Punitivismo y Reducción de Daños - Leale

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PUNITIVISMO Y REDUCCIÓN DE DAÑOS. 
Hugo C. Leale 
Agosto 2019 
 
INTRODUCCIÓN 
Desde que la cuestión ‘drogas’ apareció como problema en la agenda pública, a principios 
del siglo XX, algunas dimensiones centrales se han entramado en relación con ella; cada 
una de estas dimensiones funcionan de acuerdo a su propia lógica, y al mismo tiempo se 
sostienen, se justifican y benefician en forma recíproca. En este texto, y con el propósito de 
dialogar con la época (entendemos por este diálogo el revisar las condiciones actuales en 
que se despliegan creencias, representaciones y prácticas de consumos), haremos foco en 
dos de estas dimensiones. Una de ellas se refiere a la economía: en primer lugar al fabuloso 
negocio que generan, cualquiera sea la calificación legal que tengan. Incluimos al consumo 
de sustancias como una otra expresión de la imposición al consumo que define el modo 
contemporáneo en que funciona el sistema capitalista. Las sustancias, todas, al permitir 
modificar el estado de ánimo a voluntad del consumidor, se han convertido en mercancías 
muy valiosas. Como expresa J.C.Volnovich: “Vivimos en el mundo del consumo. Si hay un 
rasgo que define al sujeto contemporáneo, este es el de consumidor consumido”. 
 
Otra dimensión se refiere a los mecanismos de control social que facilitan. La demonización 
de las sustancias, una poderosa creencia incrustada en muchas conciencias, sostenida por 
prejuicios morales o religiosos, produce efectos de estigmatización y discriminación que se 
ejecutan en forma excluyente sobre sectores populares, sobre sectores empobrecidos. 
Demonizar sustancias permite criminalizar ciertos consumos; encarcelar a jóvenes pobres, 
militarizar barrios populares o de sectores marginales urbanos; y propicia la incorporación 
de las fuerzas armadas a la ‘guerra contra el narcotráfico’. Esta incorporación, que se ha 
ido concretando gradualmente en casi todos los países de América Latina, presentifica una 
amenaza para el desarrollo y la profundización de espacios democráticos, muy difíciles de 
sostener en todo nuestro sub-continente. La ‘subversión’ como objetivo central del accionar 
de las fuerzas armadas y de seguridad ha sido reemplazada por el narcotráfico como 
‘enemigo designado’. No sorprende que el lenguaje bélico tenga demasiada presencia en 
los documentos oficiales que se refieren a las sustancias. 
El documental Grass (1999), trabajo del documentalista canadiense Ron Mann, es 
ilustrativo al respecto; en el que se ensamblan históricos e histéricos documentos anti-
marihuana de EEUU con el intento de controlar en parte el movimiento de inmigrantes 
campesinos mexicanos que la llevaban como consumo antropológico-cultural. 
Configurando un verdadero movimiento de pinzas, por un lado se realizan increíbles 
ganancias, y por otro lado se agitan las banderas de ‘mantener el orden público’. (“el crimen 
organizado necesita del orden público”, dice con una muy clara visión comercial un jefe 
mafioso en la serie ‘Gotham’). 
 
