Análisis 40 años de economía Dominicana

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RESUMEN LIBRO: 40 ANOS DE ECONOMIA
DOMINICANA.
Luego de regresar del exilio el Doctor Joaquín Balaguer se
presentó como candidato presidencial del Partido Reformista, el cual
había sido fundado en 1964. Su oponente más cercano lo fue el Prof.
Juan Bosch candidato del PRD, quienes no presentaron una campaña
ofensiva, dando paso así al régimen de los doce años. El partido
Reformista obtuvo un total de 759,887 votos, además de contar con el
apoyo de los Estados Unidos, los grupos poderoso de la nación y
militares con pretensiones de poder.
Al llegar al poder el Doctor Joaquín Balaguer se dispuso
organizar la economía del país, para esto recibió prestamos a bajos
intereses del gobierno de Estados Unidos. Se fomento la inversión
extranjera a través del crédito y la supresión de los impuestos. El
régimen de los doce años dio paso a las multinacionales, instalándose
de esta forma multinacionales tales como: Golf & Western,
Falcombridge, Rosario Resource, Phillips Morris, Shell Petroleum,
Codetel y algunos Bancos Internacionales.
El largo periodo gubernamental del presidente Balaguer, que va
desde 1966 hasta el 1978, lo podemos dividir en tres etapas bien
definidas desde el punto de vista económico. La primera etapa, que
duro un poco mas de dos anos, fue un periodo de consolidación,
durante el cual se tuvieron que superar los problemas económicos,
sociales y políticos que se derivaron de la Guerra de Abril. Durante
esos primeros años, la economía dominicana tuvo un lento
crecimiento, pues las inversiones que se estaban iniciando todavía no
tenían tiempo para rendir sus frutos.
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La segunda etapa que se caracterizo por un rápido crecimiento,
se inicio con la llegada del año 1969 y se mantuvo hasta que se
produjo el primer gran aumento de los precios internacionales del
petróleo, en 1974. Durante esos cinco anos (1969 – 1973), el
crecimiento del Producto Interno Bruto fue superior al 11%, promedio
anual. Este auge fue favorecido no solo por las políticas económicas
que se vio interrumpido por el alza de los precios internacionales del
petróleo.
Las medidas económicas favorecieron la instalación del Primer
Parque Industrial de la República Dominicana, esta fue ubicada en el
sector de Herrera. Al fomentar la inversión extranjera y conceder
exoneraciones para las maquinarias, muchos productos fueron
producidos en el país por tanto las importaciones casi fueron nulas.
Otro aspecto económico de gran importancia fue el surgimiento del
sector Zonas Francas, la primera se instaló en la Romana en 1970, a
partir de esta actividad económica se fue generando empleomanía
hacia las diferentes provincias creando así un movimiento económico
que activó la vida provincial.
El gasto público estuvo dirigido fundamentalmente a las obras de
infraestructura, además, numerosos consorcios y empresas
principalmente norteamericanas recibieron concesiones ventajosas y
estímulos para invertir en el país. A partir de la década de 1970 la
economía dominicana sufre un cambio hacia una economía de
servicios, pasando de esta forma la agricultura y la ganadería a un
segundo plano.
http://www.monografias.com/trabajos12/acti/acti.shtml#gana
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
La tercera etapa del gobierno del doctor Balaguer, se puede fijar
a partir 1974 y se extiende hasta finales de su mandato en el año
1978. Durante esta tercera etapa, la economía dominicana sufrió los
avatares del aumento del precio del petróleo, lo que provoco una
deceleración del crecimiento. Así vemos como la tasa de crecimiento
del PBI, pasa de un formidable 12.1% en 1973, a 5.2% en 1975,
cuando todo parecía indicar que la economía dominicana necesitaba
con urgencia de un cambio de orientación y de nuevos estímulos, a la
luz de los cambios que se habían producido en la economía
internacional.
De hecho, Balaguer fue el gran constructor. Concentro el grueso
de las construcciones en los centros urbanos, especialmente la ciudad
capital, a la cual le cambio su fisonomía. Esta gran concentración del
gasto publico en inversiones se produjo a expensas de una virtual
congelación de los salarios de los servidores públicos, así como, del
descuido de una serie de servicios sociales esenciales, lo que era
necesario para paliar la desigual distribución del ingreso que intensifico
el propio modelo de desarrollo adoptado. Con la reforma de las leyes
agrarias trato de eliminar el latifundio y elevar la productividad del
campo, asentó campesinos a través del Instituto Agrario Dominicano y
concedió préstamos. Sin embargo fue la Industria Azucarera la que
más aporte dio a la economía de la nación. Otra cosa que no podemos
dejar de mencionar es la política de construcción que llevó a cabo en
todas las provincias.
Balaguer procedió a fortalecer el aparato económico nacional. Su
política económica se basó en el fomento del sector agrario, incentivo
de la producción industrial y estímulo a la inversión extranjera. El
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/polec/polec.shtml
modelo fue aprovechado con los precios relativamente bajos del
petróleo, pero altos para el café, azúcar, cacao. El grueso de los
fondos del presupuesto estuvo dirigido hacia la agricultura debido a la
necesidad de cubrir la demanda interna y evitar las importaciones. Se
introdujeron las leyes agrarias que aplicarían una reforma en el sector
agrícola; estas leyes protegían al pequeño campesino por el Estado.
Fueron rechazadas por los latifundistas, y su puesta en práctica resultó
muy limitada.
La ley No. 299 de Incentivo y Desarrollo Industrial y otras
facilidades otorgadas por el Gobierno, respondía al modelo de
sustitución de importaciones que se implemento en la America Latina,
impulsadas por el pensamiento de Raúl Prebisch y otros economistas
de la CEPAL. El incentivo industrial fue uno de los propósitos
fundamentales de los gobiernos de Balaguer. Mediante la ley sobre
Incentivo y Promoción Industrial se exoneró del pago de impuesto a
las maquinarias y a las materias primas para las nuevas industrias. El
problema con esta ley fue que, como siempre sucede, en nuestro país
este modelo se comenzó a aplicar con un desfase de mas de diez años
y además, se mantuvo por un espacio de tiempo más largo de lo
aconsejable, hasta el punto de que, ya para finales de ese Gobierno
era impostergable la búsqueda de actividades que pudiesen dar
nuevos impulsos a la economía.
En poco tiempo, cientos de nuevas industrias se instalaron. Ya
para el 1975 el gobierno se había consolidado en el poder con gran
estabilidad y crecimiento económico. Se estableció una clase media
que fueron personas beneficiadas por concesiones y privilegios que les
otorgó el gobierno. Ya para los finales de la era de los doce años del
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/el-campesino/el-campesino.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/histocafe/histocafe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/petroleo/petroleo.shtml
Presidente Balaguer se caracterizo por mantener una disciplina
monetaria, como lo demuestra el hecho de que el medio circulante
solo creció en un 15.3% durante los últimos 27 meses que le restaban
a su mandato. Esto le permitió al gobierno poder paliar esos años
difíciles de la economía dominicana.
Sin embargo, esta disciplina monetaria, correcta para las
circunstancias que enfrentaba el país, se tradujo en una significativa
reducción del crecimiento económico de la Nación. Bastaría con
recordar, que después de haber experimentado crecimientos
económicos superiores al 10.0% anual en los cinco años anteriores al
choque petrolero del 1974, se redujo a tasas entre el 5.2 y 4.4% en
los dos años siguientes, y apenas a un 2.1%, par el 1978. Este bajo
crecimiento era convidado un desastre para la mayoría de los
dominicanos en especial para el sector empresarial que se había
acostumbrando a los altos beneficios que acompañaron los años de
bonaza, razón por la cual, con frecuencia, llevaban criticas al
Presidente sobre la austera política monetaria seguida por el Banco
Central.
Precisamente, una de las debilidades institucionales que tenía el
país en esos años, era que la clase empresarial no entendía las
complejidades de la microeconomía, y por tanto, muchas veces
limitaba sus evaluaciones a la políticas económicas del Gobierno,
exclusivamente en función del nivel de sus ventas.
LA POLITICA ECONOMICA EN EL GOBIERNO DE DON
ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ (1978 – 1982)
En el área económica, el gobierno de Don Antonio Guzmán no
pudo exhibir los mismos resultados, como no lo hubiera podido exhibir
ningún otro presidente que hubiese gobernado nuestro país o cualquier
otro país en vías de desarrollo, durante esos difíciles años que
sucedieron al segundo choque petrolero de finales de la década del
1979.
Este aumento en los precios del petróleo se recrudeció después
de la reunión de la OPEP de 1980, donde los principales países
productores del mundo, liderados por Arabia Saudita, decidieron seguir
controlando la producción de esta vital fuente de energía, para así
poder aumentar su precio, el que llegó hasta 39.5 dólares el barril,
nivel que equivalía a mas de 60.0 dólares para el año 2004.
Este aumento desproporcionado del precio del petróleo, provocó
una paralización del crecimiento económico de las grandes potencias;
un aumento de la inflación mundial, que llegó a un 20% en algunos
países desarrollados de Europa; un incremento de las tasas de interés
internacionales, que también alcanzaron el 20% en algunos mercados
financieros, y una agudización del desempleo, nunca antes visto desde
la Gran Depresión del 30.
