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ELCPAPO 1 ESCUELA LIBRE DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE ORIENTE DIPLOMADO EN CRIMINOLOGIA GUÍA DE ESTUDIO DEL MODULO: SOCIOLOGÍA CRIMINAL MODULO 1: INTRODUCCION A LA SOCIOLOGIA CRIMINAL ELCPAPO 2 Sociología criminal SEMANA UNO Concepto y definición de la Sociología Criminal La sociología criminal es la ciencia que estudia el delito como fenómeno social es decir, la criminalidad en toda su complejidad y la pena en cuanto reacción social, en sus orígenes, evolución y significación y en sus relaciones con los demás fenómenos sociales relacionados con una y otra. Su máximo representante fue Enrico Ferri quien trató sobre esta tendencia en su libro “Los nuevos horizontes del Derecho penal y el procedimiento criminal”; Ferri fue seguido por A. Lacassagne (1834-1924), quien en 1885 señaló que “las sociedades tienen los delincuentes que se merecen”. Toda creación o manifestación humana es siempre fenoménica, aun en el campo jurídico, de allí que tenga niveles de observación y teoría psicológicos, biopsicològicos, psicosociales, sociológicos, etc. La introducción de elementos sociológicos al discurso de la criminología se debe sobretodo, en su faz inaugural, a los estudios funcionalistas de Emile Durkheim, pero fueron los ulteriores desarrollos de la sociología de la desviación de matriz estadounidense las que lograron y consolidaron el predominio de una perspectiva sustancialmente opuesta. El punto de vista sociológico se manifestó desde el principio en la criminología. En Italia, el discípulo de Lombroso, Enrico Ferri, y en Francia Gabriel Tarde, destacaban la importancia del medio y del aprendizaje o de la imitación en la definición de la criminalidad. En el medio ambiente sociocultural, el sociólogo considera el acto criminal como una respuesta de ciertos individuos a los estímulos modulados por la organización social. Ya ELCPAPO 3 sea la familia, el habitat urbano o rural, el género de vida industrial, pastoral o postindustrial, o el origen étnico, siempre se trata de influencias que se ejercen de un modo selectivo sobre las personas que componen una colectividad. No todos los desempleados son delincuentes, pero buen número de ellos lo fueron, principalmente al iniciarse la industrialización; algunos distritos urbanos contienen más delincuentes, ciertas profesiones también, y así sucesivamente. Durkheim ha formulado de un modo sumario el enfoque sociológico: el crimen para él, no es ni una entidad jurídica ni una bio-psicològica; sólo es criminal aquél que la conciencia colectiva de un grupo califica así. Una sociedad dominada por el valor concedido a la propiedad privada definirá como prototipo de criminal al ladrón, por ejemplo. Hacia la mitad de la década de los sesenta se impugna una hegemonía de la sociología modelada sobre las ciencias de la naturaleza, que se apoyaba en las tradiciones positivistas y dejaba mucho a los procedimientos empíricos. Al modelo consensual de las relaciones sociales se oponía el modelo conflictual, que considera los agregados sociales como entidades que tienen entre sí relaciones conflictuales en función a intereses antagónicos. En el modelo consensual, la “solidaridad” de los órganos obedece a un mismo principio de organización; sugiere la homeostasis del sistema, cuyos elementos están todos unidos por interacciones sutiles provocadoras de otras tantas retroacciones que modifican el conjunto y contribuyen a su mantenimiento. En el modelo conflictual, los intereses opuestos provocan conflictos entre individuos y grupos sociales que no se solucionan por el ajuste, la adaptación, la investigación y el establecimiento de un nuevo equilibrio que supere el conflicto como ocurre con el modelo consensual. ELCPAPO 4 Se trata de oposiciones no sólo irreductibles sino procedentes de la naturaleza misma de la organización social que tienen la misión de transformar radicalmente. Todas las relaciones sociales deben apreciarse en función de su contribución y de su significación en estos conflictos, que constituyen instrumentos naturales en el advenimiento de una sociedad más justa, menos alineante, que reconcilie al hombre consigo mismo. El modelo consensual se refiere a un paradigma que considera la realidad como un dato que se trata de descubrir; el modelo conflictual trata de una “realidad” que es preciso construir, parte de la afirmación de que en el sistema social existen relaciones conflictuales entre sus elementos, en función de intereses antagónicos; este modelo da preferencia al método cualitativo y del observador participante, a la interpretación de las relaciones de poder que determinan la ubicación de los sujetos en estratos desiguales de la sociedad. Para la escuela social es importante la desigualdad material y la división del trabajo, el sistema jurídico busca la justicia social ante todo y tiene un criterio político que busca la comprensión y las mejoras sociales. Esta perspectiva no consiste sólo en reconocer la influencia de factores sociales junto a los predisponentes individuales del delito, al estilo de la sociología criminal de Enrico Ferri, sino en afirmar de que el crimen ya no es un fenómeno de patología individual, sino un resultado social; pues sería la sociedad la que, a través de diversas fuentes, produciría criminalidad, y esta producción constituiría un rasgo patológico que se presenta bajo diversas maneras de (des)organización o de estructuración social. Fueron los criminólogos norteamericanos los que más han destacado en este campo de la criminología. Las causas del crimen deben ahora buscarse en ciertas condiciones de la dinámica o de la estructura social. ELCPAPO 5 De esta forma, la sociología de la desviación, cuyos desarrollos se remontan a las primeras décadas del siglo XX, modificó significativamente los esquemas interpretativos antes centrados en la identificación de la criminalidad con desórdenes de patología individual; no obstante las diferencias, estas nuevas explicaciones ambientalistas no se apartaban radicalmente del modelo central arraigado en la búsqueda de las causas y en la corrección de los (d)efectos, aunque las causas ahora eran otras y los modos de incidencia habían variado. En efecto, esas causas y sus formas de actuación se multiplicaron, sea como consecuencia de la “desorganización social” que fuera objeto de estudio privilegiado de la ecología urbana de Chicago, sea como producto de la contradicción entre las estructuras social y cultural en el seno de un sistema social, que da lugar a la desviación individual anímica mertoriana, o en función de las adaptaciones subculturales, luego desarrolladas por Cloward y Ohlin y más tarde por Albert K. Cohen. No sólo el problema reside ahora en el ambiente más que en el individuo, sino que los problemas sociales que afectan al individuo o a los grupos pueden ser variadísimos y pueden operar en formas diversas. Una consecuencia natural del paulatino enriquecimiento de los análisis ambientales es el llamado enfoque multifactorial, cuya razón de ser estaba en la pretensión o en la necesidad de dar cuenta de la posible incidencia causal de una multiplicidad de circunstancias que, de ordinario, parecen hallarse presentes cuando el delito se produce, y cuya combinación, de una u otra forma, puede ser empleada para determinar la posibilidad o la probabilidad de la aparición de comportamientos desviados. Este enfoque multifactorial fue, de alguna manera, un determinante del tránsito desde un paradigma fuerte de la causalidad, fundada en rasgos psicobiológicos objetivamente reconocibles, hacia una consideración paulatinamente más débil del concepto de causa, en donde el valor de certeza atribuible a las consecuenciasproducidas por un determinado factor dió paso a un enfoque sólo probabilístico. ELCPAPO 6 No podía ser de otra manera, puesto que al dar prevalencia a los factores ambientales en las explicaciones etiológicas del delito se abría una doble brecha. Por una parte, debió reconocerse una multiplicidad casi interminable de variantes de raíz sociológica, cuya interacción y virtualidades relativas denotaban un universo de mucha complejidad; de este modo, la referencia a un espectro de factores ambientales contrastaba con la identificación de causalidades producto de factores biológicos claramente distinguibles y fácilmente reconducirles a una explicación unidimensional. Por otro lado, el hecho de haber situado las causas en el ambiente y no en el individuo mismo impedía otorgar un resultado causal directo o forzoso, puesto que los efectos siempre estarían mediados por complicados procesos subjetivos e interactivos en los que los factores externos deberían ser reelaborados simbólicamente por el sujeto. Aunque la mayor relevancia fuera otorgada a los factores ambientales, era ya claro que éstos sólo operan a través del individuo y, por lo tanto, el tipo de influencia que ejercen sobre él depende sobre todo de la capacidad de elaboración, reacción, resistencia o adaptación individual. En su afán de clasificar y encasillar los pensamientos de los estudiosos, los tratadistas suelen presentar una multiplicidad de teorías contemporáneas de la criminalidad; sin embargo, las notables convergencias apenas si permiten algunas agrupaciones; así, cada teórico resaltó unas u otras de las variables intervinientes, sin que ello obste a reconocer la complementariedad y articulación de las observaciones.(1) (1)Perez.A. (2004). LA EXPLICACIÓN SOCIOLÓGICA DE LA CRIMINALIDAD. 