0007098_A1

Vista previa del material en texto

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA 
 DE MEXICO 
 
 FACULTAD DE DERECHO 
 
 SEMINARIO DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
AMPARO 
 
 
 
 
 
 
 LA INEFICACIA DEL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD 
EN LAS SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA 
LEYES EN MATERIA FISCAL Y EL PROYECTO DE 
DECRETO QUE ADICIONA EL INCISO A) A LA FRACCION VII 
DEL ARTICULO 107 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
 
 T E S I S 
 
 Q U E P R E S E N T A : 
 
 DIEGO ALONSO BECERRA LINARES 
 
 
 
 
 
 
ASESOR: LIC. SERGIO ANTONIO LINARES PEREZ 
 
 
CIUDAD UNIVERSTARIA, 2010. 
 
 
UNAM – Dirección General de Bibliotecas 
Tesis Digitales 
Restricciones de uso 
 
DERECHOS RESERVADOS © 
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
 
Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 
El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 
 
 
 
 
 
INDICE 
 
INTRODUCCION I 
 
CAPITULO PRIMERO. ANTECEDENTES Y NACIMIENTO DEL AMPARO. 
I. Antecedentes Mediatos de Amparo. 
 
1. Roma. 
 
1.1. Interdicto de Homine Libero Exhibendo. 1 
1.2. Intersesio Tribunicia. 2 
 
2. El Habeas Corpus en Inglaterra. 2 
 
3. Procesos Forales Aragoneses. 2 
 
3.1. Proceso de Firma. 3 
3.2. Proceso de Manifestación. 4 
3.3. Proceso de Aprehensión. 4 
3.4. Proceso de Inventario. 5 
3.5. Recurso de Fuerza. 5 
 
4. Amparo Colonial. 6 
 
II. Influencias Externas. 
 
1. Angloamericana. 7 
 
1.1. Habeas Corpus. 8 
1.2. Revisión Judicial de la Inconstitucionalidad de Leyes. 9 
1.3. Writ of Mandamus. 11 
1.4. Writ of Injunction. 12 
 
2. Francesa. 13 
 
2.1. La Casación. 14 
 
III. Nacimiento del Amparo Mexicano. 
 
1. Constitución Yucateca de 1841. 15 
 
2. Acta de Reforma de 1847. 18 
 
 
3. Constitución de 1856 – 1857. 19 
 
3.1. Artículo 101 y 102 Constitucionales. 20 
3.2. Ley Reglamentaria de 1861. 22 
3.3. Ley de 20 de Enero de 1869. 23 
3.4. Ley de 14 de Diciembre de 1882. 24 
3.5. Código de Procedimientos Federales de 1897. 25 
3.6. Constitución de 1917. 26 
3.7. Ley de 18 de Octubre de 1919. 30 
3.8. Reforma Constitucional de 1928. 31 
3.9. Ley de 10 de Enero de 1936. 31 
 
CAPITULO SEGUNDO. PRINCIPIOS DEL JUICIO DE AMPARO. 
 
1. Principio de procedencia constitucional del amparo. 33 
1.1. Amparo Garantías. 34 
1.2. Amparo soberanía. 35 
1.3. Amparo contra leyes. 36 
2. Principio de procedencia de amparo indirecto. 37 
3. Principio de procedencia de amparo directo. 38 
4. Principio de iniciativa de parte agraviada. 39 
5. Principio de agravio personal y directo. 40 
6. Principio de prosecución procesal. 41 
7. Principio de definitividad del acto reclamado. 41 
8. Principio de indivisibilidad de la demanda de amparo. 44 
9. Principio de límite de pruebas en el amparo indirecto. 44 
10. Principio de límite de prueba en el incidente de suspensión. 45 
11. Principio de límite de incidentes en el juicio de amparo. 46 
12. Principio de límite de recursos en el amparo. 48 
13. Principio de estricto derecho en el amparo. 48 
14. Principio de relatividad de las sentencias de amparo. 49 
15. Principio de competencia en el recurso de revisión en función de la 
materia de control. 51 
 
CAPITULO TERCERO. EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LEYES. 
 
I. Amparo indirecto contra leyes. 56 
 
1. Procedencia constitucional. 61 
2. Procedencia legal del amparo indirecto contra leyes. 63 
 
 
3. Substanciación del amparo indirecto contra leyes 65 
 
a. Requisitos de la demanda. 65 
b. Proveído inicial. 66 
c. Informe justificado. 69 
d. Audiencia constitucional. 73 
i. Periodo probatorio. 74 
ii. Periodo de alegatos. 78 
iii. Sentencia. 78 
 
4. Recurso de revisión. 81 
 
II. Amparo directo contra leyes. 85 
1. Procedencia constitucional. 85 
2. Procedencia legal del amparo directo contra leyes. 87 
3. Substanciación del amparo directo contra leyes. 89 
 
a. Requisitos de la demanda. 91 
b. Proveído inicial. 93 
c. Auto admisorio y turno. 94 
d. Sentencia. 95 
e. Recurso de Revisión. 96 
 
CAPITULO CUARTO. EL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD EN LAS 
SENTENCIAS DE AMPARO CONTRA LEYES. 
 
1. Concepto y alcance del principio de relatividad de las sentencias. 99 
2. Marco constitucional y legal del principio de relatividad. 102 
3. Antecedentes del principio de relatividad de las sentencias. 104 
a. Derecho comparado. 104 
b. Derecho mexicano. 105 
4. La relatividad de las sentencias de amparo contra leyes en materia fiscal. 114 
5. Proyecto de Decreto de la Comisión de Puntos Constitucionales. 118 
a. Exposición de motivos. 122 
b. Alcance de la reforma propuesta al artículo 107 fracción VII inciso A 
Constitucional. 125 
c. Crítica al proyecto de reformas. 127 
 
CONCLUSIONES. 135 
BIBLIOGRAFIA. 138 
LEGISLACIÓN. 140 
 
 
INTRODUCCION 
 
 El juicio de amparo es el medio de defensa a través del cual se busca 
proteger los derechos públicos subjetivos de los gobernados. 
 En la actualidad, nuestro juicio de amparo representa uno de los 
instrumentos que cobra mayor relevancia dentro de nuestro sistema jurídico, 
toda vez es una institución que ha servido de resguardo a todos los 
gobernados contra las arbitrariedades, abusos y excesos de las autoridades. 
 Los juristas que crearon dicha noble institución y fijaron las bases de la 
misma, fueron Manuel Crescencio Rejón y Mariano Otero. 
 Por su parte, Rejón fue quién primeramente efectuó su planteamiento 
jurídico en su Proyecto de Constitución para Yucatán en 1841, mientras que las 
ideas de Otero se vieron plasmadas en el Acta de Reformas a la Constitución 
de 1824, en el año de 1847. 
 El legado de los jurisconsultos antes precisados, es nuestro juicio de 
amparo, el cual descansa a su vez en diversas instituciones y principios 
rectores que son y constituyen los principios generales del derecho aplicados al 
juicio de amparo, mismos que se encuentran contemplados en el artículo 107 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la 
Ley de Amparo. 
 Sin orden de importancia, algunos de estos principios rectores son los 
siguientes: principio de iniciativa de parte agraviada, principio de agravio 
personal y directo, principio de definitividad, principio de relatividad, principio de 
límite de pruebas, entre otros. 
 Uno de los principios que cobran mayor relevancia y trascendencia en 
la actualidad y que será materia de estudio durante el desarrollo del presente 
trabajo, es el principio de relatividad de las sentencias. 
 
I 
 
 
 Como preámbulo, podemos señalar que este principio consiste en que 
las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo por los órganos 
competentes del Poder Judicial de la Federación, sólo se ocuparán de los 
casos concretos que se les planteen; tiene un alcance relativo en virtud de que 
solo se limita a proteger al quejoso o quejosos, respecto al acto que haya 
reclamado en el juicio de amparo y en contra de la autoridad señalada como 
responsable, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la 
motivare, es decir, este principio limitalos efectos de las sentencias al caso 
concreto. 
 Ahora bien, durante el desarrollo de este trabajo, se analizará el 
principio de relatividad a la luz del Proyecto de Decreto que adiciona una 
fracción VII Bis al artículo 107 Constitucional, suscrita por diputados de 
diversos grupos parlamentarios, que propone crear un procedimiento más 
especializado para los amparos promovidos contra leyes fiscales que se 
promueven de forma masiva o cuyo contenido sea de suma importancia y 
trascendencia para el país, así como extender los alcances del amparo fiscal 
para privilegiar el acceso a la justicia de todos los gobernados. 
 El principio de relatividad de las sentencias constituye uno de los 
pilares fundamentales del juicio de amparo, mismo que dentro del Decreto que 
adiciona una fracción VII Bis al artículo 107 Constitucional, dejaría de cobrar 
aplicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
II 
1 
 
CAPÍTULO I 
 
ANTECEDENTES Y NACIMIENTO DEL AMPARO 
 
I. ANTECEDENTES MEDIATOS DEL AMPARO. 
 
1. ROMA 
 
1.1. Interdicto Romano de Homine Libero Exhibendo. 
 
 El interdicto romano de homine libero exhibendo, es considerado 
únicamente como un antecedente de las instituciones defensoras de la libertad 
individual, y que se estableció en la ley I, Libro 43, Título 29 del Digesto. 
 
 Tenía como objetivo principal la defensa de la libertad individual, 
cuando un hombre libre, sin fundamento alguno, era puesto en alguna de las 
prisiones particulares que tenían los patricios, por sí o por interposita persona 
podía acudir el afectado ante el Pretor, para que le fuera expedido un interdicto 
a fin de lograr obligar a quien lo mantenía preso, a que fuera exhibido ante 
dicho Pretor, y se mantuviera bajo su jurisdicción hasta que éste resolviera 
sobre la justicia o injusticia del caso.1 
 
 Este interdicto puede citarse como un antecedente remoto del juicio de 
amparo mexicano, el cual sólo se daba como procedimiento de defensa 
concedido en contra de los particulares y no en contra de la autoridad del 
estado como se establece en el artículo 103 de nuestra constitución federal. 
 
