Congruencia institucional y resultados estables: el caso de Chile Chile ha sido un pionero mundial en la introducción de diversas formas de privatización y la adopción de políticas para promover la competencia en los sectores de los servicios públicos. Estas políticas se han basado en un marco institucional que incluye entidades regulatorias con un alto grado de capacidad técnica, aunque sin mucha independencia política, y un organismo independiente de protección de la competencia con un alto grado de participación en las políticas sectoriales. Las medidas de política han sido generalmente estables y se han beneficiado de la estabilidad económica del país. Sin embargo, han mostrado ciertas deficiencias en lo que respecta a su capacidad para responder a los shocks. Las políticas para cada sector se han guiado por objetivos técnicos específicos del sector, en vez de hacerlo por consideraciones políticas, y son coherentes con la política fiscal. La estructura institucional y el funcionamiento de los organismos regulatorios han protegido efectivamente a las compañías privatizadas del riesgo de la expropiación indirecta, aunque con algún costo en términos de eficiencia, dando lugar en algunos casos a ganancias extraordinarias. Tal vez el mejor ejemplo de estas características sea la reforma del sector de las telecomunicaciones. A mediados de los años setenta, en Chile los servicios de telecomunicaciones estaban en manos de dos empresas públicas: la Compañía de Telecomunicaciones de Chile (CTC) proporcionaba servicios de telefonía local a casi todo el país, mientras que la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) ofrecía servicios nacionales e internacionales de larga distancia. A principios de los años ochenta, la estructura del mercado cambió radicalmente. Ambas firmas pasaron a manos privadas y se dieron los primeros pasos hacia la introducción de competencia en el sector. La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), dependiente del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, se hizo cargo de la regulación de las telecomunicaciones. Entre sus atribuciones se encuentran la formulación y regulación de la política sectorial, así como la aplicación de los procedimientos para el establecimiento de tarifas. La Ley de Telecomunicaciones de 1982 estableció las directrices para el desarrollo del sector, instituyendo procesos transparentes para el otorgamiento de concesiones, excepto por razones técnicas (escasez de espectro en la telefonía móvil). La ley permite a los proveedores establecer precios, excepto si la Comisión Antitrust (creada a principios de los años setenta) decide que no hay suficiente competencia, en cuyo caso los precios se regulan. En 1994, durante la apertura del mercado de telefonía internacional a la competencia, se debatió si se debía permitir que las empresas de telefonía fija operaran en el mercado internacional. La Subtel solicitó la opinión de la Comisión Antitrust, la cual autorizó la operación de estas compañías en dicho mercado siempre que antes de su ingreso en el mercado, el gobierno estableciera un sistema de múltiples empresas de telecomunicaciones y las empresas crearan compañías separadas e independientes para participar en el mercado internacional. A su vez la Subtel estableció condiciones adicionales para acceder a la petición de las empresas de telefonía fija de ofrecer servicios de larga distancia. La Comisión Antitrust hizo frente a las presiones ejercidas por las firmas sobre los reguladores para que autorizaran las fusiones verticales a fin de explotar las economías de alcance, evitando así la captación y promoviendo soluciones en las cuales la integración de las compañías no obstaculizara la competencia en los segmentos competitivos del mercado. En el sector de la electricidad, el proceso de privatización se inició con la separación de la actividad regulatoria del proveedor público antes de 1980, al mismo tiempo que se introducían cambios en la regulación a fin de permitir la participación del sector privado. Las tres empresas públicas integradas de Chile fueron divididas en varias compañías.