En la Republica Dominicana los efectos del alza del petróleo no
pudieron ser más negativos. La factura petrolera pasó de
aproximadamente, 190 millones de dólares en 1978, a más de 314
millones en 1979, y a cerca de 500 millones en cada uno de los años
subsiguientes. Si se toma en consideración que para el año 1978 las
exportaciones totales de bienes apenas alcanzaron los 675 millones de
dólares y que todavía el turismo, las zonas francas y las remesas eran
de poca significación, entonces, podemos apreciar lo que represento
para la economía dominicana tener que desembolsar, anualmente, uno
300 millones adicionales, sólo para pagar el incremento de los precios
internacionales del petróleo.
Se incrementó la carga de la deuda externa como consecuencia
de los altos niveles que alcanzaron las tasas de interés en los
mercados internacionales. Para poder apreciar la presión que causaron
en la Balanza de Pagos del país los altos precios del petróleo, bastaría
señalar que las importaciones totales pasaron de 860 millones de
dólares en 1978, a 1080 millones en 1979, y a cerca de 1,500 millones
en el 1980. A pesar de todas esas adversidades, la economía
dominicana pudo crecer en un 5.0% en el año 1979 y en un 6.1% en
el 1980.
Poco a poco el país comenzó a hacer uso indirecto del
financiamiento internacional, a través, de cartas de crédito para
importaciones, que eran instrumentadas por bancos locales, con el
respaldo de bancos comerciales del exterior. En otras palabras, el
déficit comercial que estaba sufriendo el país como consecuencia del
los altos precios del petróleo, se fue financiando indirectamente a
través de la apertura de cartas de crédito, que el Banco Central
aceptaba con el compromiso de honrarlas a vencimiento, o sea, en el
futuro.
En el primer semestre del 1978, la política fiscal se apartó de la
línea moderada que había mantenido durante todo el gobierno de
Balaguer. Esto se debió, entre otras cosas a que se trataba de un año
electoral difícil para el Gobierno, por lo que el gasto publico se vio
presionado al alza, lo que unido a una disminución de los ingresos,
provoco un déficit fiscal de aproximadamente un 3.0% del PBI, por
primera vez en mas de una década.
Así inicio en materia fiscal el gobierno de Don Antonio Guzmán,
además tuvo que enfrentar la gran demanda por cargos públicos
proveniente de la militancia del Partido Revolucionario Dominicano. El
gasto corriente también se vio afectado por el aumentó de
prácticamente todos los precios que produjo el choque petrolero. En
este sentido, debe recordarse que la inflación del 1979 fue de un 9.2%
y la del año siguiente llegó al 16.7%.
Por todas estas razones, el gasto corriente rápidamente aumento
de unos 21.5 millones de pesos mensuales a julio del 1978, a unos
37.0 millones para julio del 1980, lo que equivale a un incremento de
mas del 70% en tan solo dos años.
La primera medida importante que adopto el nuevo Gobierno en
el campo fiscal, fue la concertación de un financiamiento con la banca
internacional por la suma de 185 millones de dólares que se suscribió
el 20 de diciembre de 1978, aunque los fondos no ingresaron hasta
junio del 1979. La intención de dicho préstamo fue tratar de
reprogramar y consolidar los vencimientos de algunos créditos
externos tomados en los últimos años del gobierno de Balaguer, por
varias instituciones autónomas del Gobierno, principalmente CORDE.
Es interesante observar que del total del prestamos, un 40%, o sea
73.2 millones se destinaron a la CDE.
La economía dominicana enfrentaba dos situaciones difíciles a
principios del 1980: el primero era de carácter fiscal. El incremento del
gasto corriente, provocado por los aumentos de salarios ocurridos en
1978 y 1979, unido a las cargas derivadas del incremento de los
precios internacionales del petróleo y sus derivados, además de los
graves daños ocasionados por el huracán David y la tormenta
Federico, habían producido un aumento sustancial del gasto, no solo
en el Gobierno Central, sino también en le Sector Publico. Para el año
1979, el déficit del Sector Publico Consolidado, es decir, del Gobierno
Central y de los organismos descentralizados (CEA, CDE, INESPRE,
CORDE y otras) había llegado a un 6.2% del PBI de acuerdo cálculos
del FMI. Esta cifra resultaba excesiva y había urgente necesidad de
reducirla.
Para enfrentar ambos déficit, el fiscal y el externo se requería la
adopción de medidas, así como para frenar el crecimiento de los
medios de pagos. Dentro de esta estrategia, al Gobierno Central, le
correspondía enfrentar el primero y al Banco Central tomar medidas
para reducir el déficit externo, así como el medio circulante. Estos
eran unos objetivos que nadie estaba dispuesto a aceptar de buena
gana, pues tradicionalmente la población y los empresarios quieren
que se busquen solucionesa los problemas, pero sin tomar prestado y
sin que se reduzca el consumo.
Afortunadamente, en el año 1981 el país tuvo un factor positivo
a su favor dado por los altos precios a que llego el azúcar en los
mercados internacionales; incluso la producción se había recuperado
luego de la fuerte caída que había tenido después del paso del huracán
David. En ese año la Republica Dominicana llego a exportar azúcar
crudo por un valor de 513 millones de dólares, cifra superior en 223
millones a la alcanzada en el año anterior.
Para el año 1982, el manejo de la economía se perfilaba mucho
más difícil. En el caso de la azúcar, el precio había llegado a 46.0
centavos la libra en 1981, mientras que para 1982 había disminuido a
tan sólo 13.5 centavos. Igual sucedía con el oro, cuyos precios
disminuyeran de 800 dólares la onza, en 1981, a menos de 370 la
onza para 1982. Asimismo, la Falconbrige, había llegado a exportar
hasta 100 millones al año, se encontraba temporalmente fuera de
producción por falta de demanda mundial, al recibir 420.3 millones
menos que el año anterior, mientras se mantenían altos los precios del
petróleo y por tanto, la factura petrolera, a pesar de que el consumo
domestico había descendido.
En 1982 también se iba a sumar otro gran constreñimiento, pues a
pesar de las medidas restrictivas aplicadas en 1981, el Banco Central
había acumulado atrasos en el canje de divisas por una suma
considerable de dólares, por lo que la banca internacional estaba
mostrando una actitud de mucha cautela con el país, en lo que
concernía a la apertura de nuevas cartas de crédito. El país había
agotado el margen de tolerancia de la banca comercial internacional,
por tanto iba a ser imposible continuar haciendo uso del mecanismo de
los atrasos de pagos de cartas de crédito vencidas, como forma de
enfrentar la demanda creciente de importaciones.
LA POLITICA ECONOMICA EN EL GOBIERNO DEL DR.
SALVADOR JORGE BLANCO (1982 – 1986)
Los nuevos objetivos de la política económica de la Republica
Dominicana (1982 – 1986) fueron explorar y evaluar todas las
alternativas posibles de políticas cambiarias: la ampliación del
mercado libre por el lado de las importaciones; tipo de cambio más
realista para las exportaciones; un acuerdo de ajuste estructural con el
Banco Mundial; acuerdos de facilidad ampliada o de stand – by con el
Fondo Monetario Internacional; la legalización de un tipo de cambio
múltiple; prohibiciones de importaciones; una devaluación formal a
través de un cambio en la legislación monetaria creando un nuevo tipo
de cambio mas realista.
De todas estas opciones se tomo la del acuerdo con Fondo
Monetario Internacional. Las razones por las cuales era necesario
llegar a un acuerdo con el Fondo se debía a los niveles de atraso con la
banca comercial por 367.2 millones de dólares, sin incluir en esa cifra,
45.0 millones realmente pagados por el Bando de Reservas. Este
monto era tan grande, que los bancos internacionales habían
prácticamente cerrado el crédito a la banca nacional, lo que hacia muy
difícil las operaciones comerciales del país.
 Las negociaciones con el FMI se iniciaron durante el último
cuatrimestre del 1982. Como era de esperarse, estas fueron
sumamente difíciles, pues los intereses de ambas partes negociadoras
respondían a motivaciones diferentes. La preocupación principal del
FMI era ayudarnos a resolver el problema de atrasos de pagos en
nuestra deuda externa y no la de buscar el desarrollo de la economía a
corto plazo, como era el interés del gobierno dominicano, además de
tratar de que la economía nacional pudiese seguir creciendo y no se
agravara el desempleo. El Gobierno procuraba que el proceso de
ajuste fuera gradual, para así permitir el crecimiento de la economía,
mientras que el FMI requería un ajuste de choque, resolviera el
problema de los atrasos a corto plazo.
Para finales del mes de octubre del 1982 ya se tenía en
principios un acuerdo entre el Gobierno y el FMI, el cual reflejaba en la
Carta de Intenciones que habían firmado los principales integrantes del
equipo económico. Se había acordado un Programa de Facilidad
Ampliada con tres años de duración. Por su parte, el FMI se
comprometía a facilitar a la Republica Dominicana la suma de 371.3
millones de DEG que equivalían a unos 450 millones de dólares en tres
años, que era la duración que contemplaba el programa.