 
 
 
 
 
1
 Cfr. NORIEGA, Alfonso, "Lecciones de Amparo", Edit. Porrúa, S.A., México, 1997, pp. 57 y 58. 
2 
 
1.2. Intercessio Tribunicia. 
 
 La intercessio romana, es decir, intercesión, era un procedimiento 
protector de la persona frente a las arbitrariedades del poder público, por el 
cual, concedía al ciudadano perjudicado el derecho de reclamar ante el tribuno 
de la plebe, auxilio y protección – apellatio auxilium -, a través de un mandato 
de los magistrados, el cual era tan eficaz que se extendía a la impugnación y 
nulificación de las leyes, a los actos de justicia civil, y a los relativos a la 
percepción de impuestos. 
 Entre los elementos de la intercessio tribunicia se encuentran la parte 
agraviada, la autoridad responsable, materia de la queja, términos de 
interposición del juicio, casos de improcedencia, anulación del acto reclamado 
y una figura superior a la suplencia de la queja deficiente.2 
 
 Estimo que esta institución guarda una familiaridad con el juicio de 
amparo mexicano, aún cuando no puede ser considerada como un 
antecedente directo del amparo mexicano. 
 
2. EL HABEAS CORPUS EN INGLATERRA 
 
 El derecho consuetudinario inglés consagró el writ of habeas corpus 
como el procedimiento que permitía someter a los jueces el examen de las 
órdenes de aprehensión ejecutadas y la calificación de la legalidad de sus 
causas.3 Como resultado de un suceso en 1679, en el cual, Hampden y otros, 
por orden del rey, fueron encarcelados por negarse a pagar un préstamo 
forzoso que el Parlamento no había decretado, por lo que recurrieron al 
mencionado recurso en defensa de su libertad. Después de negárseles por 
considerar que la orden del rey era una causa legal y suficiente para la prisión, 
el citado Parlamento declaró que el writ of habeas corpus no podía ser negado, 
sino que debía concederse a todo hombre que fuera arrestado o detenido en 
 
2
 Ibídem, pp. 58 y 59. 
3
 Cit. BURGOA O., Ignacio, “El Juicio de Amparo ", Edit. Porrúa, S.A., 34 Edición, México, 1998, p. 61. 
2 
 
prisión o de otra manera atacado en su libertad personal, por orden del rey, de 
su Consejo privado o de cualquier otra autoridad.4 
 
 Auténticamente, el writ of habeas corpus se estableció como un 
procedimiento para proteger la libertad personal, en contra de toda detención y 
prisión arbitraria, ya que obligaba a la persona o autoridad a presentar el 
cuerpo del detenido al juez ante quien se interponía, mientras se averiguaba la 
legalidad del acto aprehensivo o de la orden de la cual emanaba; por lo cual en 
la doctrina, es considerado como un precedente directo del juicio de amparo 
mexicano, ya que ambos son medios jurídicos para garantizar la seguridad del 
detenido, sin embargo, debe advertirse que a diferencia del amparo mexicano, 
éste procedimiento se promovía contra detenciones no sólo de la autoridad, 
sino de una persona. 
 
 La declaración de writ of habeas corpus fue elevada a la categoría de 
ley y continúa siendo fundamental en el régimen jurídico de Inglaterra, con el 
nombre de “Petition of rights”. 
 
3. PROCESOS FORALES ARAGONESES 
 
 Durante la Edad Media, entre los siglos XI al XIII, en España fue creada 
una institución denominada El Justicia Mayor de Aragón, quien tenía a su 
disposición ciertos procedimientos jurídicos para vigilar el cumplimiento exacto 
de las leyes y combatir las violaciones a la ley cometidos por particulares, así 
como el moderar los actos de autoridad que fuesen contrarios al Derecho. 
 
 El Justicia Mayor de Aragón, era auxiliado por un grupo de 
lugartenientes o insaculados y atendían los llamados procesos forales o juicios 
privilegiados, en cuatro diferentes clases: 
 
 
 
4
 Cit. ARELLANO GARCÍA Carlos, “El Juicio de Amparo” Edit. Porrúa, México, 2000, pp. 47 y 48. 
3 
 
3.1. Proceso de Firma 
 
 Mediante este proceso, el Justicia, y posteriormente la Real Audiencia, 
decretaba la prohibición de que ninguna persona podía ser molestada o 
turbada en su persona, derechos o propiedades, hasta que se dictara sentencia 
en el juicio correspondiente. 
 
 Existían diversas clases de firmas; las comunes, causales, posesorias, 
titulares, de agravios temidos, de agravios hechos y de apelación. 
 
 Las comunes o volanderas inhibían a todos los jueces seculares del 
Reino en molestar los derechos, bienes o persona del solicitante. Podían ser 
simples, porque se obtenían con solo estar a disposición del Justiciazgo de 
Aragón, es decir, sin pruebas; o bien motivadas, ya que al pedirse ante el 
Justicia, se alegaba un conjunto de excepciones capaces de extinguir o 
suspender cualquier obligación. 
 
 Las causales inhibían molestar al firmante, por algún caso especial, 
eran similares a las excepciones dilatorias y perentorias de nuestro sistema. 
 
 Las posesorias eran las inhibiciones que obtenían los firmantes, para 
que no se causara molestia en la posesión que hubiesen alegado y probado. 
 
 Las titulares eran obtenidas para que el firmante no fuese molestado en 
virtud del fuero o titulo presentado. 
 
 En las firmas de agravios temidos, el Justicia apercibía al juez, a fin de 
que no incurriese en contrafuero y se evitara causar un agravio al solicitante. 
 
 A través de las firmas de agravios hechos el Justicia procedía a 
decretar la inhibición del juez (por haber quebrantado la forma o por infringir la 
ley) y rectificaba el agravio ocasionado, resolviendo el caso como si se tratara 
de una apelación presentada ante él. 
4 
 
 
 La firma de apelación era promovida en contra del auto o sentencia del 
juez eclesiástico, que lo ejecutaba, como si la apelaciónfuese en un solo 
efecto, pero más tarde se exceptuó en los asuntos seguidos por el Santo 
Oficio.5 
 
3.2. Proceso de Manifestación 
 
 Consistía en apartar a las autoridades ordinarias de su acción en 
contra de determinada persona, con la finalidad de prevenir actos arbitrarios en 
contra de los habitantes de Aragón. 
 
 A través de este proceso, el preso o el detenido demandaba fuese 
liberado del uso de la fuerza o extorsión del que era víctima, y podían suceder 
dos situaciones distintas: el preso era liberado por no existir fundamentos para 
su detención, o bien, en caso de que se dictaminara que debía continuar 
detenido, el Justicia ordenaba su ingreso en la Cárcel de Manifestados, 
garantizando la integridad y la libertad de las personas que lo demandaran.6 
 
3.3. Proceso de Aprehensión 
 
 En este proceso, el Justicia o la Real Audiencia, efectuaba el secuestro 
de bienes inmuebles hasta que se decidiera quién era el verdadero poseedor 
de éstos. Estaba conformado por cuatro partes: provisión y ejecución de la 
aprehensión; el artículo del litispendendente o sumarísimo; artículo de la firma 
o plenario posesorio; y la del artículo de propiedad. 
 
 
 
 
5
 Cfr. NORIEGA, Alfonso, “Lecciones de Amparo”, pp. 23 y 24. 
6
 Ibídem, p. 26. 
5 
 
3.4. Proceso de Inventario 
 
 Asimismo, se efectuaba un secuestro de bienes, pero únicamente 
muebles, en los cuales se incluía todo tipo de documentación o papeles, hasta 
que se decidiera en un juicio sobre quién era el verdadero poseedor. 
 
 Los bienes judicialmente incautados podían continuar bajo el cuidado 
del poseedor si los recibía como fianza, pero si se negaba después de ser 
requerido por la autoridad judicial, hasta tres veces, la autoridad podía 
sacarlos, secuestrarlos y darlos en fianza, al que hubiese solicitado que se 
realizara el inventario o a una tercera persona investida con autoridad y 
responsabilidad de la guarda y cuidado de los bienes.7 
 
3.5. Recurso de Fuerza 
 
 Este recurso era la reclamación que la persona que se sentía 
injustamente agraviada por algún juez eclesiástico, hacía valer ante el juez 
secular, implorando su amparo y protección para que la autoridad civil 
dispusiera que la eclesiástica “alzara la fuerza o violencia” que hacía al 
agraviado. 
 
 El juez eclesiástico podía ejercer la fuerza de tres modos: 
 
 Cuando conocía en causas profanas y que no estaban sujetas a su 
jurisdicción. 
 
 Cuando conociendo de una causa que correspondía a sus atribuciones, 
no observaba en sus trámites el método y forma que prescribían las 
leyes y cánones. 
 
 
7 Ibídem, p.25. 
6 
 
 Cuando no se otorgaran las apelaciones interpuestas por los 
interesados, siendo éstas admisibles de acuerdo con el derecho.8 
 
Los efectos de la resolución de “quitar o alzar la fuerza”, eran la reposición 
de las cosas al estado en que se hallaban antes del acto que motivaba el 
recurso, reparándose el mal que se había ocasionado, sin fianza alguna de 
parte del quejoso. 
 
