En tercer lugar, el estatuto de la función pública se cierra con el establecimiento de una serie de deberes y obligaciones tendentes a garantizar la imparcialidad de los empleados de la Administración en el ejercicio de sus funciones y el servicio efectivo al Estado. Tales deberes y obligaciones se fundamentan, en su configuración tradicional, en la relación de subordinación existente entre los funcionarios y el Estado, impregnando el estatuto de la función pública de unos valores totalmente.