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LA EXTRACCIÓN DE RECURSOS NATURALES 
Y LA PROTESTA SOCIAL EN EL PERÚ
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MOISÉS ARCE
LA EXTRACCIÓN DE RECURSOS NATURALES 
Y LA PROTESTA SOCIAL EN EL PERÚ
La extracción de recursos naturales y la protesta social en el Perú
Moisés Arce
© Moisés Arce, 2015
Título original en inglés: Resource Extraction and Protest in Peru 
© University of Pittsburgh Press, 2014
Traducción al español de Javier Flores Espinoza
De esta edición:
© Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015
Av. Universitaria 1801, Lima 32, Perú
Teléfono: (51 1) 626-2650
Fax: (51 1) 626-2913
feditor@pucp.edu.pe
www.fondoeditorial.pucp.edu.pe
Diseño, diagramación, corrección de estilo 
y cuidado de la edición: Fondo Editorial PUCP
Primera edición: setiembre de 2015
Tiraje: 500 ejemplares 
Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio, 
total o parcialmente, sin permiso expreso de los editores.
ISBN: 978-612-317-125-4
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2015-11828
Registro del Proyecto Editorial: 31501361500878
Impreso en Tarea Asociación Gráfica Educativa 
Pasaje María Auxiliadora 156, Lima 5, Perú
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A mi esposa Jen y a nuestras hijas Isabel, Marcela y Emilia
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AGRADECIMIENTOS
El proyecto de este libro tuvo su origen a mediados de la primera 
década de este siglo, mientras era profesor asistente en la Louisiana 
State University. Escribí entonces un texto para examinar la protesta 
contra la privatización de la electricidad en la ciudad de Arequipa, en 
el sur peruano, que es mi ciudad natal. En ese entonces la movilización 
parecía ser un hecho aislado y no había una gran bibliografía que 
analizara los movimientos de protesta contra la profundización de las 
políticas de liberalización económica. Fui estudiando estas protestas con 
mayor detenimiento a medida que se propagaban por todo el Perú, así 
como varios otros países latinoamericanos. Esta fue una oportunidad 
emocionante y aprendí bastante. El presente libro resume esta travesía 
intelectual.
A medida que reflexiono acerca de los temas tratados en este libro, 
no puedo evitar pensar en los cientos o miles de personas que se han 
visto afectadas por estas movilizaciones. Quisiera que el sistema político 
peruano les ofreciera una mejor forma de canalizar sus demandas o de 
resolver sus disputas. Mas a pesar de estas limitaciones, sé que sus actos 
marcaron la diferencia y que la vida del país está mejor gracias a su 
resiliencia en las calles.
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La extracción de recursos naturales y la protesta social en el Perú
Estoy profundamente agradecido por la guía que recibí de Karen 
Remmer y Kenneth Roberts, mis asesores en la Universidad de Nuevo 
México. He señalado repetidas veces a amigos y colegas que fui muy 
afortunado por aprender de ellos, y las palabras no bastan para manifestar 
cuánto les debo por lo que me han enseñado a lo largo de estos años. 
También agradezco su continuo apoyo a mis colegas en la Universidad 
de Missouri. Margit Tavits y Robin Best, en particular, me ayudaron a 
esclarecer y formular mejores argumentos acerca de la relación entre la 
protesta política y los partidos.
Varios alumnos también ayudaron a completar este libro. Paul 
Bellinger inyectó bastante energía durante las etapas iniciales del proyecto. 
Fue genial trabajar con él y nuestro viaje al Perú fue muy divertido. 
Marc Polizzi prestó una valiosa asistencia en la investigación. Lo conocí 
originalmente cuando era un alumno de segundo año y actualmente, 
varios años más tarde, se prepara para sus exámenes de grado. Marc 
estuvo muy cerca de este libro y le estoy muy agradecido por todo el 
trabajo que invirtió en mejorar el manuscrito. Caitlin McCormack y 
Jane Silcock hicieron un excelente trabajo de investigación sobre los 
materiales de los estudios de caso que presentamos. Agradezco también 
a Daniel Encinas, Carolina Garay, Yamilé Guibert y Félix Puémape, a 
todos los cuales mantuve ocupados recogiendo los datos mostrados aquí. 
Aprecio enormemente su esfuerzo.
Por las entendidas recomendaciones que me hicieron a lo largo de 
los años quisiera manifestar mi sincero agradecimiento a Paul Almeida, 
Melissa Buice, Carew Boulding, Maxwell Cameron, Julio Carrión, 
Catherine Conaghan, Francisco Durand, Gustavo Flores-Macías, 
Candelaria Garay, Mariel García, Samuel Handlin, Wendy Hunter, 
Javier Iguiñiz, María Inclán, Wonik Kim, Steven Levitsky, Jorge 
Mangonnet, Cynthia McClintock, Carlos Meléndez, Alfred Montero, 
María Victoria Murillo, Gabriel Ondetti, Indira Palacios, Aldo Panfichi, 
Maritza Paredes, Aníbal Pérez-Liñán, Pablo Quintanilla, Roberta Rice, 
Guillermo Rochabrún, Catalina Romero, Eduardo Silva, William Smith, 
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Alberto Vergara, Takeshi Wada y Kurt Weyland. También me beneficié 
con los numerosos evaluadores anónimos de diversas revistas, y agradezco 
las sugerencias que hicieron aquí y en otros lugares. Naturalmente que 
la responsabilidad por cualquier defecto que aún tenga este libro sigue 
debiéndose única y exclusivamente a mí.
Quisiera agradecer a las siguientes organizaciones por haber 
proporcionado el financiamiento que hizo que mi investigación fuera 
posible: el Louisiana State University Council on Research Summer 
Stipend Program, el Louisiana State University College of Arts and 
Sciences, la University of Missouri Research Board y el University of 
Missouri Research Council. En Lima, la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y el Instituto de 
Estudios Peruanos (IEP) me prestaron un valioso apoyo. Agradezco en 
particular a Alejandro Diez Hurtado, jefe del Departamento de Ciencias 
Sociales de la PUCP, y a Catalina Romero. También agradezco a Eduardo 
Dargent y Martín Tanaka por la ayuda que prestaron para hacer que la 
recolección de datos de este proyecto despegara.
Quisiera extender mi más sincero agradecimiento a Patricia Arévalo 
Majluf y a los editores del Fondo Editorial de la PUCP. Ellos fueron 
extremadamente serviciales y han mejorado muchísimo la presentación 
de este libro. Ha sido un placer trabajar con ellos.
A mis difuntos padres, Jaime Arce y Haydeé Esquivel, aprecio 
mucho el tiempo que pasamos juntos, y agradezco mucho su generosidad 
conmigo. Nuestras discusiones sobre política peruana todavía me hacen 
reír. A mi familia en Arequipa, Cajamarca y Lima, agradezco a todos 
por hacer que mis visitas sean divertidas y ocupadas. Mi mayor gratitud 
es para mi esposa y mis hijas, por haberme mantenido feliz a lo largo 
de este viaje.
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Índice
Agradecimientos 9
Siglas utilizadas 15
Primera Parte 
EL MARCO
Introducción 21
Capítulo 1. Una nueva visión de las consecuencias 
de la liberalización económica 41
Capítulo 2. Las olas de la política conflictiva en el Perú 71
Capítulo 3. Movilización por la extracción 95
Segunda Parte 
CASOS COMPARATIVOS
Capítulo 4. La guerra del limón 125
Capítulo 5. Explotando cerros 145
Capítulo 6. Sangre en la selva 169
Tercera Parte 
CONCLUSIONES
Capítulo 7. Las consecuencias de las movilizaciones 191
Apéndice: La base de datos de las protestas sociales del Perú 211
Bibliografía 217
Cuadros
1. Tipología de resultados de protestas
2. Indicadores promedio por década en el Perú
3. Cambios en los criterios usados en la distribución del canon minero
4. Resultados promedio de las elecciones regionales 2002, 2006 y 2010
5. Canon minero y protestas, antes y después de la descentralización
6. Fragmentación política, canon minero y protestas, 2002-2010
7. Efecto estimado de la fragmentación política y el canon minero sobre las 
protestas
8. Los decretos y leyes conflictivos
Figuras
1. Huelgas y protestas en América Latina, 1980-2005
2. Actividades conflictivas y apertura política en el Perú, 1980-2010
3. Huelgas y protestasen Perú, 1980-2010
4. Concesiones mineras hechas a compañías privadas, 1991-2010 (hectáreas)
5. Canon minero transferido a las regiones, 1996-2010
6. Precio del oro (US$ por onza troy)
7. Volumen de las exportaciones de oro (millares de onzas troy)
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SIGLAS UTILIZADAS
AF Alianza para el Futuro
AIDESEP Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana
ANGR Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales
AP Acción Popular
APCI Agencia Peruana de Cooperación Internacional
APRA Alianza Popular Revolucionaria Americana
APRODEH Asociación pro Derechos Humanos en Perú
BRGM Bureau de Recherches Géologiques et Minières
CAAAP Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica
CAN Confederación Nacional Agraria
CAO Compliance Advisor Ombudsman
CCP Confederación Campesina del Perú
CEPES Centro Peruano de Estudios Sociales
CGTP Confederación General de Trabajadores del Perú
CNDDHH Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
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La extracción de recursos naturales y la protesta social en el Perú
COICA Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica
CONACAMI Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la 
Minería
CONAIE Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
CONAP Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú
CONFIEP Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas
CPC Corporación Cerro de Pasco 
CRF Comando Rodrigo Franco
DAR Derecho Ambiente y Recursos Naturales
EIA Estudio de Impacto Ambiental
FDVST Frente de Defensa del Valle de San Lorenzo y Tambogrande
FDVT Frente de Defensa del Valle del Tambo
FEDEPAZ Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz
FMI Fondo Monetario Internacional
FNTMMSP Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y 
Siderúrgicos del Perú
FPV Frente para la Victoria
GRUFIDES Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible
IBC Instituto del Bien Común
ICMM International Council on Mining and Metals
INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática
IU Izquierda Unida
MCLCP Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza
MEM Ministerio de Energía y Minas
MERCOSUR Mercado Común del Sur
MIDIS Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
MMC Manhattan Minerals Corporation
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MRTA Movimiento Revolucionario Túpac Amaru
OEA Organización de Estados Americanos
OIT Organización Internacional del Trabajo
ONPE Oficina Nacional de Procesos Electorales
PMSP Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo
PNP Partido Nacionalista del Perú
PPC Partido Popular Cristiano
SER Asociación de Servicios Educativos Rurales
SERVINDI Servicio en Comunicación Intercultural
SNMPE Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
SPDA Sociedad Peruana de Derecho Ambiental
SUTEP Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana
TC Tribunal Constitucional
TLC Tratado de Libre Comercio
UNOPS Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
UPP Unión por el Perú
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Primera Parte 
EL MARCO
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INTRODUCCIÓN
Al comenzar el siglo XXI, el rostro de la democracia latinoamericana se veía 
notablemente distinto de lo que fue a finales de la década de 1970. Este 
nuevo rostro reveló el predominio de los pueblos indígenas, la creciente 
representación política de las mujeres y el surgimiento de varios presidentes 
izquierdistas en la región. Estos procesos no estaban desvinculados entre 
sí, y más bien contaron con la ayuda —algunos más que otros— de una 
fuente inesperada de conflicto popular: la protesta política.