05/25/2021, de Dialnet Sitio web: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5498997.pdf ELCPAPO 7 Se llama Sociología porque estudia los hechos sociales, las interacciones humanas, el real acontecer colectivo, y busca su comprensión y su entendimiento mediante el descubrimiento de su sentido y sus conexiones de sentido. Se califica de criminal, porque concreta su estudio a los hechos delictuosos, sólo que considerados en su masa o su totalidad. Ya Recaséns Siches, afirma que hay hechos sociales en que los hombres se asocian y otros que "entrañan oposición, antagonismo, conflicto, lucha y disociación". Entre éstos hay algunos de mayor significación negativa, sea por el daño que causan o por la alarma y reprobación social que provocan y que, por ser violatorios del mínimo de los. mínimos de moralidad que la sociedad exige, han sido incluidos entre los que sancionan las leyes penales, calificando los de criminales. Estos son los que como hecho colectivo estudia la SociologíaCriminal, sin detenerse en lo individual, pues aprovecha las conclusiones de otras disciplinas que se han ocupado de ello. El fundador de la Sociología Criminal, Enrico Ferri, dice que la Sociología general "se subdivide en un cierto número de ramas particulares" y que "las sociologías particulares se desenvuelven en dos direcciones distintas..., estudiando las unas la actividad humana normal . . . , y las otras la actividad humana antisocial o antijurídica"..., y que "sobre el'.fundamento común de la Sociología general..., se distinguen de un lado la sociología económica, jurídica y política y de otro la sociología criminal". De ello se desprende que para Ferri nuestra disciplina forma parte de la Sociología general y no de la Criminología como afirman los autores citados previamente. En igual sentido se pronuncia el Diccionario de Sociología al decir que "La Sociología Criminal, pues, es una aplicación de la Sociología general a los fenómenos específicos de la delincuencia". Es inconcuso que dentro del real acontecer colectivo hay fenómenos disociativos entre los cuales existen unos de excepcional importancia, que consisten en la violación de preceptos de profundo valor humano. ELCPAPO 8 Algunas de tales violaciones están tipificadas en las leyes penales y, cuando toman realidad (sin prejuzgar de su moralidad o inmoralidad), se dice que se ha cometido un delito cuyo autor es un ser humano a quien se llama delincuente o criminal. A la Criminología le toca examinar la totalidad de causas y efectos, individuales o sociales, de tal conducta, registrándolos y describiéndolos en su realidad; pero su orientación puede cambiar, bien hacia el estudio del fenómeno individual, concretamente considerado (delito y delincuente) o bien hacia el examen del conjunto, llamado delincuencia corno fenómeno social, masivo o colectivo, real. En este último caso, entra en función la Sociología Criminal, zona intermedia de dos ciencias causal explicativas: una que tiene gran amplitud: la Sociología general y otra más restringida que es la Criminología. Como la Sociología general es una ciencia de la realidad que estudia las interacciones entre individuos o grupos, su sentido y sus conexiones de sentido, (en que, con justicia mucho insiste Recaséns Siches) la Sociología Criminal debe estudiar también estos puntos, sólo que tomando en cuenta principalmente el sector de la población que ha reaccionado violando la Ley Penal. Pero como no se puede separar lo criminal, siempre interpersonal, del resto de la vida social, se convierte en el principal interés del estudio dentro de una sociedad tornándola como fondo. La Sociología Criminal estudia, pues, la realidad del acontecer criminal colectivo, masivo, estática y dinámicamente, considerando sus causas ·exógenas y endógenas y sus efectos. La Sociología criminal es la rama de la sociología general que estudia el acontecer criminal como fenómeno colectivo, de conjunto, tanto en sus causas, como en sus formas, desarrollo, efectos y relaciones con otros hechos sociales. ELCPAPO 9 Su contenido.-Ferri dice que "la antropología (para el estudio de los hechos orgánicos y de los hechos psíquicos) y la estadística criminal, de una parte, y de otra el derecho criminal y penal, no son más que capítulos especiales" de la Sociología Criminal, con lo que nosotros no podemos estar de acuerdo, ya que no todo lo que comprende la antropología, la psicología y la estadísticas criminales, el derecho penal y otras ciencias, puede ser estudiado dentro de nuestra disciplina; el hecho de que tales ciencias puedan aplicarse a lo criminal, no nos permite afirmar que, ya aplicadas, sean capítulos especiales de la materia que estudiamos. Para Carrancá y Trujillo "La Sociología Criminal estudia, en su rama bio-sociológica, los caracteres individuales del delincuente con el fin de determinar la causas de su delito y su grado de temibilidad social; en su rama jurídica estudia la legislación preventiva y represiva de la delincuencia...". "Comprende, como se ve... , el conjunto de las disciplinas criminológicas, inclusive el Derecho Penal. ..". Tampoco podemos estar d.e acuerdo con ello, por las razones ya apuntadas arriba, y, además, porque a la Sociología no le interesan los casos particular.es sino en cuanto son parte del fenómeno colectivo; tampoco le interesa la "temibilidad social" del delincuente, sino los hechos delictuosos en su masa o conjunto. El concepto de temibilidad social es individual y por ello no es de la Sociología, sino de la Criminología, siempre con miras hacia la Política criminal, particularmente en su capítulo de prevención. Siendo la Sociología una disciplina causal explicativa y fáctica, no vemos la razón para que incluya disciplinas normativas como el Derecho Penal. Por otra parte, el mismo autor dice que: "Hay que diferenciar las causas de cada delito y las causas de la criminalidad. Estas . . . , constituyen el material propio de la SociologíaCriminal. ..". Es indudable que en esta última opinión no le falta razón, pero es claro que las causas de la criminalidad no constituyen el único material propio de nuestra materia.(2) (2)Quiroga.H. (1970). Introducción a la Sociología Criminal. México, DF: Instituto de Investigaciones Sociales. ELCPAPO 10 DEFINICIONES DE LA DESVIACIÓN El outsider-quien se desvía de un grupo de reglas ha sido sujeto de múltiples especulaciones,. teorías y estudios científicos. Lo que el hombre común quiere saber sobre los outsiders es por qué hacen, qué los lleva a hacer algo prohibido y cómo es posible dar cuenta de esa transgresión. La investigación científica ha intentado dar respuesta a estas preguntas, y para hacerlo ha aceptado la premisa -derivada del sentido común- de que existe algo inherente a la desviación (cualitativamente distintivo) en el acto de transgresión (o de aparente transgresión) de las reglas sociales. También ha aceptado la presunción generalizada de que las infracciones a la norma responden a alguna característica de la persona que las comete que la impulsa necesaria o inevitablemente a hacerlo. Los científicos no suelen cuestionar la etiqueta de "desviado" cuando se aplica a acciones o personas en particular, sino que lo aceptan como algo dado. Al hacerlo, adoptan los valores del grupo que ha establecido ese juicio. Es fácil constatar que diferentes grupos juzgan como desviadas diferentes conductas, lo que debería alertarnos acerca de la posibilidad de que tanto la persona que juzga como el proceso por el cual se ha llegado a ese juicio y la situación juzgada estén todos íntimamente involucrados en el fenómeno de la desviación. En tanto la visión del sentido común sobre la desviación y las teorías científicas que parten de sus premisas presuman que las infracciones a la norma son inherentemente desviadas, y por lo tanto den por sentadas las situaciones y procesos de esa valoración, estarán dejando de lado un aspecto muy importante. Al ignorar el carácter variable de los procesos de valoración, los científicos limitan, por omisión, las diferentes teorías que pueden elaborarse y la comprensión que puede lograrse del fenómeno ( Cres-sey,1951). ELCPAPO 11 Nuestro primer problema es entonces construir una definición de desviación. Antes de hacerlo, consideremos algunas de las definiciones científicas en boga actualmente, para ver qué es lo que dejan afuera si se toman como punto de partida para un estudio de la marginalidad. La visión más simplista de la desviación es esencialmente estadística, y define como desviado todo aquello que se aparta demasiado del promedio. Cuando un estadístico analiza los resultados de un experimento agrícola, describe el tallo excepcionalmente largo de una planta de maíz y el excepcionalmente corto como desviaciones de la media o promedio. En ese sentido, cualquier cosa que se diferencie de lo que es más común podría describirse como desviada. Desde ese punto de vista, ser zurdo o pelirrojo son desviaciones, pues la mayoría de la gente es diestra y de cabello oscuro. Expresado así, el punto de vista estadístico parece limitado, incluso trivial. Reduce el problema descartando muchas preguntas valiosas que notablemente surgen cuando se discute la naturaleza de la desviación. A la hora de evaluar cualquier caso en particular, todo lo que uno debe hacer es calcular la distancia existente entre el comportamiento analizado y el comportamiento promedio, lo que constituye una solución demasiado simplista. Salir a reunir casos a partir de esa definición implica regresar con una mezcla que reúne obesos con asesinos, pelirrojos, homosexuales e infractores de tránsito. Esa mezcla incluye tanto a quienes efectivamente se desvían de la noticia como a otros que no han quebrantado ninguna noticia en absoluto. ELCPAPO 12 La definición estadística de la