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La	publicación	del	 libro	se	hace	en	el	marco	de	 la	conmemoración	del	40.º
aniversario	de	 la	primera	 reunión	de	 los	Servicios	de	 Inteligencia	del	Cono
Sur	 en	 la	 ciudad	 de	 Santiago	 de	 Chile,	 para	 coordinar	 la	 persecución,
asesinatos	y	desapariciones	de	los	disidentes	políticos	a	las	dictaduras	de	la
región.
www.lectulandia.com	-	Página	2
AA.	VV.
Operación	Cóndor
40	años	después
ePub	r1.0
Titivillus	30.06.2018
www.lectulandia.com	-	Página	3
Título	original:	Operación	Cóndor.	40	años	después
AA.	VV.,	2015
Editor	digital:	Titivillus
ePub	base	r1.2
www.lectulandia.com	-	Página	4
OPERACIÓN	CÓNDOR.	40	AÑOS	DESPUÉS
BAJO	LA	DIRECCIÓN	DE
BALTASAR	GARZÓN	REAL
COORDINADORA	GENERAL
STELLA	CALLONI
COORDINADOR
GRÉGOIRE	CHAMPENOIS
EQUIPO	DE	REDACCIÓN	DEL	INFORME
STELLA	CALLONI	-	AGUSTÍN	ALGAZE	-	MAURO	ARLANDO
EXPERTAS	Y	EXPERTOS
MARTÍN	ALMADA	-	SAMUEL	BLIXEN
EDMUNDO	CRUZ	-	JOHN	DINGES
BALTASAR	GARZÓN	-	IVAN	CLÁUDIO	MARX
MÓNICA	GONZÁLEZ	-	J.	PATRICE	MCSHERRY
JOSÉ	LUIS	MÉNDEZ	MÉNDEZ	-	MANUEL	OLLÉ	SESÉ
ENRIQUE	SERRA	PADRÓS	-	CARLOS	POVEDA	MORENO
GUSTAVO	RODRÍGUEZ	OSTRIA	-	MELISA	SLATMAN
DANIEL	TARNOPOLSKY	-	FEDERICO	TATTER
INSTITUTO	DE	POLÍTICAS	PÚBLICAS	EN	DERECHOS	HUMANOS	(IPPDH)	DEL	MERCOSUR
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ÍNDICE
PRÓLOGO
INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO	1.	El	contexto	mundial:	Guerra	Fría	y	contrainsurgencia
1.	La	Guerra	Fría
2.	Conceptos	y	aplicaciones	de	la	contrainsurgencia
CAPÍTULO	 2.	 El	 contexto	 regional:	 América	 Latina	 en	 tiempos	 de	 las	 dictaduras	 de
seguridad	nacional
1.	La	política	exterior	de	Estados	Unidos	hacia	América	Latina
2.	Las	dictaduras	de	seguridad	nacional	del	Cono	Sur
3.	Las	organizaciones	político	militares	y	la	Junta	de	Coordinación	Revolucionaria
4.	Grupos	paramilitares	en	la	región
CAPÍTULO	3.	Los	antecedentes	de	la	Operación	Cóndor
1.	El	rol	clave	de	Brasil	y	los	primeros	casos	de	cooperación	bilateral	(1964-1973)
2.	Los	antecedentes	directos	(1974-1975)
CAPÍTULO	4.	¿Qué	fue	la	Operación	Cóndor?
1.	Características	principales
2.	Los	preparativos	(1974-1975)
3.	El	Cóndor	se	institucionaliza	(noviembre,	1975)
4.	Las	reuniones	y	acuerdos	durante	la	Operación	Cóndor	(1976-1980)
CAPÍTULO	5.	Los	casos	emblemáticos
1.	 Jorge	 Fuentes	 Alarcón	 y	 Amilcar	 Santucho	 (Argentina-Paraguay-Chile,	 1975-
1976)
2.	Agustín	Goiburú	(Argentina-Paraguay,	1977)
3.	 Los	 operativos	 contra	 el	 PVP	 uruguayo	 (Argentina-Uruguay-Paraguay-Brasil,
1976-1978)
4.	Los	brasileños	en	Argentina	y	argentinos	en	Brasil	(1976-1980)
5.	La	participación	de	Ecuador	y	Perú	(1976-1980)
6.	Los	niños	de	Cóndor	(Argentina,	Bolivia,	Chile,	Uruguay,	1976-1978)
CAPÍTULO	6.	Los	asesinatos	de	destacados	dirigentes	políticos	y	militares
1.	Orlando	Letelier	(Washington,	1976)
2.	Juan	José	Torres	(Buenos	Aires,	1976)
3.	Zelmar	Michelini	y	Héctor	Gutiérrez	Ruiz	(Buenos	Aires,	1976)
4.	Carmelo	Soria	(Santiago,	1976)
5.	Joaquín	Zenteno	Anaya	(París,	1976)
6.	Antonio	Maidana	(Buenos	Aires,	1980)
CAPÍTULO	7.	Derivaciones	de	la	Operación	Cóndor	en	los	años	80	y	90
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1.	La	conexión	centroamericana
2.	El	retorno	democrático,	la	cofradía	y	el	Caso	Berríos
CAPÍTULO	8.	Aportes	de	especialistas	sobre	la	Operación	Cóndor
1.	El	rol	de	Estados	Unidos:	J.	Patrice	McSherry,	John	Dinges
2.	 El	Cóndor	 en	América	Latina:	Melisa	 Slatman,	Gustavo	Rodriguez	Ostria,	 Iván
Claudio	Marx,	Mónica	González,	José	Luis	Méndez	Méndez,	Carlos	Poveda	Moreno,
Federico	Tatter,	Edmundo	Cruz,	Samuel	Blixen
3.	La	contracara	de	Cóndor:	Daniel	Tarnopolsky,	Martín	Almada,	Manuel	Ollé	Sesé
EPÍLOGO.	Cóndor	y	el	largo	camino	de	la	verdad
ANEXOS	DOCUMENTALES
1.	Línea	de	tiempo	de	la	Operación	Cóndor	y	sus	antecedentes
2.	Listado	de	víctimas	de	 la	 coordinación	 represiva	de	 las	dictaduras	del	Cono	Sur
(1974-1981)
3.	Abreviaturas	de	los	centros	de	detención
4.	 Abreviaturas	 de	 los	 partidos	 o	movimientos	 políticos,	movimientos	 sindicales	 y
movimientos	estudiantiles
5.	 Mapa	 de	 los	 casos	 registrados	 en	 el	 Cono	 Sur:	 detenciones,	 desapariciones,
asesinatos,	intentos	de	asesinatos	y	robos	de	niños
6.	Listado	de	los	centros	de	detención	más	representativos
7.	Testimonios	de	las	víctimas
8.	Archivos	 de	 la	 reunión	 inaugural	 de	 la	Operación	Cóndor:	 Programa	 y	Acta	 de
Clausura
9.	El	Acervo	Documental	Cóndor,	por	el	Instituto	de	Políticas	Públicas	en	Derechos
Humanos	(IPPDH)	del	Mercosur
BIBLIOGRAFÍA
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ABREVIATURAS	Y	ACRÓNIMOS
ACNUR:	Alto	Comisionado	de	las	Naciones	Unidas	para	los	Refugiados
AGREMIL:	Agregados	militares
ALN:	Acción	Libertadora	Nacional
CCD:	Centro	clandestino	de	detención
CEA:	Conferencia	de	Ejércitos	Americanos
CGT:	Confederación	General	del	Trabajo
CI:	Contrainsurgencia
CIA:	Agencia	Central	de	Inteligencia
CID:	Colegio	Interamericano	de	Defensa
CIEx:	Central	de	Informaciones	del	Exterior
CLAMOR:	Comitê	de	Defesa	dos	Direitos	Humanos	para	os	Países	do	Cono	Sul
CNI:	Central	Nacional	de	Inteligencia
CNT:	Convención	Nacional	del	Trabajo
CNV:	Comissão	Nacional	da	Verdade	(Comisión	Nacional	de	la	Verdad)
CODEPU:	Comité	de	Defensa	de	los	Derechos	del	Pueblo
CONADEP:	Comisión	Nacional	sobre	la	Desaparición	de	Personas
CORU:	Comando	de	Organizaciones	Revolucionarias	Unificados
CSN:	Consejo	de	Seguridad	Nacional
DDHH:	Derechos	Humanos
DINA:	Dirección	de	Inteligencia	Nacional
DINE:	Dirección	de	Inteligencia	del	Ejército
DISIP:	Dirección	de	los	Servicios	de	Inteligencia	y	Prevención
DNII:	Dirección	Nacional	de	Informaciones	e	Inteligencia
DOPS:	Departamentos	de	Orden	Político	y	Social
DSN:	Doctrina	de	Seguridad	Nacional
EEUU:	Estados	Unidos
ELN:	Ejército	de	Liberación	Nacional
ERP:	Ejército	Revolucionario	del	Pueblo
ESMA:	Escuela	de	Mecánica	de	la	Armada
ESMAGENFA:	Segundo	Departamento	de	Inteligencia	del	Estado	Mayor	General	de
las	Fuerzas	Armadas
FBI:	Oficina	Federal	de	Investigación
GTE:	Grupo	de	Tareas	Exteriores
INTERPOL:	Organización	Internacional	de	Policía	Criminal
IPA:	Academia	Internacional	de	Policía
JCR:	Junta	de	Coordinación	Revolucionaria
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JID:	Junta	Interamericana	de	Defensa
LAM:	Liga	Anticomunista	Mundial
LSM:	Ley	de	Seguridad	Mutua
MIR:	Movimiento	de	Izquierda	Revolucionaria
MLN-T:	Movimiento	de	Liberación	Nacional-Tupamaros
MR8:	Movimiento	Revolucionario	8	de	Octubre
OAS:	Organización	del	Ejército	Secreto
OCOA:	Organismo	Coordinador	de	Operaciones	Antisubversivas
OEA:	Organización	de	los	Estados	Americanos
OPM:	Organizaciones	Político	Militares
OTAN:	Organización	del	Tratado	del	Atlántico	Norte
PAM:	Programas	de	Ayuda	Militar
PRT:	Partido	Revolucionario	de	los	Trabajadores
PVP:	Partido	para	la	Victoria	del	Pueblo
SID:	Servicio	de	Informaciones	de	Defensa
SIDE:	Secretaría	de	Inteligencia	del	Estado
SNI:	Servicio	Nacional	de	Informaciones
SOA:	Escuela	de	las	Américas
TIAR:	Tratado	 Interamericano	de	Asistencia	Recíproca	Triple	A	(o	AAA):	Alianza
Anticomunista	Argentina
URSS:	Unión	de	Repúblicas	Socialistas	Soviéticas
USAID:	Agencia	de	los	Estados	Unidos	para	el	Desarrollo	Internacional
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PRÓLOGO
El	Cóndor	sigue	pasando
BALTASAR	GARZÓN[1]
1.	Introducción
Este	 libro	 entra	 en	 la	 categoría	 del	 rito	 del	 reconocimiento	 y	 pretende	 el
establecimiento	de	una	certeza	compartida:	la	valentía	de	quienes,	frente	a	todas	las
adversidades,	 lucharon	 democráticamente	 frente	 a	 los	 que	 la	 negaban	 o	 hicieron	 y
hacen	 un	 uso	 perverso	 de	 la	misma	 para	 imponer	 ideas,	 negar	 derechos,	masacrar
arbitrariamente	 la	esperanza,	y	acabar	con	 toda	 idea	de	una	 justicia	 reparadora,	por
medio	 de	 la	 violencia,	 del	 terrorismo	 de	 Estado,	 del	 aprovechamiento	 de	 sus
instituciones	para	la	creación	de	espacios	de	impunidad	y	arbitrariedad	con	aspiración
de	 consolidación.	 Es	 un	 grito	 contra	 la	 impunidad,	 especialmente	 contra	 esa
impunidad	apenas	larvada	y	defendida	con	argumentos	legales	que	destruyen	la	idea
del	 derecho	 como	 instrumento	 y	 mecanismo	 reparador	 para	 quienes	 sufrieron	 las
consecuencias	de	la	negacióncomo	seres	humanos.
Las	 víctimas	 de	 todos	 los	 operativos	 Cóndor	 del	 mundo,	 de	 antes	 y	 de	 ahora,
aunque	velados	de	buenas	intenciones	que,	tan	solo	persiguen	generar	la	indiferencia
que	cauteriza	la	conciencia	frente	a	lo	inaceptable.	Antes	fueron	pactos	de	agresión	y
difusión	de	doctrinas	de	seguridad	nacional	que	suponían	la	violación	consciente	de
los	 derechos	 humanos	 de	 miles	 de	 personas;	 ahora	 son	 drones	 que	 destruyen
científicamente	a	inocentes	o	“culpables”	así	declarados	sin	juicio	alguno	y	matan	el
derecho.	Es	un	homenaje	a	las	víctimas	que	hoy	siguen	reclamando	justicia	a	través
de	 las	 miles	 de	 voces	 que	 representan	 a	 los	 torturados,	 desaparecidos,	 ejecutados,
asesinados,	exiliados,	pero	también	a	los	perseguidos	por	puros	intereses	económicos
o	 arrojados	 a	 la	 inmensidad	 de	 la	 desesperación	 por	 la	 incompetencia	 política	 o	 el
interés	económico	de	unos	pocos.	Son	esas	voces	que	esperan	respuestas	del	Estado
en	 forma	 de	 reparación	 a	 través	 de	 la	 verdad,	 la	 justicia	 y	 las	 garantías	 de	 no
repetición,	ahora	y	siempre	renovadas	frente	a	quienes	niegan	ese	derecho	inalienable
de	 quienes	 han	 sufrido	 y	 sufren	 en	 el	 mundo	 la	 negación	 y	 el	 olvido	 de	 los
victimarios.
