Violencia-y-autonomia--la-experiencia-chiapaneca-19942000

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Universidad Nacional Autónoma de México 
 
 
 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
 
 
 
Violencia y autonomía 
La experiencia chiapaneca, 1994 - 2000 
 
Tesis que para optar por el título de Maestra en 
Estudios Latinoamericanos 
Presenta 
Lucila Polo Herrera 
2006 
Asesora: Dra. Raquel Sosa Elízaga 
 
UNAM – Dirección General de Bibliotecas 
Tesis Digitales 
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respectivo titular de los Derechos de Autor. 
 
 
 
Índice 
 
Introducción ...........................................................................................1 
Primera Parte. La estrategia de la violencia 
Introducción.………………………………………………………………………………………………………… 7 
1. 1994: Una cronología de los “doce días” .……………………………………………8 
2. Del desconcierto a los primeros cercos militares.…………………………….15 
3. Otros actores del conflicto, otras estrategias…………………………………….21 
Las organizaciones campesinas……………………………………………………………………………….22 
Los movimientos por los derechos políticos……………………………………………………………26 
El movimiento por los derechos humanos………………………………………………………………28 
4. La contrainsurgencia: la estrategia de la violencia.………………………….31 
Los paramilitares.………………………………………………………………………………………………42 
 
Segunda parte: La estrategia de la resistencia 
Introducción.…………………………………………………………………………………………………………48 
1. La autonomía como resistencia ..…………………………………………………………………49 
Territorio y gobierno ……………………………………………………………………………………………….56 
2. Los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ).…………………….60 
Etapas 
Una nueva geografía política definida a través de una campaña militar ……………..63 
Expansión, reafirmación territorial zapatista y apertura nacional e 
 internacional .………………………………………………………………………………………………………….65 
Suspensión del diálogo y trabajo hacia adentro de las regiones, municipios y 
comunidades …………………………………………………………………………………………………………….66 
La resistencia a los ataques policiaco militares ……………………………………………………..69 
 
Coordinación regional y redefinición de la relación con el gobierno 
del estado ………………………………………………………………………………………………………………..73 
3. La estrategia del pequeño: las redes de apoyo del EZLN ..…………………….79 
4. La civilización alternativa y la autonomía…………………………………………………..85 
Conclusiones .………………………………………………………………………………………………………..95 
Mapas 
Los grupos paramilitares en Chiapas ……………………………………………………………………101 
Los municipios autónomos en la geografía chiapaneca .………………………………………102 
Municipios autónomos atacados .……………………………………………………………………………103 
Los municipios autónomos desde 1998.…………………………………………………………………104 
Las Juntas de Buen Gobierno …………………………………………………………………………………106 
Anexos 
Cuadro comparativo entre los Acuerdos de San Andrés y la reforma constitucional 
sobre derechos y cultura indígena …………………………………………………………………………107 
Bibliografía ………………………………………………………………………………………………………………113 
 
 
 
 
 
 
 