desviación, en resumidas cuentas, está totalmente alejada de la preocupación por la violación a la norma, motivo del estudio científico de la marginalidad. . Un punto de vista menos simplista;"pero mucho más generalizado, identifica la desviación con algo esencialmente patológico y que revela la presencia de una "enfermedad". Esta perspectiva descansa, obviamente, en una analogía médica. Cuando el organismo humano funciona bien y no experimenta ningún desarreglo, se dice que es "saludable". Cuando no funciona bien, hay enfermedad. El órgano o miembro afectado es considerado patrón lógico. Por supuesto que existe amplio consenso respecto de lo que es un organismo en buen estado de salud. Pero el consenso no existe cuando el término "patológico" es usado análogamente para describir ciertos tipos de conductas que se consideran des- viadas, justamente porque no hay acuerdo respecto de lo que constituye un comportamiento saludable. Si ya es difícil encontrar una definición de conducta saludable que pueda satisfacer incluso a un g¡upo tan acotado y selecto como el de los psiquiatras, encontrar una definición que el común de la gente acepte como acepta el criterio de lo que es un organismo saludable es directamente imposible (véase el debate contenido en Wright MilIs, 1942). A veces la gente utiliza esa analogía de manera más estricta, porque cree que la desviación es producto de un desorden mental. El comportamiento de un homosexual o un drogadicto es considerado entonces como síntoma de una enfermedad mental, del mismo modo que la dificultad que tienen los diabéticos para curarse de los moretones es vista como un síntoma de la enfermedad que padecen. Pero la enfermedad mental sólo se parece a la física metafóricamente: ELCPAPO 13 Empezando por cosas como la sífilis, la tuberculosis, la fiebre tifoidea, los carcinomas y las fracturas, hemos creado una "clase" llamada enfermedad. Al principio, esa clase estaba compuesta por unos pocos elementos que compartían el rasgo común de referirse a los estados de desorden estructural o funcional del cuerpo humano entendido como máquina fisicoquímica. Con el tiempo, se fue incorporando otro tipo de elementos, que no fueron sin embargo agregados porque fuesen desórdenes físicos de descubrimiento reciente, sino porque el criterio médico de selección cambió, y pasó a estar enfocado en la incapacidad y el sufrimiento. De esa manera, y paulatinamente, cosas como la histeria, la hipocondría, la neurosis obsesivo-compulsiva y la depresión fueron incorporadas a la categoría de enfermedades. Más tarde, y cada vez con mayor celo, los médicos, y en especial los psiquiatras, empezaron a llamar "enfermedad" (vale decir, por supuesto, "enfermedad mental") a todo aquello en lo que detectaban signos de mal funcionamiento, sin tomar como base ningún criterio. En consecuencia, la agorafobia es una enfermedad porque uno no debería tener miedo a los espacios abiertos. La homosexualidad es una enfermedad porque la norma social es la hetero-sexualidad. El divorcio es algo enfermo porque señala el fracaso de un matrimonio. El delito, el arte, los líderes políticos indeseables, la participación en actividades sociales o el alejamiento de ellas: todo esto y mucho más ha sido considerado bajo el signo de la enfermedad mental. (Szasz, 1961). La metáfora médica limita nuestra visión tanto como el enfoque estadístico. ELCPAPO 14 Acepta el juicio lego de que algo es desviado y, por analogía, sitúa su origen en el interior del individuo, impidiendo de esa manera que podamos analizar ese juicio mismo como parte crucial del fenómeno. Algunos sociólogos utilizan también un modelo de la desviación basado esencialmente en las nociones médicas de la salud y la enfermedad. Observan la sociedad, o una parte de ella, y se preguntan si hay procesos en marcha tendientes a desestabilizarla,amenazando así su supervivencia. Etiquetan esos procesos como desviados o los identifican con síntomas de un desarreglo social. Discriminan entre rasgos sociales que fomentan la estabilidad (y que son, por lo tanto, "funcionales") y rasgos sociales que buscan interrumpir la estabilidad (o sea, "disfuncionales"). Ese punto de vista tiene la gran virtud de señalar zonas de la sociedad potencialmente problemáticas que pasan inadvertidas para la gente (véanse Merton, y Parsons, 1951. En teoría puede parecer fácil, pero en la práctica es muy difícil discriminar lo que es funcional de lo que es disfuncional para una sociedad o grupo social. La cuestión de cuál es el propósito u objetivo (función) de un grupo y, en consecuencia, qué cosas lo ayudan a lograrlo o se lo impiden suele ser de carácter político. No hay consenso al respecto dentro de las diferentes facciones del mismo grupo, y cada una de ellas opera para que prevalezca su propia idea de la función que tiene ese grupo. La función de un grupo u organización, por lo tanto, es el resultado de una con- frontación política, y no algo intrínseco a la naturaleza de la organización. De ser esto cierto, entonces es muy probable que también deban ser consideradas como políticas las decisiones acerca de qué leyes hay que aplicar, qué comportamientos se consideran desviados y quiénes deben ser etiquetados como outsiders. ELCPAPO 15 Al ignorar el aspecto político del fenómeno, la visión funcional de la desviación también limita nuestra comprensión. Otra de las perspectivas sociológicas es más relativista. Define la desviación como el fracaso a la hora de obedecer las normas grupales. Una vez que las reglas vigentes de un grupo son explicadas a sus miembros, podemos señalar con bastante precisión si una persona las ha violado y es, por lo tanto, desde esa perspectiva, un desviado. Esa visión es más cercana a la mía, pero no da importancia suficiente a las ambigüedades que surgen al momento de decidir qué normas deben ser tomadas como patrón para medir o juzgar si un comportamiento es desviado o no. Una sociedad está integrada por muchos grupos, cada uno de los cuales tiene su propio conjunto de reglas, y la gente pertenece a muchos grupos simultáneamente. Una persona puede romper las reglas de un grupo por el simple hecho de atenerse a las reglas de otro. ¿Es entonces una persona desviada? Los defensores de este enfoque pueden argumentar que, si bien puede surgir cierta ambigüedad respecto de las reglas particulares de un grupo U otro, existen normas que son generalmente aceptadas por todos, en cuyo caso el obstáculo no aparece. Se trata, por supuesto, de una cuestión de hechos concretos, que debe ser definida por la investigación empírica. No estoy seguro de que haya tantas zonas de consenso, y creo que es más sabio partir de una definición que nos permita trabajar tanto con situaciones ambiguas como no ambiguas. ELCPAPO 16 También Howard Brotz (1961) afirma que el fenómeno de lo que es "funcional" y lo que es "disfuncional" es de carácter político. LA DESVIACIÓN Y LA RESPUESTA DE LOS OTROS La visión sociológica que acabamos de analizar define la desviación como la infracción a algún tipo de norma acordada. Luego se pregunta quién rompe las normas, y pasa a indagar, en su personalidad y situaciones de vida, las razones que puedan dar cuenta de sus infracciones. Esto implica presumir que quienes violan las normas constituyen una categoría homogénea, pues han cometido el mismo acto desviado. A mi entender, dicha presunción ignora el hecho central: la desviación es creada por la sociedad. No me refiero a la manera en que esto se entiende comúnmente, que sitúa las causas de la desviación en la situación social del individuo desviado o en los "factores sociales" que provocaron su accionar. Me refiero más bien a que los grupos sociales crean la desviación al establecer las normas cuya infracción constituye una desviación y al aplicar esas normas a personas en particular y etiquetarlas como marginales. Desde este punto de vista, la desviación no es una cualidad del acto que la persona comete, sino una consecuencia de la aplicación de reglas y sanciones sobre el "infractor" a manos de terceros. Es desviado quien ha sido exitosamente etiquetado como tal, y el comporta- miento desviado es el comportamiento que la gente etiqueta como tal. ELCPAPO 17 Como, entre otras cosas, la desviación es una consecuencia de la respuesta de los otros a las acciones de una persona, a la hora de estudiar a la gente que ha sido..,etiquetada como desviada, los estudiosos del tema no pueden presuponer que estén trabajando con una categoría homogénea. Vale decir, no pueden asumir que esas personas hayan cometido realmente un acto desviado o quebrantado alguna norma, pues el proceso de etiquetado no es infalible. Algunas personas pueden llevar la etiqueta de desviadas sin haber violado ninguna norma. Más aún, no pueden mirar que la categoría de aquellos etiquetados como desviados contenga a todos los que han violado realmente la norma, pues muchos infractores pasan inadvertidos y por lo tanto no son incluidos en la población de "desviados" que se estudia. En la medida en que dicha categoría carece de homogeneidad y no incluye todos los casos que la integran, es de esperar que no se encuentren factores comunes de personalidad o de situaciones de vida que puedan dar cuenta de la supuesta desviación. ¿Qué tienen en común, entonces, quienes llevan el rótulo de la desviación? Comparten al menos ese rótulo y la experiencia de cargar con él. Comenzaré mi análisis con esta similitud básica y consideraré la desviación como el producto de una transacción que se produce entre determinado grupo social y alguien que es percibido por ese grupo como un rompe-normas. Me ocuparé menos de las características personales y sociales de los desviados que de los procesos por los cuales llegan a ser considerados outsi-dersy de sus reacciones frente a ese juicio.