Por otra parte y como componente esencial de los acuerdos con
el FMI, el 8 y 9 de diciembre del 1982 se sostuvieron una serie de
reuniones con la banca internacional, en la ciudad de New York. Luego
de un largo proceso de discusiones internas entre los técnicos
finalmente se suscribió el 15 de septiembre de 1983, mediante el cual
se reprogramaron 486.3 millones de dólares de la deuda que se tenia
con la banca comercial internacional. 
A pesar de los términos obtenidos, el resultado de esa
negociación ha sido cuestionado por algunos analistas. Por una parte,
el Banco Central asumió una deuda que se había originado por
importaciones del sector privado, dicha deuda afectaría la política
monetaria del Banco en el futuro.
 Una de las medidas de ajuste económico que se adoptaron
como parte de los acuerdos con el FMI, fue permitir a los bancos
comerciales el aumento de las tasas de interés pasivas, de un 1 hasta
un 2% mensual. Asimismo, se le permitió a las instituciones
financieras emitir certificados que devengan intereses más acorde con
los que prevalecían en los mercados internacionales.
En materia cambiaria, la Junta Monetaria permitió a los bancos
comerciales comprar y vender dólares directamente al público lo que
introdujo un nuevo elemento en el sistema cambiario dominicano,
pues los bancos podían participar abiertamente en el mercado paralelo
de divisas. De ahí surgió una competencia entre la banca y las casas
de cambio por el control del mercado de divisas, lo que junto con los
déficit externos, produjo presiones al alza de la tasa de cambio. Esta
depreciación de la moneda pronto se convirtió en un punto central de
la atención de la política económica, ya que la misma, afectaba
negativamente todos los costos de la economía. Ante la realidad del
mercado, la Junta Monetaria decidió legalizar las operaciones de las
casas de cambio en agosto del 1983, bajo la reglamentación del Banco
Central y la supervisión de la Superintendencia de Bancos.
Durante la primera visita de Estado de un Presidente Dominicano
a los Estados Unidos, le toco tal privilegio al Dr. Jorge Blanco, el cual
aprovecho para pedirle al gobierno estadounidense que le concediera
un préstamo puente, que pudiese ser usado en lo que llegaba un
acuerdo definitivo con el FMI. La respuesta fue negativa, basada en el
argumento de que el Tesoro Norteamericano solo podía otorgar estos
recursos a muy corto plazo y condicionado a una seguridad absoluta
de que los fondos serian reembolsados al término de ese plazo. Sin
embargo, tan pronto concluyo el viaje del Presidente se iniciaron
gestiones frente al Congreso de los Estados Unidos, las cuales después
de un intenso cabildeo de varios meses de duración, tanto en el
Senado como en la Cámara de Representantes, se logro que se
aprobara una donación a la Republica Dominicana por la suma de 50
millones de dólares, la cual unida a 45 millones que se habían
aprobado previamente, constituían un aporte significativo para la
estabilidad económica de nuestro país. El total de la ayuda
norteamericana sumo más de 200 millones de dólares durante esos
tres años (1983 – 1985), lo que se trataba de una suma considerable.
La Iniciativa Para la Cuenca del Caribe (CBI) fueun programa
creado durante la administración del presidente Reagan que ofrecía a
los países de la Cuenca del Caribe (Centroamérica y las islas del
Caribe), la entrada de sus productos libre de impuestos al mercado
norteamericano, de todos los productos originarios de dicha Región.
La Republica Dominicana fue el principal beneficiario de esta
iniciativa, pues fue el país de la Región que mayor atracción de
inversiones extranjeras recibió como consecuencia de la
implementación de dicho programa comercial, y también, el que pudo
aumentar sus exportaciones al mercado norteamericano con mayor
rapidez. En parte debido a que todavía muchos países
centroamericanos tenían serios conflictos internos y una situación
política inestable.
La aprobación del CBI en julio de 1983 y su puesta en vigencia el
1 de enero 1984, junto con la devaluación del peso dominicano fueron,
por tanto, los dos factores que mas influyeron el desarrollo de la zonas
francas de exportación en los años posteriores, y en consecuencia, en
la creación de cientos de miles de nuevos empleos productivos,
especialmente, en la mano de obra femenina.
A los pocos días del regreso del presidente Jorge Blanco al país,
la Junta monetaria hizo un último esfuerzo para introducir medidas
que permitieran arribar a un rápido acuerdo para el segundo año del
programa con el FMI. Una de la medida mas impopular fue traspasar al
mercado libre prácticamente todas las importaciones del país, excepto
los hidrocarburos, por lo que algunos productos a los cuales hasta esa
fecha el Banco Central le otorgaba divisas oficiales a la par con el
dólar, subieron los precios.
Esta ultima medida, unida al alto nivel en que se encontraba la
tasa de cambio, cercano a los 3.00 pesos por dólar, así como la
acumulación de frustraciones que venían arrastrando el pueblo desde
hacía mucho tiempo, provocó un levantamiento en los barrios
populares, que se tradujo en saqueos a propiedades privadas y
enfrentamientos con las fuerzas del orden lo que costó un alto numero
de vidas humanas. Realmente se trató de una tragedia nacional que
marcó el vértice de la crisis económica que se padeció durante esos
difíciles años.
Luego de la revuelta de abril 1984, se nombro un nuevo equipo
económico en el Banco Central el cual tenia la tarea de buscar algún
tipo de acuerdo con el fondo que fuese posible aplicar sin someter a la
población a nuevos ajustes económicos, que les agravara la ya difícil
situación que estaba atravesando la nación. Tras varias visitas a
Washington del equipo económico, finalmente se pudo llegar a un
acuerdo especial que el propio Director Gerente del FMI llamo
“Acuerdo Puente”, que no era otra cosa que una salida temporal hasta
que el gobierno estuviese en condiciones de poder comprometerse a
cumplir un acuerdo más riguroso dentro de los estándares del FMI,
como podía ser un acuerdo stand – by.
A este acuerdo temporal, se llegó en el mes de agosto del 1984
y el mismo solo daba un respiro, pues permitía al país mostrar a la
comunidad internacional que se tenía algún tipo de acuerdo con el
FMI, lo que facilitaba en algo el desembolso de recursos para enfrentar
la crisis.
Todas las medidas anteriormente señaladas, solo servían como
paliativo y no como soluciones definitivas de los grandes problemas
que enfrentaba al país; soluciones que tenían que buscarse,
inevitablemente, dentro de un acuerdo más formal con el FMI. De ahí,
que ya para los últimos meses de 1984, se volvieron a intensificar las
negociaciones con ese organismo internacional las cuales culminaron
dos días antes de la Noche Buena.
Finalmente el acuerdo stand – by fue aprobado en el Directorio
Ejecutivo del FMI el 15 de abril del 1985 y se estableció que estaría
sujeto a revisiones trimestrales, tal y como es costumbre de esta
institución. El cumplimiento de estas medidas de ajuste por parte del
Gobierno permitió que la tasa de cambio se redujera de 3.29 que
había llegado en febrero 1985, a 3.00 en agosto de ese mismo año.
Cuando el gobierno del Dr. Jorge Blanco concluyo su gestión, agosto
de 1986, ya la tasa se había estabilizado alrededor de 2.80, lo que
demostraba que el gobierno había podido controlar la crisis económica.
Con una inflación para julio de ese mismo año de tan solo 0.38% y
para agosto había sido negativa.
LA ADMINISTRACION DEL DR. JOAQUIN BALAGUER EN
EL GOBIERNO DE LOS 10 ANOS (1986 – 1996)
El regreso del doctor Balaguer al Palacio Nacional para iniciar su
periodo como nuevo Presidente de la Republica, se produjo el 16 de
agosto del 1986, el mismo encontró una situación económica tanto en
el plano nacional como en el internacional, completamente distinta a la
que enfrento en 1966. En esta nueva ocasión, la economía
dominicana estaba estabilizada luego de haber pasado por un fuerte
periodo de ajuste bajo un estricto programa stand – by con el Fondo
Monetario Internacional. Asimismo, la economía internacional se
estaba recuperando, después de varios años de altos precios del
petróleo que ya habían vuelto a niveles normales.
La tasa de cambio se encontraba en equilibrio desde hacia varios
meses alrededor de 2.80 pesos por dólar y la inflación estaba
completamente controlada. Sin embargo, el crecimiento de la actividad
económica era muy reducido, debido a las múltiples medidas
restrictivas adoptadas dentro del programa de ajuste.
En este escenario, el presidente Balaguer decidió reactivar la
economía a través del gasto público en inversiones, es decir, siguiendo
el mismo esquema que aplicó durante su gobierno de los 12 años, el
cual lamentablemente, no era el más apropiado en esta nueva
realidad. Solo a manera de ejemplo podemos apreciar que durante el
primer semestre del año 1987 el gasto total del Gobierno llegó a los
1,642 millones de pesos lo que representaba un aumento de un 33.4%
sobre los niveles que había alcanzado esta variable en igual período
del año anterior, es decir, bajo el gobierno de Jorge Blanco.
