El inconveniente principal que presenta la ley de capitalización es que el gobierno sigue manteniendo el 50% de participación accionaria de la empresa, y no queda claro si ésta pueda disminuir hasta desaparecer en un futuro, lo cual sería recomendable, pues el papel del Estado no debe ser poseer empresas, sino aportar al proceso de acumulación de capital humano de los más pobres. La ley debió haber estipulado de qué forma vendería en un futuro el Estado el 50% de las acciones que posee. Lo ideal para la venta de la participación restante del gobierno sería utilizar métodos de capitalismo como: el capitalismo popular, laboral, entre otros. Esta vía además de desarrollar el mercado accionario y de valores del país, le ofrece un mayor apoyo al gobierno, y evita, sobretodo en las empresas que sean bienes públicos, el mantener un solo grupo controlador, lo que pudiera generar presiones monopolísticas a pesar de tener un marco legal regulatorio.