FLORES_BILL_ARTCULO_DE_ESTRUCTURA_AGRARIA

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INSTITUTO LATINO-AMERICANO 
DE ECONOMIA, SOCIEDADE E 
POLÍTICA (ILAESP) 
 
ESTRUCTURA AGRÁRIA E 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA REFORMA AGRARIA DE VELASCO ALVARADO Y SUS 
REPERCUSIONES EN LA AGRICULTURA PERUANA EN EL SIGLO XXI 
(2000-2019) 
 
 
 
 
BILL EGLINTON FLORES MARICAHUA 
 
 
 
 
 
 
Foz do Iguaçu 
2019 
1 
 
La reforma agraria de Velasco Alvarado y sus repercusiones en la agricultura 
peruana en el siglo XXI (2000-2019) 
Bill Eglinton Flores Maricahua
1
 
Resumen: Las reformas implementadas de Velasco Alvarado presentan una dicotomía 
en su implementación; puesto que, permitieron el aprovechamiento de la tierra por los 
campesinos y la disminución del racismo en las relaciones sociales en el Perú; sin 
embargo, menguó el desarrollo técnico de la agricultura. En este sentido, se analiza los 
avances y retrocesos de esta reforma en el modo de hacer agricultura en el Perú en el 
siglo XXI (2000-2019). Por ende, se describe las características de la estructura agraria 
peruana después de la reforma aplicada por Velasco Alvarado, así como se compara la 
estructura agraria peruana en el siglo XXI con los antecedentes de esta reforma y se 
analiza las repercusiones de la reforma en el quehacer agrícola en los últimos 
diecinueve años de democracia. 
Palabras-claves: Perú, reforma agraria, agricultura peruana en el siglo XXI. 
La agricultura peruana en estos años de democracia está orientada a un modelo 
agroexportador de commodities que está sujeta a los cambios bruscos de la economía 
internacional. Sin embargo, con una política económica "conservadora” se ha podido 
mantener un crecimiento significativo que según datos del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI) el PBI del Perú creció un 2, 28 % en el primer trimestre 
del 2019. En contraste, el Fondo Monetario Internacional (FMI) en abril de 2018 
proyectaba que el PBI peruano alcanzaría una alza del 3,7% en el mes de octubre. A su 
vez, este mismo organismo “proyectó que la economía peruana se expandiría un 3, 9% 
el 2019 y que en enero se tendría una perspectiva de crecimiento de un 4, 1% a 3, 8%” 
(EL COMERCIO, 2019). 
Estos índices positivos muestran la capacidad del Perú de actuar con solvencia 
en un sistema económico internacional avasallador en donde las principales economías 
del mundo como Estados Unidos y China lidian una “guerra” tributaría significativa que 
afecta la exportación de productos elaborados en el Perú, así como la importación de 
materiales estadounidenses y chinos a nuestro mercado con una baja imposición de 
impuestos. Incluso la crisis económica venezolana, argentina y ecuatoriana genera "un 
freno sustancial para el crecimiento de la región y de las economías emergentes en 
ambos años" (FMI, 2019). Por ende, Perú no está exento de estas dificultades de 
interacción económica. 
 
1
 Estudiante de la Especialización en Lenguas Adicionales (Portugués) y miembro de la Facultad de 
Relaciones Internacionales e Integración (RII-ILAESP)- Universidade Federal de Integração 
Latinoamericana (UNILA) 
2 
 