Esta expansión del gasto gubernamental se reflejó de manera
principal en los gastos de capital, y más específicamente, en aquellos
destinados a las construcciones las cuales en los primeros seis meses
de 1987 fueron más de seis veces superiores a las alcanzadas en igual
periodo del año anterior. Este extraordinario incremento del gasto en
construcciones se pudo lograr sobre la base de una reducción del gasto
corriente el cual disminuyó en más de 25%, en igual periodo. Pero
también fue posible debido a que el gobierno de Balaguer se opuso a
pagar la amortización de la deuda pública que encontró al llegar al
Poder.
Otro elemento que se había deteriorado mucho en los últimos
años había sido la situación de las empresas públicas, especialmente,
la Corporación Dominicana de Electricidad y el Consejo Estatal del
Azúcar. En el caso de la CDE, los gastos en la adquisición del
combustible que requería para sus generadores, comenzaron a
incrementarse a partir del aumento de los precios del petróleo ocurrido
unos años atrás. Esto represento para la CDE un aumento considerable
al pasar de 200 millones en 1984 a unos millones 600 millones en
1985, lo que obligó al gobierno a subsidiar a esa empresa con unos
200 millones, para así evitar que todo ese aumento se traspasara a los
consumidores.
En el caso del azúcar la situación era aún peor, debido a las
múltiples distorsiones que se habían producido en los mercados
internacionales durante los últimos años. Los países de la Comunidad
Económica Europea habían creado una serie de subsidios a sus
productores domésticos del azúcar de remolacha lo que había
estimulado considerablemente la producción domestica, hasta el punto
que de ser un continente importador de azúcar,se convirtió en poco
tiempo en un gran exportador neto al mercado mundial. 
El único mercado rentable para la Republica Dominicana pasó a
ser el de los Estados Unidos de America. Sin embargo, en ese mercado
también se ofrecieron incentivos a los productores y se garantizaron
precios mínimos de venta a principios de 1980, lo que estimuló el
aumento de la producción domestica no sólo de azúcar, sino también,
de los llamados edulcorantes, o sea, sustitutos del azúcar, entre los
que se destacó el jarabe de maíz de alta fructosa. Así que los EE.UU.,
fueron disminuyendo gradualmente las compras de azúcar dominicana,
mediante la imposición de cuotas de importación cada vez menor.
Para atender la precaria situación económica por la que
atravesaba el CEA, agravada por la disminución de la cuota
preferencial norteamericana, el Poder Ejecutivo introdujo en el
Congreso Nacional un proyecto de ley con el propósito de darle
liquidez a esa empresa estatal. Se autorizó al CEA a traspasar al Banco
Central en calidad de ventas alrededor de 17.7 millones de metros
cuadrados de terrenos pertenecientes al Ingenio Monte Llano, por un
valor de 502.5 millones de pesos, bajo el argumento de que esos
terrenos podrían ser vendidos posteriormente por el Banco para
proyectos turísticos, instalaciones de zonas francas industriales o
cualquier otro proyecto de interés social o económico.
Para la fecha que se hizo la operación, el medio circulante se
encontraba en los 2,200 millones, por lo que el primer desembolso de
251 millones representó un incremento del circulante de más de un
11%. Por lo que ese financiamiento contribuyo al aumento de la
emisión monetaria sin respaldo, como cualquier otra operación de
financiamiento del Banco Central.
En 1990 sucedió en el ámbito internacional un acontecimiento
que aceleró la crisis económica del país, cuando estallo la Guerra del
Golfo que inició el gobierno de los Estados Unidos contra Iraq, luego
que este ultimo país invadiera a su vecino Kuwait bajo el argumento
de que su territorio le pertenecía, y con ello, los grandes depósitos de
petróleo de esa nación. La Guerra del Golfo se llevó a cabo en la zona
del mundo con mayores reservas de petróleo, por lo que el precio
internacional de los hidrocarburos se elevó súbitamente pasando de
16.8 dólares el barril, a 35.9 dólares en apenas cuatro meses.
Como consecuencia de esto, el Gobierno había recrudecido sus
controles y se estaba procediendo a cerrar los bancos de cambio y a
perseguir a sus propietarios, dentro de lo que se llamó “Operación
Duarte”. Esta famosa medida del Gobierno buscaba devolver a la
moneda dominicana el valor que había perdido.
Las medidas económicas del Gobierno del Dr. Balaguer para
finales del 1990 se podían resumir en: desmantelar la “Operación
Duarte”, flexibilizar los controles cambiarios, se eliminaron los
controles de precios y los sometimientos a comerciantes y se
adoptaron otras medidas económicas que podían implementarse por la
vía administrativa. También, jugó también un importante papel, el
hecho de que el aumento de los precios internacionales del petróleo
sólo duró unos pocos meses y la economía entró en un largo periodo
de prosperidad la cual se mantuvo hasta finales de esa década.
Para la reforma arancelaria del 1990 se sostuvieron muchas
reuniones en el Palacio Nacional con el propósito de buscar un
consenso para la ejecución de los puntos acordados luego de la firma
del Pacto de Solidaridad Económica. Como consecuencia de todas esas
reuniones, el 13 de septiembre del 1990, el Presidente de la Republica
dictó el Decreto No. 339, por medio del cual, se eliminada el anterior
régimen arancelario y se creaba un reglamento para la ejecución de un
nuevo arancel aduanero, con carácter provisional hasta tanto fuese
promulgada la ley correspondiente.
Posteriormente, en fecha 4 de agosto de 1993, tras largo
debate, el Congreso Nacional aprobó el proyecto de ley “Arancel de
Aduanas de la Republica Dominicana”. Es justo reconocer que tanto el
Decreto No. 339 como la referida Ley, obedecieron a la necesidad
imperiosa que tenía el país de incorporar su sistema aduanero a los
avances que se habían producido con el comercio internacional.
Además, unificaron los gravámenes arancelarios, se disminuyeron los
niveles de tasas en sentido general, se aplicó un sistema ad valorem,
en lugar de uno específico, se crearon sólo ocho categorías de tasas
con un tope máximo del 35% y se eliminaron todas las concesiones de
exoneración de gravámenes arancelarios contemplados en numerosos
decretos y leyes.
Este cambio le permitió al gobierno aumentar la recaudación de
615 millones en 1990 a 4,588 millones en 1992, o sea, que tan sólo en
dos años las recaudaciones se multiplicaron siete veces y media, sin
incluir la aplicación del ITEBIS en al aduanas.
El 1 julio de 1991, tras un largo período de negociaciones con el
Fondo Monetario, el Presidente Balaguer se dirigió a la Nación para
anunciarle que había llegado a un acuerdo con esa institución
internacional y que en los próximos días el gobierno iba a enviar la
Carta de Intención. Los frutos de esta negociación vinieron en las
elecciones del 1994, ya que fue reelecto con un mayor apoyo de los
votantes.
El 22 de noviembre del 1991, la República Dominicana llegó a un
acuerdo con las naciones acreedoras dentro del Club de París. En esta
segunda ocasión el monto renegociado fue de 926 millones de dólares
y los principales acreedores eran Estados Unidos, España, Japón,
Alemania y Francia. Los términos negociados fueron muy favorables
para el país.
Luego de haber sometido la economía a un necesario proceso de
ajuste, el gobierno de Balaguer se dedicó a concluir una serie de
reformas fundamentales en las cuales venía trabajando durante los
últimos años. Lo primero fue lograr que el Congreso Nacional aprobara
la reforma arancelaria que se estaba aplicando por Decreto
Presidencial. Esto se logró en agosto del 1993, después de un
prolongado debate en ambas cámaras legislativas. Lograr la
aprobación congresional no fue tarea fácil. Incluso provocó, entre otras
cosas, una separación de las asociaciones empresariales aglutinadas
en El Consejo Nacional de Hombres de Empresa.
La otra reforma sumamente importante fue la tributaria,
mediante la cual se introdujeron cambios significativos a la Ley de
Impuestos Sobre la Renta. La Principal modificación fue el
establecimiento de un impuesto máximo de un 25% sobre las rentas,
tanto de personas físicas como jurídicas, con el cual se redujeron
sustancialmente las tasas impositivas existentes a la fecha, que
llegaban hasta un 46%. Pero también fue significativa a la eliminación
de la doble tributación, que penalizaba al contribuyente obligándolo a
pagar impuestos sobre la renta sumamente elevados, hasta 70% de
sus ingresos.
Otro elemento importante en el proceso de recuperación de la
economía fue la renegociación de la deuda externa pública con la
banca comercial, especialmente, con bancos internacionales. El total
de la deuda pública con al banca comercial extranjera ascendía a
unos; 1,185 millones de dólares. Dicha renegociación fue realizada
utilizando un conjunto de instrumentos financieros que ofrecía el
mercado, entre ellos los llamados Bonos de Descuento, que se
emitieron para cambiarlos por parte de la deuda por concepto de
capitales adeudados. También estaban los llamados Bonos Intereses
en Atraso (PDI), que fueron cambiados, como su nombre lo indica, por
parte de los intereses en atraso a esa fecha.
 El origen de las zonas francas industriales orientadas hacia la
exportación, se remontan ennuestro país al principio del año 1969,
cuando ejecutivos del Central Romana Corporación sugirieron la
creación de industrias con alto contenido de mano de obra con fines de
exportación hacia el mercado norteamericano. Ya para marzo de 1969
se promulgo el Decreto 3461 que autorizaba la creación de un parque
industrial en la ciudad de la Romana, donde comenzó a operar la
primera zona del país, en febrero del 1970.