Este marco de análisis que planteamos, será utilizado para analizar por un lado a los 
consumos y por otro, a las políticas públicas a partir de los primeros años del S. XX. Cabe 
citar -como puntos iniciales de las preocupaciones de los poderes públicos- que en 1912, 
se firmó el Convenio contra el Opio de la Haya, primer instrumento internacional sobre esta 
materia, (aunque sólo haya tenido un valor simbólico); y que en los EEUU, se sanciona en 
1914 la Harrison Narcotic Tax Act, primera ley que restringió, de forma taxativa, el consumo 
de opiáceos, imponiendo controles estrictos sobre la comercialización, y prohibiendo su 
venta y dispensación; quedando éstas en manos de médicos y farmacias. A partir de allí, 
para considerar a los consumidores fueron excluyentes dos perspectivas: una jurídica (los 
consumidores como delincuentes), otra médica (los consumidores como enfermos). 
Aunque sea innecesario, aclaramos que los delincuentes que ameritan causas, procesos y 
encarcelamiento NUNCA resultan siendo los grandes traficantes sino las ‘mulas’, los 
pequeños vendedores o los consumidores. 
Tampoco hay que olvidar la confesión de uno de los funcionarios de Richard Nixon, John 
Ehrlichman, efectuada en 1996 pero que recién salió a la luz en 2016. Confesó que la 
Guerra Contra las Drogas lanzada en 1969, fue en realidad una operación de inteligencia. 
Ehrlichman dijo que Nixon era consciente de quiénes representaban la oposición más feroz 
a su administración: la izquierda antibelicista y la minoría negra. «Haciendo que el público 
asocie a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína, y criminalizando ambas 
sustancias, podíamos emprenderla contra ambas comunidades», confesó Ehrlichman al 
periodista Dan Baum. «Eso nos habilitaba a arrestar a sus líderes, meternos en sus casas, 
disolver sus reuniones y vilipendiarlos noche tras noche en las noticias. ¿Sabíamos que 
estábamos mintiendo respecto de las drogas? ¡Por supuesto que sí!». 
La ‘guerra contra las drogas’ aún continúa. 
 
 
DEL PROHIBICIONISMO 
 
El prohibicionismo, entonces, ha sido el modo en que se incorporaron las drogas a la 
agenda estatal; y el punitivismo, (punir = castigar) consignado en el título de este escrito, 
es una forma privilegiada en que se realiza el control social, a través de múltiples 
mecanismos. La asociación drogas-delincuente, sostenida por los medios de comunicación, 
y en especial por esa máquina de producción ideológica que es Hollywood (con repetidoras 
locales en toda América Latina); encarna en villeros - pobres - latinos a ‘peligrosos 
enemigos públicos’. 
Al sufrimiento que algunas modalidades de consumo implican, para los consumidores en 
primer lugar, y también para sus entornos afectivos; se le agregan los trastornos y 
sufrimientos que supone ser el objeto de un proceso judicial. 
 
Al menos en las últimas tres décadas, los organismos que establecen y llevan a cabo las 
políticas respecto de las "drogas" a nivel de cada país son los organismos políticos de 
gobierno, particularmente los de seguridad; y no los del sistema sanitario. Lo mismo ocurre 
a nivel internacional; pese a ser considerados como graves problemas de salud, no son la 
organización Mundial de la Salud (OMS) ni la organización Panamericana de la Salud (OPS) 
–en el caso de América Latina– los organismos encargados de establecer las políticas que 
se aplican respecto de los usos y consumos de drogas; son organismos de las Naciones 
unidas como la Comisión de Estupefacientes, la Junta internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes y la oficina de las Naciones unidas contra la Droga y el Delito, las que 
realmente proponen y deciden dichas políticas. 
Se verifica lo señalado identificando quiénes son los actores sociales que planifican y llevan 
a cabo la "lucha contra las drogas", así como quiénes son los que reciben y utilizan la mayor 
cantidad de recursos, especialmente los recursos financieros: los organismos de seguridad. 
El prohibicionismo procura legitimarse a sí mismo mediante lo que algunos estudiosos del 
derecho denominan “ilusión jurídica”, o “ilusión represiva”, señalando de esta manera un 
verdadero mito de nuestras sociedades, el cual supone que la sanción de una ley conlleva 
la solución de un conflicto. La ilusión represiva permite sostener una utopía -nunca asumida 
en forma taxativa-, y que funciona al modo de un imperativo categórico, este sería llegar en 
algún momento, a una ‘sociedad sin drogas’; para lo cual la abstinencia es la única opción. 
Utopía que conlleva una exigencia de ‘pureza’, de ‘expurgar el mal’ o ‘los demonios’, de 
‘eliminar vicios’; lo que en la práctica conduce a ‘eliminar a los viciosos’. Semejante utopía-
imperativo habilita el lanzamiento, en forma periódica y recurrente, de verdaderas Cruzadas 
que pretenden “limpiar la basura de nuestras sociedades”. 
Un milenio después de las cruzadas, el occidente cristianovuelve a señalar a ‘nuevos 
árabes’ como chivos expiatorios de una parte de las desgracias sociales. 
Estigmatizar y condenar, o encarcelar, o internar compulsivamente en granjas de detención 
son algunas de las variantes propugnadas por estos defensores de una sociedad 
“saludable”. 
Esta ilusión represiva conlleva una imposibilidad que le pone límites; imposibilidad que 
fingen desconocer quienes la sostienen, esto es que ninguna sociedad resignará el derecho 
a utilizar sustancias como una manera de modificar el estado de ánimo. Cuando la sensatez 
o el sentido común, o la aceptación de esta realidad podrían propiciar modos de convivencia 
más inteligentes, el prohibicionismo agita la ilusión de que la eliminación de las sustancias 
es posible. 
 