(3) (3) Becker. H.. (2009). Outsiders, hacia una sociología de la desviación . México,DF : Siglo veintiuno. ELCPAPO 18 Medida y evolución de la delincuencia La inseguridad pública es uno de los temas que más han preocupado a la sociedad mexicana en los últimos años. La ciudadanía no ha podido dejar de convertirlo en el tema privilegiado; se ha convertido en el tema de temas. Es por ello que cada vez son más frecuentes las demandas de ciudadanos y de empresas que piden una acción más efectiva por parte de las autoridades para erradicar una actividad que genera temor e incertidumbre entre la población y cuantiosas pérdidas económicas. La cobertura que hacen los medios en torno al problema de la inseguridad resulta fundamental debido a su gran capacidad de difusión de discursos. Cada día, desde muy temprano, si uno revisa el periódico, sintoniza un noticiero o enciende la televisión, encontrará como constante notas referentes a los hechos delictivos. Todos estamos conscientes de que el problema de la inseguridad es grave y complejo. La seguridad de las personas y de sus bienes, además de ser una demanda social, es una obligación insoslayable del Estado. El control de la violencia y del crimen constituye una responsabilidad básica e irrenunciable, además de ser necesaria para establecer las posibles bases de una legitimidad tan perdida en la actualidad; por tanto, una utilización ideológica del tema le resulta indispensable como forma al menos incipiente de evitar su propio aniquilamiento. Por ello este tema se ha convertido en uno de los constantes focos de atención social y gubernamental. ELCPAPO 19 Por tales razones, se manifiestan inconformidades de la política en tornoa la seguridad, así como voces de alarma y de preocupación de la ciudadanía, de algunos sectores progresistas, de instancias gubernamentales y, por supuesto, de algunos organismos de defensa y promoción de los derechos humanos tanto nacionales como internacionales. Consecuentemente, se han organizado diversos foros en los que estos temas forman parte de la agenda política actual, y de donde han surgido algunas alternativas que proponen la construcción de modelos de seguridad pública basados en el respeto a la cultura de los derechos humanos, en los que existan las posibilidades de hacer un análisis que amplíe el espectro hacia temas como los conceptos de seguridad pública, el tema de las responsabilidades estatales, la rendición de cuentas, etc., permitiendo tener una visión más amplia de la seguridad de las personas. El problema de la inseguridad ciudadana Una de las principales fuentes que abrevan a una sociedad, que promueven el temor y el miedo a la inseguridad y que los Estados no han podido manejar, es la legitimidad para enfrentar ese problema. En este sentido, para abordarlo, es necesario establecer la génesis del fenómeno delictivo y las causas y consecuencias que ello ha acarreado. El fenómeno delictivo siempre ha estado presente en la sociedad. Lo encontramos presente en las más incipientes formas de organización social, e incluso en las más evolucionadas sociedades actuales, con sus dinámicas e interacciones de intercambio social, cultural y tecnológico desarrollado en un mundo globalizado. En este sentido, Appadurai manifiesta que por siglos, en el mundo ha habido una gran cantidad de interacciones. ELCPAPO 20 En el pasado los intercambios culturales y económicos estaban restringidos por las barreras geográficas; dichos intercambios implicaban grandes travesías y esfuerzos, así como largos tiempos de espera. Lo anterior ha cambiado dramáticamente en los últimos siglos debido al progreso extraordinario e incesante de la tecnología. La vida de las ciudades, la intensificación del intercambio de mercados, la creación de bancos y negocios monetarios requiere cada vez más del manejo de informaciones fidedignas de lo que acontece en distintos lugares. Las nuevas tecnologías de la comunicación, incluyendo la fibra óptica, la comunicación vía satélite, los sistemas de microondas de larga distancia, los teléfonos celulares, y en general toda la industria de las telecomunicaciones, nos permiten ya hablar con el máximo rigor de la existencia de un mundo global, completamente interconectado en tiempo real, en el que ya resulta factible realizar las maravillas que nuestra mente ha imaginado. Los flujos de personas, dinero, tecnología, información, ideologías e imágenes son inmediatos, con lo cual ingresamos en una condición de vecindad. Es decir, estamos cercanos a todo y a todos, y el fenómeno delictivo no se ha quedado atrás: ha evolucionado junto con la tecnología. La inseguridad ciudadana atenta contra las condiciones básicas que permiten la convivencia pacífica en la sociedad y pone en peligro o lesiona los derechos fundamentales; así, garantizar la seguridad de los ciudadanos constituye una razón de ser del Estado. Sin embargo, en una sociedad de riesgo y compleja como la nuestra, entre los funcionarios encargados de esta función primordial observamos conductas antisociales que acentúan la incertidumbre y ponen enormes retos de eficacia y ELCPAPO 21 legitimidad a las instituciones. Esto refleja en gran medida su falta de competencia para brindar seguridad y la ineficiencia en su labor profesional. En la medida en que la percepción de inseguridad aumenta, la legitimación de las detenciones arbitrarias también crece. En el actuar cotidiano del Estado Moderno encontramos que su legitimidad se ha desdibujado. Es común que los ciudadanos pierdan espacios frente a la descomposición del monopolio que ejerce el Estado, el cual se ha convertido, en palabras de Lenin: “en una organización especial de la fuerza, es una organización de la violencia para la represión de una clase cualquiera” (1979: 24), y lo más grave es que se ha orientado al ciudadano común y corriente. El Estado controla mediante reglas que define por criterios de contingencia; es decir, por las reglas no escritas de los órdenes dominantes frente a la sociedad, lo cual rompe su legitimidad. En cuanto a la legitimidad, con lo que nos encontramos en la actualidad es con una ausencia de ella, la cual Luis González Placencia divide en: 1. En el plano de la vida cotidiana, la ausencia de legitimidad se expresa como una imposibilidad literal para garantizar un contenido de validez a los actos de autoridad de quienes dictan (ámbito legislativo), quienes dicen (ámbito jurisdiccional) y quienes aplican el derecho (ámbito administrativo). Esto se refleja en la disociación que se da entre la dictaminación de leyes y la falta de análisis por parte de los legisladores, de las posibles consecuencias de dichos procesos legislativos; por ejemplo, la modificación al Código Penal para el Distrito Federal, donde se criminalizan cada vez más actos y se incrementan las penas y la consecuente sobrepoblación de los centros penitenciarios. ELCPAPO 22 Por tanto, quienes dictan el derecho y quienes sancionan el derecho (jueces y magistrados) no tomaron en cuenta lo que tenían que decir las autoridades administrativas de la ejecución de las penas, y si existe un incremento de indiciados y procesados sin tener éstas la capacidad instalada para recibirlos en las cárceles de la ciudad. Entonces esto genera otro problema de inseguridad social y se convierte en una bomba de tiempo, sin contar con los procesos aparejados como el autogobierno y la gran cantidad de mafias que pululan en los centros penitenciarios. 2. La fórmula en mayor o menor medida autoritaria, a la que tradicionalmente se ha recurrido para resolver esa ausencia de legitimidad, ha excluido la posibilidad, primero, de generar, y enseguida de promover, una respuesta racionalmente estructurada, en términos de control democrático de los actos públicos, en el seno de la sociedad. No obstante, el control que ejerce la policía oscila entre la aparente paradoja consenso- coerción: en la medida en que crecen las condiciones probables de ser víctima de un delito, la necesidad de coerción física directa sobre la libertad personal de los ciudadanos disminuye. El Estado radicaliza la represión desde la creación de leyes de emergencia hasta la expansión de la discrecionalidad policial. En este sentido, y siguiendo a González Placencia, se apunta que para situar el problema de la seguridad desde una perspectiva crítica, será necesario partir del reconocimiento de que ha sido la condición hipertrófica del principio del mercado frente a las demás que constituyen el pilar regulativo de la modernidad, la que ha repercutido de manera indirecta en la transformación de los mecanismos de regulación y control del Estado neoliberal, y la que, en el centro mismo de esa transformación, ha generado la aparición de procedimientos de emergencia jurídico-penales destinados al control duro de la desviación, a través de regulaciones de excepción, entre las cuales la relativa a la seguridad ocupa un lugar central. ELCPAPO 23 El reclamo legítimo de los ciudadanos respecto a un Estado y una institución policial responsable y capaz de cumplir con sus funciones se aprecia en la percepción que las personas tienen sobre el desempeño de quienes tienen la función de brindar la protección. Cabe destacar que la percepción de inseguridad está influenciada por las creencias, actitudes, valores y experiencias que pueden o no tener correlación. En este sentido, según Henrique Thomé: “La llamada seguridad ciudadana”,con sus dimensiones objetiva, subjetiva y tolerable, se forja a partir de patrones culturales colectivos