Luego de la tercera ola democrática latinoamericana, que se inició en 
1978, gran parte de la bibliografía académica reflejaba la idea de que los 
conflictos que involucran a la sociedad política se resolverían a través de 
unas instituciones representativas que consiguieran el acatamiento de 
las fuerzas políticas relevantes. Sin embargo, desde finales de la década 
de 1980, varios países latinoamericanos comenzaron a experimentar un 
incremento generalizado en las protestas dirigidas contra una amplia gama 
de políticas a las cuales se conocía colectivamente como «neoliberalismo» 
o «liberalización económica». Estas movilizaciones antimercado lograron 
hacer retroceder a políticas económicas impopulares tales como la 
privatización de los servicios públicos, los sistemas de pensiones y los 
servicios sociales, así como la privatización que buscaba ampliar la 
extracción de los recursos naturales. Las oleadas de protestas callejeras 
también obligaron a algunos asediados presidentes, elegidos por el 
voto popular, a dejar su cargo tempranamente. Con mayor autonomía 
22
La extracción de recursos naturales y la protesta social en el Perú
de  los  partidos y de las instituciones estatales, los movimientos de 
protesta se unieron a numerosos grupos de la sociedad civil, entre ellos 
los pueblos indígenas, las organizaciones de mujeres, estudiantes, grupos 
de derechos humanos, pequeños agricultores sin tierra, trabajadores 
informales y desempleados, así como los sindicatos tradicionales. Ellos 
lucieron un amplio repertorio de actividades de lucha, tales como el ataque 
a edificios estatales y las casas de los políticos, los bloqueos nacionales y 
provinciales, los cacerolazos, el establecimiento de campamentos en las 
plazas y los motines urbanos. La mayoría de estas movilizaciones fueron 
de corta duración y tuvieron objetivos políticos precisos o demandas de 
políticas específicas. El resurgimiento de la protesta cambió el rostro de 
la política latinoamericana, detonando así un «segundo proceso histórico 
de incorporación política en masa» (Roberts, 2008, p. 38) que rompió 
con el patrón tradicional de la incorporación vertical y dirigida de los 
sindicatos obreros por parte del Estado, que caracterizó al primer periodo 
de inclusión (Collier & Collier, 1991)1.
Una forma de organizar los distintos episodios de conflicto en torno 
a las políticas de liberalización económica es reconocer la presencia de 
un ciclo general de movilizaciones con oleadas de protestas ascendentes 
y descendentes. En este ciclo, la primera ola corresponde a las protestas 
contra las medidas de austeridad de la década de 1980. Estas políticas 
buscaban fundamentalmente restaurar la disciplina macroeconómica y 
produjeron los así llamados «motines del FMI», estudiados por Walton y 
Seddon (1994), entre otros. La segunda ola siguió a la profundización de 
las políticas de liberalización económica a partir de fines del decenio de 
1990, como se vio en las protestas contra la privatización de los servicios 
públicos (como el agua en Bolivia en 2000 o la electricidad en el Perú en 
1 Siguiendo a Goodwin y Jasper (2003, p. 3 ), este libro utiliza el término de «protesta 
social» o «protesta política» para referirse a «el acto de desafío, resistencia o de hacer 
demandas a las autoridades o a los que controlan el poder» por algún individuo o grupo. 
El término de protesta o movimiento de protesta se refiere a los desafíos organizados y 
sostenidos.
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2002) y las movilizaciones contra la expansión de la economía extractiva 
(los casos del oro en el Perú en 2004 y en Guatemala en 2010), que se 
debieron al creciente volumen de inversiones extranjeras y domésticas en 
el sector de los recursos naturales.
Los estudios anteriores sobre el surgimiento de los conflictos 
antimercado en Latinoamérica enfatizaron los agravios económicos, 
asociados con la implementación de las políticas de liberalización 
económica (Almeida, 2009; Silva, 2009). Estos reclamos o amenazas 
enfervorizaron a los sectores populares y a las clases medias e hicieron 
que se movilizaran y representan el origen común que yace detrás de 
distintos episodios de movilización contra el mercado (Silva, 2009). 
Los agravios pueden ser una poderosa fuerza movilizadora, como se ha 
visto recientemente en Argentina,Bolivia, Ecuador y Venezuela, donde 
los grupos sociales agraviados obligaron a renunciar a los presidentes 
que respaldaban las políticas neoliberales. Estas movilizaciones, asimismo, 
contribuyeron a la elección de fuerzas políticas interesadas en reformar 
el neoliberalismo.
Este libro se aleja de los estudios que existen sobre el resurgimiento 
de las protestas contra el mercado en Latinoamérica de dos maneras 
importantes. En primer lugar, se aleja de las concepciones amplias de la 
liberalización económica que toman en cuenta varias áreas de políticas 
de reforma, y desagrega las amenazas o agravios asociados con dicha 
liberalización examinando un conjunto particular de movilizaciones 
ligadas a un tipo específico de política económica: la extracción de 
recursos naturales. En muchos países latinoamericanos la extracción 
de recursos es el «rostro del neoliberalismo» (Slack, 2009, p. 117), y se 
ha acelerado debido a las políticas de privatización y la relajación de las 
restricciones impuestas a las inversiones extranjeras directas.
El estudio de las protestas debidas a la extracción de recursos 
naturales tiene importancia teórica, puesto que las investigaciones 
existentes sostienen que dichos recursos, como por ejemplo el petróleo 
y los minerales, son «estructuralmente significativos» (Selby, 2005) 
24
La extracción de recursos naturales y la protesta social en el Perú
y comprenden un aspecto clave de la economía política de un país 
en vías de desarrollo. Estos recursos constituyen una fuente central de 
ingresos para el desarrollo económico de un país y la construcción del 
Estado en particular, y son un componente importante de las economías 
industriales capitalistas en general. Además, las investigaciones han 
mostrado que la extracción de recursos naturales afecta en especial a los 
pobres del campo, y genera agravios entre la población local debido a la 
expropiación de tierras sin una debida compensación, la degradación del 
medio ambiente y las inadecuadas oportunidades de empleo. En la medida 
en que la extracción de recursos naturales «estructuralmente significativos» 
es de fundamental importancia para la economía política de un país, las 
protestas en torno a estas políticas cuentan con el potencial para configurar 
la estrategia de desarrollo estatal en el largo plazo.
En segundo lugar, las investigaciones sobre el renacimiento de las 
protestas antimercado en América Latina también nos han enseñado 
mucho con respecto a los factores que configuran las movilizaciones entre 
países. Sin embargo, las generalizaciones extraídas a partir de los datos 
nacionales agregados, que esconden una significativa heterogeneidad y 
complejidad dentro de los países resultan problemáticas, en particular 
cuando abundan las variaciones en los patrones de movilización entre 
fronteras subnacionales (Boulding, 2010; Murillo & Ronconi, 2004). 
Esto nos obliga a preguntarnos qué factores políticos dan cuenta de la 
desigualdad de los conflictos populares subnacionales. ¿Por qué razón 
unidades subnacionales que aparentemente cuentan con recursos 
igualmente abundantes, dentro de un mismo régimen democrático, 
muestran distintos niveles de protesta? ¿Y bajo qué condiciones es más 
probable que los movimientos de protesta, que inicialmente parecían ser 
estallidos localizados y segmentados, arrojen ganancias sustantivas para 
los grupos agraviados?
