En los regímenes de autorización y licencia, corresponde a la Administración decidir, mediante el otorgamiento o la denegación del permiso solicitado, si los particulares pueden o no iniciar su actividad. Esta decisión se basa, sin embargo, en la documentación que debe presentar el solicitante, que es quien debe demostrar que cumple con las obligaciones generales establecidas en la Ley. Puesto que la Ley resume las obligaciones de las empresas en el respeto a las condiciones de seguridad establecidas legal o reglamentariamente, o impuestas por las remisiones a normas o reglas técnicas, incumbe a los particulares presentar toda la documentación que avale el cumplimiento de las normas que les son aplicables. Ello comporta la presentación de autocertificaciones del cumplimiento de tal normativa, en aquellos casos en los que la legislación sectorial impone a las empresas un cierto autocontrol de su actividad; si, por imposibilidad técnica, las empresas no pueden realizar ellas mismas estos autocontroles, éstas pueden contratar a entidades colaboradoras de la Administración, que emitirán una certificación del cumplimiento de tal normativa; en otros casos, la participación de expertos privados es un requisito impuesto por la legislación. Tanto las autocertificaciones como los certificados técnicos emitidos por expertos privados son, de acuerdo con la terminología empleada en este trabajo, concretos instrumentos de autorregulación declarativa. Ineludiblemente, y con independencia de la intervención de expertos privados, la actividad de autorregulación de las empresas previa a la solicitud de autorización, se concreta en fórmulas muy diversas, en función de la actividad que se pretenda desarrollar. También es el titular de la actividad quien, una vez concedida la correspondiente autorización o licencia administrativa, y en el periodo de puesta en marcha de la actividad, debe presentar a la Administración una certificación, emitida por técnicos debidamente acreditados, en la que se verifique que la actividad y las instalaciones cumplen las condiciones de la autorización o la licencia. En las actividades de baja incidencia ambiental, una instalación industrial podrá ser puesta en funcionamiento sólo mediante la presentación a la Administración de una comunicación, acompañada de una certificación técnica que acredite que las instalaciones y la actividad cumplen los requisitos ambientales exigibles. Si, transcurrido un mes desde la presentación