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1 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES SISTEMA DE UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA EL ESTADO MEXICANO: UN BALANCE TEÓRICO POLÍTICO DEL COMBATE AL CRIMEN ORGANIZADO DURANTE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRESIDENTE FELIPE CALDERÓN 2006-2012 T E S I S Que para obtener el título de: LICENCIADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (OP. CIENCIA POLÍTICA) Presenta: DOMÉNICA SELVA FERNÁNDEZ Tutor: MTRO. PABLO TEPICHÍN JASSO México, D.F. 2012. UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor. 2 A mis padres y hermana: María del Rosario, Héctor y Aranzazu 3 Agradecimientos Quiero agradecer a mi asesor, el Mtro. Pablo Tepichín, no sólo por su paciencia y acertados consejos, sino porque con su interés genuino de profesor e investigador me ayudó a aclarar el camino a seguir y fue un guía en el desarrollo de este trabajo. Muchas otras personas de alguna forma estuvieron presentes en el desarrollo de esta investigación y les debo un reconocimiento ya que con su ayuda fue posible ir construyendo y cumpliendo las distintas etapas de esta tesis. A Guillermo Alcántara por sus sabios consejos y asesoría para poder concluir un proyecto que empezó hace mucho tiempo y que hoy concluye su primera etapa. Gracias también a Ileana y a todo el equipo universitario de la facultad por todas sus atenciones. A mis profesores, Denhi Rosas Zárate, General José Francisco Gallardo Rodríguez, Ricardo Navarro Reyna, José Antonio Castillo Medina, por su apoyo y acertadas sugerencias para la culminación de este trabajo. Gracias. En la parte profesional quisiera agradecer al Dr. Horacio Vives por las facilidades que me brindó para concluir mis estudios y su incondicional apoyo durante todo el trayecto. Al Mtro. Alonso Lujambio (q.e.d.) por su insistencia y comprensión para cumplir mis metas, así como por haberme devuelto mi espíritu universitario. También quiero agradecer a Malke Aronovich y Margarita Andresen porque creyeron en mí y me brindaron con su apoyo la luz que necesitaba para cerrar círculos y ser capaz de abrir otros nuevos. No puedo dejar de decir que he terminado esta tesis, sin antes agradecer también a mis amigas y amigos por el trayecto recorrido durante estos años. A mis amigos Francisco Mandujano, Edén Domínguez y a todos aquellos que desinteresadamente me brindaron su amistad. Gracias. A todos mis compañeros de la Facultad, por haber compartido conmigo sus experiencias y conocimientos durante las clases. Gracias. A los incondicionales, a la banda: Roberto Ponce, Azucena Rojas, Karla Macías, Sergio Ascencio, Luis Gerardo Quijano, Aarón Sánchez, Irene Palacios y Oswaldo Bayardi. Gracias. Un reconocimiento a mi familia que desde Texcoco apoyaron mis decisiones y compartieron conmigo un largo proceso lleno de aventuras. Gracias a mi hermana quien siempre estuvo conmigo al pie del cañón. Gracias por todo su cariño. 4 Índice Introducción 5 Capítulo I. Principales fundamentos teóricos del Estado 7 1.1. Thomas Hobbes 7 1.1.1 El orden político: una construcción artificial 11 1.2. El monopolio de la fuerza y la legitimidad weberiana 15 1.2.1 El concepto de la política en Weber 17 1.2.2 Weber y la legitimidad del poder 22 1.3 La figura schmittiana del soberano 27 1.3.1 La constitución del conflicto político: el otro 30 1.4 La administración pública: engrane del Estado 35 Capítulo II. El estado mexicano frente al crimen organizado 38 2.1 El concepto de seguridad nacional 38 2.2 El perfil de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública 44 2.3 La confianza en el Ejército mexicano 48 Capítulo III. Erosión de la estructura del Estado: espacios de violencia 53 3.1 La violencia 56 3.2 El desafío del monopolio de la violencia 64 3.3 Una guerra irregular en México 65 3.4 La estrategia del Ejecutivo 69 3.5 El enemigo a vencer 74 Capítulo IV. El rol de los medios 78 3.1 El cuarto poder ¿legitimación del Estado? 79 3.2 Un acuerdo de no violencia 83 Conclusiones 90 Anexos 95 Bibliografía 119 5 Introducción El siguiente trabajo pretende explorar las condiciones del Estado mexicano dentro de la lucha contra el crimen organizado desde la concepción moderna del Estado, ofreciendo algunos de los elementos del pensamiento político de clásicos como Thomas Hobbes, Max Weber y Carl Schmitt. Se trata de algunos apuntes preliminares para una investigación mucho más profunda y extensa por la característica del tema. Sin embargo, se busca que esta tesis contribuya a comprender cómo las decisiones de los poderes impactan la forma en la que entendemos la vida política de nuestro país; y al mismo tiempo cómo la construcción del Estado refleja algunos rasgos de nuestro proceso político entorno a la percepción de la seguridad en México. El primer capítulo trata de las teorías del Estado correspondientes a Thomas Hobbes, Max Weber y Carl Schmitt, quienes abordan el origen del Estado a partir de la necesidad del hombre de contar con seguridad para salvaguardar la vida, así como tener representantes que conduzcan las decisiones de sus gobernados a través del poder delegado a fin de contener la paz y el orden. En el capítulo dos, se analiza la estructura del brazo armado del Estado en el contexto de la lucha contra el crimen organizado para el caso particular de México. Asimismo, se evalúa la legitimación de las decisiones del Ejecutivo por medio de las acciones y disposiciones en materia de seguridad con el uso del Ejército. También se expone la definición de Seguridad Nacional dentro del Estado mexicano desde una 6 de las definiciones más construidas desde el punto de vista político para México, la del Instituto Federal de Acceso a la Información. En el capítulo tercero se expone una perspectiva de lo que significa la violencia para analizar si existe en el Estado mexicano un desgaste que desafíe su estructura, así como también s acercar el concepto del “enemigo” para el Estado de acuerdo a los posicionamientos planteados en el marco teórico sobre el contexto de la administración del Presidente Felipe Calderón. Para cerrar la presentación de este trabajo, el último capítulo, concentra una breve evaluación de la participación de los medios de comunicación en la integración de las decisiones del gobierno en el tema de seguridad. Además en este capítulo, se aborda la relación de los medios con el Estado y su papel en el desarrollo del Estado. 7 Capítulo I. Principales fundamentos teóricos del Estado Moderno La amplia literatura sobre la teoría política es una muestra de la relevancia que tiene el tema del Estado a lo largo de la historia del hombre y de manera particular, la forma en que el hombre resuelve su permanente miedo a la muerte y lucha por conseguir un estado de seguridad. La elección de Hobbes, Weber y Schmittpara este trabajo corresponde a la relación de sus reflexiones desde una mirada al concepto de Estado moderno a partir de la racionalidad del conflicto entre los hombres, donde reflejan y evalúan una propuesta de orden político a través de un pacto, así como la legitimidad que da el poder concentrado de los hombres en un Estado como pieza fundamental para evitar la guerra o bien, para dirigirla con elementos que justifiquen las acciones de los hombres al sentir amenazada sus vidas. Con ellos, podemos acercamos el análisis de este trabajo a las categorías del Estado moderno en un contexto político para la seguridad y la legitimidad de las decisiones sobre la guerra como uno de los puntos posiblemente más vulnerables en la administración del Presidente Calderón. 1.1 Thomas Hobbes En el Leviatán, Hobbes comienza a establecer una serie de razonamientos que le permitieron modificar el universo conceptual con el cual se habían venido explicando los problemas fundamentales de la política. Plantea el origen de una nueva relación entre los hombres por medio de un contrato como modelo de interpretación de la vida pública, sentando con ello las bases de un Estado moderno. Con ello lo que 8 Hobbes establece es una construcción conceptual que da cuenta de las relaciones entre los hombres, por medio de un poder de carácter limitado que mantenga a una sociedad en orden y paz. Hobbes conceptualiza al hombre hipotéticamente en una existencia previa a la construcción (artificial) de un Estado, cuyo principal objetivo era encontrar dentro de una igualdad dada por la naturaleza, los elementos para vivir y al mismo tiempo evitar cualquier dolor, causa que lleva al hombre a entrar en conflicto. En este estado natural, no existe orden que se ajuste a regular el conflicto más allá de las fuerzas y los deseos con los que cada hombre cuente, ya que el fin último es preservar la vida utilizando todos los medios a su alcance no importando el detrimento de las vidas de los otros. Contrario a nuestros tiempos y siguiendo la línea de Hobbes, la naturaleza ha hecho a los hombres tan iguales en las facultades de cuerpo, en espíritu y ante las leyes que deriva en la igualdad de esperanza respecto a la consecución de nuestros fines. “Esta es la causa de que si dos hombres desean la misma cosa, y en modo alguno pueden disfrutarla ambos, se vuelven enemigos, y el camino que conduce al fin tratan de aniquilarse.” 