con otros países desarrollados, mientras que más de dos terceras partes de aquellos de las naciones en desarrollo eran con otros países en desarrollo. Existen casos donde la movilidad se otorga sólo a algunos trabajadores, como a los más calificados. Por ejemplo, el sistema de migración del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) cubre sólo a los residentes de Canadá, México y Estados Unidos con una licenciatura y una oferta laboral de otro país miembro. El recuadro 2.4 pasa una breve revista a los acuerdos multilaterales relacionados con el movimiento humano. No obstante, pueden haber grandes diferencias entre la letra de estos acuerdos y la situación en la práctica, en particular en países donde es difícil respetar el Estado de derecho. Por ejemplo, pese a las disposiciones sobre derechos integrales de entrada, residencia y establecimiento previstos en