El análisis de impacto normativo tiene, por su puesto, justificación cuando se expidan actos administrativos de carácter general (reglamentos) por parte de la Administración pública. Lo que verdaderamente se consolida es un procedimiento para la expedición de los actos administrativos de carácter general, compuesto por diferentes fases: la decisión de regular; la agenda normativa; el análisis de impacto normativo; el proyecto de norma; las consultas: pública, de abogacía de la competencia y otras; el inventario normativo; y la evaluación ex post de los impactos normativos. La finalidad del análisis de impacto normativo es garantizar que la regulación salvaguarde el interés general, considerando los impactos o riesgos de la actividad a regular.