 1 
Introducción 
Debo comenzar reconociendo que no fue fácil separar la propia vivencia de la búsqueda 
de información o de su acomodo y redacción para dar forma a esta investigación; en 
realidad el presente escrito es el producto de muchos años de acumulación de datos e 
interpretación. 
No es lo mismo plantear hipótesis de trabajo y concretarse a conseguir la información 
suficiente para su sustento, que iniciar un viaje en donde la realidad rebasa los 
supuestos y encontrarse con situaciones múltiples y complejas que nos arrastran a 
vivirlas y a palparlas. 
Ese fue mi caso cuando regresé a Chiapas, mi casa de muchos años, a organizar la 
tesis y a reincorporarme a la dinámica de la vida en las comunidades indígenas. 
Nunca he creído conocer suficiente del pensamiento de los pueblos de Chiapas como 
para hablar por ellos. No ha sido fácil en trece años flexibilizar mis propios “usos y 
costumbres” para entender las culturas y la profundidad filosófica de cada una de ellas. 
El aprendizaje de un idioma indígena abrió una ventana por la que he podido 
asomarme a aquellos “arcanos” que los no indígenas encontramos en un sistema 
cultural y social diferente al nuestro a pesar de que nos topamos con él cada día 
porque es parte de nuestras propias raíces históricas como nación. 
Una de estas incógnitas, vistas a través de esta ventana, son las ideas o formulaciones 
que me parecían intemporales, como atrapadas en un tiempo lejano pero que se 
repite como una espiral en diferentes momentos de la historia. Así, cuando alguna vez 
escuché a los ancianos tzotziles de comunidades de San Andrés hablar de una historia 
en la que no recuerdan fechas sino acontecimientos, y luego a los hombres más 
jóvenes hablar de la autonomía como futuro, un horizonte que tiene poco que ver con 
ese pasado de civilización antigua, me parece percibir todo el aprendizaje transmitido 
por generaciones y su proyección en un historia incierta. 
Pero he visto también la otra cara de la moneda: la reacción de un poder cuestionado, 
tocado, que se encuentra de pronto amenazado por quienes considera que deben estar 
conformes y hasta agradecidos de ser tomados en cuenta aunque sólo sea de vez en 
cuando, a quienes se les ha tratado de “incluir” en el “progreso” nacional sin mucho 
éxito por lo visto pues todavía son productores dedicados a la agricultura de 
autoconsumo; a quienes no se les deja morir pues se les “otorgan” recursos 
económicos a través de instituciones para ellos, o sea, indigenistas. 
El análisis de la violencia política ha sido mi interés constante; el objetivo de 
plantearme una vista panorámica de diez años de estrategia de violencia en Chiapas 
 2 
(1994 a 2000) no fue motivado por la fascinación zapatista que ha motivado a miles de 
personas a acercarse a la problemática del sureste mexicano, para fortuna de las 
comunidades indígenas tanto tiempo olvidadas. De alguna manera el objetivo era 
encontrar las nuevas y viejas dinámicas de la violencia que podían contrastarse con la 
feroz represión a los movimientos campesinos de por lo menos dos décadas atrás, 
tema que desarrollé en mi tesis de licenciatura y que, ese sí, fue motivado por mi 
simpatía y militancia en una organización indígena. 
Pero la vivencia que ya he señalado me llevó a plantearme otro asunto que no había 
percibido antes con claridad: el desarrollo de formas de resistencia que estaban dando 
un salto cualitativo en cuanto al planteamiento de un proyecto político más acabado e 
integral. 
La apreciación de que existen formas novedosas de resistencia a esa violencia 
estructural del Estado, la he tenido desde mis primeras experiencias en Chiapas: en 
1993, cuando trabajaba en Palenque, las comunidades organizadas habían dedicado 
una intensa reflexión a las reformas al artículo 27 constitucional y a la Nueva Ley 
Agraria que modificó el régimen de propiedad de la tierra. En una de las visitas del 
entonces presidente Carlos Salinas de Gortari a Chiapas para promocionar el Programa 
Nacional de Solidaridad PRONASOL, las comunidades de esa zona organizaron una 
protesta muy particular; en un contexto porque en los tiempos del gobernador 
Patrocinio González Garrido la represión era abierta e indiscriminada y la visita de 
Salinas estaba fuertemente custodiada. Hombres y mujeres organizados se disfrazaron 
de acarreados al mitin y ocuparon las primeras filas; ya instalados cuando el evento 
estaba en su apogeo, sacaron los carteles que habían dobladoperfectamente para 
esconderlos en sus pequeños morrales y bolsas. La sorpresa y el enojo de los 
organizadores fueron grandes cuando las consignas y demandas aparecieron en 
primera fila e inmediatamente se lanzaron a intentar desalojar a los manifestantes. 
Yo estaba junto a Pedro, un tzeltal de apenas un metro cincuenta, de carácter 
normalmente tranquilo y callado. De pronto un miembro del estado mayor presidencial 
se puso enfrente de Pedro con actitud más que amenazante: un enorme 
guardaespaldas que lo veía hacia abajo como a punto de pisarlo. Nunca se me olvidará 
la mirada de Pedro (de costumbre tan risueña, igual al modo de los tzeltales), tan llena 
de odio y coraje, pero sobre todo, sin miedo viendo hacia arriba a ese militar. 
Esa imagen la volví a ver muchas otras veces en las comunidades. La foto de Pedro 
Valtierra que ganó el premio de fotografía en 1996 con las mujeres tzotziles 
empujando a los soldados en la comunidad de X’oyep, logró captar una escena bien 
 3 
cotidiana en las comunidades en la última década y se convirtió prácticamente en un 
icono que ha dado la vuelta al mundo. 
Esa imagen es la que me parece más acertada para ilustrar los esfuerzos de las 
autonomías indígenas en México: un esfuerzo de los indígenas que parece pequeño, 
casi invisible, de quienes hasta hace poco más de una década este país consideraba 
incapaces de gobernarse a si mismos y de plantear propuestas de transformación 
nacional. 
Una imagen de la violencia ancestral hacia los indios pero con un moderno armamento 
y con nuevas estrategias. 
La autonomía en ese contexto aparece como una estrategia de resistencia y al mismo 
tiempo una propuesta de modernidad y civilización alternativa en la crisis de este 
Estado y esta idea de nación. 
Pero es también una imagen de una lucha desigual: históricamente el estado ha 
destinado una gran cantidad de recursos políticos, económicos y militares para sofocar 
las rebeliones o los signos de protesta de los indios. Pero históricamente también, los 
indios han resistido todas las formas de exterminio y siguen encontrando salidas y 
mecanismos para contrarrestar las estrategias dominación. 
La coyuntura de 1994 me llevó a ver en toda su dimensión esta desigualdad en un 
contexto de conflicto armado: la represión de los ochenta fue brutal, pero la violencia 
que desató el gobierno federal a partir del levantamiento zapatista en las comunidades 
indígenas chiapanecas, no tuvo comparación. 
Siempre reviviré con angustia esos primeros días de incertidumbre y toda la 
impotencia que, quienes la vivimos, sentíamos ante la amenaza sobre una población 
civil pobre e indefensa. La respuesta social que se volcó desde muchas regiones del 
país y del planeta cambió esa sensación de indefensión e impotencia por una 
oportunidad para la organización. 
Lo que siguió de ahí es la historia que aún se está escribiendo: no el triunfo del poder 
que fue cuestionado y desnudado con las palabras más sencillas de los indios, sino 
batallas de una guerra que se ha librado fundamentalmente en el plano político, pero 
que ha cobrado vidas humanas, en su inmensa mayoría de campesinos e indígenas. 
En medio del acoso militar y paramilitar y de la represión abierta, las comunidades 
zapatistas desarrollaron el proyecto de la autonomía a través de la creación de 
Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas MAREZ, como una forma de poner en los 
hechos los derechos indígenas reconocidos por el gobierno mexicano con la firma del 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en 1989 y nuevamente 
confirmados al firmar los Acuerdos de San Andrés. 
 4 
La organización comunitaria para la constitución y desarrollo de los MAREZ es un 
ejercicio político de las comunidades indígenas; es una forma de resistencia pero 
también de propuesta de lo que los indios en el México del tercer milenio quieren como 
horizonte de futuro. 
Las políticas indigenistas representan la relación que el Estado se plantea con los 
pueblos indios; es una representación del Estado mismo frente a los indios incluyendo 
el gobierno federal actual. Por su parte, la libre determinación es una representación 
de la relación que los indios se plantean con el Estado y de la relación entre los propios 
pueblos, sus organizaciones y movimientos. 
En esta etapa en que ambas representaciones se enfrentan, las estrategias de ambos 
para defenderlas y llevarlas a la práctica concreta chocan entre sí. Cuando han surgido 
las rebeliones indígenas el poder ha encontrado las formas de mejorar y afinar sus 
mecanismos de dominación y control. La violencia a los indios es la expresión más 
constante y evidente de la relación con el poder. 
¿Hasta qué punto las nuevas formas de violencia han logrado desgastar o destruir los 
movimientos y las organizaciones populares? ¿Cómo se puede caracterizar al Estado 
que utiliza cada vez más la violencia como la relación principal con aquellas 
organizaciones o movimientos que le cuestionan? ¿Cuáles son las perspectivas reales 
de estos pequeños gigantes frente a ese poder del Estado? ¿Cuál es la importancia de 
esta experiencia para América Latina? 
Desde la experiencia pequeña en Chiapas he podido observar el vasto panorama 
latinoamericano, y viceversa, el acontecer de América Latina me hace revisar 
constantemente mi visión y mi práctica en el pequeño universo de la investigación 
sobre “lo indígena”. 
Y lo indígena tiene ahora todo que ver con el tipo de Estado latinoamericano, con la 
multiculturalidad, con la reconceptualización de la nación, con la democracia, etc. 
Aunque se ha calificado a los regímenes latinoamericanos como democráticos, las 
democracias actuales están limitadas a lo electoral. La violencia política es otra 
expresión de la crisis del Estado y de la incapacidad de los gobiernos neoliberales de 
solucionar el hambre, la pobreza, la marginación y exclusión de tres cuartas partes de 
la población. El Estado ha salvado momentáneamente la capacidad de acumulación 
económica pero no la capacidad de conducción política de las fuerzas que pugnan por 
un cambio democrático. 
El Estado “gigante en lo policial y enano en lo social” del neoliberalismo, atiende cada 
vez menos los derechos colectivos; ello hace ver cada vez más lejano el reconocimiento 
de los derechos indígenas. 
 5 
¿Cuáles serán las “nuevas” formas de contención de los movimientos indígenas y 
populares? ¿Cuáles serán los mecanismos de control y represión en la siguiente década 
en América Latina? 
Sin olvidar que Estados Unidos ha desarrollado diversas estrategias político militares 
hacia el continente y que en la última década parece haber diversificado los 
mecanismos de la violencia en las distintas realidades latinoamericanas, hay señales 
alentadoras en los cambios de gobierno en algunos países del continente. 
 La primera parte de esta investigación es el análisis de la violencia política en Chiapas 
desde el levantamiento armado en 1994. Sin embargo, la violencia hacia el 
movimiento campesino no empieza en el 94: hay una continuidad de procesos 
regionales anteriores y que son parte de las causas de la rebelión. La diferencia en esta 
continuidad es una estrategia diferente que retoma tácticas contrainsurgentes y que se 
mezcló y combinó con formas de violencia utilizadas por los grupos locales de poder 
político y económico. 
En las formas de represión y dominación que se van construyendo históricamente 
podemos observar esta continuidad en las décadas de los ochenta y los noventa: 
encarcelamientos intimidatorios, desalojos violentos de protestas y recuperaciones de 
tierra, asesinatos selectivos, torturas ejemplares, etc., aparecen también otras formas 
como la irrupción militar en la vida cotidiana de las comunidades con su secuela de 
actos represivos y violentos que van desde la intimidación abierta y colectiva a la 
contaminación del hábitat indígena; la violenciamasiva realizada por los grupos 
paramilitares, principalmente los desplazamientos forzados y las masacres. Y la 
violencia dirigida no sólo en contra de bases de apoyo zapatista sino en contra de otros 
sectores afines que es una de las características de este conflicto armado de nuevo 
tipo. 
La segunda parte de este escrito es un esfuerzo por entender parte de la estrategia 
zapatista, la formación de municipios autónomos, en un doble filo: por un lado, como 
parte de un proyecto y un horizonte mucho más amplio de los pueblos indígenas por 
ejercer su derecho a la libre determinación, en este en el entendido de que no es el 
zapatismo el que demanda por vez primera la autonomía, sino que esta es una 
demanda indígena de larga data. Y por otro lado, la propuesta autonómica del 
zapatismo como un movimiento político-militar crítico del poder y de su práctica en el 
sistema político mexicano y que en el discurso propone una nueva forma de hacer 
política a través de una concepción del poder basada en el bien del colectivo y en el 
servicio. 
 6 
Además de las iniciativas políticas que a lo largo de más de una década ha impulsado 
el EZLN, sus bases de apoyo indígenas y sus redes sociales de apoyo, en Chiapas esa 
nueva forma de hacer política puede tener su germen en los llamados Municipios 
Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ) y la articulación regional de éstos en Juntas 
de Buen Gobierno, con sus propias contradicciones internas y conflictos con otros 
actores locales. 
He desarrollado en esta investigación las formas de violencia, pero sobre todo las 
características del conflicto armado en Chiapas y la recuperación del aporte de un 
movimiento indígena de alcance nacional y más allá de las fronteras. Para ello he 
recogido innumerables testimonios a través de entrevistas, pláticas informales, talleres 
de derechos humanos y derechos indígenas especialmente en las regiones Altos, Selva 
y Norte de Chiapas; la revisión bibliográfica y hemerográfica ha sido permanente y 
necesaria. 
Todo ello ha sido material de primera mano para este escrito, pero sobre todo, ha sido 
el alimento para mi crecimiento humano el cual no ha estado exento de experiencias 
dolorosas ante el sufrimiento de los otros pero también de visiones esperanzadoras 
ante los muchos más que toman en sus manos y construyen su propia historia. 
 