Sin embargo, al abordar el crecimiento económico peruano tenemos que realizar 
un análisis concreto del desarrollo político, social, y económico acaecido antes de la 
llegada de la democracia; puesto que, el modelo ejecutado en la actualidad es el 
resultado de la evaluación de los procesos implementados en el siglo XX que desde la 
reforma agraria fomentada por un estado corporativo y populista
2
 como la del general 
Velasco Alvarado (1968-1975) hasta la “reestructuración” económica en el gobierno de 
Alberto Fujimori (1990-2000), el regreso a un modelo neoliberal a la peruana con 
Alejandro Toledo(2001-2006), firma de tratados de libre comercio en el segundo 
gobierno de Alan García (2006-2011), la formación de bloques económicos en América 
del Sur con Ollanta Humala (2011-2016), una continuidad economicista en el mandato 
de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), y una sutil política “progresista” en el mandato 
reciente de Martín Vizcarra (2018-), configuraron el modo de aplicación de las políticas 
económicas del Perú en los últimos diecinueve años. 
En este contexto, para comprender la situación actual de la agricultura peruana 
es necesario analizarla antes, durante y después de la reforma agraria; puesto que, esta 
tiene sus repercusiones en la estructura agropecuaria peruana del siglo XXI (2000-
2019). Por ende, la figura de Velasco Alvarado es el punto de quiebre para tener un 
panorama completo de la complejidad dinámica de los procesos agropecuarios en el 
país. 
Ante este escenario, en el período anterior al docenio de Velasco Alvarado las 
clases sociales peruanas menos privilegiadas sufrían del apoderamiento oligárquico del 
Estado durante el gobierno de Acción Popular
3
. De esta forma, los hacendados poseían 
la mayoría de los terrenos cultivables en el Perú y; a su vez, eran los responsables de 
una interacción social basada en el racismo y la desigualdad. Así, las comunidades 
campesinas e indígenas estaban relegadas al trabajo masivo a favor de hacendados a 
cambio de una remuneración exigua. Esta situación contrastaba con los datos 
macroeconómicos que brindada el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) en 1963 
donde se argumentaba que la expansión monetaria y crediticia era apropiada para un 
país en vías de desarrollo. 
 
2
 Término utilizado en el capítulo 9 del libro Historia del Perú Contemporáneo de Carlos Contreras y 
Marcos Cueto, 2013. 
3
 Partido Político peruano creado por Fernando Belaunde Terry 
3 
 
Un argumento que distaba mucho de la situación de los campesinos que se 
encontraban en situación de competencia injusta contra los hacendados que antes de la 
reforma de 1968 poseían “el 56 % de los 3 millones de hectáreas de tierra agrícola y 20 
millones de hectáreas de pastos naturales del país. Esto significaba el 3, 9 % del total de 
unidades agropecuarias” (MEJIA, 1982, p.442) mientras que los campesinos solo el 
44% de territorio agrícola en posesión. 
En adición, en el período anterior a la reforma agraria, la hacienda en sus tres 
niveles de representación: capitalista, semicapitalista y tradicional como apunta Mejia 
(1982, p. 442): 
Definidas por los regímenes productivos que en ellas imperaban 
era la situación hegemónica del mundo rural. Diez mil fincas 
acaparaban los mejores recursos, constituían una fuente de 
acumulación y, por ende, el sustento de poder en escala regional 
y nacional de las élites capitalistas agrarias y terratenientes. En 
cambio, las comunidades indígenas aparecían como el reducto 
de un tradicional sistema productivo basado en el principio de 
reciprocidad, sistema en el que la posesión y el trabajo 
individual se contemplaban con la propiedad colectiva de la 
tierra. (…) Casi 4000 comunidades constituían refugio para una 
inmensa masa de campesinos indígenas minifundarios. 
Esta situación estaba basada en un modelo básicamente exportador que 
priorizaba la producción de materias primas para el extranjero y la venta de productos 
con alto valor de compra en el mercado interno. Por ende, el Perú en el período de 1963 
según datos del BCRP exportó 3 millones 190 mil quintales de algodón y el azúcar se 
valoró en el mercado mundial, especialmente los destinados a Estados Unidos. 
Sin embargo, en ese mismo año, el arroz sufrió bajas significativas por las 
sequías presentes en los valles del norte peruano, lo que “obligó al país a importar 
fuertes cantidades de arroz durante los primeros meses del año 1964, pero con una 
esperanza en que el maíz aumentase en volumen de producción muy por encima de los 
registrados años anteriores” (BCRP, 1963, p. 23). 
Contexto que provocaba un desbalance comercial y afectaba a los pequeños 
productores ensu mayoría indígenas que teniendo una escasa posesión de la tierra, no 
podían competir contra lo producción agrícola latifundiaria; puesto que, “el 
entrampamiento económico y político del sistema, deparaba a la gran burguesía agraria 
y a la vieja clase latifundista un poder que les permitía bloquear los intentos de cambio 
4 
 
