El fortalecimiento de la democracia en toda la región ha sacado a la luz la importancia crucial de los procesos en el diseño y la ejecución de políticas. La democracia divide el poder y lo redistribuye: del Poder Ejecutivo a la legislatura, del centro a la periferia, de clases tradicionalmente poderosas a clases menos poderosas y a grupos y comunidades largamente excluidos. El proceso político se vuelve más denso, pero también más transparente, abierto y expuesto a la influencia de nuevos actores formales e informales, como los medios de comunicación y los movimientos sociales. Por lo tanto, la viabilidad de las políticas propuestas suele guardar mayor relación con su legitimidad que con su corrección técnica. La experiencia con las políticas de privatización de la región es un ejemplo de ello. Aunque sus resultados se han considerado técnicamente beneficiosos, la mayoría de la población se opone a ellos y, en algunos casos, se moviliza en contra de cualquier medida en este campo. En consecuencia, además de la corrección técnica, es imprescindible la aceptabilidad de la población para la efectividad de las políticas. Estas consideraciones están relacionadas con algunos de los mensajes principales presentados en la introducción de este informe. En una democracia los procesos políticos deben cumplir el doble requisito de representatividad y efectividad, para lo cual es indispensable desarrollar ciertas instituciones y procesos que generen las cualidades de estabilidad, adaptabilidad, coherencia, orientación al interés público y efectividad de las políticas. Las instituciones y los procesos no son neutrales ni meramente instrumentales: son el crisol en el cual las políticas se forjan, se moldean y adquieren su forma y significado verdaderos.