La	 justicia,	 no	 debería	 ocultarse	 tras	 la	 cobardía,	 ni	 tampoco	 ser	 cómplice	 del
poder,	 pero	 a	 veces	 sucede	 y	 entonces	 deja	 desamparadas	 a	 las	 víctimas	 y	 a	 la
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sociedad	 en	 su	 conjunto.	Cuando	 eso	 ocurre,	 el	 Estado	 de	 derecho	 se	 quiebra	 y	 la
democracia	peligra	o	se	pierde.	Eso	es	lo	que	ocurrió	un	11	de	septiembre	de	1973,	o
un	24	de	marzo	de	1976,	o	en	tantas	otras	fechas	y	países	que	avergüenza	pensar	tan
solo	en	la	cifra.	A	cuatro	décadas	de	un	25	de	noviembre	de	1975	contribuimos	con
este	 texto	 a	 que	 no	 se	 olvide	 aquella	 acción	 cobarde	 de	 quienes	 decían	 actuar	 en
nombre	 de	 la	 patria,	 cuando	 en	 realidad	 la	 hundían	 en	 la	 oscuridad	 del	 oprobio
fascista	y	que	se	conoce	con	el	nombre	de	Operativo	Cóndor.
Desde	entonces	hasta	ahora,	sigue	estando	presente	más	que	nunca,	la	ignominia
para	 quienes	 arteramente	 quebrantaron	 las	 leyes,	 y	 lo	 que	 aún	 es	 más	 grave,
degradaron	 la	 confianza	 popular,	 masacraron	 la	 democracia	 y	 mancillaron	 los
cuerpos.	 En	 especial	 quiero	 recordar	 a	 quienes,	 como	 el	 presidente	 constitucional
Salvador	 Allende,	 querían	 un	mundo	 diferente,	más	 igualitario	 y	 justo,	 por	 el	 que
todavía	seguimos	luchando	con	más	energías	y	necesidad	que	nunca.
La	 justicia	 de	 entonces	 calló,	 como	 lo	 hizo	 después	 durante	 muchos	 años	 en
muchos	países	de	la	región	y	del	mundo.	Fueron	años	de	acero,	de	persecuciones,	de
negación	 de	 la	 libertad	 y	 la	 vida;	 fueron	 años	 en	 los	 que	 el	 cóndor	 pasó	 a	 ser	 el
símbolo	que	representaba	la	represión	organizada	por	una	cuadrilla	de	criminales	que
se	autopostularon	como	gobernantes,	usurpando	el	poder	democrático	del	pueblo	y	la
legitimidad	del	mismo.
Ahora,	 cuarenta	 años	 después,	 en	 el	 país	 hermano	 de	 Argentina,	 se	 están
investigando	 y	 juzgando	 a	 quienes	 desde	 allí	 colaboraron	 y	 codirigieron	 con	 los
responsables	de	otros	países	como	Chile,	Uruguay,	Brasil,	Bolivia,	Paraguay	y	Perú,
una	 de	 las	 mayores	 villanías	 de	 la	 historia	 de	 Latinoamérica:	 la	 desaparición	 y	 el
asesinato	 transnacional	organizado	desde	el	 terror	del	Estado	y	con	 la	protección	y
apoyo	del	país	del	norte,	 cuyos	presuntos	 responsables,	 con	el	 secretario	de	Estado
Kissinger	a	la	cabeza,	no	han	rendido	aún	cuentas	ante	la	Justicia.
2.	La	experiencia	personal	y	profesional
El	 28	 de	 marzo	 de	 1996,	 20	 años	 y	 cuatro	 días	 después	 del	 golpe	 de	 estado	 en
Argentina,	incoé	un	procedimiento	penal	como	magistrado	juez	central	de	instrucción
N.º	5	de	la	Audiencia	Nacional	de	España,	a	cuyo	frente	estuve	por	más	de	26	años,
por	 presuntos	 delitos	 de	 genocidio,	 terrorismo	 y	 torturas	 contra	 los	 máximos
responsables	de	las	Juntas	militares	argentinas	en	base	a	la	aplicación	del	principio	de
jurisdicción	universal,	que	permite	perseguir	a	quienes	sean	responsables	de	crímenes
internacionales	—también	 los	 de	 lesa	 humanidad	 y	 de	 guerra—	con	 independencia
del	 lugar	 en	 el	 que	 se	 hubieran	 cometido	 y	 de	 la	 nacionalidad	 de	 las	 víctimas	 o
perpetradores,	con	tal	de	que	no	se	haya	investigado	y	enjuiciado	en	el	país	de	origen:
es	decir,	 si	existe	 impunidad.	Daban	así	 inicio	 los	que	después	se	conocerían	como
los	 “Juicios	 de	 Madrid”	 y	 en	 los	 que	 se	 emitirían	 órdenes	 de	 detención	 contra
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aquellos	máximos	responsables,	entre	los	que	se	hallaban	Galtieri	(primera	orden	de
detención	internacional	en	1997)	Videla,	Massera,	Augusto	Pinochet,	y	en	los	que	se
detuvo	 e	 investigó	 a	 Adolfo	 Scilingo	 y	 Ricardo	 Miguel	 Cavallo,	 el	 primero
condenado	 en	 España	 a	 1046	 años	 de	 cárcel	 y	 el	 segundo	 a	 cadena	 perpetua	 en
Argentina	 después	 de	 que	México	 lo	 entregara	 a	 España	 y	 España	 a	Argentina	 en
extradición.	 A	 éstos	 seguirían,	 los	 responsables	 del	 genocidio	 en	 Guatemala,	 El
Salvador,	Tíbet,	Sahara	y	Guantánamo,	entre	otros.
Estas	 iniciativas	 comenzaron	 en	 marzo	 de	 1996	 con	 la	 presentación	 de	 la
denuncia	de	la	Asociación	Progresista	de	Fiscales	contra	los	responsables	de	las	tres
Juntas	Militares	que	gobernaron	Argentina	con	mano	de	hierro	entre	el	24	de	marzo
de	 1976	 y	 diciembre	 de	 1983,	 y	 aplicaron	 un	 plan	 sistemático	 de	 eliminación	 de
personas	que	alcanzó	a	30.000	desaparecidos	según	las	estadísticas	de	los	organismos
de	derechos	humanos.
El	trabajo	de	esa	asociación	—la	asociación	progresista	de	fiscales—,	y	el
consiguiente	 impulso	 de	 las	 víctimas	 y	 de	 unos	 pocos	 periodistas	 fue
determinante	para	que	esta	iniciativa,	pionera	en	la	historia	jurídica	mundial,
llegara	 hasta	 sede	 judicial.	 El	 28	 de	 marzo	 de	 aquel	 año	 el	 caso	 sobre	 la
represión	 en	 Argentina	 arrancó	 definitivamente	 cuando	 admití	 la	 denuncia,
dando	así	 comienzo	uno	de	 los	 casos	 judiciales	más	 intensos	 e	 importantes,
por	 su	 impacto	 internacional,	 que	 he	 tenido	 a	 lo	 largo	 de	 mi	 carrera
profesional.	No	imaginaba	hasta	qué	punto	este	caso	—y	el	de	Pinochet,	que
asumí	tiempo	después—	me	iban	a	cambiar	la	vida	profesional	y	personal.
El	camino	de	la	justicia	penal	universal	que	entonces	pusimos	en	marcha
todas	las	partes	implicadas	y	concienciadas	debió	superar	múltiples	trabas	de
todo	 tipo,	 no	 solo	 jurídicas,	 sino	 principalmente	 políticas,	 económicas	 y
diplomáticas.
La	 investigación	 no	 estuvo	 exenta	 de	 obstáculos	 intencionadamente
añadidos	a	las	propias	dificultades	de	la	investigación.
El	 gobierno	 español,	 conservador	 y	 dirigido	 por	 José	María	Aznar,	 y	 el
Ministerio	Fiscal,	siguiendo	sus	directrices,	no	hizo	nada	oficialmente	distinto
a	 impedir,	 trabar	 e	 interrumpir	 el	 avance	 de	 las	 pesquisas	 judiciales.	 Esas
dificultades	 se	 trasladaron	 también	 intencionadamente	 a	 los	 países	 de
referencia	 —Chile	 y	 Argentina—,	 en	 donde	 se	 impidió	 cualquier	 tipo	 de
cooperación.
En	Argentina,	 incluso,	 el	 entonces	 presidente	Carlos	Menem	 aprobó,	 en
1997,	un	decreto	que	prohibía	expresamente	esa	cooperación…[2]
Esta	postura	obstaculizadora	se	reiteraría	durante	la	presidencia	de	Fernando	De
la	Rúa,	entre	1999	y	2001,	hasta	que	en	2003,	el	presidente	Néstor	Kirchner,	al	que
tuve	el	honor	de	conocer	en	julio	de	2005,	decidió	su	derogación	y	abrir	con	ella	las
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puertas	de	la	cooperación	judicial,	que	nunca	debieron	cerrarse.
…	 Inspirado	 en	 la	 denuncia	 sobre	 la	 represión	 en	 Argentina,	 el	 caso
Pinochet	se	inició	en	julio	de	1996	en	el	Juzgado	Central	de	Instrucción	6	y
siguió	 su	 curso	 independiente	 del	 anterior.	 En	 abril	 de	 1998	 ambos
procedimientos	 se	 conectaron	 a	 través	 de	 una	 pieza	 separada	 del	 caso
Argentina	abierta	parainvestigar	la	llamada	“Operación	Cóndor”	(para	mi	es
más	 adecuado	 hablar	 de	 “Operativo”).	 Como	 ya	 sabrán,	 el	 operativo
“Cóndor”	 integraba	 una	 red	 de	 perfecta	 coordinación	 criminal	 entre	 los
servicios	 de	 inteligencia,	 policiales	 y	 otros	 cuerpos	 represores	 de	 Chile,
Argentina,	 Uruguay,	 Paraguay,	 Brasil,	 Perú	 y	 Bolivia	 en	 el	 Cono	 Sur	 con
tentáculos	que	se	extendían	fuera	de	Latinoamérica	para	delinquir	en	Estados
Unidos,	 Italia,	 Francia	 y	 España.	 El	 objeto	 del	 Operativo	 Cóndor	 fue
secuestrar,	 asesinar	 y	 hacer	 desaparecer	 a	 los	 opositores	 políticos	 de	 las
mencionadas	dictaduras.
Pero	aquel	año	1998	tuvo	importancia	en	mi	vida	muy	especialmente	por
la	 decisión	 que	 tomé	 el	 16	 de	 octubre,	 sobre	 las	 14:30	 horas.	 Desde	 mi
despacho	del	Juzgado	Central	de	Instrucción	n.º	5	de	 la	Audiencia	Nacional
ordené	 la	 detención	 del	 ex	 presidente	 de	Chile,	Augusto	 Pinochet,	 que	 a	 la
sazón	se	encontraba	en	Londres.	Créanme	si	les	digo	que	hasta	ese	momento
había	sido	un	día	más.	Había	despachado	otros	asuntos	y,	como	viernes	y	feria
(la	de	San	Lucas)	de	Jaén,	mi	tierra,	mi	aspiración	más	inmediata	era	ultimar
los	papeles	de	esa	mañana	relativos	al	caso	KAS-EKIN,	preparar	una	próxima
operación	contra	ETA	(tendría	lugar	a	final	de	ese	mes)	y	marcharme…	a	mi
provincia	natal…
Pero	así	es	el	destino,	estaba	escrito	en	algún	lugar	insondable	que	ese	día
se	 cruzaran	 definitivamente	 mi	 vida	 y	 la	 del	 dictador	 chileno.	 A	 Pinochet
hasta	ese	momento	solo	había	comenzado	a	investigarle	muy	lateralmente	en
la	 denominada	Operación	Cóndor,	 al	 estar	 más	 ocupado	 en	 el	 caso	 de	 las
Juntas	 Militares	 Argentinas	 cuyo	 procesamiento	 estaba	 preparando
(finalmente	 lo	haría	 el	 2	de	noviembre	de	1998	 contra	98	personas,	 por	 los
cargos	 de	 genocidio,	 terrorismo	 y	 torturas	 contra	 miles	 de	 personas,	 los
mismos	delitos	que	 imputé	al	 senador	Pinochet).	Curiosa	coincidencia	 la	de
las	 fechas:	 1998	 fue	 el	 50	 aniversario	 de	 la	 Declaración	 Universal	 de	 los
Derechos	Humanos,	el	procesamiento	de	Pinochet	y	el	de	la	autorización	para
continuar	 la	 extradición	 del	 ministro	 del	 Interior	 británico	 Jack	 Straw	 el
mismo	día	 del	 aniversario	 (10/12/98).	Ocho	 años	 después	 (10	 de	 diciembre
2006)	falleció	el	dictador.
Había	 estado	 toda	 la	 semana	 en	 contacto	 con	 el	 abogado	 Joan	 Garcés,
impulsor	de	 la	acusación	contra	el	dictador	chileno,	quien	me	había	avisado
de	 la	 presencia	 de	 Augusto	 Pinochet	 en	 Londres	 y	 al	 que	 le	 dije	 que	 las
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acciones	 en	 su	 contra	 (cualesquiera	 que	 fueran)	 debía	 afrontarlas	 el	 juez
García-Castellón,	ya	que	era	él	quien	llevaba	la	causa	principal	(en	el	Juzgado
Central	 número	 6).	 No	 obstante,	 también	 le	 comenté	 que	 al	 tener	 la	 pieza
sobre	 la	 Operación	 Cóndor	 abierta,	 que	 afectaba	 directamente	 a	 Pinochet,
también	actuaría	pero	de	forma	absolutamente	reservada	y	discreta.	Así	que	le
pedí	 que	 solicitara	 el	 envío	 de	 una	 Comisión	 Rogatoria	 a	mi	 colega	 y	 que
hiciera	pública	la	aceptación	del	 juez	y	la	inmediata	remisión	de	la	misma	a
las	autoridades	británicas.	El	efecto	que	se	produjo	era	el	que	había	previsto:
toda	 la	 atención	 mediática	 se	 fijó	 en	 las	 decisiones	 que,	 eventualmente
pudiera	tomar	el	juez	García-Castellón	y	eso	me	permitía	moverme	sin	ningún
tipo	 de	 presión.	Así	 que	 comencé	 a	 solicitar	 información,	 sin	 conocimiento
alguno	 por	 parte	 de	 nadie	 y	 vía	 Interpol,	 a	 las	 autoridades	 británicas.	 La
primera	 respuesta	se	produjo,	 si	 la	memoria	no	me	falla,	el	miércoles	14	de
octubre	 y	 fue	 bastante	 desabrida	 por	 parte	 de	 Scotland	Yard.	Más	 o	menos
venían	a	decirme:	“a	usted	qué	 le	 importa,	no	se	meta	en	asuntos	que	no	 le
conciernen”.	 La	 respuesta	 me	 dejó	 bastante	 perplejo.	 No	 era	 forma	 de
contestar	una	petición	de	un	juez	español,	aunque	pensé	que	estaban	ajustando
alguna	vieja	cuenta	conmigo.
