para los sectores, en la práctica su aplicación ha sido volátil debido a la resistencia de la legislatura a la mayoría de las iniciativas del gobie...

para los sectores, en la práctica su aplicación ha sido volátil debido a la resistencia de la legislatura a la mayoría de las iniciativas del gobierno de Alejandro Toledo. A partir de 1990, con la llegada del gobierno de Alberto Fujimori, en Perú se introdujo un programa de reformas de gran alcance en los sectores de infraestructura, basado en la privatización de empresas públicas de los sectores de las telecomunicaciones y la energía. El programa de reformas, que formaba parte de una estrategia para desplazar al Estado de todas las actividades empresariales y estabilizar la economía, fue la respuesta del gobierno a un legado de nacionalizaciones sin indemnización (especialmente en el sector bancario) y diversos episodios de expropiación indirecta que habían eliminado todo incentivo para invertir en Perú. A fin de llevar a cabo el proceso de privatización en este entorno institucional adverso, el gobierno generó credibilidad por medio de una serie de leyes marco que ofrecían mayor certeza jurídica a las inversiones privadas, especialmente las extranjeras. Las leyes permitieron la celebración de convenios de estabilidad jurídica con inversores extranjeros. Estos convenios, que tienen fuerza de ley, impiden que el gobierno cambie las condiciones tributarias, imponga obligaciones laborales o limite la capacidad de las compañías para transferir utilidades o capital del país. Por consiguiente, el gobierno estaba dispuesto a sacrificar sus propias atribuciones para obtener credibilidad. Firmó acuerdos internacionales de protección de las inversiones, que permiten recurrir a instancias de arbitraje internacional para la solución de controversias, así como una serie de acuerdos bilaterales. Si las instituciones nacionales para la protección de los inversores no bastaban, el gobierno estaba dispuesto a importarlas en los casos en que fuese necesario. El caso de Perú muestra las dificultades con que se enfrenta la política regulatoria cuando hay un déficit de credibilidad.