4. AMPARO COLONIAL. 
 
 El investigador Andrés Lira se refiere a lo que denomina un “amparo 
colonial”, el cual consideró como un sistema por el cual la autoridad máxima de 
entonces, el virrey, otorgaba protección a una persona frente a autoridades 
inferiores y también frente a otras personas, que sin tener ese carácter de 
autoridad, se hallaban en una situación ventajosa en las relaciones con el 
protegido, debido a su posición social y a su poder real dentro de la sociedad 
colonial.10 
 
 A través del estudio del investigador antes precisado, se llegó a 
determinar que "en el sistema jurídico novo hispánico imperaba el principio de 
legalidad como elemento de seguridad para los bienes y derechos de los 
gobernados y el cual, sin duda alguna, propició el ambiente sociopolítico para 
que fructificara durante la segunda mitad del siglo XIX el juicio de amparo 
mexicano. 
 
 
 
 
 
 
8
 Ibídem, pp. 60 - 62. 
10
 Cit. BURGOA O., Ignacio, “El Juicio de Amparo ", p. 98. 
7 
 
II. INFLUENCIAS EXTERNAS. 
 
1. ANGLOAMERICANA 
 
 El derecho inglés pasó de Inglaterra a Norteamérica de la forma más 
sencilla, como un principio de common law establecido por el Calvin´s Case, en 
el cual, la gente de habla inglesa “transporta su derecho con ellos” cuando se 
instalaban sobre un territorio en el que ningún derecho civilizado estaba en 
vigor, por lo menos en la medida que aquél era aplicable a sus nuevas 
condiciones. El derecho inglés era un derecho innato (birthright) y una herencia 
(inheritance). Así pues, los colonos de la Virginia Co. of London se 
establecieran en la desembocadura del Chesapeake, en 1607, para que el 
derecho inglés fuera “importado” a Norteamérica. Además la mayor parte de las 
Cortes de establecimiento de las colonias, preveían la aplicación del derecho 
inglés y, en estas condiciones, el derecho inglés no tenía que ser “recibido” y 
era, sencillamente, “transportado”.11 
 
 Esto es así, pues desde la fundación de las colonias inglesas 
funcionaba el common law inglés, convirtiéndose así el habeas corpus en una 
de las figuras más importantes aclimatadas en suelo americano. 
 
 Debido a la herencia del common law, el habeas corpus se practicó en 
las distintas colonias inglesas de América del Norte, que, al independizarse de 
su metrópoli, conservaron su tradición jurídica. Desde sus orígenes, el habeas 
corpus ha sido en los Estados Unidos un writ, es decir un recurso ante la 
autoridad judicial para preservar la libertad personal contra aprehensiones o 
detenciones arbitrarias o no justificadas provenientes de autoridades 
administrativas y específicamente políticas.12 
 
 
11
 NORIEGA, Alfonso, “Lecciones de Amparo”, p. 54. 
12
 BURGOA O., Ignacio, “El Juicio de Amparo ", Ibídem, p. 78. 
8 
 
 Posteriormente, con la Constitución de 1787, se impulsó para pasar de 
una confederación a una Federación, consolidando así, los lazos unitarios que 
existieron entre las colonias. 
 
 En este documento político, se establecieron los casos en que podía 
ser suspendido el Habeas Corpus, que era solamente en los casos de rebelión 
o invasión, siempre y cuando se pusiera en peligro la seguridad pública. 
 
 Asimismo, se precisó el control jurisdiccional de la Constitución, 
ejercido por el Poder Judicial de los Estados Unidos, donde se estableció que 
“El poder judicial conocerá de todos los casos que en derecho y equidad 
dimanen de la Constitución y leyes de la Federación, así como de los tratados 
ya celebrados o que puedan celebrarse en lo sucesivo bajo su autoridad; de 
todos los casos que afecten a los embajadores, demás ministros públicos, y a 
los cónsules; de todos los casos de la jurisdicción de almirantazgo y marina; 
de las controversias en que la federación fuera parte; de las que se siguieren 
entre dos o más Estados, entro un Estado y los ciudadanos de otro, entre 
ciudadanos de diferentes Estados, entre ciudadanos del mismo Estado que 
reclamen terrenos bajo concesiones hechas por diversos Estados, y entre un 
Estado o sus ciudadanos, y Estados, ciudadanos o súbditos extranjeros.”13 
 
1.1. Habeas Corpus. 
 
 Como ha sido mencionado, el Habeas Corpus tuvo su origen en el 
Derecho Público Inglés, mismo que pasó a los Estados Unidos de América 
desde la fundación de las colonias inglesas en suelo americano. 
 
 Es considerado como un writ, es decir, como un recurso ante la 
autoridad judicial para proteger la libertad humana contra aprehensiones o 
detenciones arbitrarias o no justificadas provenientes de autoridades 
administrativas y políticas. 
 
 
13
 Ibídem, p. 58. 
9 
 
 IgnacioVallarta sostuvo una doble tesis: en primer lugar, señalaba que 
el Writ of Habeas Corpus era el procedimiento que existía en los Estados 
Unidos de Norteamérica con el objeto de defender la Constitución y las 
libertades individuales, y en segundo lugar, que el recurso que nos ocupa era el 
antecedente directo de nuestro juicio de amparo,14 ya que esta institución es 
considerada como un mandamiento, dirigido por un juez competente, a la 
persona o autoridad que tenga detenido o aprisionado a un individuo, 
ordenándole que exhiba y presente a la persona aprehendida o secuestrada, 
en lugar y hora señalados, que exprese el fundamento de la detención o 
arresto y, además, que cumpla con todas las demás prevenciones prescritas 
por el juez que despacha el mandamiento, para garantizar la seguridad del 
detenido; es decir, se trata de un procedimiento judicial sumario, encaminado a 
liberar a las personas de toda privación ilícita de su libertad y especialmente de 
cualquier arresto, detención o aprisionamiento ilegal.15 
 
1.2. Revisión Judicial de la Inconstitucionalidad de Leyes. 
 
 Este control constitucional es de carácter difuso según lo ha analizado 
la doctrina y se integra por instituciones que no fueron creadas de manera 
específica para el control constitucional, sino que está constituido por una serie 
de recursos ordinarios creados y establecidos en todos los juicios civiles y 
penales de los que conocen los tribunales en general, pero tiene su 
antecedente en el sistema procesal del Common Law inglés, que fue adoptado 
en los Estados Unidos de América a través de la Ley del Poder Judicial de 
1789, cuyas reformas han sido las mínimas, pudiendo señalarse como 
características de dicho control las que comenta.16 
 
 La técnica judicial Norteamericana para mantener la supremacía 
constitucional no requiere, como el Sistema Mexicano, la fórmula de un 
juicio especial, sino que la función se realiza por los tribunales, mediante la 
 
14
 Ibídem, p. 65. 
15
 Cit. NORIEGA, Alfonso, "Lecciones de Amparo", pp. 63 y 64. 
16
 NORIEGA, Alfonso, "Lecciones de Amparo", p. 68. 
10 
 
aplicación del derecho procesal anglosajón y los recursos extraordinarios 
del mismo derecho que dan lugar a un control difuso. 
 La materia constitucional se plantea ante los Tribunales mediante las 
acciones y los recursos del derecho procesal común, por vía de excepción, 
lo cual significa que las cuestiones constitucionales se plantean en juicios 
entre simples particulares, cuando el actor basa su acción o el demandado 
sus defensas, en un precepto constitucional, en una ley federal, o en un 
tratado internacional. Así, el juicio después de pasar por las instancias 
iniciales, y a través de los recursos es del conocimiento de la Suprema 
Corte de los Estados Unidos, la cual declarará sobre la constitucionalidad 
de la ley, pudiendo en su caso decretar su nulidad. 
 Los juicios y asuntos del orden judicial pueden llegar al conocimiento de la 
Suprema Corte para su revisión y fallo definitivo a través de tres medios: 
por el recurso ordinario de apelación, el writ of certiorari y por el certification 
of questions. Todos estos medios de recurrir las sentencias no son 
instituciones creadas expresamente para el control constitucional. 
 El recurso de apelación procede, de conformidad con el artículo 25 de la 
Judiciary Act cuando se impugne una sentencia que resuelva la invalidez 
de un tratado internacional, una ley federal o un acto de una autoridad 
federal; así como en el caso de que se impugne una sentencia que 
resuelve la validez de una ley local o un acto de una autoridad local, que 
fueron objetados por ser contrarios a la Constitución, tratados o leyes 
federales y en el caso de que se impugne una sentencia que resuelva 
sobre la interpretación de cualquier precepto de un Tratado Internacional, 
de la Constitución Federal o de una Ley Federal. 
 Por otra parte existen los recursos extraordinarios que se formaron 
espontáneamente por el derecho consuetudinario, estos no se promueven 
entre simples particulares, sino cuando la cuestión se suscita entre estos y 
las autoridades para reclamar la inconstitucionalidad de una ley o acto que 
viole los derechos personales del quejoso y para pedir que el Tribunal 
ordene la suspensión y declare la nulidad de los mismos. Estos recursos 
son el habeas corpus, el mandamus, el prohibition y el quo warranto. 
11 
 
 Sobre la naturaleza y objeto del habeas corpus ya hablamos en párrafos 
anteriores, en cuanto al writ of mandamus este consiste en un 
mandamiento que dicta un tribunal a otro inferior, o a cualquier autoridad 
administrativa, ordenando la ejecución de un deber impuesto por la ley, es 
un procedimiento exclusivamente valido en materia civil y sólo procede 
cuando la obligación de la autoridad a quien se dirige el mandato proviene 
de una norma civil expresa. 
 Por su parte, el writ of progidition se traduce en un mandamiento que dicta 
el Tribunal Superior al juez, ordenando cesara o suspender la tramitación 
del procedimiento con base a que el asunto principal del que está 
conociendo no pertenece a su jurisdicción, este recurso procede 
únicamente en materia civil. 
 Por último el, writ quo warranto es el mandamiento que expide un tribunal 
superior a otro inferior, con el objeto de impedir que este último obre en 
cualquier asunto sin competencia, o que teniéndola se exceda en sus 
facultades. 
 