 
 
 
 
 
 7 
PRIMERA PARTE 
La estrategia de la violencia 
 
Introducción 
 
Nuevamente la memoria de las rebeliones, casi inscrita en la piel indígena, se 
repetía una vez más. 
La decisión de empezar la guerra, fue un paso difícil para las comunidades 
zapatistas. La consulta que se realizó para decidir por la guerra fue un proceso 
duro porque significaba tristeza e incertidumbre. 
Para quienes vivíamos en las comunidades, era un secreto a voces lo que se 
preparaba. Pero nadie que conociera el contexto de violencia y represión a las 
organizaciones campesinas y civiles de Chiapas, la larga lista de justificaciones de 
un campesino empobrecido, pero organizado y reprimido, podía sorprenderse al 
conocer la noticia de un levantamiento indígena. El levantamiento armado fue la 
reacción armada a la violencia que se ejercía contra las organizaciones indígenas 
con absoluta impunidad. Y sin embargo, nadie podía saber en qué momento y de 
qué manera se desarrollarían los acontecimientos en los meses que siguieron a la 
decisión de iniciar la confrontación armada. Tampoco nadie podía sustraerse a la 
incertidumbre sobre el destino de la población civil. 
Los sucesos de 1993 como la “desaparición” de dos militares en el municipio de 
San Cristóbal de Las Casas o la batalla de Corralchén, entre otros, eran señales 
claras de la inminencia del estallido. 
Algunos antropólogos e historiadores han abordado las causas de las rebeliones 
indígenas como una respuesta a la opresión económica, al despojo y amenaza 
sobre las tierras comunales, al atentado en contra de los derechos o símbolos 
indígenas y hasta la violación de normas establecidas o tradicionalmente 
respetadas.1 
En Chiapas, la rebelión zapatista de 1994 abrió nuevamente el ciclo de resistencia 
indígena de siglos, pero sintetizaba veinte años de historia de movimiento 
campesino y de represión. 
 
1 Enrique Florescano, Etnia, Estado y Nación, México, Ed. Aguilar, 1997; Juan Pedro Viqueira, “Las 
causas de una rebelión india: Chiapas 1712, Chiapas los rumbos de otra historia, UNAM-CIESAS, 
2002; Carlos Montemayor, La rebelión indígena de Chiapas, Ed. Era, 
 8 
 
1. 
1994: Una cronología de los “doce días” 
 
El 1 de enero los milicianos zapatistas atacaron los cuarteles de las policías 
municipales de las cabeceras de Ocosingo, Las Margaritas, Altamirano. También 
atacan el cuartel Rancho Nuevo, sede de la 31 zona militar. 
El 3 de enero es hecho prisionero el general Absalón Castellanos Domínguez. 
Fue liberado hasta el 16 de febrero, en un acto en el que se le acusó 
públicamente de los crímenes durante su gobierno y se le perdonó; la 
humillación pública de un general, hacendado y ex gobernador hizo historia en 
una tierra en la que los indios habían sido siempre los mozos y peones. 
Absalón Castellanos, general de formación y terrateniente fue la mano dura 
del PRI para enfrentar un movimiento campesino que se extendió en todo el 
estado desde finales de los setenta. Como gobernador (1982-1986), el general 
prosiguió la tarea de su antecesor Juan Sabines en el perfeccionamiento de los 
cuerpos policiacos: la Policía de Seguridad Pública y la Judicial tuvo más 
protagonismo en los asesinatos y encarcelamientos mediante fabricación de 
delitos. Pero la represión a las organizaciones campesinas alcanzó uno de los 
niveles más altos: 102 asesinatos, 327 desapariciones, 590 detenidos, 427 
secuestros y torturas, 261 heridos, 27 amenazas de desalojo, 548 amenazas 
de expulsión, 29 ataques a marchas de protesta y 4 allanamientos de 
organizaciones sociales y políticas. Sin embargo, el récord de violaciones a los 
derechos humanos sería de Patrocinio González Garrido: 8 mil 36 casos; en 
1994 él era Secretario de Gobernación. 
El 4 de enero el entonces obispo de la diócesis de San Cristóbal Don Samuel Ruiz 
hizo un llamado a una tregua y al cese de hostilidades. 
El papel de la diócesis de San Cristóbal había sido importante en el proceso de 
organización de los campesinos y de la concientización indígena sobre los 
derechos. El peso de Don Samuel en el escenario político era muy grande; sin 
embargo, desde hacía unos años antes del levantamiento, particularmente 
durante el gobierno de Patrocinio González, los conflictos habían subido de nivel 
entre funcionarios de gobierno y la diócesis debido a su labor en la defensa y 
organización de los indígenas inspirada en la teología de la liberación y la opción 
 9 
por los pobres. Así que el protagonismo de Don Samuel en la intermediación del 
conflicto, y el activismo de muchos agentes de pastoral por la paz digna y justa, 
convertiría posteriormente a estos mismos agentes en blanco de agresiones de 
agentes gubernamentales. Sólo de 1994 a 1997 se realizaron 97 actos de 
agresión a agentes de pastoral (religiosas y religiosos, diáconos, catequistas, etc.) 
de la diócesis de San Cristóbal: encarcelamientos, expulsiones y torturas. 
El 5 de enero el EZLN emitió un comunicado con su balance de los 
enfrentamientos: 
“1. Bajas de las fuerzas zapatistas: 9 muertos y 20 heridos graves 
atendidos en nuestros hospitales de campaña. Un número indeterminado 
de heridos leves que se reintegraron a sus puestos de combate y 12 
perdidos en acción. No hemos incluido en esta cuenta a nuestros 
combatientes que, heridos, fueron arteramente ejecutados a sangre fría 
con el tiro de gracia por oficiales del Ejército Federal. El número de estos 
compañeros no ha sido determinado todavía pues nuestras tropas siguencombatiendo en Ocosingo. 
2. Baja de las fuerzas enemigas (incluyen policías y soldados federales): 
27 muertos, 40 heridos y 180 prisioneros que se rindieron a nuestras 
fuerzas y fueron liberados posteriormente intactos en su salud física. Hay 
otros 30 muertos, al menos, en el Ejército Federal no confirmados. Estas 
bajas, junto a un número indeterminado de heridos, se habían producido 
el día 4 de enero en las montañas al sur de San Cristóbal de las Casas 
cuando bombas arrojadas por los aviones de la F.A.M. habían caído sobre 
los camiones de soldados que maniobraban en esa zona. 
3. Material de guerra enemigo destruido o averiado: 3 helicópteros 
artillados de la F.A.M. (uno en la cabecera municipal de Ocosingo y dos en 
SCLC) y 3 aeronaves artilladas de la F.A.M. (los 3 en la cabecera de 
SCLC), 15 radio patrullas, 15 vehículos de transporte, 4 centros de tortura 
de la Policía Judicial del estado. 
4. Prisioneros liberados: 230 en las 4 cárceles atacadas y liberadas por 
nuestras fuerzas (2 en SCLC, 1 en Ocosingo y 1 en Las Margaritas). 
5. Material de guerra recuperado: Aproximadamente 207 armas de 
distintos calibres (M-16, G-3, M-2, lanza granadas, escopetas y pistolas) y 
un número indeterminado de parque de diversos calibres. 
Mil 266 kilogramos de dinamita y 10 mil detonantes de TNT. 
Más de 20 vehículos de transporte. 
 10 
Un número indeterminado de aparatos de radio comunicación, utilizados 
por la policía, ejército y fuerza aérea. 
 
El 7 de enero mientras que dos torres de alta tensión fueron derribadas en Puebla 
y Michoacán y los bombardeos seguían en comunidades de los Altos de Chiapas, 
en su primer mensaje al pueblo de México, el presidente Salinas negó que se 
tratara de un alzamiento indígena y ofreció "el perdón" a los rebeldes que 
depusieran las armas. 
“¿De qué tenemos que pedir perdón? ¿De qué nos van a perdonar? ¿De no 
morirnos de hambre? ¿De no callarnos en nuestra miseria? ¿De no haber 
aceptado humildemente la gigantesca carga histórica de desprecio y 
abandono? ¿De habernos levantado en armas cuando encontramos todos 
los otros caminos cerrados? ¿De no habernos atenido al Código Penal de 
Chiapas, el más absurdo y represivo del que se tenga memoria? ¿De haber 
demostrado al resto del país y al mundo entero que la dignidad humana 
vive aún y está en sus habitantes más empobrecidos? ¿De habernos 
preparado bien y a conciencia antes de iniciar? ¿De haber llevado fusiles al 
combate, en lugar de arcos y flechas? ¿De haber aprendido a pelear antes 
de hacerlo? ¿De ser mexicanos todos? ¿De ser mayoritariamente 
indígenas? ¿De llamar al pueblo mexicano todo a luchar de todas las 
formas posibles, por lo que les pertenece? ¿De luchar por libertad, 
democracia y justicia? ¿De no seguir los patrones de las guerrillas 
anteriores? ¿De no rendirnos? ¿De no vendernos? ¿De no traicionarnos? 
¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? ¿Los que, durante 
años y años, se sentaron ante una mesa llena y se saciaron mientras con 
nosotros se sentaba la muerte, tan cotidiana, tan nuestra que acabamos 
por dejar de tenerle miedo? ¿Los que nos llenaron las bolsas y el alma de 
declaraciones y promesas? ¿Los muertos, nuestros muertos, tan 
mortalmente muertos de muerte "natural", es decir, de sarampión, 
tosferina, dengue, cólera, tifoidea, mononucleosis, tétanos, pulmonía, 
paludismo y otras lindezas gastrointestinales y pulmonares? ¿Nuestros 
muertos, tan mayoritariamente muertos, tan democráticamente muertos 
de pena porque nadie hacía nada, porque todos los muertos, nuestros 
muertos, se iban así nomás, sin que nadie llevara la cuenta, sin que nadie 
dijera, por fin, el "¡YA BASTA!", que devolviera a esas muertes su sentido, 
sin que nadie pidiera a los muertos de siempre, nuestros muertos, que 
regresaran a morir otra vez pero ahora para vivir? ¿Los que nos negaron el 
 11 
derecho y don de nuestras gentes de gobernar y gobernarnos? ¿Los que 
negaron el respeto a nuestra costumbre, a nuestro color, a nuestra lengua? 
¿Los que nos tratan como extranjeros en nuestra propia tierra y nos piden 
papeles y obediencia a una ley cuya existencia y justeza ignoramos? ¿Los 
que nos torturaron, apresaron, asesinaron y desaparecieron por el grave 
"delito" de querer un pedazo de tierra, no un pedazo grande, no un pedazo 
chico, sólo un pedazo al que se le pudiera sacar algo para completar el 
estómago? 
¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? 
¿El presidente de la república? ¿Los secretarios de estado? ¿Los senadores? 
¿Los diputados? ¿Los gobernadores? ¿Los presidentes municipales? ¿Los 
policías? ¿El ejército federal? ¿Los grandes señores de la banca, la 
industria, el comercio y la tierra? ¿Los partidos políticos? ¿Los 
intelectuales? ¿Galio y Nexos? ¿Los medios de comunicación? ¿Los 
estudiantes? ¿Los maestros? ¿Los colonos? ¿Los obreros? ¿Los campesinos? 
¿Los indígenas? ¿Los muertos de muerte inútil? 
¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo?”2 
El EZLN planteó como condiciones para establecer el diálogo con el 
gobierno federal el reconocimiento como fuerza beligerante, el cese al 
fuego de ambas partes, el retiro de las tropas federales, el cese al 
bombardeo indiscriminado y la conformación de una comisión nacional de 
intermediación. 
 
