Las-organizaciones-de-la-sociedad-civil-en-Mexico-como-sujetos-de-interes-publico-para-el-desarrollo-social--analisis-y-perspectivas-desde-el-marco-institucional

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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 
MÉXICO 
 
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y 
 SOCIALES 
 
 “LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN 
MÉXICO COMO SUJETOS DE “INTERÉS PÚBLICO” PARA 
EL DESARROLLO SOCIAL: ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS 
DESDE EL MARCO INSTITUCIONAL” 
TESIS 
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADO EN 
CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
(OPCIÓN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA) 
PRESENTA 
ALDO ERASMO LUEVANO JIMÉNEZ 
DIRECTOR: DR. MIGUEL ÁNGEL MÁRQUEZ 
 ZÁRATE 
 
 Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 2016 
 
UNAM – Dirección General de Bibliotecas 
Tesis Digitales 
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reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 
 
 
 
 
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Para Juanita, Lulú y Horacio, pilares fundamentales en mi vida académica y 
desarrollo personal. 
 
Para toda mi familia que siempre estuvo apoyándome, en especial a Beatriz 
y Ricardo, mis padres, Romi, mi hermanita, artífices de este logro. 
 
Para Alizbeth Molina cuyo amor, ternura y deseo incansable por ayudar a 
aquellos que la rodean a hacer de este mundo uno mejor, me han inspirado 
todos y cada uno de estos días para la realización de la presente 
investigación. 
 
Agradecimiento especial para el Dr. Miguel Ángel Márquez Zárate, asesor de 
esta investigación, cuyo ejemplo y enseñanzas a lo largo de un año como su 
profesor adjunto y como colaborador del Proyecto PAPIIT IN 305716 FCPS 
“El Voluntariado Universitario como Modelo de Aprendizaje Servicio activo. 
Propuestas de Investigación y Docencia”, del que es responsable, me 
permitió desarrollar habilidades en la investigación para la conclusión de la 
presente tesis. 
 
También un agradecimiento especial para el Dr. Enrique Contreras Suárez 
por la oportunidad de colaborar como becario en el proyecto que encabeza 
UNAM-PAPIIT-IN303515 “Gobernabilidad, desarrollo local y migración 
internacional“. A lo largo de un año participando a su lado, sus enseñanzas y 
experiencia me permitieron desarrollar capacidades en la investigación 
académica. 
 
 
 
 
 
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ÍNDICE: 
INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………....5 
I.MARCO CONCEPTUAL………………………………………………………….14 
 I.I La sociedad civil y sus organizaciones……………………………………………..14 
 I.I.II Desarrollo histórico del concepto………………………………………………15 
 I.I.III Relación de sociedad civil y esfera pública…………………………………. 16 
 I.I.IV Relación entre Mercado, Estado y Sociedad Civil…………………………. 17 
 I.I.V La sociedad civil y sus organizaciones………………………………………..21 
 I.II Marco Institucional como regulador de la vida social…………………………….22 
 I.III La acción colectiva como motor de la organización social……………………...25 
 I.IV Las Organizaciones de la Sociedad Civil como sujetos de Interés Público.....28 
 I.V La participación de las OSC para el desarrollo social …………………………..31 
 I.VI La relación entre desarrollo social y el capital social……………………………34 
 I.VII La participación de la sociedad civil organizada a través de la gestión social.36 
 I.VIII La configuración de la relación sociedad-gobierno desde la corresponsabilidad.37 
 I.IX La creación de valor público en la actividad de la sociedad civil organizada como 
organizaciones mediadoras ………………………………………………………………...40 
 I.X La creación de capital social en la labor de las OSC……………………………...43 
 I.XI Las OSC como mediadoras de los costos de transacción……………………….44 
II. LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN MÉXICO…………………..48 
 II.I Situación actual de las OSC en cifras………………………………………………..52 
 II.II Un acercamiento a las Instituciones rectoras del campo de actividad de las OSC.54 
 II.II.I Comisión de Fomento de las Actividades de las OSC……………………55 
 II.II.II Consejo Técnico Consultivo………………………………………………...56 
 II.II.III Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil y del Sistema 
 
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 de Información de las OSC…………………………………………………………56 
 II.III Constitución formal de las OSC……………………………………………….57 
III.LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DENTRO DEL MARCO DE LA 
LEGISLACIÓN MEXICANA: PANORAMA GENERAL Y LOS EFECTOS EN SU 
DESARROLLO…………………………………………………………………………………..66 
 III.I Distintas figuras jurídicas en la legislación mexicana sobre las OSC…………...68 
 III.II Diferencias entre objeto de fomento en las legislaciones locales y federal…....70 
 III.III Configuración de un marco jurídico plural…………………………………………73 
 III.III.I Poca cantidad de organizaciones de la sociedad civil en nuestro país…77 
 III.III.II Baja participación de ciudadanos en el campo de las OSC………….....77 
 III.III.III Altos índices de informalidad del sector…………………………………..80 
 III.III.IV Bajo grado de profesionalización……………………………………….....81 
 III.III.V Organizaciones de corta vida…………………………………………….. .82 
 III.III.VI Poca visibilidad………………………………………………………………83 
 III.III.VII Escases de recursos……………………………………………………….84 
 III.III.VII.I Recursos privados y públicos……………………………………...85 
 III.IV En suma ¿Qué nos dice el marco institucional que regula a las OSC en 
México?..............................................................................................................................88 
IV. CONCLUSIONES…………………………………………………………………………….91 
V. FUENTES DE CONSULTA…………………………………………………………………..97 
 
 
 
 
 
 
 
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 INTRODUCCIÓN 
El campo en crecimiento de la sociedad civil organizada en nuestro país ha intentado 
romper con el antiguo paradigma de la verticalidad en la relación sociedad-gobierno 
creando un parangón de defensa, crítica y pluralidad de pensamiento y actuar, recreando 
así al llamado tercer sector. Ante esta nueva realidad se debe adaptar el deber ser, y con 
él, un marco jurídico en el que se dé el surgimiento de regulaciones que deliberadamente 
fomenten y apoyen las libertades de asociación y expresión, sedimentando y robusteciendo 
al entramado institucional que regula a las organizaciones de la sociedad civil. 
En el presente trabajo se analiza el arreglo institucional entendido como aquel conjunto de 
reglas que de una forma determinada permite, a través de la negociación política, la 
vinculación de diferentes actores para que se coordinen en la implementación de acciones 
encaminadas a la gestión de toma de decisiones1 donde se incorporan en la relación 
sociedad-gobierno, aquellas organizaciones civiles, que actuando como sujetos de interés 
público participan de la gestión para el desarrollo social. 
La sociedad civil mexicana se enfrenta al reto de seguir en el frente crítico, reflexivo y 
autónomo, ante una realidad apremiante, para seguir en la lucha por el reconocimiento de 
las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos, donde se les otorgue los 
medios y las facultades para atender problemáticas sociales. 
Este estudio se emprende para denotar que más allá de las tensiones político-sociales que 
se presentan inherentemente en la actuación y contacto con la sociedad de parte de la 
administración públicaen su carácter de dotadora de servicios, dentro del esquema de 
corresponsabilidad, se hace partícipe a una sociedad civil organizada en el abordaje de 
problemáticas sociales, delegando la producción y entrega de bienes a las organizaciones 
civiles y fomentando el asociacionismo entre sociedad civil-gobierno, esquema en donde 
cobra gran peso y relevancia la actuación de dichas organizaciones, que se presume 
meritorias de ser fomentadas al erigirse como sujetos de interés público. 
“Los acuerdos de carácter horizontal de trabajo en red” (Licha, 2001:4), sobre la 
participación y corresponsabilidad sistemática, estructuran al campo de la gestión social 
compartida, a través de “la concreción de espacios de autonomía” (Aguilar, 2007:7) que 
 
1 Basado sobre el artículo de la Dra. Ma. Amparo Casar: “Los arreglos institucionales y la Funcionalidad de la 
Democracia”, Universidad Nacional Autónoma de México- Instituto de Investigaciones Jurídicas. Revista 
Mexicana de Derecho Electoral, num.3. enero-junio de 2013, p. 147-161, México D.F. 
 