 Este sistema del control constitucional o “juicio constitucional 
norteamericano”, vigente desde 1789, contiene elementos que más adelante, 
los fundadores del amparo mexicano reformaron con el fin de establecer la 
institución nacional que juzgaron mas adecuada para el desarrollo de nuestro 
país respecto al control constitucional de los actos de la autoridad en sentido 
amplio. 
1.3. Writ of Mandamus. 
 
 El Writ of Mandamus es de origen Inglés, y formó parte del derecho 
procesal ordinario de los Estados Unidos desde antes de la Independencia de 
ese país. 
 
 Este recurso consiste en un mandamiento de la autoridad competente, 
dirigido a la autoridad ordenándole la ejecución de un acto que tiene la 
obligación de realizar; es decir, es dictado de un tribunal a otro inferior, o a 
12 
 
cualquier autoridad administrativa, ordenando la ejecución de un deber 
impuesto por la ley. 
 
 Es procedente cuando el deber del funcionario está ordenado por la ley 
y no se deja a su arbitrio la manera de cumplirlo. Tiene por efecto exigir el 
cumplimiento de la obligación del funcionario, pero es ineficaz para controlar su 
arbitrio o criterio respecto a cómo ha de ejercer la facultad discrecional que le 
confiere la ley. 
 
 
 Otra restricción al poder de los jueces para dictar órdenes de ejecución, 
mediante el writ of mandamus es la relativa a la calidad o naturaleza de la 
parte en contra de la que se promueve, como es el caso del Presidente de los 
Estados Unidos, ya que sus atribuciones como Jefe del Ejecutivo emanan 
directamente de la Constitución, por lo que únicamente es responsable ante la 
Nación.17 
 
1.4. Writ of Injunction. 
 
 La injunction es un recurso de derecho adjetivo, a través del cual: el 
actor solicita al juez expida un mandamiento ordenando se suspenda la 
ejecución de cualquier acto ilícito por un particular o una autoridad, 
indistintamente; y en los juicios en materia constitucional, a efecto de que se 
examine la constitucionalidad de leyes o actos de la autoridad y suspendan e 
impidan su ejecución.18 
 El writ of injunction puede ser de las siguientes maneras: 
 -Mandatory injunction.- reviste la forma de una mandamiento afirmativo, 
porque su objeto es ordenar que se ejecute en la forma y en las partes 
ordenadas, una obligación impuesta conforme al mismo derecho de equidad. 
 
17
 Cfr.NORIEGA, Alfonso, "Lecciones de Amparo", pp. 71 y 72. 
18
 Cfr. BURGOA O., Ignacio, “El Juicio de Amparo ", p. 81. 
13 
 
 -Preliminary injunction.- es un mandamiento provisional, ya que tiende 
a impedir que la parte responsable ejecute o continúe ejecutando el acto 
reclamado, provisional o definitivamente, hasta que el tribunal que conoce del 
asunto dicte sentencia definitiva. 
 -Perpetual injunction o recurso final o perpetuo.- El tribunal de equidad 
al dictar sentencia definitiva en cuanto al fondo del litigio, convierte en firme el 
mandamiento otorgado provisionalmente al iniciarse el juicio, es decir, en 
afirmativo o prohibitorio de injunction. 19 
 En cuanto a sus efectos, el writ of injunction es igual a la suspensión 
provisional y definitiva establecida en nuestro juicio de amparo en materia civil. 
2. Francesa. 
 
 Durante el reinado de Luis XVI, Francia atravesó una grave situación 
hacendaria, aunado a que los nobles y clérigos mantenían sus privilegios. 
 
 Cansados de dicha situación, las clases sociales menos privilegiadas 
iniciaron la revolución. En mayo de 1789, el rey convocó a los Estados 
Generales, pero el tercer estado inconforme por no concedérsele una 
representación más amplia, se constituyó en Asamblea Nacional y 
Constituyente, suprimiendo los privilegios feudales y el 4 de agosto de 1789 
votó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y nacionalizó 
los bienes del clero, mientras el pueblo disgustado por la inflación, asaltó la 
Bastilla el 14 de julio del mismo año.20 
 
 El 21 de junio de 1793 fue incorporada en la Constitución francesa la 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la cual, constituye 
un antecedente del control de la constitucionalidad y legalidad de los actos de 
autoridad. 
 
 
 
19
 Cfr. NORIEGA, Alfonso, "Lecciones de Amparo", p. 74. 
20
 Cit. ARELLANO GARCÍA Carlos, “El Juicio de Amparo”, pp. 68 y 69. 
14 
 
2.1. La Casación. 
 
 La Revolución francesa, produjo la institución de la casación, como un 
órgano de control constitucional no judicial. 
 
 El Tribunal de Casación, después llamado Corte de Casación, es el 
órgano supremo de Francia, y tiene como principal función controlar que los 
órganos judiciales, en ejercicio de sus funciones, no invadiesen la esfera del 
propio poder legislativo, limitándose a la estricta y textual observancia de la 
ley,21 por lo que debe abstenerse de pronunciarse en cualquier forma sobre la 
interpretación de la ley. 
 
 Dicha Corte conoce del recurso de casación, el cual es un medio para 
atacar la ilegalidad de las sentencias definitivas que se pronuncian en juicios 
civiles y penales por errores in judicando e in procedendo, por lo general en 
torno a puntos estrictos de derecho. 
 
 Por consiguiente, la Corte de Casación no es un órgano de revisión 
total de dichos fallos, ya que no aborda las cuestiones de hecho, puesto que 
estas cuestiones vuelven a someterse al tribunal que determine la Corte, 
debiéndose estudiar nuevamente de conformidad con los puntos jurídicos 
resueltos en la decisión casacional.22 
 
 Por todas sus características, este recurso es semejante a nuestro 
amparo directo en materia civil y penal. 
 
 
 
 
 
 
 
21
 Ibídem, p. 70. 
22
 Cfr. BURGOA O., Ignacio, “El Juicio de Amparo ", p. 74. 
15 
 
III. NACIMIENTO DEL AMPARO MEXICANO. 
 
1. CONSTITUCIÓN YUCATECA DE 1841. 
 
 Su origen se encuentra en el proyecto de Constitución para el Estado 
de Yucatán de 1840, proyecto que se atribuyó directamente a Don Manuel 
Cresencio Rejón, documento que también fue suscrito por Don Pedro C. Pérez 
y Darío Escalante. 
 
 Es importante señalar que han surgido al respecto polémicas entre 
tratadistas de nuestro derecho constitucional, unos defienden a Manuel 
Cresencio Rejón como el primer estudioso del derecho que propuso un medio 
de control jurisdiccional de la Constitución denominado AMPARO, sin embargo 
otros exigen, para Mariano Otero esta consideración. 
 
 El proyecto de Rejón fue el primer documento histórico en el cual se 
utilizó el verbo “amparar” para referirse al acto jurisdiccional que otorgaría a la 
Corte Suprema de Justicia del Estado, la facultad para resguardar a la 
Constitución en contra de cualquier acto que la contraviniese. 
 
 En dicho proyecto propuso otorgar competencia a la Corte Suprema de 
Justicia del Estado, para amparar a los individuos en el goce de sus derechos, 
pero siempre y cuando lo solicitaran, ya sea contra las leyes, decretos de la 
Legislatura y providencias del Gobernador o del Ejecutivo, que hayan infringido 
del Código Fundamental o las leyes, limitándose a reparar el agravio en la 
parte en que éstas o la Constitución hubiesen sido violadas. 
 
 También propuso que los jueces de primera instancia ampararan a 
todo aquél individuo que resintiera alguna violación a sus garantías individuales 
o derechos garantizados, por parte de autoridades administrativas diversas del 
Gobernador o Ejecutivo Colegiado y concluye estableciendo que en relación a 
las violaciones de los derechos garantizados, por parte de los propios jueces, 
éstas deben ser conocidas por las Salas de la Corte Suprema de Justicia del 
16 
 
Estado23, es decir, las propuestas contenidas en el Proyecto de Manuel 
Cresencio Rejón de 1840, establecen un medio de control jurisdiccional de la 
Constitución denominada AMPARO, a través del cual se protege tanto la 
constitucionalidad de leyes o decretos, como la legalidad de las providencias 
dictadas por el Gobernador o Ejecutivo, pero en función de la defensa del 
individuo, pudiendo ejercitar el amparo sólo aquellos habitantes del Estado que 
resentían alguna violación, máxime si se afectaban sus garantías individuales 
inclusive por parte de los propios jueces. 
 
 Por otra parte, en el artículo 70 del proyecto, surge el medio de control 
constitucional conocido como “Control Difuso”, el cual era una obligación de 
primer orden para el Órgano Judicial debiendo acatar la Constitución, las leyes 
federales y los tratados a pesar de las disposiciones locales en contrario, 
debido a que ésta, es el documento jurídico de mayor jerarquía. 
 
 Es importante señalar que éste es el primer antecedente del principio 
general del derecho conocido como “Supremacía Constitucional”, previsto en el 
artículo 133 de la actual Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 En la actualidad, subsisten dentro del proceso de amparo los dos 
principios aportados por Cresencio Rejón, esto es: 
 
 Estableció el principio de iniciativa ó instancia de parte agraviada; 
 La relatividad de las decisiones definitivas que se produzcan dentro del 
proceso, es decir, limita los efectos de la sentencia de amparo al caso 
concreto y no le otorga efectos “erga omnes”.24 
 El Principio de Supremacía Constitucional, en el cual la Constitución se 
encuentra en la cúspide del ordenamiento jurídico. 
 