1 Esto genera una situación de desconfianza mutua y cuya racionalidad de sobrevivencia ejerce su sentido de anticipación, es decir, el dominar por medio de la fuerza o por la astucia a todos los hombres que pueda, hasta que ningún otro poder, es decir, ningún otro hombre, pueda amenazarle. Es un mero sentido de sobrevivencia. 1 Hobbes, Thomas, Leviatán o la material, forma y poder de una República eclesiástica y civil, FCE Undécima edición, México, 2001, p. 101. 9 El modelo de estado de naturaleza anterior al Estado moderno, supone al mismo tiempo que existe una igualdad a la que todos los hombres tienen derecho. Todos los hombres en el Estado de naturaleza pueden desear la misma cosa y tienen las mismas oportunidades de obtenerlo, sin embargo, eso puede conducirlos a tratar de eliminarse unos a otros generando conflicto y desasosiego. Es entonces cuando surge la desconfianza mutua bajo tres causas principales: la competencia entre ellos, la mutua desconfianza, y en última instancia la gloria que puede dejar el vencer al otro. La libertad y la igualdad entre los hombres en el pensamiento político de Hobbes son parte de los fundamentos del Estado de naturaleza, y buscan convertirse en la base del Estado moderno entendiendo la condición de que entre los animales, el hombre es el único que puede calcular racionalmente y pensar en un posible futuro, es decir, que es capaz de asumir las consecuencias de sus actos como parte de la razón, un poder único y exclusivo que le permite evitar la muerte violenta. Esta variable que añade Hobbes dadas las constantes de libertad e igualdad entre los hombres en un Estado de naturaleza, lo privilegia para resolver el conflicto y el miedo constantes en su día a día. Con ello, la razón se convierte en el vehículo para pasar del Estado de naturaleza al Estado artificial. Es lo que ancla a las ciencias sociales y en particular al estudio de la política y del Estado a una serie criterios científicos que hacen fortalecer las ideas cuando están en permanente estudio y búsqueda de la verdad. Es decir, Hobbes acerca el estudio del Estado a una racionalidad con la firme intención de organizar y poner un orden. 10 La ley suprema de la naturaleza es la conservación de la vida dadas las condiciones que la propia naturaleza brinda a los hombres y animales. Sin libertad no hay forma de satisfacer los deseos y al mismo tiempo de defenderlos sin entrar en conflicto, lo que genera que el hombre se hace presa de sí mismo, siendo en el estado natural donde imperan la libertad y la igualdad que les provee a los hombres los mismos derechos para desear y confrontarse. Por ello, “cada hombre debe esforzarse por la paz, mientras tiene la esperanza de lograrla: cuando no puede obtenerla, debe buscar utilizar todas las ayudas y ventajas de la guerra. La primera fase de esa regla contiene la ley primera y fundamental de la naturaleza: saber buscar la paz y seguirla. La segunda, la suma al derecho de naturaleza, es decir, defendernos a nosotros mismos, por todos los medios posibles”. 2 Ya que, mientras persista este derecho natural no puede haber seguridad para nadie. Es decir, que cada hombre con el precepto de la razón podrá actuar y utilizar los medios que están a su alcance para poder encontrar la paz, de lo contrario, estará en posibilidades de utilizar a la guerra como herramienta para conseguirla. Una segunda ley deviene señalando: “que uno acceda, si los demás consienten también, y mientras se considere necesario para la paz y defensa de sí mismo, a renunciar este derecho a todas las cosas y a satisfacerse con la misma libertad, frente a los demás hombres, que les sea concedida a los demás con respecto a él mismo”. 3 Es decir, que al renunciar o transferir este derecho se está renunciando a la libertad concedida naturalmente de impedir que otros se beneficien de la misma libertad. 2 Hobbes, op. cit., p. 107. 3 Idem. 11 Bajo el sentido de sobrevivencia, el hombre hace uso del único poder del que dispone ante la falta de algún otro poder guardián que vele por el uso del poder de todos. Esto genera una guerra constante sin orden y sin fin cuando no hay certezas, y donde el juicio se aparta de las acciones pues sólo existe el uso de la fuerza que cada hombre tiene para defenderse. No hay lugar que delimite las acciones de los hombres y convenga en una paz entre ellos. En este estado de guerra no cabe un estado de orden que guarde la seguridad. 1.1.1 El orden político: una construcción artificial Para transitar del Estado de naturaleza a uno donde impere el orden y ofrezca tranquilidad a los hombres, es necesario contar con un poder común cuyo valor y respeto sea igual para todos quienes lo conformen además de tener el carácter coercitivo necesario para defenderlos de otros hombres. Significa dejar la guerra de todos contra todos para acordar la paz, pero como señala Hobbes, no es suficiente que ese poder tenga solamente un criterio, durante un tiempo determinado. La solución a la guerra constante y a la violencia que desatan como consecuencia necesaria las pasiones naturales los hombres, es un pacto. Una manera artificial de construir una paz, pero único camino para erigir un poder común capaz de defenderlos de los otros que buscan complacersus apetitos naturales. Por ello, la creación de un Estado artificial es “la causa final, fin o designio de los hombres (que naturalmente aman la libertad y el dominio sobre los demás) al introducir esta restricción sobre sí mismos (en las que los vemos vivir formando Estados) es el cuidado de su propia conservación y, por añadidura, el logro de una vida más 12 armónica; es decir, el deseo de abandonar esa miserable condición de guerra (…)” 4 , lo que significa conferir a un solo hombre o asamblea de hombres la voluntad de todos y convertirla en una sola. Esa voluntad es algo más allá que un consentimiento o concordia, es una unidad real de todo ello en una misma persona instituida por el pacto de cada hombre en un artificio denominado Estado. El Estado, define Hobbes, será entonces: “una persona de cuyos actos una gran multitud, por pactos mutuos, realizados entre sí, ha sido instituida por cada uno como autor, al objeto de que pueda utilizar la fortaleza y medios de todos, como lo juzgue oportuno, para asegurar la paz y defensa común”.5 Y como señala Ávalos, “la imagen de Hobbes fue acertada. El Estado es la asociación de individuos que, mediante un pacto, deciden formar un poder unitario al que todos han de someterse. Correspondía a la creación humana del Estado moderno a través de la mitología hebrea. Y es a través de figuras míticas donde hacen eco la reflexión política y las dicotomías que dan cuenta de la naturaleza política del hombre y de la esencia del Estado: orden, cambio, libertad, justicia, estabilidad”.6 Lo que Hobbes establece es una construcción conceptual que da cuenta de las relaciones entre los hombres, y que además determina que es posible contar con un poder de carácter limitado que mantenga a una sociedad ordenada. Es este convenio social, donde la filosofía hobbesiana desarrolla la idea de un poder soberano capaz de llevar al orden y de proveer seguridad al hombre en su conjunto, y al mismo tiempo da respuesta al posible estado de guerra en dado caso de salirse del pacto. 4 Ibid., p.137. 5 Ibid., p.141. 6 Ávalos Tenorio, Gerardo. Leviatán y Behemoth, Figuras de la idea del Estado. Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco. México, 2001, p.12. 13 En Hobbes, el origen del orden a través de poder común se establece desde la razón, ya que a partir de que el hombre es capaz de concebir una cosa e inferir las consecuencias y los efectos, capaz de construir el mayor de los poderes humanos, el Estado: “Esto es algo más que consentimiento o concordia; es una unidad real de todo ello en una y la misma persona, instituida por el pacto de cada hombre con los demás, en forma tal como si cada uno dijera a todos: autorizo y transfiero a este hombre o asamblea de hombres mi derecho de gobernarme a mí mismo, con la condición de que vosotros transferiréis a él vuestro derecho, y autorizareis todos sus actos de la misma manera”. 7 Al instituirse un orden político, cada uno renuncia al derecho de defender a otro, pero no al defenderse así mismo, es el soberano, el jerarca del poder, quien castigará al otro, pero no por concesión o donación de los súbditos, sino por el derecho dejado a él solamente. La diferencia crucial entre los hombres del Estado de naturaleza y la situación política propia del estado civil, radica en que en éste último los hombres adquieren una obligación política, Hobbes no se propuso eliminar las causas que provocan o hacen surgir comportamientos violentos entre los seres humanos, puesto que la naturaleza humana es inalterable y los hombres son y serán siempre iguales. 8 Sin embargo, para que el orden político funcione no basta que los hombres se asocien o limiten ellos mismos a sus acciones, hace falta que un poder esté por encima de ellos, que sume fuerzas y los derechos de todos para poder establecer un orden y soldar a los hombres a leyes civiles que provean seguridad. 7 Hobbes, op. cit., p.141. 8 Morales, A. (2004). La noción de violencia en la filosofía política de Thomas Hobbes. Tesis de licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México, p. 81. 