El 8 de enero El gobierno anunció la creación de una Comisión Especial formada 
por Eraclio Zepeda, Andrés Fábregas y Eduardo Robledo Rincón. 
Las comisiones y delegaciones del gobierno para dialogar o negociar con el EZLN 
estaban destinadas al fracaso desde el principio, las crisis del diálogo en sus 
diferentes etapas tuvieron como trasfondo una incapacidad de los representantes 
del gobierno por entender las demandas del EZLN y de la sociedad nacional. Por 
ejemplo, en cuanto a los derechos indígenas, la visión se limitaba al indigenismo 
practicado desde los 50 “¿Reconocer la cultura indígena? ¿No es acaso reconocer 
el derecho de los pueblos a hacer sus fiestas, vestir sus trajes llenos de colorido y 
“folclor”, mantener sus costumbres? ¿No se había hecho eso con la modificación 
al artículo cuarto de la Constitución en 1992?” 
 
2 Comunicado del EZLN, 18 de enero de 1994. 
 12 
Todo el planteamiento de la reforma profunda del Estado no sería comprendido en 
su totalidad. La estrategia gubernamental siempre fue, desde el principio, buscar 
la rendición del EZLN a cambio de unas cuantas concesiones; y ante el 
crecimiento del consenso de las demandas zapatistas, el achicamiento, el 
acorralamiento, el vacío, la violencia, el desprestigio o de plano, el silencio… 
 
El 9 de enero el Ejército mexicano impidió el paso a una caravana ciudadana por 
la paz que buscaba romper el cerco militar y forzar una tregua, mientras 
continuaron los bombardeos. 
El 10 de enero empezaron los cambios en el gabinete: Jorge Carpizo sustituye a 
José Patrocinio González Garrido en la Secretaría de Gobernación; Manuel 
Camacho Solís es nombrado Comisionado para la Paz y la Reconciliación en 
Chiapas. Manuel Tello es designado secretario de Relaciones Exteriores y Diego 
Valadéz, procurador general de la República. El 19 de enero renunció el 
gobernador interino, Elmar Setter y lo sustituyó Javier López Moreno. La crisis 
política en el gobierno federal provocada por el levantamiento ya era inevitable, y 
fueron las primeras resonancias políticas a nivel nacional del levantamiento 
armado. 
Desde Absalón Castellanos Domínguez (que gobernó de diciembre de 1982 a 
diciembre de 1988) y Patrocinio González Garrido (que gobernó de diciembre de 
1988 a enero de 1993 fecha en la que asumió la secretaría de gobernación), 
ambos electos, se han sucedido interinatos y gobiernos sustitutos: Elmar Setzer 
Marseille fue interino hasta el primero de enero de 1994; de esa fecha hasta 
diciembre del mismo año fue interino Javier López Moreno; fue sustituidopor 
Eduardo Robledo Rincón quien “gobernó” de diciembre de 1994 a febrero de 
1995. El interinato fue para Julio César Ruiz Ferro quien abandonó el cargo en 
enero de 1998 como consecuencia de la masacre de Acteal. Roberto Albores fue el 
sustituto de enero de 1998 hasta las elecciones de 2000 en las que resultó electo 
Pablo Salazar Mendiguchía, ex priísta que compitió como candidato de una alianza 
de partidos. 
El 12 de enero el presidente Carlos Salinas de Gortari declaró el cese unilateral 
del fuego. Sin embargo, las violaciones a los derechos humanos cometidas en su 
mayoría por militares seguirían registrándose. Del 14 al 24 de enero, las primeras 
brigadas de observación ingresaron a la zona de enfrentamientos. 
* * * 
En este brevísimo recuento cronológico de esos doce días, se expresa una 
coyuntura que dejó al descubierto la violencia estructural entendida como la 
 13 
violencia política originada cuando «los sustentadores del poder y las élites 
nacionales impiden la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos», 
así como la violencia represiva, entendida como el conjunto de «formas de 
represión generalmente usadas por el Estado tales como los asesinatos políticos, 
torturas, detenciones, desapariciones, hostigamiento de los ciudadanos»3 con la 
que había sido respondido el movimiento campesino y que finalmente fue una del 
conjunto de causas que provocaron la rebelión. La violencia reactiva fue la 
respuesta de los campesinos a la violencia estructural y represiva y el EZLN es la 
expresión sintetizada del descontento campesino que se acumuló durante 
décadas. 
Los primeros comunicados del EZLN dejan claro que las demandas, el discurso y 
la estrategia zapatista se ubicaba en la guerra de guerrillas y apostaba por una 
transformación radical de carácter nacional. El balance de la respuesta social al 
levantamiento y la negociación de las posturas al interior de la dirigencia 
zapatista determinó la estrategia política que con los años se transformó en una 
exitosa estrategia de redes sociales apoyada en una novedosa e inteligente 
estrategia mediática para difundir los objetivos y acciones del movimiento; y 
aunque las demandas siempre fueron de carácter nacional, el abordaje crítico a 
asuntos medulares de la globalización económica y política atrajo simpatizantes 
de todo el mundo a la causa zapatista. 
Asimismo, y dado que fue una rebelión de base indígena, el impacto al 
proyecto indio en México ya cimentado y desarrollado por muchas organizaciones 
indígenas en el país, nutrió la propuesta guerrillera de una profunda cosmovisión 
indígena. 
Las características del EZLN definieron el tipo de conflicto armado en Chiapas 
desde 1994. El EZLN es una organización político militar, con objetivos y 
estrategias de movimiento social más que de ejército: que no se plantea la toma 
del poder sino transformar el modo como se ejerce, y más que la destrucción del 
Estado plantea su reforma; su estrategia principal se basa en la convocatoria a 
actos de movilización social y política, con un discurso incluyente y con demandas 
de carácter nacional e incluso global; con una identidad indígena que permeó a la 
dirigencia y que ha llegado a ser parte del discurso zapatista. 
De cualquier modo se trató de una irrupción violenta revolucionaria y para el 
gobierno federal y los grupos de poder que conformaban la vieja estructura 
político económica chiapaneca, se impuso la respuesta represiva. Sin embargo, 
esta sería diferente a la violencia represiva que se dirigió contra el movimiento 
 
3 Castillo, Ma. Isabel, et. al. Voces y ecos de violencia: Chile, El Salvador, México y Nicaragua, ILAS-
 14 
campesino y cívico de los últimos veinte años. En esta nueva estrategia se 
conjugaron nuevas tácticas con las ya existentes. 
 
CESOC, Chile, 1998. 
 15 
 
2. 
Del desconcierto a los primeros cercos militares 
 
“En las primeras horas del día primero de enero, grupos armados se posesionaron 
de las cabeceras municipales de San Cristóbal al de las Casas, Ocosingo, Las 
Margaritas y Altamirano e intentaron ocupar las de los municipios de La Trinitaria 
y Chanal en el Estado de Chiapas. [...] 
Los hechos mencionados afectan a un máximo de 6 de los 110 municipios de 
Chiapas, los que se integran en una región que tiene grave marginación y altos 
índices de monolingüismo y que ha sido objeto de un Programa Especial de 
Solidaridad, que se incrementó considerablemente a partir de agosto de 1993.” 
Comunicado de la Secretaría de Gobernación, 3 de enero de 1994. 
 