acaudillados por los sectores medios y los débiles núcleos de la burguesía nacional” 
(MEJIA, 1980, p. 442). 
Ante esta situación, luego de 5 años de gobierno accionpopulista, en donde las 
voces de reclamo de los campesinos no se oían en palacio de gobierno, llega el golpe de 
Estado perpetrado por el general Juan Velasco Alvarado el 3 de octubre de 1968 que 
posteriormente utiliza el 9 de octubre como “una mezcla de simbolismo y del futuro 
estilo autoritario del gobierno, que fue celebrado por gran parte de la población como la 
firmeza de decisión que se requería en un país desordenado como el Perú, para celebrar 
el día de la Dignidad Nacional” (CONTRERAS; CUETO, 2013, p. 340). Se iniciaba de 
esta forma una de las reformas agrarias más radicales de América Latina. 
El gobierno del general Velasco Alvarado inició con las expropiaciones de las 
empresas petroleras, así como la modificación del modo de la distribución de la tierra, 
que en principio tenía como objetivo menguar las diferencias económicas entre el 
campesinado y la burguesía agrícola. Por ende, la reforma no solo se centró en el 
problema de la tierra, sino que involucró procesos de transformación social, educativa, 
religiosa e ideológica, que en principio dada la inconformidad de la población hasta la 
década de 1968, favoreció la reestructuración estatal. 
En esta etapa, la economía peruana aún mantenía un modelo de cuño exportador 
que estaba sujeto a las variaciones de precios de los mercados, lo que perjudicaba la 
producción comunitaria de los pequeños agricultores y aumentaba la ventaja 
comparativa de los burgueses agrícolas, provocando una desigualdad social que 
relegaba a los campesinos indígenas a la subordinación laboral y a la necesidad de venta 
de sus propiedades a los grandes latifundiarios. 
Así, en el contexto del golpe de Estado, el Perú de 1968 se desarrollaba dentro 
del mercado internacional a través de la exportación de materias primas sin un alto valor 
agregado. En suma, como apuntan Contreras y Cueto (2013, p.342): 
La economía peruana estaba organizada principalmente en torno 
a la producción para la exportación de algunas materias primas 
(petróleo, cobre, azúcar, harina de pescado) sobre las que el país 
gozaba de ventajas respecto de otros. La base industrial y la 
producción para el mercado interno eran débiles y el país 
dependía de las importaciones para la satisfacción de las 
necesidades de consumo de la creciente población urbana. 
5 
 
Una realidad que cambió cuando las Fuerzas Armadas asumen el poder tras el 
golpe; puesto que, el país inicia un proceso de inserción a la industrialización por 
sustitución de importaciones (ISI) durante el período que duró la dictadura de Velasco 
Alvarado (1968-1980). De esta forma, se incentivaba la producción interna a través de 
disminuciones fiscales para los pequeños productores. La idea era consumir aquello que 
el país producía y exportarlo si se tenía un valor agregado positivo para la balanza 
comercial nacional. 
Los primeros en verse afectados tras las políticas estatales aplicadas por el 
gobierno de Velasco fueron los llamados “barones del azúcar”, quienes vieron cómo sus 
tierras eran repartidas a los campesinos. De esta forma, las guarniciones militares se 
afincaron al frente de las principales plantaciones en el norte peruano, cumpliendo la 
orden de apropiarse de aquello que le pertenecía al “peruano” por naturaleza. 
Este hecho respondía a las necesidades de los campesinos que tras años de 
trabajo constante a favor del enriquecimiento de la burguesía agrícola, veían en la 
reforma una alternativa para la mejora de su situación. En suma: 
La reforma era una vieja demanda de diversos sectores ante el 
hecho de la desigual distribución de la propiedad de la tierra en 
el país y la situación de aguda miseria en el campo. Una 
pequeña minoría (y la redundancia no es ociosa), muchas veces 
rentista, poseía la mayor parte de tierras cultivables. Nada 
menos que el 76% de estas correspondía a solo el 0,5% de las 
unidades agrícolas (CONTRERAS; CUETO, 2013, p. 348) 
En este sentido, la reforma era una respuesta contundente del Estado ante la 
situación de oprobio que vivía el espacio rural peruano en la década de los 60’. En 
especial, el campesino indígena, que como situaría José Carlos Mariátegui refiriéndose 
al problema del indio como un asunto cercano a la posesión de la tierra. Por ende, el 
Estado utilizaba los símbolos de reclamo de las comunidades indígenas para justificar 
una reforma total que significó la más radical presente en América Latina que superaba 
las implementadas en Cuba o Chile. 
Así, el gobierno de Velasco Alvarado se valió de la figura de indígenas aunados 
a las directrices militares para crear una especie de nacionalismo “puro” a favor de la 
creación de mecanismos de apropiación cultural que tenían un fin político. De esta 
6 
 