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fomentan el uso de recursos, capacidades, prácticas y conocimientos de parte de la 
sociedad civil de manera autónoma, “satisfaciendo necesidades sociales a través de la 
generación de capital social” (Putnam, 2004 en Ramírez, 2005:28 ) dando valor público a 
la política social. 
La intervención de la sociedad civil organizada en los factores que atañen directamente a 
la erosión del tejido social también encuentra sus puntos debatibles en los que se desvirtúa 
la actividad del llamado tercer sector, cuando el interés de participar se desliga de las 
necesidades sociales y se acerca al interés del lucro, cayendo en la ilusión del fomento a 
sus actividades como parte de un programa más de carácter de control político que de 
corresponsabilidad, en una inercia donde únicamente por cumplir el objetivo de recibir el 
subsidio se hacen propuestas en distintos convocatorias con el único objetivo de obtener 
recursos sin tener una injerencia real en el desarrollo social. 
Panorama que provoca conflicto y confusión en lo que atañe a los “temas de legitimidad del 
actuar gubernamental, así como también un sistema disfuncional” (Osborne y Plastrik, 
1998:76) de la relación sociedad-gobierno, situación que nos llevaría a un horizonte de 
burocratización de las organizaciones civiles sin el control y sin la evaluación necesaria para 
revertir dicha situación. 
El presente estudio analiza la forma del arreglo de la relación sociedad-gobierno en México, 
entramado en el cual las organizaciones de sociedad civil buscan la conformación 
adecuada para que su compromiso con la misma “sociedad en la resolución de sus 
problemáticas genere confianza” (Kliksberg, 2003:22), satisfaciendo necesidades y 
fomentando valores que en su participación coadyuve a la constitución de valores sociales 
determinantes. 
A partir de este análisis se llegan a algunas conclusiones para enriquecer la discusión del 
rol que juega la sociedad civil como sujeto de interés público en el desarrollo social dentro 
del marco institucional, cabe aclarar que el presente análisis no intenta señalar respuestas 
absolutas de cómo debe ser la relación del Estado mexicano con las organizaciones de la 
sociedad civil, pero sí se busca identificar los puntos en donde es importante tener una 
definición más clara y precisa de lo que son las organizaciones de la Sociedad Civil (en 
adelante OSC), acorde a los objetivos trazados de su fomento, institucionalizando una 
relación acorde a las necesidades de la sociedad civil mexicana, para ser actor de peso en 
la vida democrática de nuestro país. 
 
7 
 
Dentro del desarrollo de la política social el papel de las organizaciones de la sociedad civil 
cobra un peso relevante como actores fundamentales en tanto que participan de la 
elaboración, implementación así como la evaluación de programas sociales, sin embargo 
la participación civil hoy día se pone en tela de juicio debido a que en la lógica interpretativa 
sobre la que se estructuran algunos programas sociales quedan cerrados a una 
participación meramente consultiva, ya que eliminan la intermediación de la labor de las 
organizaciones de la sociedad civil en un esquema de asignación de fondos a beneficiarios 
individuales de forma directa y vertical. 
El resquicio del marco normativo para que las OSC colaboren elaborando y ejecutando 
proyectos para la atención de necesidades sociales se encuentra inserto bajo el 
fundamento de la Ley de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (Ley de Fomento), ley que va directamente de la mano con el Instituto de Desarrollo 
Social (en adelante INDESOL); entonces, para entender cómo se lleva a cabo la 
colaboración entre el gobierno y el sector de las OSC se vislumbra como necesario el 
análisis de estos mecanismos institucionales, los cuales no sólo fungen de asignadores de 
recursos sino como apoyo y estímulo a su actividad social. 
La lucha de las OSC por el reconocimiento a su labor ha logrado erosionar el viejo sistema 
clientelar donde los favores políticos eran el criterio de asignación de recursos más 
importante y donde además predominaba la visión paternalista del Estado. Durante los años 
80 la apertura a la participación pública sobre asuntos de desarrollo social, así como la 
lucha de las OSC para participar en el abordaje de estas problemáticas han logrado de 
manera gradual la consecución de más espacios de acciones civiles que buscan incidir en 
el bienestar común, aunque aún hace falta un largo camino para recorrer para ir cambiando 
el sello característico en nuestro país por el de la corresponsabilidad. 
 El INDESOL como instancia intermediaria gobierno-sociedad civil tiene dentro de su lógica 
de operación fomentar y fortalecer a las OSC, es decir, la visión de desarrollo social de este 
instituto representa una ventana de oportunidad para fomentar la coparticipación de la 
sociedad civil, aunado a ello, gracias a la aprobación de la Ley de Fomento en 2004, se dio 
la apertura a un marco institucional que aún yace en desarrollo pero que puede ser el paso 
decisivo para generar una mayor propensión a la profesionalización de su labor. 
Podemos atribuir que dentro de un marco de pluralidad, el impacto social de las actividades 
de la sociedad civil está determinado en cuanto al grado de apertura de los espacios de 
 
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participación en su marco formal de actuación, para que las OSC puedan aprovechar la 
totalidad de su potencial como intermediarias entre la relación sociedad-gobierno dando 
resultados efectivos. 
Analizar el arreglo institucional actual sobre el que se ciñe la relación sociedad-gobierno, 
en el cual se vislumbra uno de los elementos fundamentales dentro de las múltiples causas 
que han sido un freno para el desarrollo del campo de la sociedad civil; aportando así 
puntos a la reflexión sobre las ventajas, aspectos positivos o puntos a rescatar de dicho 
arreglo, así como para focalizar cuales son los retos estructurales para el fomento de las 
OSC. 
El abordaje del desarrollo social desde la corresponsabilidad abre un panorama alentador 
que puede beneficiar no solo a un padrón más amplio de beneficiarios dentro de los 
programas en los cuales dicho desarrollo sea el objetivo primordial, a su vez al fomentar 
esta participación de las OSC se benefician y fortalecen las propias organizaciones del 
tercer sector, fungiendo como semillero público de la organización civil. 
Hoy en día el panorama del campo de las OSC en México es reducido si se toma en 
comparación con otros países de Latinoamérica que cuentan con un número mayor de 
organizaciones creadas desde la iniciativa civil; por lo cual, su incidencia en el desarrollo 
social aun es limitado, debido a la inviabilidad financiera para sostener sus actividades a 
largo plazo,lo que les da un periodo de vida efímero sin lograr consolidarse, ni mucho 
menos participar de los programas públicos para poder cumplir con sus objetivos. 
El financiamiento público de las OSC en México es bastante reducido, aunado a las 
dificultades que enfrenta el sector para obtener financiamiento de otras fuentes, mostrando 
que el marco institucional aún no reconoce para la sociedad civil un marco homogéneo en 
el que se le otorgue la valía que tiene su actividad para el interés público en el desarrollo 
social. 
Es precisamente esta situación la que se pretende resaltar para llevar a la mesa de debate, 
analizar las condiciones contextuales sobre las que se esgrime el trabajo de las OSC, 
tomando como base a la estructura institucional, enriqueciendo la discusión que nos puede 
llevar a encontrar rutas de acción para poder explotar en su totalidad el potencial del tercer 
sector. 
En nuestro país a partir de la década de los años ochenta con la apertura democrática, el 
cambio de modelo económico, así como a través de la lucha por el reconocimiento de parte 
 
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de las organizaciones civiles para erigirse como actor de interés público y participar en los 
asuntos que convergen tanto la administración pública como la ciudadanía, marca el punto 
en el cual las OSC buscan constituirse formalmente para iniciar una nueva etapa de relación 
con el gobierno. 
El sello que imprimió el modelo económico neoliberal en nuestro país trajo consigo un 
impulso a las organizaciones civiles sin precedentes, tan solo la amplitud del financiamiento 
de parte del Banco Mundial sobre los programas con participación de la sociedad civil 
aumentaron de 50 proyectos en 1990 a 217, un aumento del 72% al año de 2009 (Banco 
Mundial: 2009). 
A partir de la década de los años 80 se cambia la lógica de la sociedad civil antagónica a la 
estructura gubernamental, por el de la lógica de tolerancia, de cooperación, coparticipación 
y desarrollo mutuo; en otras palabras, a través de este proceso, ya no se contempla a el 
gobierno como actor exclusivo en la promoción del desarrollo social, sino que por medio de 
la apertura de los canales de participación conformó a la sociedad civil como su aliado. 
Las OSC se enfrentan a una realidad que le abrió el reconocimiento como actor relevante 
de reivindicación de demandas sociales sin convertirse en meros agentes contratantes del 
Estado. Empero, lo que nos muestra los distintos estudios al marco institucional sobre los 
apoyos y estímulos de la Administración Pública Federal para fomentar a las OSC es que 
existen algunas limitaciones de origen; desde la falta de uniformidad sobre lo que se 
entiende por OSC dentro del marco jurídico, hasta la falta de definición precisa sobre 
algunos elementos como capital social, la dispersión de pequeños estímulos, entre otros, 
situación en la cual no existe ninguna coordinación y sistematización que permita dar un 
fomento coherente y coordinado para su desarrollo. 
“En México cobran protagonismo desde los ochenta como respuesta a 
implementación de políticas neoliberales que adelgazan al Estado, aunado al proceso 
de expansión e instauración en la sociedad mexicana de una tradición cultural similar 
al liberalismo democrático estadounidense, es decir formas de organización 
autónomas y autogestionadas del aparato estatal (Angoitia y Márquez, 2012: 14) 
En abril de 2013, INEGI presentó datos actualizados de la “Cuenta satélite de las 
instituciones sin fines de lucro 2008-2011”, calculando a 2011 en 150 mil 608 millones 
(equivalente al 1.09% del PIB nacional) el aporte de las OSC. El desglose del PIB ampliado 
que también toma el INEGI con base en la Clasificación Internacional de las Organizaciones 
 