El general Miguel Ángel Godínez, el mismo que había sido jefe del Estado mayor 
presidencial durante el sexenio de López Portillo y que en 1993 estaba a cargo de 
la Comandancia de la 7a Región Militar en Tuxtla Gutiérrez, fue sorprendido por la 
noticia del ataque armado a instalaciones policíacas y en la madrugada del 1 de 
enero de noventa y cuatro. 
En San Cristóbal de Las Casas, periodistas y curiosos se amontonaban para 
entrevistar a los armados en la plaza, mientras que en los municipios de 
Ocosingo, Huixtán, Las Margaritas se desataba el infierno. 
Al descontrol inicial, siguió la contraofensiva del Ejército Mexicano el 2 de enero: 
movilizaciones militares, ataques aéreos y, días después, el reconocimiento y la 
penetración del Ejército Mexicano en comunidades alejadas de la selva lacandona 
en busca de insurgentes zapatistas y el bombardeo de comunidades en los 
alrededores de SCLC y en la selva para “limpiar y rastrear”, operación conocida 
como la “operación rastrillo”. 
El Ejército descubrió la resistencia de la población civil en las montañas que 
rodean el valle de Jovel cuando intentó colocar bases. Entonces sustituyó la 
respuesta defensiva por lo que las organizaciones llamaron entonces la “operación 
rastrillo”. A través de esta operación el Ejército inició la búsqueda de civiles para 
intimidar y atemorizar a la población civil; el 6 de enero el Ejército movilizó 
17,000 soldados y a la Fuerza Aérea para establecer un cerco alrededor de lo que 
en ese momento estaba considerada como el área de conflicto, con Ocosingo 
 16 
como el centro; en esta área estaban los municipios de Margaritas, Altamirano, 
Huixtán y el propio Ocosingo. Además de las operaciones militares, el Ejército 
Mexicano tomó el control del poder civil. Se impuso un cerco militar y estado de 
sitio alrededor de los municipios que habían sido tomados por el EZLN; al interior 
de estos cercos suspendió de facto las garantías individuales e impidió el ingreso 
de la ayuda humanitaria por lo que los abusos del Ejército Mexicano se repitieron. 
Únicamente la observación civil posibilitó, semanas después de la violencia de los 
primeros días, dar cuenta de estos abusos en las comunidades. 
Uno de los primeros reportes de las caravanas civiles que se adentraron en las 
comunidades para conocer la situación de la población civil, describe así el 
escenario: 
“El ambiente es tenso, el Ejército se encuentra en todos lados, hay una 
enorme fila de mujeres haciendo cola para recoger una dotación de 
alimentos que escasean mucho por la situación, todos los comercios 
cerrados, el palacio municipal visiblemente dañado por el fuego, en las 
iglesias un momento de recogimiento espiritual y de oración dirigidos por 
el Obispo, el mercado testigo visible del combate y restos de olor a 
sangre derramada, un avión de fabricación israelí surcando por los aires, 
los periodistas a la caza de noticias alentadoras, los ganaderos y 
pequeños propietarios manifestando su protesta por lo que llaman “el 
saqueo” de los transgresores, las mujeres jóvenes expresando sus 
temores [...] Todos quieren hablar y todos se lesescucha. Se habla de 
muertos, de muchos muertos. Se habla de que la paz no puede ser 
posible si no va acompañada de una respuesta a las demandas de justicia 
que claman todos y principalmente los indígenas.”4 
 
El número de civiles que perdieron la vida durante los enfrentamientos aún es 
aproximado; después de los primeros comunicados ninguno de los ejércitos volvió 
a dar cifras sobre sus bajas. Sin embargo, hay testimonios que indican que el 
Ejército levantó cuerpos de civiles y los llevó a lugares desconocidos o fueron 
enterrados en fosas comunes; otros reportes de organizaciones independientes 
hablan de cuerpos de civiles cremados. Tan sólo durante las primeras 36 horas 
del conflicto se contabilizaron unos 43 heridos, de los cuales 31 eran policías, 11 
militares y 2 socorristas de la Cruz Roja. En tan sólo esas horas, los hospitales y 
las autoridades municipales reportaron 129 personas lesionadas en su mayoría 
 
4 Reporte de la Caravana Cristiana por la Paz y la Reconciliación, 14 de enero de 1994. Archivo 
Histórico de la CONAI. 
 17 
civiles, mientras que la Red Todos los Derechos para Todos recibió 7 casos 
personas lesionadas en 4 eventos distintos.5 
Mientras que los conteos oficiales hablan de 50 a 100, algunos informes hablan 
de que del 5 al 12 de enero fueron asesinados más de 600 civiles; el 
descubrimiento de zapatistas con el tiro de gracia en la nuca fue una prueba 
irrefutable de las ejecuciones por parte del Ejército Mexicano. 
Fellowship of reconciliation, habla de varias mujeres y por lo menos un niño 
(Agustín Guzmán García de 6 años, muerto por un cohete mientras acompañaba 
a su padre, Agustín Guzmán Lorenzo) asesinados al interior de sus casas en 
Ocosingo. También hubo víctimas del fuego cruzado: durante los 
enfrentamientos, el fuego cruzado en las cercanías del mercado de Ocosingo mató 
a Basilia Cruz López de 50 años. 
Algunos datos fueron proporcionados por testigos presenciales: la parroquia de 
Ocosingo por ejemplo, registró hasta el 13 de enero, catorce nombres de civiles 
muertos por disparos en las calles, personas sorprendidas en las calles por el 
combate, pero otros reportes refieren que elementos del Ejército Mexicano 
dispararon a civiles deliberadamente en el marco del sitio a las ciudades, como 
indica el siguiente testimonio: 
“... el 3 de enero a las 12:00 pm Huvelio Rosales González, preocupado por la 
situación de su hijo, se dirigió a la casa de este ubicada cerca del área comercial 
del centro de Ocosingo. De acuerdo a los testigos, efectivos militares dispararon 
deliberadamente al señor Rosales en el pecho. El señor Rosales tenía 72 años; era 
cojo y vestía una camisa azul claro. No podía habérsele confundido fácilmente con 
un combatiente del EZLN.”6 
Las religiosas del Hospital San Carlos, en el municipio de Altamirano, fueron 
hostigadas desde el 4 de enero por el Ejército Mexicano porque atendieron a los 
heridos de los dos ejércitos. Desde entonces y durante los próximos meses, las 
religiosas del hospital fueron hostigadas con revisiones, al igual que los enfermos 
que llegaban a recibir cualquier tipo de atención médica. 
Aunque se habló formalmente de doce días de enfrentamientos por el cese al 
fuego decretado por Salinas de Gortari, todos los reportes de los observadores en 
la zona indican que los enfrentamientos e incluso los bombardeos a poblaciones 
en Ocosingo, continuaron después del 12 de enero de 1994, en el marco de la 
operación militar rastrillo del Ejército. 
 
5 Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Informe Para ser escuchados, 1994, p. 36. 
6 Reporte de la organización Fellowship of Reconciliation Task Force on Latin America and Caribbean. 
Visita realizada del 10 al 15 de enero de 1994, Chiapas, México. 
 18 
Durante esos días y en lo sucesivo, se realizaron detenciones arbitrarias 
regularmente acompañadas de torturas. Por ejemplo, la detención de 32 hombres 
en el ejido Morelia, cuando 8 de los cuales fueron trasladados a Tuxtla en un 
helicóptero de la Policía judicial y los demás al cuartel militar de la ciudad de 
Comitan en donde fueron torturados. 
La Red Todos los derechos, documentó 26 ejecuciones en el primer semestre de 
1994, y la presunta desaparición de 15 de los cadáveres, escondidos por los 
militares para evitar la investigación jurídica. 
Para la investigación de la responsabilidad del Ejército en las ejecuciones, 
intervinieron la PGR, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el mismo 
Ejército Mexicano, sin que se ejerciera ningún tipo de acción penal.7 
Las violaciones8 generalizadas a la población no fueron únicamente los ataques 
aéreos (no hay que olvidar los disparos a un microbús y a una combi, hechos en 
los murieron 20 personas incluyendo a una menor); además la Procuraduría 
General de la República y el Ejército Mexicano instigaron a la población a delatar 
a los presuntos zapatistas, lo cual fue aprovechado por autoridades municipales, 
caciques o civiles para acusar indiscriminadamente a los opositores políticos. Por 
consiguiente, se realizaron detenciones masivas de miembros de la sociedad civil. 
A partir del cese al fuego, el Ejército tomó posiciones estratégicas de control de 
las comunidades con la instalación de nuevas zonas militares y el establecimiento 
de retenes en las carreteras de Chiapas para controlar el tránsito de personas. 
Utilizando como táctica psicológica el rumor, empezó a dividir aún más a las 
comunidades; también aumentó la intimidación con los sobrevuelos con aviones y 
helicópteros, los patrullajes constantes (muchas veces acompañados de civiles 
que hacían señalamientos de presuntos zapatistas y muchas otras haciendo 
 