En la idea de ‘convivencia’ incluimos la información clara y desprejuiciada sobre las drogas, 
sus efectos, sus usos; los cuidados que se requieren, los controles y recursos que cada 
una de las cuestiones requieren. En este punto se puede materializar la idea mencionada 
más arriba, en cuanto a ‘dialogar con la época’: nos referimos a dialogar con las/os 
diferentes usuarias/os de las diferentes sustancias. Ellas, ellos; son parte privilegiada en 
cuanto concierne a pensar la cuestión. La información relevante, la experiencia que ellas/os 
han adquirido, puede ser capitalizada en programas o políticas públicas que tomen seria y 
democráticamente el problema. Esto quiere decir trazar cartografías actualizadas y 
desprejuiciadas (es decir, con bases científicas) del problema; que sean utilizadas para 
generar amplios debates en el conjunto social. Que la mayor parte del ‘demos’ participe y 
delibere al respecto. 
 
 
UNA PARTICULARIDAD ACTUAL DE LOS CONSUMOS 
 
Aquello que se describía en las últimas décadas del siglo pasado como ‘sociedad de 
consumo’ ha profundizado su modo de capturar nuestras subjetividades. La ‘obsolescencia 
programada’ de los bienes producidos es solo un ejemplo de la presión para descartarlos, 
desecharlos, ¡y reemplazarlos rápidamente!. 
 
Desde nuestro posicionamiento como psicólogas/os en el campo de la salud colectiva, 
procuramos encontrar las articulaciones entre una subjetividad individual y una subjetividad 
colectiva; en esa dirección, Castoriadis propuso que la oposición no se establecía entre 
‘individuo y sociedad’ (ya que “el individuo es una parte de la sociedad”) sino entre ‘psiquis 
y sociedad’. En el tema que nos concierne, identificamos como lo colectivo, o como 
‘discurso del conjunto social’ esta imposición a un modo vertiginoso de consumir; que 
funciona como disparadora de un apremio intrapsíquico, de una vivencia de urgencia, de 
una necesidad de satisfacción inmediata. Estamos viviendo en la era de la inmediatez. 
Esa premura, ese “lo quiero ya” (así tituló Sumo una canción icónica de los ‘80) se impone 
como modelo de la relación que tenemos con los objetos. El diferimiento de la satisfacción 
se vive como imposible. La presión al consumo, -presión ’externa’ al psiquismo-, cuenta con 
un aliado intra-psíquico: retoña aquí la pulsión de muerte, -en tanto tendencia a la reducción 
completa de las tensiones-, procurando la mayor descarga posible, e inmediata. La 
perentoriedad o la urgencia no permiten diferir la satisfacción, impiden soportar la espera, 
abrir un tiempo necesario para que el deseo madure, para que nos aprestemos al encuentro 
con el objeto satisfactor. 
La interacción psique-sociedad en este punto, nos permite decir que el ‘consumo de drogas’ 
forma parte del orden más general de los consumos; y entender que lo que sucede en ese 
nivel general, tiene relación con los usos actuales de las drogas. 
 