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Sin Fines de Lucro (CIOSFL), adaptada para México por dicho Instituto, nos señala que el 
“35.3% del 1.09% del PIB se dedican a la enseñanza y a la investigación, el 24.5 está 
dirigido a la religión, el 11.9% lo conforman las asociaciones y sindicatos, salud 9.7%, 
servicios sociales 7.2%, cultura y recreación 5.5%, promoción política y defensa de 
derechos 3.3%, desarrollo y vivienda 2.3%, otros 0.3%” (Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, 2013:56). 
La concentración de OSC en algunas entidades muestra las disparidades de desarrollo de 
la acción civil, mientras que en algunas entidades existe un número grande de OSC, en 
otras apenas hay signos de organización civil. El Registro Federal de Organizaciones de la 
Sociedad Civil, a julio de 2014 contabilizó con 27 mil 18 actores sociales en todo el país, 
los estados con menos OSC: Baja California Sur: 168; Campeche: 194; Colima: 228; 
Nayarit: 290; Zacatecas: 310. Los estados con más OSC: La Ciudad de México con 5 mil 
413; el Estado de México: 2 mil 372; Veracruz: Mil 939; Oaxaca: Mil 672 y Chiapas: Mil 175 
(INDESOL, 2015). 
Es la Ciudad de México la entidad que concentra a una mayor cantidad de OSC 
consolidándose como la entidad federativa más dinámica en la representatividad de dicho 
sector (CEMEFI, Iniciativa Ciudadana A.C. & Gestión Social y Cooperación A.C., 2011:17) 
El Centro Mexicano para la Filantropía en adelante CEMEFI nos da algunas pautas para 
entender el proceso acelerado de constitución de OSC en la capital del país. 
La crisis del año 1982 fue un parteaguas para darse el cambio de modelo económico con 
la contracción del Estado “sectores populares y clases medias vieron perjudicadas sus 
condiciones de vida en la provisión de bienes y subsidios, emergiendo alternativas 
autogestivas y movimientos urbano-populares que reivindicaban derechos” (CEMEFI, 
2010:16). El terremoto que sacudió la ciudad en 1985 constituye uno de los momentos 
cumbre sobre la participación voluntaria, imprimiendo a la organización civil una mayor 
coordinación de esfuerzos y una mayor visibilidad. Las elecciones presidenciales en nuestro 
país en 1988 mostraron, principalmente en la Ciudad de México, “el descontento ciudadano 
que detonó en manifestaciones canalizadas en OSC que marcaron sus límites hacia el 
gobierno” (CEMEFI, 2010:18). 
La cuestión que surge para las OSC en México es ¿cómo consolidarse como 
organizaciones de interés público que fomenten el desarrollo social a través de sus 
actividades ante la falta de un reconocimiento institucional homogéneo?, reflejándose en 
 
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fondos propios que resultan insuficientes para poder incidir con mayor impacto con su 
trabajo en la sociedad. Ante las dificultades de una alta competencia para obtener los 
recursos ofertados disponibles, así como por los contados mecanismos para la obtención y 
acceso a fondos tanto públicos como privados, para institucionalizar y hacer más 
profesional su trabajo. Elementos que han generado un campo en que muchas OSC no 
puedan llegar a madurar y desaparezcan rápidamente. 
En México han surgido avances muy positivos para fomentar y fortalecer a las OSC como 
son las instituciones que surgen a partir de la Ley de Fomento a las Actividades Realizadas 
por las Organizaciones de la Sociedad Civil surgida en el año 2004, que actúan como las 
instituciones que modelan un arreglo que erige a las organizaciones civiles como 
corresponsales en el abordaje de problemas públicos. 
La participación de las organizaciones civiles al estar insertada en un marco que “tienda a 
hacer más eficaz y eficiente el uso de recursos a través de la corresponsabilidad con la cual 
se pueda mejorar la concertación multiactoral” (Thandika, 2001:38) a manera que dé una 
estructura sostenible en el tiempo para mejorar el bienestar de la población marginada con 
accesos a medios de vida adecuados y seguros. 
El campo de las OSC en México enfrenta así una gran barrera para ampliarse y 
consolidarse debido al entorno poco propicio para generar u obtener recursos sea de índole 
privada utilizando la figura jurídica de donataria autorizada, o bien por medio de 
financiamiento público al estarregistradas en los padrones federales y locales de OSC. 
 A ello se le agrega la falta de un acción más profesional para el acceso de los recursos 
que son ofertados, lo que ocasiona la incapacidad para mantener a un cuerpo de personal 
calificado, debido a la alta rotación que tienen los miembros de una organización, no pueden 
llegar a consolidar un esquema profesional de trabajo, ni mucho menos una 
institucionalización que le permita trabajar en el abordaje de asuntos públicos, lo que se 
traduciría en mayor acceso a fondos públicos, y por ende no puede darle amplitud a su 
labor para tener un verdadero impacto en la sociedad. 
Teniendo en cuenta, por un lado, cuál es la problemática que enfrentan las OSC en México, 
y por el otro, los principales rasgos del marco institucional que rige a este sector de la 
sociedad civil en el país, se abren las siguientes interrogantes, ¿cuál es el arreglo 
institucional actual sobre el que se esgrime la relación OSC-gobierno?, Lo que nos lleva a 
un segundo cuestionamiento, ¿cuáles son aquellos elementos de dicho marco que 
 
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contribuye a resolver las problemáticas de desarrollo de las OSC y con cuáles elementos 
se dificulta su capacidad de desarrollo?, Con la finalidad que estas puedan ejecutar 
proyectos para atender necesidades sociales que a su vez fomente la estabilización de sus 
capacidades ¿Cuáles son los elementos que requiere contar el marco institucional para que 
se garantice un marco común para fomentar las actividades de las OSC? 
Con estas interrogantes se comienza el camino del análisis para corroborar o en su caso 
responder negativamente a estos cuestionamientos que guiaran nuestra investigación, 
cuyo objetivo general es: 
Demostrar que el marco institucional actual que regula a las OSC en México contiene una 
diversidad de elementos que complejizan el desarrollo de sus capacidades como sujetos 
de interés público. Del cual se desprenden los siguientes objetivos específicos: 
 Señalar como el desarrollo del marco institucional a lo largo del tiempo ha generado 
visiones heterogéneas sobre lo que son las organizaciones de la sociedad civil 
complejizando el fomento al desarrollo de las mismas. 
 Identificar las ventajas y desventajas del arreglo institucional en el que descansa la 
relación gobierno-sociedad civil. 
 Proporcionar elementos para un debate que conduzca a la generación de 
propuestas para el diseño de un esquema de relación sociedad-gobierno que 
propenda a la cultivación de una organización social autónoma y con capacidad de 
injerencia en la promoción del desarrollo social. 
La identificación de los elementos que componen el marco institucional que regula al campo 
de actividad de las organizaciones de la sociedad civil en México permite reconocer su 
heterogeneidad, la cual representa una limitante para que las OSC puedan desarrollar sus 
capacidades y se consoliden como sujetos de interés público que fomentan el desarrollo 
social a través de sus actividades. 
Este análisis se compone de cuatro apartados fundamentalmente. En el primer apartado, 
se esboza una idea del marco que nos permita entender el conjunto referencial de los 
conceptos que fungirán como guía y que a su vez nos permitan develar con una mayor 
capacidad crítica y de discernimiento el camino que nos lleva hasta hoy en día a la situación 
que vive la sociedad civil mexicana. 
 
13 
 
Para ello se toman las bases desde perspectivas y corrientes de pensamiento diversas y 
que se consideran adecuadas para interpretar la función de las organizaciones civiles que 
participan de la relación sociedad-gobierno como agentes de desarrollo social y en su 
actividad misma encaran el reto que presenta la estrecha relación entre la actividad de la 
sociedad civil organizada y el amplio entramado conceptual que lo acompaña. 
En el segundo apartado se presenta el contexto del desarrollo histórico de las 
organizaciones de la sociedad civil en México, empezando por una breve reseña de su 
desarrollo, posteriormente se analizan los arreglos institucionales de la relación con el 
gobierno, a partir de ello se emprende una revisión de las instituciones reguladoras del 
tercer sector, instituciones que en la actualidad son las encargadas de fomentar el 
desarrollo de la sociedad civil en el país, al incluirlas para hacerlas actor activo del desarrollo 
social; a partir de ahí se revisa el marco jurídico para la constitución de una OSC. 
Por su parte al tercer apartado podemos dividirlo en dos, en la parte inicial se focaliza la 
situación de la legislación que rige hoy en día a las OSC, tanto en lo que se refiere a la 
visión general de las organizaciones que se desprende de los diferentes tipos de leyes en 
las cuales se les contempla o menciona a las OSC, así como el análisis de la variedad de 
objeto de fomento, para posteriormente en una segunda parte revisar los efectos que ha 
tenido el marco jurídico en el desarrollo del campo de la sociedad civil mexicana. 
El cuarto capítulo retoma los elementos expuestos en los apartados anteriores para obtener 
las conclusiones a las que llega el presente estudio acerca de lo que el marco institucional 
que regula la vida de las organizaciones civiles de la sociedad mexicana ha generado y 
como es que se pudiese mejorar para que las condiciones sobre las que se desarrolla el 
tercer sector en México tengan elementos propicios para un desarrollo pleno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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I. MARCO CONCEPTUAL 
El propósito de este apartado es el abordaje de las acepciones de los principales conceptos 
que sustentan a la presente investigación, así como también tratar de delimitar las 
principales características de los elementos de dichos conceptos, para que de esta manera 
nos guie en el camino del presente estudio. 
Al tener presente que en las actividades de las OSC, éstas buscan proyectarse como 
sujetos de interés público hacia el desarrollo social a través de un marco institucional 
determinado, lo tomamos como punto analítico de partida, ya que, desde este punto se 
puede tener la capacidad de guiar más allá de las complejidades, imbricaciones y 
turbulencia de un contexto político administrativo dado, al abordaje de la forma de la 
relación institucional, insertada en las interacciones entre la sociedad, el gobierno y el 
mercado. 
Sobre esta premisa partimos el desglose con algunos conceptos de autores significativos 
para el desarrollo del estudio abordado. 
I.I La sociedad civil y sus organizaciones 
El concepto de sociedad civil es polisémico y dinámico, el cual ha tendido al análisis 
reflexivo de la situación imperante de la forma o arreglo que guardan las relaciones entre el 
Estado, el mercado y la ciudadanía, situación por cierto, fluctuante, resultante de un proceso 
complejo de transformaciones históricas, que varía con respecto al contexto o momento en 
que se analice. 
 La concepción de sociedad civil tomó gran auge con el devenir de la época moderna, 
caracterizada por la diferenciación de los campos de la vida humana: la primera distinción 
fue entre la vida civil y el terreno auto normativo, es decir, de cada individuo en su vida 
espiritual-religiosa; la segunda fue entre el ámbito de la política y el que tiene que ver con 
el desarrollo de las actividades económicas, “en el núcleo de esta diferenciación se 
encuentra la sociedad civil como el espacio que, hacia el siglo XVIII, pudo conquistarse, en 
contra del absolutismo, para crear y darle forma a la naciente participación de los individuos 
en relación polémica frente al poder político, teniendo como baluarte el poder de la 
cultura”(Fernández,2009:136). Esta Tercer esfera de la vida humana fue erigida para poder 
participar de los asuntos que competen a todos, en la que la libertad de dialogar, comunicar 
y reunirse libremente sentarían un precedente para el desarrollo de las OSC. 
 