En este libro exploro estas interrogantes para el caso peruano, el 
cual plantea un enigma interesante para la literatura teórica referida al 
surgimiento del conflicto antimercado en América Latina. De un lado, 
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los estudios existentes pintan al Perú como un ejemplo principal de 
«quietismo» político luego de la liberalización económica (Silva, 2009; 
Rice, 2012). Se han dado muchas razones para la respuesta desmovilizadora 
que el país diera al neoliberalismo, y ellas varían desde los efectos de 
la guerra de contrainsurgencia, que hizo que resultara difícil construir 
capacidades organizativas y de coalición, hasta la ausencia de un espacio 
político asociativo —en particular durante la década de Fujimori (1990-
2000)— y, por último, el descabezamiento de las organizaciones de base 
clasista durante el paso hacia las políticas de liberalización económica2. De 
otro lado, estudios más recientes reconocen la creciente ola de protestas 
sociales del país (Arellano-Yanguas, 2008; Cameron, 2011a), desde las 
manifestaciones estudiantiles de resistencia contra las transgresiones 
autoritarias de Fujimori hasta la protesta contra la privatización del 
suministro de agua en Arequipa en 2002 y la movilización contra la 
apertura del Amazonas al desarrollo en Bagua en 2009. Sin embargo, la 
misma bibliografía sostiene que dichas movilizaciones se mantuvieron 
dispersas y desarticuladas y que tuvieron poca importancia nacional. Ellas 
no tuvieron como resultado un proceso conocido como de «cambio de 
escala» (McAdam, Tarrow & Tilly, 2001), en el cual los casos aislados de 
protestas se convierten en crecientes corrientes de movilización, entre ellos 
los tipos de protesta a nivel nacional que han surgido en países andinos 
vecinos y étnicamente similares, como Ecuador y Bolivia.
En contraste con estas perspectivas, el Perú ha tenido más de lo que 
le toca en movilizaciones a nivel subnacional, y actualmente cuenta con 
el tercer porcentaje más alto de encuestados en la región latinoamericana 
que reportan haber participado en protestas (LAPOP, 2008). A lo largo 
del tiempo el caso peruano revela tanto la tendencia a la desmovilización 
(sobre todo durante la década de 1990) como a la movilización. Es más, 
las unidades subnacionales, que son muy parecidas entre sí en lo que 
2 Los términos «capacidad organizativa» y «capacidad de coalición» son de Silva (2009, 
capítulo 2). El capítulo 1 los usa para comprender la fortaleza relativa de los grupos 
agraviados opuestos a la extracción, con respecto a quienes sí apoyan la minería.
26
La extracción de recursos naturales y la protesta social en el Perú
toca a la abundancia de recursos naturales y otros atributos tales como 
la ubicación geográfica y la población, han experimentado distintos niveles 
de protesta. Por estas razones el caso peruano constituye un laboratorio 
ideal en donde explorar los factores que influyen sobre la variación del 
conflicto popular a través del espacio y del tiempo. Siguiendo a Silva 
(2009) sobre los agravios o amenazas asociados con la liberalización 
económica, podría ser útil evaluar el peso relativo de las explicaciones 
económicas respecto a las explicaciones políticas. Aún más importante es 
que si las movilizaciones subnacionales en torno a la extracción de recursos 
«estructuralmente significativos» (Selby, 2005) vienen configurando la 
trayectoria estatal, dicho proceso tiene ramificaciones importantes para la 
comprensión de las consecuencias políticas que el conflicto popular tiene 
en otras partes de la región latinoamericana. 
Como mostraremos en capítulos posteriores, la extracción de recursos 
naturales en el Perú llevó a una impresionante expansión económica, 
ayudada por los precios extremadamente altos de las materias primas y 
su creciente demanda china. El Perú figura entre los cinco principales 
productores mundiales de minerales como oro, plata, cobre, plomo, estaño 
y zinc (Gurmendi, 2008). El país asimismo destaca por tener la más alta 
concentración en la región de las más importantes compañías mineras del 
mundo (Oxfam América, 2009). La minería fue el principal elemento 
impulsador del crecimiento económico, y es una de las principales fuentes 
de rentas del gobierno: los funcionarios gubernamentales la ven cada vez 
más como «la agenda del desarrollo nacional»3.
Para ser claros, otros países latinoamericanos como Argentina, 
Bolivia, Venezuela y Ecuador también experimentaron una considerable 
bonanza exportadora. Varios estudios (Mazzuca, 2013; Weyland, 2009) 
3 En palabras de JuanValdivia, ex ministro peruano de Energía y Minas, «la agenda minera 
de hoy es la del desarrollo nacional» (citado en Arellano-Yanguas, 2008, p. 9). De igual 
modo Carlos Herrera, quien posteriormente también fue ministro de Energía y Minas 
del Perú, dijo: «El éxito del Perú se asienta en la minería» (El Comercio, 21 de noviembre 
de 2011).
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han documentado que la bonanza ayudó a fortalecer el poder de los 
gobiernos izquierdistas. En estos cuatro países, los actores estatales no 
solo han debilitado los pesos y contrapesos institucionales democráticos 
sino que además hicieron valer en diversa medida su control de la renta 
proveniente de los recursos naturales, y al convertir al Estado en el principal 
beneficiario del auge, los actores estatales se dedicaron a varios proyectos 
políticos redistributivos. En conjunto, los «buenos tiempos» económicos 
llevaron a lo que Sebastián Mazzuca (2013) llamó «populismo rentista». 
Hay, sin embargo, varios factores que separan al crecimiento exportador 
peruano de la experiencia de estos países vecinos. En primer lugar, en vez 
de llevar a la concentración del poder en el Ejecutivo, el auge exportador se 
superpuso a un proceso de descentralización (McNulty, 2011). La elección 
de gobiernos subnacionales (a los que en adelante llamaremos gobiernos 
regionales) iniciada en 2002 creó fuerzas centrífugas en la distribución 
del canon minero, lo que le impuso limitaciones al Poder Ejecutivo. En 
segundo lugar, en el periodo posterior a Fujimori, el sector privado fue (y 
sigue siendo) el principal impulsor de la expansión de la frontera extractiva. 
Y en lugar de sucumbir a la «sed de expropiaciones» (Mazzuca, 2013, p. 
111), los actores estatales buscaron proteger el «grado de inversión» del 
país manteniendo una política de puertas abiertas a la inversión extranjera 
directa, para asegurar así un mayor volumen de capital en el sector de los 
recursos naturales. En conjunto, la reputación financiera del país sirvió 
para inmunizarlo de la tentación de expropiar los recursos naturales.
La democracia y la competencia política 
bajo instituciones débiles
A partir de una base de datos original de acontecimientos de protesta y 
de un extenso trabajo de campo, mis resultados sugieren que los agravios 
o las amenazas que tienen como base los recursos naturales no generan 
mayores niveles de protestas de manera uniforme, tal como lo sugeriría 
un enfoque centrado en los agravios. Más bien, el contexto  político 
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La extracción de recursos naturales y la protesta social en el Perú
más amplio en el que surgen las protestas nos brinda una mejor explicación 
de la incidencia del conflicto popular. La prominencia de las condiciones 
políticas como un elemento central con el cual explicar las movilizaciones 
contra el mercado sigue las contribuciones efectuadas por la literatura 
de los movimientos sociales, en particular la teoría de los procesos 
políticos (Tarrow, 1998; Tilly & Tarrow, 2006). Esta teoría presenta tres 
marcos —oportunidad política, movilización de recursos y el proceso 
de encuadre— con los cuales examina la dinámica de los movimientos 
de protesta, así como su impacto sobre el entorno. Estos tres marcos 
son ahora considerados un solo enfoque antes que tres líneas analíticas 
distintas. Las condiciones políticas de que se ocupa este libro incluyen 
el papel moderador de la democracia, la calidad de la representación 
institucional —tal como la encarnan los partidos políticos— y, por último, 
el nivel de competencia de dichos partidos. En conjunto, estas condiciones 
políticas captan las dimensiones formales de las oportunidades políticas 
(el primer marco de la teoría del proceso político), útiles para explicar la 
variación nacional y subnacional de los movimientos de protesta a través 
de la geografía y del tiempo. En cambio la movilización de recursos y los 
procesos de encuadre (los otros dos marcos de la teoría del proceso político) 
tienen un papel central en la explicación de los efectos más amplios que 
los movimientos de protesta tienen sobre su entorno. Así, este libro lleva 
la teoría del proceso político hacia una mayor interactividad, mostrando 
que en presencia de condiciones políticas favorables, como un contexto 
democrático —oportunidades políticas—, los actores sociales pueden 
construir un marco maestro que liga la extracción de recursos y la injusticia 
—procesos de encuadre—, lo que a su vez permite formar coaliciones 
amplias con grupos diversos de actores —movilización de recursos—.
Los estudiosos de los movimientos sociales hace tiempo sostienen 
que en ausencia de un entorno político que afecte los incentivos para 
emprender acciones colectivas (Tarrow, 1998), las personas con agravios 
intensos solamente constituirán un desafío insignificante para los 
regímenes existentes. En este libro enfatizo las oportunidades políticas 
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a nivel del sistema que la democratización presenta, que son favorables 
para la movilización popular4. En comparación con las autocracias, las 
democracias fomentan la movilización colectiva al relajar la represión 
(Francisco, 2009), fomentar la vida asociativa y abrir canales de 
participación popular (Almeida & Johnston, 2006). Conceptualizar 
la democracia como una oportunidad para las movilizaciones ayuda a 
explicar la oscilación que las protestas presentan entre países y a lo largo 
del tiempo, mostrando así que las oportunidades políticas para que ellas 
se den son por lo general más altas en la democracias en comparación 
con la autocracias (Tilly & Tarrow, 2006, p. 66). Este enfoque de la 
oportunidad política puede asimismo ayudarnos a entender las tendencias 
que las protestas mostraron en el Perú a lo largo de un periodo. Por 
ejemplo, la década de 1990 bajo Alberto Fujimori fue comparativamente 
menos democrática, con menos espacios para la representación política 
en comparación con otros periodos, y en consecuencia tuvo menos 
movilizaciones. Sin embargo, este enfoque es solo parte del enigma más 
amplio del resurgimiento de las movilizaciones antimercado de masas. 