14 El Estado es un poder que cuyo valor es su constitución, la integración de todos los poderes de muchos hombres. Su concepción no es la idea de restar o quitar a los hombres una libertad inherente en su naturaleza para la conquista de sus pasiones; sino a través de la suma del poder que cada hombre tiene, concebir un ordenamiento capaz de proveer seguridad y disminuir los miedos a la muerte violenta que le propina el otro. El orden y la seguridad quedará en manos de los propios hombres al asumirse capaces de manifestar su poder en uno sólo. La suma de fuerzas impondrá ante los enemigos el poder necesario que les ofrezca tranquilidad en sus vidas. Con ello, se delega a ese poder, el mantenimiento del orden – por medio de un marco jurídico- que avale una vida más tranquila. No obstante, Hobbes dentro de su orden propuesto con base en la suma de fuerzas, no elimina la violencia que pueda surgir entre los hombres. La discordia y los desacuerdos estarán presentes conforme a nuestra naturaleza y por lo tanto el conflicto; sin embargo, se contará con leyes e instituciones que las regulen. El rompimiento de Hobbes con la visión clásica de un contrato es la llave para entrar al Estado moderno. Con él se quiebran las tradiciones jerárquicas de los pactos. En su perspectiva todos los que integran el gran pacto tienen los mismos derechos, es un pacto entre iguales. Ya no es un pacto entre Dios y su pueblo ni entre el monarca y sus súbditos, sino entre todos para crear uno tercero, el soberano. Antes el elemento fundamental era la obediencia a cambio de cuidado y la protección por un superior, así al salirse de lo convencional Hobbes formula la idea de una figura que reúna el poder de todos los hombres o de quienes integren la comunidad, algo 15 artificial pero al mismo tiempo terrenal, donde impere la ley. Un lobo entre los lobos –figurativamente- pues mientras persista un derecho natural entre los hombres no puede haber seguridad para nadie, lo que trae consigo el conflicto y la condición de guerra. 1.2 El monopolio de la fuerza y la legitimidad weberiana Para comprender la política, Max Weber centra su pensamiento en lo que puede esperarse de ésta, para poder así explicar la especificidad de la política como actividad a lo largo del tiempo. Por eso, para hablar de política es necesario establecer lo que es de interés para todos los hombres. A partir identificar lo que es la política, Weber explica el modo en que la sociedad encuentra motivos para obedecer a una autoridad política cambia de acuerdo a épocas y contextos, lo que hace que el uso del monopolio de la violencia por parte del Estado no sea siempre igual. Asimismo, identifica que esta asociación está basada en una violencia que sin un Estado que la concentre, estaría dispersa en los hombres, esclavizando a los hombres a continuas guerras entre ellos, sin un orden. De ahí, el interés que lleva a los hombres a establecer una relación de dominio y obediencia a partir de la cual Weber encausará sus líneas de pensamiento. Siguiendo el fundamento del Estado a partir del condicionamiento al miedo y a la violencia que los hombres tienen en un estado de naturaleza, Weber señala que la violencia no es el único medio del que se vale el hombre o los Estados para proclamar su poder y velar por la seguridad, pero es sin duda alguna su medio específico, uno de los rasgos constitutivos para comprender lo que es propio de la política como actividad, y que representa un Estado para Weber. Pero este medio en 16 particular tiene que estar otorgado por las voluntades que los hombres ceden para adquirirseguridad respecto a sus vidas, lo que lleva a entablar una relación de dominación entre ellos y el hombre o asamblea de hombres en quien depositen su poder. Asimismo, Weber explica que sólo teniendo una continuidad en el tiempo un poder puede llegar a constituirse en Estado, donde el Estado tendrá el monopolio de la violencia legítima independientemente de cualquier fin. Así, a través de los medios que tiene el Estado, como el de la violencia, “el Estado expropia la violencia al resto de la comunidad y la ejerce en forma monopólica”. 9 Para Weber la política es una actividad, y aunque sea también pasión, la política existe cuando alguien siendo consciente de las exigencias que la actividad demanda al que las desarrollará, éste se siente llamado a desempeñarlas. Es así que la política no está sujeta a emociones o pasiones que surgen en un momento específico, sino a un quehacer, una actividad, pues para Weber, la política no se resuelve en la moral ni en su existencia real. La expresión es corta: para la política hay que tener vocación. Con ello, Weber describe que “el sentido de obrar bien se relaciona con el modo de abordar la política, con actuar de forma adecuada de lo que la política pone en juego”. 10 Es decir, que la política es “toda actividad de dirección autónoma o la influencia sobre la dirección de una asociación específicamente política” 11 o que significa que sin tener resolución ideal o moral, la política es una actuación racional. 9 Franzé, Javier, ¿Qué es la política? Tres respuestas: Aristóteles, Weber y Schmitt, Ed. Catarata, España, 2004, p. 54. 10 Ibidem. 11 Ibídem. 17 1.2.1 El concepto de la política de Weber La concepción weberiana del Estado apunta a comprender que el modo en que la sociedad se relaciona varía de acuerdo a las épocas y a los contextos. Y aunque al final el Estado guarda una relación de dominación de hombres sobre hombres basada en la violencia y en la legitimación de su uso monopólicamente, también el Estado guarda un sentido auténtico alrededor de ser la única fuente del derecho a la violencia, pues “es cierto que si solamente existieran configuraciones sociales que ignorasen el medio de la violencia, habría desaparecido el concepto de Estado y se habría instaurado lo que, en este sentido específico, llamaríamos anarquía”. 12 La violencia no es, naturalmente, ni el medio normal ni el único medio de que el Estado se vale, pero sí es su medio específico. Para Weber las transformaciones culturales influyen en la determinación de lo que significa política como actividad en dos formas, por un lado, no hay valores más verdaderos que para otro hombre, pues ninguno deriva de su ser o es inherente a la condición humana; y por el otro, las consecuencias de las acciones dirigidas a realizar determinado valor pueden ser paradójicas. Para describir lo que Weber señala como política, Franzé dice al respecto: “El bien propio de la política es entonces volcarse en la búsqueda del bien de la sociedad luchando por unos valores, entendiéndolos no como inherentes a los hombres ni al mundo, sino como deseables para ellos. Ese bien que puede realizar la política, en tanto es un valor construido subjetivamente, siempre es parcial, por lo que su impureza proviene no sólo de que 12 Weber, Max. El político y el científico, [En línea] 38p.p., El Colegio de México, Dirección URL: http://www.colmex.mx/centros/cei/bibliografia/Weber%20Politica%20como%20vocacion/El- Politico-y-el-Cientifico-Max-Weber-.pdf [consulta: 20 de febrero de 2012] http://www.colmex.mx/centros/cei/bibliografia/Weber%20Politica%20como%20vocacion/El-Politico-y-el-Cientifico-Max-Weber-.pdf http://www.colmex.mx/centros/cei/bibliografia/Weber%20Politica%20como%20vocacion/El-Politico-y-el-Cientifico-Max-Weber-.pdf 18 se realiza por medio de la violencia física estatal, sino también de la violencia moral que entraña su parcialidad, esto es, el hecho de que inexorablemente no será visto como un bien por una parte de la sociedad”.13 Esto significa que no se tiene una relación causal entre los valores que rigen una decisión y las consecuencias prácticas de ésta. Para orientar la acción política Weber abre la disyuntiva entre convicción y responsabilidad. Aquí es donde se inserta el sentido de la responsabilidad por la ética, el cual consiste en tener en cuenta que las acciones podrán tener consecuencias no deseadas e incluso contradictorias incluso con el objetivo final proyectado. Cabe señalar que los valores y el sentido del mundo no es el mismo para todos los hombres, pues cada uno tiene un cristal diferente. A partir de que Weber traza lo que es propio de la política, da un sentido práctico y activo a la toma de decisiones como parte fundamental de lo que a un político le corresponde hacer con base en aquella vocación que lo lleva a actuar con sentido de responsabilidad y para proteger la existencia de los valores que imperen en cierta época y en circunstancias que acreditan esas acciones. Entonces el político tendrá que alejarse de la ética de las convicciones. Esto llevaría a interpretar que de acuerdo a Rabotnikof, en Weber “la política responsable sería directamente la acción calculada, basada en regularidades empíricas y anticipación de posibilidades (…)”. 14 Será la responsabilidad del político la que trabajará y estará presente en sus decisiones, aunque en ocasiones éstas no sean aprobadas por todos, pues lo que 13 Franzé, Javier, op. cit., p. 62. 14 Rabotnikof, Nora, Max Weber: desencanto, política y democracia, UNAM, México, 1989, p. 102. 