15 
 
La ampliación de la vidacivil en la que el individuo ya no es considerado súbdito sino un 
ciudadano, el cual rige su conducta bajo un marco de derechos y obligaciones que la ley 
reconoce, capaz de participar e influir en las decisiones políticas fundamentales, se dio a 
través del desarrollo de un modelo de orden social y político basado en el liberalismo, el 
cual, tiene como una de sus principales características la pluralidad de actores diversos y 
múltiples, con objetivos e intereses igual de diversos, ya que “cuando el liberalismo y la 
democracia moderna encontraron sus caminos gradualmente se extendió el terreno civil 
que convive y se complementa con la esfera política…este pluralismo democrático es el 
que permite que los individuos formen parte de diversas organizaciones 
(poliadscriptivo)”(Fernández, 2009:105). 
El sello inherente de la pluralidad asociativa que descansa sobre los derechos 
fundamentales como el de reunión, asociación, entre otros, delimita el marco de actuación 
y de libertades de la ciudadanía para comunicarse, expresar ideas, coaligarse, formar 
organizaciones y redes de organizaciones, con la finalidad de defender sus intereses de 
manera autónoma en su forma de organización y actuación interna, “gracias a esta 
diferenciación de esferas, las asociaciones pueden tener una vida propia sin sufrir la 
“colonización” del poder y el dinero. Es más, desde su interior puede desarrollar 
mecanismos para controlar y vigilar las actividades de las empresas y del Estado” 
(Rodríguez,2006:19). Dicho en otras palabras, este esquema permite formas de interacción 
de manera sistemática y continua entre ciudadanos, cuyas prácticas reconocibles y 
diferenciadas admiten distinguirla de las esferas económica y política, por no tener finalidad 
de lucro (con el mercado), y no buscar la obtención del poder político (con el Estado). 
I.I.II Desarrollo histórico del concepto 
El estudio del concepto de sociedad civil ha sido analizado desde los trabajos de John 
Locke, por ejemplo, el cual, identificó dicho concepto con lo “político” (civitas y polis) en su 
capítulo VII del Segundo ensayo sobre el gobierno civil, titulado “De la sociedad política o 
civil”. Karl Marx por su parte lo relacionó con la economía, al mencionar que en ella se 
localiza las relaciones de producción, es decir, en su visión era un componente netamente 
englobado en la esfera de la economía. 
Sin embargo, anteriormente fue Hegel uno de los primeros pensadores que hizo el distingo 
de la separación de categoría de la política y lo civil, tomando como base la distinción 
rousseauniana entre la “sociedad civilizada” y el “Estado político”, citado autor reconoció 
 
16 
 
tres esferas: la familia, la sociedad civil y el Estado, “la sociedad civil moderna tiene como 
punto primigenio al individuo: La persona concreta, que se manifiesta como finalidad 
particular, es un principio de la sociedad civil, cuyo punto de cohesión se encuentra en la 
transmisión de creencias y en la formación de la organización y la voluntad colectiva” (Hegel 
1993: 619, en Fernández,2009:112,). Este pensador revalorizó a la cultura como el 
principal producto social, idea que sería retomada por Gramsci, él analizó, que en el 
desarrollo y expansión de la cultura se encuentra la herramienta fundamental para el 
desarrollo de la sociedad civil. 
Siguiendo las ideas de Gramsci autores contemporáneos han logrado delimitar el concepto 
de sociedad civil como “la esfera en la que se forma la identidad, la integración social y la 
reproducción cultural y aunque las relaciones económicas y el Estado desempeñan un 
cierto rol en este contexto, su función es, o debe ser, de apoyo, no de factor determinante” 
(Chambers, 2002: 91). 
Así encontramos que la sociedad civil cuenta con características que le otorgan rasgos 
distintivos tales como el trabajo colaborativo, reciproco y voluntario, encaminada a producir 
bienes públicos, en beneficio de una mayoría, a través de la asociación de individuos que 
por su aquiescencia se reúnen para la obtención de un objetivo en común. 
“La sociedad civil, por ello mismo, es pública sin ser coercitiva, voluntaria sin ser 
privatista”(Rodríguez, 2006:21) elementos característicos, y sin embargo la pluralidad de la 
que se habló más arriba se complementa con el colaboracionismo y la multiplicidad de 
agentes que conviven en la misma; no puede mantenerse como una instancia opuesta o 
antagónica al mercado o al Estado, debido a la multiplicidad de actores que en ella 
subyacen e interactúan tiene que relacionarse inherentemente con la vida económica y con 
la vida pública estatal, proceso en el que puede haber consensos pero también disensos, 
en donde las personas en su carácter de ciudadanos participan de la discusión de la toma 
de decisiones. 
I.I.III Relación de sociedad civil y esfera pública 
 El desarrollo de la vida civil ha tendido a la creación de múltiples organizaciones para la 
defensa de intereses heterogéneos, de esta forma nos encontramos la acepción de Pérez 
Díaz (Pérez,1993:57) quien define a ésta como “aquel conjunto de instituciones sociales, 
tales como ONG’s, las asociaciones voluntarias, y una esfera pública, que están fuera del 
control directo del Estado” cuyo ámbito de acción mantiene un espacio de autonomía 
 
17 
 
llamado “esfera pública”, en la que la ciudadanía puede y realiza acciones e interacciones 
comunicativas de carácter horizontal, (no jerárquica), es decir, son los ciudadanos quien en 
su actividad de relacionarse y comunicarse con demás actores que participan en el análisis, 
reflexión y crítica al actuar de la autoridad gubernamental, defienden dicho espacio de 
intercomunicación. 
La “esfera pública”, se crea y recrea así misma en la participación activa de la ciudadanía, 
lugar donde interactúa, se comunica, negocia, coaliga y organiza en favor de la defensa del 
desarrollo de libertades sociales e intereses, a veces antagónicos; cuenta siempre con la 
posibilidad de negociar y llegar a un consenso, con miras a obtener el beneficio social sobre 
la mejor forma posible de conseguir el bienestar común. Cuenta con determinadas 
características que Raichelis menciona: 
 “Visibilidad: Las acciones y los discursos de los sujetos deben expresarse con 
transparencia. 
 Control Social: Acceso por parte del resto de los actores en el control de las 
acciones y las decisiones. 
 Representación de intereses colectivos: Implica la construcción de sujetos 
sociales activos. 
 Democratización: Ampliación de los foros de decisión, creando nuevos espacios 
de representación. 
 Cultura Pública: La necesidad de recuperar lo "público" como espacio de 
conflicto, de lucha, de reclamo de intereses”. (Raichelis, 1997: 24-25) 
I.I.IV Relación entre Mercado, Estado y Sociedad Civil 
La relación entre mercado, Estado, y sociedad civil juega en un equilibrio a través de actos 
de contención recíproca, en la que la ciudadanía comprometida con la atención y reflexión 
de los asuntos que le son propios, defienden esa esfera de actuación, que permite 
preservar la diferenciación de los ámbitos de acción entre estos tres espacios, sin negar el 
valor inherente y necesario de la participación de la sociedad civil, a la cual, se le agregan 
los adjetivos de auto-organizada, pluralista y autónoma, más no insensible a la continua 
supervisión y escrutinio por parte de los otros dos ámbitos. 
Desde la concepción de Hegel se ha entendido a la sociedad civil como la “esfera de la vida 
ética que incluye dentro de este término a la economía de mercado, a las clases sociales 
así como a las corporaciones… Una especie de mosaico compuesto por individuos 
privados, clases sociales, grupos e instituciones, cuyos intercambios están regulados por 
 