Con la Iniciativa Para la Cuenca del Caribe lanzada por el
presidente Reagan en febrero de 1982, que entró en vigencia en enero
de 1984, las zonas francas industriales recibieron un estimuló
adicional, sobre todo, porque para ese mismo año se logró que los
Estados Unidos le otorgara un tratamiento especial a las manufacturas
textiles procedentes de los países de la Cuenca del Caribe.
Bastaría con señalar, que del 1986 al 1988 comenzaron a operar
101 nuevas empresas, lo que fue creando las bases para un aumento
importante de estas exportaciones, que se reflejó con más intensidad
a partir del 1992, cuando las exportaciones de zonas francas pasaron
de los 1,194 millones de dólares, que se registraron en ese año, a
4,100 millones para 1998. Para 1998 ya el país contaba con 496
empresas en operación dentro de los 43 parques industriales que
existían en esos momentos. Estas empresas ofrecían empleos directos
a 195,200 personas, sin contar los cientos de miles de empleos
indirectos.
Así como las zonas francas dieron un formidable impulso a las
actividades económicas en los últimos ocho años de la década del
1990, también el sector turismo hizo su aporte en la misma dirección.
En la década del 1980, se construyeron en todo el país 13,654 nuevas
habitaciones. En contraste, durante la década del 1990 se
construyeron 32,873 nuevas habitaciones, es decir casi dos veces y
media más.
De acuerdo a estimados del Banco Central, en 1990 la actividad
turística proporcionaba a la economía dominicana aproximadamente
unos 725 millones de dólares. En apenas cinco años estos ingresos se
habían mas que duplicado, y ya para el año 2000, habían llegado a
unos 2,895 millones, es decir, cuatro veces más, en apenas una
década. Para el año 2000 la Republica Dominicana contaba con 51,916
habitaciones hoteleras concentradas principalmente en las provincias
de La Altagracia y Puerto Plata.
En 1994 culminaron las negociaciones comerciales que se
llevaron a cabo dentro de la llamada Ronda de Uruguay del GATT, que
duró siete años y medio, durante los cuales los países pertenecientes a
este acuerdo, se sentaron a discutir la forma en que podían reducir las
barreras al comercio mundial de bienes y servicios, principalmente
mediante la disminución de sus tarifas arancelarias, aunque también,
con otras medidas liberadoras de trabas comerciales.
Otro objetivo de esa ronda de negociación, fue dar origen a una
institución internacional que estableciera procedimientos para que se
cumplieran esos acuerdos, la cual se denominó la Organización
Mundial del Comercio (OMC).
En el caso de la Republica Dominicana, inexplicablemente, se
tomó la decisión de someter una lista de aranceles consolidados
sumamente simple, la cual se limitó a señalar que el país se
comprometía a cumplir una consolidación (tasa arancelaria) a un nivel
máximo del 40% ad – valorem, para todos los productos, ya fuesen
agropecuarios o no, lo que contrastaba significativamente con la
posición que habían presentado los otros países. Luego de varios
encuentros y reuniones, esto dio paso a lo que fue la Rectificación
Técnica, lo que permitió que nuestro país pudiese proteger ocho
productos agropecuarios sumamente sensitivos (arroz, azúcar, leche
en polvo, frijoles secos, ajo, carne de pollo, maíz y cebolla). Sin esa
Rectificación Técnica, la producción de esos rubros alimenticios no
hubiera podido sobrevivir en estos años de apertura económica, lo que
hubiese significado una perdida incalculable para nuestra economía.
Los pasos previos a la integración económica dictaba que la
Republica Dominicana debía iniciar de inmediato, negociaciones para
un acuerdo de libre comercio, de alcance parcial, con el Mercado
Común Centroamericano, así como con CARICOM, es decir, iniciar un
proceso de apertura económica con países que tuviesen un nivel de
desarrollo similar al nuestro, pues de esta forma, se podría ir
identificando las ramas de actividades donde teníamos debilidades
para competir y así tomar las medidas correctivas necesarias sin que
tuviésemos que pagar un costo muy elevado. Estos aprestos
concluyeron en 1997, cuando se dieron los primeros pasos para
negociar un acuerdo de libre comercio, primero con CARICOM, y
posteriormente, con los países Centroamericanos.
PRIMERA ADMINISTRACION DEL DR. LEONEL
FERNANDEZ REYNA (1996 – 2000)
Ningún otro presidente inicio su período gubernamental en
condiciones tan favorables, como las que tuvo el Dr. Leonel Fernández,
cuando asumió la primera magistratura del Estado, el 16 de agosto del
1996. En esa ocasión la inflación era muy reducida como lo evidencia
el hecho de que a ese mes de agosto el índice de precios al
consumidor mostraba un crecimiento anual de tan sólo un 4.8%.
Asimismo, la moneda nacional se encontraba completamente estable,
el crecimiento del PIB fue en ese año de 1996 el más alto que había
registrado el país en los últimos 20 años y los precios del petróleo se
encontraban alrededor de los 21.30 dólares el barril, niveles muy por
debajo a los que habían llegado en los primeros años de la década del
1980 y más recientemente en el año 1990, cuando superaron los
35.00 dólares, causando graves trastornos a la economía mundial.
Quizás el único elemento desfavorable para el gobierno del
presidente Fernández era la estrechez presupuestaria con que se había
manejado el Dr. Balaguer, especialmente en lo que se refería al nivel
de los gastos corrientes, lo que no le permitía cubrir una serie de
servicios públicos básicos. Es por ello que al principios del Gobierno se
tomó una decisión muy importante que aparentemente no fue bien
sopesada y discutida dentro del equipo económico, esta fue la
iniciativa de someter al Congreso Nacional una reforma tributaria muy
profunda que aparentemente no era necesaria en ese momento para
mantener equilibradas las finanzas públicas, ni tampoco contaba con
un mínimo apoyo de las asociaciones empresariales. Siempre se dijo
que esta fue una sugerencia de la Fundación Economía y Desarrollo,
que desde hacía mucho tiempo venía abogando por esta reforma.
Como elemento central se proponía una reducción significativa
de las tasas arancelarias, con el propósito de abrir más el mercado
doméstico a la competencia internacional, para favorecer a la clase
importadora. Esta parte de la propuesta produciría una disminución del
35.0% de lo que se recaudaba por esa vía. Además, la Reforma
proponía una reducción de las tasas del Impuesto Sobre la Renta para
establecer una tasa única del 10%.
Para compensar estas disminuciones de ingresos fiscales, la
Reforma proponía un aumento del ITEBIS de un 8 a un 12%. Además,
de la ampliación de la base impositiva de este impuesto, mediante la
eliminación de varias exenciones existentes a la fecha y la inclusión de
algunos servicios. Se proponía un aumento sustancial del Impuesto
Selectivo al Consumo sobre las bebidas, la cerveza y los cigarrillos.
Recibiendo una oposición tenaz no sólo de diferentes asociaciones
empresariales, sino también, de los partidos políticos de la oposición,
de los sindicatos y del público en general.
Por lo tanto, dicha administración necesitaba otro elemento para
poder sostener un crecimiento tan extraordinariode las importaciones
durante esos años. Este vino dado por el alto endeudamiento externo
en que incurrió el sector privado, incluyendo la banca comercial,
especialmente, en la segunda mitad de ese periodo. Por un lado, el
Banco Central dio muestras de que estaba decidido a mantener la
estabilidad de la tasa de cambio y así lo pudo lograr. Esto le
proporcionó confianza a los entes económicos en la moneda nacional.
Por otra parte, las tasas de interés se mantuvieron muy elevadas
durante casi todo ese período, por lo que resultaba mucho más
rentable a las empresas y a las personas, endeudarse en dólares.
En esta coyuntura, los bancos comerciales también decidieron
tomar préstamos en dólares para canalizarlos hacia sus clientes tanto
en dólares como en pesos. Hasta cierto punto, el Banco Central
estimuló este endeudamiento pues en varias ocasiones había fijado
topes a la cartera de los bancos en moneda local, pero no en moneda
extranjera, por lo que muchos bancos obtuvieron recursos externos
por encima de los niveles prudenciales, pues así podían atender las
solicitudes de crédito de sus clientes. Este endeudamiento contribuía
muy poco o nada con el aumento de la producción y la productividad.
La política seguida por el Banco Central en este periodo,
consistía en mantener un alto crecimiento de los medios de pago para
sostener un aumento de la demanda y la productividad. Si embargo,
cada vez que esa abundancia de liquidez amenazaba la estabilidad
cambiaria, entonces el Banco utilizaba una serie de instrumentos a su
disposición para frenar el exceso de liquidez y así evitar la
desestabilización de la tasa de cambio.
Aunque la política del Banco Central fue efectiva para controlar
la inflación y la depreciación de la moneda, sin embargo, tuvo costos
financieros muy altos para las empresas y para el propio Banco, pues
durante esos años las tasas de interés se mantuvieron bastante
elevadas e incluso mostraron una clara trayectoria oscilante,
alternando períodos de alza con períodos de baja, que no favorecían la
programación financiera de las empresas.