 
PERSPECTIVA DE DERECHOS EN ARGENTINA 
 
En los años ‘90, una década liberal en que un peronismo gobernó Argentina y alineó al país 
con la mayoría de las políticas de los EEUU, fue sancionada la aún vigente ley 23.737; 
ejemplo del modo en que una legislación prohibicionista promueve la represión, la 
discriminación y la condena estigmatizante de los usuarios, consumidores. 
Al enfocar los consumos desde una perspectiva jurídico-policial y no sanitaria; los 
expedientes en tribunales y las cárceles se llenaron de usuarios-consumidores; además, 
las acciones de prevención e información no partieron de un diagnóstico de la situación 
local; se orientaron en cambio, por las dos sustancias que preocupaban al país del norte: 
cocaína y marihuana. Ni el alcohol, ni los toluenos, ni la pasta base no fueron tomados en 
consideración; y los modos de consumo más riesgosos, como el uso de drogas inyectables 
-en plena expansión de la epidemia de VIH-, tampoco tuvo un lugar relevante en la agenda 
estatal en aquel entonces. 
 
La ley de Salud Mental 26.657, promulgada en 2010, intenta cambiar la perspectiva de 
abordaje de los consumos, al incluirlos en el campo sanitario en particular, y en el de los 
derechos, en general. Se establece en el artículo 4° que: “Las adicciones deben ser 
abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Las personas con uso 
problemático de drogas -legales e ilegales-, tienen todos los derechos y garantías que se 
establecen en la presente ley en su relación con los servicios de salud”. Al establecer que 
la cuestión drogas se entrama en el campo de los derechos, posibilita que ganen visibilidad 
algunas de las estrategias de reducción de daños; pioneras en plantear una perspectiva de 
derechos humanos para el trabajo con las personas que consumían. 
 
Escribimos en el párrafo anterior “...intenta cambiar la perspectiva”, porque no ignoramos 
que un cambio de esta magnitud no se resuelve sólo por la sanción de una ley (la ilusión 
jurídica es eso, una ilusión); los mecanismos discriminatorios explícitos o sutiles, 
siguen impidiendo u obstaculizando el acceso de usuarias/os a algunos servicios de salud 
por el hecho de consumir sustancias (_“no atendemos adicciones” es una frase pronunciada 
por profesionales del campo sanitario, médico o ‘psi’, que refieren con frecuencia 
algunos/as usuarios/as). Incorporar la perspectiva de derechos humanos al campo de las 
drogas es uno de los desafíos actuales, ya que el estigma de ‘drogadicto’ cierra puertas o 
produce múltiples maltratos. 
 
Desde que se implementaron las acciones de intercambio de jeringas en varios países, el 
derecho de una persona a consumir drogas tuvo una expresión concreta en los debates 
que se abrieron. Esta cuestión puso y pone en tensión los límites y alcances de un régimen 
democrático; ¿puede reconocerse el derecho de una persona a intoxicarse, a consumir o 
experimentar sustancias que tienen poderosos efectos sobre el sistema nervioso central?, 
¿no debería haber impedimientos, limitaciones o alguna forma de prohibición para ello?, el 
artículo 19 de la Constitución Nacional ¿incluye el derecho personal a ingerir drogas?. 
 
Todas y todos quienes planteamos abordar la cuestión drogas desde estrategias de 
reducción de daños, tomamos en consideración una delicada articulación entre derechos y 
cuidados; ya que entre los derechos de que se habla, se encuentra el derecho a la 
información sobre usos y efectos, a conseguir sustancias que no estén adulteradas; a 
conocer las medidas de asistencia necesarias para un caso de intoxicación, etc. 
Esta perspectiva, que ubica la cuestión drogas en el campo de los derechos, ha permitido 
que ganen visibilidad o que puedan discutirse algunas estrategias de reducción de daños; 
lo que demanda acciones pensadas en forma global e implementadas en forma local, en 
cada territorio, atendiendo a las singularidades que en cada lugar se presentan. 
Asumimos que se trata de un proyecto de empoderamiento de las personas para la 
ciudadanía. ¿Cómo sería posible avanzar hacia una política de drogas más humana si no 
se desarrollase en un marco de políticas democráticas?. La democracia, el ejercicio de la 
ciudadanía y la Reducción de Daños sontérminos que encuentran expresión en un mismo 
movimiento social. 
 