7 “Las sospechas de que había habido ejecuciones sumarias surgieron principalmente después del 
descubrimiento de una fosa común en el cementerio de Ocosingo, el 17 de enero. La exhumación y 
examinación forense de los 11 cuerpos encontrados, que se realizó bajo la supervisión de la CNDH, 
demostró que ninguno de los cuerpos (un civil y diez presuntos zapatistas) exhibía pruebas de 
ejecución sumaria (en general una perforación de bala en la parte posterior de la cabeza, el llamado 
"tiro de gracia"), sino que más bien parecían haber caído durante los enfrentamientos entre las dos 
facciones. Hubo también el caso de los cuarenta y nueve cuerpos que el ejército transportó en 
helicópteros desde Ocosingo a Tuxtla Gutiérrez y enterró en el cementerio de San Marcos en tumbas 
de cemento (gavetas), identificadas solamente con un número. Los testigos oculares declararon que: 
1) eran todos hombres, 
2) eran de varias edades, 
3) ninguno llevaba el uniforme del EZLN, 
4) presentaban heridas en todo el cuerpo. Estos datos sugieren que las víctimas eran civiles víctimas 
de los combates, pero sin certeza.” Fellowship of Reconciliation, op.cit. 
El 16 de enero de 1994, fueron detenidos por un soldado en el parque del municipio Las Margaritas 
Jorge Mariano Solís Pérez de 21 años y Eduardo Gómez Hernández de 22 años y llevados a la cárcel 
municipal. El 24 de enero fueron encontrados sus cadáveres en Agua Prieta, municipio de Comitan, 
con huellas de tortura, sin orejas ni lengua. 
 19 
movimientos envolventes), y con entrenamientos militares realizados al límite de 
la comunidad e incluso en las calles principales como una demostración de fuerza. 
Durante los primeros meses de la violencia tras el levantamiento, la estrategia 
militar fue cercar lo que en ese momento se creía la zona de conflicto o de 
influencia del EZLN como guerrilla. 
Además de la concentración de tropas y armamento y la instalación de puestos de 
revisión a la entrada de las poblaciones, se empezaron a entregar despensas y a 
dar atención médica en algunas comunidades, muchas vecescondicionada a la 
investigación de la militancia política de las personas que las recibían. 
Entre el 13 de enero y junio de 1994, elementos del Ejército Mexicano cometieron 
el 63% de las violaciones registradas hasta ese momento. El restante 37% fueron 
cometidas por policías, autoridades estatales y locales. 
Las denuncias de las violaciones cometidas por miembros del Ejército Mexicano 
no fueron aceptadas por la institución. El Ejército Mexicano acusó a las 
organizaciones de difamación y rechazó haber cometido violaciones a los derechos 
humanos. 
En su boletín de prensa número 18, la Secretaría de la Defensa Nacional decía: “A 
últimas fechas diversos medios de difusión y particularmente organizaciones 
privadas, tanto nacionales como extranjeras, llamadas defensoras de los derechos 
humanos, han acusado al Ejército Mexicano de diversos actos violatorios en 
contra de los derechos humanos en Chiapas. Tales acusaciones las rechaza la 
SDN por considerarlas falsas estimándose que únicamente se basan en simples 
rumores, supuestos y actitud amarillista de quienes han propalado tales 
infundios, que lejos de contribuir a la solución del conflicto, producen confusión y 
desorientación de la opinión pública”.9 
 
El Ejército optó por la negación de los hechos y en lo sucesivo, dirigió acciones 
represivas en contra de las organizaciones sociales, principalmente aquellas que 
se encargaron de la documentación y denuncia de las violaciones a los derechos 
humanos. Desde entonces hasta la fecha, el gobierno mexicano ha intentado 
poner en duda la veracidad de los hechos denunciados por las organizaciones 
sociales y de derechos humanos nacionales e internacionales para proteger con la 
impunidad a autoridades responsables. Después llegaron las campañas de 
 
8 Durante los enfrentamientos el 49.3% de las violaciones fueron cometidas por la Sedena. El EZLN 
cometió, según denuncias de la población, 6.8% del total. Autoridades de municipios fueron 
responsables de 4.1% de violaciones a los derechos humanos. 
9 Citado en el Informe Preliminar de las organizaciones civiles a la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos 1994, p. 19. 
 20 
difamación y las acusaciones directas a las organizaciones, acompañada de 
acciones de violencia directa como detenciones y tortura. 
Se perfiló una estrategia militar, específicamente una estrategia contrainsurgente. 
Mientras que por su parte, la estrategia militar zapatista se modificó cuando otros 
actores entraron en el escenario político nacional y local. Sin embargo, las 
tácticas de desgaste ya estaban en marcha. 
 21 
 
3. 
Otros actores del conflicto, otras estrategias 
 
Desde los primeros días de enero, una parte de la sociedad civil rehusó sentarse a 
escuchar las noticias sobre lo que ocurría en Chiapas frente a su televisor y se dio 
cuenta de que podía y debía desempeñar un papel activo. Fue entonces, cuando 
tomamos conciencia de que con nuestra presencia pacífica y nuestro trabajo 
podíamos ganar un espacio para colaborar en la construcción de una paz con 
democracia y justicia social. 
Pronunciamiento de organizaciones sociales, 7 febrero de 1994 
 
Las primeras caravanas y delegaciones de ciudadanas y ciudadanos dispuestos a 
arriesgar su integridad física para romper los cercos militares fueron las señales 
de que otros actores sociales, entrarían en la escena política y tendrían gran peso 
en la definición de los rumbos del conflicto armado. Las organizaciones de 
derechos humanos, las organizaciones sociales y ciudadanas empezaron a 
articularse en redes y coordinaciones (Coordinadora de Organizaciones No 
gubernamentales por la Paz, Red de derechos humanos Todos los Derechos para 
Todos, etc.). Por su parte, también las organizaciones campesinas empezaron a 
articularse a nivel estatal y nacional aunque con una dinámica propia. 
Desde los primeros días de 1994, la presión social rompió el cerco militar. La 
observación ciudadana en la zona de conflicto fue clave para documentar 
violaciones a derechos humanos que tal vez no hubieran salido a la luz pública 
debido a las condiciones de presión militar en la zona. Las caravanas y grupos de 
observadores significaron desde el principio un vínculo importante entre la 
población indígena y los sectores sociales cuya única preocupación fue salvar 
vidas y salvaguardar las libertades de otras personas. 
A mediados de enero de 1994, trece organizaciones con trabajo en salud, 
desarrollo rural, defensoría legal, derechos humanos, información, servicios, entre 
otros, formaron la Coordinación de los Organismos No gubernamentales de San 
Cristóbal de Las Casas por la Paz (CONPAZ) para responder a las necesidades 
humanitarias de la población. La CONPAZ se constituyó como una coordinación de 
organizaciones sociales y de derechos humanos que inició la movilización de 
civiles para viajar de San Cristóbal de Las Casas a la selva y a otros municipios 
que permanecían bajo el cerco militar. Para ello, estableció comunicación con la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos y finalmente se realizó la primera 
 22 
Caravana por la Paz y los Derechos Humanos hacia las comunidades del sur de 
San Cristóbal, en donde constataron las consecuencias de los combates y los 
bombardeos; casi de inmediato se organizó otra Caravana por la paz y los 
derechos humanos al municipio de Las Margaritas los días 15 y 16 de enero. La 
Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para 
Todos”, que en 1994 estaba formada por 33 organizaciones realizó una tarea 
fundamental en la documentación y denuncia de violaciones a los derechos 
humanos. Podemos hablar de un movimiento por los derechos humanos y la paz 
que tuvo su auge durante la década de los noventa y que favoreció la 
consolidación de organizaciones sociales de promoción y defensa de los derechos 
humanos y la paz. 
La Iglesia católica también jugó desde el principio del conflicto un papel de 
primera línea en la búsqueda de soluciones pacíficas; en los primeros días de 
enero de 1994 fue convocada por Don Samuel Ruiz la formación de la Comisión 
Cristiana por la Paz y la Reconciliación en la que participaron Manuel Camacho 
Solís, Pablo González Casanova, el obispo católico de Huautla, Oaxaca, Miguel 
Alvarez y Javier Vargas, laicos católicos, religiosas, indígenas de Estados Unidos y 
evangélicos. 
Las organizaciones campesinas 
Un primer impacto fundamental del levantamiento fue el impulso al movimiento 
campesino (duramente reprimido durante la década anterior) y el empuje a la 
recuperación de tierras. Las organizaciones campesinas no son actores nuevos 
sino protagonistas de las luchas agraria y política desde los setentas. 
A partir del Congreso Indígena en 1974 se formaron y desarrollaron 
organizaciones indígenas en diferentes regiones, la mayoría de ellas en demanda 
de tierra y otras demandas referidas a la comercialización y a la producción. 
En el marco de un movimiento nacional por lograr canales de interlocución con 
el Estado, se formaron organizaciones como la Kiptik ta Lecubtesel, la Central 
Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, la Unión de Ejidos Tierra y 
Libertad, la Asociación Rural de Interés Colectivo ARIC – Unión de Uniones, etc., 
en su mayoría centradas en la lucha por la tierra y el poder político de los 
ayuntamientos. 
Los mecanismos de violencia y los actores que la aplicaron respondieron a ese 
proceso organizativo del campesino y a sus demandas específicas. En la década 
 23 
siguiente, estos mecanismos y actores cambiaron para responder a los nuevos 
actores y a las nuevas estrategias que estos desarrollaron. 10 
En enero de 1994, las organizaciones campesinas se articularon en torno al 
Consejo Estatal de OrganizacionesIndígenas y Campesinas (CEOIC) que agrupó a 
285 organizaciones, algunas con muchos años de lucha por la tierra. El signo 
variado de la multiplicidad de organizaciones campesinas que lo formaban, 
impidió que el CEOIC se consolidara como un bloque más homogéneo; aunque el 
CEOIC simpatizaba con las demandas del EZLN, algunas organizaciones 
presionaban por un rápido arreglo de su situación, sobre todo aquellas que veían 
un desalojo inminente de sus bases en los predios disputados. 
La mayoría de las organizaciones recuperaron tierras en diferentes regiones del 
estado durante el primer semestre de 1994. Como continuidad a la tendencia de 
las dos décadas anteriores, la lucha agraria y municipalista fueron los campos de 
conflicto más agudos durante la década de los noventa. 
Los propietarios afectados se movilizaron, principalmente los de la zona de 
conflicto Altamirano, Ocosingo, Comitán, Las Margaritas, Frontera Comalapa, La 
Trinitaria, bajo el liderazgo de Constantino Kánter, un ganadero nacido en 
Comitán, a quien pronto se unieron los propietarios afectados de otros municipios 
que solicitaron la intervención del Ejército y amenazaban con desalojar por propia 
mano. Algunos propietarios eligieron la vía del arreglo directo con los campesinos 
y otros más presionaron al gobierno para negociar el pago de sus tierras. 
Los propietarios constituyeron la Coalición de Organizaciones Ciudadanas del 
Estado de Chiapas (COCECH) cuyas principales demandas eran el desalojo de 
predios, el restablecimiento del estado de derecho, el fin de las invasiones la 
salida de la iglesia de los asuntos políticos y del conflicto armado, el desarme del 
EZLN y que la intervención del Ejército; mediante acciones de movilización 
lograron establecer un acuerdo con el gobierno para que éste desalojara los 
predios invadidos después del 14 de abril de 1994, fecha en que firmó el acuerdo 
con el CEOIC. 
Entre enero y abril de 1994, fueron asesinados por lo menos 20 campesinos. 
En algunos casos, se presume que los asesinos fueron pistoleros pagados por 
 
