Las características estructurales descritas sugieren que en América Latina el impacto del Poder Judicial sobre el PFP y la política pública no es uniforme. Esta variación en el potencial de participación de los tribunales en la política está corroborada por los indicadores de independencia judicial de facto de los que se dispone. El cuadro 4.3 presenta dos indicadores de ese tipo. El primero, publicado por el Foro Económico Mundial en 2004, es un indicador subjetivo basado en respuestas a encuestas de ejecutivos de empresas. Según este índice, Uruguay, Chile y Brasil están a la cabeza. El segundo, elaborado por Feld y Voigt, se basa en criterios objetivos, como la permanencia real en el cargo de los jueces de la Corte Suprema (o del tribunal constitucional) y su desviación respecto del mandato de jure, si los jueces fueron destituidos antes de que concluyera su mandato o si se incrementó el número de jueces, y si el presupuesto de la Corte Suprema o los ingresos de los jueces se redujeron en términos reales, entre otros. Según este índice, Costa Rica, México y Chile están a la cabeza de la lista.