forma, el uso de la figura de Túpac Amaru
4
 se vinculaba al levantamiento del pueblo 
contra el yugo “blanco”, rentista y “vende patria”. Con estos elementos, el gobierno 
velasquista se apoderó del poder y contó con el apoyo popular, en especial de aquellas 
comunidades rurales que hacían sentir su presencia en la Lima burguesa de la época, 
que en aquel entonces se encontraba en expansión. 
Con la población indígena campesina a su favor, la ley de la reforma agraria de 
1969 contempló las siguientes actividades (CONTRERAS; CUETO, 2013, p. 348): 
a) Expropiación de los latifundios tradicionales de la sierra. 
b) Expropiación de las capitalistas plantaciones de la costa. 
c) Los límites de inafectabilidad fueron fijados en 50 hectáreas para tierras de 
riego y 150 si eran de secano (afectando la gran y pequeña propiedad) 
d) Expropiación de 9, 1 millones de hectáreas de los treinta millones de tierra 
culta del país. 
e) Afectación de dieciséis mil fundos en todo el país. 
Los procesos de expropiación tenían como finalidad el traspase de las tierras 
privadas a manos del Estado para su posterior distribución; puesto que, dadas las 
condiciones sociales injustas de la época era necesario la aplicación de una 
redistribución de la tierra para mejorar la producción agrícola en el país y no depender 
de los valores cambiantes del mercado. Por ello, se promovió la creación de 
“cooperativas agrarias de producción, sociedades agrícolas de interés social, empresas 
de propiedad social, y grupos campesinos, y la adjudicación de parcelas individuales 
ocupó un lugar secundario” (MEJIA, 1980, p.443). 
Además de las tierras el Estado tenía la capacidad de expropiar también los 
capitales invertidos en las empresas azucareras, algodoneras, ganaderas e incluso podía 
apoderarse de la “maquinaria, el ganado, y las instalaciones industriales y civiles” 
(CONTRERAS; CUETO, 2013, p. 350). Como consecuencia de estas acciones, se logró 
la transferencia de tierras promovido por una movilización rural de gran envergadura 
que hasta junio de 1980 significó la adjudicación de propiedad de la tierra de “9 
millones 34 mil veintinueve hectáreas y 2, 2 millones de cabezas de ganado, a 41 362 
 
4
 José Gabriel Condorcanqui, descendiente del último inca Túpac Amaru I. En 1780 lideró una revuelta 
indígena en contra de los españoles que culminó con su ejecución posterior y el inicio del proceso 
emancipador en el Perú. 
7 
 
campesinos y trabajadores agrícolas” (MEJIA, 1980, p. 443) tal como lo muestra el 
cuadro 1. 
Con este proceso se iniciaba lo que fue conocida como la primera fase del 
gobierno de las FuerzasArmadas (1968-1975) que erradicaba el poder terrateniente en 
el Perú y disminuía la influencia política de la burguesía agraria rentista. Sin embargo, 
en la segunda fase (1976-1980) no se aplicaría las directrices políticas velasquistas; 
puesto que, al asumir el poder Morales Bermúdez se revierte la reforma agraria hasta 
erradicarla por completo de los planes de mejora económica en el país. 
Cuadro 1. Realizaciones de la reforma agraria en el Perú 
 
 
 
 
Fuente: José Manuel Mejía, La penúltima reforma agraria latinoamericana. México: Comercio Exterior, 
1980. 
 Sin embargo, durante la reforma agraria peruana, una de las medidas para 
conformar los grupos de distribución de la tierra agrícola era que “la mitad de los bonos 
de la deuda agraria podía ser dada en efectivo, si el exterrateniente ofertaba otro tanto y 
decidía invertir en la industria” (CONTRERAS; CUETO, 2013, p. 350). Una 
disposición que fracasó; puesto que, la inversión privada disminuyó durante el gobierno 
de Velasco Alvarado, al punto de caer en una situación tragicómica respecto a los 
planes “nacionalistas” del gobierno; puesto que, “para fabricar los insumos nacionales 
había que importar a su vez otros insumos, con lo que el grado de peruanidad efectiva 
de los productos era al final muy pequeño” (CONTRERAS; CUETO, 2013, p. 350). 
 Tal resultado, a pesar de contrariarse con los planes políticos de Velasco 
Alvarado sirvió para que se den nuevos procesos de producción y relaciones sociales, 
donde los campesinos indígenas ya no solo producían para el gran hacendado y para su 
autoconsumo, sino que sus productos llegaban al mercado a competir con la reglas de 
“igualdad” de precios (a precio justo). Así, a pesar de que algunas de las políticas 
promovidas por la reforma agraria no se cumplieron a cabalidad por la escasa 
8 
 