El examen a nivel de la democracia no puede explicar con facilidad la 
variación subnacional en los patrones de movilización que existen dentro 
de los países, el Perú inclusive, especialmente cuando este nivel no varía 
en el tiempo.
Para refinar nuestra comprensión del vínculo entre la democracia 
y la protesta a nivel subnacional, enfatizo otra dimensión formal de las 
oportunidades políticas, así como un atributo central de la democracia que 
puede ayudarnos a descifrar cómo y por qué esta afecta las movilizaciones 
de masas: la competencia política. Las teorías electorales de la democracia 
hace tiempo postulan que la competencia política es la fuente primaria 
del grado de respuesta del gobierno (Key, 1966; Fiorina, 1981). Gracias 
a las recompensas y castigos electorales la competencia política le ofrece 
4 Yashar (1998) explica la importancia que tienen las oportunidades políticas macro o que 
abarcan todo el sistema —que la liberalización política promueve— para el surgimiento 
de movimientos indígenas en América Latina.
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La extracción de recursos naturales y la protesta social en el Perú
a los ciudadanos la oportunidad de influir en el comportamiento de 
los políticos y al alterarlo; ello mejora la conexión existente entre las 
preferencias del público y la producción gubernamental. Por dicha razón, 
la competencia política constituye la mejor esperanza para la sensibilidad 
y respuesta del gobierno. Ceteris paribus, la competencia política induce 
una mayor sensibilidad entre los políticos y por ende, cuando el nivel de 
competencia política subyacente es más alto o más pronunciado, es más 
probable que ellos apliquen políticas diseñadas para reducir las protestas, 
incrementando así su popularidad a la hora de las elecciones5.
Hay, sin embargo, varias razones por las cuales la competencia políticapodría no lograr mejorar la reacción del gobierno y con ello reducir las 
actividades de protesta. La principal de ellas la constituyen los partidos 
políticos y los sistemas de partidos mal desarrollados. Tal como explico 
en el capítulo 1, es probable que los partidos y sistemas partidarios 
débilmente desarrollados perjudiquen los mecanismos de sensibilidad y de 
rendición de cuentas típicamente asociados con la competencia política, 
y por ende que tensen la conexión establecida entre las preferencias del 
público y la producción del gobierno. Esta observación es consistente con 
las investigaciones que han mostrado que las instituciones débiles crean 
incentivos para usar las protestas como un instrumento con el cual influir 
en los gobernantes (Arce, 2010; Machado, Scartascini & Tommasi, 2009)6. 
La implicación aquí es que los mecanismos de respuesta y rendición de 
cuentas ligados a la competencia política varían según el contexto en el 
cual esta tiene lugar. Por lo tanto, en lugar de asumir que la conexión 
entre competencia y respuesta siempre funciona con fluidez, debieran 
más bien examinarse cuidadosamente los efectos de la competencia sobre 
la protesta. El caso peruano brinda un entorno ideal en el cual examinar 
5 El examen de la relación entre la competencia electoral y la capacidad de respuesta del 
gobierno sigue a Cleary (2010, capitulo 2). La noción de que la competencia conduce a 
menos protestas debido a la capacidad de respuesta política sigue a Wilkinson (2004).
6 Según Tarrow (1998), la protesta «es usada por personas que carecen de un acceso 
regular a las instituciones».
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los efectos que la competencia política tiene sobre las protestas en presencia 
de instituciones débiles, puesto que su sistema partidario se ha visto 
infestado de outsiders políticos desde 1990. En relación con ello, el caso 
peruano tiene implicaciones amplias para varias democracias nuevas que 
se caracterizan por una política electoral fluida y fragmentada.
Al insertar nuevamente las condiciones políticas en el análisis de la 
contienda antimercado, este libro busca llenar un vacío en la teoría de las 
consecuencias sociales de la liberalización económica. La forma en que el 
libro entiende la democracia como una oportunidad para la movilización 
sugiere que la democracia posterior a la tercera ola democratizadora 
latinoamericana viene haciéndose gradualmente más significativa, y 
permite que los actores colectivos utilicen canales no tradicionales para 
cuestionar o modificar las políticas de reforma económica que afectan 
su vida. El énfasis de este libro en los efectos de la competencia política 
resume un atributo central de un concepto multidimensional como 
el de la democracia. Esto nos permite examinar la prominencia de las 
condiciones políticas a nivel subnacional, y ver además cómo el contexto 
institucional en el cual se da la competencia afecta la conexión entre las 
preferencias del público y la producción gubernamental. Al final, la nueva 
perspectiva que el libro tiene de las protestas —competencias políticas 
subnacionales— echa luz sobre un tema más amplio —la democracia— 
y desarrolla trabajos previos que mostraron que en Argentina (Arce & 
Mangonnet, 2013) y Bolivia (Arce & Rice, 2009) los mayores niveles 
de competencia política se encuentran asociados con niveles más bajos 
de protestas subnacionales.
Volviendo a la teoría del proceso político, mientras las dimensiones 
formales de las oportunidades políticas —la democracia y la competencia 
entre partidos— nos permiten explicar las variaciones en los eventos de 
protesta a lo largo del tiempo y del espacio, el hecho de concentrarnos 
en los procesos de movilización de recursos y de encuadre es clave para 
explicar el impacto más amplio de los movimientos de protesta sobre 
su entorno. En efecto, en varias movilizaciones contra la extracción de 
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La extracción de recursos naturales y la protesta social en el Perú
recursos naturales, las organizaciones de base agrícola y las organizaciones 
no gubernamentales (ONG) tuvieron un papel crucial en el surgimiento 
de una acción colectiva exitosa, y de este modo reflejan la prominencia 
de la organización y la movilización de recursos. Este libro, asimismo, 
muestra cómo el encuadre estratégico permitió a los grupos de oposición 
construir un poder asociativo y otro colectivo. El primero se refiere a 
la capacidad que tienen los grupos sociales subordinados para crear 
nuevas organizaciones o reconvertir las ya existentes (esto es, capacidad 
organizativa), y el segundo implica la capacidad de estos grupos para forjar 
coaliciones entre organizaciones nuevas o reconvertidas (esto es, capacidad 
de coalición)7. En resumen, en la medida en que las condiciones políticas 
fueron favorables, tanto los procesos de encuadre como de movilización 
de recursos transformaron estallidos localizados y segmentados contra la 
extracción en movimientos de oposición más amplios que afectaron 
la política a nivel nacional.
Un análisis comparativo subnacional
La democracia, las reformas económicas y hasta las olas de conflictos 
antimercado son procesos territorialmente desiguales. Por dicha razón 
este libro aprovecha las ventajas metodológicas que ofrece el análisis 
comparativo subnacional (Snyder, 2001). Como es ampliamente sabido, 
los estudios cuantitativos a nivel nacional facilitan la evaluación empírica 
de los argumentos teóricos, pero usualmente con cierto costo en términos 
de la calidad de las mediciones usadas. Los estudios de caso, en cambio, 
suministran exámenes detallados y ricos de mecanismos causales, pero 
con cierto costo en la capacidad de hacer frente a los argumentos teóricos 
y las generalizaciones. Un análisis subnacional comparativo reduce estos 
compromisos metodológicos familiares permitiendo tanto el control 
estadístico como un conocimiento detallado. Un diseño de investigación 
7 Los términos «poder asociativo» y «poder colectivo» fueron tomados de Silva (2009, 
capítulo 2).
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comparativa subnacional nos permite mantener constantes las condiciones 
culturales, históricas, ecológicas y socioeconómicas, al mismo tiempo que 
permite las variaciones subnacionales en las variables de interés teórico8.
Aún más importante es que un análisis subnacional comparativo nos 
da una mayor sensibilidad con respecto a la heterogeneidad y complejidad 
que existen al interior de la nación, las cuales se encuentran escondidas 
en los datos nacionales agregados. La tendencia a ser atraídos de modo 
nada reflexivo por los datos agregados y las unidades de análisis nacionales 
—tendencia a la que Stein Rokkan (1970) llamó el «sesgo de la nación 
toda»— ha contribuido a la mala interpretación de los casos, lo cual puede 
distorsionar las inferencias causales y sesgar los intentos de construcción 
teórica (Snyder, 2001, p. 94). Por ejemplo, en el análisis efectuado por 
Silva (2009), el Perú figura como un caso divergente que no experimentó 
grandes episodios de movilización popular, aun cuando este país ha visto 
más de lo que le toca en protestas sociales a nivel subnacional, algunas 
de las cuales tuvieron efectos importantes sobre la política nacional y las 
políticas aplicadas (Arce, 2008).
Las movilizaciones contra la extracción de recursos naturales, que una 
vez más son típicas de la segunda ola de protestas contra la liberalización 
económica, también permiten efectuar una comparación controlada y 
de orientación teórica de los movimientos de protesta, puesto que estos 
tienen objetivos y formas de movilización similares. Hasta ahora, los 
estudios de caso de las protestas dirigidas contra la extracción de recursos 
han generado abundantes detalles descriptivos, pero la meta principal de 
este libro es avanzar hacia una comprensión generalizada de los factores 
que determinan la dinámica de los movimientos de protesta contra dicha 
extracción.
