La organización empresarial constituye uno de estos ámbitos ajenos, en principio, al interés público. Ahora bien, cuando las empresas adquieren un cierto volumen, actúan a nivel internacional y se nutren de inversiones provenientes de su cotización en bolsa, las consecuencias de su actuación, sus principios organizativos y sus reglas internas adquieren una nueva dimensión. Los denominados “problemas de agencia”, derivados de la separación entre la titularidad de las acciones y la gestión de las empresas, requieren una intervención pública también en la organización empresarial. Esta intervención, dirigida a mejorar la confianza de los inversores, debe compatibilizar la libertad organizativa de las empresas con la gestión y el control adecuados de los riesgos asumidos por los accionistas.