Por otra parte, desde que el Dr. Fernández asumió la primera
magistratura del Estado mostró gran interés en que la República
Dominicana abandonara la posición aislacionista que había tenido en el
pasado. Consecuente con esta posición, a principios de 1997 el
presidente Fernández anunció la decisión de iniciar de inmediato
negociaciones con CARICOM, con el propósito de lograr acuerdos de
libre comercio antes de que concluyera el año. Asimismo, informó
sobre la disposición de negociar acuerdos similares con los países
centroamericanos tan pronto concluyera las negociaciones con los
primeros.
Por razones diversas, las negociaciones con los miembros de
CARICOM no pudieron avanzar con la celeridad que demandaba el
gobierno dominicano, por lo que se decidió dejarlas en suspenso e
iniciar, inmediatamente, negociaciones con los países
centroamericanos. De hecho, en la Cumbre de Jefes de Estado de
Centroamérica celebrada en noviembre del 1997, los presidentes
instruyeron a sus funcionarios para que iniciaran negociaciones
tendientes a la pronta suscripción de un tratado de libre comercio
entre Centroamérica y la República Dominicana.
Finalmente, el 16 de abril del 1998, los Presidentes de los países
Centroamericanos y el presidente Fernández, firmaron un Tratado de
Libre Comercio, que se consideró “histórico” pues se trataba del primer
acuerdo de libre comercio firmado por la República Dominicana. Si
embargo, este fue un acto protocolar que reflejaba la determinación de
los Jefes de Estado, ya que para que este Tratado pudiese entrar en
vigencia, se requería completar las negociaciones de una serie de
aspectos vitales, lo que tomó varios meses de arduas conversaciones.
En la práctica, la culminación de las negociaciones no se pudo
lograr hasta noviembre del 1998, cuando se aprobaron tanto las listas
negativas, las normas de origen, el tratamiento a las zonas francas,
así como otros aspectos igualmente sensitivos. Una vez acordados
estos temas, el Tratado entró en vigencia en octubre del 2001.
A corto y mediano plazo estas negociaciones han favorecido más
a Centroamérica que a la Republica Dominicana, pues los productores
del Istmo estaban mejor preparados para aprovechar estas nuevas
oportunidades comerciales, dada la experiencia que habían acumulado
durante los largos años que tenían operando como área de libre
comercio. Así lo demuestra el hecho de que durante el año 2002, las
exportaciones de Centroamérica hasta la República Dominicana,
aumentaron 48.3% millones de dólares, mientras que las nuestras
hacía esa Región tan solo se incrementaron en unos 15.9 millones. De
esta forma, nuestro déficit comercial con el Istmo llegó a los 111.0
millones para ese año. Dicho acuerdo también sirvieron para
evidenciar nuestras debilidades competitivas. 
Una de las consecuencias directas del acuerdo de libre comercio
con Centroamérica, fue la presión que se creó internamente para que
se llevara a cabo una nueva reforma arancelaria, que le permitiera a
los productores nacionales, especialmente a los industriales, poder
competir en igualdad de condiciones con sus homólogos
centroamericanos, mediante la reducción de los impuestos de
importación que gravaban a los insumos y a las maquinarias. En
adicción, la disminución de los aranceles siempre se había mantenido
dentro de los sectores importadores, por lo que este sector también se
sumó a esos reclamos, aunque por razones diferentes.
Aunque se avanzó mucho en la discusión de esta delicada pieza
legislativa, la misma no pudo ser aprobada durante el gobierno del
presidente Fernández y fue en el próximo gobierno de Hipólito Mejía,
cuando finalmente se aprobó en diciembre del 2000. De forma que el
nuevo arancel estableció una tasa máxima del 20% para los bienes de
consumo, lo que fue un paso muy importante, pues en el acuerdo de
libre comercio posteriormente negociado con los Estados Unidos, las
desgravaciones arancelarias se aplicaron a partir de un 20%, lo que le
proporcionará mas tiempo a las industrias nacionales para irse
preparando a enfrentar la fuerte competencia que vendría de esa gran
economía del norte.
Para el proceso de la Capitalización de las Empresas Publicas se
aplicó el modelo seguido por Bolivia y otros países en vías de
desarrollo, pues tenía la característica que el Estado seguiría como
propietario de por lo menos un 50% del capital de las empresas y que
el socio privado sólo le correspondía una participación del 50%
restante, como aporte de capital fresco que serviría para el rescate
financiero de las empresas.
Para estos fines el presidente Fernández sometió al Congreso
Nacional el proyecto de Ley General de Reforma de Empresas Públicas,
que luego de un amplio debate, fue aprobada en fecha 24 de junio de
1997. Esta Ley, la 141-97, sólo se aplicaba a las empresas que
integraban la Corporación Dominicana de Empresas Estatales
(CORDE), La Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), El
Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y los hoteles que conformaban la
Corporación de Fomento de la Industria Hotelera. Por lo tanto, la
privatización o capitalización de cualquier otro patrimonio del Estado
no estaba bajo el ámbito de esta Ley y no podían llevarse a cabo sin la
previa autorización del Congreso.
La Ley contemplaba la creación de una Comisión que se
encargaría de todo lo concerniente a su aplicación. Para estos fines se
creó la Comisión de Reforma de la Empresa Publica (CREP), que desde
sus inicios dirigió el doctor Antonio Isa Conde.En cuanto a las empresas de CORDE, el proceso de capitalización
tan sólo se pudo completar en la Compañía Anónima Tabacalera y la
Habanera, que fueron adjudicadas al consorcio español Cita Caribe, así
como Molinos Dominicanos y del Norte, que fue otorgado al Grupo
Maya, con resultados más satisfactorios. Al final del proceso se
llegaron a “reformar” 20 empresas por un monto superior a los 11,160
millones de pesos, de los cuales el 92.5% correspondió al sector
eléctrico.
POLITICA ECONOMICA EN EL GOBIERNO DE DON
HIPOLITO MEJIA DOMINGUEZ (2000 – 2004)
Las primeras medidas tomadas por la administración de Don
Hipólito Mejía Domínguez fue la de establecer un impuesto fijo por
galón de combustible. Esta medida fue complementada con otras
relacionadas con el consumo de hidrocarburos, las cuales tuvieron un
impacto inmediato. Ya que las recaudaciones por concepto del
diferencial del petróleo pasaron de un promedio mensual de 176
millones de pesos, que se habían recaudado en el periodo enero-
agosto, a un promedio mensual de 429 millones para septiembre-
diciembre de ese mismo año. Posteriormente, el Congreso Nacional
aprobó, en noviembre de ese mismo año, la Ley de Hidrocarburos, que
eliminó definitivamente la discrecionalidad en el establecimiento de los
precios domésticos de los combustibles, pues esa ley estableció que en
lo adelante se haría un ajuste semanal de los precios de los
hidrocarburos, que se calcularían sobre la base de la variación de los
precios de paridad de importación y establecía un monto fijo de
diferencial por galón para cada tipo de combustible.
La otra acción que tomó el Gobierno en sus primeros meses de
gestión, fue lograr para el 26 de diciembre del 2000, la aprobación de
un nuevo arancel de Aduanas que se venía discutiendo desde hacía
muchos años. El nuevo régimen estableció cinco tasas arancelarias
básicas de 0, 3, 8, 14 y 20% para las importaciones, manteniendo
algunas exenciones para rubros agropecuarios muy sensibles y
estratégicos.
A fin de compensar la disminución de la recaudaciones que el
nuevo arancel traería, las Cámaras Legislativas también aprobaron en
la misma fecha, una importante y controversial modificación del
Impuesto Sobre la Renta, cuyo elemento principal fue el
establecimiento de un pago 1.5% sobre los ingresos brutos de las
empresas, que funcionaría como anticipo al pago de dicho impuesto.
Esta modificación del Impuesto Sobre la Renta, causo grandes
disgustos en la clase empresarial del país, pues era evidente que en
algunos casos, ciertas empresas no podían tener beneficios, como eran
aquellas de reciente creación que todavía no habían alcanzado el punto
de equilibrio o aquellas que enfrentaban problemas coyunturales.
La reforma fiscal de diciembre del 2000, también aumento de un
8 a un 12%, la tasa del impuesto a las Transferencias de Bienes
Industrializados y Servicios (ITIBIS), lo que constituía una pesada
carga para los contribuyentes. Asimismo, estableció nuevas tasas de
impuestos selectivos para algunos vehículos, así como otros bienes de
consumo como las bebidas, las cervezas y los cigarrillos.
Como siempre ha sucedido cada vez que aumentan súbitamente
los precios internacionales del petróleo, el alza ocurrida en el 2000
golpeó de nuevo en forma severa a la economía de los Estados Unidos,
para perjuicio no sólo del pueblo norteamericano, sino también, de
todas las economías que mantienen una gran interdependencia con
esa Nación. 
En caso de la República Dominicana nuestras exportaciones al
mercado norteamericano habían mantenido un crecimiento anual
promedio superior al 5% en los últimos cinco años anteriores al 2001.
Sin embargo, en el 2001 las exportaciones totales del país cayeron en
403 millones de dólares, entre ellas, 232 millones de productos
provenientes de nuestras zonas francas. Este fue el segundo gran
choque externo que tuvo que enfrentar la economía dominicana, en
apenas dos años, pues además de tener que pagar 634 millones
adicionales por la compra de petróleo, ahora veíamos disminuir
nuestros ingreso por concepto de exportaciones, en mas de 400
millones de dólares.