determinados por una base material y estructural, de valores colectivos y de actuaciones políticas. Se trata de una noción amplia de seguridad que conecta con otras áreas de la seguridad (medioambiental, alimentaria, del tráfico, etc.) y enlaza con diversos problemas sociales. El análisis parte de la delincuencia común y de las instituciones de seguridad de los distintos países, pero se analizan los datos desde una perspectiva amplia e integradora. Se pone énfasis en las dimensiones objetiva, subjetiva y tolerable de la seguridad. La discusión se extiende a la relación de estas dimensiones con las demandas de seguridad y pautas del uso de las instituciones. Aun cuando existe una brecha entre la realidad y la percepción pública de inseguridad frente a la delincuencia, es evidente que los ciudadanos no se sienten protegidos por las instituciones públicas en su seguridad física y patrimonial; tienen la sensación de que la criminalidad ha rebasado a las instituciones, que la delincuencia se encuentra fuera de control, y se cuestiona la eficacia de la policía y de las instancias de procuración e impartición de justicia. ELCPAPO 24 De igual manera, los vínculos entre los grupos policiacos y la delincuencia organizada producen un clima de temor y desconfianza hacia las instituciones que son responsables de velar y procurar por la seguridad pública en México. En este sentido, la policía al enfrentarse al infractor (haya infringido la ley o no), genera clientes potenciales en un mercado de la seguridad muy fomentado, en primer lugar, porque crea relaciones de producción que cotidianamente no son necesariamente legítimas, sino incluso totalmente ilegítimas, ya que los policías son vistos como agentes de autoridad con los cuales puedes gestionar un atajo contra infracciones en la ley, tanto en asuntos graves (delitos) como leves (in- fracciones); todo ello por medio de una relación comercial llamada comúnmente“mordida”o“dádiva”. En segundo lugar, el policía genera certezas de lealtad con sus jefes y mandos, limitando los pocos mecanismos de control, y trasladando una visión de disciplina y autoridad a una visión de indisciplina y autoritarismo. Sus jefes son autoritarios y represivos, los policías son en muchos casos serviles frente al que detenta el poder y la disciplina; su función y autoridad definidos por los beneficios económicos y por el poder obtenido como un incentivo de su posición, todo ello forma parte de los efectos de las relaciones dentro de la organización policial, con todas las consecuencias que ello acarrea. La generación de impunidad, al establecerse como un eslabón entre el que comete una falta o delito y el sistema de justicia penal, llega a condiciones en donde se permiten actos delictivos y se dice:“no hay bronca, se puede cometer un delito y la posibilidad de que me agarren es mínima”; o, por otro lado, se afirma: “si me detienen los policías, y dependiendo del asunto, pues le entro con una cantidad de dinero y me sueltan”, todo lo cual favorece una condición de inseguridad que es cada vez más palpable con las cifras de no denuncia delictiva. Así, los políticos han sabido comprender que la creciente inseguridad es una forma rápida de ganar adeptos para captar potenciales votantes. Para ello invocan la falta de ELCPAPO 25 policía y de autoridad del Estado y proponen “cero tolerancia” para todos los delitos; pero nadie levanta la bandera de alerta temprana para trabajar en lo preventivo porque los partidos políticos saben que las encuestas confirman que el sentimiento de inseguridad es la principal preocupación de la región, e interpretan que la inseguridad es un arma electoral que evidencia falta de autoridad. El sistema penal está formado por instituciones que, al estar relacionadas con cuestiones de justicia, ley y orden, tienen una carga simbólica que se refleja en la imagen pública, por lo que otro elemento importante a considerar es la confianza de los ciudadanos en las instituciones de seguridad. Así, una forma de conocer el sistema es observando la actitud de la población hacia las instituciones. Este punto es muy importante debido a que cuanta más confianza inspiren, mejor predisposición cabe esperar para su utilización. En una democracia madura no basta que las instituciones tengan una buena imagen, sino que la población las utilice, las haga suyas, y que esas instituciones respondan a sus problemas y necesidades. Como podemos observar, denunciar un delito refleja, de alguna manera, cómo son las relaciones entre las instituciones relacionadas con el sistema penal y la sociedad. La policía en México: ¿prevención o represión? Como lo hemos venido señalando, proporcionar seguridad dentro del marco de respeto a los derechos fundamentales es uno de los principales objetivos del Estado, pero para ello es necesario implementar diversas acciones y estrategias. En este sentido, el derecho penal ha jugado un papel fundamental como herramienta de control social. ELCPAPO 26 La planeación de la reacción del Estado contra la delincuencia existente en su territorio y contra los efectos generados por los fenómenos criminógenos recibe el nombre de política criminal, la cual es una sistematización sociopolítica y jurídica de las prioridades, actividades y medios dirigidos al control y eventual erradicación de los fenómenos delincuenciales suscitados en un territorio determinado. En el ámbito de la seguridad pública, se puede afirmar que no todas las políticas públicas en esta materia protegen los derechos fundamentales, sino que, por el contrario, la mayoría de ellas basan su supuesta eficacia en aplicar políticas que violentan los derechos humanos. La planeación e implementación de estas medidas dirigidas a enfrentar la delincuencia deberán ser congruentes con nuestra Constitución y con el pleno respeto de los derechos humanos, y existir el férreo compromiso por parte de la autoridad gubernamental. Sin embargo, en nuestro país las políticas orientadas a la seguridad pública se desplazan de un lado a otro, y no atinan a definir un rumbo y una estrategia integral. En este sentido, en cuanto a la actividad preventiva de la policía, de acuerdo con Julio C. Kala: siempre actúa expost de la comisión de una conducta antijurídica, y por su propia naturaleza la intervención de la policía es a posteriori; es decir, en lato sensu, el término refiere la intervención –manipulación– en el presente, del medio –natural o social– con el propósito de alterar la dinámica futura del evento, por ello, las políticas preventivas son por definición a priori. La intervención del sistema punitivo, específicamente la actuación de la policía, bajo un modelo democrático está supeditada a la actualización de cualquier hipótesis normativa, es decir, a que se realice la conducta antijurídica; si esa conducta se lleva a ELCPAPO 27 cabo, el policía preventivo está facultado legalmente para detener al sujeto en el momento en que se realiza el delito o la infracción, o inmediatamente después de que haya ocurrido, o sea, ex post. Pero si la conducta antijurídica aún no se ha realizado y el requisito para que el policía intervenga es la realización de la misma, entonces no existe la posibilidad de justificar la actuación del policía porque es arbitraria. Sólo es posible captar el alcance garantista de la libertad personal cuando se analizan los espacios de legalidad que constitucionalmente tiene facultado el Estado para restringirla, porque constituyen los fundamentos jurídicos indispensables para motivar los alcances materiales de una detención legal. La realidad policial está plagada de una serie deprácticas difusas, como formas de detención que en la mayoría de los casos irrumpen en la ilegalidad, violentando el derecho a la libertad personal porque no se respetan las garantías de su debido ejercicio. De acuerdo con la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal: ARTÍCULO 2o.- La seguridad pública es un servicio cuya prestación, en el marco de respeto a las garantías individuales, corresponde en forma exclusiva al Estado y tiene por objeto: I. Mantener el orden público; II. Proteger la integridad física de las personas así como sus bienes; III. Prevenir la comisión de delitos e Infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía; IV. Colaborar en la investigación y persecución de los ELCPAPO 28 delitos, y V. Auxiliar a la población en caso de siniestros y desastres. Estas funciones se entienden encomendadas al Departamento y a la Procuraduría, de acuerdo con la competencia que para cada uno de los cuerpos de seguridad pública establece la Constitución. Como ya lo explicamos, en el pasado el derecho penal actuaba ex post facto, o sea, posterior al acto delictivo, y actuaba como un mediador entre dos partes en conflicto; hoy el derecho penal actúa ex ante acto, o sea, antes del acto delictivo, lo cual conlleva toda una política criminal que tiene en su seno la idea de “cómo le hacemos para que ubiquemos a los delincuentes antes de que se vuelvan delincuentes”. Además, ataca sentimientos de identificación potencial, no con el delincuente –o de pensar de que todos podemos ser potenciales delincuentes y sufrir todas estas políticas de exclusión–, sino de identificación con las víctimas o con las víctimas potenciales (que aunque nunca lo hayan sido o lo sean se convierten en fantásticos voceros de situaciones atroces que nos pueden suceder), ya que estas últimas legitiman la política pública violadora de derechos humanos, convirtiéndose este país en una“República de lasVíctimas” en donde hay que estigmatizar a los que se perciban como probables delincuentes, y donde se legitima la violación