Por si fueran pocos los problemas a los que tiene que enfrentarse la educación en las escuelas, desde hace algunos años la comunidad educativa reco...

Por si fueran pocos los problemas a los que tiene que enfrentarse la educación en las escuelas, desde hace algunos años la comunidad educativa reconoce, con preocupación y ciertas dosis de alarma social, la existencia y las consecuencias de la llamada violencia escolar. Los que tradicionalmente podían ser detectados como casos puntuales de desarraigo en el aula, derivados de una incapacidad —incluso de orden patológico— para convivir y aceptar determinadas reglas en las relaciones con los demás, se han extendido de tal modo entre el alumnado (las cifras hablan de entre un 25% y 35% de estudiantes que lo han padecido en algún momento de su vida escolar) que obligan a adoptar medidas tanto preventivas como paliativas y punitivas. Aunque es posible que este fenómeno no sea nuevo, sí lo es en cuanto a sus consecuencias y a su visibilidad. La intervención de la Administración central y de las autonómicas, constituyendo los recientes Observatorios para la convivencia escolar; la formación específica de “especialistas” y “mediadores” en la prevención y gestión del conflicto; la abundante literatura al respecto, así como la publicación y la difusión de estudios que —no conviene olvidarlo— se vienen realizando en nuestro país con considerable rigor científico desde la década de los noventa; el eco que esta cuestión recibe en los medios de comunicación; los intentos de sistematizar reglamentos de derechos y deberes de los alumnos; los catálogos de medidas para paliar los efectos del problema; estos y otros aspectos constituyen iniciativas encomiables de intervención en el importante escenario para la convivencia que supone cada aula de cada centro educativo.