8 El examen del análisiscomparativo subnacional sigue a Snyder (2001) y Beer y Mitchell 
(2004).
34
La extracción de recursos naturales y la protesta social en el Perú
Conclusiones
Este libro supera, en tres sentidos, a la mayoría de los trabajos recientes 
acerca de las consecuencias que la liberalización económica tiene en una 
democracia. En primer lugar, hasta ahora el grueso de la bibliografía 
se ha concentrado casi exclusivamente en una concepción amplia de la 
liberalización económica, la cual comprende varias áreas de reforma de 
políticas. Sin embargo, hay amplias razones para creer que los factores 
que configuran los distintos tipos de movilización antimercado son, 
efectivamente, bastante distintos. Este libro mejora los estudios existentes 
al examinar las consecuencias sociales de una política de mercado 
específica: la extracción de recursos naturales. En segundo lugar, las 
investigaciones extrajeron sus conclusiones fundamentalmente a partir 
de resultados agregados a nivel nacional y no subnacional. El diseño de 
la investigación comparativa subnacional del libro presta atención a la 
heterogeneidad y complejidad que se dan dentro de la nación, para así 
efectuar mejores inferencias causales con respecto a los factores que dan 
forma a las actividades de protesta, localmente y a lo largo del tiempo. 
Se suministra la información detallada de la protesta región por región 
(semejante a los estados o provincias de otros países), lo que nos permitirá 
poner a prueba muchas de las principales perspectivas de la política 
conflictiva. En tercer y último lugar, en lugar de enfatizar los agravios 
económicos como el determinante principal del surgimiento de las 
movilizaciones antimercado (Silva, 2009), este libro se concentra en el 
entorno más amplio en el cual la protesta tiene lugar —la democracia—, 
así como en un atributo central de los regímenes democráticos que lleva 
a una mayor respuesta gubernamental —la competencia política—. Los 
efectos que tiene la competencia política sobre las protestas antimercado 
varían según el entorno institucional en el cual tiene lugar la competencia. 
En general, las evidencias empíricas revelan que en el Perú un entorno 
político favorable para la movilización permitió a los sujetos sociales 
influir y reconfigurar las actividades extractivas, las cuales inicialmente se 
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ejecutaban de arriba hacia abajo y de modo centralizado. Estos resultados 
enfatizan la importancia de ir más allá de la alineación inicial de intereses 
que rodean a las actividades extractivas, para explorar sus consecuencias 
políticas a medida que se despliegan a lo largo del tiempo.
El análisis subnacional comparativo del Perú, algo nuevo en los 
estudios latinoamericanos, nos permitirá estudiar las consecuencias 
que aquello que James C. Scott (1986) caracterizó hace algún tiempo 
como las «formas cotidianas de la resistencia [colectiva]» tienen sobre la 
trayectoria del Estado. Como sería de esperar, Argentina, Bolivia, Ecuador 
y Venezuela han recibido una considerable atención académica de parte 
de quienes estudian la política conflictiva, puesto que en los cuatro países 
las movilizaciones llevaron a la remoción de presidentes que respaldaban 
las políticas neoliberales. Sin embargo, la remoción del presidente como 
indicador de que las movilizaciones fueron importantes es un alto umbral 
que sobrepasar, y esto corre el riesgo de enfriar el debate en torno a las 
consecuencias sociales de la liberalización económica. En cuanto tal, la 
presencia y las consecuencias que las movilizaciones tuvieron en otros 
países como el Perú, que se aproximan al patrón normal en la región 
latinoamericana, podrían ser rápidamente descartadas o ignoradas por 
completo. Esto, claro está, no es lo ideal, puesto que como Silva (2009) nos 
recuerda, quienes protestan son sujetos sociales con demandas sustantivas y 
no turbas indiferenciadas que únicamente promueven el desorden público 
y, como sugiere la experiencia latinoamericana, los líderes políticos que 
deciden ignorar las demandas de quienes protestan lo hacen a su propia 
cuenta y riesgo (Silva, 2009, p. 283).
Mirando hacia adelante
Como ya se señaló, las protestas por la austeridad en la década de 1980, 
así como aquellas contra la profundización de la liberalización económica 
a finales del decenio de 1990, pueden ser vistas como dos olas de 
protesta dentro de un ciclo generalizado de conflicto. Aunque se ocupa 
36
La extracción de recursos naturales y la protesta social en el Perú
de los factores que ayudan a explicar este ciclo general de movilización 
(capítulos 1 y 2), la segunda ola comprende el grueso del libro. El análisis 
se concentra, en particular, en las movilizaciones efectuadas contra la 
expansión de la frontera extractiva debido a la importancia estructural 
que ella tiene para la economía política de un país en vías de desarrollo.
En la primera mitad del libro presto atención a las variaciones en las 
formas de las protestas, tanto dentro de los países como entre ellos, para 
así echar luz sobre los factores que ayudan a explicar el resurgimiento 
de la actividad contenciosa en América Latina en general (capítulo 1), 
y en el Perú en particular (capítulos 2 y 3). Luego de la introducción, el 
capítulo 1 presenta el argumento central de este libro y el marco teórico 
que le informa. Construyendo a partir de la teoría del proceso político 
(Tarrow, 1998; Tilly & Tarrow, 2006), y en particular de la literatura 
de las oportunidades políticas, se enfatizan las condiciones políticas 
que influyen sobre las respuestas sociales a la liberalización económica: 
la democracia y la competencia política. Los capítulos 2 y 3 examinan 
la variación temporal y espacial de las protestas dentro del Perú. Estos 
capítulos se apoyan en una base de datos de las protestas que es original 
y está basada en medios impresos peruanos, que registra 31 años de 
movilizaciones (Arce, 2014). El capítulo 2 explica los diversos entornos 
políticos que produjeron olas y modos distintos de protesta popular, y 
va desde 1980, cuando se da la transición del país a la democracia, hasta 
2010. El análisis presentado en este capítulo cuestiona dos explicaciones 
comúnmente dadas de las tendencias de las protestas en el Perú. Estos 
argumentos involucran el estado de la economía y la presencia de la 
violencia política. Los datos revelan dos amplias olas de protesta: una 
desde comienzos hasta mediados del decenio de 1980, y la otra desde 
mediados hasta finales de la década de 2000. En conformidad con el 
énfasis dado a las condiciones políticas en el capítulo 1, únicamente el 
nivel de la liberalización política fue comparativamente similar en estos 
dos ciclos de protesta.
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El capítulo 3 examina la relación entre la riqueza de recursos, las 
condiciones políticas y las protestas en las 25 regiones del Perú. Este diseño 
de investigación comparativa subnacional corrige el sesgo nacional de la 
bibliografía existente. Esto nos permite plasmar los patrones cambiantes 
de movilización y desmovilización dentro de un solo país, y controlar las 
condiciones ecológicas, culturales y socioeconómicas en mayor medida 
de lo que es usualmente posible en estudios que comparan unidades 
nacionales; todo esto nos ayuda a efectuar mejores inferencias causales de 
los factores que dan forma a las actividades de protesta, localmente y a lo 
largo del tiempo. Este capítulo encuentra que la relación entre protesta 
y condiciones políticas subnacionales es más estrecha que aquella entre 
la protesta y las rentas de recursos naturales, lo que puede verse como un 
útil indicador de agravios debidos a los recursos.
Siguiendo las contribuciones hechas por los estudios acerca de 
los procesos de movilización de recursos y de encuadre, en la segunda 
parte de este libro analizo los efectos que las movilizaciones tienen 
sobre la trayectoria del Estado. Presto así atención, enparticular, a las 
condiciones bajo las cuales es más probable que los movimientos de 
protesta —que inicialmente parecen ser movilizaciones segmentadas por 
territorios— arrojen ganancias sustantivas para los grupos agraviados9. 
El eje nuevamente lo constituye la extracción de recursos debido a 
su importancia «estructural» para la sostenibilidad más amplia de las 
políticas de liberalización económica en general, y la economía peruana 
en particular. Los capítulos 4, 5 y 6 analizan y comparan tres episodios 
de conflicto popular a gran escala, que tuvieron un impacto ampliamente 
distinto sobre la política nacional: Tambogrande, Cerro Quilish y Bagua. 
Los tres capítulos rastrean el origen de dichas movilizaciones, desde su 
inicio hasta el momento actual. Hoy, este tipo de movilizaciones contra la 
extracción de recursos similares es la forma de protesta social más común 
9 Se define a las ganancias sustantivas como los cambios que se dan en las políticas en 
respuesta a las protestas.
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La extracción de recursos naturales y la protesta social en el Perú
en el Perú (Arce, 2008; Defensoría del Pueblo, 2012), y figuran «entre 
los problemas más serios que enfrenta el país», dada la importancia de los 
recursos para la economía nacional10.
La movilización de Tambogrande (capítulo 4) en la Región Piura 
fue la primera que pidió un referendo popular contra la minería. Esta 
estrategia, que no contaba con una sanción legal ni había sido autorizada 
por el gobierno nacional, ha sido repetida en otras protestas y con el 
mismo objetivo político. Tambogrande influyó así sobre los conflictos 
a nivel nacional. Del mismo modo, la movilización en Bagua (capítulo 
6), en la región Amazonas, obligó al gobierno nacional a reconocer el 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual 
postula la consulta y el derecho participativo de los pueblos indígenas en 
cuestiones que les afectan. El Perú había ratificado este acuerdo en 1994, 
pero el ejercicio de la consulta jamás se había ejecutado. En agosto de 
2011 el gobierno de Ollanta Humala aprobó la Ley de Consulta Previa, 
que alineó así la legislación nacional con el Convenio 169 de la OIT y 
exigió a las compañías nacionales y extranjeras que consigan la consulta 
previa para el desarrollo de proyectos en tierras indígenas.