a los derechos humanos y la política represiva, por ejemplo: mayor penalidad y menor edad penal. En una sociedad como la nuestra, en palabras de Pavarini:“el sistema de justicia penal es solamente el instrumento para reforzar un orden artificial en el proceso de monopolización de los recursos represivos por parte del Estado” (2006: 189), donde las conductas “desviadas” hay que criminalizarlas, liquidar y estigmatizar comunidades, junto con la recuperación de mercados y espacios para los potenciales consumistas. Así, en la práctica los “cacheos”,“redadas”,“puestos de control” –como el “alcoholímetro”–, etc., giran en torno a la figura del sospechoso, prácticas por medio de ELCPAPO 29 las cuales se supone una aproximación a la intervención del policía en la esfera de la libertad personal de los ciudadanos, y que desborda la legalidad en la detención, no obstante que los policías la realizan en el desempeño de sus funciones de seguridad pública del Estado. Las políticas de seguridad pública basadas en “la ley y el orden” no calculan los efectos colaterales, como, por ejemplo, la vulneración de los derechos fundamentales, ya que estos últimos son tratados como si fueran un catálogo de cosas que cumplir, como si fuera suficiente para una política respetuosa de los derechos humanos la lógica de que “si no respetamos los derechos de los delincuentes o de los que nos ponen en peligro, no se me pone en riesgo de ser víctima”; por ejemplo, la revisión de las mochilas de los estudiantes de secundaria en varias zonas marginadas de la ciudad de México: es suficiente que vivas en esa zona de la ciudad, que seas estudiante de secundaria, para inferir que llevas dentro de tus pertenencias drogas, armas o cualquier cosa que “afecte la tranquilidad del ambiente escolar”, y eres culpable de ello y por tanto hay que revisarte. Otro ejemplo de todo esto es la detención y revisión de los usuarios de trasporte público por parte de las diversas corporaciones de policía. En diversos puntos de la ciudad, y como una “acción preventiva” y al libre albedrío de los policías, detienen a un microbús y solicitan que los usuarios se bajen del transporte, les revisan sus pertenencias y les preguntan hacia dónde se dirigen, y si no cooperan con dicho operativo, pueden ser sujetos de detención y presentación ante las autoridades ministeriales por el delito de resistencia de particulares. Estas acciones son interesantes de analizar desde el punto de vista de la psicología social, ya que la gran mayoría acepta estos operativos, aunque conlleven una violación a los derechos fundamentales, pues se afirma que “es mejor tener esto para lograr una mayor seguridad, que vivir en la zozobra delictiva”, y volvemos a la condición de víctimas potenciales en lugar de víctimas reales. Lo anterior conlleva a criminalizar a la gente en situación de calle, a los limpiaparabrisas, franeleros y a las trabajadoras sexuales y sus clientes, grafiteros y otros grupos ELCPAPO 30 vulnerables, en lugar de solucionar el problema del desempleo y otros derivados de la falta de aplicación de políticas públicas integrales en las cuales se busque mejorar las condiciones de vida. Lejos de solucionar el problema del desempleo y la carencia de medidas alternativas para ejercer el comercio ambulante y la indigencia, la estrategia de seguridad se dirige en contra de los más pobres, de los marginados que se autoemplean en la calle para subsistirEste tipo de medidas es terreno fértil para las detenciones arbitrarias, el abuso de autoridad y la tortura, porque se enfocan en el endurecimiento de las sanciones, haciendo a un lado la prevención y protección de los derechos y las garantías de las personas. La relación garantías-control social como espacio en el cual discurre el contenido material de la libertad personal comprende las dos caras de la misma moneda: la complejidad de las relaciones entre Estado y sociedad. La realidad actual muestra que cuando el Estado implementa una mayor seguridad, existe una mayor restricción de la libertad. Aunado a lo anterior, los ciudadanos contribuimos al cierre de estos espacios, pues en nuestra sociedad actual, que lleva aparejados procesos de modernidad y premoder- nidad, la seguridad y su búsqueda se conjugan en acciones que son dispares. Por ejemplo, en ciudades como la nuestra existen espacios físicos en donde sólo es posible circular por medio de auto, no se permite la entrada a algunas unidades si no se cuenta con un permiso, y se forman espacios públicos como calles y avenidas en espacios privados, con la colocación de maceteros y plumas, todo ello conjuntado en un sistema de seguridad interior con cámaras de video que preservan el sitio; así una casa o departamento es más caro si tiene esas ventajas arquitectónicas. Ejemplo de este fenómeno, y tomando en cuenta un concepto planteado por Bauman (2006), son las fortificaciones cada vez más populares o gated communities, que son zonas residenciales con acceso restringido, con altos muros, con todos los servicios ELCPAPO 31 en el interior –que te permiten relacionarte sólo con tus vecinos y evitar relaciones indeseables con “otras personas”– y con su correspondiente ejército de vigilantes personales y la utilización de la más alta tecnología en materia de seguridad, cámaras de video, cámaras de visión nocturna y monitores de video en la entrada para controlar los accesos. En este sentido, la prevención situacional es un modelo basado en la aplicación de mecanismos de exclusión no favorables para una cultura de los derechos humanos; por ejemplo, a las zonas doradas de diversas ciudades en donde su exclusividad forma parte de su plusvalía, no se puede acceder si no es en auto, por tanto, lospeatones no existen; asimismo, las cámaras de video y el ingreso no son permitidos si no hay un documento o permiso especial. Las bardas altas y las cercas electrificadas para ahuyentar a los curiosos o a los ajenos a dichos sitios, junto con las escuelas y los “sitios públicos” exclusivos del inmueble, le dan un carácter de un castillo medieval con todo y foso. En este mismo orden de ideas, en la actualidad Garland comenta que: [...] hemos visto la llamativa expansión de la seguridad privada, que originariamente creció a la sombra del Estado pero que es reconocida cada vez más por el gobierno como un socio en la producción de seguridad y el control del delito [...] Hasta hace muy poco, el supuesto aceptado era que el control del delito era responsabilidad del Estado y debía ser llevado adelante por funcionarios estatales en función del interés público. Esta clara línea divisoria entre lo público y lo privado ha comenzado ahora a borrarse. Las agencias del sector público están siendo remodeladas emulando los valores y las prácticas del sector privado. ELCPAPO 32 Aunado a lo anterior, se da un fenómeno que merece nuestra atención: el ámbito de lo global se vuelve local; por ejemplo, el narcotráfico, que es de una índole más internacional, se vuelve un problema local al dejar una parte importante de droga por cuestiones de la oferta y la demanda en el país, y el surgimiento del narcomenudeo y las famosas tienditas; en otro ejemplo, el robo de autos por medio de mafias nacionales vinculadas con grupos delictivos internacionales se traslada a nuestro país a través del robo de autopartes y de un mercado negro de partes automotrices, lo cual incluye a miles de mexicanos dedicados a dicha actividad ilícita. Este fenómeno sólo es una parte de la compleja red de procesos sociales. En otro sentido, el complejo delictivo global que se vuelve local afecta al mercado; este fenómeno delictivo es poco favorable para el traslado de capitales foráneos y la obtención de mejores rendimientos para el desarrollo de los mercados locales, así como para la amenaza en el transporte de mercancías legales que, al ser robadas, se convierten en mercancías ilegales e inundan nuestros mercados al convertirse en mercancías legales, con la consecuencia de afectar al capital por la pérdida que esto trae consigo. En esta lógica aparecen delitos con una dimensión de mercado y con un factor de riesgo mercadológico, en los que la política criminal y sus mecanismos convencionales para enfrentarlos son rebasados, todo ello junto con la intervención del efecto mediático que vuelve relevante dicho tema; por tanto, el aparato gubernamental busca, en una prevención general positiva, crear efectos e imágenes positivas para convencer a la gente de que se puede hacer algo, que la delincuencia no está fuera de control, y que no va a cejar en su lucha contra este tipo de amenazas. En consecuencia, el derecho penal cambia: de ser un regulador de conflictos entre dos contendientes pasa a ser el regulador entre la sociedad y el aparato estatal, donde el derecho penal actúa en los hechos ya no con un discurso de “protector de derechos”, sino, por el contrario, con un discurso de “seguridad y orden”. ELCPAPO 33 Es posible generar condiciones de seguridad y respetar los derechos fundamentales si hacemos como sociedad la convergencia entre el modelo de seguridad y el marco de garantías constitucionales, ya que esta relación justifica la acción policial apegada a la preservación de garantías de forma transversal, por medio de la teoría del garantismo penal propuesto por Ferrajolli, en la que se establece que “La cultura garantista apuesta, en efecto, por una drástica reducción de la esfera del ilícito penal y a favor, precisamente de un derecho penal mínimo. La elección no es, por lo tanto, sólo defensiva, sino fuertemente propositiva por una reforma a la ley penal” (citado en Pavarini, Pérez y Tenorio, 2006: 167), donde se