 
23
 Cfr. BURGOA O. IGNACIO, “El Juicio de Amparo”, p. 111. 
24 
Cfr. CASTRO Juventino V. “”Garantías y Amparo”, Edit. Porrúa, S.A., 7ª Edición, México, 1991, p.282. 
17 
 
 Finalmente el proyecto de 23 de diciembre de 1840 fue aprobado por el 
Congreso del Estado el 31 de Marzo de 1841 y entró en vigor en el Estado de 
Yucatán el 16 de mayo del mismo año25, conteniéndose las ideas principales 
en los artículos siguientes: 
 
ARTÍCULO 8.- Los jueces de primera instancia ampararán en el 
goce de los derechos, garantizados por el artículo anterior, a los que 
les pidan su protección contra cualesquiera funcionarios que no 
correspondan al orden judicial, decidiendo breve y sumariamente las 
cuestiones que se susciten sobre los asuntos indicados. 
 
ARTÍCULO 9.- De los atentados cometidos por los juecescontra los 
citados derechos conocerán sus respectivos superiores con la 
misma preferencia de que se ha hablado en el artículo precedente, 
remediando desde luego el mal que se les reclame, y enjuiciando 
inmediatamente al conculcador de las mencionadas garantías. 
 
ARTÍCULO 62.- Corresponde a este tribunal reunido (Corte Suprema 
de Justicia): 
I. Amparar en el goce de sus derechos a los que le pidan su 
protección contra las leyes y decretos de la Legislatura que sean 
contrarios al texto literal de la Constitución, o contra las providencias 
del Gobernado, cuando en ellas se hubiese infringido el código 
fundamental en los términos expresados, limitándose en ambos 
casos a reparar el agravio en la parte en que la Constitución hubiese 
sido violada.26 
 
 En resumen, en este documento se otorga a la Corte Suprema de 
Justicia de Yucatán competencia para conocer de los actos contrarios a la 
Constitución del Estado, provenientes ya sea del Congreso o del Gobernador, 
igualmente se otorga competencia a los Jueces de Primera Instancia para 
conocer del amparo en contra de cualquier acto que sea contrario a la ley 
suprema, proveniente de funcionarios públicos que no formen parte del poder 
judicial. También confirió competencia a las Salas de la Corte Suprema, para 
conocer de actos contrarios a la Constitución provenientes de los propios 
jueces, amparando a los gobernados en el goce de sus derechos, siempre y 
cuando pidan su protección, limitándose a reparar el agravio en la parte en que 
la Constitución hubiese sido violada. 
 
25 
ARELLANO GARCÍA Carlos, “El Juicio de Amparo”, p. 108. 
26
 BURGOA O., Ignacio, “El Juicio de Amparo”, Op. Cit. pp.115. 
18 
 
2. ACTA DE REFORMA DE 1847. 
 
 En diciembre de 1846, estando en pleno apogeo la guerra contra los 
Estados Unidos de América, se reunió el Constituyente integrado entre otros 
por Mariano Otero, Manuel Cresencio Rejón, Joaquín Cardozo, Pedro Zubieta y 
Juan J. Espinosa de los Monteros, quienes propusieron el restablecimiento de 
la Constitución de 1824, con excepción de Mariano Otero que no estuvo de 
acuerdo y sentó su voto particular intitulado “Acta de Reformas del 18 de mayo 
de 1847” en el cual proponía una serie de reformas a la Constitución, mismas 
que fueron aprobadas por el Congreso e integradas a la Constitución 
mencionada. 
 
 Por cuanto hace a la defensa de la Constitución, Otero sostenía un tipo 
de control mixto, uno jurisdiccional encomendado a los Tribunales de la 
Federación y otro político encomendado al Congreso de la Unión y a las 
Legislaturas de los Estados, porque los poderes políticos o las legislaturas 
locales podían impugnar la constitucionalidad de las leyes del congreso federal. 
Con relación al primer tipo de control que es sin duda la innovación más 
importante de la propuesta de Otero, consagró el juicio de amparo como 
instrumento protector de las garantías individuales y cuyo conocimiento se 
atribuía al Poder Judicial Federal, éste tipo de control se plasmó en el Artículo 
25 de la mencionada Acta de Reformas, el cual a la letra establecía: 
 
Artículo 25.- Los Tribunales de la Federación ampararán a cualquier 
habitante de la República en el ejercicio y conservación de los 
derechos que le concedan esta Constitución y las leyes 
constitucionales, contra todo ataque de los Poderes Legislativo y 
Ejecutivo, ya de la Federación, ya de los Estados; limitándose dichos 
tribunales a impartir su protección en el caso particular sobre que 
verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de 
la ley o del acto que lo motivare.27 
 
 
 
 
27 Cfr., RABASA, Emilio, “El Artículo 14 y el Juicio Constitucional”, Edit. Porrúa, 5ª Edición, México, 1984, 
Op. Cit., pp. 235. 
19 
 
 Con relación al segundo tipo de control, propuso que se otorgaran 
plenas facultades al Congreso de la Unión y a las Legislaturas de los Estados, 
para conocer respecto de la inconstitucionalidad de leyes, el primero declaraba 
la nulidad de aquellas que eran emitidas por los Estados, pero esta declaración 
sólo podía iniciarse en el senado (artículo 22)28, y el segundo de aquellas que 
eran emitidas por el Congreso de la Unión, pero siempre y cuando fuesen 
contrarias a la Constitución o las leyes. 
 
Al plantear Mariano Otero éste tipo de control constitucional, veía un problema, 
más que de justicia, de tipo político, es por ello que busca un equilibrio entre los 
poderes públicos, para lograr una estabilidad federal, cuyo remedio debía ser 
político también, y el cual no podía caer en la competencia de los tribunales. 
 
 Don Mariano Otero creó un sistema mixto de control constitucional, en 
razón de que, a través de los Tribunales Federales, vía amparo, busca proteger 
únicamente la parte dogmática de la Constitución y a través del Congreso de la 
Unión y Legislaturas de los Estados, busca proteger la parte orgánica de la 
misma. 
 
3. CONSTITUCIÓN DE 1856-1857. 
 
 La Constitución del 5 de febrero de 1857, al igual que la Constitución 
de 1824 es Federal, en virtud de que consagró el principio de división de 
poderes en republicano, representativo, popular y federal. 29 
 
 Del constituyente de 1856, es importante destacar la participación de 
Ponciano Arriaga, León Guzmán, Melchor Ocampo, entre otros, quienes 
propusieron que desapareciese el control político de la Constitución vía Poder 
legislativo establecido por el Acta de Reformas de 1847, ya que el poder 
político es peligroso, ya que entraña la confrontación de los poderes30 y por lo 
 
28 
Cfr. CARPIZO, Jorge, “La Constitución Mexicana de 1917”, Edit. Porrúa, 14° Edición, México, 2004, 
p.259. 
29 TENA RAMÍREZ, Felipe, "Leyes Fundamentales de México 1808-1989", Edit. Porrúa, México, 1989, 
Op, cit., p. 613, 44. 
30 
Cfr. CARPIZO, Jorge, “La Constitución Mexicana de 1917”, p.259. 
20 
 
tanto sólo subsistiera el control jurisdiccional de la Constitución vía Poder 
Judicial, propuesta que finalmente quedó plasmada en la Constitución de 1857. 
 
 Además, el Constituyente opinaba que para conocer del juicio de 
amparo, los tribunales de la Federación deberían proceder con la garantía de 
un Jurado popular que calificaría el hecho de la manera en que lo dispusiera la 
ley orgánica respectiva, opinión que a pesar de que fue debidamente aprobada 
por el Congreso, finalmente no fue tomada en cuenta debido a que el único 
miembro de la comisión, el constituyente León Guzmán, omitió establecer dicha 
institución en el texto definitivo de la referida Constitución de 1857.31 
 
3.1. Artículo 101 y 102 Constitucionales. 
 
 Por primera vez se establece en los artículos 101 y 102 de la 
Constitución de 1857, la procedencia del juicio de amparo con las siguientes 
características: exclusividad de los tribunales federales para conocer del 
amparo por violaciones a los derechos humanos, a la esfera federal o a las 
esferas estatales, siempre a instancia de parte, sin declaratoria general y sólo 
aplicable a casos concretos.32 
 
ARTÍCULO 101.- Los tribunales de la federación resolverán toda 
controversia que se suscite: 
I.- Por leyes ó actos de cualquiera autoridad que violen las 
garantías individuales. 
II- Por leyes ó actos de la autoridad federal que vulneren ó 
restrinjan la Soberanía de los Estados. 
III- Por leyes ó actos de las autoridades de estos, que invadan la 
esfera de la autoridad federal.33 
 
 
 
31
 FIX-ZAMUDIO, Héctor, "La Suprema Corte de Justicia como Tribunal Constitucional”, en “Reformas 
Constitucionales de la Renovación Nacional, Hacia un Nuevo Derecho Constitucional", PEREZNIETO 
CASTRO, Leonel (Compilador), Edit. Porrúa S.A., México, 1987, Op. cit., pp. , 510 y 511. 
32 
Cfr. GONZÁLEZ COSIO, Arturo, “Juiciode Amparo”, Edit. Porrúa, México, 1985, p. 31. 
33 
ARELLANO GARCIA, Carlos, “El Juicio de Amparo”, p.126. 
21 
 
ARTÍCULO 102.- Todos los juicios de que habla el artículo 
anterior se seguirán, a petición de la parte agraviada, por medio 
de procedimientos y formas del orden jurídico, que determinará 
una ley. La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de 
individuos particulares, limitándose a protegerlos y ampararlos en 
el caso especial sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna 
declaración general respecto de la ley o acto que la motivare. 
 