Para el inicio del Siglo XXI, el turismo se había convertido en la
actividad que más ingresos de divisas proporcionaba a la economía
dominicana. Los ingresos por este concepto habían crecido a una tasa
anual promedio superior al 12% en los últimos cinco años, hasta el
año 2000. Lo que significaba que, en promedio, los dominicanos
recibíamos todos los años alrededor de 250 millones de dólares
adicionales, los que utilizábamos para poder comprar parte de la
creciente cantidad de bienes que importamos.
El 11 de septiembre del 2001 sucedió un acontecimiento que
estremeció la humanidad, al producirse un ataque terrorista en dos de
las principales ciudades de los Estados Unidos, especialmente en la
ciudad de New York, donde quedaron completamente destruidas las
torres gemelas del Centro de Comercio Mundial, con la pérdida de vida
de miles de ciudadanos indefensos. Con estos ataques, el terrorismo
internacional, no sólo había infligido una profunda herida a ese país,
sino que también, causó un gran daño al turismo mundial, pues los
viajeros se sintieron de pronto inseguros en cualquier parte del
mundo.
En el caso dominicano, en el segundo y tercer trimestre del 2001
se había producido una contracción de flujo turístico del 5.7 y 5.6%
respectivamente. En el cuarto trimestre la reducción fue de un 22.1%.
De esta forma, para el último trimestre del 2001, es decir, después del
11 de septiembre, los ingresos por concepto de turismo cayeron a tan
sólo 521 millones de dólares, inferiores en más de 150 millones a lo
que habíamos recibido el trimestre anterior, que ya estaba menguado.
Esta situación no se recuperó sino hasta dos años después, ya que en
el 2002, los ingresos fueron incluso más bajos que los que recibimos
dos años antes por esta actividad. Los ingresos de turismo, en lugar
de seguir creciendo al 12% anual como lo venían haciendo en los
últimos años, de pronto comenzaron a reducirse, precisamente en el
momento que más se necesitaban para poder hacer frente al aumento
de la factura petrolera.
Para el mes de junio del 2001, el Gobierno había tomado la
decisión de recurrir a los mercados de financieros internacionales para
colocar una emisión e bonos soberanos por la suma de 500 millones de
dólares. Esta había sido una sugerencia de la Fundación Economía y
Desarrollo, que también asesoraba el Gobierno en asuntos
económicos. 
La colocación finalmente se logró el 20 de septiembre de ese
año, tan solo nueve días después de los acontecimientos terroristas
ocurridos en New York ese mismo mes. Al concluir el 2001 el
crecimiento de la economía dominicana había sido de un 2.7%. Esta
tasa aunque muy inferior a las que había tenido la nación en los
últimos seis años, resulto ser 5 veces más altas que el promedio de los
países de la America Latina, que también atravesaban por una
situación difícil. Este resultado se vio favorecido por el influjo de los
500 millones de dólares provenientes de los Bonos Soberanos,
especialmente, en el último trimestre, cuando se acentuó el repunte de
las construcciones públicas.
El comportamiento de la actividad económica fue muy cambiante
durante el 2002, pues los recursos provenientes de los Bonos
Soberanos determinaron que así fuese. En los primeros dos trimestres
de ese año, el crecimiento de la economía fue de un 4.3 y 7.6%,
respectivamente. Estas altas tasas de crecimiento se debieron al
incremento del gasto publico, que fue financiado con parte de los
recursos de los Bonos Soberanos quese habían depositado en el
Banco Central, en espera de que el Gobierno se los fuera requiriendo.
De esta forma, los gastos de capital se incrementaron en 23.0%, con
relacional año anterior, concentrándose la mayor parte de este gasto,
en los primeros ocho meses del año.
Esta activación de la economía inmediatamente se tradujo en un
incremento de las importaciones, aunque ligeramente, pero como los
ingresos de divisas por concepto de turismo y zonas francas se
mantenían deprimidos, el resultado fue un incremento del déficit en la
cuenta corriente de la Balanza de Pagos, que no pudo ser financiado
por ingresos en la cuenta de capital, por lo que una buena parte de
ese déficit tuvo que ser cubierto con el uso de Reservas
Internacionales Brutas, las cuales cayeron de 1,340 millones de
dólares a que habían llegado en diciembre del 2001, como
consecuencia de la entrada de los Bonos Soberanos, a tan sólo 828
millones en diciembre del 2002. Esto significó una perdida de 512
millones de dólares, suma incluso mayor que el monto de los Bonos.
Esta caída de las reservas a su vez provocó una reducción de la
emisión monetaria, y con ello, del crecimiento de la economía, lo que
sucedió en la segunda parte del año 2002, cuando el crecimiento del
PBI se volvió a reducir a tasas del 2.0 y 2.7%, respectivamente, en los
últimos dos trimestres del año.
Por otro lado la banca comercial enfrentaba sus propios
problemas. Debido a crecientes dudas sobre la estabilidad de la
moneda nacional, los clientes estaban cambiando sus depósitos en
pesos por depósitos en dólares, hasta el punto de que estos últimos
pasaron de un 30 a un 39% del total, durante el 2002. Por otra parte,
en los últimos meses de ese año, se incrementaron en la ciudadanía
los rumores sobre la solidez de algunos bancos importantes del
sistema y sobre el retiro que se estaba produciendo en sus depósitos.
Para principio del 2003, el entonces gobernador del Banco
Central Frank Guerrero Prats informo en una reunión a tres miembros
de la Junta Monetaria, que en los últimos meses los depositantes de
BANINTER le habían retirado alrededor de 9,000 millones de pesos, y
que por estas razones, el Banco Central había tenido que salir en
auxilio de dicho bando, facilitándole recursos por unos 5,500 millones,
en adición al uso de las reservas de Encaje Legal a que tenía derecho.
BANINTER mantenía antes del retiro de esos depósitos, un buen índice
de solvencia y que esta había sido la razón por la cual las autoridades
del Banco Central habían decidido salir en su rescate, sin hacer ruido.
La búsqueda de una satisfactoria se complicaba aún más, debido
a que para esos días el tema cambiario también estaba ocupando la
atención de los miembros de la Junta Monetaria, pues la tasa de
cambio se había colocado alrededor de los 22.0 por dólar, como
consecuencia, entre otras cosas, del aumento que se había producido
en la emisión monetaria resultado de los recursos otorgados a
BANINTER. Por lo tanto, el tema cambiario estaba íntimamente
relacionado con la incipiente crisis bancaria, y también, requirió la
realización de numerosas reuniones de las Autoridades Monetarias con
agentes de cambio, empresas remesadotas y bancos comerciales.
Para marzo 2003, ya se había acordado, en principio, la
absorción de BANINTER por parte del Banco del Progreso, sobre la
base de un contrato de venta que contemplaba una auditoria
independiente para determinar la verdadera situación del banco.
Cuando la referida auditoria se realizó a profundidad, se descubrió que
la verdadera situación de BANINTER no era la que reflejaban las
informaciones entregadas a la Superintendencia de Bancos. Esa
auditoria realizada por el Banco del Progreso arrojó que BANINTER
escondía en sus informes contables un banco paralelo que era en
realidad mucho mayor que el visible, pues una gran parte de las
operaciones de depósitos y de créditos no se registraban en los libros
oficiales del banco.
Frente a esta realidad no prevista en el contrato de venta, el
Banco del Progreso decidió no continuar con la operación, pues
incluso, corría el riesgo de ser arrastrado por un retiro masivo de
depósitos. Por esta razón, y ante la imposibilidad de buscar otra salida
a este caso, la Junta Monetaria designó, finalmente, en el mes de abril,
una comisión interventora para que se hiciera cargo de BANINTER. La
situación era tan grave; que se estaba ante la presencia de malas
prácticas contables y de un fraude colosal llevado a cabo en el banco
más del país.
Antes de la crisis, BANINTER se consideraba como el tercer
banco más grande del país, pues sus libros arrojaban activos por unos
26,000 millones de pesos. Sin embargo, cuando se le sumaba el banco
paralelo, que era de unos 55,000 millones, las operaciones totales
alcanzaban los 81,000 millones, lo que lo convertía en la realidad en el
banco más grande de la República Dominicana, incluso algo superior a
la suma del segundo y tercer banco del país, es decir del Banco de
Reservas y el Banco Popular.
En una visita oficial realizada a Washington en el 2003, el
presidente Mejía se reunió, con el Señor Eduardo Aninat, quien era
Subdirector Gerente del Fondo Monetario Internacional, al cual se le
explicó la nueva situación que se le había presentado a la República
Dominicana y se le dijo que estábamos considerando la posibilidad de
solicitar asistencia del FMI. No se trató de una solicitud formal, pero si
de un primer contacto al mas alto nivel, que poco tiempo después se
formalizó por los canales correspondientes.