La movilización en Cerro Quilish (capítulo 5), en la Región 
Cajamarca, detuvo la ampliación de la mina Yanacocha, la segunda mina 
de oro más grande del mundo. Esta mina había sido objeto de protestas 
esporádicas debido a la contaminación ambiental —que incluyó un 
derrame de mercurio—, una mala relación con las comunidades locales 
en torno a los derechos sobre la tierra y el agua, y la distribución de la 
renta generada por la minería. Las protestas violentas contra la ampliación 
de Yanacocha prosiguen hasta hoy, y Cerro Quilish emblematiza los 
cientos de movilizaciones efectuadas en el Perú contra la extracción de 
recursos. En varias de estas protestas, los líderes de las ONG opuestos a 
la minería fueron elegidos en cargos políticos, y utilizaron sus recursos 
10 La cita proviene de un cable de la embajada de EE.UU. en Lima, fechado el 10 de mayo 
de 2005, según fuera publicado por WikiLeaks en El Comercio. Para un examen de los 
conflictos mineros véase Scurrah (2008), Bebbington (2007) y Echave y otros (2009).
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organizativos e institucionales para conducir los proyectos mineros en 
direcciones distintas a las planeadas. El análisis comparativo presentado 
en los capítulos 4, 5 y 6 muestra que las olas de conflicto por los recursos 
naturales a nivel subnacional fortalecieron la democracia en el Perú al 
promover la inclusión social, los mecanismos de consulta popular y otras 
formas de participación de base. También influyeron sobre la trayectoria 
del Estado al canalizar la mayor parte de las rentas derivadas de la extracción 
de recursos naturales hacia las unidades subnacionales, e hicieron que las 
compañías mineras y de exploración fueran sensibles a las prácticas que 
involucran la responsabilidad social corporativa.
El capítulo 7, finalmente, vuelve a examinar el impacto social de 
la liberalización económica y las consecuencias democratizadoras de la 
protesta popular. En él se evalúa la utilidad de una comparación controlada 
a nivel subnacional, y cómo esta ayuda a realizar mejores inferencias acerca 
de los factores que configuran los conflictos subnacionales a través del 
espacio y del tiempo. El capítulo extiende los conocimientos desarrollados 
en este libro a una gama más amplia de casos, en el Perú y en otros países, 
y se cierra examinando el impacto que tiene la extracción de recursos sobre 
la política nacional.
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Capítulo 1 
UNA NUEVA VISIÓN DE LAS CONSECUENCIAS 
DE LA LIBERALIZACIÓN ECONÓMICA
¿Cuáles son las consecuencias sociales de la liberalización económica en una 
democracia? Una perspectiva —que en los últimos años se ha convertido 
en materia de primeras planas— evoca las imágenes de reacciones violentas 
contra la liberalización económica y la globalización. Quienes protestan en 
diversos sectores de la sociedad civil de varios países latinoamericanos han 
encendido un ciclo de resistencia popular contra las amenazas asociadas 
con las políticas de liberalización económica (Almeida, 2009; Silva, 2009). 
Las revueltas cívicas de masas, que recuerdan a los «motines anti-FMI» 
(Walton & Seddon, 1994) que estallaron en la región durante la década 
de 1980, hicieron retroceder a las impopulares políticas de liberalización 
económica e incluso obligaron a los asediados mandatarios promercado a 
dejar la presidencia antes de tiempo (Hochstetler, 2006). La liberalización 
económica parecería así haber revitalizado las actividades de protesta1.
Sin embargo, esta imagen popularizada de una «reacción violenta» 
contrasta con la idea generalizada que asocia la exposición a la 
competencia a nivel mundial, con la inseguridad material y otros cambios 
1 En este libro se usa «liberalización económica» y «globalización» de modo intercambiable, 
implicando políticas que buscan reducir la intervención del Estado en la economía. 
Ejemplos de ello son la liberalización comercial, la privatización de las empresas estatales 
y la liberalización financiera local e internacional.
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La extracción de recursos naturales y la protesta social en el Perú
desmovilizadores para los sujetos populares (Kurtz, 2004; Silver, 2003; 
Oxhorn, 2006). Se cree que a medida que las naciones compiten 
agresivamente para atraer un capital que no conoce de ataduras, las 
fuerzas del mercado van homogeneizando las políticas y otras instituciones 
económicas. Esta convergencia ha impulsado una «carrera hacia la sima» en 
los estándares laborales, lo que a su vez debilitó y fragmentó severamente a 
los sujetos populares. Al mismo tiempo, la exposición a una competencia 
global supuestamente tuvo como resultado un Estado potsglobalización 
«inerme» con capacidades limitadas, particularmente en las áreas de las 
políticas monetarias y fiscales (Ohmae, 1995; Strange, 1996), y en cuanto 
tal la bibliografía existente sostiene que ya no representa un objetivo digno 
de la movilización popular. De este modo las fuerzas impersonales de la 
liberalización económica generan una apatía política y en última instancia 
desalientan las actividades de protesta.
Las protestas y la democracia durante 
la era latinoamericana del mercado
La relación entre las políticas económicas, la democracia política y las 
actividades de protesta es un tema que ha sido investigado por distintos 
autores expertos en Latinoamérica (Collier, 1979; O’Donnell, 1973). 
O’Donnell (1973) sostuvo que las crisis económicas debidas al agotamiento 
de las políticas de industrialización por sustitución de importaciones y 
las reformas económicas seguidas para resolver esto abrieron las puertas 
a una explosión de movilizaciones populares y conflictos declase que 
hicieron que el autoritarismo burocrático resultara una opción atractiva 
para segmentos poderosos de la sociedad. Según esta literatura clásica, 
la amenaza primaria para la democracia era la hipermovilización de los 
actores colectivos como respuesta a las reformas económicas. Otros trabajos 
señalaron que, con su énfasis en las elecciones y los derechos políticos, 
las democracias remozaron la capacidad perturbadora de las fuerzas 
sociales (Huntington, 1968; Crozier, Huntington & Watanuki, 1975). 
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El renacimiento de la protesta en la región refleja, en muchos sentidos, los 
conflictos populares de esta bibliografía clásica, pero la preocupación con 
la estabilidad y el orden que caracterizó a dichos estudios se ha relajado. 
En palabras de Cleary (2006, p. 41), «las protestas políticas, las huelgas, 
manifestaciones y bloqueos de camino inclusive [...] son considerados 
una forma legítima de desobediencia civil dentro de un sistema 
democrático, y no un desafío directo al sistema mismo». En consonancia 
con la observación hecha por Cleary, la encuesta Latinobarómetro 2009 
reportó que en promedio el 92% de los encuestados latinoamericanos 
consideraba que las movilizaciones callejeras son una parte normal de 
una democracia, un alza de 29 puntos con respecto al 63% registrado en 
2008 (Latinobarómetro, 2009)2. 
La bibliografía reciente sobre las consecuencias sociales de la 
liberalización económica presenta dos posturas contrarias en lo que se 
refiere a la vinculación entre reformas económicas, democracia y protestas. 
Los estudiosos de la despolitización enfatizan los efectos desorganizadores 
que tiene la liberalización económica sobre los sujetos populares, y no 
esperan que la democracia revitalice la acción colectiva. Recientemente, sin 
embargo, este sentido común se ha visto cuestionado, en varias formas, por 
diversos estudios que documentan el renacer de las actividades de protesta 
tanto en la región latinoamericana como en otros países del mundo. Estos 
estudios de la repolitización buscan explicar cómo en algunos casos los 
actores colectivos se adaptaron a la liberalización económica y cómo 
en otros surgieron nuevos actores y nuevas formas de acción colectiva 
en oposición a dichos cambios económicos3. Lo que implica la postura 
2 La preocupación de estudios anteriores por la estabilidad y el orden se debía a lo que 
se conoce como una «teoría anti-Estado», en la cual las protestas son vistas mayormente 
como una amenaza para la legitimidad de la democracia o del sistema político como un 
todo. Las protestas podrían alternativamente no ser sino otra forma de participación 
política convencional en las democracias modernas. Norris y otros (2005) desarrollaron 
estas perspectivas teóricas para el caso de la Bélgica postindustrial.
3 La perspectiva de la repolitización resalta tres amplios patrones de resistencia popular 
a la liberalización económica en la región latinoamericana. En primer lugar, los actores 
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La extracción de recursos naturales y la protesta social en el Perú
de la repolitización es que la acción colectiva debida a la liberalización 
económica solo cambia y no desaparece por completo, como sostiene la 
postura de la despolitización.