 De los artículos transcritos, se desprende lo siguiente: 
 
 a) De acuerdo a la fracción I del artículo 101, el amparo ya no se limita 
al control de los actos del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, sino que se 
amplía a los actos de cualquier autoridad que violen las garantías individuales, 
quedando también comprendido el Poder Judicial; el gran defecto de esta 
fracción, consistía en que dejaba desamparados muchos derechos personales 
que nacen de la Constitución, sólo porque no estaban contemplados dentro de 
los primeros veintinueve artículos del Título I, de la misma. 
En otras palabras, el amparo funcionaba como un medio de control de la parte 
dogmática de la Constitución, no existiendo un control total de la misma. 
 
 b) Con relación a las fracciones II y III del mismo artículo, se estableció 
el amparo como medio de controlar el ámbito competencial constitucional de 
Federación y Estados, a efecto de que no haya una invasión de competencias 
de una autoridad federal a una local y viceversa. Estas fracciones se 
reprodujeron textualmente en el artículo 103 de la Constitución vigente de 
1917.34 
 
 c) Se estableció con claridad en el artículo 102 los principales principios 
rectores del amparo, tales como: "Instancia de parte agraviada", consistente en 
que el amparo procede únicamente a petición de parte ofendida, pudiendo sólo 
ampararse el gobernado afectado, así como el de "Relatividad de las 
sentencias de amparo", que es donde se fijan los efectos particulares del fallo 
en el amparo. Esto es, los tribunales se limitaban a impartir su protección en el 
 
34 
ARELLANO GARCIA, Carlos. “El Juicio de Amparo”, Op. Cit. pp.126. 
22 
 
caso concreto planteado, sin hacer una declaración general respecto de la ley o 
acto que la motivare.35 
 
d) Se otorga al amparo el carácter de juicio y se señala la necesidad de 
procedimientos y formas de orden jurídico que habrían de regularse por una ley 
secundaria.36 
 
 En la misma época, con fecha 16 de noviembre de 1857, se presentó el 
primer proyecto reglamentario del artículo 101 de la Constitución recién 
aprobada, el cual nunca llegó a discutirse en virtud de las sublevaciones que 
dieron inicio a la guerra de Reforma,37 publicándose la primera Ley de Amparo 
hasta 1861, la cual tuvo poca aplicación debido a los defectos que se 
advirtieron en la práctica de la misma. 
 
3.2. LEY REGLAMENTARIA DE 1861. 
 
 Esta ley concedía a todos los habitantes de la República que vieran 
afectada alguna de sus garantías, el derecho a acudir a la Justicia Federal, 
solicitando el amparo y protección de la misma. 
 
 Estableció entre otras cosas las siguientes: 
 
 a) La demanda de amparo debía presentarse ante el Juez de Distrito 
del Estado en donde residiera la autoridad que motivaba la interposición de la 
demanda de amparo, detallando claramente cuál era la garantía que se había 
violado. 
 
 
b) El Juez de Distrito debía correr traslado por dos días al promotor fiscal. 
 
 
35
 BURGOA O., Ignacio, " El Juicio de Amparo ", Op. cit., p. 120. 
36 
ARELLANO GARCIA, Carlos. “El Juicio de Amparo”, Op. Cit. Pp.126. 
37 
Cfr. FIX-ZAMUDIO, Héctor, "La Suprema Corte de Justicia como Tribunal Constitucional", “Reformas 
Constitucionales de la Renovación Nacional. Hacia un Nuevo Derecho Constitucional", PEREZNIETO 
CASTRO, Leonel (Compilador), Op. cit., p. 512. 
23 
 
 c) Si el Juez determinaba abrir el juicio, debía correr traslado a cada 
una de las partes (promotor fiscal, quejoso y autoridad responsable) por el 
término de tres días. 
 
 d) En el supuesto en que fuera necesario esclarecer algún punto de 
hecho, previo análisis y estudio efectuado por el Juzgado, se mandaría a abrir 
un término de prueba común, mismo que no debía exceder del término de ocho 
días. 
 
 Concluido este término de prueba, el Juez en audiencia pública oiría 
verbalmente o por escrito a cada una de las partes en el juicio, y previa 
citación, debería dictar sentencia dentro del término de seis días. 
 
3.3. LEY DE 20 DE ENERO DE 1869. 
 
 Posteriormente, con fecha 30 de octubre de 1868 el jurista Ignacio 
Mariscal, Secretario de Justicia del entonces Presidente Benito Juárez, envió la 
iniciativa de una nueva Ley de Amparo, en la que proponía entre otras cosas: 
 
 a) Reducir el procedimiento de amparo de tres instancias a dos, de la 
primera conocerían los jueces de Distrito y de la segunda la Suprema Corte de 
Justicia funcionando en pleno y no en salas; 
 
 b) La suspensión se encomendaba al juez de Distrito del territorio o 
Estado más próximo a la ejecución de los actos reclamados, pero siempre y 
cuando estuviere en peligro la vida del reclamante o que los perjuicios por la 
ejecución de los actos pudieran indemnizarse pecuniariamente; 
 
 c) Prohibía el amparo contra resoluciones de los jueces federales y 
respecto de los jueces y tribunales locales, sólo procedía contra sentencias 
definitivas por violaciones directas a la Constitución;38 propuestas que 
finalmente fueron aprobadas en la segunda Ley de Amparo del 18 de enero de 
 
38 
Cfr. lbídem p. 513 y 514. 
24 
 
1869, con excepción del amparo judicial, el cual quedó expresamente prohibido 
por el artículo 8.39 
 
 Es importante señalar que no obstante esta prohibición, la Suprema 
Corte de Justicia con fecha 29 de abril de 1869, emitió una resolución en donde 
revocaba el auto dictado por un juez de Distrito, en el que desechaba la 
demanda interpuesta contra una resolución judicial y por primera vez acepta la 
posibilidad de acudir al juicio de amparo contra resoluciones judiciales, primero 
sólo por violaciones directas a la Constitución y posteriormente respecto de la 
aplicación exacta de las disposiciones legislativas ordinarias, tal actitud de la 
Corte provocó que algunos diputados del Congreso le iniciaran juicio de 
responsabilidad política ante el mismo órgano legislativo, el cual no prosperó 
debido a que la Corte se opuso al mismo.40 
 
3.4. LEY DE 14 DE DICIEMBRE DE 1882. 
 
 Esta ley destacó por su contribución a la estructura procesal del 
amparo. 
 
 En algunos de sus principales artículos, regulaba lo siguiente: 
 
 a) Se ordenaba que el individuo que solicitara el amparo, debía 
presentar ante el Juez de Distrito competente, un ocurso en el que debía 
manifestar en qué fracción del artículo primero fundaba su queja, así como 
precisar de manera pormenorizada el hecho que la motivaba y señalar la 
garantía constitucional violada. 
 
 b) Una vez que se resolvía sobre la suspensión del acto reclamado o 
desde antes, si el quejoso no lo hubiera promovido, el Juez debía pedir a la 
autoridad que ejecutare o tratare de ejecutar, su informe con justificación dentro 
del término de tres días. 
 
39
 Cfr. Ibídem p. 515. 
40 Cfr. lbídem p. 516 y 517. 
25 
 
 c) Cuando la autoridad presentaba en el término concedido para ello su 
informe justificado, los autos se pasaban al promotor fiscal por tres días para 
que pidiera lo que considerará de importancia. 
 
 d) Respecto a las pruebas, se determinó que en el juicio de amparo 
eran admisibles toda clase de pruebas tendientesa demostrar la 
inconstitucionalidad del acto, objeto del recurso, y se establecía que las 
pruebas no se recibirían en secreto, razón por la cual las partes tendrían 
derecho para acudir a la diligencia en que los testigos rindieran sus 
declaraciones. 
 
 e) Concluido el término de prueba, se debía citar a las partes a 
instancia de cualquiera de ellas, dejándose los autos por seis días en la 
Secretaría del Juzgado, para el efecto de que se formularan alegatos, mismos 
que deberían entregarse al Juez dentro de dicho término. Una vez fenecido el 
término, el Juez contaba con ocho días para dictar la sentencia definitiva. 
 
3.5. CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE 1897. 
 
 Este ordenamiento regulaba con mayor precisión la estructura procesal 
del juicio de garantías, en especial lo referente a la materia judicial. Con este 
Código, se inició una nueva etapa denominada “tecnificación de la queja de 
amparo. 
 
 Este Código contenía la “Sección VI rotulada De la Sustanciación del 
Juicio”, donde se establecía la obligación del Juez de Distrito de desechar la 
demanda si existía alguna causal de improcedencia, y de no existir alguna, 
debía sustanciarse el juicio acorde a lo establecido por la ley. 
 
 Por primera ocasión en lo que respecta a legislación reglamentaria, se 
incluyeron normas específicas sobre las pruebas y su apreciación por parte del 
juzgador, mismo que no podía tomar en cuenta mas que las pruebas que se 
refirieran a cuestiones de constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que 
26 
 
se reclamara y nunca las pruebas que debían haberse rendido durante el juicio 
para probar el hecho u hechos objetos de la resolución que se impugnaba. 
 
 Por último pero no menos importante, en el artículo 811, se establecía 
que las sentencias, las resoluciones de improcedencia y las de sobreseimiento, 
de ningún modo podrían ejecutarse, sin la revisión previa de la Corte.41 
 
3.6. CONSTITUCIÓN DE 1917. 
 
 El constituyente se instaló en la ciudad de Querétaro el 21 de noviembre 
de 1916, no hizo grandes modificaciones en comparación con la Constitución 
de 1857, las únicas discusiones fueron en torno a: 
 
 La organización y funcionamiento del Poder Judicial (quedando éste 
como revisor de los actos de las autoridades de los Estados). 
 
Al respecto, Venustiano Carranza en su mensaje manifestó que el 
recurso de amparo establecido con un alto fin social, podría afectar la 
soberanía de los Estados, debido a que la designación de los miembros 
de la Suprema Corte de Justicia estaba a disposición del jefe del Poder 
Ejecutivo dado que los actos de las autoridades estatales quedaron 
sujetos a la revisión de la Suprema Corte, lo cual implicaba cierta 
parcialidad en los fallos emitidos. 
 La procedencia y alcance del amparo judicial. 
 