Lo	 cierto	 es	 que	 esa	 tarde,	 cuando	 tenía	 perdida	 cualquier	 esperanza	 de
que	 diera	 resultado	 mi	 estrategia	 de	 discreción	 y	 reserva	 para	 no	 levantar
sospechas	 del	 entorno	 de	 Pinochet,	 y	 pudiera	 trasladarme	 a	 Londres	 para
tomarle	declaración,	recibí	una	llamada	inesperada.	El	Ministro	Consejero	(la
fortuna	 quiso	 que	 estuviera	 en	 funciones	 de	 embajador)	 de	 la	 embajada
británica	en	España,	John	Deu,	me	llamó	para	pedirme	disculpas	por	el	tono	y
contenido	de	la	contestación	policial	recibida	y	me	dijo	que	cursara	otra	nueva
petición	de	información	(qué	hechos	se	investigaban,	cuáles	se	le	imputaban,
la	 calificación	 jurídica,	 el	 lugar	 donde	 se	 hallaba	 y	 la	 intención	 de
interrogarle)	y	que	sería	contestada	afirmativamente.	En	ese	momento	me	di
cuenta	de	la	influencia	que	tiene	la	casualidad	o	el	azar,	como	dice	la	canción
de	Joan	Manuel	Serrat:	“fue	sin	querer,	es	caprichoso	el	azar…”	en	el	devenir
de	los	hechos	y	de	la	vida	de	las	personas.	Probablemente	Pinochet	no	hubiera
sido	 nunca	 detenido,	 si	 yo,	 un	 año	 antes,	 no	 hubiera	 criticado	 pública	 y
durísimamente	 la	 falta	de	colaboración	de	 los	británicos	con	 las	autoridades
judiciales	 españolas	 en	 las	 investigaciones	 sobre	 blanqueo	 de	 dinero
procedente	del	tráfico	de	drogas	en	Gibraltar.	Esto	dio	lugar	a	que	John	Deu
me	formulara	una	queja	por	mis	palabras	y	yo	le	dije	que,	sin	renunciar	a	lo
dicho,	 no	 me	 importaba	 hablar	 con	 él	 en	 persona.	 Así	 comenzó	 una	 muy
buena	 relación	 que	 aquel	 14	 de	 octubre	 de	 1998	 allanó	 el	 camino	 para
continuar	mi	aproximación	a	Augusto	Pinochet	en	Londres.
La	respuesta	policial	llegó,	mucho	más	amable	que	la	anterior,	y	pudimos
cruzar	más	datos	para	hacer	posible	el	fin	que	pretendía.	Finalmente	el	viernes
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16	de	octubre,	después	de	haberles	 comunicado	a	 las	partes	 acusadoras	 (los
abogados)	que	 resolvería	 sobre	 la	presentación	de	una	querella	de	 Izquierda
Unida	 contra	 Pinochet	 ese	 día	 y	 la	 petición	 de	 declaración	 a	 través	 de
Comisión	Rogatoria,	 el	 lunes	 19,	 les	 despedí	 sobre	 las	 13:00	 horas	 sin	más
novedades.
Pero	 cuál	 no	 sería	mi	 sorpresa	 al	 recibir	 una	 comunicación	 de	 Interpol-
Madrid	 cuando	 ya	 prácticamente	 estaba	 cerrando	 el	 despacho	 para	 salir	 de
viaje	 hacia	 Jaén.	 En	 ella	 se	 me	 comunicaba	 que	 las	 autoridades	 británicas
habían	 informado	 que	 el	 senador	 Augusto	 Pinochet,	 a	 pesar	 de	 que	 estaba
convaleciente	de	una	operación	de	hernia,	había	solicitado	el	alta	voluntaria	y
se	marchaba	al	día	siguiente.	Inmediatamente,	requerí	la	posibilidad	de	que	se
le	retuviera	hasta	recibirle	declaración	y	la	respuesta	fue:	“la	única	posibilidad
de	impedir	que	se	marche	es	ordenando	su	detención”.
El	shock	que	recibí	en	ese	momento	creo	que	es	difícil	 imaginarlo.	Ante
mí	tenía	un	panorama	nada	fácil	y	tenía	que	tomar	una	decisión	inmediata	en
un	 sentido	 o	 en	 otro.	 Si	 dejaba	 pasar	 la	 insinuación	 que	 se	me	 hacía	 desde
Londres,	nadie	me	 lo	 reprocharía	pues	en	definitiva	había	otro	 juez,	García-
Castellón,	que	llevaba	la	causa	principal	y	que	no	había	 tomado,	ni	 tomaría,
una	iniciativa	de	ese	tipo.	Además,	la	competencia	de	la	jurisdicción	española
para	los	casos	de	Argentina	y	Chile	estaba	pendiente	del	recurso	interpuesto
por	el	Ministerio	Fiscal	—después	de	estar	más	de	un	año	sin	hacerlo—	por	lo
que	 la	 Sala	 (el	 tribunal	 de	 apelación)	 podía	 decidir	 que	 no	 éramos
competentes	 y	 archivar	 todo.	 Y	 encima,	 para	 más	 complicación,	 tampoco
tenía	 en	ese	momento	 todas	 las	 imputaciones	 contra	Pinochet.	Tenía	 sólo	 la
Operación	Cóndor,	pero	más	del	 lado	argentino,	para	 tomar	 la	decisión.	Así
estaban	las	cosas	aquella	tarde	en	la	que	mientras	sopesaba	mandar	la	orden
de	arresto	contra	el	dictador,	debo	reconocerlo,	pensaba	que	los	británicos	no
cumplirían	 el	 mandato,	 de	 tal	 suerte	 que	 estaba	 convencido	 que	 las
posibilidades	 de	 éxito	 eran	 nulasy	 las	 de	 fracaso,	 con	 fanfarria	 mediática
incluida,	seguras.	Aun	así	me	costó	poco	tiempo	decidirme	por	la	detención.
Era	la	única	opción	coherente	con	la	aplicación	del	principio	de	Justicia	Penal
Universal	 que	 había	 iniciado	 años	 antes	 y	 que	 justificaba	 la	 orden	 de
detención	 del	 chileno,	 como	 lo	 había	 hecho	 un	 año	 atrás	 contra	 el	 ex
presidente	de	 la	Junta	Militar	Argentina,	Leopoldo	Fortunato	Galtieri	por	su
presunta	participación	en	los	asesinatos	y	desaparición	en	Rosario	(Argentina)
de	varios	miembros	de	la	familia	española	Labrador.	Así	que,	tras	el	aviso	de
Londres,	ordenar	la	detención	de	Pinochet	era	lo	justo,	lo	que	había	que	hacer
y	 la	 única	 decisión	que	 las	 víctimas	 entenderían.	Además,	 nunca	me	habría
perdonado	a	mí	mismo	no	haber	hecho	algo	por	acabar	con	la	impunidad	que
aún	regía	en	Chile	y	no	haber	llevado	a	cabo	todo	lo	que	estaba	en	mi	mano
para	 conseguirlo.	 De	 modo	 que	 a	 las	 dos	 y	 media	 de	 la	 tarde
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aproximadamente	 llamé	 la	 atención	del	 último	 funcionario	que	quedaba	por
mi	planta	de	la	Audiencia	—todos	se	habían	marchado	ya—	y	le	pedí	que	se
quedara	para	transcribir	una	resolución	urgente.
Me	encerré	en	mi	despacho,	desconecté	los	teléfonos	y	ante	la	ausencia	de
los	 tomos	 del	 procedimiento	 —el	 funcionario	 encargado	 de	 la	 tramitación
también	 se	 había	 ido—	 redacté	 de	 memoria	 los	 hechos	 y	 desarrollé	 los
razonamientos	 jurídicos	 con	 los	 que	 imputaba	 a	 Augusto	 Pinochet	 como
presunto	 autor	 de	 genocidio,	 terrorismo	y	 torturas.	La	 orden	quedó	hecha	y
apenas	 media	 hora	 después	 estaba	 saliendo	 por	 fax	 para	 Interpol	 a	 cuyo
representante	en	Madrid	advertí	de	 la	gravedad	de	que	esta	decisión	pudiera
filtrarse.	En	realidad	esta	advertencia	sobraba	porque	el	funcionario	asumió	la
responsabilidad	de	silencio	y	cumplió	su	labor	a	la	perfección.	Pasaron	unos
minutos	y	sin	retirarme	del	teléfono	el	funcionario	me	dijo:	“Sr.	juez	la	orden
de	 detención	 internacional	 de	 Augusto	 Pinochet	 Ligarte	 está	 enviada	 a
Londres”.
La	sucesión	de	acontecimientos	 fue	 tan	veloz	que	me	 impidió	valorar	 lo
sucedido	 hasta	 ese	 momento.	 Realmente	 había	 sucedido.	 La	 orden	 de
detención	 estaba	 en	 Londres	 y	 ahora	 tocaba	 esperar	 los	 acontecimientos	 y
estar	 preparado	 para	 recibir	 los	 ataques	 y	 críticas	 que	 vendrían	 con	 total
seguridad	de	 los	más	variados	 frentes	 tanto	 si	 lo	detenían	 como	 si	 no.	Pero
habría	merecido	la	pena	y,	para	mí,	como	juez,	no	existía	otra	opción…[3]
Con	esta	carga	encima	comencé	mi	viaje	hacia	mi	tierra	jienense	en	mi	Andalucía
natal.	Fue	unas	dos	horas	después,	cuando	iba	por	 la	carretera	nacional	 IV,	“…	a	 la
altura	de	Ciudad	Real,	con	los	molinos	de	viento	al	fondo,	cuando	recibí	la	llamada
de	 John	 Deu	 diciéndome	 que	 la	 orden	 de	 detención	 había	 sido	 recibida	 y	 que
Scotland	Yard	 le	 daba	 trámite	 e	 iría	 a	 presentársela	 al	 juez	 para	 que	 decidiera.	Me
quedé	sin	habla	y	creo	que	más	pálido	aún	de	lo	que	estaba…”.	Una	vez	en	Jaén,
…	de	nuevo,	sobre	las	18:30	horas	recibí	una	llamada	de	John	diciéndome
que	 el	 juez	 británico	 tomaría	 una	 decisión	 en	 pocas	 horas.	 Ustedes	 pueden
pensar	que	un	juez	ni	siente	ni	padece,	que	es	inmune	a	sus	propias	decisiones
y	 que	 un	 tipo	 siempre	 metido	 en	 asuntos	 en	 los	 que	 soy	 consciente	 que	 a
veces	me	va	la	vida,	ordena	detener	a	un	dictador	como	Pinochet	y	se	queda
tan	fresco.	Pues	no.	A	mí	me	tiemblan	las	piernas,	me	emociono	y	me	asusto
como	 cualquier	 mortal.	 Cuando	 hablé	 con	 John,	 las	 pulsaciones	 debieron
acelerarse	al	máximo	porque	mi	mujer	me	preguntó	qué	era	lo	que	me	ocurría.
Evidentemente	no	podía	decirle	nada	en	ese	momento,	de	modo	que,	ya	en	el
hotel,	cuando	una	hora	después	recibí	la	nueva	llamada	de	John	diciendo	que
el	 juez	 inglés	había	 firmado	 la	orden	de	detención	de	Pinochet	 a	 efectos	de
extradición,	 me	 derrumbé	 sobre	 el	 sillón,	 me	 dirigí	 a	 ella	 y	 tomándole	 las
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manos	le	dije	“Un	juez	británico	acaba	de	ordenar	la	detención	de	Pinochet	en
Londres	a	petición	mía	y	van	a	detenerlo;	estoy	muy	asustado,	pero	seguro	de
lo	que	hecho”.	Los	que	conocen	a	mi	mujer	saben	que	no	miento	ni	exagero	si
les	digo	que	es	una	persona	extraordinaria	y	excepcionalmente	lúcida.	En	ese
momento,	 ella,	 con	 mirada	 serena	 y	 un	 atisbo	 de	 orgullo	 dijo:	 “no	 te
preocupes	Baltasar.	Hemos	estado	en	otras	situaciones	peores	y	hemos	salido.
Además	era	tu	obligación	hacerlo	por	las	miles	de	víctimas	que	cayeron…”.
La	verdad	es	que	 sus	palabras	y	 su	apoyo,	como	siempre,	me	dieron	ánimo
para	aguantar	la	última	fase	de	ese	día:	la	materialización	de	la	detención	del
dictador.	No	puedo	precisar	 la	hora,	pero	 sí	que	pasaban	de	 las	22:30	horas
cuando	 John	 Deu	 me	 llamó	 una	 última	 vez	 esa	 noche	 para	 decirme	 que
Augusto	 Pinochet	 estaba	 detenido.	 Me	 dije:	 “bien,	 ya	 está	 hecho,	 ahora	 a
pelear	jurídicamente	por	el	caso”.
Los	 tentáculos	 de	 la	 impunidad	 se	 resisten	 a	 desaparecer,	 a	 pesar	 de	 las
reiteradas	 resoluciones	 de	 Cortes	 Internacionales	 como	 la	 de	 DDHH
Interamericana,	que	abandera	internacionalmente	la	posición	más	firme	contra
la	 impunidad	 (Casos	 Barrios	 Altos,	 La	 Cantuta,	 Araguaia,	Mozote,	 Campo
Algodonero,	la	sentencia	de	la	Cámara	de	Apelaciones	del	Tribunal	Especial
de	 Sierra	 Leona	 en	 el	 caso	 Kondewa	 de	 2004	 o	 la	 sentencia	 del	 Tribunal
Constitucional	 de	 Sudáfrica	 en	 el	 caso	 Azapo	 (Azianian	 People’s
Organization)	 y	 otros	 vs	 President	 of	 Republic	 of	 South	Africa,	 entre	 otras
muchas;	o	la	sentencia	de	la	Corte	Suprema	argentina,	al	confirmar	la	nulidad
de	 las	 leyes	de	Obediencia	Debida	y	Punto	Final,	derogadas	en	 la	época	del
presidente	 Kirchner	 en	 Argentina)	 o	 de	 los	 diferentes	 Comités	 de	 NNUU.