19 diferencia al político de los otros es la comprensión de una encrucijada para el uso o no de la fuerza que el Estado le otorga para confrontar los males. Entonces, la violencia se convierte en un instrumento legítimo del político como parte de sus responsabilidades, y le genera un honor al caudillo político cuando éste “asume personalmente la responsabilidad de todo lo que hace y todo lo que no”, 15 a razón de que esta responsabilidad no puede arrojarse a otro ni deslindarse de ella. Sin embargo, siguiendo la línea argumentativa de Weber, Franzé explica que “es la convicción sobre unos valores lo que desempeña un papel tan importante en el político que actúa guiado por la ética de la responsabilidad que, precisamente porque es responsable, sabe de qué se trata la política, y no obstante elige volcarse en ella. Elige salvar la ciudad a su manera, con sus valores, a pesar de que ello le cueste condenar su alma. Su convicción le permite aceptar y soportar el ejercicio de la violencia que la política exige. Su convicción respecto de los valores que lo animan le permite posponer la realización de éstos cuando las circunstancias son negativas para su realización y más bien propician su descrédito”. 16 Se trata de ver que la política no se comporta con los mismos dilemas éticos de las relaciones personales o sociales, y que el mundo necesita tomar en cuenta que el hombre tiene actividades a los cuales no puede aplicar un mismo parámetro. De esta idea se desprende la importancia del soberano y del reconocimiento que tenga sobre los instrumentos a los que accede una vez que esté dentro del Estado. 15 Weber, Max, op.cit., p. 18. 16 Ibídem. 20 El político, además, deberá hacerse responsable de la existencia del mundo sobre el que actúa y dirige, así como de los terceros sobre los que recae cada acción y cada decisión tomada. Es decir, que un político no puede alejarse de las responsabilidades que le competen. Sin embargo esta responsabilidad combinada con verdadera pasión es la que hace unpolítico entero. Las decisiones de un político por vocación siempre estarán en vísperas de un mejor futuro, no bueno, no malo, sólo mejor, atendiendo al compromiso que hizo como líder legítimo de un Estado. Su ética moral estará restringida por la ética política, una responsabilidad sin mayor atadura que las decisiones que tome y las consecuencias venideras proyectadas. Pero esta legitimidad deberá estar sustentada de acuerdo a tres características de dominación, como la dominación legal, la patriarcal y la dominación carismática, considerando que no necesariamente están en forma pura, sino puede haber combinaciones en distintas proporciones que provean al político de la legitimidad necesaria para actuar. Asimismo, los niveles de responsabilidad en tres aspectos: responsabilidad que genera la misma política, la responsabilidad de elegir los valores que seguirá y congregar a quienes deberán realizarlos, y por último de intentar racionalmente de prevenir las consecuencias de sus decisiones, anticiparse a los posibles resultados de sus actos en términos de los valores adoptados para mostrar que las éticas de la responsabilidad y de la convicción se complementan. 21 Como se ha señalado, para Weber el terreno de la política se define alrededor de los medios que se poseen para alcanzar cualquier fin dentro del Estado, ya sea para quien aspira a obtenerlo conservarlo, renovarlo o hasta influir en él. Rabotnikof describe el proceso de formación del Estado soberano a partir de las ideas de Weber como “El proceso de expropiación generalizada de los medios políticos y bélicos a los titulares privados del poder culmina en la moderna empresa estatal en la que ‘el poder de disposición sobre todos los medios de la empresa política se amontona en la cima”. 17 Con ello, el nacimiento de un Estado soberano se da cuando se logra despojar y concentrar los medios de coacción física y de administración de éstos, lo que lleva a tener un monopolio de la violencia legítima y del poder administrado bajo normas que otorgan legitimidad y legalidad. Dado que la política tiene en sus manos al Estado como principal instrumento, cualquier decisión que se tome estará respaldada por la violencia legítima, es decir por el derecho del Estado a obligar a los hombres de actuar o ejercer ciertas acciones en pos de conseguir un fin. Recordemos que este fin, no necesariamente es bien visto por todos, pero el político tiene la responsabilidad de tomar si así lo considerase, sin importar qué tipo de personalidad lo haya llevado al poder. Es decir, “implica elegir valores para toda la sociedad en el marco de la diversidad de fines en pugna, sin certeza objetiva acerca de la conveniencia de tal elección. La difusión de los valores en toda la sociedad se garantiza por la violencia- no sólo física sino también espiritual- que implica el Estado”. 18 17 Ibíd., p. 163. 18 Rabotnikof, Nora, op.cit., p. 102. 22 1.2.2 Weber y la legitimidad del poder Un orden legítimo no tendrá ninguna procedencia moral o lógica sino una efectividad empírica. Si no hay un efecto observable en la práctica, el orden queda al descubierto, y la relación con los involucrados dentro de un orden legítimo estará distinguiéndose por dejar la disposición de cumplir con las normas u ordenamientos dispuestos. Asimismo, entre estos ordenamientos legítimos Weber los distingue en dos tipos: la convención, cuyo orden es legítimo porque en esta forma de relación se plasma que los actores operaran bajo conocimiento de un orden legítimo; y la coacción jurídica, donde está referida la existencia de una institución o aparato que pueda ejecutar ese orden. La primera característica corresponde a la legitimidad del eterno ayer, una legitimidad consolidada por el tiempo y validada por la costumbre, como la de un príncipe o un patriarca en épocas antaño. La segunda, es la legitimidad del carisma, cuya fortaleza radica en la propia gracia y cualidades de quien ejerce el poder, ya sea un profeta, un guerrillero venido a bien elegido por sus habilidades, o hasta un demagogo, quien utiliza sus palabras para convencer de sus cualidades. Por último, Weber explica que hay una legitimidad basada en la legalidad, una creencia válida de preceptos legales fundada en normas racionales creadas de manera objetiva, y cuyo resultado es una obediencia legalmente establecida. En esta última forma de legitimar al soberano o a quien ejerce el poder, hay un comportamiento racional en las reglas de dominación. No obstante, esta obediencia sigue estando condicionada a motivos de miedo y temor, un mundo de naturaleza donde la desconfianza permite que el hombre active su destreza racional 23 para establecer un orden legítimo en el cual acomoda sus relaciones con los otros hombres. De alguna forma es poner en manifiesto una lucha no sólo del poder, sino una lucha entre fines y valores opuestos que caracterizan el terreno de la política por ser inevitables. El Estado actual se caracteriza, dice Weber, por las notas relativas al carácter institucional que incluyó en las relaciones sociales, es decir, “el Estado moderno tiene un ordenamiento jurídico y administrativo que presenta unos rasgos distintivos específicos: es un ordenamiento que es modificable por normas asimismo establecidas; es un ordenamiento por el que se rige toda la actividad del aparato administrativo, que a su vez está establecido igualmente por un sistema de normas, y es un ordenamiento que reclama su vigencia y aplicación no sólo para aquellos que han nacido dentro de la comunidad, sino para cualquier que se encuentre en el territorio en el que se ejerce ese poder institucionalizado”. 19 Lo que significa que el Estado moderno tiene actualmente el monopolio de la violencia y sólo existe violencia legítima en la medida que el ordenamiento estatal lo permita, lo que lleva a Weber a definir al Estado alrededor de la coacción física dentro de la comunidad política y sobre sus fines. La coacción o fuerza física es el medio que ayuda a dar al Estado el fin que cualquier comunidad política persigue, desde la garantía de la seguridad personal hasta la justicia, siendo la violencia un elemento exclusivo de la comunidad política y al que Weber hace referencia en una precisión del lenguaje en términos de acciones que legitiman el propio significado de lo político. Con esta característica propia del 19 Abellán, Joaquín. Poder y política en Max Weber, Biblioteca Nueva, México, 2004, p.30. 