 
 Puesto que respetaba la autonomía de los tribunales locales, ya que la 
Suprema Corte de Justicia, a través del amparo no debía revisar los 
 
41
 Cit. NORIEGA, Alfonso, "Lecciones de Amparo", p. 110. 
27 
 
procedimientos seguidos en las entidades federativas, sino únicamente 
examinar si existía algún precepto constitucional violado.42 
 
 Asimismo, se confirmó el control de legalidad en los asuntos civiles y 
de constitucionalidad, aunando a la defensa constitucional una tercera 
instancia. 
 
 Don Venustiano Carranza presentó al constituyente de 1916, su 
proyecto de Constitución de fecha 1° de diciembre de 1916, el cual fue 
aceptado, modificado y adicionado, aprobándose el 31 de enero de 1917 y 
promulgado el 5 de febrero de 1917, entrando en vigor el 1° de mayo del 
mismo año, éste documento constitucional marcó las bases definitivas del juicio 
de amparo. 
 
 La Constitución de 1917 al igual que la Constitución de 1857, se le 
conoce como Constitución Federal, en virtud de que consagró el principio de la 
división de poderes en república, representativa, democrática, federal; 
compuesta de Estados libres y soberanos en lo concerniente a su régimen 
interior, pero unidos en una federación.43 
 
 Cabe mencionar que el Constituyente de 1916-1917 reproduce en el 
artículo 103 exactamente los mismos términos del artículo 101 de 1857, e 
introduce en el artículo 107 el texto del artículo 102 de 1857, pero agregando 
diversas bases fundamentales a las que debe sujetarse el juicio de amparo.44 
 
 En la fracción I del artículo 104, se contemplaba el llamado "recurso de 
súplica", el cual era un conducto procesal mediante el cual se abría una tercera 
instancia en los juicios que versaran sobre aplicación y cumplimiento de leyes 
federales o de los tratados internacionales, no teniendo ninguno de los 
 
42
 Cfr. FIX-ZAMUDIO, Héctor, " Suprema Corte de Justicia como Tribunal Constitucional”, en “Reformas 
Constitucionales de la Renovación Nacional. Hacia un Nuevo Derecho Constitucional". PEREZNIETO 
CASTRO, Leonel (Compilador), Op. cit., p. 523. 
43 
TENA RAMÍREZ, Felipe, "Leyes Fundamentales de México 1808-1989", Op. cit., p. 838. 
44 
Cfr. GONZÁLEZ COSIO, Arturo, “Juicio de Amparo”, p. 32. 
28 
 
objetivos de protección constitucional que al amparo corresponden45 y se 
tramitaba ante la Suprema Corte y que era una tercer instancia. 
 
 El articulo 107 reguló con detalle la tramitación del amparo, 
estableciendo casos específicos de procedencia y el un recurso denominado 
"reparación constitucional" con el fin de que las violaciones cometidas durante 
la tramitación del procedimiento se hicieran valer cuando se impugnara la 
sentencia definitiva; así mismo, se estableció un procedimiento en contra de las 
autoridades responsables que no respetaran el cumplimiento de una sentencia 
o que insistieren en la repetición del acto reclamado; se ratificó la fórmula 
Otero; se creó y reguló el amparo directo y suspensión en materia civil y penal. 
 
 Otra de las innovaciones del documento constitucional es la 
establecida en el siguiente artículo: 
 
"Articulo 29.- En los casos de invasión, perturbación grave de la paz 
pública o cualquiera otro que ponga a la sociedad en grave peligro o 
conflicto, solamente el Presidente de la República Mexicana, de 
acuerdo con el Consejo de Ministros y con aprobación del Congreso 
de la Unión, y en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, 
podrá suspender en todo el país, o en lugar determinado, las 
garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y 
fácilmente, a la situación...".46 
 
 Es decir, prevé un régimen excepcional de suspensión de garantías, al 
otorgar al Presidente de la República, la facultad de suspender aquellas 
garantías que fuesen obstáculo para hacer frente oportunamente a una 
determinada situación que se llegue a presentar en el territorio nacional, 
siempre y cuando sea con acuerdo de su Consejo de Ministros y con la 
aprobación del Congreso, que es una forma de protección política de la 
Constitución. 
 
 
45 
BURGOA O., Ignacio, " El Juicio de Amparo ", Op. cit., p. 137. 
46 
TENA RAMÍREZ, Felipe, "Leyes Fundamentales de México 1808-1989", Op. cit., p. 834. 
29 
 
 Por todo lo expuesto, podemos concluir que el juicio de amparo es el 
medio de control jurisdiccional de la Constitución más eficaz del sistema 
jurídico mexicano, pues por un lado protege a las garantías individuales y 
sociales (artículo 103, fracción I de la Constitución) y por otro protege al pacto 
federal (artículo 103, fracciones II y III de la Constitución), así como a toda la 
Constitución a través de las garantías de legalidad y seguridad jurídica 
previstas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, y si bien es cierto que las 
sentencias que se pronuncien en los juicios de garantías no tienen efectos 
generales, convierte a la Suprema Corte de Justicia en un Tribunal 
completamenteconstitucional. 
 
 Por lo tanto, el objeto del juicio de amparo es imponer a la autoridad el 
respeto de la garantía o de las garantías del quejoso dentro del marco de su 
reclamación, a fin de restablecer por derecho y de hecho el orden jurídico, 
según el régimen establecido en la Constitución. 
 
 EI 2 de noviembre de 1917 se promulgó la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, que organiza a detalle los lineamientos fijados por la 
Constitución de 1917, en cuanto a la composición, funcionamiento y 
competencia de la Suprema Corte de Justicia. De donde resalta que se le 
atribuye una doble competencia, como revisora de las sentencias dictadas por 
el Juez de Distrito y como conocedora en única instancia de los Juicios de 
Amparo contra sentencias definitivas recaídas en juicios civiles o penales47, así 
como de los amparos en revisión, contra actos de autoridad distinta de la 
judicial o de actos de ésta ejecutados fuera de juicio, después de concluido o 
de actos en juicio cuya ejecución fuera de imposible reparación o afectara a 
personas extrañas al juicio48, lineamientos que son retomados por la Ley de 
Amparo del 18 de octubre de 1919, que es la primera expedida bajo el abrigo 
de la Constitución de 1917. 
 
 
47 
Cfr. BURGOA O. IGNACIO, “El Juicio de Amparo”, p.138. 
48
Cfr., FIX-ZAMUDIO, Héctor, ”La Suprema Corte de Justicia como Tribunal Constitucional", en “Reformas 
Constitucionales de la Renovación Nacional. Hacia un Nuevo Derecho Constitucional", PEREZNIETO 
CASTRO, Leonel (Compilador), Op. cit., p. 523. 
 
30 
 
3.7. LEY DE 18 DE OCTUBRE DE 1919. 
 
 Uno de los aspectos más sobresalientes de esta ley, era que en su 
artículo 70 establecía que en los casos del amparo indirecto o bi-instancial, la 
demanda se presentaría ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se 
ejecutaba o tratara de ejecutar la ley o el acto reclamado, expresando con toda 
claridad y precisión el nombre del quejoso, el del colitigante de éste, si el 
amparo se pedía contra actos judiciales civiles, o el de parte civil, si el asunto 
era de materia penal y el del tercero que hubiere gestionado el acto 
reclamado, si el asunto era de carácter administrativo. 
 
 Por otro lado, también debía designarse el acto reclamado, la autoridad 
contra la que se dirigía la queja y cualquiera de las tres fracciones del artículo 
1° de la Ley, que servía de fundamento a la demanda; señalándose si se 
fundaba el amparo en la fracción I referente a las garantías individuales, 
debería precisarse la garantía o garantías individuales violadas, y en los demás 
casos, las leyes o autos de la autoridad federal, que vulneraran o restringieran 
la soberanía de los Estados, o las leyes o actos de las autoridades de éstos, 
que invadieran la esfera de la autoridad federal. 
 
 Continuaba siendo obligación para el Juez el examinar la demanda 
para determinar si existían motivos manifiestos e indudables de improcedencia, 
con la obligación de desechar la demanda, si tal circunstancia existía. 
 
 Cuando se tratara de demandas irregulares o que no se precisara el 
acto reclamado, el Juez podía exigir al quejoso la aclaración correspondiente, 
que si no fuera desahogada, la demanda podría ser desechada. 
 
 Si el Juez no encontrare motivos de improcedencia, se tendría por 
presentada la demanda y en el mismo auto se pediría informe a la autoridad 
responsable y se citaría a una audiencia que debería efectuarse entre los 
quince días siguientes. El día señalado para la audiencia, se comenzaría ésta 
dando lectura al escrito inicial de demanda, así como el informe rendido por la 
31 
 
autoridad responsable, después se recibirían las pruebas que ofrecieran las 
partes, se oirían alegatos y acto continuo se pronunciaría la sentencia 
respectiva. 
 
 Por último, se precisaba que se admitían toda clase de pruebas, 
excepto la de posiciones, así como que tanto la audiencia como la recepción de 
pruebas serían públicas. 
 
3.8. REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1928. 
 
 A raíz de esta reforma se especializó la Corte en tres salas para el 
conocimiento del juicio de amparo, en virtud de que la mayoría de las 
impugnaciones a las resoluciones judiciales era por cuestiones de legalidad y 
no de inconstitucionalidad. Posteriormente, debido a la referida especialización, 
en 1934 se elevó el número de ministros de 11 a 21 y se creó una cuarta sala; 
además, con las reformas constitucionales de 1934, se suprimió el recurso de 
súplica previsto en la fracción I del artículo 104 constitucional. Las anteriores 
modificaciones quedaron establecidas en la Ley de Amparo del 10 de enero de 
1936. 
 
