Esto último debido a la dificultad de dirigir una acción racional y eficiente en un gobierno democrático que separa necesariamente la definición de las políticas (a través de representantes y funcionarios electos y, por lo tanto, legítimos para tomar decisiones por la sociedad) y su ejecución en un cuerpo especializado (es decir, no necesariamente electo y, por lo tanto, en teoría, no legítimo para tomar decisiones por los ciudadanos) y profesional.