24 Estado, los fines quedan lejanos para Weber a raíz de su razón metodológica, una razón que le lleva a una realidad no jurídica y dando apertura a que los fines de cualquier comunidad sean distintos al no limitar la definición de un Estado a éstos. Ello permite encontrar un común denominador y al mismo tiempo exclusivo: la fuerza física, a través del cual se ejerce el poder. Una de las claves para la clasificación weberiana de las estructuras de dominación se encuentra en la reclamación por parte del detentador del poder, donde su poder sea considerado legítimo. Si los obedientes o seguidores creen que es un poder legítimo para quien lo ejerce, entonces no importa la conciencia que tenga éste de sí mismo, sólo bastará la reivindicación por parte de quien tiene el poder. Es decir, que mientras el poder se considere legítimo, quien lo posea puede tomar cualquier decisión, aun significando enfrentar al oponente por vía de las armas. Sin un poder legítimo, el soberano no podrá contener sus decisiones en sus seguidores y generarán una pérdida de poder para quien lo tiene en ese momento. No será necesaria la conciencia de quien posea el poder pues quienes le autorizaron tenerlo le otorgaron una legitimidad.El segundo elemento de la estructura de dominación de Weber es el tipo de relación o legitimidad que existe entre el dominado y el aparato administrativo, es decir del cuerpo de seguidores de quien detenta el poder. Ya que es necesario que un poder que se ejerza sobre cierto número de personas esté acompañado de un grupo de seguidores u hombres fieles que obedezcan para llevar a cabo el mandato general. Con esto, Weber demuestra el estudio vertical que realiza para las relaciones de 25 poder y desde sus formas de ejecución del poder más allá de una simple aceptación de los dominados en general. Weber analiza estos elementos desde una perspectiva normativa, donde en principio la primer idea es que puede establecerse una estructura de dominación de manera racional por distintas vías, ya sea por pacto o por imposición. Este derecho representa una relación social del propio orden de la comunidad y podrá exigirse su respeto a quien se encuentre en el territorio o ámbito de poder de dicha comunidad. La otra idea sobre el derecho es que éste tiene reglas abstractas, las cuales atenderán los intereses de la comunidad dentro de los límites de las reglas jurídicas, es decir, que se hace una jurisdicción. Entonces es “el poder estatal un poder en virtud de su legalidad, en virtud de la creencia en la validez de las normas legales y de las competencias fundadas en reglas racionales”. 20 Lo que significa que “la legitimidad del poder es la legalidad de la norma general pensada para un fin, establecida correctamente desde un punto de vista formal y publicada”, 21 una obediencia especial porque se obedece al derecho, al ordenamiento impersonal (como es la burocracia o los servidores administrativos), al que también están sometidos los órganos del Estado. Sin embargo, cabe señalar que no hay pureza en los tipos de dominación, y tampoco la legitimidad del poder legal se encuentra solamente en lo legal, sino que también está producida por una serie de rasgos como la tradición, una creencia arraigada o hasta una creencia de tipo carismático. 20 Ibíd., p. 64. 21 Ídem. 26 Con ello, Weber nos dice que la legitimidad de una dominación legal no se agota en la legalidad, sino que hay otros factores que intervienen como elementos legitimadores del Estado moderno como la tradición y el carisma. La racionalización formal permite que cada paso en el sistema de normas sea seguro, previsible y posibilite distintos sistemas de poder. Ésta es una de las características principales del Estado moderno. La racionalización formal contribuye a mantener una estructura lógica y sistemática de las normas jurídicas para poder aplicarlas a toda la comunidad política en un territorio particular, posibilitando el ejercicio del derecho y destacándolo como uno de los principios lógicos con conceptos adoptados para la sana convivencia entre quienes deben obedecer y quienes manejan el poder. Por un lado, la dominación hace referencia a la autoridad y por otro, al mismo tiempo a la voluntad de obedecer, lo que significa que Weber distingue entre un poder de mando y un deber de obediencia, sentados ambos en una serie de principios racionales con validez en la comunidad que condicionan la efectividad y la continuidad de un tipo de dominación. En la propia obra de Weber destaca su inquietud en el fundamento que hace que la relación de poder sea efectiva en la realidad, es decir, que busca la cara científica de la legitimidad del poder y la eficacia que tienen las justificaciones del poder a través de la historia. Esta legitimidad del poder no es derivada de que el detentador del mismo se presente como “servidor” de los gobernados, ya que su legitimidad se ancla en cuanto a la relación efectiva de poder-obediencia siendo los obedientes quienes hacen que el poder sea legítimo. 27 1.3 La figura schmittiana del soberano El trabajo sobre la esencia de lo político de Carl Schmitt le permite no solamente definir la política sino analizar su constitución y fundamento, al someter sus preguntas a las posibilidades de eliminar el conflicto y la lucha, así como al fundamento de la legitimidad del Estado. Y aunque el conflicto entre los hombres ha sido y será una constante, la forma en que se representa ha cambiado a lo largo de nuestra historia, llegando hasta enemistades reguladas por un marco jurídico que encuentra en el sistema democrático su culminación. Al reconocer el conflicto entre los seres humanos, se reconoce el riesgo latente en las sociedades y los avances en la historia de la humanidad nos dan claridad sobre la capacidad de destrucción entre nosotros mismos. Por ello, es importante considerar la perspectiva de un jurista como Carl Schmitt, quien desde su análisis busca entender lo político para encontrar respuestas a las decisiones de los soberanos. Schmitt señala que la figura del soberano es quien actualiza la voluntad de los representados y es el propio soberano quien legitima el orden político. Sin embargo, para profundizar en el análisis sobre la legitimidad del Estado y la valoración que ofrece Schmitt al soberano es necesario considerar las situaciones excepcionales como punto de partida, ya que para él una situación normal no puede revelarnos la verdadera sustancia del poder estatal. Sin una situación excepcional, destaca Schmitt, no es posible comprender la vulnerabilidad del Estado y a su propia mirada, los vacíos jurídicos también respecto a su competencia. Por lo tanto, “la decisión en caso 28 de excepcionalidad es creadora de orden en una situación de caos, en la cual por definición ninguna norma puede aplicarse. La decisión autónoma sanciona entonces un tipo de orden (y de desorden) y lo garantiza. Eso otorga legitimidad al soberano y confiera valor jurídico a sus decisiones”. 22 Dado que la legitimidad de una Constitución sigue siendo dependiente de una decisión – la del pueblo mismo- es una decisión que supone una voluntad unitaria y homogénea, sin que ésta sea un contrato o pacto entre diferentes, ya que eso respondería a una fractura de la soberanía estatal, al reconocer que el pueblo constituyente está dividido en diferentes grupos, los cuales pueden ser potencialmente resistentes en caso de verse amenazada la destrucción de la comunidad política, es decir, la homogeneidad o identidad que posibilita el orden. Por ello, para Schmitt “la unidad del poder estatal sigue en pie a pesar de que su legitimidad venga dada por la voluntad popular”, 23 cuya homogeneidad del pueblo está basada en sus rasgos más precisos e identificables, en contenidos, como la preferencia por un tipo de Estado, organizado según criterios específicos. Es decir, que más allá de la democracia representada en elecciones, el verdadero poder se ve reflejado en la identificación pública del pueblo a través de la aprobación, aclamación o consentimiento para el representante. Lo que significa que la voluntad del pueblo no se manifiesta independiente de la figura del representante como en la democracia liberal en el acto de ir a votar, sino gracias al representante mismo, lo que significa que dentro del concepto de lo político la decisión legítima el 22 Franzé, Javier, op.cit., p. 135. 23 Ibíd., p. 136. 29 orden político en lo interno y en lo externo, agrupando tanto a los amigos como a los enemigos. Por su parte, Serrano define al ciudadano en un contexto de conflicto y diferenciador: “El ciudadano es una especie de amigo público; las distinciones entre los ciudadanos no se consideran propiamente diferencias, sino diversos lugares y funciones asignados por una estructura compartida”. 24 Una estructura que congrega y subordina las diferencias a una unidad orgánica,el Estado. A partir de esta forma de enmarcar las igualdades de los ciudadanos, las diferencias quedan en el exterior. Si bien las diferencias, la movilidad de las sociedad y los conflictos que puedan darse en ellas crean condiciones que hacen posible un mayor grado de tolerancia al individuo diferente y a las libertades que el Estado busca garantizar, también son estas diferencias las que complican la tarea política de formar una identidad colectica que sirva como mediación entre el orden institucional y las motivaciones de los individuos. Destaca que “uno de los fenómenos más frecuentes en los conflictos es que cada uno de los bandos afirme representar la causa justa y, por este camino, convertir a su rival en un enemigo absoluto”. 25 Un enemigo absoluto es quien trasgrede principios a los que se les atribuye una validez universal y a quien se le niega todo valor moral, una enemistad que puede ir escalando violentamente, porque al no ser identificado como “otro hombre” y degradado al rango de inmoral, deja de ser posible cualquier negociación política. 24 Serrano Gómez, Enrique, Filosofía del conflicto político, UAM-Iztapalapa, 2001, México, p. 213. 25 Ibíd., p. 222. 30 Schmitt considera que el renacimiento de las figuras del enemigo absoluto y de la guerra justa es una consecuencia del camino liberal que busca neutralizar el concepto político de lucha, transformándolo en competencia económica y en discusión racional. De acuerdo a su línea argumentativa, la finalidad de los intentos violentos por neutralizar el conflicto es ocultar una voluntad de dominio. Y solo “el Estado, en su condición de unidad esencialmente política, le es atribución inherente el ius belli, es decir, la posibilidad real de, llegado el caso, determinar por propia decisión quién es el enemigo y combatirlo”. 