Buen	ejemplo	de	ello	es	España	que	ha	renunciado,	hasta	la	fecha,	en	forma
humillante	 y	 grosera	 para	 las	 víctimas	 a	 la	 exigencia	 más	 elemental	 de
justicia,	 verdad	 y	 reparación	 para	 las	 víctimas	 de	 los	 crímenes	 franquistas,
persiguiendo	 a	 quien	 trató	 de	 investigarlos	 y,	 con	 ello,	 permitiendo	 que
Argentina,	asuma	el	papel	que	correspondería	a	 los	 tribunales	españoles.	La
historia	se	repite,	pero	al	revés.
La	corrupción,	está	en	la	base	de	todos	estos	mecanismos	brutales	que	los
militares	 pusieron	 en	 marcha.	 A	 todos	 ellos	 se	 les	 llenaba	 la	 boca	 de
honestidad,	 de	 defensa	 de	 la	 patria,	 pero	 realmente	muchos	 de	 ellos	 fueron
además	 de	 asesinos,	 ladrones	 y	 extorsionadores	 rampantes.	 Cuando	 se
investiga,	 siempre	 aparece	un	general,	 un	 familiar	 o	una	persona	próxima	a
quien	ejerce	el	poder	que	resulta	enriquecido.	Y,	en	el	caso	argentino,	con	los
propios	bienes	de	los	secuestrados,	desaparecidos	o	asesinados.
La	corrupción	es	asimismo	uno	de	los	soportes	básicos	de	la	impunidad,	la
realidad	de	 los	partícipes	 se	concreta	en	 la	depredación	de	 todo	aquello	que
tiene	 valor,	 comenzando	 por	 la	 vida	 y	 acabando	 por	 la	 hacienda.	 En	 esta
ceremonia	 de	 degradación,	 una	 vez	 más,	 los	 que	 taparon	 lo	 ejecutado
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adquirieron	una	participación	gravísima,	merecedora	del	reproche	penal	más
firme.
En	1998	ordené,	además	de	la	detención,	el	bloqueo	de	todos	los	bienes	y
cuentas	 bancarias	 de	 Augusto	 Pinochet	 en	 cualquier	 parte	 del	 mundo.	 Esa
orden	no	llegó	a	ejecutarse	porque	las	autoridades	británicas	nunca	llegaron	a
cumplimentar	 la	 comisión	 rogatoria	 librada	 al	 efecto.	 Pero	 el	 conocimiento
público	de	aquella	resolución	hizo	que	el	banco	Riggs	en	Londres	reintegrara
varios	millones	de	dólares	que	el	Sr.	Pinochet	 tenía	en	esa	entidad	bancaria.
En	 los	 años	 siguientes	 la	 citada	 cantidad	 fue	 cobrada	 por	 los	 familiares,
incluso	 hallándose	 el	 detenido	 en	 Londres	 (febrero	 de	 2000).	 Como
consecuencia	 de	 la	 investigación	 producida	 a	 raíz	 de	 aquel	 embargo	 seaveriguó	 que	 el	 dictador	 y	 su	 familia	 habían	 tenido	 27	millones	 de	 dólares
depositados	 en	 el	 banco	 Riggs.	 Éste	 sufrió	 una	 fuerte	 sanción	 (unos	 16
millones	de	dólares)	y	llegó	a	un	acuerdo	con	las	víctimas	representadas	por	el
letrado	Juan	Garcés	de	modo	que	con	la	autorización	del	juzgado,	un	total	de
9	 millones	 de	 dólares	 fue	 destinado	 al	 pago	 de	 indemnizaciones	 de	 las
víctimas.[4]
3.	Las	víctimas	y	su	derecho	a	la	jurisdicción	universal
El	siglo	XX,	que	contempló	el	ocaso,	debilitamiento	y	quiebra	de	las	 ideologías	con
pretensiones	 universales	 y	 que	 soportó	 las	mayores	 cotas	 de	 impunidad,	 descubrió
que	el	único	lenguaje	común	que	perdura	hasta	hoy	es	el	de	los	derechos	humanos,
como	 referentes	 que	 toda	 la	 humanidad	 necesita	 en	 una	 época	 de	 dimensiones
planetarias,	económicamente	global,	al	borde	del	abismo	y	políticamente	inestable,	en
el	 que	 comienzan	 a	 verse	 situaciones	y	 reacciones	que	parecían	 superadas.	En	 este
contexto,	 en	 los	 últimos	 18	 años,	 la	 justicia	 también	 ha	 adquirido	 una	 dimensión
universal	 frente	a	violaciones	consolidadas	y	masivas	de	 los	derechos	 recogidos	en
aquella	Declaración,	como	al	desarrollo	humano	progresivo	(Raúl	Zaffaroni)	o	los	de
la	 naturaleza,	 que	 dan	 sentido	 a	 todos	 los	 demás,	 y	 de	 los	 que	muchos	 no	 quieren
reconocer	como	tales.
Pero	para	mirar	hacia	el	futuro,	debemos	tener	perfectamente	definido	el	pasado	y
como	dice	Richard	Goldstone,	cada	país	ha	de	enfrentar	su	propia	historia	y	qué	tipo
de	justicia	quiere.	Representa	un	error	de	proporciones	enormes	adoptar	la	regla	del
olvido	y	la	impunidad,	porque	una
…	 sociedad	 se	 fortalece	 a	 sí	 misma	 reconociendo	 lo	 que	 aconteció	 en	 un
momento	de	su	historia,	así	como	los	hechos	que	propiciaron	su	ruptura	y	la
sumisión	a	la	voluntad	del	dictador.	Y,	en	ese	sentido,	no	son	el	silencio	y	el
olvido,	 ni	 la	 impunidad	 surgida	 de	 esa	 impúdica	 unión,	 los	 que	 deben
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prevalecer	 en	 la	 memoria	 de	 un	 pueblo,	 sino	 las	 decisiones	 que	 hicieron
posible,	la	verdad,	la	justicia	y	la	reparación	de	quienes	sufrieron	la	represión
y	 el	 dolor	 por	 parte	 de	 quienes	 tenían	 la	 obligación	 de	 protegerles	 y	 no	 lo
hicieron.[5]
Por	 supuesto	que,	 en	estos	casos,	 la	 acción	de	 la	 justicia	y,	por	ende,	 la	verdad
judicial	 que	 se	 forma	 con	 ella,	 no	 solo	 por	medio	 de	 la	 sentencia	 sino	 con	 todo	 el
proceso	 previo	 (especialmente	 en	 los	 supuestos	 en	 los	 que	 no	 haya	 juicio	 por
incidencia	 procesales	 o	 materiales),	 contribuye	 en	 forma	 decisiva	 a	 combatir	 la
impunidad	y,	con	ello,	nuevamente,	satisface	un	derecho	de	las	víctimas	y	transforma
la	realidad	histórica	oficial,	bien	por	medio	de	la	derogación	o	del	desconocimiento
de	esas	normas	de	impunidad,	bien	con	la	consecución	de	que	cortes	internacionales
así	lo	declaren.
Sin	 embargo	 cuando	 nos	 enfrentamos	 al	 dilema	 de	 la	 persecución	 penal	 de	 los
crímenes	 internacionales	 como	medio	 de	 búsqueda	 de	 la	 verdad	 o	 a	 la	 impunidad,
surge	el	 rechazo	por	amplios	sectores	de	 la	sociedad,	sustentándolo	en	una	serie	de
argumentos	 instrumentales	 tales	 como	 la	 necesidad	 de	 olvidar.	 Sin	 embargo,	 la
historia	 reciente,	 demuestra	 que	ninguna	 sociedad	 se	 rompe	por	 la	 aplicación	de	 la
justicia,	 sino	 todo	 lo	 contrario.	Y	 son	 esas	 tesis	 negacionistas	 y	 las	 construcciones
formalistas	 que	 amparan	 el	 negacionismo	 buscando	 el	 olvido	 y	 la	 justificación	 de
prácticas	 criminales	 que	 tanto	 daño	 causan	 a	 la	 humanidad	 las	 que	 constituyen	 el
verdadero	peligro	de	que	los	fenómenos	se	reproduzcan.	“…	es	un	error	terrible	el	de
aquellos	países	que	han	tratado	de	olvidar	su	historia,	su	pasado,	porque	cuando	eso
sucede,	y	la	gente	simplemente	sigue	adelante	con	su	vida,	es	cuando	la	venganza	y	el
odio	aparecen”.[6]
En	 definitiva,	 verdad,	 justicia	 y	 reparación	 son	 el	 trípode	 sobre	 el	 que	 debe
basarse	una	sociedad	democrática	para	consolidarse	como	tal,	no	solo	en	los	casos	en
los	 que	 se	 hayan	 sufrido	 los	 rigores	 de	 la	 represión	 o	 de	 la	 violación	 masiva	 de
derechos	humanos,	sino	como	reconocimiento	del	carácter	de	victima	universal	que
frente	a	este	tipo	de	crímenes	todos	tenemos,	y	conseguir	así	las	garantías	reales	de
no	repetición.
En	 este	 sentido,	 la	 omisión	 del	 Estado	 o	 la	 imposición	 del	 mismo	 en	 la
prohibición	de	persecución	de	los	crímenes	de	genocidio	o	contra	 la	humanidad,	en
tiempo	 real,	 no	 solo	 ha	 generado	 impunidad	 de	 hecho	 o	 de	 derecho	 a	 través	 de
amnistías	o	por	leyes	de	perdón	general,	sino	que	también	ha	impedido	que	existiera
una	 posibilidad	 de	 que	 la	 verdad	 judicial	 se	 configurara	 adecuadamente	 y	 se
extendiera	a	otros	ámbitos	(el	económico)	al	disponer	de	uno	de	los	elementos	que	le
son	 básicos,	 la	 proximidad	 de	 las	 pruebas	 y	 de	 los	 actores.	Es	 por	 ello,	 que,	 en	 la
mayoría	 de	 los	 casos,	 la	 verdad	 judicial,	 se	 ha	 tenido	 que	 elaborar	 en	 unas
condiciones	muy	adversas,	con	lejanía	de	las	fuentes	de	prueba,	dilatada	en	el	tiempo,
o	de	 los	propios	 escenarios	del	 conflicto,	 a	 través	de	 la	 aplicación	del	Principio	de
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Jurisdicción	Universal	o	de	tribunales	internacionales,	con	graves	dificultades	para	la
materialización	de	las	investigaciones	y	práctica	de	las	pruebas.
Como	 una	 especie	 de	 fantasma,	 levita	 siempre	 el	 espectro	 de	 la
impunidad,	la	“necesidad”	de	olvidar,	de	pasar	página,	la	dificultad	que	para
el	 Estado	 comportan	 estos	 hechos,	 la	 “tozudez”	 de	 las	 víctimas	 para	 exigir
justicia.
Frente	a	este	falso	dilema	recurrente,	no	debería	de	existir	la	mínima	duda
de	que	los	perpetradores	deberían	rendir	cuentas,	con	todas	las	garantías,	ante
la	justicia.[7]
Para	conseguir	que	ambas	verdades	se	aproximen,	se	debe	transformar	la	verdad
judicial	 en	 una	 verdad	 colectiva	 e	 integral	 que	 dé	más	 sentido	 a	 la	 justicia	 y	 a	 la
reparación,	 porque	 cuando	 se	 trata	 de	 dar	 respuesta	 a	 la	 ejecución	 de	 crímenes
masivos,	 como	 los	 que	 integraron	 el	 denominado	 Operativo	 Cóndor,	 con	 una
aspiración	 de	 reparación	 integral	 y	 sostenible	 de	 las	 víctimas,	 la	 justicia	 no	 puede
pretender	cumplir	su	labor	absolutamente	con	la	respuesta	meramente	individual,	sino
que	 tiene	 la	 obligación	 ineludible	 de	 configurar	 un	 espacio	 mayor	 que	 integre	 el
ámbito	 estrictamente	 procesal	 con	 el	 restaurativo	 por	 medio	 de	 una	 suerte	 de
reparación	colectiva	de	forma	integral	que	precisa	de	la	voluntad	de	los	participantes,
superando	 la	 tendencia	 natural	 de	 los	 victimarios	 a	 negar	 —como	 en	 Argentina,
Chile,	Guatemala,	El	Salvador,	ex	Yugoslavia—,	o	a	deformar	la	verdad,	tratando	de
justificar	 lo	que	se	hizo	—como	en	Colombia—.	Esa	comunión,	se	consigue	con	el
desarrollo	de	un	sistema	mixto	propio	de	la	denominada	justicia	transicional,	que	no
está	exenta	de	críticas	y	dificultades,	pero	que	se	va	imponiendo,	al	menos	en	algunos
escenarios	límite,	como	mecanismo	de	superación	del	conflicto	que	la	motiva.
4.	De	Cóndor	a	los	drones
El	 sueño	de	 la	Patria	Grande	 latinoamericana,	 acuñado	por	Bolívar,	San
Martín,	Belgrano	y	Güemes,	tuvo	su	contracara	en	la	realidad	del	denominado
Plan	Cóndor,	una	diabólica	operación	de	inteligencia	coordinada	desde	la	CIA
y	 las	 dictaduras	 militares	 latinoamericanas	 destinada	 a	 eliminar	 a	 los
movimientos	de	izquierda	en	la	región,	a	través	de	la	detención,	eliminación	y
desaparición	 de	 líderes	 políticos,	 sindicales	 o	 sociales	 de	 países	 como
Argentina,	Chile,	Paraguay,	Uruguay,	Bolivia	o	Brasil,	entre	otros.