capacitación a los campesinos en materia de inversión, producción y uso de nuevas 
tecnologías y sumada a ella la corrupción de las cooperativas, se “modificó la 
composición de las clases altas y las bases agrarias de su poder por lo que empezó a 
primar el dinero como principal factor de ingreso a estas clases y se atenuó el racismo” 
(CONTRERAS; CUETO, 2013, p.350), uno de los motivos para que se estableciera la 
mala distribución de tierras en el país. 
 En contraste, a pesar de que la reforma con su lema “la tierra para quien la 
trabaja” trajo consigo beneficios significativos para las familias campesinas en todo el 
territorio peruano, menguó el interés privado para la ejecución de proyectos industriales 
en las cooperativas de trabajadores o las asociaciones campesinas; puesto que, el 
gobierno se encargaba de designar a los encargados de guiar los procesos de 
producción, dejando las propiedades agrícolas fuera de las inversiones capitalistas del 
mercado. 
 Una medida que tuvo las siguientes consecuencias según los datos del BCRP de 
1969: 1) La inversión privada en 1969 disminuyó el 14% comparado a los niveles 
alcanzados en 1968. 2) En 1969, la industria y la construcción fueron los sectores que 
menos dinamismo mostraron con un crecimiento de 1, 9% y 3, 4% respectivamente. 3) 
El Perú en 1969 no alcanzó los niveles de producción interna promovidas por las 
reformas económicas gubernamentales: 1, 7% comparado al 1, 4% de 1968, y una tasa 
media anual de 4, 8% de 1963-1967. 
Estas cifras, sumadas a la devaluación suscitada en septiembre de 1967 y la 
aplicación de la reforma agraria con las expropiaciones de tierras agrícolas, llevó a que 
“los precios de los productos agrícolas, controlados por el gobierno, pronto se 
devaluaran y las cooperativas comenzaron a ver crecer, no sus cultivos, sino sus 
adeudos” (CONTRERAS; CUETO, 2013, p. 352). 
De esta manera, todas las intenciones de la reforma se vieron disuadidas por la 
creciente incapacidad política del gobierno de Velasco Alvarado; puesto que, con su 
intención de erradicar la estructura feudal hasta ese entonces presente en las 
interacciones productivas agrícolas, disminuir la migración rural al ámbito urbano, crear 
un mercado interno sólido a través del ISI, promover un equilibrio político en el Perú 
que hasta ese momento solo había presentado movilizaciones rurales matizadas por 
grupos revolucionarios de izquierda, y crear una política económica que sugería el 
9 
 
incremento de la “producción al 4, 2% anual según el Plan 1971-1975” (MEJÍA, 1980, 
p. 443), provocó una crisis duradera en la producción y el empleo. 
Y aunque se intentara crear el Sistema Nacional de Producción Agropecuaria, el 
desempleó era una de los factores que desestabilizaban al gobierno; puesto que, como 
apunta Mejía (1980, p. 443): 
La creación del proyecto Generación del Empleo en el Ámbito 
Rural solo llevó a una migración desbordada no solo a las 
ciudades sino también a los núcleos urbanos de las cooperativas, 
y debió pensarse en la construcción de aldeas cooperativas. Y, lo 
que era más grave, no solo no se había resuelto la inestabilidad 
política en el campo sino que la movilización renacía, pero 
ahora enfrentada a la propia estructura de tenencia y propiedad 
creada por la reforma. 
Por ende, con la salida del gobierno de Velasco Alvarado y el liderazgo de Morales 
Bermúdez (29 de agosto de 1975) el Perú se sumió en una profunda depreciación 
provocada por la crisis internacional de 1973-1974 que según datos del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI): 
los precios de los productos peruanos de exportación en el año 
1975 se cayeron, a la vez que significativos incrementos de los 
precios de importación entre 1975 Y 1978, se reflejó en la caída 
del índice de los términos de intercambio, existiendo la 
necesidad de recurrir al financiamiento internacional para cerrar 
la brecha externa (INEI, 2015, p. 22) 
En suma, el Perú tuvo un caótico déficit fiscal provocado por las medidas aplicadas 
en la reforma agraria que llevó a que en 1975 el gobierno aplicara programas de 
“estabilización” que como muestran los datos del INEI (2015, p. 23) llevaron a una 
depresión masiva y una inflación de los costos. De esta manera, según las estimaciones 
del INEI (2015) el Perú se caracterizó por las siguientes tendencias económicas: 
a) Tasa de crecimiento del PBI declinó desde 1976 hasta un -2, 6% en 1978. 
b) Tasa de inflación de 24, 0% a 73, 7% en 1978. 
Ante esta situación, se buscaron acuerdos con el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) que en gran medida no sirvieron para menguar el aumento inflacionario en el 
Perú; puesto que, con los planes de inversión a corto plazo, el país no creció 
exponencialmente, dadas las pretensiones estatales el apoyo del FMI solo provocó un 
endeudamiento a largo plazo, lo que resultó; a su vez, en una movilización social; 
10 
 