18 
 
las leyes” (Hegel, 1993: 619 en Zampani 2003:26) y que como producto de la interacción 
humana, dicho autor, la observa no como un evento producidopor la naturaleza, sino una 
creación artificial, en la cual no tiene por qué haber armonía, ni sentimiento de identidad, 
entre los diversos elementos que componen a ésta. 
Situación que de hecho ocurre muchas de las veces, esta condición antagónica de los 
actores que forman parte de la esfera de lo civil le confiere una inestabilidad interna “lo que 
la convierte en un sistema complejo de transacciones entre individuos que están unidos por 
sus intereses” (Zampani 2003:27) por decirlo así, ante la parálisis que puede ocurrir en el 
seno de la sociedad debido a intereses antagónicos es que surge forzosamente la aparición 
de las demás esferas, en un esquema de pesos y contrapesos, resultante de la aparición 
del tercer sector (la sociedad civil) para lograr el equilibrio entre la operación binomial 
Estado-Mercado. 
La presencia del Estado como ente regulador de la vida social se hace necesario para 
seguir manteniendo dicho equilibrio, por lo que: 
“El Estado constitucional, como autoridad pública suprema, tiene la misión de 
remediar las injusticias que conlleva la sociedad civil y lograr imponer una comunidad 
política universal. Sin embargo, no defiende una forma de Estado que controle o 
domine todas las áreas de la organización social, sino que se limita a proponer que 
el Estado demande de la sociedad civil solamente lo que considere necesario para 
poder funcionar bien como tal Estado, y permita un máximo de libertad.” (Fernández, 
2009:125). 
El análisis del modo en que las personas se organizan y la forma en que crean y transmiten 
ciertos valores encuentra su mayor peligro en el desinterés del abordaje y reflexión de los 
problemas que le son inherentes, debilitando así la contención hacía con la actividad 
estatal: 
“Al buscar la forma de que el Estado asegure esa igualdad por encima de todo, los 
ciudadanos se someten inconscientemente cada vez más a la Administración del 
Estado, sin darse cuenta y sin resistencia. Al aumentar el consenso ciudadano sobre 
la necesidad de que el Estado centralice la regulación de los bienes y de las 
oportunidades (poniendo bajo su control la educación, la medicina, la construcción de 
las carreteras, y todos los servicios que se considera que van a mejorar las 
posibilidades de igualdad), las burocracias se multiplican, y llegan a ahogar a los 
ciudadanos” (Kryger, 1996) 
 
19 
 
La búsqueda de mayor amplitud de las libertades civiles se desarrollan a partir del ejercicio 
de su propia búsqueda, a través del dialogo entre esferas, como lo mencionan , Cohen o 
Arato, “la sociedad civil equivale al mundo asociativo en la medida en que sus elementos 
están implicados en un debate permanente sobre el interés general, por lo que sociedad 
civil se convierte en sinónimo de esfera pública” (Cohen y Arato, 1994) es decir, este 
espacio en donde se genera la discusión y se enriquece las opiniones, es donde yace el 
motor de la convivencia social, esa interacción no implica la falta de distinción entre 
esferas, dicho en otras palabras no significa su desvinculación sino la asociatividad y 
constante interrelación, por ejemplo la sociedad civil en “la búsqueda de sus respectivas 
intenciones y preferencias, e intereses privados, está garantizada por una institución pública 
llamada Estado” (Fernández, 2009: 127) 
Salvador Giner, por su parte, nos muestra los rasgos más característicos de la sociedad 
civil, elementos inherentes con los que debe contar dicha esfera de actividad humana, o 
como el propio autor nos menciona las dimensiones de la sociedad: 
 “Individualismo: la unidad última de la vida social es el individuo, y todas las 
otras instituciones son solamente el resultado de su asociación. 
 Intimidad: el mundo se encuentra dividido entre lo público y lo privado. La 
libertad individual se define como un bien supremo y la no interferencia en las 
vidas ajenas es una virtud fundamental de los intercambios sociales 
 Pluralismo: tiene dos dimensiones: 
1. La difusión del poder en la sociedad, que al distribuirse de 
manera diversa entre los individuos, las asociaciones, las 
instituciones y las coaliciones, les permite ser relativamente 
autónomos unos de otros. Así, éstos adquieren sus propias 
esferas de competencia en donde los demás no pueden 
penetrar impunemente, ni siquiera el Estado. 
2. El pluralismo es también una forma de cultura que permite la 
existencia de una amplia gama de creencias, concepciones y 
actitudes, lo que implica tolerancia y una legitimización 
indirecta de la fragmentación de la sociedad de acuerdo con 
las preferencias individuales. Por ello, se considera que la 
sociedad civil es el “imperio de la diversidad” en un universo 
unido por las necesidades de una ciudadanía común, y de la 
igualdad ante la Ley. 
 
20 
 
 Clase: la clase social considerada como una consecuencia espontánea de la 
“ciudadanía”. Considerando a ésta como la institucionalización política del 
“individuo soberano” del liberalismo, ideología que se basa en la distribución 
competitiva de los bienes, por lo que la sociedad tiene que estar constituida 
por personas desiguales, aunque no necesariamente desiguales ante la Ley. 
La desigualdad de las clases es, pues, un componente esencial de cualquier 
concepción realista del fenómeno” (Giner, 1985:43). 
El mismo autor es quien nos señala que el estudio de la sociedad civil debe contemplar los 
cambios que acontecen en estas dimensiones, las cuales están en constante flujo y 
dinámica, debido al tipo de relación que mantiene con la esfera del mercado y la 
gubernamental, así como con la consecuencia de su misma lógica interna, y no sólo debido 
a otras fuerzas del desarrollo histórico. Mostrándonos así que existen peligros de desdibujar 
la separación y autonomía de entre lo civil, lo político y mercantil. 
El riesgo surge cuando se da una excesiva expansión del Estado (como ya tuvo lugar en la 
unión soviética) situación provocada en el momento que dicho ente absorbe tareas tan 
grandes, múltiples y diversas que comienza a dictar cánones de uniformidad del actuar civil, 
situación que representa un control para su homogenización, dando como resultado la 
finalización del elemento más importante para un sociedad civil: su pluralidad, a su vez, 
existen otros peligros que traen consigo la globalización de la sociedad mundial, por 
ejemplo, al caer en una sociedad del consumo, situación en donde prevalece el interés de 
la satisfacción personal más que el de la solidaridad y de la corresponsabilidad, así se va 
inhibiendo otro de los elementos más importantes que configuran la esencia de la sociedad 
civil: el capital social, concepto que será abordado posteriormente, pero que se esboza 
como el insumo inherente que permiten que prospere la colaboración entre ciudadanos para 
el beneficio mutuo, el cual tiene como ingredientes “el afecto, la confianza mutua, las 
normas afectivas y las redes sociales”(Putnam,1995). 
Destruido los componentes de una sociedad civil al trastocarse o verse influida por la idea 
del consumo, o por la intromisión de las actividades propiamente del poder político pierde 
autonomía y a su vez su esencia, al caer en el lucro o cualquier actividad que tienda a 
cualquier tipo de control externo, pierde autonomía y capacidad para dirimir conflictos a 
través de la negociación y el dialogo. 
La importancia de las relaciones y la dependencia mutua entre los diferentes componentes 
hace referencia al cuidado que debe haber para no desequilibrar el sistema social en el que 
 
21 
 
se inserta la relación de las esferas de mercado, sociedad civil y poder político, ya que 
cualquiera que fuese la inclinación o desequilibrio implicaría desajustes, peligrosos para el 
buen funcionamiento del esquema, debido a que si bien, cada ámbito cuenta con capacidad 
de influencia y recursos, la sociedad civil se encuentra en situación de desventaja ante los 
grandesbienes que provee el mercado y con los que cuenta el Estado en su papel de 
coordinador y regulador de la misma, si bien, existen tensiones derivadas de la tendencia 
a imponer intereses, para evitar esa situación el recurso más fuerte con el que cuenta la 
sociedad civil es el dialogo y la negociación, a partir de la actuación consciente de todos los 
que participan de dicha negociación, teniendo un ámbito fijo de valores para lograr 
acuerdos. 
I.I.V La sociedad civil y sus organizaciones 
La organización de la sociedad civil en determinadas agrupaciones ha sido la forma en que 
esta ha encontrado el arreglo o forma de coaligarse para su defensa, la cual, “se basaría 
en organizaciones y asociaciones de gestión privada, que atendiendo diversas demandas 
de la sociedad, producen o brindan servicios de carácter público” (Piñar, 1998:43) . Esta 
denominación de carácter público, denota la no generación de riqueza privada y que 
responden a necesidades colectivas, a través de un acuerdo de voluntades que deciden de 
común acuerdo realizar actividades y acciones que de manera sistemática tiendan a la 
realización de dicho objeto social. “Además, agregaríamos que deben presentar formas de 
autogobierno y que sean de creación voluntaria” (Villar, 1998:50). 
Citado autor también nos menciona el conjunto de elementos genéricos que una OSC debe 
contener, que son los rasgos característicos de las organizaciones civiles, sea cual fuere 
su origen, su objeto social, su organización interna o sus miembros, cuentan con las 
siguientes características: 
a) “Institucionalizada: tiene que contar con una estructura de organización. 
b) Privadas: separadas del gobierno. 
c) No lucrativas: que no distribuyan excedente entre sus miembros. 
d) Autogobernadas: que cuenten con órganos propios de gobiernos, y con autonomía de 
elección. 
e) Voluntarias: Participación por decisión voluntaria 
f) No religiosas: No tienen como objetivo la difusión de un credo, aunque se acepten a 
las organizaciones de las iglesias. 
 