 
REDUCCIÓN DE DAÑOS, una praxis ética de prevención. 
 
Un objetivo para la praxis preventivista y promocional de salud en el tema drogas es ayudar 
a construir conocimientos y prácticas que posibiliten dialogar en la forma más inteligente 
posible con el contexto. Definimos como un diálogo inteligente el dar cuenta de los 
problemas generando un encuentro con las personas en la posición exacta en que ellas 
estén en cuanto a las drogas; y de acuerdo a esas realidades, construir en forma conjunta 
estrategias de intervención que permitan que los consumos no se agraven; y que el 
consumo existente se haga del modo menos dañino. 
Las diferencias están; hay personas que no consumen; otras que usan una o algunas 
sustancias de manera esporádica, recreativa o experimental; otras que hacen uso habitual 
de ellas. Estas personas no existen separadas ‘por modalidades de consumo’, conviven; y 
las encontramos compartiendo espacios: de estudio, de trabajo, espacios comunitarios. 
Es por esto que no definimos nuestras intervenciones preventivistas en términos temporales 
(‘intervenir antes de...’), sino en términos espaciales. Intervenimos en múltiples espacios, 
y en todos ellos, intentamos mirar los problemas de las drogas de frente; convocar a la 
participación real de las personas concernidas; promover encuentros en los que se pueda 
escuchar -y entender- lo que tienen para decir y, por nuestra parte, transmitir información 
cierta, de forma clara y atractiva. Esto quiere decir: dando respuestas a las situaciones 
reales que encuentran en sus cotidianidades. Cada persona que usa drogas, en cualquier 
modalidad que sea, establece con esa sustancia una relación singular, determinada por 
múltiples causas; sobre esa relación se jugará nuestra intervención. 
 
Las intervenciones preventivistas son acciones que no conciernen solo a los expertos en la 
materia, sino a todos; por eso resultará propicio plantear procesos y estrategias que sean 
dinámicos, flexibles y movilizadores de la iniciativa social, que inauguren espacios de 
reflexión y actuación; hablamos de una prevención participativa e integral. 
 
En tanto dar cuenta de las condiciones reales del uso de drogas, y a tomar contacto con 
usuarios y usuarias sin prejuicios o preconceptos, la perspectiva de reducción de daños es 
propiciadora de encuentros de trabajo en los que se tracen objetivos posibles. 
Esta perspectiva apareció como estrategia en América Latina en la década de los 90; se 
trataba entonces de abordar la epidemia de VIH- SIDA partiendo de modificar las conductas 
de riesgo en relación con la transmisión (no compartir jeringas ni otros objetos empleados 
para inyectarse, usar preservativos), trazando de esa manera un marco sanitario para los 
problemas de drogas, vía regulación de las prácticas de las personas. 
 
A partir de entonces se produjeron algunas transformaciones; en primer lugar, las políticas 
neoliberales han desactivado progresivamente planes y programas sociales en salud, 
educación, justicia o desarrollo con el objetivo de ‘reducir el déficit fiscal’, deteriorando las 
condiciones de existencia de amplios sectores. Por otro lado cambiaron las prácticas de 
lxs usuarixs: disminuyó el uso de drogas inyectables, se extendió el consumo de pasta base 
de cocaína y de anfetaminas en el marco de masivas fiestas de música electrónica; además, 
aunque persisten y se renuevan las políticas prohibicionistas, su fracaso es evidente, se 
han producido cambios en las respuestas asistenciales: los tratamientos por internación y 
las internaciones compulsivas, han sido cuestionados como ineficaces y al mismo tiempo 
como violatorias de derechos; y en el marco del ajuste fiscal, disminuyen año a año las 
acciones asistenciales o de prevención sobre poblaciones empobrecidas. 
Por último, el concepto de ‘territorio’ ha adquirido relevancia en el planeamiento de acciones 
y en el desarrollo de intervenciones, ya que el mismo posibilita gestionar políticas, planear 
acciones integrales sobre los problemas relevantes que conciernen a quienes comparten el 
habitat, a quienes en su cotidianidad interactúan en redes, con servicios y agencias 
estatales, con el conjunto de la sociedad civil; vale decir,construyen lazos sociales. 
Mencionamos más arriba que nuestro modo de entender la prevención era a partir de un 
criterio espacial; este espacio territorial, al cual “amplias mayorías de la población queda 
férreamente ligada” (Bauman, 1999), es un ámbito propicio para hacer realidad la 
participación comunitaria en el afrontamiento de aquellos problemas que les impactan. 
 