debido a que se estaba rentando el país a los capitalistas que años atrás fueron 
combatidos. 
De esta forma, como indican Llosa y Panizza (2015, p. 102) el mal manejo 
macroeconómico llevó a que se mostraran altas tasas de inflación entre 1970 y 1980, 
fecha última que tenía como presidente a Alan García Pérez y al Perú sumido en la más 
terrible crisis económica, social y política, provocada por un populismo político y 
aunado al nacimiento de grupos subversivos en las provincias tales como el Movimiento 
Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y Sendero Luminoso (SL). En suma, el Perú 
poseía “un pésimo desempeño fiscal” (LLOSA; PANIZZA, 2015, p. 102). Por ende, tal 
como lo muestra el Gráfico 1 durante el período de 1978-2004, “el déficit presupuestal 
del Perú fue siempre mayor al promedio en América Latina. Por otro lado, los cuellos 
de botella resultantes de una insuficiente inversión pública en infraestructura también 
pueden ser parte de la explicación” (LLOSA; PANIZZA, 2015, p. 102). 
Gráfico 1. Indicadores fiscales en Perú (% PBI) 
Balance del gobierno central 
Nota: LAC (Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela) 
Fuente: The Instituteof International Finance, Fay y Morrison (2007) y Llosa y Panizza (2015) 
Entre otros motivos también podemos mencionar que tras el gobierno de las Fuerzas 
Armadas, con la aplicación de la reforma agraria de Velasco Alvarado, el Perú se vio 
involucrado en las siguientes desventajas económicas (CONTRERAS; CUETO, 2013, 
p.365): 
a) Retroceso en la productividad agraria 
b) Retracción de la inversión privada 
c) Abultado endeudamiento externo y gasto en armas 
11 
 
