Aunque muchos de estos cambios parecen cotidianos 30 años después (¿a quién sorprende hoy el ataque a las jerarquías centralizadoras?, ¿por qué deb...

Aunque muchos de estos cambios parecen cotidianos 30 años después (¿a quién sorprende hoy el ataque a las jerarquías centralizadoras?, ¿por qué deberían preferirse los procesos a los productos de la acción gubernamental?), en su momento cada uno de estos postulados significaba una separación drástica del canon de la administración pública, preocupado por el orden, la previsibilidad, el control jerárquico, el mérito y la subordinación a las autoridades electas, y, mediante ellas, al proceso democrático. Estos postulados, además, preveían instrumentos de gestión distintos de los usuales en la administración tradicional: en vez de la regulación detallada (manuales de operación y de procedimientos, perfiles de puestos, reglamentos precisos que definían los ámbitos de acción de cada funcionario y agencia pública), se exaltaban las virtudes de la autonomía gerencial: que los directivos pudieran tomar decisiones no constreñidas por procedimientos legales o restricciones en el ejercicio del presupuesto, con tal de alcanzar objetivos sociales deseados. En el mismo sentido, se hacían a un lado las jerarquías y los controles centralizados para promover la competencia (dentro del sector público —entre agencias o entre funcionarios— o con proveedores privados) y la introducción de mecanismos de mercado (subcontratación, pagos diferenciados, incentivos al desempeño, cuasimercados) en la organización del sector público. Significaba, finalmente —y esto es lo que explica gran parte de las resistencias encontradas en la implementación de las reformas de la ngp—, una alternativa contrastante con el diseño de los sistemas de relaciones laborales basados en el mérito y la estabilidad. En efecto, para la ngp el sistema de servicio civil encarnaba muchos de los defectos de la administración tradicional: la devoción por las reglas, la estabilidad concedida a los funcionarios con independencia de los resultados de su desempeño, la regulación detallada y uniforme. Su propuesta era flexibilizar los mecanismos de contratación, disminuir las reglas (o conceder excepciones a cambio de convenios de desempeño) y construir sistemas de pagos diferenciados e incentivos ligados a los resultados.