26 Por lo que la condición del Estado tiene entre sus competencias la más aterradora: la posibilidad de declarar la guerra, y en consecuencia de disponer de la vida de su comunidad. Sin embargo, esto corresponde a situaciones excepcionales, ya que en la normalidad la aportación del Estado es tener una paz, orden y seguridad dentro de él y su territorio, algo que presupone que las normas jurídicas puedan tener vigencia. 1.3.1 La constitución del conflicto político: el otro Para Schmitt, la guerra de todos contra todos descrita por Thomas Hobbes tiene su raíz en la existencia de lo político, que siguiendo sus argumentos surgen de la misma naturaleza peligrosa y conflictiva de los hombres. Señala que la independencia de lo político respecto a otros dominios del pensar y del hacer del hombre se encuentra en contar con criterios autónomos para explicar su actividad. En este sentido es importante decir que para Schmitt: “No existe objetivo tan racional, ni norma tan elevada, ni programa ejemplar, no hay ideal social tan hermoso, ni legalidad ni legitimidad alguna que 26 Schmitt, Carl, El Concepto de lo político, Ed. Alianza, 5ª Reimpresión, 2009, p. 74. 31 puedan justificar el que determinados hombres se maten entre sí por ellos. La destrucción física de la vida humana no tiene justificación posible, a no ser que se produzca, en el estricto plano del ser, como afirmación de la propia existencia contra una negación igualmente óntica de esa forma. Una guerra no puede justificarte tampoco a base de argumentos éticos y normas jurídicas. Cuando hay enemigos verdaderos, en el sentido óntico al que se está haciendo referencia aquí, tiene sentido, pero sólo políticamente, rechazarlos físicamente, y si hace falta, combatir con ellos”. 27 Para el jurista alemán, está claro que el Estado puede extender su poder sobre los individuos pero más allá de eso, la decisión de un pueblo a renunciar a lo político es impensable pues no es posible tener un Estado puramente moral o económico, ya que lo político no desaparecerá del mundo, en todo caso será el pueblo débil que se alejó de lo político. Con ello, Schmitt establece que en todas las concepciones democráticas el poder del Estado sobre los individuos siempre puede extenderse, al mismo tiempo que una definición de lo político en función de criterios que regulan su actividad, dado que el rasgo conceptual de lo político deriva el pluralismo en los Estados. La independencia de lo político respecto a otros dominios del pensar y hacer humanos se da en poseer unos criterios autónomos, no derivados de ninguna otra esfera, ya sea moral o espiritual, para poder así explicar la actividad de lo político. En la lucha por el reconocimiento, entendida como la dimensión moral del conflicto, no se trata de encontrar una justificación racional de las normas morales, sino que los individuos acepten a éstas últimas como motivos propios de su 27 Schmitt, Carl, op.cit., p. 78. 32 comportamiento. Y serán los individuos quienes a través de la constitución de un orden social tendrán garantizada por medio de una norma jurídica su paz y su seguridad. Es decir, que sin la estructura de un Estado constituido en lo político, el orden dentro de la comunidad no podrá sostenerse y ninguna norma jurídica alcanzará sus fines y evitará el conflicto y la lucha. Ya que mientras un pueblo exista en la esfera de lo político, tendrá que decidir por sí mismo quién es el amigo y quién es el enemigo, decisión que estriba en su propia existencia política, pues al no tener capacidad o voluntad de decidir sobre quienes son parte de los amigos y quienes son sus enemigos reales, deja de existir políticamente. Como la decisión del soberano será quien legitime el orden político, “el sentido de la guerra no está en que se haga por ideales o según normas jurídicas, sino en que se haga contra un enemigo real”. 28 Lo que significa que el enemigo determina qué tipo de lucha es propia de lo político y con él cabe la posibilidad real de un conflicto. Y es el Estado, en la que medida que posee ius belli, el que toma la decisión sobre quién es el enemigo y decide combatirlo. De hecho, no es posible imaginar una situación más violenta que la de una guerra, una enemistad absoluta por el conflicto entre dos existencias que se amenazan recíprocamente y al mismo tiempo amenazan cualquier posibilidad de consolidarse como una agrupación. Pero no todo conflicto es político, y pueden encontrarse disputas de distinta intensidad. Para que tenga un rasgo político es necesario que exista una diferenciación entre enemigos y posibles aliados, y será político hasta el momento en que no puedan resolverse las situaciones mediante 28 Ibíd., p. 79. 33 normas comunes y la única solución sea el choque frontal cuerpo a cuerpo, lo que significa que incluso pueden resultar irracionales en virtud de las normas muchas de las decisiones que realice el Estado. La guerra es una posibilidad real entre Estados, una posibilidad de lo político que se da en casos excepcionales donde la comunidad no puede renunciar a la decisión de identificar al enemigo y combatirlo. De acuerdo con Schmitt el reconocimiento del otro como un enemigo potencial es una consecuencia de la consolidación del Estado como poder soberano y una decisión política. Ahora el monopolio de la violencia legítima le permite al Estado evitar que los individuos conviertan sus enemistades privadas en conflictos políticos, pues el Estado al obtener el monopolio de las decisiones para identificar y definir al enemigo, resta conflictos entre los particulares y establece un margen a la violencia, logrando sentar las bases de una paz interna dentro del Estado. El conflicto político sólo será cuando alguna de las disputas se generaliceny excedan su ámbito ordinario involucrando al conjunto de la comunidad. Es entonces que el conflicto político tiene una intensidad particular, medida por la capacidad de integrar o desintegrar a los sujetos y donde hay límites. Cuando la rivalidad sobrepasa esos límites de unidad en la comunidad, entonces se está ante una potencial guerra. El fundamento de una relación política entre los individuos y el Estado está dado por el intercambio entre la protección y la obediencia, lo que señala Schmitt es una obediencia hacia un poder político lo que convierte al individuo en parte de una competencia estatal, porque ahora el Estado es quien puede ordenarle combatir a muerte para salvaguardar la vida de la comunidad en la que se encuentra. El individuo se vuelve parte del Estado y está sujeto a la decisión de éste. “El Estado 34 encausa a los iguales e incluso es el que decide cuándo sus existencias como miembros del colectivo están en peligro o amenazadas”. 29 La legalidad misma se convierte en la fuente de la legitimidad, por lo que respecta tanto a las leyes del sistema jurídico en todo su conjunto. Los ciudadanos se envuelven en un sistema aprobado por ellos mismos que consideran legítimo cuando se estableció por las instancias autorizadas y de conformidad a su legislación, es decir, que encuentran en el sistema jurídico la construcción de su propia “racionalidad formal” en términos weberianos. El lazo entre los individuos y el Estado estará en función de la legitimidad que encuentren en su sistema de leyes con el que operen la relación protección y obediencia. Siendo “la excepción” el origen de la situación no esperada para desenvainar la espada. Schmitt sugiere que hay una verdad o un valor que será interpretado por el soberano, por lo que no importa la verdad en sí que funde el Estado sino que alguien tome las riendas y se halle en autoridad para determinar lo que es verdadero, lo que pone en riesgo el orden constituido y genera una situación de excepcionalidad. El soberano podrá crear o determinar cuando se encuentre en un Estado de excepción y quebrar o romper las normas. La paradoja se encuentra en que al mismo tiempo cuando el soberano acata las normas, en un Estado de excepción dejan de existir, pues la idea de Schmitt se basa en la suspensión de la constitución que rige el Estado, por lo que el soberano estará entonces dentro y fuera del orden jurídico al mismo tiempo. Por lo que debido a que en la norma no puede determinarse cuándo aparece una excepción, ya que la 29 Franzé, Javier, op.cit., p. 152. 35 ley no es capaz de prever para advertir de las posibles acciones fuera de la normalidad, es entonces cuando el soberano tiene que decidir sobre lo que signifique excepción y lo que es una situación normal. El Estado de excepción no tiene forma jurídica dado que es un hecho político. Esto significa que la excepción sólo aparece cuando el orden existente se altere, considerando que la ley está vigente la mayor parte del tiempo. Desde este punto, Agamben sigue el argumento de Schmitt sobre el estado de excepción y señala que “el estado de excepción no es ni externo ni interno al ordenamiento jurídico, y el problema de su definición concierne precisamente a un umbral, o a una zona de indiferenciación, en el cual dentro y fuera no se excluyen sino que se indeterminan”. 