La perspectiva de la despolitización
La literatura que sostiene que el efecto primario de la liberalización 
económica es la despolitización espera un «patrón generalizado de 
caída de la movilización» (Kurtz, 2004, p. 289) a medida que la 
liberalización avanza. Esta bibliografía enfatiza las consecuencias de las 
crisis económicas crónicas y su rápida —y a menudo de largo alcance— 
resolución a través del mercado, como por ejemplo el incremento de la 
pobreza y desigualdad, los niveles más altos de desempleo y los niveles de 
vida más bajos (Agüero & Stark, 1998; Oxhorn & Ducantenzeiler, 1998; 
Oxhorn, 2009; Kurtz, 2004; Holzner, 2007). Se dice que estas condiciones 
económicas dañan la capacidad colectiva de los sujetos populares y 
producen, entre otras cosas, anomia, desorden y desorganización social 
(Zermeño, 1990). Según Oxhorn (2009, p. 223), la inseguridad económica 
que provocan las políticas de mercado «genera apatía política, puesto que 
los esfuerzos de la gente se dirigen a participar en el mercado, y tienen 
menos tiempo para ser políticamente activos». Estos resultados, a su vez, 
amenazan las bases organizativas de las instituciones y las organizaciones 
representativas, en especial los partidos políticos y los sindicatos (Roberts, 
2002; Roberts & Portes, 2006). En palabras de Roberts (2002, pp. 26-27), 
«Los sindicatos siguen siendo actores políticos, pero sus lazos orgánicos 
tradicionales de base clasista han seguido movilizándose contra las políticas de reforma 
económica. En segundo lugar, han surgido nuevas formas de conflicto que cuestionan las 
políticas de liberalización económica e involucran a ambos actores y tipos de protesta. Por 
último, dicha liberalización provocó una serie de protestas, geográficamente territorializadas, 
que tuvieron significativas consecuencias políticas a nivel nacional. Colectivamente, estas 
respuestas nos hablan de la naturaleza cambiante de las movilizaciones antigubernamentales 
en el contexto de la democracia. El debate despolitización/repolitización se basó en Arce 
y Kim (2011, pp. 255-260) y Bellinger y Arce (2011, pp. 689-692).
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con las instituciones partidarias y estatales se han aflojado, su acceso a la 
esfera del diseño de políticas se ha reducido, y su capacidad para hablar 
a nombre de la mayor parte de los intereses populares ha disminuido».
Un grupo de argumentos afines no se concentra tanto en el declive 
de la capacidad movilizadora de la sociedad civil, y más bien traslada su 
atención a la capacidad que el Estado postglobalización tiene para satisfacer 
las necesidades sociales después de la liberalización económica. Debido a 
las poderosas restricciones externas impuestas por la institucionalización 
de las reformas económicas, algunos estudios sostienen que el Estado 
postglobalización frustra significativamente la capacidad de los decisores 
de política para mejorar las dislocaciones sociales relacionadas con las 
políticas de liberalización económica. Los actores sociales tienen, por 
ende, poca motivación para organizarse colectivamente, puesto que el 
desmontado Estado posterior a la liberalización ya no es un objetivo 
digno de la movilización social. Como señala Kurtz (2004, p. 271), «[l]
a liberación de los mercados le ha quitado al gobierno muchas de sus 
funciones resolutorias en la economía, removiendo así al mismo tiempo 
una serie de conflictos cruciales de suma cero de la mismísima esfera 
política».
En Chile y México, por ejemplo, los estudios han mostrado cómo 
la liberalización económica dejó a los segmentos pobres y rurales de la 
sociedad desvinculados de las actividades del Estado, y sin los recursos 
económicos o políticos necesarios para organizarse eficazmente contra 
las reformas de mercado, incluso después de que la democracia hubiese 
echado raíces (Holzner, 2007; Kurtz, 2004). Otros estudios documentan 
un declive de las actividades colectivas en el Perú, lo que incluyó una 
represión significativa del disenso cuando Alberto Fujimori lanzó las 
políticas de liberalización económica en la década de 1990 (Silva, 2009, 
p. 244). En todos estos casos las reformas económicas lograron reducir 
el aparato estatal hasta convertirlo en una sombra de sí mismo, lo que 
lo hizo blanco improbable de las protestas. De modo consistente con la 
postura de la desmovilización, en cada uno de estos casos la liberalización 
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La extracción de recursos naturales y la protesta social en el Perú
económica creó problemas significativos para la acción colectiva y redujo 
los incentivos para que grandes segmentos de la población se dedicaran 
a la política conflictiva.
La perspectiva de la repolitización
Siguiendo lostrabajos sobre los movimientos sociales, y en particular 
la teoría del proceso político (Tarrow, 1998; Tilly & Tarrow, 2006), la 
perspectiva de la repolitización enfatiza la importancia que las condiciones 
políticas nacionales y subnacionales tienen como un elemento central con 
que explicar las movilizaciones contrarias al mercado. Estas condiciones 
políticas restan importancia al papel de los agravios o amenazas económicas 
como las que la liberalización económica generara, que la bibliografía 
existente pinta como la fuente común de la movilización (Silva, 2009). 
Inicio esta sección esbozando los argumentos principales de la teoría del 
proceso político. Luego pasaré a explicar cómo es que el enfoque de las 
condiciones políticas difiere de otra literatura reciente de las movilizaciones 
antimercado, entre ellas la perspectiva de la despolitización mencionada 
líneas arriba.
El modelo del proceso político postula tres marcos analíticos para el 
estudio de la dinámica de los movimientos de protesta: las estructuras 
de oportunidad política, la movilización de recursos y el proceso de 
encuadre. McAdam, McCarthy y Zald (1996) señalan que estos tres 
enfoques analíticos son la mejor forma de estudiar cómo es que los 
movimientos sociales surgen y se desarrollan. Estos autores sugieren 
que los movimientos sociales comienzan debido a cambios sociales que 
transforman el ordenamiento político existente, haciendo que sea más 
accesible a las demandas de un movimiento social dado. Cuando los 
movimientos sociales perciben esta apertura a sus demandas, los cambios 
en las condiciones políticas son transformados subsecuentemente en 
oportunidades. Sin embargo, para que un movimiento social sea exitoso, 
los participantes deben tener capacidad organizativa y recursos disponibles 
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para su causa. No basta, sin embargo, con que estos actores sociales se 
sientan agraviados, aun si están convencidos de los beneficios potenciales 
de la acción colectiva con respecto a otras estrategias posibles; estos actores 
deben desarrollar un marco cultural interpretativo para sus demandas, y 
dicho marco debe ir más allá de los intereses específicos de los partidarios 
centrales de un movimiento. Estos marcos atraen a nuevos partidarios 
y le permiten al movimiento sobrevivir y tener éxito. En suma, estos 
tres enfoques analíticos —las estructuras de oportunidad política, la 
movilización de recursos y los procesos de encuadre— son sumamente 
útiles para comprender la dinámica de los movimientos sociales.
Las oportunidades políticas son las estructuras institucionales o las 
relaciones de poder informales de un sistema político dado (Eisinger, 
1973; Kitschelt, 1986; Brockett, 1991; Tarrow, 1998; Koopmans, 1995). 
Aunque hay cierto consenso en torno a la definición de las estructuras 
de oportunidad política, varios autores han examinado distintos aspectos 
de dichas estructuras institucionales o relaciones de poder informales. 
Siguiendo a McAdam (1996) y en un intento de organizar esta literatura, 
las cuatro dimensiones más importantes de estas oportunidades 
políticas incluyen: a) la relativa apertura o clausura del sistema político 
institucionalizado; b) la estabilidad o inestabilidad de las alineaciones de 
la élite; c) la presencia o ausencia de aliados de la élite; y d) la capacidad 
represiva del Estado4. McAdam (1996) observa además que la relevancia 
de algunas de estas dimensiones en relación a otras debería derivarse de la 
pregunta de investigación que se plantea. Por ejemplo, cuando se estudia 
la variación temporal y espacial de los eventos de protesta, las dimensiones 
formales de las oportunidades políticas, tales como la relativa apertura del 
sistema y la capacidad represiva del Estado, pasan a ser las dimensiones más 
útiles a tener en cuenta (McAdam, 1982; Tarrow, 1998). En cambio las 
dimensiones informales de las oportunidades políticas, como la estabilidad 
4 Meyer (2004) hace un examen de la literatura referida a las oportunidades políticas. 
Para una crítica de este concepto, especialmente en lo que se refiere a su uso expansivo, 
véase Goodwin y Jasper (2004).
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La extracción de recursos naturales y la protesta social en el Perú
o la inestabilidad de las alineaciones de la élite y la presencia o ausencia de 
aliados de esta, tienen mayor peso analítico si la pregunta a investigar se 
concentra en los resultados que los movimientos sociales buscan alcanzar 
(Banaszak, 1996; Giugni, McAdam & Tilly, 1998).
Pasando a la movilización de recursos, la literatura enfatiza la 
importancia de la movilización de redes preexistentes como elemento 
esencial para la existencia y el éxito de las organizaciones del movimiento 
social. Diversos autores se ocupan de la capacidad de dichas organizaciones 
para movilizar los recursos humanos y económicos (McCarthy & Zald, 
1997; Piven & Cloward, 1979; Cress & Snow, 2000). Además, cuando se 
trata de la movilización de grupos marginados o inermes, la colaboración 
prestada por organizadores externos y otras organizaciones preexistentes 
resulta crucial para el surgimiento de una acción colectiva exitosa (Jenkins 
& Perrow, 1977; Tilly, 1978).
Por último, los procesos de encuadre son construcciones sociales 
que actúan como filtros o «memes» para la interpretación de la realidad 
existente (Snow & Benford, 1988)5. Los movimientos de protesta crecen 
porque sus líderes encuadran o vuelven a encuadrar mensajes, en formas 
tales que pueden atraer a una gran cantidad de simpatizantes o adherentes. 
Para ser claros, un encuadre exitoso requiere de esfuerzos estratégicos 
conscientes por parte de los líderes de los movimientos de protesta (Zald, 
1996). Y en general es más probable que sean más exitosos los «memes» 
que encuadren la causa del movimiento en términos de injusticia.
