La sociedad civil ante los intentos de su neutralización Aunque la emergencia en Argelia de una sociedad civil autónoma data de finales de los años...

La sociedad civil ante los intentos de su neutralización Aunque la emergencia en Argelia de una sociedad civil autónoma data de finales de los años 80, su consolidación como agente de cambio y de democratización sigue enfrentándose a muchas dificultades. La aprobación de la Constitución de 1989 abrió la vía a la modificación de la ley sobre las asociaciones conduciendo a la adopción de la ley 90-31 de diciembre 1990 que consagró la libertad de asociación aliviando los trámites administrativos relativos a la creación de las asociaciones y el desarrollo de sus actividades. Tras la interrupción del proceso electoral en enero de 1992 y la instauración del estado de excepción (decreto nº 92-44) volvieron a ser introducidas nuevas restricciones como la doble autorización, suprimida en la ley de 1990. A pesar de estas restricciones el número de asociaciones no cesó de aumentar durante este periodo. Entre 1990 y 1997, fueron creadas 57.000 asociaciones, 1.000 de ámbito nacional y 56.000 de ámbito local. El fin del conflicto civil y la normalización de la vida política tras el proceso de reconciliación nacional conducido por el Presidente Bouteflika no aliviaron el peso de las restricciones sobre el espacio asociativo. La ambigüedad del marco jurídico y legal permitió a las autoridades continuar ejerciendo un control estrecho de la sociedad civil y en particular de las organizaciones más críticas con el régimen. La década de los años 90 ha tenido un impacto en la memoria colectiva cuyos efectos aún perduran sobre la sociedad en general y sobre el tejido asociativo en particular. La sociedad civil quedó diezmada y su reconstrucción, a partir del 2000, está siendo un proceso lento y todavía en curso. En la actualidad y según datos del ministerio del interior de enero de 2012 hay entorno a 93.654 OSC censadas: 1027 trabajando a nivel nacional y 92.627 a nivel local. El número de asociaciones no es, sin embargo, un indicador fiable del dinamismo de la sociedad civil argelina ya que el número de asociaciones oficialmente censadas no se corresponde con el número de asociaciones realmente activas que, de acuerdo con algunas estimaciones, sólo alcanzaría el 5% (Amar, 2011). En Argelia la nueva Ley de asociaciones, ley n° 12-06, aprobada por la Asamblea Nacional Popular el 13 de diciembre de 2011, introduce disposiciones represivas tanto para la creación de nuevas asociaciones como para las ya existentes al someter a las asociaciones a un régimen de autorización previa. La nueva ley refuerza también los mecanismos de control sobre la financiación externa de las asociaciones. El artículo 39 estipula, por ejemplo, que una asociación puede ser suspendida en caso de injerencia en los asuntos internos del país o en caso de vulnerar la soberanía nacional. El artículo 2 de la ley 12-06 exige además que las actividades de las asociaciones persigan fines conformes al interés general y que “respeten el orden público, moralidad, leyes y normas en vigor. De acuerdo con el texto de la ley las asociaciones ya existentes sólo tenían que presentar nuevos estatutos ante las autoridades para adaptarse al nuevo marco legislativo. Una encuesta realizada por el CFDA muestra, sin embargo, que en el 90% de los casos la administración ha pedido un dossier completo de constitución con todos los justificantes exigidos por el artículo 12 de la ley. Las asociaciones tenían un plazo de dos años para concluir el trámite administrativo y presentar los nuevos estatutos conforme a la ley, fijado para finales de enero 2014. En la práctica la aplicación de la ley ha sido más o menos flexible en función de la naturaleza de la asociación siendo las vinculadas a los derechos humanos las que han tenido más dificultades para obtener el resguardo necesario para estar en conformidad con la nueva ley. Asociaciones como el Rassemblement Action Jeunesse (RAJ) o la Ligue Algérienne des Droits de l’Homme (LADDH) no han conseguido obtener la cita obligatoria en el ministerio del interior para presentar sus nuevos estatutos. La ausencia de puesta en conformidad fuerza a las asociaciones a trabajar en una situación de ilegalidad y con medios mucho más limitados al perder el acceso a los espacios públicos lo que les obliga a desarrollar sus actividades en espacios privados. Estas limitaciones condicionan la posibilidad de ampliar sus bases y dificultan el proceso de renovación de sus dirigentes. La ley acentúa la vulnerabilidad de las asociaciones en relación al control ejercido por las autoridades sobre diferentes aspectos esenciales de la vida asociativa que van desde la creación, financiación, definición de sus objetivos hasta el control de sus actividades. En la práctica las autoridades han optado, hasta el momento, por el “laissez faire” pero en cualquier momento las asociaciones están expuestas ya que la ley proporciona al Estado los medios necesarios para reprimir y ahogar la vida asociativa si lo estima necesario. La ley 12-06 proporciona una cobertura legal a prácticas ya frecuentes de la administración desde la adopción de la ley 90-31, lo que explica que para muchas asociaciones la situación actual no difiera mucho de la situación anterior. La movilización de las asociaciones contra este marco legal restrictivo ha sido débil y se ha agotado rápidamente aunque hay una toma de conciencia general entre las asociaciones de que esta ley constituye una espada de Damocles que pende sobre la vida asociativa. Cabe reseñar la ausencia de cifras oficiales sobre el número de asociaciones que han conseguido adaptarse al nuevo marco legal. Los datos disponibles en la web del ministerio del interior se remontan a 2012 lo que dificulta apreciar el impacto de la ley tanto a nivel nacional como regional. Un estudio de 2014 indica que de las 93.654 asociaciones (locales y nacionales) oficialmente registradas ante el Ministerio del Interior a finales de 2011, dos tercios han desaparecido o no habían renovado su autorización en 2015. Las cifras disponibles para algunas Wilayas dan una idea más precisa del impacto que la ley ha tenido sobre el tejido asociativo: en la Wilaya de Jijel sólo quedarían 337 asociaciones autorizadas de las 2.150 listadas en junio de 2011 de las cuales 232 tenían un carácter regional. En Orán de las 3.630