22 
 
g) No partidarias: No tienen como objetivo la difusión de una idea partidaria, o la 
imposición de un candidato, aunque se aceptan algunas organizaciones patrocinadas 
por partidos políticos”. (Villar, 1998:51) 
La vida social organizada es un campo de constante conflictos y luchas, arena para 
dirimirlos, por lo que a esta no puede vérsela por fuera de las disputas que les son 
intrínsecas, a través de coaligarse o asociarse en agrupaciones de forma voluntaria, 
“autónoma del Estado, cohesionada por un orden legal o un conjunto de reglas 
compartidas”(Zampani, 2003:18). 
 Dicha visión es más proclive a proyectar una sociedad más participe de acciones colectivas 
en favor de un interés, aspecto que le da un cariz especifico, y que a su vez permite 
diferenciarlo de la sociedad en general, puesto que involucra ciudadanos que precisamente 
actúan colectivamente en la esfera pública para expresar sus intereses e ideas comunes, 
intercambiar información, alcanzar metas comunes, así como realizar demandas al Estado, 
es decir, que la sociedad civil organizada lo que tiende es a la actividad y proactividad de 
temas, no es ya la sociedad pacífica y reactiva , sino aquella que realiza actividades dado 
un determinado y limitado número de recursos, su voluntad natural, sus habilidades, 
aptitudes y actitudes, así como su capacidad para llegar a todos los sectores de la sociedad, 
recursos que le permite movilizarse y estar a favor de actividades así como del cumplimiento 
de esas metas o la satisfacción de esos intereses por los que propugna. 
I.II Marco Institucional como regulador de la vida social 
En un primer acercamiento a las instituciones podemos vislumbrarlas como aquellos 
mecanismos sociales que marcan la pauta para regular el comportamiento humano, éstas 
parten a través de la “descripción y análisis sistemático de aquellos fenómenos que han 
ocurrido en el pasado y que explican acontecimientos políticos contemporáneos a partir de 
otros anteriores” (Kavanagh, 1991:482), la observación permite entender y moldear las 
formas de funcionamiento social, la interacción en áreas de organización, así como las 
interacciones de poder entre la misma sociedad. 
Las instituciones al ser entendidas como normas tanto formales como informales permite 
ver la forma en que se adoptan las conductas demandadas a los miembros de una 
sociedad, a través de acuerdos reguladores y determinantes de conductas o forma de 
actuación o interacción con otros actores u organizaciones, por lo que el marco del conjunto 
de instituciones que regula el comportamiento social se caracteriza por su inherente 
 
23 
 
componente normativo, empero el marco institucional va más allá de la parte coactiva de 
una norma, ya que busca dar cuenta de la forma en que se lleva a cabo los mecanismos 
de cooperación y el flujo de información en una sociedad determinadas. 
Por ello las instituciones son entendidas como aquellas normas sociales que fungen como 
puntos focales para la cooperación social, pero que también proveen “tareas de monitoreo 
e información… que entregan pautas explicativas de las condiciones del comportamiento 
social” (March y Olsen, 1984 en Gantus, 2008:5) el cual se ve influido por la correlación de 
fuerzas en conflicto. Por lo que un marco institucional no solo contempla la heteronomía 
de un marco jurídico sino que en un espectro más amplio también abarca los aspectos 
valorativos que se incrustan en una sociedad, a través de los cuales se orientan los 
procesos cognitivos, en la que se contempla al entorno y los recursos disponibles en el 
mismo para recrear un “proceso interno e individual en que los sujetos interiorizan valores, 
reflejados en comportamientos ante presiones del ambiente” (Ostrom, 1986 en Gantus, 
2008:14). 
Las concepciones institucionalistas impregnadas de la visión económica neoclásica 
analizan el comportamiento “cimentado en un individualismo metodológico que se 
fundamenta en el principio de que todos los resultados de las acciones humanas se explican 
por la acción individual cuyas interacciones en las estructuras legitiman y recrean las 
instituciones” (Peters, 1999:46). El marco institucional observa los efectos de los medios 
ambientes sociales dentro del desempeño económico y en el desarrollo pacífico de la vida 
en sociedad, apoyándose fundamentalmente en dicha “interiorización cognitiva de modelos 
mentales basados en ideologías o creencias socialmente compartidas”. (Peters, 1999 en 
Gantus, 2008:16) 
La formación de las normas institucionales debe prever lo que acontece en la realidad 
contextual de la correlación de fuerzas políticas, en las arenas de lucha y de decisión para 
que facilite la formación de acuerdos dentro del mismo marco institucional para que éste 
mismo pueda ser un agente coadyuvante, como un elemento que permite prever la forma 
de adaptación al ambiente social y no genere un choque entre el ser y el deber ser. 
El desempeño de las instituciones depende de la interdependencia en el medio ambiente 
en que operan y de la interpretación de la situación en que se encuentran los actores, es 
por ello que las formas de la comprensión de las normas o pautas sociales que regulan la 
conducta tienen dentro de sus expresiones las reglas escritas como las leyes, así como las 
 
24 
 
reglas intersubjetivas conocidas como reglas informales que tiene dentro del “principio de 
satisfacción individual la característica más importante de las relaciones sociales” (Gantus, 
2008:18) , tomando en cuenta la intersubjetividad que yace en cada relación humana y que 
este conjunto de estimaciones es muchas de las veces el motor fundamental por encima 
de cualquier racionalidad para que una persona lleva o no a cabo tal o cual actividad. 
La visión institucional retoma la concepción social de una pluralidad de actores con 
intereses muchas veces distintos o hastacontrarios, en cuyas relaciones ocurren fricciones; 
en ellas aparecen las instituciones como mecanismos sociales que otorgan estabilidad 
mediadora en la vida en sociedad, aunque esta se encuentra insertada en una dinámica de 
constante cambio y evolución continua, se observa en la negociación y el consenso la vía 
de resolución de los conflictos sociales, con el objetivo de mantener la gobernabilidad de 
las esferas tanto privada como pública, de los intereses individuales y el bien común en la 
obtención de resultados ante un panorama de recursos disponibles escasos. 
El marco institucional entonces, comprende al conjunto de normas sentadas en: 
“relaciones contractuales basadas en los mismos intereses que recrean modelos de 
comportamiento humano razonado en el interés propio y que diseñan los arreglos 
institucionales que regulen los comportamientos para evitar los abusos por la 
búsqueda del beneficio propio… capaces de producir expectativas como 
construcciones sociales que norman las interacciones de los individuos que se van 
convirtiendo en hábitos o convenciones sociales bajo un sistema de valores 
socialmente aceptados por el conjunto de los individuos como un producto de la 
historia” (Ostrom, 1986 en Gantus, 2008:7) 
Normas que son interiorizadas y sustentadas en aprendizajes colectivos para que puedan 
realizar sus tareas reductoras de incertidumbre, por lo cual requieren de dichos 
mecanismos basados en la apropiación de valores socialmente compartidos, para que 
consoliden así un entramado de instituciones como una estructura normativa que dicta a 
la sociedad los esquemas de las relaciones sociales que pueden fructificar. 
Los procesos de institucionalización se construyen por medio de esa interiorización de 
valores, en donde la confianza juega un papel fundamental, como principal fuente de 
creación y regulación de instituciones y mecanismos que permitan a los actores colectivos, 
acordar y negociar. Las normas institucionales crean o recrean a actores sociales y 
determinan sus capacidades relacionándolos con los valores, ideas comunes, principios y 
normas imperantes en un tiempo y lugar determinado que son sustentados por las 
 