deben de aplicar las políticas de segu- ridad pública con una interpretación pro homine, en la que lo que se busque sea la mejor protección del ser humano y la norma más favorable, incluyendo, por ejemplo, la sustitución de penas por trabajos a la comunidad, etcétera. En este sentido, el Código Penal para el Distrito Federal señala que: ARTÍCULO 30. Las penas que se pueden imponer por los delitos son: I. Prisión II. Tratamiento en libertad de inimputables; III. Semilibertad; IV. Trabajo en beneficio de la víctima del delito o a favor de la comunidad; V. Sanciones pecuniarias; VI. Decomiso de los instrumentos, objetos y productos del delito; VII. Suspensión o privación de derechos; y VIII. Destitución inhabilitación de cargos comisiones o ELCPAPO 34 empleos públicos. Como vemos, actualmente el Código Penal para el Distrito Federal establece otras modalidades para los sustitutivos penales, como, por ejemplo, que la multa puede ser sustituida por trabajo en beneficio de la víctima, y la prisión por multa si la pena no excede de tres años. Sin embargo, los sustitutivos siguen siendo considerados como una alternativa a la prisión, cuya aplicación corresponde al arbitrio del juez. De acuerdo con una política criminal congruente con los postulados del derecho penal mínimo, particularmente del principio pro libertatis, los sustitutivos deben ser establecidos por el legislador, es decir, deben ser el resultado de una política penal legislativa que sale del ámbito de la individualización judicial. Lo anterior no supone que al momento de establecer la punición el juez no aplique los criterios de individualización de la pena que rigen para todos los delitos. Se trata de que ciertos delitos en ningún caso tengan como respuesta punitiva la prisión, pero aún estamos alejados de la aplicación generalizada de los mismos. Por otro lado, hay que aplicar lo que Baratta propone. Él menciona que es necesario establecer lo que llama “la seguridad de los derechos”, por medio de atacar los efectos estigmatizantes de las políticas de seguridad, los cotos y lugares cerrados como las políticas de prevención situacional, para abrirlos como espacios públicos, ya que estos espacios destruyen comunidades porque los que viven ahí tienen miedo de otra gente y no se genera vinculación social ni intercambio ni redes ciudadanas. Por último, cabe destacar que el poder punitivo debe ejercerse de forma racional y organizada bajo los principios de Intervención Mínima y de Intervención Legalizada del ELCPAPO 35 poder punitivo estatal. El primero referido a que el derecho penal sólo debe intervenir en los casos de ataques más graves o considerables a los bienes jurídicos tutelados más importantes para el conglomerado humano; el segundo alude directamente al principio de legalidad, donde se establecen los límites a la intervención punitiva estatal tanto al tipificar conductas legalmente consideradas como delictivas, como al aplicar y ejecutar las sanciones previstas, mismas que deberán estar regidas por el imperio de la ley. Su función estriba en el hecho de evitar un ejercicio arbitrario del poder punitivo estatal. La Administración de Zedillo empezó a sustituir a la Policía Federal Judicial por miembros de las fuerzas armadas en varias zonas del país y colocó a oficiales militares de alto rango dentro de agencias civiles de aplicación de la ley, como el Centro de Planeación para el Control de Drogas de la pgr. A partir del año 1995 los secretarios de la Defensa Nacional y la Marina formarían parte del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la instancia superior de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2010: 1). Así, de forma paulatina y constante, las fuerzas armadas de nuestro país han tenido una constante y ampliada participaciónpolítica en materia de seguridad, y lo único que ha cambiado es su comandante en jefe y algunos rasgos que ampliaremos más adelante. Otro elemento que debemos destacar es la incorporación ya expresa de cuerpos militares en materia de seguridad pública. Prueba de ello es que: [...] en 1999 se creó la Policía Federal Preventiva (pfp) y se integraron a sus filas 5,000 elementos militares (un porcentaje importante del personal de dicha institución), mientras que el mando de la nueva institución “policial” fue asumido por un miembro de las Fuerzas Armadas en activo, el vicealmirante Wilfrido Robledo Madrid. De este modo la nueva Policía, encargada de la prevención de delitos federales y el apoyo a las policías locales y estatales, se debe entender como una fuerza militarizada desde sus ELCPAPO 36 orígenes. Sería suprimida diez años después para ser reemplazada por la Policía Federal (López Portillo)En suma, podemos afirmar que la Policía Federal actual tuvo su génesis y se cimentó en las fuerzas armadas, aunque en un principio se pretendió no hacerlo abierto sino un poco escondido, y que la incorporación de las fuerzas armadas fuera a través de este cambio de uniforme y no por medio de acciones tan abiertas, sin embargo esto fue cambiando con el tiempo. Diversos aspectos se plantean en razón de la profundización de la actuación de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública; no obstante, lo que no se puede dejar de destacar es que [...] lo que es un hecho es que las fuerzas armadas ahora tienen diversas misiones, el cambio se debe quizá a la tríada del mundo moderno que está conformada por la democracia como sistema político, la economía de mercado como opción de desarrollo vigente y la integración como resultado de la globalización. Las variables, interdependientes entre sí, tienen un efecto multiplicador y es imposible hoy intentar comprenderlas por separado (García, 2002: 66). En este sentido, no podemos dejar de señalar que la participación militar tiene, como apunta Jaime García, un componente de análisis fundamental: se inserta en un componente político en el cual correspondería revisar la actuación de los cuerpos militares en tres aspectos: la participación en un estado democrático, como componente político, el mercado como componente económico y la globalización como componente social, lo que nos plantean algunos aspectos muy importantes que debemos de profundizar. Es por ello que las fuerzas armadas tienen otros papales de actuación en materia de seguridad pública; no olvidemos que se llevó a cabo un proceso paulatino que no sucedió de la noche a la mañana. Por tanto, ELCPAPO 37 [...] en México la idea de “control civil de los militares” está orientada para crear los medios y herramientas necesarias y evitar o disminuir el mínimo de probabilidad de que los militares lleguen al poder, ya sea para influir o intervenir. Sin embargo, para los medios políticos siempre está latente el intervencionismo militar que constituye una amenaza a la estabilidad democrática. Aunque el origen de éste se relacione con las condiciones de inestabilidad política. Y, por otra parte, [...] cuando el gobierno civil no es eficaz [...] resulta imposible mantener bajo control a la institución militar. El colapso del poder ejecutivo es condición previa para el pretorianismo o que las instituciones civiles carezcan de legitimidad, que el gobierno civil fracase en la búsqueda de objetivos tales como unificación, orden, modernización, la existencia de corrupción o debilidad y desorganización estructural y la no existencia de símbolos significativos de carácter general que aglutinen a la sociedad síndrome típico de un Estado en el que se hayan descompuestos los modelos tradicionales de cohesión social, sin haber sido todavía sustituidos por otros nuevos, y por último que a los dirigentes civiles les falte experiencia política y símbolos de autoridad [...] (Barrón Cruz, ) En el caso de México, las fuerzas armadas participan en el proceso político aprovechando el espacio de oportunidad que se tiene, en primer lugar, como fuente de legitimación del gobierno en turno; en segundo lugar, la debilidad institucional les permite posicionarse; y por último, los pocos elementos cohesionadores que tenemos como sociedad actual les permite a las fuerzas armadas ponerse al frente y decir:“somos un grupo que le da estabilidad al Estado, no sólo frente al exterior sino fundamentalmente al interior, y por ello tenemos un papel determinante y de gran peso en las decisiones actuales, tanto a nivel económico como político y social”. Nunca en la historia reciente de México se ha podido afirmar que el papel preponderante de las fuerzas armadas ha sido tan amplio, pero las manifestaciones de fuerza y de impunidad así lo hacen observar. A manera de conclusión ELCPAPO 38 Un elemento de análisis que no debemos perder de vista son las constantes intervenciones policiales sobre los grupos sociales más desprotegidos. Así, en este país es más riesgoso “parecer delincuente que serlo”, ya que si te expones a la intervención preventiva de los cuerpos de seguridad pública eres detenido por “sospechoso”. Por ello, para evitar la indebida criminalización de las clases marginales es necesario orientar a nuestro sistema de justicia hacia un derecho penal de acto y no de autor, como actualmente se encuentra diseñado; es decir, que no se castigue a la persona por ser como es,“pobre”,y que se castigue el acto delictivo en sí. En cuanto a la seguridad pública y políticas de prevención, es necesario que se tome en cuenta un modelo de policía no sólo reactiva sino proactiva que se encuentre totalmente ligada a la sociedad de manera permanente y no sólo cuando se es víctima de algún delito; por tanto, el modelo no se debe basar en acciones de reacción y disuasión, sino de prevención y de proximidad con la ciudadanía, en