Antes de extender estos marcos analíticos al estudio de los movimientos 
de protesta se impone una nota referida al papel de los agravios. Tanto 
la perspectiva de despolitización como la de la repolitización coinciden 
en que la liberalización económica impone severas penurias materiales 
a los sectores populares tales como, entre otras, salarios más bajos, 
inseguridad del empleo, precios más altos, recortes en los programas 
5 Un «meme» puede ser un eslogan, una frase o un símbolo, y se convierte en tal cuando se 
propaga de una persona a otra. Los dirigentes de los movimientos sociales buscan inventar 
«memes» que puedan prender entre los grupos agraviados.
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sociales y una reforma agraria regresiva. La pregunta, entonces, es qué papel 
desempeñan estos agravios en movilizar a los actores sociales. Siguiendo 
la perspectiva de la despolitización, estos agravios o amenazas económicas 
hacen todo salvo desmovilizar a los actores sociales. Y no se espera que 
la existencia de condiciones políticas tales como las que la democracia 
propone revitalicen las actividades de protesta.
Otros autores, en cambio, sostienen que estos agravios o amenazas 
fueron cruciales para la movilización de los actores sociales. Por ejemplo, en 
el análisis de Silva (2009, p. 266), los episodios de conflicto antineoliberal 
fueron «respuestas polanyianas a la construcción de la sociedad de mercado 
contemporánea», y las reformas neoliberales «generaron la motivación 
—los agravios— de la movilización» (Silva, 2009, p. 43; énfasis en el 
original). Siguiendo a Tilly (1978), Almeida (2007) también enfatiza la 
prominencia de los incentivos negativos o de las condiciones desfavorables 
como amenazas, que es probable faciliten diversas formas de acción 
colectiva «defensiva». Harvey (2003) caracterizaría como «protestas 
contra la desposesión» a los reclamos que los pueblos indígenas hacen 
en oposición a la economía extractiva. Estos trabajos en cierta medida 
reflejan lo que el científico político James Davies llamó la «curva J de 
satisfacciones crecientes y decrecientes» (Davies, 1969, 1962).La teoría 
de Davies sugiere que las protestas estallarán cuando las condiciones 
empeoren repentinamente y los grupos agraviados busquen a alguien 
a quien culpar por el curso perturbador de los acontecimientos. La 
transición a una economía de mercado implicaba una erosión de los 
derechos de ciudadanía social (como por ejemplo el acceso a los servicios 
sociales básicos y beneficios subsidiados por el Estado), lo que hizo que 
las cosas empeoraran para los sectores populares de la sociedad civil 
(Almeida, 2007). Del mismo modo, la expansión de la economía extractiva 
implicó una mayor necesidad de agua y tierra, y en consecuencia afectó 
a poblaciones tanto urbanas como rurales.
Sin embargo, y construyendo a partir de la teoría del proceso político 
(Tarrow, 1998; Tilly & Tarrow, 2006), la perspectiva de la repolitización 
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La extracción de recursos naturales y la protesta social en el Perú
sostiene que un enfoque que se base únicamente en los agravios —como 
los que genera la liberalización económica o la ampliación de la frontera 
extractiva— no explica muy bien la acción colectiva. En sí mismos, estos 
agravios o amenazas rara vez explican las variaciones en la dinámica de los 
movimientos de protesta. Por ejemplo, al reflexionar sobre la extracción 
de recursos se podría fácilmente argumentar que la historia económica 
latinoamericana es esencialmente una historia minera. Sin embargo, los 
agravios relacionados con la extracción de recursos son consistentemente 
más numerosos que las actividades en contra de la minería, y no siempre 
vemos que surjan movimientos de protesta que cuestionen la extraccción 
de recursos. La teoría del proceso político se concentra más bien en el 
contexto en el cual opera un movimiento de protesta, esto es, en palabras 
de Meyer (2004, p. 126), en «el mundo fuera de un movimiento social». 
Los tres marcos de la teoría del proceso político —las estructuras 
de oportunidad política, la movilización de recursos y los procesos de 
encuadre— conforman un enfoque desde el cual se puede examinar 
la dinámica más amplia del surgimiento y desarrollo del movimiento 
social. Las condiciones políticas que se destacan en este libro captan las 
dimensiones formales de las oportunidades políticas (el primer marco de 
la teoría del proceso político), que son útiles para explicar la variación 
nacional y subnacional de los movimientos de protesta a través de la 
geografía y del tiempo (McAdam, 1982; Tarrow, 1998). Estas condiciones 
políticas incluyen el papel moderador de la democracia, la calidad de la 
representación institucional que se concreta en los partidos políticos y, por 
último, el nivel de competencia entre estos últimos. Por el contrario, la 
movilización de recursos y los procesos de encuadre (los otros dos marcos 
de la teoría del proceso político) son fundamentales para explicar los efectos 
que los movimientos de protesta tienen en su entorno. La interactividad de 
los tres marcos sugiere que cuando las condiciones políticas son favorables, 
por ejemplo, en el contexto de una democracia (oportunidades políticas), 
los actores pueden construir un marco maestro que liga la liberalización 
económica y las injusticias (proceso de encuadre), lo que a su vez permite 
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construir coaliciones amplias de actores de la sociedad civil (movilización 
de recursos).
La variación transnacional de las protestas 
entre los países
¿Cómo nos puede ayudar la teoría del proceso político a comprender 
la dinámica transnacional de los movimientos de protesta? En esta 
sección sostengo, siguiendo a McAdam (1996), que las dimensiones 
formales de las oportunidades políticas —esto es, la apertura relativa del 
sistema político, según la capta la presencia de la democracia— explican 
muy bien la variación temporal y espacial de los acontecimientos de 
protesta. Luego de esbozar los argumentos teóricos que respaldan esta 
proposición, presento evidencias transnacionales que muestran cómo 
fue que la democracia política ayudó a las respuestas colectivas dadas a la 
liberalización económica. Cierro esta sección esbozando las limitaciones 
que los estudios transnacionales tienen para brindar una relación del 
todo convincente del renacimiento de las protestas en una democracia, 
especialmente en presencia de la heterogeneidad y complejidad al interior 
de los países. Se muestra así cómo los estudios basados en la comparación 
de las unidades nacionales fácilmente malinterpretan los casos en los cuales 
las protestas subnacionales tuvieron consecuencias importantes sobre la 
política nacional. Tal es el caso del Perú.
Siguiendo la literatura de las oportunidades políticas (Tilly, 
1978; Tarrow, 1998), la perspectiva de la repolitización se concentra 
en las condiciones políticas que crean un entorno u oportunidad 
favorable para que la gente emprenda una acción colectiva. A nivel 
nacional, ella enfatiza las oportunidades a nivel de todo el sistema u 
oportunidades macropolíticas que la democratización ofrece, y que son 
favorables para la movilización popular. Tal como han sostenido varios 
investigadores, la presencia de la democracia mejora las oportunidades 
para las actividades de protesta. En comparación con los regímenes 
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La extracción de recursos naturales y la protesta social en el Perú
autocráticos, las democracias fomentan la movilización colectiva al relajar 
la represión (Francisco, 2009), estimular la vida asociativa y abrir canales 
de participación popular (Almeida & Johnston, 2006; Almeida, 2008). 
En este sentido ellas dan forma a las respuestas sociales a los agravios 
creando «estructuras de oportunidad política» que facilitan o estorban la 
movilización colectiva (Tarrow, 1998), y en líneas generales los entornos 
democráticos «garantizan una estructura de oportunidad política más 
abierta que sus contrarios» (Tilly & Tarrow, 2006, p. 66). De otro lado 
las movilizaciones colectivas tienden a ser la excepción antes que la norma 
en las autocracias, donde los derechos políticos y civiles se encuentran 
restringidos, puesto que en dichos entornos las protestas «probablemente 
atraerán una represión rápida (y a menudo violenta)» (Cook, 1996, p. 40).
La conceptualización de la democracia como una oportunidad 
para la movilización, tal como fuera planteada por la perspectiva de la 
repolitización, también llamó la atención sobre la prominencia de los 
procesos de encuadre (Snow & Benford, 1988; Benford & Snow, 2000; 
Gamson & Meyer, 1996). Esto sugiere que la liberalización económica 
brindó una vigorosa oportunidad estratégica de encuadre para la resolución 
de los problemas de la acción colectiva en una amplia gama de actores 
sociales, lo que a su vez hizo que fuera posible una movilización popular 
sostenida. Tal como Roberts (2008, p. 330) señala, «las reformas de 
mercado dejaron necesidades sociales no cubiertas o una mayor inseguridad 
económica, lo que suministró una base para la articulación colectiva de 
los agravios políticos». De este modo, la liberalización económica produjo 
un «marco maestro» (Roberts, 2008, p. 341) para la repolitización de los 
sujetos populares.
Los estudios transnacionales realizados recientemente son 
congruentes con los argumentos presentados por la perspectiva de la 
repolitización. Usando distintas medidas de la liberalización económica, 
así como de la democracia política, estos estudios cuantitativos a nivel 
nacional mostraron que, en democracia, la liberalización económica 
incrementa el nivel de la política conflictiva (Arce & Bellinger, 2007; 
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Arce & Kim, 2011; Bellinger & Arce, 2011)6. Para ilustrar aún más 
el ciclo general de conflicto que rodea a la liberalización económica, 
la figura 1 compara el nivel de huelgas con las protestas de la región 
latinoamericana usando un conjunto de datos de la Cross-National Time 
Series (CNTS) (Banks, 2010)7. A partir de esta figura podemos hacer 
un par de observaciones