30 Es decir, que cuando la norma se suspende en una situación de excepción esto no significa su invalidación ya que responde a un hecho político. 1.4 La Administración Pública: el engrane del Estado Comprender las acciones y el funcionamiento del Estado moderno lleva a establecer los vínculos que hay entre el Estado y la sociedad a partir del conjunto de órganos de decisión como los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para el caso de México, y órganos Ejecutivos entendidos en su totalidad como aparato burocrático. La noción del Estado moderno es una “categoría histórica”, destaca Omar Guerrero, que “en sucesión acumulativa de rasgos de estatalidad, lo signan hoy la 30 Agamben, Giorgio, Estado de excepción, Ed. Adriana Hidalgo, 2007, p. 59. 36 soberanía, intervención racional en la economía, régimen de derecho y nacionalidad. Esta suma de ingredientes delinea al Estado moderno”. 31 La vida de un Estado moderno está constituida no tanto por el amor al prójimo, sino por la utilidad que ofrece de mantener un orden entre la sociedad y permitir su desarrollo evitando la muerte violenta que describe Hobbes. Sin embargo, para que pueda cumplirse con el objetivo es indispensable considerar que la principal cualidad del Estado, como señala Omar Guerrero, es el movimiento. Para que el Estado establezca una relación con la sociedad y opere con todos sus medios para cumplir su propósito está la administración pública. “La administración pública esencialmente consiste en una capacidad del Estado para producir dicha utilidad, que a partir del siglo XVIII se proyectó en el impulso del desarrollo de la sociedad”. 32 Por un lado, la administración pública estará dirigida a acrecentar el poder del Estado, lo que constituye su capacidad de producir poder. Por el otro, tiene la capacidad de proponer, modelar y administrar los bienes y asuntos de carácter público, lo que ofrece cierto orden y civilidad. Así, dentro del Estado “el gobierno decide sobre la paz y la guerra, y la administración organiza y regula los detalles de estos actos”.33 Desde la administración pública se pone el Estado en acción, siendo la sociedad el objeto de estudio y actividad gubernamental donde lo público representa el campo de responsabilidad, y al mismo tiempo donde los límites son las propias 31 Guerrero Orozco, Omar, El Estado en la era de la modernización, Plaza y Valdéx, 1992, México. 32 Guerrero Orozco, Omar, Principios de la administración pública, Escuela Superior de Administración Pública de la República de Colombia, Colombia, 1997, p. 27. 33 Idem. 37 necesidades. Como dijo Weber, fue la necesidad de organizar la violencia lo que impulsó al Estado a desarrollar una administración de los medios materiales en un determinado territorio. Sin la administración pública el Estado no puede atender de manera ordenada las necesidades de la sociedad, y tal como se ha descrito, los problemas fundamentales que atañen a un Estado moderno, desde administrar los recursos materiales hasta actividades que le son inherentes como las relaciones exteriores, justicia y defensa. Asimismo, además de destacar la relevancia del engrane de la administración pública, no es de soslayar que el Estado debe velar tanto por la vida pública como por la vida privada. Se preocupa igual por el ciudadano que por el individuo y está dotado del elemento jurídico para legitimar la esfera privada. Por ello, la administración pública entiende como público todo bien o servicio de interés general y necesario para el desarrollo integral de la sociedad en su conjunto. 38 Capítulo II. El Estado mexicano frente al crimen organizado En México, el crimen organizado se ha convertido en materia de Seguridad Nacional y ocupa actualmente una agenda preponderante en las decisiones del Ejecutivo. Las decisiones sobre seguridad pública se han convertido en ejes de la Seguridad Nacional como acciones del gobierno. Las consecuencias de las decisiones siempre tienen distintas aristas, que por cuestiones particulares de este trabajo no podrán ser todas expuestas. Por ello, se definió tejer el capítulo por un lado, con la participación del Ejército como parte estructural del Estado mexicano, y por el otro, la perspectiva de la violencia como parte del desafío que enfrentael Estado. 2.1 El concepto de Seguridad Nacional La definición de Seguridad Nacional “aparece por primera vez en Estados Unidos después de la segunda guerra mundial, y desde entonces estuvo dominado por la guerra fría y su pensamiento estratégico-militar”, 34 lo que significa que en principio este concepto se encuentra construido por el contexto geopolítico del cual surgió, y haciendo partícipe al mundo de una idea más cercana al aspecto militar; sin embargo, algunos analistas han dejado de lado las dimensiones que van más allá de la “Seguridad Nacional” vista como tema central de las relaciones internacionales, como los factores políticos, económicos, sociales, y en los últimos años, es posible incluir los aspectos ambientales. 34 Maciel Padilla, Agustín, La Seguridad Nacional: concepto y evolución en México, El Colegio de San Luis, México, 2002, p. 9. 39 En México, el estudio en materia de seguridad ha sido esporádico y en muchas ocasiones confuso. En un principio, “el problema conceptual surge como el nacimiento del sistema político posrevolucionario que suscribió la Constitución de 1917 como sinónimo de la defensa de la soberanía nacional encarnada en la fundación del Partido Nacional Revolucionario y sus respectivas instituciones”. 35 No obstante, es hasta hace un par de décadas que el término “Seguridad Nacional” en México empezó a cobrar relevancia y a trascender en la literatura, en gran parte por la cercanía que tiene México con Estados Unidos. En México el término de Seguridad Nacional es relativamente nuevo y poco estructurado. “El origen aparente de esta necesidad se remonta a mediados de los años setenta (…) donde el clima de tensión entre las políticas nacionalistas del gobierno de Echeverría y el gobierno de Estados Unidos, haciendo que la Seguridad Nacional sea planteada como el fortalecimiento del nacionalismo político y económico”. 36 No obstante, será hasta el sexenio de López Portillo cuando se incluye el término Seguridad Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo, y donde la novedad reside en que el término aparece como una “una meta en las políticas estatales, y se dará atención a los problemas de institucionalización y coordinación de las diversas agencias especializadas en el uso de la fuerza estatal”. 37 El propio Vidal de la Rosa explica que la forma en que el gobierno de México se muestra ante amenazas reales a la soberanía mexicana por parte de la estrategia petrolera de los Estados Unidos, así como los riesgos de un desbordamiento de la 35 Rodríguez Sumano, Abelardo, La urgente seguridad democrática, Ed. Taurus, México, 2008. p. 35. 36 Vidal de la Rosa, Godofredo, “Reflexiones sobre la Seguridad Nacional en México”, Sociológica, año 9, Núm. 25, Seguridad y soberanía nacionales en América Latina, Mayo-Agosto de 1994, p. 175. 37 Idem. 40 guerra en Centroamérica sobre la frontera sur mexicana, van a dar lugar a los primeros pasos para la institucionalización de un aparato de Seguridad Nacional. Pero será hasta la administración de Miguel de la Madrid donde se llega a institucionalizar un aparato de Seguridad Nacional. Aunque la definición ha tenido procesos ambiguos, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en Diario Oficial de la Federación, México, 11 de junio de 2002, Artículo 3º, fracción XII, señala: Seguridad Nacional: Acciones destinadas a proteger la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, la gobernabilidad democrática, la defensa exterior y la seguridad interior de la Federación, orientadas al bienestar general de la sociedad que permitan el cumplimiento de los fines del Estado constitucional. Por su importancia, John Bailey 38 ha destacado que el concepto supera las ideas teóricas y también es un concepto práctico, ya que el término puede ser utilizado para dar o quitar legitimidad a políticas nacionales de gran peso, es decir, que se utiliza por diferentes actores en diferentes contextos para promover distintas agendas. Siguiendo esta línea de ideas, para los estudios de la seguridad es importante realizar análisis de discursos y cómo y por qué alguien determina que existe una amenaza a la seguridad, porque de alguna manera ahí es donde reside el conflicto y se identifica la vulnerabilidad y las toma de decisiones sobre los riesgos y los costos que tienen dichas amenazas. 38 J. Bailey y S. Shelton-Colby, U.S and Mexican National Interests and Sytrategic Opinion in the Post- Cold War Era, Background Paper Prepared for Working Meetind at Tepoztlan, Morelos, 9 October 1992. Center for Latin American Studies, Georgetown University, p. 5. 41 Como ejemplo de lo descrito por John Bailey, en México, el 31 de enero de 2005, el Presidente Vicente Fox (2000-2006) publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Seguridad Nacional, la cual establece en su Artículo 1º que “la misma tiene por objeto establecer las bases de integración y acción coordinada de las instituciones y autoridades encargadas de preservar la Seguridad Nacional, en sus respectivos ámbitos de competencia; así como, la forma y los términos en que las autoridades de las entidades federativas y los municipios colaborarán con la Federación en dicha tarea; regular los instrumentos legítimos para fortalecer los controles aplicables a la materia”. 