El	terrorismo	de	Estado	se	instaló	en	Latinoamérica	y	sembró	el	terror,	la
desaparición	 forzada	 de	 personas,	 las	 ejecuciones	 sumarias,	 la	 tortura	 y	 el
robo	de	niños;	la	coordinación	regional	de	la	represión	alcanzó	niveles	nunca
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imaginados,	 que	 hoy	 se	 investigaen	 algunos	 países,	mientras	 que	 en	 otros,
como	Brasil,	 se	desarrollan	esfuerzos	para	hacerlo;	 sin	embargo,	 en	algunas
naciones,	esas	actuaciones	permanecen	ocultas	bajo	losas	de	silencio	oficial	e
impunidad.	Es	curioso,	pero	a	 todo	tipo	de	hechos,	como	los	acontecidos	en
Latinoamérica	 y	 a	 los	 que	 responde	 el	 excelente	 trabajo	 de	 Joao	 [Carvalho
Pina],	 acompaña	 la	 cobardía	 de	 los	 que	 los	 auspiciaron,	 que	 mostraron	 su
fuerza	 en	 la	 agresión	 y	 en	 su	 imposición	 de	 silencio,	 pero	 no	 al	 responder
sobre	los	crímenes	perpetrados.
Este	Cóndor	 de	 terror,	 que	 se	 contrapone	 a	 la	 belleza	 del	 ave	 que	 le	 da
nombre,	desplegó	sus	alas	más	allá	de	 los	Andes,	hacia	el	norte,	hundiendo
sus	garras	 en	México,	y	dirigió	 sus	 acciones	más	 allá	del	 océano	Atlántico,
hasta	hacerse	con	presas	en	España,	Italia	o	Francia.	Aquel	ejemplo	nefasto	de
la	 Escuela	 de	 las	 Américas	 en	 Panamá,	 desarrollado	 en	 el	 Cono	 Sur,	 con
reiteradas	masacres	 en	el	mar	de	 la	 impunidad,	 se	 reproduce	hoy	día,	 sin	el
mínimo	pudor,	en	todo	el	mundo	y	con	diferentes	actores	(al	menos,	en	parte)
pero	responde	a	un	mismo	esquema	de	violación	y	anulación	de	los	límites	del
Estado	de	derecho.
Acciones	 tales	como	 los	 traslados	 ilegales	de	prisioneros	por	parte	de	 la
CIA	 a	 centros	 de	 detención	 clandestinos	 en	 los	 que	 son	 secuestrados,
torturados	 o	 forzados	 a	 desaparecer,	 sin	 ningún	 tipo	 de	 control	 más	 que	 el
derivado,	 de	 hecho,	 de	 la	 voluntad	 de	 quien	 dispone	 esas	 acciones;	 drones
(aviones	 no	 tripulados)	 que	 eliminan,	 a	 control	 remoto	 y	 en	 forma,	 en
ocasiones	 selectiva,	 en	otras	 indiscriminadamente,	 a	 personas	muchas	veces
ajenas	al	conflicto,	a	miles	de	kilómetros	de	donde	se	inicia	la	acción	ilícita;
espionajes	masivos	 en	 países	 democráticos,	 en	 aras	 a	 la	 protección	 de	 unos
supuestos	 derechos	 que	 se	 desconocen	 ostensiblemente,	 son	 prácticas
habituales	que	se	justifican	con	la	necesidad	de	perseguir	el	terrorismo	y	que,
en	realidad,	no	son	sino	ejemplos	del	fracaso	de	un	sistema	que	no	ha	sabido
poner	en	práctica	una	seguridad	que	responda	a	las	necesidades	democráticas
de	los	ciudadanos	y	no	a	la	de	los	que	nos	dirigen.
En	este	mundo	al	 revés,	 la	 impunidad	borra	 toda	crónica	diferente	de	 la
oficial;	históricamente	han	existido	 intentos	de	eliminar	 la	realidad,	desde	el
olvido	inducido,	como	si	no	hubieran	existido	el	genocidio,	las	masacres	o	las
desapariciones	 forzadas	 de	 personas,	 hasta	 el	 olvido	 ordenado	 por	 ley,
mediante	 amnistías,	 condonaciones	 de	 penas	 o	 indultos,	 so	 pretexto	 de
garantizar	 la	 estabilidad	 política	 cuando	 en	 verdad	 lo	 que	 se	 buscaba	 es
garantizar	la	impunidad.
Mientras	 tanto,	 las	 víctimas	 siguen	 siendo	 las	 grandes	 olvidadas	 en	 la
mayoría	de	 los	países	del	mundo;	a	ellas	se	 les	arranca	de	cuajo	su	derecho
humano	 a	 la	 verdad,	 la	 justicia	 y	 la	 reparación	 integral	 y	 constituyen	 las
víctimas	en	sentido	estricto	y	amplio,	porque	cuando	se	trata	de	crímenes	de
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esta	 naturaleza	 (de	 guerra,	 genocidio	 o	 lesa	 humanidad),	 víctimas	 somos
todos,	 universal	 y	 localmente.	 El	 concepto	 universal	 de	 víctima	 es	 un
principio	 arraigado	 en	 el	 derecho	 penal	 internacional	 y	 de	 los	 derechos
humanos.	Eso	hace	que	la	lucha	contra	la	impunidad	sea	obligación	de	todos,
porque	todos	somos	los	afectados:	la	indiferencia	de	unos	pocos	nos	marca	a
todos…
…	En	el	2013	se	inició	en	Argentina	el	juicio	a	algunos	responsables	del
Plan	Cóndor,	hecho	histórico	en	la	aplicación	de	la	Justicia	trascendiendo	las
fronteras	 de	 Argentina,	 Chile,	 Brasil	 y	 Uruguay.	 En	 este	 procedimiento
judicial,	 los	 argentinos	 son	minoría	 entre	 las	 víctimas	 de	 las	 desapariciones
forzadas	que	cometieron	 las	Fuerzas	de	Seguridad	argentinas	dentro	y	 fuera
del	 país,	 lo	 que	 demuestra	 la	 estrecha	 colaboración	 que	 existía	 entre	 las
dictaduras	 del	 Cono	 Sur	 en	 su	 objetivo	 común	 de	 hacer	 desaparecer	 a	 los
opositores	políticos.	Si	bien	este	proceso	es	el	inicio	de	un	largo	camino,	no
deja	de	marcar	un	hito	regional	en	la	lucha	contra	la	impunidad.	Estos	avances
judiciales	son	una	demostración	de	que,	poco	a	poco,	se	pierde	el	“respeto”	o
“miedo”	 a	 sentar	 en	 el	 banquillo	 a	 determinadas	 autoridades.	 Se	 toma
conciencia	de	que	la	ley	es	igual	para	todos	y	de	que	no	hay	inmunidad	que
valga.	Sin	duda,	nos	encontramos	con	trabas	en	relación	a	hechos	ocurridos	en
el	pasado;	es	preciso	recordar	que	estamos	aplicando	conceptos	nuevos,	y	los
inicios	 son	 siempre	 difíciles.	 No	 obstante,	 especialmente	 Argentina	 está
sentando	bases	muy	sólidas	para	el	 futuro,	para	que	el	Nunca	Más	 sea	 una
realidad	definitiva.
Por	supuesto	queda	mucho	por	hacer,	pero	no	por	ello	debemos	dejar	de
apreciar	 los	avances	experimentados	en	este	ámbito	y	la	buena	evolución	de
los	acontecimientos,	aunque	todavía	hay	ejemplos	negativos	en	las	más	altas
esferas	 judiciales	 uruguayas,	 brasileñas,	 guatemaltecas	 o	 españolas,	 entre
otras,	que	no	perciben	la	necesidad	de	saldar	con	justicia,	verdad	y	reparación
esa	tremenda	deuda	histórica	que	existe	con	los	miles	y	miles	de	víctimas	que
dieron	 su	 vida	 por	 desear	 un	 mundo	 mejor.	 Es	 esa	 insensibilidad	 la	 que,
favoreciendo	 a	 unos	 pocos	 victimarios,	 daña	 a	 la	 generalidad	 de	 los
ciudadanos,	que	se	enfrentan	a	una	 realidad	que	desconoce	oficialmente	 sus
derechos.
A	 pesar	 de	 todo,	 se	 deben	 continuar	 los	 esfuerzos	 por	 vencer	 a	 los	 que
sostienen	la	impunidad.	Es	un	camino	difícil	en	el	que	toda	ayuda	es	poca,	de
ahí	la	importancia	del	compromiso	de	renovación	generacional	en	la	denuncia
y	 el	 activismo	 contra	 la	 lacra	 que	 debe	 trascender	 pueblos	 y	 naciones,	 y
superar	 la	 indiferencia.	Los	movimientos	sociales	de	protesta	y	de	exigencia
de	 responsabilidades	políticas	a	dirigentes	democráticos,	por	aquello	que	no
han	 hecho,	 que	 recorren	 el	 mundo	 en	 los	 últimos	 tiempos	 debe	 servir	 de
“aviso	a	navegantes”:	el	arrecife	de	la	impunidad	y	de	la	corrupción	está	ahí,
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siempre	 al	 acecho	 y	 dispuesto	 a	 quebrar	 el	 casco,	 siempre	 frágil,	 de	 los
derechos	humanos.
La	 lucha	 contra	 la	 impunidad	 debe	 ser	 un	 compromiso	 ético,	 de	 todos
frente	a	todos,	y	no	es	solo	responsabilidad	del	propio	Estado,	sino	también	de
cada	 ciudadano,	 para	 conseguir	 una	 paz	 justa	 y	 sostenible	 y,	 con	 ello,	 la
garantía	de	no	repetición	del	fenómeno.	Solo	a	través	del	conocimiento	de	la
verdad	histórica,	de	su	análisis	y	de	la	verdadera	comprensión	de	los	motivos
que	llevaron	a	la	sociedad	a	ese	punto	de	conflicto	puede	garantizarse	que	no
vuelva	a	ocurrir.	La	reflexión	profunda	de	qué	ocurrió	y	por	qué	nos	permite
identificar	 el	 riesgo	 y	 frenarlo	 a	 tiempo.	 En	 definitiva,	 la	 verdad	 nos
proporciona	 las	 herramientas	 para	 evitar	 la	 repetición	 de	 hechos	 tan
dramáticos	como	los	que	ha	vivido	Latinoamérica	y	otras	muchas	regiones	del
mundo.
Cualquier	esfuerzo	es	necesario;	todas	las	energías	son	precisas	para	que
las	miradas	tristes	y	de	dolor	infinito	de	las	víctimas	se	conviertan	en	sonrisas
de	esperanza.[8]
5.	El	laberinto	de	Cóndor
Lo	 que	 demuestra	 este	 libro	 es	 que	 el	 Operativo	 Cóndor	 tuvo	 antecedentes	 y
características	 similares	 a	 los	 operativos	 diseñados	 en	 otros	 países	 como	Argelia	 y
Vietnam.	 Por	 su	 parte,	 en	 América	 Latina,	 desde	 los	 años	 60	 ya	 hubo	 una
coordinación	para	 luchar	contra	 la	 “subversión”,	 concepto	que	 se	 repetirá	en	 forma
insistente	 años	 después.	 El	 libro	 analiza	 los	 antecedentes	 directos	 del	 Operativo
Cóndor,	como	los	casos	Prats,	Fuentes	y	Santucho,	y	se	detalla	la	reunión	de	1975	en
Chile,	 las	 características	 y	 diferentes	 fases	 de	 este	 operativo,	 analizándose	 también
otros	 casos	 emblemáticos	 (dirigentes	 y	 grupos	 políticos).	 En	 este	 sentido,	 se
demuestra	 que	 la	 persecucióntenía,	 entre	 otras	 cosas,	 los	 objetivos	 siguientes:
coordinar	 la	represión	en	el	Cono	Sur,	asesinar	a	 los	destacados	dirigentes	políticos
en	 el	 continente	 y	 afuera,	 y	 difundir	 temor	 a	 los	 opositores	 en	 el	 exilio.	 En	 este
importante	trabajo,	que	ve	la	luz	al	cumplirse	el	40	aniversario	del	Operativo	Cóndor,
se	 publica	 un	 listado	 de	 377	 víctimas,	 con	 datos	 como	 los	 nombres,	 sexo,	 edad,
militancia,	datos	del	secuestro,	condición	final	y	si	hubo	traslado	a	otro	país	de	cada
uno.	Esta	aproximación	nunca	se	había	realizado	hasta	ahora.	Estos	datos	permitieron
crear	 una	 infografía	 de	 las	 víctimas.	 Este	 listado	 es	 incompleto	 (solo	 constan	 los
casos	en	 los	que	se	ha	probado	una	coordinación)	y	el	Centro	 Internacional	para	 la
Promoción	de	los	Derechos	Humanos	(CIPDH),	que	me	honré	en	presidir	hasta	enero
de	 2016,	 lo	 sigue	 cumplimentando.	 Para	 ello,	 se	 están	 utilizando	 los	 informes
oficiales	 de	 los	 países	 Cono	 Sur	 (CONADEP,	 Comisión	 Nacional	 de	 Verdad	 y
Reconciliación,	entre	otros)	y	los	juicios	que	se	han	celebrado	o	se	están	celebrando
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tanto	en	el	Cono	Sur	como	en	Europa.	Agradezco	a	todo	el	equipo	del	CIPDH,	a	los	y
las	 participantes	 en	 este	 trabajo,	 específicamente	 a	Stella	Calloni,	 coordinadora	 del
Informe;	 a	 los	 miembros	 de	 su	 equipo,	 Agustín	 Algaze	 y	 Mauro	 Arlando;	 y	 a
Grégoire	Champenois,	coordinador	del	Proyecto	para	el	CIPDH.