10 En una década (mediados de los setenta a mediados de los ochenta) se registraron cuatro mil 731 
casos de violencia como asesinatos, detenciones, encarcelamientos, secuestros, tortura, 
desapariciones, expulsiones, desalojos. Desde 1974 hasta 1985 aproximadamente, fueron asesinadas 
165 personas, la mayoría a manos de pistoleros y guardias blancas. La región que más muertos 
registra es la del norte, subregión tzotzil-ch’ol-tzeltal y representa el 28% del total, con 47 asesinatos. 
Subregión tseltal-ch’ol, 36 asesinatos, o sea 22.5%; región valles centrales, 33 asesinatos 20%; región 
fronteriza 25 asesinatos, 14.4%; altos, 24 asesinados, 14.4%. Araceli Burguete Cal y Mayor, Chiapas: 
cronología de un etnocidio reciente (represión política a los indios 1974-1987), Academia Mexicana de 
Derechos Humanos, A.C., México, D.F., septiembre de 1987. Documento en fotocopias. 
 24 
terratenientes o incluso, policías municipales.11 Entre junio de 1994 y julio de 
1995 se realizaron 18 desalojos, en ocho de los cuales participaron guardias 
blancas.12 
 Pero la diferencia de la lucha agraria de la década anterior, es que el marco 
del conflicto era una negociación más amplia entre el EZLN y el gobierno federal y 
se planteaba una transformación que iba hacia la modificación constitucional y 
hacia el viraje de la política agraria y comercial gubernamental. Para romper la 
centralidad del tema el gobierno federal estableció una mesa paralela para dividir 
al movimiento campesino y romper el apoyo de las organizaciones campesinas al 
EZLN. En abril de 1994 estableció una mesa de negociación con el CEOIC y se 
firmó un convenio sustentado en cuatro puntos: no se realizarían más invasiones, 
se buscarían soluciones, suspensión de órdenes de aprehensión y el compromiso 
de reuniones entre el gobernador del estado, el CEOIC y los dirigentes de los 
propietarios. 
Aunque las demandas seguían siendo básicamente las mismas, el contexto en el 
que se desarrollaron los movimientos campesinos después del levantamiento 
tiene notables diferencias con respecto a la década anterior: 
Una evidente es la ya expuesta acerca de que las acciones campesinas se 
realizaron en un contexto diferente de negociación entre el gobierno federal y el 
EZLN como un actor que se erigió como representante de las demandas agrarias 
indígenas para llevarlas a un plano de negociación nacional y estructural. 
Otra diferencia es la demanda de políticas de transformación nacional como 
marco no ceñidas únicamente a la propiedad de la tierra, sino enmarcadas en la 
autonomía y la reforma del Estado. 
Una diferencia característica es la presencia de otros actores sociales y políticos 
que apoyaron y que se vincularon con las demandas campesinas e indígenas. 
Finalmente una diferencia que será clave hacia el final de la década de los 
noventa es que el EZLN, en su etapa de consolidación como organización político 
militar con una territorialidad, va a tratar de expandir sus bases sociales y a 
desarrollar su proyecto político en diferentes zonas. Hacia mediados de los 
ochenta hubo conflictos entre organizaciones cuando el conflicto central no estaba 
ya exclusivamente entre el Estado y los campesinos o entre propietarios y 
campesinos, sino que se dieron conflictos entre las organizaciones campesinas por 
 
11 Dos casos entre decenas: los asesinatos de Mariano Pérez Díaz, líder de la Organización Emiliano 
Zapata (OCEZ) y coordinador del CEOIC, amenazado de muerte por autoridades del ayuntamiento de 
Simojovel y asesinado por un pistolero pagado por sus detractores, y Mariano Pul, de la organización 
independiente Tres Nudos asesinado el 22 de abril de 1994. 
 25 
la posesión de predios como producto de la política agraria; hacia 1997 – 98, 
empiezan a ser más notables los conflictos entre el EZLN y las organizaciones 
campesinas independientes que incluso comparten las demandas zapatistas. 
A finales de 1994 se crearon fideicomisos en un intento del gobierno por 
controlar la compra de predios desde una perspectiva legal. Se instaló la Mesa 
Interinstitucional Agraria (Secretaría de la Reforma Agraria, Procuraduría Agraria, 
Secretaría de Desarrollo Agrario) para controlar los fideicomisos agrarios con la 
intención de institucionalizar el compromiso de las organizaciones, dar por 
terminado el reparto agrario y mantener el esquema de creación de minifundios. 
La lucha por la tierra se proyectó como lucha por la recuperación y defensa del 
territorio; mientras que la lucha por el control municipal fortaleció la trayectoria 
de demandas por la democracia local, por los derechos políticos ciudadanos y por 
la ciudadanía diferente, y finalmente por la autonomía municipal con la creación 
de municipios autónomos por parte de los zapatistas. En su primera etapa El 
Consejo Estatal de Organizaciones Independientes de Chiapas (CEOIC) dio nuevo 
impulso a la lucha agraria; a pesar de la división en su interior generado por las 
elecciones de 1994, durante la participación del CEOIC en la Asamblea Estatal del 
Pueblo Chiapaneco (AEDPCH) las acciones de resistencia civil convocadas en 1995 
y las recuperaciones de tierra hicieron que en ese momento convergieran los 
movimientos políticos y campesinos. 
Algunos dirigentes de los propietarios incursionaron en la política estatal 
debilitando la organización pero favoreciendo el posicionamiento político de sus 
intereses. En 1995, los ganaderos de la zona norte abandonaron las 
movilizaciones y se hizo pública la formación de grupos de autodefensa, 
justificados según los ganaderos por la incapacidad del gobierno para instaurar el 
estado de derecho. Hasta 1997 con el Fideicomiso de compras de tierras y la 
disminución de las invasiones, el conflicto entre propietarios,gobierno y 
organizaciones disminuyó. En diciembre de ese año se anunció el fin de los 
Acuerdos Agrarios, y también en ese año la AEDPCH anunció su desaparición. En 
octubre de 1997 se forma la COAECH formada por bloques de la extinta AEDPCH. 
El CEOIC oficial que apoyó al candidato del PRI a la gubernatura se convirtió en 
un espacio de negociación con el gobierno, para recibir apoyos o programas 
agrarios. 
Aunque la lucha por la regularización agraria y por conseguir la tierra sigue 
vigente hasta hoy, la constitución de municipios autónomos zapatistas y la 
 