En suma, la reforma agraria a pesar de las intenciones de crear oportunidades para 
los campesinos indígenas, provocó a largo plazo un endeudamiento interno y externo 
del Estado, lo que dificultó la formación de una estructura agraria solvente; puesto que, 
no se hizo frente a la importación de insumos para la producción agrícola, y de esta 
manera se aumentó la dependencia peruana a las variaciones comerciales mundiales tal 
como lo muestra el cuadro 2. 
Cuadro 2. La deuda externa total, 1970-1991 
(millones de dólares) 
Año Deuda externa total Año Deuda externa total 
1970 3681 1981 9606 
1971 3692 1982 11 465 
1972 3832 1983 12 445 
1973 4133 1984 13 338 
1974 5238 1985 13 721 
1975 6257 1986 15 511 
1976 7384 1987 19 107 
1977 8567 1988 20 006 
1978 9325 1989 20 799 
1979 9334 1990 22 141 
1980 9595 1991 24 510 
Fuente: Para 1970-1985: Perú en números 1991, Anuario estadístico. Cuánto S.A., 
1991, p.986; para 1986-1991: Perú en números. Anuario estadístico. Cuánto S.A., 1996, 
p.1048. 
Una situación que durante el primer gobierno de Alan García significó que “la 
inflación subía a un promedio de 2% cada día y 70% cada mes. La hiperinflación 
acumulada que dejó su gobierno fue de más de 2 000 00 % “(CONTRERAS; CUETO, 
2013, p. 375) y la producción agrícola no podía abastecer el mercado interno, lo que 
causó que los productos alimentarios subieran de precio exponencialmente y las largas 
filas para comprar huevos, arroz, azúcar, carne, etc; fueron numerosas en todo el 
territorio nacional en aquel periodo. Así, la agricultura sufrió un retraso considerable 
que tras la reforma agraria estaba en manos de campesinos indígenas que no sabían 
cómo manejar la crisis económica y no habían contado con la consolidación de un 
modelo industrial de desarrollo autónomo y claro. Este hecho, sumado a que en las 
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provincias se vivía una tensa interacción “revolucionaria” favoreció que las relaciones 
económicas agrícolas solo sirvieran para el autoconsumo y el abastecimiento interno de 
las comunidades campesinas. 
Periodo en que los grupos subversivos: MRTA y SL “comenzaron a disputar el 
dinero del narcotráfico en un momento en que, en la selva, la coca se convertía en uno 
de los principales cultivos de la agricultura peruana” (CONTRERAS; CUETO, 2013, p. 
379). Un resultado que se dio gracias a que las reformas aplicadas para erradicar los 
latifundios no fue apoyada de una sólida política económica que evitara el 
endeudamiento externo, debido a que el proteccionismo económico gestado en el 
gobierno de Velasco Alvarado creó una interacción económica que favorecía a los 
“campesinos” que se convertían; por un lado, en nuevos burgueses agrícolas y; por otro, 
volvían a perder sus tierras. 
Por ello, era necesario un cambio estructural que llegó con neoliberalismo al Perú en 
la década de 1990 con la ascensión de Alberto Fujimori Fujimori al poder. Una reacción 
paulatina que posicionó al Perú en la llamada “revolución conservadora” gestada en los 
años 80 por “los líderes de las potencias mundiales, como Margaret Thatcher, del Reino 
Unido, y Ronald Reagan, de los Estados Unidos”(CONTRERAS; CUETO, 2013, p. 
385). Así, el país amazónico-andino-costeño regresaba a una política económica de libre 
mercado. Por ende, la tierra se convertía en una mercadería con un valor significativo y 
aparecía la figura de la concentración de la tierra a través del neolatifundio. 
En consecuencia, con las políticas agrarias aplicadas en el gobierno de Fujimori se 
regresó a una tenencia de la tierra significativa que orientó el nacimiento de 
monocultivos con una “modernización” sustentada en la exportación. Así, en 1994 se 
tenía unidades agropecuarias (ua) menores de 20 hectáreas que representaban el 97% 
del total de las ua que “poseían las tres cuartas partes de las tierras de cultivo bajo riego 
y el 62% de las tierras de cultivo de secano. En cuanto a las tierras con pastos naturales 
(…), en un alto porcentaje pertenecían, y continúan siéndolo, a comunidades 
campesinas “(EGUREN, 2014, p. 169) (ver cuadro 3). 
Contexto que permitió la propagación de cooperativas con altos capitales invertidos 
en la agricultura y que menguó la participación campesina en la interacción productiva 
del país; puesto que, el interés nacional estaba orientado a la promoción de la 
exportación, una medida sugerida por la reestructuración neoliberal, donde el Estado 
13 
 
intervenía mínimamente en las políticas fiscales, aunque este sí tenía que asegurar la 
promoción de la inversión privada por medio de la reducción de impuestos y la venta de 
tierras “ociosas”. 
Cuadro 3. Perú, distribución de la tierra, por rangos de superficie y tipos de tierra, 
1994 (porcentaje) 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, III Censo Nacional Agropecuario, 1994. Eguren, 
De la reforma agraria al neolatifundio: el crecimiento capitalista del campo peruano. México: 
Universidad Autónoma Metropolitana, 2014. 
Sin embargo, a pesar de que se dinamizó la economía en términos 
macroeconómicos como lo muestra la gráfica 3, la mudanza de la Constitución Política 
de 1979 a la de 1993 permitió que el gobierno “redujera el impuesto a la renta de la 
actividad agraria a la mitad -15 % en lugar de 30% aplicable a las demás actividades 
económicas, y creó un régimen laboral específico para el agro: menores costos, menos 
derechos para los trabajadores y mayor flexibilidad” (EGUREN, 2014, p.173). Este 
aspecto trajo consigo una reducida participación sindical; puesto que, las cooperativas 
podían contratar y despedir sin estar atentando los derechos fundamentales de los 
trabajadores según las normas laborales basadas en la Constitución Política del Perú de 
1993. 
Situación que no cambió al asumir el gobierno Alejandro Toledo 
Manrique(2001-2006), debido a que se siguió priorizando las exportaciones y la firma 
de tratados de libre comercio que afectaban la venta de los productos agrícolas peruanos 
que no podían competir con los precios presentes en el mercado mundial. Por ello, la 
gestión de Toledo estuvo marcada por un escaso liderazgo, e infectado por casos de 
corrupción presentes en su mandato que tras el intento de la creación de un plan de 
promoción agraria se estructuró más las políticas neoliberales iniciadas en el gobierno 
14 
 