Agradezco	también	a	todos	los	que	fueron	invitados	a	participar:	Martín	Almada,
Samuel	Blixen,	Edmundo	Cruz,	John	Dinges,	Mónica	González,	J.	Patrice	McSherry,
Ivan	 Claudio	Marx,	 José	 Luis	Méndez	Méndez,	Manuel	 Ollé	 Sesé,	 Enrique	 Serra
Padrós,	Carlos	Poveda	Moreno,	Gustavo	Rodríguez	Ostria,	Melisa	Slatman,	Daniel
Tarnopolsky,	Federico	Tatter	y	los	organismos	de	Derechos	Humanos,	el	Ente	Público
Espacio	 Memoria	 (ex	 ESMA),	 el	 Instituto	 de	 Políticas	 Públicas	 en	 Derechos
Humanos	 (IPPDH)	 del	MERCOSUR,	Memoria	Abierta	 y	 el	Museo	 de	 la	 Justicia-
Centro	de	Documentación	y	Archivo	para	 la	Defensa	de	 los	Derechos	Humanos	de
Paraguay,	a	quienes	convocamos	a	seguir	indagando	en	pos	de	la	verdad,	la	justicia	y
la	memoria.
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INTRODUCCIÓN
STELLA	CALLONI[1]
1.	Los	primeros	esbozos	de	la	Operación	Cóndor
Una	 bola	 de	 fuego	 apareció	 y	 desapareció	 tan	 rápidamente	 que	 los	 pocos
testigos	 que	 pudieron	 recordar	 algo,	 solo	 se	 acordarían	 de	 un	 resplandor
brillante.	En	unos	brevísimos	segundos	un	fuego	anaranjado	brotó	del	piso	del
auto,	 y	 quemó	 el	 hombro	 izquierdo	 del	 chófer,	 llenó	 por	 completo	 el	 auto,
chamuscó	 los	 pelos	 e	 hizo	 saltar	 las	 ventanas	 y	 luego	 se	 desvaneció	 en
instantes.	La	bola	de	fuego	fue	comprimida	en	un	impacto	que	arrancó	y	soltó
el	asiento	trasero	e	hizo	que	el	último	recuerdo	claro	que	el	pasajero	tuviese
fuera	 el	 de	 un	 agudo	 silbido,	 como	 del	 vapor	 desprendiéndose	 de	 un	metal
caliente.	Este	 impacto	 se	 llegaría	 a	 convertir	 en	 el	momento	 congelado	 que
obsesionaría	 las	 mentes	 de	 muchos	 extraños	 que	 oyeron	 el	 ruido,	 y	 por
muchos	años.
Esta	 fue	 la	 descripción	 del	 fiscal	 estadounidense	 Eugene	 M.	 Propper	 y	 el
periodista	Taylor	Branch	en	el	 libro	Laberinto	sobre	el	atentado	que,	 la	mañana	del
21	 de	 septiembre	 de	 1976,	 hizo	 volar	 el	 automóvil	 que	 conducía	 el	 ex	 canciller
chileno	 Orlando	 Letelier,	 a	 cuyo	 lado	 estaba	 su	 secretaria	 norteamericana	 Ronni
Moffitt	y,	en	el	asiento	trasero,	el	esposo	de	la	joven,	Michael	Moffitt.[2]
Sucedió	en	la	calle	Sheridan	Circle,	en	el	barrio	de	las	embajadas	en	Washington
DC.	Atrapado	en	su	asiento	Letelier,	horriblemente	quemado,	murió	en	el	acto.	Ronni
sobrevivió	 escasos	 minutos	 y	 murió	 antes	 que	 llegaran	 las	 ambulancias.	 Michael
quedó	herido,	con	quemaduras	e	intentando	salvar	a	su	esposa.
Este	 fue	 uno	 de	 los	 mayores	 atentados	 de	 lo	 que	 se	 conocería	 entonces	 como
Operación	Cóndor,	cuya	mano	en	garra	había	llegado	hasta	Washington	en	un	hecho
que	estaba	demostrando	la	más	descarnada	impunidad	con	que	se	movían	los	autores
y	sus	responsables	intelectuales.
Dos	años	antes,	la	noche	del	30	de	septiembre	de	1974,	en	un	barrio	residencial
de	Buenos	Aires	la	luz	se	había	cortado	extrañamente,	lo	cual	hizo	que	la	explosión
de	 un	 automóvil	 pareciera	 aún	 más	 intensa	 en	 la	 inmensa	 oscuridad	 de	 la	 calle
Malabia,	en	el	barrio	de	Palermo.
El	 general	 chileno	 Carlos	 Prats,	 refugiado	 en	 Buenos	 Aires	 junto	 a	 su	 esposa
Sofía	 Cuthbert	 después	 del	 golpe	 del	 11	 de	 septiembre	 de	 1973	 en	 Chile,	 estaba
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llegando	 al	 edificio	 donde	 vivía,	 casi	 a	 la	 medianoche,	 después	 de	 una	 cena	 con
amigos.	Ante	una	serie	de	amenazas	 intentaba	salir	de	Argentina,	pero	 la	embajada
chilena	de	la	dictadura	le	negaba	el	pasaporte.
Prats	 había	 mantenido	 comunicación	 directa	 y	 epistolar	 con	 el	 General	 Juan
Domingo	Perón,	en	esos	momentos	presidente	de	Argentina	por	tercera	vez.	Pero,	en
julio	de	1974,	Perón	murió	a	escasos	meses	de	haber	asumido	el	poder,	y	Prats	sabía
que	 quedaba	 desguarnecido	 cuando	 la	Alianza	Anticomunista	Argentina	 (Triple	A)
incrementaba	los	secuestros,	asesinatos	y	atentados	en	todo	el	país.
Decenas	de	chilenos,	brasileños	y	uruguayos	—que	se	habían	refugiado	en	Chile
huyendo	 de	 las	 dictaduras	 en	 sus	 países—	 debieron	 salir	 en	 una	 fuga	 desesperada
hacia	Argentina	cuando	el	golpe	militar	de	septiembre	de	1973	derrocó	al	presidente
Salvador	 Allende	 instalando	 la	 dictadura	 criminal	 en	 esa	 nación	 trasandina.	 El
doloroso	 nuevo	 éxodo	 pronto	 se	 convertiría	 en	 una	 trampa	 para	 los	 refugiados,
espiados	y	perseguidos	por	la	Triple	A	y	los	agentes	chilenos,	brasileños	y	uruguayos
que	mantenían	 acuerdos	 en	 sombras	 con	 sus	 pares	 argentinos,	 lo	 que	 facilitaría	 el
camino	hacia	la	red	Cóndor.
Prats	era	uno	de	los	más	vigilados	por	 los	agentes	chilenos	aquí,	que	tenían	sus
contactos	“fraternales”	con	los	servicios	de	inteligencia	locales,	sectores	policiales	y
militares,	como	se	verá	en	el	transcurso	de	este	Informe.
En	 el	momento	 en	 que	Prats	 iba	 a	 entrar	 al	 garaje	 del	 edificio	 en	 que	 vivía,	 el
automóvil	voló	en	pedazos.	La	explosión	sonó	aterradora	en	medio	de	la	soledad	que
mostraban	 las	 calles	 vacías	 por	 un	 apagón,	 provocado	 no	 casualmente	 en	 esa	 zona
residencial	de	la	capital	argentina.	Prats	y	su	esposa	murieron	en	el	acto.	Una	bomba
había	 sido	 colocada	 debajo	 del	 auto,	 con	 el	 que	 ambos	 recorrieron	 varias	 calles
porteñas,	 y	 se	 hizo	 detonar	 en	 el	 momento	 preciso,	 accionada	 desde	 lejos	 por	 los
asesinos.
En	ambos	casos,	 los	más	serios	analistas	consideraron	que	 la	mano	del	dictador
Augusto	Pinochet	estaba	detrás	de	estos	asesinatos,	pero	todos	sabían	que	no	estaba
solo	en	esta	acción	terrorista.	Tenía	cómplices	y	la	certeza	de	que	todo	naufragaría	en
la	impunidad.
El	atentado	contra	Letelier	iba	a	resultar	difícil	de	ocultar	para	el	secretísimo	que
requería	 este	 tipo	de	operación.	Había	 sucedido	 en	Washington,	 en	 el	 barrio	de	 las
Embajadas,	poniendo	además	en	peligro	la	vida	de	algunos	diplomáticos,	entre	ellos
dos	 israelíes	 cuyo	 automóvil	 estaba	 justamente	 detrás	 del	 que	 llevaba	 a	 Letelier
cuando	 se	 produjo	 la	 explosión.	 De	 la	 misma	 manera,	 otro	 diplomático	 griego
también	pudo	ser	alcanzado	cuando	caminaba	frente	a	una	sede	diplomática.
Fue	muy	difícil	acallar	las	voces	periodísticas	en	Washington.	No	estaba	previsto
que	 Letelier	 estuviera	 acompañado	 por	 su	 secretaria	 y	 el	 esposo	 de	 esta,	 ambos
norteamericanos;	 tampoco	 estaba	 previsto	 que	 hubiera	 un	 sobreviviente,	 Michael
Moffitt,	quien	iba	a	ser	clave	en	la	lucha	por	justicia	y	verdad	ante	la	horrible	muerte
de	su	joven	esposa.
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Las	investigaciones,	obstaculizadas	por	sectores	de	la	inteligencia	estadounidense
en	momentos	 enque	George	H.	W.	Bush,	 quien	 luego	 sería	 presidente	 de	 Estados
Unidos,	era	el	jefe	de	la	CIA	(Agenda	Central	de	Inteligencia),	quedaron	en	manos	de
un	 fiscal	 —Eugene	 Propper—	 que	 no	 se	 rindió	 fácilmente.	 Rodeado	 de	 algunos
periodistas	serios	e	inquisitivos,	juntos	aunaron	esfuerzos	y	asumieron	el	desafío	para
descubrir	a	los	responsables	del	atentado.
Fue	en	esos	momentos	en	que	comenzó	a	aparecer	 la	 sombra	de	una	operación
secreta,	que	ya	había	sido	mencionada	por	algunos	colegas.	El	británico	Richard	Gott,
en	el	periódico	The	Guardian,	de	Londres,	escribía	que	“los	especialistas	que	siguen
de	cerca	la	vida	política	de	dicho	continente	[América	Latina]	afirman	que	se	lleva	a
cabo	allí	algo	semejante	a	la	Operación	Fénix”,	una	operación	de	la	CIA	en	el	sudeste
asiático	en	1965,	uno	de	los	antecedentes	más	importantes	de	lo	que	fue	la	Operación
Cóndor.[3]	 Esta	 advertencia	 de	 Gott	 sucedía	 tres	 meses	 y	 diecisiete	 días	 antes	 del
asesinato	de	Letelier	y	a	solo	dos	días	de	la	desaparición	del	ex	presidente	de	Bolivia,
el	general	Juan	José	Torres,	el	2	de	junio	de	1976,	en	Buenos	Aires,	donde	vivía	en
condición	refugiado.
El	2	de	agosto	de	1979	el	periodista	Jack	Andersen	publicó	en	el	Washington	Post
un	artículo	bajo	 el	nombre	de	 “El	Cóndor:	 los	 criminales	 latinoamericanos”.	Había
accedido	 al	 informe	 del	 agente	 especial	 del	 FBI	 Robert	 Scherrer	 quien,	 ante	 el
asesinato	 de	 Letelier,	 explicaba,	 en	 septiembre	 de	 1976	 y	mediante	 un	 cablegrama
despachado	desde	la	embajada	de	Estados	Unidos	en	Buenos	Aires,	que	significaba	la
Operación	Cóndor	y	su	metodología.
En	la	histórica	“Carta	abierta	a	la	Junta	Militar”	escrita	por	el	periodista,	escritor
y	 militante	 argentino	 Rodolfo	 Walsh	 en	 1977,	 al	 denunciar	 las	 desapariciones,
crímenes,	persecuciones	en	su	país,	ya	mencionaba	operaciones	 internacionales	que
se	estaban	desarrollando	en	la	región.	Walsh	fue	asesinado	horas	después	de	que	su
carta	 comenzara	 a	 circular	 clandestinamente	 en	 todo	 el	 país	 y	 llegara	 a	 distintos
lugares	del	mundo.	El	25	de	marzo	de	1977,	después	de	lograr	despachar	esa	carta,
fue	secuestrado	en	una	calle	en	el	sur	de	Buenos	Aires	por	un	grupo	de	tareas	de	la
Armada,	al	que	se	resistió	heroicamente,	en	soledad.	Se	lo	llevaron	herido	y	hasta	hoy
permanece	desaparecido,	aunque	se	conoce	que	pasó	por	el	mayor	centro	clandestino
de	detención	de	Argentina,	la	Escuela	de	Mecánica	de	la	Armada	(ESMA).	Antes	de
su	muerte	 estaba	 detrás	 de	 la	 pista	 de	 la	 siniestra	 operación	 internacional	 que	 fue
Cóndor.
2.	La	Operación	Cóndor
Entre	mediados	de	los	años	70	y	principios	de	los	80,	en	el	marco	de	la	Doctrina	de
Seguridad	Nacional	(DSN)	de	Estados	Unidos,	en	el	contexto	de	la	“Guerra	Fría”,	se
desarrolló	 la	 Operación	 Cóndor,	 nombre	 asignado	 a	 un	 proyecto	 de	 inteligencia	 y
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coordinación	 entre	 los	 servicios	 de	 seguridad	 de	 los	 regímenes	militares	 del	 Cono
Sur.
La	Operación	Cóndor,	 cuya	 acta	 institucional	 data	 de	 una	 reunión	 sostenida	 en
Santiago	 de	 Chile	 entre	 el	 25	 de	 noviembre	 y	 el	 1	 de	 diciembre	 de	 1975,	 fue	 un
sistema	secreto	de	inteligencia,	una	coordinadora	de	las	dictaduras	del	Cono	Sur	para
intercambiar	información	y	perseguir	políticos,	ubicados	en	sus	lugares	de	refugio.	A
su	vez,	 secuestraba,	 torturaba,	 y	 trasladaba	 a	 unos	y	otros	 a	 través	 de	 fronteras	 sin
ningún	 trámite	 legal,	 y	 formaba	 comandos	 para	 asesinar	 a	 figuras	 consideradas
enemigos	claves	para	los	dictadores	en	el	país	donde	se	encontraran.	El	terror	borraría
las	fronteras.
