El sistema utilizado a lo largo de los últimos años para realizar las alteraciones judiciales y procesales en Brasil y España sufre fuertes crítica...

El sistema utilizado a lo largo de los últimos años para realizar las alteraciones judiciales y procesales en Brasil y España sufre fuertes críticas. Algunos autores entienden que se venía intentando, “por causa de la presión, pasar por el margen de las consagradas conquistas sociales”, olvidando que la “duración razonable del proceso no puede alejarse de otras garantías igualmente importantes en la justa resolución de un conflicto”, pues “la garantía del amplio acceso a la justicia puede no ser la mejor amiga de la celeridad procesal, pero, con certeza, no es enemiga de la buena justicia”. Ciertamente las reformas no vienen siendo realizadas solo porque estos dos países poseen normas internas sobre la razonable duración del proceso. El principal aspecto es que estos están subordinados a normas supranacionales, especialmente las previstas en la Convención Americana y en el Convenio Europeo, las cuales necesitan ser cumplidas por Brasil y España, bajo el riesgo de condena a hacerlo, o tener que indemnizar pecuniariamente los daños, por sentencia dictada por la Corte Interamericana y por el Tribunal de Estrasburgo, respectivamente. ¿Dónde los procesos quedan paralizados por más tiempo? ¿En los estantes de los oficios judiciales, con los secretarios judiciales y demás sujetos auxiliares del proceso, o con los magistrados, abogados, procuradores y miembros del MP o MF? Encontrar respuestas para planteamientos con tales contenidos es esencial para efectivamente conocer el Poder Judicial y realizar las adecuadas reformas judiciales y procesales; sobre todo para que no se produzcan con base en pálpitos, sino en datos estadísticos.