Una cuestión central de las estrategias de reducción de daños es el marco de derechos que 
plantean; se considera a usuarios y usuarias de drogas como sujetos de derechos y se 
reconoce su capacidad para desarrollar formas de cuidado o modificar prácticas de riesgo. 
También se reconoce y se le da un lugar en el planeamiento e implementación de 
programas al saber empírico construido en las propias situaciones de consumo (empírico= 
“que está basado en la experiencia y en la observación de los hechos”). Buena parte de la 
información que circula recoge las recomendaciones y sugerencias en cuanto a los usos de 
sustancias, a la identificación de servicios amigables y de recursos existentes en los 
diferentes espacios del aparato estatal o de la sociedad civil, brindadas por usuarios y 
usuarias. 
 
Sin embargo, es necesario hacer una advertencia, como ha ocurrido (como ocurre) en 
muchas otras situaciones, aquellas estrategias que son construidas en las grietas o en los 
márgenes del sistema con un carácter instituyente, afrontan el riesgo de ser cooptadas, 
transformadas en acciones burocráticas, desprovistas del carácter cuestionador o 
disruptivo inicial. La cooptación de tales estrategias se evidencia en algunos programas o 
acciones que desligan la cuestión de los consumos del marco social, político y económico 
general; y ponen el foco en una dimensión singular de los problemas, despolitizando la 
cuestión. 
Un ejemplo de ello es la promoción de medidas de cuidado exclusivamente individual; en 
línea con una ideología que rechaza todo aquello que sea colectivo. Predicar la meritocracia 
individual, o que la fuente exclusiva de los problemas está en el interior de las personas 
(Parker, 2009), convergen en el mismo punto. 
Cuando se focaliza en acciones individuales, no se contempla la creación de nuevos 
dispositivos colectivos de usuarios/as, o el despliegue de algunos existentes, que podrían 
motorizar experiencias con la potencia que sólo puede generar lo colectivo. Pensar en 
términos de grupo y no solo de sujeto individual; es recuperar capitales sociales y culturales 
existentes que posibiliten enfrentar los daños; y promueve ciudadanía empoderada en 
niveles tan básicos como lo que se conoce como ‘paciente bien informado’. Incluimos en 
ésto algunas experiencias de inter-ayuda, en las que son los/as propios/as usuarios/as 
quienes se hacen cargo de afrontar los problemas del consumo. 
 
Desde estas perspectivas es importante recuperar los trabajos que desde mediados del 
siglo veinte demostraron el papel que tuvieron la pertenencia y el activismo político e 
ideológico para posibilitar la sobrevivencia de personas en situaciones límites. 
Las respuestas a los problemas de las drogas no son individuales ni pueden estar 
despolitizadas, porque la cuestión es política y está asociada a las condiciones 
estructurales de producción y reproducción sociales. 
 
 
 
 
Bibliografía 
 
Bauman, S. (1999) La Globalización. Buenos Aires:FCE. 
Castoriadis, C.(1997) La democracia como régimen o como procedimiento. en El Avance 
de la Insignificancia. Buenos Aires:Eudeba 
Goltzman, P. (2018). Ideas Poderosas. CABA:Intercambios Asociación Civil. 
Menéndez, E. (1996). De algunos alcoholismosy algunos saberes. Atención primaria y 
proceso de alcoholización. MéxicoDF:Ciesas. 
Parker, I. (2009) Revista Venezolana de Psicología Clínica y Comunitaria, 8. 
Touzé, G., Goltzman, P. (comp(2011). América Latina debate sobre drogas. Buenos 
Aires:Intercambios.