Había	 suficientes	experiencias	previas	bilaterales,	 intercambio	de	 informaciones
entre	 dictaduras	 e	 incluso	 con	 gobiernos	 supuestamente	 democráticos.	 Existen
registros	de	entrega	de	prisioneros	políticos	desde	los	años	60	y	principios	de	los	70,
así	como	lo	que	varios	investigadores	han	dado	en	llamar	el	pre-Cóndor,	en	los	años
1974	y	1975.
Cada	país	había	tenido	experiencias	criminales	contrainsurgentes,	paramilitares	y
parapoliciales	 desde	 mucho	 antes.	 Entre	 ellos,	 los	 Escuadrones	 de	 la	 Muerte	 en
Brasil;	La	Triple	A	entre	los	años	1973	y	1976,	y	el	modelo	de	contrainsurgencia	que
fue	el	Operativo	Independencia	de	1975	en	el	noroeste	argentino;	y	los	grupos	civiles
y	militares	que	bajo	la	sigla	de	Patria	y	Libertad	produjeron	los	asesinatos	y	acciones
terroristas	en	Chile	antes	del	golpe	de	Estado	de	1973.	J.	Patrice	Me	Sherry	resume:
La	maquinaria	de	Cóndor	 fue	un	componente	 secreto	de	una	estrategia	más
amplia	 de	 contrainsurgencia,	 dirigida	 por	 Estados	 Unidos	 para	 impedir	 o
revertir	 los	 movimientos	 sociales	 que	 demandaban	 cambios	 políticos	 o
socioeconómicos.	 La	 Operación	 Cóndor	 encarnaba	 un	 concepto	 estratégico
clave	de	la	Doctrina	de	Seguridad	Nacional	de	la	Guerra	Fría;	el	concepto	de
defensa	 hemisférica	 que	 estaba	 definida	 por	 fronteras	 ideológicas	 y	 que
sustituía	la	doctrina	más	limitada	de	defensa	territorial	[y	añade	que]	(…)	para
los	militares	anticomunistas	y	sus	patrocinadores	estadounidenses,	 la	Guerra
Fría	fue	la	Tercera	Guerra	Mundial,	llamada	guerra	de	las	ideologías.[4]
El	22	de	diciembre	de	1992,	en	dependencias	policiales	del	barrio	de	Lambaré,	en
Paraguay,	el	joven	juez	Agustín	Fernández,	acompañado	por	el	profesor	y	pedagogo
Martín	Almada,	 familiares	 del	 desaparecido	médico	 paraguayo	Agustín	Goiburú,	 y
algunos	periodistas,	descubrió	una	cantidad	de	documentos	de	los	llamados	“archivos
del	horror”	referidos	a	la	larga	dictadura	del	general	Alfredo	Stroessner	(1954-1989).
Entre	estos	documentos	se	encontraron	una	serie	de	archivos	referidos	a	la	Operación
Cóndor,	el	nombre	que	le	otorgaron	sus	creadores	en	Chile	en	1975.
El	aspecto	más	secreto	de	Cóndor,	 la	“Fase	 III”,	 fue	su	capacidad	para	asesinar
líderes	 políticos	 especialmente	 temidos	 por	 su	 potencial	 para	 movilizar	 la	 opinión
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pública	mundial	y	organizar	amplia	oposición	a	los	Estados	militarizados.	Concebida
en	 esos	 términos,	 esta	 operación	—tal	 como	 la	 llevó	 adelante	 el	 general	 Augusto
Pinochet	 en	 sus	 primeros	 momentos—	 podría	 ser	 catalogada	 como	 una	 acción
“elitista”.	 Iba	por	 figuras	 importantes	política	y	militarmente,	y	por	 las	 jefaturas	de
las	guerrillas	surgidas	en	países	del	Cono	Sur	en	los	años	60	y	70.
En	estos	últimos	años	los	medios	de	comunicación	comenzaron	a	llamarle	“Plan
Cóndor”,	 aunque	 “Plan”	 es	 un	 trazado	 geoestratégico	 y	 el	 Cóndor	 fue	 una	 táctica
contrainsurgente,	 una	 de	 las	 tantas	 operaciones	 que,	 como	veremos,	 se	 utilizaron	y
siguen	utilizándose	contra	pueblos	y	gobiernos	en	este	siglo	XXI.
En	 su	 trabajo	 sobre	 conducción	 política,	 el	 general	 Juan	 Domingo	 Perón,	 tres
veces	presidente	de	Argentina,	derrocado	por	un	golpe	militar	en	1955	cuando	estaba
en	 su	 segundo	 mandato	 (1946-1955),	 y	 elegido	 en	 1973	 por	 la	 misma	 y	 masiva
voluntad	popular,	sostenía	que	“lo	estratégico	es	la	guerra,	lo	táctico	es	la	batalla	o	las
batallas.	De	esa	manera	es	preciso	comprender	que	aunque	ambas	cosas	corresponden
a	lo	mismo,	pertenecen	a	actividades	distintas.	Así	la	táctica	depende	de	la	estrategia,
y	se	realiza	en	absoluta	dependencia	de	las	finalidades	fijadas	por	esta”.[5]
En	 los	 archivos	 de	 Paraguay,	 entre	 otros	 documentos,	 se	 encontró	 el	 acta
fundacional	 de	Cóndor,	 de	 noviembre	 de	 1975,	mediante	 la	 cual	 las	 dictaduras	 del
Cono	 Sur,	 y	 el	 gobierno	 de	 Isabel	 Martínez	 de	 Perón	 en	 Argentina,
“institucionalizaron”	las	operaciones	bilaterales,	que	se	habían	incrementado	en	1974
con	 los	 evidentes	 ensayos	 de	 la	 dictadura	 de	 Augusto	 Pinochet:	 el	 asesinato	 del
general	Prats	y	otros.	Hay	que	mencionar,	sin	embargo	que	el	esquema	de	Cóndor,	tal
como	 fue	 concebido	 comenzaría	 a	 funcionar	 integralmente	 con	 la	 llegada	 de	 los
dictadores	al	poder	en	Argentina	en	marzo	de	1976.
Hay	que	destacar	 la	 importancia	de	Brasil,que	desde	1964	había	 impuesto	una
dictadura	 de	 la	 Seguridad	 Nacional	 y	 había	 convertido	 a	 su	 cancillería	 y	 sus
comandos	militares	 en	 los	más	 importantes	 receptores	de	datos	 e	 informaciones	de
inteligencia	de	 toda	 la	 región,	como	relatara	el	ex	agente	de	 la	CIA	Philip	Agee	en
una	entrevista	de	2006.[6]
Una	 de	 las	 pruebas	 concretas	 sobre	 la	 red	 de	 Operación	 Cóndor	 fue	 la	 carta
enviada	en	octubre	de	1975	por	el	entonces	coronel	del	Ejército	chileno	y	director	de
la	 DINA	 (Dirección	 de	 Inteligencia	 Nacional),	 Manuel	 Contreras,	 al	 jefe	 de
inteligencia	militar	de	Paraguay,	general	Benito	Guanes	Serrano,	y	al	director	de	 la
policía	paraguaya,	general	Francisco	Brites.	Se	trataba	de	la	invitación	a	participar	en
una	 “reunión	 de	 trabajo	 de	 carácter	 estrictamente	 secreto,	 a	 realizarse	 en	 Santiago
entre	el	25	de	noviembre	y	el	1	de	diciembre	de	1975”,	cita	en	 la	que	se	habría	de
materializar	 la	 propuesta	 planteada	 por	 Augusto	 Pinochet	 a	 su	 cómplice,	 Alfredo
Stroessner,	durante	el	viaje	a	Asunción	del	general	chileno	en	1974.
Aquella	 reunión	 secreta	 de	 1975	 contó	 con	 la	 asistencia	 de	 los	 encargados	 de
seguridad	y	jefes	de	las	policías	secretas	de	Argentina,	Brasil,	Uruguay,	Paraguay	y
Chile.	En	ella	quedó	estructurada	la	coordinadora	represiva.
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De	 la	misma	manera,	 en	 una	 carta	 dirigida	 por	Manuel	Contreras	 a	 Pinochet	 a
comienzos	 de	 1976,	 el	 jefe	 de	 la	 DINA	 le	 solicitaba	 al	 dictador	 chileno	 un
presupuesto	adicional	de	600	mil	dólares	con	el	argumento	de	que	necesitaba	fondos
para	el	personal	a	su	cargo	que	debía	enviar	a	 las	misiones	“diplomáticas”	en	Perú,
Brasil,	Argentina,	Venezuela,	Costa	Rica,	Bélgica	e	Italia,	entre	otros	países,	para	la
“neutralización	de	los	principales	adversarios	de	la	Junta	de	Gobierno	en	el	exterior”
—principalmente	en	México,	Argentina,	Costa	Rica,	Estados	Unidos,	Francia	e	Italia
—,	 además	 de	 gastos	 para	 financiar	 “nuestras	 operaciones	 en	 Perú”	 y	 el
“entrenamiento	antiguerrillero	de	nuestros	hombres	en	Brasil”.[7]
Como	 asistentes	 y	 asesores	 permanentes,	 las	 dictaduras	 contaban	 con	 la
contrarrevolución	cubana	de	Miami	—la	“cara”	contrainsurgente	de	la	CIA—,	y	los
servicios	 secretos	 de	 Francia,	 cuando	 una	 buena	 parte	 de	 estos	 protegían	 a	 los
criminales	 de	 la	Organización	Armada	Secreta	 (OAS),	 ex	militares	 de	 la	 guerra	 de
Francia	 en	Argelia.	También	 colaboraron	 en	Cóndor	 figuras	 clave	de	 acción	de	 los
ejércitos	 secretos	 de	 la	Organización	 del	Tratado	 del	Atlántico	Norte	 (OTAN),	 que
constituyeron	—como	se	verá	en	este	 Informe—	una	organización	 terrorista	que	en
Italia	 llevó	adelante	 la	Operación	Gladio,	que	 tomó	otros	nombres	en	 los	países	de
Europa	 en	 los	 que	 actuó,	 un	 hecho	 que	 ha	 permanecido	 en	 la	 impunidad.	 Esta
impunidad	hace	posible,	en	el	siglo	XXI,	que	 la	OTAN	continúe	utilizando	ejércitos
mercenarios	en	las	guerras	coloniales	de	estos	años.
Es	imposible	acceder	a	la	génesis	de	esta	operación	contrainsurgente	sin	analizar
la	 perspectiva	 global	 que	 rodeó	 ese	momento.	 Sobre	 la	 base	 de	 dos	 dictaduras	 de
viejo	 cuño	 en	 el	 Cono	 Sur,	 en	 Paraguay	 (1954-1989)	 y	 en	 Brasil	 (1964-1985),	 se
produjo	una	verdadera	“siembra”	de	golpes	militares	en	función	de	los	objetivos	de	la
DSN	estadounidense,	estableciendo	la	práctica	del	terrorismo	de	Estado	bajo	control
de	Estados	Unidos	con	el	objetivo	de	eliminar	las	voces	opositoras,	principalmente	de
izquierda.
Las	 dictaduras	 abarcarían	 toda	 la	 subregión.	 Las	 de	 Bolivia	 (1971),	 Uruguay
(1973),	Chile	(1973),	Argentina	(1976)	se	agregaron	a	las	de	Paraguay	y	Brasil.
A	partir	de	noviembre	de	1975,	la	Operación	Cóndor	estaba	en	marcha.	Su	cabeza
operaba	en	Santiago	de	Chile.	Aunque	 la	 coordinación	 represiva	quedó	aprobada	y
establecida	 en	 esa	 fecha,	 anteriormente	ya	 se	 habían	 registrado	 acciones	bilaterales
conjuntas.
En	1974	se	produjo	el	“ensayo”	más	cercano	con	el	asesinato	del	general	Prats	y
su	esposa	Sofía,	y	con	el	del	militar	uruguayo	Ramón	Trabal	en	París.	En	1975	tuvo
lugar	 el	 atentado	 contra	 el	 político	 democristiano	 chileno	 Bernardo	 Leighton	 y	 su
esposa	 Ana,	 en	 Roma,	 que	 no	 logró	 su	 misión	 de	 asesinarlos	 pero	 dejó	 a	 ambos
discapacitados	 de	 por	 vida.	 Este	 caso	 sería	 recordado	 luego,	 cuando	 ocurriera	 el
asesinato	de	Letelier,	porque	el	hecho	se	produjo	en	las	cercanías	del	Vaticano,	donde
el	 político	 chileno	 tenía	 amigos	 y	 encontraba	 círculos	 de	 apoyo	 a	 sus	 denuncias
contra	Pinochet.	También	en	1975	se	llevó	adelante	la	llamada	Operación	Colombo.
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De	ella	participaron	Argentina,	Chile,	Brasil,	la	CIA	y,	muy	especialmente,	la	prensa
de	 los	 tres	 países,	 que	 encararon	 una	 de	 las	 acciones	 de	 guerra	 psicológica	 más
criminal	que	recuerde	la	historia	de	esos	días,	como	se	registrará	más	adelante	en	este
Informe.
En	 todos	estos	últimos	casos	ya	estaban	comprometidos	 tres	o	más	países,	para
sentar	precedentes	sobre	la	importancia	de	esta	metodología.	En	marzo	de	1976,	con
la	llegada	de	la	dictadura	militar	a	Argentina,	se	completó	el	cuadro	de	la	asociación
ilícita,	 como	 fue	 calificada	 esta	 coordinación	 en	 los	 primeros	 juicios	 de	Cóndor	 en
Argentina	en	el	año	2001.
Esto	 estará	 desarrollado	 a	 lo	 largo	 de	 este	 trabajo,	 que	 intenta	 sistematizar	 la
información	 sobre	 la	 Operación	 Cóndor,	 enriquecida	 por	 los	 documentos
descalificados	en	los	últimos	años,	por	el	informe	sobre	la	acción	de	la	CIA	en	Chile,
revelada	 ante	 el	 Congreso	 de	 ese	 país,	 en	 el	 año	 75,	 por	 las	 investigaciones
periodísticas	y	por	el	desarrollo	de	los	juicios.