25 
 
instituciones fundamentando la gobernabilidad en los patrones de conducta e interacción 
social, en armonía con las concepciones institucionales con la finalidad de generar un 
orden. 
Cabe recalcar que las formas de interacción no son fijas, sino dinámicas que han ido 
cambiando a lo largo de la historia acorde a la correlación de fuerzas, de intereses y sobre 
todo de actores que han promovido y luchado por obtener o concretar los objetivos trazados 
en los fines que la propia organización social se haya dado. Las instituciones llegan a ser 
un amplificador o un reducto de las capacidades de actuación de los diversos actores que 
componen a una sociedad. Instituciones acordes a las relaciones de poder y en la forma en 
cómo se estructuran las mismas. 
En nuestro país la estructura política ha evolucionado al grado de la apertura de los 
espacios públicos han vuelto a ser ocupados por la ciudadanía, la cual ha permeado una 
nueva lógica institucional sobre el proceso cognitivo del aprendizaje pleno, abierto y 
sugerente de los valores democráticos, para que “las instituciones creadas, tenga una 
capacidad para responder (evitando rupturas violentas o discontinuidades) a situaciones 
previstas e imprevistas con visión institucional, gubernamental y pragmática” (Richard, 
2001:56). 
El marco institucional es de suma importancia en la definición de los espacios económicos 
y sociales, en los que interactúan una pluralidad de actores, que a su vez, son motivo del 
arreglo de pesos y contrapesos en la existencia de equilibrios dinámicos para la regulación 
del ambiente en el que se desarrollan las interacciones entre Estado, mercado y sociedad 
civil a través de la interiorización de conceptos que pueden motivar a la acción de forma 
colectiva, concepto que será abordado a continuación. 
I.III La acción colectiva como motor de la organización social 
El concepto de la acción colectiva ha sido abordado desde distintos puntos de análisis, en 
las cuales podemos destacar la visión sociológica así como la jurídica, situación que 
muestran lo polisémico del concepto, el cual podemos notar arguye a la dinámica o 
movimiento, la movilización de sujetos o personas que presentan una motivación 
interiorizada para emprender acciones que van encaminadas a la consecución de un 
objetivo compartido así es como Charles Tillly toma a la acción colectiva como aquellas 
“acciones realizadas por un conjunto de sujetos motivados por unos intereses comunes, 
que adoptan una forma de organización más o menos estructurada, y diseñan unas 
 
26 
 
prácticas de movilización concretas, actuando en una estructura de oportunidad política que 
facilitará o dificultará la acción y condicionará sus posibilidades de influir en la articulación 
del poder” (Tilly, 1978:12). 
Cabe resaltar que la acción colectiva tiene como principal característica su autodefinición 
es decir, no es un cuerpo que representa la suma de individuos sino que materializan en su 
actividad un sujeto propio, no como una masa despersonalizada sino como un ente que 
entabla relaciones con otros actores, que cuenta con una gama disponible de recursos, 
oportunidades así como sus propias limitaciones. Esa autodefinición de la acción colectiva 
es a su vez una construcción social que se da a través de la interacción y negociación con 
otros sujetos o actores; es aquí en donde toma relevancia el concepto jurídico de la acción 
colectiva ya que se erige como “un representante para proteger un derecho que pertenece 
a un grupo de personas, y cuya sentencia obligará y surtirá efectos al grupo como un todo” 
(Gidi, 2004:31). 
Al situar a la acción colectiva dentro del plano de la negociación política ésta busca el 
reconocimiento, promoción protección y/o defensa de un determinado estatus o situación 
que se reconoce por dicha acción como un bien público, o que beneficia a una mayoría, sin 
embargo la acción colectiva más allá de tener un carácter resarcitorio o compensatorio 
ante una condición de vulnerabilidad de un grupo social, de falta de reconocimiento o de 
violación de derechos propios o de terceros por los cuales propugnar o defender atiende a 
fines superiores “en su carácter de acciones vinculadas con el carácter público, social, o 
colectivo, del bien jurídico tutelado, en las que el interés privado o individual es rebasado y 
atiende a un interés mayor” (Carmona, 2012:2). 
Los actos emprendidos desde la acción colectiva estructura dentro de sí un proceso que 
más allá de la obtención de un resultado o la consecución de un objetivo, es un proceso de 
aprendizaje social y que contiene “actos de solidaridad, reciprocidad, así como procesos en 
los cuales los actores producen significados, comunican, negocian y toman decisiones. Algo 
que va más allá de la estimulación exógena” (Melucci, 1999:37), es aquí en donde 
observamos que la acción colectiva representa una fuente de elementos que componen al 
capital social al recrear actos de solidaridad y reciprocidad que fortalecen los lazos de 
confianza. 
Fireman y Gamson por ejemplo, señalaron que los individuos participan en la acción para 
obtener un beneficio colectivo porque son conscientes de que el beneficio no se conseguirá 
 
27 
 
si cada uno espera que los demás actúen (Fireman y Gamson 1979 en Melucci, 1999:41), 
la acción colectiva así produce nuevas formas de conocimiento sociales que son comunes 
a quienes forman parte de la movilización, permitiéndoles valorar el ambiente y calcular 
los costos y beneficios de acometer, o no, la acción. 
 Actualmente en las sociedades contemporáneas cualquier acción colectiva se encuentra 
mediada por la capacidad de información ciudadana que se pueda allegar, es decir elimpacto de la acción social y sus alcances estará dado por la capacidad que tengan para 
obtener, reconocer, entender y aplicar la información social para poder configurar el rol 
que va jugar dentro del juego político en la interacción con otros actores, así como la 
definición de su relación con el Estado en cuanto el grado de inclusión o exclusión en la 
vida política. 
 El conocimiento que tengan sobre dicha información les permite además tener un grado 
mayor de autonomía y capacidades formales de aprendizaje y acción, encuadrando una 
acción que tiende a crear formas rutinizadas de comunicación y de acción que aminoran el 
conflicto y aumentan el grado de cooperación y participación dentro de la acción colectiva 
y por tanto también aumenta las ganancias, prescindiendo de la necesidad de la coacción 
externa centrándose en los incentivos solidarios. 
Elementos identitarios que más allá de construir el significado de lo que son y lo que hacen 
dota de capacidades de interlocución con distintos actores o con otros movimientos que 
pueden simpatizar con sus objetivos o fines, dándole la posibilidad de tener coordinación 
en múltiples sitios creando la “acción estratégica en la concepción de la arena pública cuya 
vocación es expresiva y simbólica” (Cefai, 2001:51) previendo de un lenguaje común a los 
participantes de la acción colectiva dentro de sus propias dinámicas identitarias que ayuda 
a compaginar normas, valores y opiniones. 
La acción colectiva funge como “una plataforma programática, unificando los marcos de 
interpretación y de movilización que les permite crear simpatía y aleación, suscitar 
solidaridad y combatividad, reclutar y movilizar ciudadanía que se autodetermina en su 
movilidad, en las múltiples interacciones con distintos actores” (Cefai, 2001:56) dando 
elementos al discurso que emplean para dar a conocer sus fines, a través de referenciales 
de experiencia para generar empatía, en un marco explicativo el cual puede o no estar 
asociado con el consenso que define las acciones a realizar confeccionando la identidad 
 
28 
 
de causas públicas afines, que a su vez fomentan y organizan el campo de la experiencia 
y el horizonte de expectativas de los protagonistas. 
Por lo cual se puede argüir que las causas ulteriores de la acción colectiva no son originadas 
por intenciones escondidas, motivaciones íntimas o individuales, sino en intenciones 
anunciadas públicamente “estas son también maneras de producir lo colectivo, de formular 
causas públicas y de activar problemas públicos. Dichos procesos profundizan los 
alineamientos de actores entre ellos y con sus organizaciones en oposición a sus 
adversarios, pero introduciendo estas interacciones estratégicas en conformidad con las 
gramáticas de la vida pública” (Cefai. 2001:63). 
La confianza de actuación como principal motivante de la cooperación para la acción 
colectiva tiende a la obtención de objetivos colectivos es decir de bienes cuya naturaleza 
colectiva son sentidos o entendidos como una necesidad que afecta a una mayoría por lo 
que representa un interés sentido como un bien que beneficia a un mayor número de 
individuos, aludiendo al concepto de interés público, concepto que será abordado a 
continuación. 
I.IV Las Organizaciones de la Sociedad Civil como sujetos de Interés Público 
El rol que actualmente juegan las OSC en sociedad se encuentra inserto en un esquema 
en donde aparecen como aquel actor que lleva a cabo actividades en las cuales ha 
permitido asegurar las prestaciones de bienes y servicios en aquellos espacios en donde la 
redimencionalización del Estado dejó abierta la puerta a la dotación de parte de actores 
terceros, es ahí donde aparece la sociedad civil, en aquellas áreas en donde el mercado 
difícilmente podría acometer dicha dotación por no tener significancia lucrativa. 
Las actividades que realizan las organizaciones civiles para permitir una eficiente 
distribución de los recursos adquiere importancia en virtud del valor que alcanza para la 
sociedad, el cual se denota en la personalidad jurídica que se les ha reconocido al estar 
debidamente registradas y en cumplimiento de determinados requisitos, es decir las OSC 
se hacen sujetos de derecho, sujetos a un marco de derechos y obligaciones. 
Para la sociedad actual la concreción de organizaciones que le permita abordar 
problemáticas que la aquejan hace que las OSC adquieran un valor o interés especial, es 
decir, para una sociedad se considera como especialmente estimable, necesario o valioso 
la consecución de un estructura sistemática de interrelaciones e interacciones que 
propendan a la consecución de un objetivo; en el caso de las organizaciones sociales tienen 
 