donde el nivel de participación ciudadana sea dirigido y consolidado en acciones que permitan cambiar el rumbo de la percepción de inseguridad prevaleciente. Es necesario que el modelo policial sea capaz de crear confianza entre los ciudadanos y promueva la búsqueda de cohesión en torno a la ley, en función del valor que el respeto de los derechos del otro tiene como potenciador de los derechos de todo el conjunto social. Ante el panorama presentado, muchos son los elementos necesarios que debemos establecer como freno a la escalada de violencia en la que vivimos y de la cual los últimos gobiernos federales han sido partícipes fundamentales, sobre todo cuando planteamos la intervención de los cuerpos militares en tareas de seguridad; sin duda una terrible herencia dejada por la anterior administración, ya que estas últimas deben de estar sujetas a controles civiles, entre otros, un marco jurídico muy preciso que evite la impunidad cuando los cuerpos militares abusen de la ciudadanía en el ejercicio de sus funciones, por medio de mecanismos de supervisión civil que impliquen sanciones, ya que lo que hasta el momento podemos constatar es la inexistencia de marcos ELCPAPO 39 reguladores bajo la premisa de una permanencia acotada del ejército en funciones policiales. Por tanto, y en palabras de Ernesto López Portillo, con esta intervención ponemos en una situación de riesgo permanente a la población civil mexicana, al no existir los mecanismos básicos necesarios para frenar los actos abusivos y violatorios de derechos humanos continuamente denunciados en el país por civiles y en muchos casos documentados por organismos públicos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. El Estado mexicano está incurriendo en una violación permanente del Artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al no ajustar su marco normativo y políticasa las obligaciones previstas en esa Convención. Al contrario, el limbo jurídico y [la] falta de controles que caracterizan el actuar del Ejército a la fecha y desde décadas atrás, generan una situación en la cual es difícil que no sucedan abusos de derechos humanos, tales como el uso excesivo de la fuerza, la tortura o tratos inhumanos, detenciones arbitrarias y violaciones a las garantías judiciales. De esta manera, el mero hecho de exponer a los civiles a los operativos de seguridad pública militarizados, actualmente comunes en el territorio mexicano, de por sí implica una falta de respeto, protección y garantía de sus derechos fundamentales. Siendo lo anterior una de las consecuencias más graves que ha tenido la política criminal de los gobiernos federales de los últimos años, al exponer a la población a una serie de violaciones a sus derechos fundamentales por parte de los cuerpos militares en funciones de seguridad, y por la impunidad con la que cuentan al ser prácticamente imposible llevarlos ante las autoridades para ser sancionados. Por último, los cuerpos de seguridad pública deben tener encomendadas acciones tanto de prevención como de intervención, pero con una base sólida de legitimidad que respalde el orden de la ley, que haga valer los derechos de los ciudadanos y que funcione ELCPAPO 40 subsidiariamente en consonancia con otras estrategias que afiancen el entorno cultural para conseguir sociedades integralmente más seguras.(4) (4)Tapia Pérez, José (2013). La inseguridad pública: causas y consecuencias. El Cotidiano, (180),103-112.[fecha de Consulta 12 de Agosto de 2021]. ISSN: 0186-1840. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32528338007 Ciencias Sociales, Ciencias naturales y Comportamiento Humano Es la sociología una ciencia? Durkheim, Marx y el resto de los clásicos del pensamiento sociológico consideraban que la sociología era una CIENCIA pero, en realidad, ¿podemos estudiar la vida social humana de forma científica? Para dar respuesta a estas preguntas, debemos entender lo que significa esta palabra: ¿qué es la ciencia? Ciencia es la utilización de métodos sistemáticos de investigación empírica, análisis de datos, elaboración teórica y valoración lógica de argumentos para desarrollar un cuerpo de conocimiento acerca de una determinada materia. Según esta definición, la sociología es una empresa científica que conlleva la aplicación de métodos sistemáticos de investigación empírica, el análisis de datos y la valoración de teorías según las pruebas existentes y con un argumento lógico. Sin embargo, es diferente estudiar a los seres humanos que observar los fenómenos del mundo físico y la sociología no debe considerarse exactamente como una de las ciencias naturales. A diferencia de los objetos de la naturaleza, los humanos son seres auto conscientes que confieren sentido... y finalidad a lo que hacen. No podemos siquiera describir la vida social con exactitud a menos que captemos primero el significado que las personas conceden a su conducta. Por ejemplo, describir una muerte como suicidio supone saber qué es lo que la persona en cuestión pretendía. El suicidio sólo puede producirse cuando un individuo trata deliberadamente de auto- destruirse. Si una persona se pone accidentalmente delante de un coche y muere no puede decirse que haya cometido un suicidio. ELCPAPO 41 El hecho de que no podamos estudiar a los seres humanos exactamente igual que estudiamos los objetos de la naturaleza es, en ciertos aspectos, una ventaja para la sociología. Los sociólogos se benefician de poder plantear preguntas directamente a aquellos a los que estudian: otros seres humanos. Sin embargo, esta situación crea dificultades con las que no tropiezan los científicos de la naturaleza, porque las personas que saben que sus actividades se están estudiando muchas veces no se comportan del mismo modo en que lo hacen normalmente. Cuando los individuos responden a cuestionarlos, consciente o inconscientemente pueden dar una imagen de ellos mismos que difiere de sus actitudes habituales. Pueden incluso tratar de "ayudar" al investigador, dándole las respuestas que creen adecuadas. ¿Cómo puede ayudarnos la sociología en nuestra vida? La sociología tiene muchas consecuencias prácticas para nuestra vida, tal y como subrayó Mills cuando desarrolló su idea de la imaginación sociológica. Conciencia de las diferencias culturales En primer lugar, la sociología nos permite ver el mundo social desde muchos puntos de vista. Con frecuencia, si comprendemos realmente cómo viven otros, también adquirimos un mejor conocimiento de sus problemas. Las políticas prácticas que no se basan en una conciencia fundamentada de las formas de vida de las personas a las que afectan tienen pocas posibilidades de éxito. En este sentido, un asistente social blanco que trabaje en una comunidad de mayoría negra no logrará ganarse la confianza de los miembros de ésta sin desarrollar una sensibilidad hacia las diferentes experiencias sociales que a menudo separan a los blancos de los negros. ELCPAPO 42 Evaluación de los efectos de las políticas En segundo lugar, la investigación sociológica ofrece una ayuda práctica en la evaluación de los resultados de las políticas. Sobre el terreno, un programa de reforma puede, simplemente, no lograr lo que pretendían los que lo...concibieron, o acarrear desagradables consecuencias no deseadas. Por ejemplo, en los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial se construyeron, con dinero público, grandes bloques de viviendas en los centros urbanos de muchos países. Estaban pensados para proporcionar viviendas de gran calidad a grupos de ingresos bajos de las áreas suburbiales y disponían de servicios comerciales y comunitarios muy próximos. Sin embargo, la investigación puso de manifiesto que muchos de los que se habían trasladado desde sus viviendas anteriores a estas grandes torres se sentían aislados y desgraciados. Los altos edificios y los centros comerciales de zonas pobres solían acabar en estado ruinoso y se convertían en lugares propicios para atracos y otros delitos violentos. El autoconocimiento En tercer lugar, quizá lo más importante sea que la sociología puede señalarnos el camino del autoconocimiento, es decir, de una mayor comprensión de uno mismo. Cuanto más sepamos acerca de por qué actuamos como lo hacemos y sobre el funcionamiento general de nuestra sociedad, más posible será que podamos influir en nuestro propio futuro. No hay que pensar que la sociología sólo sirve para ayudar a quienes formulan las políticas -es decir, a los grupos poderosos- a tomar decisiones fundamentadas. No siempre puede suponerse que quienes están en el poder piensen en los intereses de los menos poderosos o privilegiados al implantar sus políticas. Grupos informados por sí mismos pueden responder de forma eficaz a las políticas gubernamentales o plantear sus propias iniciativas. ELCPAPO 43 Asociaciones de autoayuda como Alcohólicos Anónimos y movimientos sociales como los ecologistas son ejemplos de grupos sociales que han intentado, con un éxito considerable, producir directamente reformas prácticas. El papel del sociólogo en la sociedad Para terminar, a muchos sociólogos, en su práctica profesional, les preocupan directamente las cuestiones prácticas. Pueden encontrarse personas que han aprendido sociología en campos como la asesoría industrial, la planificación urbana, el trabajo social y la gestión de personal, así como en otros puestos eminentemente prácticos. ¿Deben los mismos sociólogos defender de forma activa y pronunciarse públicamente en favor de programas de reforma o cambio social? Hay quienes defienden que la sociología sólo puede preservar su objetividad si los
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