 3.9. LEY DE 10 DE ENERO DE 1936 
 
 El 10 de enero de 1936, se publicó en el Diario Oficial la “Ley Orgánica 
de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal”, promulgada por el 
general Lázaro Cárdenas el 30 de diciembre de 1935, y que derogó la anterior 
ley del 18 de octubre de 1919.49 
 
 Entre las reformas efectuadas al juicio de amparo, se encuentra la 
realizada al artículo 107, ya que hasta ese momento el amparo directo procedía 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se promovía en contra 
de sentencias definitivas dictadas en juicios civiles o penales, por violaciones 
cometidas en el procedimiento o en la sentencia. En la ley de 1936, se amplió 
 
49
 Cit. ARELLANO GARCIA, Carlos. “El Juicio de Amparo”, pp.149 y 150. 
32 
 
la competencia de la Suprema Corte para conocer de amparos directos en 
materia laboral, en contra de laudos dictados por las juntas de Conciliación y 
Arbitraje.50 
 
 En el artículo 76, fue establecido el Principio de Relatividad de las 
sentencias o Fórmula Otero. 
 
 Asimismo, el texto original contaba con 211 artículos y más tarde se le 
agregó el libro segundo que comprende los artículos 212 al 234, que 
comprenden el amparo en materia agraria. 
 
 Esta ley ha sido reformada en repetidas ocasiones, por lo que el 
nombre actual de la ley de 1936 es el de “Ley de Amparo reglamentaria de los 
artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos”. 
 
50
 NORIEGA, Alfonso, "Lecciones de Amparo", p.113. 
33 
 
CAPÍTULO II 
 
PRINCIPIOS DEL JUICIO DE AMPARO 
 
 
1. PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL DEL AMPARO 
 
 La procedencia genérica del juicio de amparo se encuentra prevista en 
el artículo 103 constitucional que establece la procedencia del juicio de amparo 
y el 107 constitucional que establece los principios y bases generales del juicio 
de amparo: 
 
ARTÍCULO 103.- Los tribunales de la Federación resolverán toda 
controversia que se suscite: 
I.- Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías 
individuales; 
II.- Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o 
restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencia 
del Distrito Federal; y, 
III.- Por leyes o actos de las autoridades de los Estados o del 
Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la 
autoridad federal.51 
 
 El artículo 1° de la Ley de Amparo en vigor contiene una redacción 
similar a la del citado artículo 103 constitucional, el cual a la letra establece: 
 
ARTÍCULO 1º.- El Juicio de amparo tiene por objeto resolver toda 
controversia que se suscite: 
I.- Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías 
individuales; 
II.- Por leyes o actos de la autoridad federal, que vulneren o 
restrinjan la soberanía de los Estados; 
III.- Por leyes o actos de las autoridades de éstos, que invadan la 
esfera de la autoridad federal.52 
 
 
51 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Edit. ISEF, México 2010, p.75. 
52 LEY DE AMPARO, Edit. ISEF, México 2010, p. 1. 
34De los artículos antes transcritos, derivan los siguientes supuestos de 
procedencia: 
 
1.1. Amparo-Garantías 
 
 El amparo garantía se hará valer contra todos los actos de autoridad 
que violen las garantías individuales o derechos fundamentales, dichos actos 
se analizan a través de su contenido, independientemente de su autor, es 
decir, se refiere a los actos de las autoridades que impliquen una violación de 
garantías.53 
 
 Este amparo no sólo está limitado a los primeros 29 artículos de la 
Constitución, contemplados en el Capítulo I, del Titulo Primero, intitulado "De 
las garantías individuales", puesto que existen otras garantías individuales que 
están plasmadas en otras partes de la Constitución, tales como el artículo 31, 
fracción IV, que establece el mantenimiento de la proporcionalidad y la equidad 
en las contribuciones de los gobernados al gasto público, así como el artículo 
123 relativo al derecho laboral.54 
 
 Conforme al artículo 103 de la Constitución, es competente para 
conocer, substanciar y resolver el juicio de amparo, el Poder Judicial de la 
Federación a través de sus órganos de justicia competente; para que sea 
procedente debe existir un gobernado que es el que resiente o teme resentir 
una violación a su esfera jurídica de derechos, por una ley o acto que se 
ejecuta o trata de ejecutarse en su perjuicio y que estima es violatorio de sus 
garantías y finalmente una o varias autoridades responsables, que son las que 
ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar la ley o el acto. 
 
 
 
 
53 
AGUILAR ALVAREZ Y DE ALBA, Horacio. “El amparo contra leyes”, Edit. Trillas, México 1996, p. 121. 
54 BRISEÑO SIERRA. Humberto. "El Control Constitucional de Amparo", Edit. Trillas, México 1990, Op. 
cit., pp. 13 y 14. 
35 
 
1.2. Amparo-Soberanía 
 
 Se presenta cuando con afectación a una persona se altere el régimen 
federal de distribución de competencias, produciéndose invasión de soberanías 
entre las autoridades federales y las autoridades locales.55 
 
 El artículo 103, fracción I y II, reconoce la procedencia del juicio de 
amparo contra la invasión de esfera, ya sea de la federación en la esfera 
competencial de las entidades federativas o viceversa. Es decir, la entidad 
federativa tiene derecho, en caso de una invasión de facultades por parte de la 
federación, de proteger el pacto federal en beneficio de los gobernados, esto 
es, se busca la no usurpación de funciones constitucionales entre las 
autoridades de la Federación y las Estatales.56 
 
 Debido a que las entidades federativas poseen personalidad jurídica, 
así mismo poseen una representación legal encomendada a un funcionario 
determinado conforme a sus disposiciones internas, por lo que la sentencia que 
recayera a dicho procedimiento beneficiaría o perjudicaría, según sea el caso, 
a la entidad federativa y así, el amparo alcanzaría a dicha persona jurídica. 
 
 Sin embargo, este tipo de procedencia ha caído en desuso, puesto que 
en caso de que los gobernados sean agraviados con motivo de la invasión de 
competencias entre las autoridades federales en las estatales y viceversa, 
acuden al juicio de garantías alegando violación a la garantía individual 
consagrada en el artículo 16 constitucional, por trasgresión al principio de 
autoridad competente, así como falta de fundamentación y motivación, con 
fundamento en la fracción I del artículo 103 constitucional o la fracción I del 
artículo 1° de la Ley de Amparo. 
 
 
 
55
GÓNGORA PIMENTEL, Genaro, "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo", Edit. Porrúa, S.A., 4° 
Edición, México, 1992, p. 2. 
56 
Cfr. AGUILAR ALVAREZ Y DE ALBA, Horacio, “El amparo contra leyes”, p 123. 
36 
 
 Es importante mencionar que la procedencia del amparo por invasión 
de esferas o amparo soberanía estaba restringido únicamente a los 
gobernados, sin que pudiesen ejercitar dicha acción los poderes, entidades u 
órganos, ya sea locales o federales, debido a que los mismos no pueden ser 
titulares de garantías, siendo ellos los directamente agraviados por la invasión 
de competencias, razón por la cual fue creada la figura de Controversias 
Constitucionales57, por medio de la cual la Federación, Estados, Distrito 
Federal y Municipios, pueden inconformarse contra este tipo de actos y se 
cubre el gran hueco que se encontraba en las fracciones II y III del artículo 103 
constitucional. 
 
1.3. Amparo contra leyes 
 
 Es el medio a través del cual va a atacarse la inconstitucionalidad de 
las disposiciones de contenido normativo y efectos generales, que expide el 
órgano legislativo y que contradicen lo dispuesto por la Ley Suprema, lo cual 
implica que no puede existir acto de autoridad que contravenga las 
disposiciones de la Constitución, puesto que el legislador no puede actuar y 
legislar sin límite alguno –ad libitum, tiene un freno: la Constitución.58 
 
 La efectividad de la sentencia de amparo contra leyes depende de los 
alcances que se le confiera a dicha resolución, ya que los principios que la 
regulan establecen que debe estar limitada al caso concreto, sin hacer 
observaciones generales, de acuerdo a lo establecido en la fracción II del 
artículo 107 constitucional. 
 
 
 
 
 
57 
Las Controversias Constitucionales se definen como un medio de control jurisdiccional de la 
Constitución, reservado a los Poderes, Entidades u Órganos, a través del cual se busca que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, declare la invalidez ya sea de algún acto (invasión de competencias, 
conflicto de límites) o disposición general y cuyo fundamento se encuentra en la fracción I del artículo 105 
de la Constitución. 
58 
AGUILAR ÁLVAREZ Y DE ALBA, Horacio, “Amparo contra leyes”, Op. Cit., p. 125. 
37 
 
2. Principio de procedencia de amparo indirecto. 
 
 Este principio se encuentra contemplado en al artículo 114 de la Ley de 
Amparo que establece lo siguiente: 
 
“Artículo 114.- El amparo se pedirá ante el juez de Distrito: 
I.- Contra leyes federales o locales, tratados internacionales, 
reglamentos expedidos por el Presidente de la República de acuerdo 
con la fracción I del artículo 89 constitucional, reglamentos de leyes 
locales expedidos por los gobernadores de los Estados, u otros 
reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, que por 
su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación, 
causen perjuicios al quejoso: 
II.- Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, 
administrativos o del trabajo. 
En estos casos, cuando el acto reclamado emane de un 
procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá 
promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas 
en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de 
estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de 
los derechos que la ley de la materia le conceda, a no ser que el 
amparo sea promovido por persona extraña a la controversia. 
III.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del 
trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido. 
Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá 
promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el 
procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma 
demanda las demás violaciones cometidas durante ese 
procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. 
Lo anterior será aplicable en materia de extinción de dominio. 
Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la 
resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; 
IV.- Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las 
cosas una ejecución que sea de imposible reparación; 
V.- Contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a 
personas extrañas