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como objetivo satisfacer las necesidades de una colectividad dentro de un entorno dado, 
dicho en otras palabras, la articulación de relaciones sociales que tengan por objetivo 
afrontar problemas que aquejan a una sociedad se enmarca como una necesidad sentida 
por varios miembros de la misma. 
En este sentido, podríamos decir que el interés es una construcción que se constituye desde 
la subjetividad individual, empero, el interés que representa la creación de organizaciones 
civiles es compartido por una colectividad amplia, es decir un interés público y objetivo, que 
converge en la atención de varios sujetos, los cuales buscan desde la conformación de su 
propia organización abordar sus problemáticas. 
El interés público es un concepto cargado de sentido normativo jurídico, sin embargo, 
podemos notar en sus diversas acepciones un sentido social, como la definición del 
Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que puntualiza al 
interés público como “el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades 
colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención directa 
y permanente del Estado” (Diccionario Jurídico Mexicano 1996:1779) es decir, que el 
interés público no termina o no se delimita por ser el interés de muchos, sino sobre todo 
porque es un interés cuya protección o realización benefician en aspectos muy 
fundamentales a la colectividad como tal. 
Bermejo agrega que el interés público en “su objeto teleológico busca ser de cobertura 
indispensable en el ejercicio del poder estatal” (Bermejo, 1985:107), en concordancia con 
lo mencionado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, se muestra que debe ser 
protegido y salvaguardado a través de las instituciones estatales, por tanto, es tenido como 
referente sustancial en la actividad estatal que a su vez fomenta valores, como nos hace 
mención Gerard Colm “el interés público es una hipótesis básica de toda teoría democrática, 
que permite a la gente que posee religiones diferentes, convicciones filosóficas distintas, o 
diferentes sistemas de valores, disponer de una razón común para convivir en paz en una 
sociedad pluralista” (Colm, 1985:136). 
Entre estos autores existe la concordancia en que el interés público se circunscribe como 
el mecanismo que condensa el consenso común de valores esenciales y compartidos de 
una sociedad para que su funcionamiento orgánico sea de manera pacífica, fundamentando 
su propio pluralismo, el cual ese es esencia misma de la sociedad civil. 
 
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También al ser un concepto jurídico el interés público se tiene como elemento legitimador 
de la actividad administrativa, ya que se considera a la Administración Pública (AP) como 
el brazo portador del interés público para su materialización. Este espacio es donde la 
Administración Pública tiene la facultad de determinación sobre sus acciones, las cuales 
deben estar fundamentadas siempre sobre dicho interés, por ello, desde la visión jurídico 
administrativa las acciones emprendidas desde la AP convergen con la visión de los 
autores comentados en que el interés público no solo es un valor sino también un fin 
fundamentalde todo orden jurídico, administrativo y político, de todo Estado democrático, 
que busca satisfacer las necesidades colectivas. 
En ese orden de ideas, si partimos que la organización de la sociedad civil forma parte de 
los intereses de una colectividad, en cuanto que su protección y fomento de parte del Estado 
en su realización es estimable para la satisfacción de un mayor número de necesidades 
provenientes de intereses particulares, entonces, entendemos que el interés público no es 
solamente un asunto de los poderes públicos, sino de todo ciudadano, donde sus acciones 
se identifican con el modo de proceder organizado para hacer valer sus derechos invocando 
al interés de la sociedad en su conjunto. 
Puesto que partimos de la idea de que la organización civil forma parte del interés público 
vemos que su expresión no sólo yace en las expresiones de defensa y fomento de parte 
del Estado, sino que el interés público también se encuentra en la defensa de parte de la 
ciudadanía como parte de un marco de estrategias de actuaciones lícitas dentro de las 
libertades ciudadanas para exigir el respeto al marco de derechos ciudadanos establecidos 
en las distintas normatividades que regulan la vida en sociedad. 
Las formas de acción colectiva incorporan valores enfatizando la convivencia en el respeto 
a la pluralidad, asumiendo el interés público representado en distintas formas o acciones 
ubicadas en el quehacer social; entonces, es posible avanzar en la proposición que debido 
al marco en donde se inserta la actuación de la sociedad civil en la defensa y protección 
de derechos fundamentales constituyen causas para ser entendidos como sujeto de interés 
público, satisfaciendo intereses o necesidades sentidos por una mayoría y a su vez 
buscando que sea respetados por el Estado. 
La proposición es más visible si observamos la labor de las OSC adscritas a la lucha y 
búsqueda continua por la defensa de diferentes grupos sociales para ampliar la esfera de 
protección legal de sus derechos, lucha que se puede transcribir en el combate contra la 
 
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marginación y la desigualdad real experimentada en las relaciones cotidianas. Acciones 
que cumplirían, muchas veces, una función constitutiva del orden social e institucional al 
propugnar el reconocimiento de esferas legítimas de actuación autónoma; formas o arreglos 
organizacionales provenientes desde abajo, desde la misma ciudadanía. 
 
En síntesis, es posible decir que en éste se inscribe la participación de la sociedad civil 
organizada en la lucha por su reconocimiento y búsqueda de su fomento, ya que permite 
llevar a la arena de discusión la necesidad del reconocimiento de derechos para potenciar 
a individuos y comunidades hacia el ejercicio de ciudadanía, tomando como base la 
necesidad o el interés de la sociedad de buscar iniciativas que buscan la congruencia 
entre la sociedad misma y el marco de derechos establecidos. 
 
I.V La participación de las OSC para el desarrollo social 
En el estudio del desarrollo social existen tanto enfoques que atañen a sus componentes 
fundamentales como sus restricciones sujetas a la variable de prioridad económica o social 
para el bienestar, donde intervienen la utilidad del capital humano y social para combatir los 
rezagos sociales y se reconstruya el tejido social. Otras corrientes optan por enfocarse en 
el estudio de la distribución de los bienes económicos donde interviene el principio de 
solidaridad y cohesión social, para la satisfacción de necesidades básicas, garantizando un 
mínimo de subsistencia. 
El análisis de los elementos que componen al concepto de desarrollo social ha sido 
analizado desde niveles teóricos (UNAM, UAM), metodológicos y estratégicos (SEDESOL) 
donde son consideradas la perspectiva de los derechos (CNDH), la medición del bienestar, 
el papel institucional que lo analiza desde los organismos financieros internacionales 
(Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo), por mencionar algunas entidades 
que han abordado el concepto, partiendo desde sus causas, efectos y/o procesos de 
construcción para la mejora de las condiciones de vida de la población en general. 
De acuerdo con James Midgley el desarrollo social es concebido como “un proceso de 
promoción del bienestar de las personas en conjunción con un proceso dinámico de 
desarrollo económico”(Midgley, 2014:178) por lo cual el desarrollo social implica un proceso 
a través del cual se da un mejoramiento de las condiciones de vida de una población que 
implica a su vez la reducción de la pobreza y la desigualdad en el ingreso; coincidiendo con 
algunos organismos internacionales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de 
 
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desarrollo, al señalar que el desarrollo social debe conducir a igualar las condiciones de 
bienestar de la sociedad tomando en cuenta las condiciones contextuales económicas y 
sociales de cada país. 
La promoción del aumento del bienestar es una condición esperada cuando se controlan 
los problemas sociales, se “satisfacen las necesidades y se proveen oportunidades para 
mejorar las condiciones de vida en la que se liga el proceso de desarrollo económico con 
los programas sociales, dirigiendo recursos públicos para buscar, directa o indirectamente, 
vincular las intervenciones sociales en la creación de espacios para la inserción de la 
población a las dinámicas de las actividad económica” (Migdley, 2014:179) otorgándole así 
posibilidades de satisfacción de sus necesidades para también así poder desplegar sus 
capacidades y saberes. 
El desarrollo social supone un marco que regula la vida social con valores presentes de 
libertad, justicia, tolerancia, equidad, igualdad y solidaridad, entre otros que estructuran un 
marco que permita llevar un cambio positivo en las relaciones entre los individuos e 
instituciones, cambio que lleve a mejorar las capacidades humanas para tener mayor 
acceso a bienes y servicios. 
La mejora del cambio de las relaciones entre individuos e instituciones el Banco 
Interamericano de Desarrollo las define dentro de “los avances en el bienestar de la 
población en dos vertientes complementarias: la inversión en capital humano y la inversión 
en capital social” (BID 2003:149) es decir, aquellos gastos estatales en salud, educación, 
entre otros que otorgan capacidades y oportunidades a la sociedad, para que la inversión 
pública retome estas condiciones en la reconstitución y fortalecimiento del tejido social. 
Lo que significaría el aumento de las capacidades de la sociedad para emprender acciones 
colectivas, sobrepasando los elementos economicistas de competencia por el de 
cooperación, empero, la primer condición de inversión que nos plantea el BID no 
forzosamente conlleva a la segunda, es decir a mayor inversión en salud, educación o 
alimentación se tiene a gente más preparada pero no necesariamente significa que 
encuentren un medio de subsistencia, como por ejemplo absorción del campo laboral. 
Por su parte el Banco Mundial (2004) considera que el desarrollo social se vuelve más 
equitativo e inclusivo si se mejora el bienestar o la calidad de vida al modificar sus normas 
e instituciones, si bien el BM no habla de un elemento esencial del desarrollo social guarda 
similitud con la acepción del BID en tanto que al hablar de desarrollo social se habla de 
 
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mejora en la equidad, inclusión y reconstrucción del tejido social. Aunque es necesaria la 
existencia de marcos institucionales regulatorios per se no aseguran dicha mejoras que 
contiene el desarrollo. 
Amartya Sen por su parte concibe al desarrollo social como “como un proceso de expansión 
de las libertades reales de la que disfrutan los individuos” (Sen, 2000:19) la perspectiva de 
Sen lleva a introducir el concepto de desarrollo humano como proceso paralelo y 
determinante para la consecución del desarrollo social proceso que hace referencia