Fueron	claves	los	aportes	en	el	juicio	llevado	adelante	por	el	juez	Baltasar	Garzón
sobre	esta	Operación	en	España	en	los	años	90.	Así	como	el	juicio	por	el	asesinato	de
Letelier	 y	 su	 secretaria	 Moffitt	 en	 septiembre	 de	 1976.	 En	 este	 caso,	 las
investigaciones	del	fiscal	Eugene	Propper	permitieron	recorrer	 los	caminos	secretos
de	Cóndor	 y	 reunir	 documentación	y	 testimonios	 dando	 luces	 sobre	 lo	 que	 fue	 esa
Operación	ya	en	el	año	1979.
Este	Informe	intenta	partir	de	los	orígenes,	del	entorno	mundial	y	regional	en	que
transcurrieron	estos	hechos	—los	países	de	América	Latina	bajo	dependencia—,	para
entender	el	verdadero	laberinto	de	la	Operación	Cóndor,	una	táctica	contrainsurgente
que	se	destacó	entre	decenas	de	operaciones	llevadas	a	cabo	en	todo	el	mundo.
Podría	decirse	que	en	sus	orígenes	fue	una	operación	“elitista”	por	cuanto	estaba
dirigida	a	tratar	de	librar	a	las	dictaduras	del	Cono	Sur	de	importantes	figuras	que	en
el	exilio	eran	reconocidas	suficientemente	como	para	influir	con	sus	denuncias	contra
los	dictadores.	Pero	también	Cóndor	“justificaba”	su	accionar,	tal	como	surge	de	sus
propios	documentos,	en	la	decisión	de	acabar	con	lo	que	los	dictadores	determinaban
como	 una	 organización	 guerrillera	 “supra	 nacional”,	 en	 referencia	 a	 una
Coordinadora	 Revolucionaria	 que	 habían	 creado	 los	 movimientos	 guerrilleros	 más
importantes	surgidos	en	el	Cono	Sur	entre	fines	de	los	60	y	principios	de	los	años	70.
Sin	 embargo,	 ese	 proyecto	 de	 coordinación	 revolucionaria	 tuvo	 escasa	 vigencia	 y
había	sido	duramente	golpeado	por	las	dictaduras,	pero	servía	como	argumento	para
establecer	 la	 contraparte	 criminal	 que	 abarcaría	 a	 los	 países	 del	 Cono	 Sur.	 Si	 esta
Operación,	 una	 entre	 centenares	 que	 se	 han	 realizado	 en	 el	 oscuro	 laberinto	 de	 las
contrainsurgencias,	 con	 su	 marco	 de	 ilegalidad	 y	 violación	 de	 todos	 los	 derechos
adquiridos	por	los	pueblos,	tuvo	tanta	trascendencia	fue	porque	la	impunidad	con	que
actuaban	sus	 responsables	 intelectuales	y	directos	 los	 llevó	a	cometer	asesinatos	de
figuras	tan	importantes,	y	en	lugares	“intocables”	como	Washington	o	Roma,	que	fue
imposible	esconder	cadáveres	bajo	las	alfombras	del	mundo.
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Lo	que	los	responsables	de	estos	crímenes	de	lesa	humanidad	no	previeron	es	que
tanto	Cóndor,	como	sus	antecedentes	más	significativos	—las	Operaciones	Phoenix
(Fénix)	en	el	sudeste	asiático	entre	1965	y	1973	o	la	Operación	Gladio	en	la	Italia	de
la	 postguerra,	 en	 la	 que	 actuaron	 los	 llamados	 “ejércitos	 secretos”	 de	 la	 OTAN
conformados	por	criminales	terroristas—,	dejaron	rastros	imposibles	de	borrar.
En	 Europa,	 los	 grupos	 fascistas	 reincorporados	 a	 tareas	 “sucias”	 fueron
protegidos	 y	 reclutados	 para	 cometer	 atentados	 de	 falsa	 bandera,	 asesinatos	 y
secuestros	 destinados	 a	 acabar	 con	 el	 “peligro	 del	 comunismo”,	 como	 surge	 en	 el
transcurso	de	este	Informe.
Los	jefes	de	estas	operaciones	criminales	y	los	asesinos	“estrellas”	participaron	de
una	 a	 otra:	 de	 Phoenix	 a	 Gladio,	 de	 Gladio	 a	 Cóndor,	 los	 mismos	 nombres,	 las
mismas	 metodologías	 que	 han	 dejado	 miles	 de	 víctimas,	 en	 una	 cadena	 que	 se
desarrolló	 a	 lo	 largo	 de	 los	 años	 y	 en	 distintos	 lugares	 del	 mundo.	 De	 Cóndor	 a
Guantánamo,	de	los	centros	clandestinos	de	detención	en	Vietnam	a	los	establecidos
en	el	Cono	Sur	en	los	años	70	y	las	cárceles	secretas	que	ofenden	a	la	humanidad	en
su	 conjunto	 en	 este	 siglo,	 y	 que	 han	 convertido	 a	 gobiernos	 y	 países	 europeos	 en
cómplices	de	crímenes	contra	la	humanidad.
A	40	años	de	la	creación	de	la	Operación	Cóndor,	este	Informe	es	una	respuesta	a
los	que	tomaron	el	nombre	de	un	ave	venerada	por	los	pueblos	indígenas	del	altiplano
para	ejecutar	 tareas	de	muerte,	destrucción	y	desolación.	Tendremos	la	palabra	viva
de	 víctimas,	 familiares,	 y	 de	 aquellos	 que,	 en	 cada	 uno	 de	 los	 países	 implicados,
investigaron	y	juzgaron	a	los	criminales	de	Cóndor	para	que	Nunca	más	sea.
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CAPÍTULO	1
El	contexto	
mundial:	Guerra	Fría	
y	contrainsurgencia
La	Operación	Cóndor	fue	creada	en	1975	para	estrechar	vínculos	entre	los	servicios
de	inteligencia	y	organismos	represivos	del	Cono	Sur	y	actuar	coordinadamente	en	el
territorio	 de	 los	 países	 miembros.	 La	 creación	 de	 esta	 organización	 terrorista
transnacional	se	enmarcó	en	un	contexto	mundial	de	enfrentamiento	entre	los	bloques
capitalista	 y	 comunista,	 conocido	 como	 Guerra	 Fría.	 Como	 táctica	 dentro	 de	 esa
contienda,	 los	 EEUU	 aplicaron	 esquemas	 contrainsurgentes	 para	 “contener”	 al
comunismo	 internacional,	 destacándose	 la	 Operación	 Fénix	 en	 Vietnam	 y	 los
ejércitos	 secretos	 de	 la	 OTAN	 en	 Europa,	 precedentes	 ambos	 de	 las	 prácticas
terroristas	clandestinas	empleadas	durante	la	Operación	Cóndor.
1.	La	Guerra	Fría
La	Guerra	Fría	fue	un	conflicto	entre	los	Estados	Unidos	de	Norteamérica	(EEUU)	y
la	 Unión	 de	 Repúblicas	 Socialistas	 Soviéticas	 (URSS),	 que	 se	 desarrolló	 entre	 la
segunda	posguerra	mundial	(1947)	y	la	disolución	del	bloque	socialista	(1989-1991),
tras	la	caída	del	Muro	de	Berlín	y	el	desmembramiento	del	régimen	comunista	ruso.
Durante	la	Segunda	Guerra	Mundial	(1939-1945),	Francia,	Reino	Unido,	la	URSS
y	los	EEUU	se	habían	aliado	para	enfrentar	a	las	fuerzas	del	Eje,	compuestas	por	la
Italia	fascista	de	Benito	Mussolini,	la	Alemania	nazi	de	Adolf	Hitler	y	el	imperio	del
Japón	de	Michinomiya	Hirohito.	Mientras	la	URSS	y	las	tropas	aliadas	derrotaron	a
Alemania	e	Italia	en	Europa,	EEUU	consiguió	la	rendición	definitiva	del	Japón	tras	la
detonación	 de	 dos	 bombas	 nucleares	 en	 las	 ciudades	 de	 Hiroshima	 y	 Nagasaki,
mostrando	al	mundo	por	primera	vez	 el	 apocalíptico	poder	destructivo	de	 la	nueva
tecnología	atómica.
Terminado	 el	 conflicto	 bélico	 más	 grande	 de	 la	 historia	 de	 la	 humanidad,	 el
sistema	 geopolítico	 mundial	 adquirió	 una	 fisonomía	 única.	 Las	 potencias
tradicionales	como	Alemania,	Francia	o	el	Reino	Unido	estaban	devastadas	y	habían
perdido	 peso	 político	 internacional.	 Solo	 dos	 de	 los	 victoriosos	 estaban	 en
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condiciones	de	disputar	el	liderazgo:	los	EEUU	y	la	URSS,	que	asumieron	el	rango
de	 superpotencias	 y	 forjaron	 dos	 bloques	 políticos,	 económicos	 e	 ideológicos
antagónicos.
La	 bipolaridad	 implicó	 la	 existencia	 de	 un	 modelo	 de	 “democracias	 liberales”
capitalistas	 sostenido	 por	 los	 Estados	 Unidos,	 y	 un	 contra-modelo	 de	 “repúblicas
populares”	 comunistas	 apoyado	 por	 la	 Unión	 Soviética.	 El	 bloque	 capitalista	 se
consolidó	 fundamentalmente	 con	 el	 Plan	 Marshall	 de	 ayuda	 económica	 para	 la
reconstrucción	 europea,	 los	 pactos	 militares	 de	 la	 Organización	 del	 Tratado	 del
Atlántico	Norte	 (OTAN,	 1949)	 y	 la	Organización	 del	Tratado	 del	 Sudeste	Asiático
(SEATO,	 1954),	 los	 organismos	 multilaterales	 de	 Bretton	 Woods	 (FMI,	 Banco
Mundial,	 GATT)	 y	 la	 Comunidad	 Económica	 Europea	 (1957).	 Su	 contraparte
comunista	se	basó	en	un	acuerdo	económico,	el	Consejo	de	Ayuda	Mutua	Económica
(conocido	 por	 su	 sigla	 en	 inglés,	 COMECON,	 1949),	 y	 uno	 militar-político,	 el
Tratado	de	Amistad,	Colaboración	y	Asistencia	Mutua	(popularmente	conocido	como
Pacto	de	Varsovia,	1955).	El	símbolo	de	la	bipolaridad	fue	el	Muro	que	desde	1961
dividió	 en	 dos	 a	 Berlín,	 delimitando	 por	 tres	 décadas	 un	 sector	 comunista	 y	 otro
capitalista.
Al	comenzar	la	Guerra	Fría,	los	norteamericanos	contaban	con	el	monopolio	de	la
tecnología	 atómica.	 Solo	 dos	 años	 después,	 en	 1949,	 la	 URSS	 había	 detonado	 su
primera	bomba	atómica	en	el	desierto	de	Kazajstán.	Este	hito	 terminó	de	definir	 el
rasgo	más	evidente	de	la	Guerra	Fría:	el	enfrentamiento	entre	ambas	superpotencias
no	 podía	 ser	 a	 través	 de	 las	 armas	 nucleares	 porque	 significaba	 asumir	 un	 “pacto
suicida”.[1]	 La	 paradoja	 de	 la	 carrera	 armamentística	 atómica	 disuadió	 cualquier
estallido	 bélico	 abierto	 entre	 EEUU	 y	 la	 URSS,	 garantizando	 que	 los	 conflictos
fueran	limitados.	Si	bien,	como	afirmó	el	historiador	Eric	Hobsbawm,	generaciones
enteras	crecieron	con	pánico	por	la	posibilidad	de	un	conflicto	nuclear	que	arrasara	a
la	 humanidad,	 la	 amenaza	 de	 una	 “aniquilación	mutua	 asegurada”	 impidió	 que	 los
bandos	destruyeran	buena	parte	del	planeta.[2]
En	 este	 esquema	 determinado	 por	 el	 temor	 atómico,	 hubo	 etapas	 de	 mayor	 y
menor	tensión,	pero	casi	nunca	paz,	debido	a	las	endémicas	guerras	que	se	desataban
casi	 todos	 los	 años	 en	 algún	 punto	 del	 planeta.	 Entre	 las	 superpotencias,	 las
hostilidades	 se	 desplegaron	 principalmente	 en	 el	 ámbito	 económico,	 diplomático,
ideológico,	armamentístico	y	de	inteligencia-espionaje.
El	enfrentamiento	abierto	no	sucedió	nunca	en	el	“Primer	Mundo”	(el	Oeste,	 la
Europa	occidental	y	el	Atlántico	Norte)	ni	en	el	“Segundo	Mundo”	(el	Este,	la	Europa
oriental	y	los	aliados	a	la	URSS),	que	transitaron	el	período	de	paz	más	extenso	desde
el	siglo	XIX.[3]	El	verdadero	polvorín	 fue	el	denominado	“Tercer	Mundo”	 (América
Latina,	 África	 y	 buena	 parte	 de	 Asia),	 donde	 se	 produjeron	 las	 guerras	 de	 Corea
(1950-1953),	 Vietnam	 (1954-1975)	 y	 numerosos	 procesos	 de	 revoluciones
nacionalistas	y	descolonizadoras,	interpretados	en	su	mayoría	por	los	EEUU	como	un
enfrentamiento	Este-Oeste.
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Las	revoluciones,	conflictos	y	crisis	que	caracterizaron	al	Tercer	Mundo	durante
las	 primeras	 tres	 décadas	 de	 la	 posguerra	 fueron	 acompañadas	 por	 masivos
movimientos	 sociales,	 de	minorías	 étnicas,	 feministas,	 obreros	 y	 estudiantiles.	 Los
procesos	 de	 descolonización	 se	 vieron	 respaldados	 por	 el	 surgimiento	 de	 un
Movimiento	de	Países	No	Alineados	(MPNA),	liderado	entre	otros	por	la	Yugoslavia
de	Tito,	que	pretendían	forjar	una	opción	por	fuera	del	esquema	bipolar	para	el	Tercer
Mundo.	 En	 1955	 durante	 la	 Cumbre	 de	 Bandung,	 en	 Indonesia,	 se	 reunieron
representantes	de	países	asiáticos	y	africanos,	donde	se	 sentaron	 las	bases	para	una
política	 de	 desarrollo	 anticolonialista	 que	 exigía	 el	 respeto	 de	 su	 neutralidad