Posteriormente, el 14 de junio del 2003 llegó al país una amplia
misión del Fondo para comenzar formalmente las negociaciones. Así se
inició un difícil período de conversaciones que se prolongó por 41 días,
pues a medida que avanzaban las negociaciones se iban presentando
nuevos acontecimientos en el sector financiero, como fueron los
problemas surgidos por malas prácticas contables, préstamos
vinculados y otras anomalías tanto en el Banco Mercantil, como en el
Banco Nacional de Crédito (BANCREDITO), los cuales agravaron la ya
difícil situación financiera del país, pues el Banco Central también tuvo
que salir en auxilio de estas dos instituciones.
Mientras se llevaban a cabo las negociaciones con el Fondo
Monetario, el Banco Central tuvo que continuar asistiendo a los tres
bancos con problemas, lo que al final del proceso le representó un
enorme costo 109,150 millones de pesos. El monto de la asistencia
financiera a estos tres bancos no precedente en nuestra historia y
superaba en más de tres veces el monto total de la emisión monetaria
del país, antes de la crisis. Representaba alrededor de un 20% del PBI,
con lo que superaba a cualquier otra crisis bancaria del Continente.
Finalmente, el 25 de julio concluyeron las negociaciones, y el 29
de agosto, el Directorio del FMI aprobó un programa Stand – By de
dos años de duración con un apoyo financiero de aproximadamente
600 millones de dólares. 
El programa acordado con el FMI era muy restrictivo, lo que se
reflejaba en una reducción del PBI de un 3.0% en el 2003, y apenas
una recuperación de 0.5%, en el 2004. Asimismo, se había proyectado
que la inflación en el 2003 sería de un 35.0%, debido al aumento de la
tasa de cambio, aunque se esperaba que fuese inferior al 10% en el
siguiente año.
Los subsidios a la electricidad y al GLP llegaron a representar
una parte considerable del gasto público, que fue aumentando en la
medida en que la tasa de cambio siguió subiendo, y por tanto, el costo
de importación del petróleo y sus derivados. Sólo a manera de
ejemplo, en el Presupuesto Nacional del 2004 se contemplaron gastospor concepto de estos subsidios por la suma de 6,350 millones de
pesos, la cual en la realidad, resultó ser mucho mayor. Estos subsidios
tuvieron que otorgarse para no cargar más el peso del ajuste sobre los
sectores de menores ingresos relativos.
La causa principal de la crisis bancaria fueron las malas prácticas
contables y los fraudes ocurridos en algunos bancos del sistema, así
como la incapacidad de los gobiernos para detectarlos oportunamente.
Por tanto, la verdadera culpa del gobierno del presidente Mejía, había
sido el no haber detectado a tiempo esas irregularidades, no en su
manejo presupuestario o en el gasto excesivo, por lo menos, hasta el
2002.
Otras de las causas por lo cual ocurrió se debe encontrar en la
debilidad institucional de las autoridades, en este caso la incapacidad
de la Superintendencia de Bancos durante los últimos gobiernos para
detectar las irregularidades que estaban cometiendo los bancos.
También, en la debilidad de las auditorias externas que hacen
empresas privadas de prestigio, las cuales se exigen y se pagan,
precisamente para tener seguridad de que no se están cometiendo
irregularidades en los procedimientos contables. Además, otra buena
parte se debe al excesivo poder que han logrado concentrar algunos
sectores económicos, lo cual los hace prácticamente invulnerables. El
enorme poder acumulado por determinados grupos empresariales en
las últimas décadas, ha obligado a los políticos a buscar de sus
respectivos partidos o sus tendencias, lo que generalmente ha tenido
un alto costo para el Estado, pues estos apoyos políticos nunca son
gratuitos.
Durante los 41 días que duraron las negociaciones con el FMI
ocurrieron algunos acontecimientos como los de BANCREDITO y Banco
Mercantil, que provocaron un aumento del crédito del Banco Central,
así como de la colocación de nuevos certificados de dicha institución.
Esto incrementó el déficit consolidado del Sector Público, lo que obligó
a tener que buscar recursos fiscales adicionales, a los que ya se habían
consensuado tanto con la misión del FMI, como con el sector
empresarial. De ahí surgió la idea de gravar al único sector que se
estaba favoreciendo con la crisis, es decir, a los exportadores de
bienes y servicios que se beneficiaban de una tasa de cambio mucho
más alta que la prevaleciente hasta antes de la crisis, lo que les
permitía recibir muchos mas pesos, por la misma cantidad de dólares
exportados.
Como consecuencia de ese razonamiento, algunos asesores del
Gobierno propusieron la creación de un impuesto del 5% sobre las
exportaciones, que equivalía a una reducción de la tasa de cambio de
la misma magnitud. La tasa de cambio rondaba en esos momentos
alrededor de 35.0 pesos por dólar. El impuesto del 5% equivalía a la
reducción de la tasa de cambio a 33.2 pesos por dólar, la que todavía
resultaba sumamente atractiva para los exportadores. Esto no basto
para que dicha medida tuviera la oposición de la Dirección General de
Impuestos Internos, de la Banca Comercial, de los Senadores y demás
Legisladores, los Hoteleros y los dueños de las Zonas Francas.
 Debido a las dificultades que tuvo Unión Fenosa para el
cumplimiento de los acuerdos contractuales: las altas deudas con las
empresas generadoras de energía, esto a su vez, generaba otra
dificultad en el suministro de energía a los consumidores. Todas estas
variables se presentaron como el principal obstáculo para la
sostenibilidad financiera del sector eléctrico. La situación se había
deteriorado hasta el punto, de que poco antes del viaje del presidente
Mejía a Madrid, el cual había recibido una honrosa invitación que le
hacían los Reyes de esa Nación para el 13 de septiembre del 2003, la
empresa Edenorte tenía serias dificultades en el suministro de energía
a la región norte del país e incluso se temía que pronto se declararía
en bancarrota, dejando sin energía a esa importante región.
 Frente a esta grave situación y a la víspera del viaje a España
del Presidente de la Republica, el Gobierno decidió comprar las
acciones que tenía Unión Fenosa, tanto en Edenorte como en Edesur:
por instrucciones del presidente Mejía, estas negociaciones las llevaron
a cabo con la mayor reserva el Secretario de Finanzas y el Director de
la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. 
Tan pronto el FMI conoció la noticia de la compra del Edenorte y
Edesur, se produjo una conmoción que tuvo repercusiones sumamente
graves para la continuidad del programa que hacía pocos meses se
había acordado con esta institución. La primera reacción del FMI fue
tratar de que el Gobierno revirtiera la compra. Lamentablemente se
había producido un hecho que lo dificultaba, ya que inmediatamente
se llegó a un acuerdo entre el Gobierno y Unión Fenosa, esta ultima
procedió a cancelar el préstamo que le había concedido el BID tiempo
atrás, precisamente para poder completar el monto de la
capitalización. Esta fue una de las razones que el Secretario de
Finanzas esgrimió para sostener que era imposible dar marcha atrás a
la operación, pues entre otras cosas, también se tendría que cancelar
el pago realizado al BID, lo que era prácticamente imposible.
Las repercusiones de esta compra fueron funestas para el
Gobierno y para todo el país. No solo se había suspendido el acuerdo
con el FMI, lo que volvía a traer intranquilidad en el mercado
cambiario, sino que además, esta compra fue interpretada por algunas
personas en el exterior, como una señal de que la República
Dominicana quería echar hacia atrás el proceso de capitalización que
se estaba llevando a cabo a escala internacional, el cual lo habían
acordado prácticamente todos los países del mundo, por lo que se
había constituido en uno de los principales objetivos de la política
económica trazada por las grandes potencias mundiales. Por lo tanto,
los organismos internacionales de financiamiento y algunos gobiernos
de naciones extranjeras consideraron que había que enviar un
mensaje contundente a esta pequeña isla del Caribe.
Ya para el 15 de octubre vino al país una misión de expertos
internacionales para que evaluara el impacto que había tenido la
compra sobre las finanzas públicas, el sector eléctrico y la
gobernabilidad de la República Dominicana. En el informe sometido por
el Panel de expertos el 25 de noviembre del 2003, se confirmaba el
impacto negativo que la compra había tenido sobre el monto de la
deuda publica bruta del país, la cual había aumentado en unos488.4
millones de dólares, pues además del pago realizado y los
compromisos de pago contraídos, el Gobierno absorbió parte de los
pasivos de las compañías adquiridas.
El Panel también encontró que el precio de compra ascendente a
348.7 millones de dólares, se decidió exclusivamente sobre la base del
valor en libro que no se tomo en consideración el valor presente neto
del futuro flujo de caja de las compañías, tal y como se hizo cuando
Unión Fenosa adquirió el 50% de las acciones de las Edes en el 1999.
Luego de haberse superado el impasse que se creó como
consecuencia de la compra de Edenorte y Edesur, se reanudaron las
negociaciones con el BID en Washington para solicitarle ayuda
financiera para poder mitigar los efectos sociales que tendrían las
medidas de ajustes económicos sobre los segmentos mas
empobrecidos del país. De esta forma, el 23 de enero del 2004, el
Directorio Ejecutivo del BID aprobó en una reunión extraordinaria el
préstamo de 200 millones.
Este préstamo contemplaba tres componentes. El primero, era
asegurar un contexto macroeconómico consistente con los objetivos
del programa con el FMI. El segundo componente, era asegurar la
disponibilidad de financiamiento para una ejecución oportuna