39 De acuerdo a lo dispuesto de la Ley de Seguridad Nacional en su artículo 3º se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven a: I. La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país; II. La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio; III. El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno; IV. El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; V. La defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional, y 39 Diario Oficial de la Federación, 31 de enero de 2005. [En línea]. Dirección URL: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LSegNac.pdf [consulta: 3 de marzo de 2012]. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LSegNac.pdf 42 VI. La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes. Artículo 4º. La Seguridad Nacional se rige por los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales, confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación y cooperación. Artículo 5º. Para los efectos de la presente Ley, son amenazas a la Seguridad Nacional: I. Actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio, en contra de los Estados Unidos Mexicanos dentro del territorio nacional; II. Actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado Mexicano; III. Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada; IV. Actos tendentes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación, señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; V. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada; VI. Actos en contra dela seguridad de la aviación; VII. Actos que atenten en contra del personal diplomático; VIII. Todo acto tendente a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva; IX. Actos ilícitos en contra de la navegación marítima; X. Todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas; 43 XI. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia, y XII. Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos”. 40 A partir del pronunciamiento oficial de la Ley de Seguridad Nacional en 2005, la sociedad comenzó a tejer una concepción sobre el significado de la Seguridad Nacional y a relacionar el concepto con el objeto. De manera muy particular, actualmente los mexicanos vinculan la amenaza para la Seguridad Nacional con la delincuencia organizada. El Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia A.C, publicó en 2009 la “Encuesta sobre Seguridad Nacional SIMO-CASEDE”, 41 cuyo objetivo fue proporcionar herramientas en un tema poco explorado, cuyo foco de atención había estado concentrado en grupos de especialistas y periodistas, pues era un tema casi exclusivo del Poder Ejecutivo. Esta encuesta revela que la delincuencia organizada ocupó la primera posición en el estudio, siendo una de las principales amenazas a la Seguridad Nacional en México, pasando de 37% en septiembre 2008 a 47% en agosto de 2009. Asimismo, señala que la inseguridad pública fluctuó entre 15% y 21% para el mismo periodo, siendo la segunda amenaza para la Seguridad Nacional. Y aunque 31% de los encuestados en este estudio entiende como Seguridad Nacional la defensa del territorio y la soberanía nacionales, ante la pregunta sobre 40 Ídem. 41 Encuesta en vivienda de 1250 entrevistas, con un conglomerado de 125 secciones electorales. Última fecha del levantamiento para la serie, 24-27 de agosto de 2009; con un margen de error de +/- 1.9%. [En línea] Dirección URL: http://www.seguridadcondemocracia.org/encuestas/serie-de- encuestas-simo-casede/encuestas-simo-casede-sobre-seguridad-nacional.html [consulta: 5 de abril de 2012] http://www.seguridadcondemocracia.org/encuestas/serie-de-encuestas-simo-casede/encuestas-simo-casede-sobre-seguridad-nacional.html http://www.seguridadcondemocracia.org/encuestas/serie-de-encuestas-simo-casede/encuestas-simo-casede-sobre-seguridad-nacional.html 44 ¿cuál es el tema más importante de Seguridad Nacional en nuestro país? La dispersión de la respuesta muestra que el territorio y la soberanía están lejos de ser los temas con mayor relevancia para la población, ya que ante esa pregunta las respuestas más repetidas están distanciadas del objetivo de la Seguridad Nacional de acuerdo al concepto. El 20% que dijo ser la distribución y venta de drogas, 17% el tráfico de armas hacia Estados Unidos y 16% la crisis económica. Si la población identifica como amenaza a la Seguridad Nacional a la delincuencia organizada y el tráfico de drogas y armas entonces la agenda de Seguridad Nacional irá encaminada a combatir ese problema, asumiendo los riesgos y los costos que de ella deriven. 2. 2 El perfil de las Fuerzas Armadas en la Seguridad Pública El proceso de militarización de la seguridad pública en nuestro país no es un fenómeno nuevo, de hecho, constituye una constante histórica desde el surgimiento del Ejército en época de la Revolución Mexicana. Sin embargo, la decisión del gobierno del Presidente Felipe Calderón de continuar utilizando las Fuerzas Militares para combatir al crimen organizado en México y restablecer el orden público en algunas entidades y municipios, después de que su antecesor, Vicente Fox Quesada lo abordara de esta manera, contiene costos políticos, económicos y sociales, al mismo tiempo que la participación de las Fuerzas Armadas de México en la seguridad pública lleva consigo un desgastaste en todos los sentidos. El “proceso de militarización” en nuestro país tiene como detonantes diversas variables y que van desde la relación que se ha dado en cuestiones de la definición de Seguridad Nacional durante los años setenta y ochenta, así como la presión ejercida por los gobiernos de Estados Unidos como ya se ha señalado. 45 Como antecedente en México, el gobierno del Presidente Carlos Salinas de Gortari, en su Plan Nacional de Desarrollo 1988-1994, institucionalizó el uso de las Fuerzas Armadas en tareas contra el crimen y delincuencia organizada, específicamente en el combate al narcotráfico, donde señala que “el narcotráfico se ha convertido en un grave riesgo para la seguridad de la nación y para la salud de los mexicanos, su combate es ya razón de Estado; crearé en la Procuraduría General de la República dedicada a su exclusivo combate, con más personal y mayor adiestramiento; elevaremos las sanciones por su tráfico, y perseguiremos con energía redoblada a sus promotores, sea quien sea”, 42 asintiendo en su primer discurso como Presidente, una razón de Estado a esta lucha, y reconociendo en las Fuerzas Armadas como el “ejemplo de patriotismo, lealtad institucional, espíritu de solidaridad, sacrificio, y vocación pacifista y democrática (…)”. 43 Asimismo, se observa un regreso a la militarización en el periodo de gobierno de Salinas por la ocupación de altos cargos en los cuerpos de seguridad pública por oficiales de las Fuerzas Armadas. Cabe señalar que el proceso de militarización se ha dado en relación a la definición de Seguridad Nacional desde los años setenta y ochenta, sin embargo no puede dejarse de lado la presión política ejercida por los gobiernos de Estados Unidos en estas mismas décadas. Por “proceso de militarización” señala la maestra Sigrid Artz, que “debemos entender no sólo la presencia en instancias civiles del gobierno, esto es, que haya más militares en la procuraduría, o en puestos de seguridad pública en los distintos 42 Salinas, de Gortari Carlos, Mensaje a la Nación, 1 de diciembre de 1988. [En línea] Dirección URL: http://cronica.diputados.gob.mx/DDebates/54/1er/Ord/19881201.html [consulta: 10 de marzo de 2012] 43 Ídem. http://cronica.diputados.gob.mx/DDebates/54/1er/Ord/19881201.html 46 niveles de gobierno, e incluso en áreas sensibles de inteligencia civil, sino además, se agrega a este proceso el hecho de que al paralelo de la militarización concurren tres elementos, por lo menos: 1. No se invierte en la formación de policías civiles al ritmo necesario. 2. No se construye un sistema de contrapesos y equilibrios ante la militarización, esto es claramente una falta de madurez institucional y por ende de la fragilidad democrática en México. 3. Y los recursos humanos y económicos se concentran más de manera paulatina en los ámbitos militares y menos en lo civil”. 44 La línea argumentativa de Sigrid Artz, sobre el proceso de militarización del aparato de seguridad en el combate a la criminalidad y la delincuencia organizada se debe entender como un proceso que incluye tres elementos enlazados: primero, el incremento de militares en deberes y espacios que son de la competencia de los civiles, esta presencia ha venido aumentando particularmente en posiciones de mando y operativas. Segundo, el incremento en la participación de las Fuerzas Armadas en las decisiones estratégicas en las políticas de seguridad pública y nacional, sin el acompañamiento debido de contrapartes civiles. Y en tercer lugar, el crecimiento de recursos financieros y materiales a las distintas instancias donde se congregan estos elementos castrenses, pero particularmente se mantiene estrecha vinculación con la Secretaría
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