de Alberto Fujimori que favorecían en gran medida a los grupos empresariales de la 
agroindustria peruana. 
Gráfica 3. Producto Interno Bruto total, agrario y per cápita, 1970-2011 
 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú e Instituto Nacional de Estadística e Informática. Eguren, F., 
De la reforma agraria al neolatifundio: el crecimiento capitalista del campo peruano. México: 
Universidad Autónoma Metropolitana, 2014. 
 Al asumir por segunda vez el gobierno Alan García (2006-2011), se inició un 
proceso de firma de Tratados de Libre Comercio (TLC) con las grandes potencias 
económicas como Estados Unidos, China, y la Unión Europea que aumentó la inversión 
de capital privada, pero que se presentó como un ambiente desfavorable para la venta de 
productos agrícolas nacionales; puesto que, los países participantes en los tratados 
colocaban impuestos desorbitantes, mientras que el Perú se mostraba flexible ante el 
avance de productos agrícolas extranjeros en el mercado interno. 
Así, a pesar de que las tasas de crecimiento durante los diecinueve años de 
democracia superaron el 7 % y el agro se vio “favorecido”por el incremento en las 
exportaciones, aún las desigualdades entre los grandes productores y los campesinos se 
acentuaron. Por ello, “el crecimiento no se acompañó de una mejor distribución del 
ingreso. El Gini fue de 0.5 mientras que el PBI per cápita se elevó, en términos reales en 
50% en el período 2002-2010” (MENDOZA, 2011). Por lo tanto, a pesar de las 
desigualdades en la distribución de la riqueza, la economía peruana en términos 
macroeconómicos “ha tenido efectos positivos en la reducción de la pobreza. Esta pasó 
de 48, 6% en 2004 a 27, 8% en 2011. Sin embargo la pobreza rural aún se mantuvo en 
56, 1 % (INEI, 2011). 
 Existen varias razones para que la pobreza en el área rural no se haya reducido y 
estas están vinculadas a la distribución de la tierra que desde el inicio de la democracia 
15 
 
estuvo marcada por una creciente apropiación de hectáreas por parte del capital 
extranjero. 
Por ende, como señala Eguren (2014, p. 178) la pobreza rural asociada a la 
concentración de la propiedad de la tierra se dio por las principales razones: 
a) Mercado de tierras: los pequeños agricultores tienden a vender sus 
propiedades debido al escaso financiamiento.
5
 
b) Adquisición de grandes inversionistas de decenas de miles de hectáreas de 
tierras fiscales eriazas que son incorporadas a la agricultura con 
financiamiento público. 
c) Privatización de las cooperativas 
Posteriormente, con la llegada de Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y 
Martin Vizcarra se mantuvieron políticas promercado que incentivaron la inversión 
privada sujeta a la agroexportación de productos tradicionales y no tradicionales al 
mercado internacional. Así desde 1960 hasta el 2004 en adelante, el Perú tuvo una 
participación económica con constantes cambios que se pasó de promercado, al 
proteccionismo, luego al promercado, después al populismo y en la actualidad al 
promercado. 
Esta situación posicionó a la agricultura en el 2018 como el sector que 
“representa el 5,3% del PBI nacional y contribuye con el 24, 1% del empleo total del 
país. Además, el sector agrario genera una seguridad alimentaria y reduce la pobreza 
rural en el Perú” (MOSTAJO, 2018, p.4). Por ello, se estima que para el 2021 crecerá en 
un promedio anual del 4%, esta cifra alcanzará un total de 10 millones de dólares en 
exportación según datos del Ministerio de Agricultura y Riego (2018). 
En conclusión, la agricultura peruana en el 2019 se caracteriza por su interés en 
la agroexportación a través del fomento de la producción tradicional y no tradicional, 
que estructura mecanismos de cultivo masivo y monocultivo sujetos a la concentración 
de la tierra. Por ende, uno de los desafíos del Perú tras años de la reforma agraria 
velasquista, no solo está en posibilitar el acceso de los campesinos al uso y explotación 
de la tierra, sino en crear programas de fomento de la producción en pequeñas 
propiedades y de diversificar el cultivo agrícola, así como generar mercados internos 
que eviten la dependencia agroexportadora de los últimos años. 
 
5
 El Ministerio de Agricultura y Riego estimó que entre los años 2006 y 2011 se realizaron transferencias 
de 55 000 hectáreas en la costa y sierra peruana, un 6% y 7% de las tierras cultivables en la región 
costeña del Perú. 
16 
 
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