12 Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, Informe sobre la situación de 
derechos humanos 1995. 
 26 
proyección de otros territorios autónomos por parte de organizaciones indígenas 
en el estado de Chiapas ha llevado el conflicto a otra dimensión: la disputa por los 
recursos.13 
En cuanto a las formas de violencia usadas para reprimir al movimiento 
campesino, en la década de los noventa hay una continuidad en prácticas como 
los desalojos, los asesinatos selectivos de líderes, los encarcelamientos injustos 
bajo acusaciones prefabricadas y la tortura. Este protagonismo de los ganaderos y 
propietarios, que fue evidente en los ochenta, se mantuvo hasta mediados de los 
noventa, cuando aparecen los grupos paramilitares como el instrumento principal 
para contrarrestar a la movilización social y a la insurgencia. 
En este continum de violencia de dos décadas, los ganaderos y finqueros no 
desaparecen como actores, pero quedan “disimulados” en primera instancia 
porque el campo de conflicto principal aparece entre el EZLN como una 
organización político militar, de base mayoritariamente indígena pero con 
demandas de carácter nacional, y el Estado mexicano que intentará aplicar una 
estrategia de achicamiento y aislamiento del EZLN como explicaré en un apartado 
más adelante. 
Esta violencia ya institucionalizada va a ser una base importante para desarrollar 
tácticas de contrainsurgencia entre éstas particularmente los grupos 
paramilitares, favorecida por un contexto económico muy adverso después del 94. 
Los movimientos por derechos políticos 
En los primeros cuatro meses de 1994 fueron tomadas 19 presidencias 
municipales y se realizaron 8 manifestaciones contra alcaldes por parte de 
diversos actores sociales y políticos demandando la instalación de Consejos 
Municipales. En los siguientes meses se formaron frentes cívicos o movimientos 
sin predominancia de ningún partido en las regiones norte y altos. 
Las elecciones del 21 agosto de 1994, marcaron un momento importante en la 
lucha municipalista. El proceso electoral provocó la primera ruptura en el CEOIC: 
la fracción independiente se unió a otras organizaciones para crear la Asamblea 
Estatal del Pueblo Chiapaneco (AEDPCH), que se formó con 120 organizaciones, 
participó en las elecciones con un candidato de la sociedad civil, y definió una 
 
13 Una de las características de la expansión capitalista en esta etapa es la explotación de los recursos 
a través de empresas multinacionales dedicadas a la investigación y la biotecnológica y el saqueo en 
las reservas bajo el argumento de la conservación. Un ejemplo es el conflicto por el asentamiento de 
comunidades zapatistas en la Reserva de la Biosfera de Montes Azules en el cual intervinieron nuevos 
actores como dependencias gubernamentales dedicadas al medio ambiente, organizaciones 
nacionales e internacionales por la conservación, empresas multinacionales dedicadas a la 
comercialización de semillas agrícolas genéticamente modificadas como Monsanto y el gobierno del 
estado con proyectos de ecoturismo. 
 
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estrategia de lucha y demandas afines al EZLN. El CEOIC oficial apoyó al 
candidato del PRI a la gubernatura y se convirtió en un espacio de negociación 
con el gobierno, para recibir apoyos o programas agrarios. 
El fraude electoral provocó protestas en todo el estado y se creó la 
Procuraduría Estatal del Pueblo Chiapaneco para investigarlo. En diciembre toma 
posesión Eduardo Robledo Rincón y paralelamente don Amado Avendaño como 
gobernador en rebeldía al frente de un Gobierno de Transición en Chiapas. 
Las organizaciones que conformaban el Consejo Estatal de Organizaciones 
Indígenas y Campesinas (CEOIC), se lanzaron a la resistencia civil declarando 
autónomos o en rebeldía una gran cantidad de municipios en todo el estado. Las 
invasiones de tierra en los próximos meses se realizaron junto con otras protestas 
civiles por el fraude electoral. 
Los “viejos” actores de la violencia agraria de las décadas anteriores siguieron 
utilizando las formas “tradicionales”, como los desalojos de predios agrarios y los 
asesinatos selectivos de dirigentes campesinos. Pero a partir de 1995, la 
estrategia de la violencia se dirigió a estos actores con el fin de romper el apoyo 
al zapatismo. 
Los actores como los ganaderos, finqueros y otros grupos con poder económico 
que habían utilizado sus propios instrumentos represivos como las guardias 
blancas o los pistoleros pagados a sueldo que habían actuado en coordinación con 
las policías locales, también se unieron a la nueva estrategia contrainsurgente. 
Aunque el movimiento por los derechos políticos ha seguido en curso durante los 
últimos años demandando transparencia en el manejo de los recursos municipales 
y espacios de participación ciudadana en los ayuntamientos, la creación de 
municipios autónomos zapatistas le dio otra dimensión a la lucha política en el 
estado, aspecto que abordaré en la segunda parte de este trabajo. 
 
El movimiento por los derechos humanos 
Un actor importante durante la década de los noventa son las organizaciones 
civiles y de derechos humanos que en diferentes coyunturas de violencia tuvieron 
un papel clave no sólo como dique a la violación de derechos humanos sino en la 
conceptualización de los derechos humanos y del propio conflicto armado. 
En enero de 1994 cuando estalló el conflicto, 33 organizaciones del país eran 
parte de la Red de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos. Para 
febrero del siguiente año ya eran 40 organizaciones de 30 estados de la 
República. Un crecimiento que se notaría durante toda la década y que es un 
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indicador tanto del aumento de la violencia en el país como de los esfuerzos 
organizativos de un movimiento por los derechos humanos que comenzó desde la 
década de los ochenta. 
En Chiapas, las organizaciones civiles y sociales también se articularon: además 
de la CONPAZ que se formó con 13 organizaciones con trabajo en salud, 
desarrollo rural, defensoría legal, derechos humanos, información, otras 
iniciativas de articulación se sucedieron en los meses siguientes y lograron 
detener los enfrentamientos.14 Tuvieron también un papel importante en la 
documentación de las violaciones a los derechos humanos y en la difusión 
nacional e internacional del conflicto, sus causas y su desarrollo. 
La atención humanitaria primero y la atracción al zapatismo después, han llevado 
miles de esfuerzos humanos a las regiones indígenas de Chiapas. Desde las 
primeras caravanas por la paz y los derechos humanos en 1994, las acciones para 
proteger a la población civil,15 y las actividades de solidaridad en otros países con 
las comunidades indígenas chiapanecas, abrieron un terreno inexplorado para la 
vinculación entre organizaciones sociales y las comunidades indígenas. 
En el campo específico de los derechos humanos, las organizaciones enfocadas a 
la documentación y denuncia, fueron factor de distensión porque lograron ganar 
interlocución con el gobierno federal. La difusión documentada de las violaciones 
a los derechos humanos y el intenso trabajode cabildeo en organismos 
internacionales de derechos humanos, le dieron a las organizaciones de este 
campo legitimidad y estatuto de actor frente al Estado mexicano; el 
cuestionamiento internacional ha sido uno de los factores que eleva el costo 
político de la violencia al gobierno mexicano y por tanto, si bien aún está lejos el 
 
14 El Espacio por la Paz (con 73 organizaciones no gubernamentales de diversos ámbitos 
pertenecientes a 24 estados del país); el Grupo Plural de Observación por la paz en Chiapas; la 
Comisión Internacional de Observación (integrada por Pastores por la Paz, el Centro de Derechos 
Humanos “Fray Francisco de Vittoria”; la Red Universitaria por la Democracia, la Caravana 
Universitaria Ricardo Pozas, entre otros); Grupo de Académicos de la Universidad Autónoma de 
México y la Universidad Nacional Autónoma de México; Misión Eclesial por la Paz; Delegación 
Ecuménica; Misión civil de observación (periodistas, politólogos, analistas y líderes de la sociedad 
civil), etc. 
15 Se instalaron campamentos civiles por la paz, planteados como “corredores de paz” por Don Samuel 
Ruiz, a partir del desplazamiento de miles de familias por el avance militar en la selva en 1995: 
“Cientos de hombres y mujeres se desplazaron a la selva y a los Altos, decenas de brigadas de lo más 
plural verificó con nosotros la destrucción y el terror que ocasionó la ofensiva. Representantes 
populares, intelectuales, amas de casa, miembros de iglesias, grupos ecologistas, artistas, grupos 
feministas, estudiantes, obreros, indígenas del país y de diversos países visitaron la zona en 
coordinación con Comisión Nacional de Intermediación CONAI, Coordinadora de Organismos no 
Gubernamentales por la Paz CONPAZ, Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas” 
CDHFBLC. Hombres y mujeres preocupados por la posible ruptura de la frágil paz entraron en 
contacto directo con las víctimas de esta agresión en la zona.” Archivo histórico de CONAI, Referencia 
5123001. 
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disfrute y garantía de los derechos individuales y colectivos, esa presión ha 
detenido la represión desbocada.16 
Hacia las organizaciones y comunidades indígenas la promoción y defensa de los 
derechos humanos permitió fomentar la denuncia por parte de las víctimas de la 
violencia política, algo que difícilmente se había realizado durante la década 
anterior.17 Sin embargo, el enfoque de los derechos individuales hizo que los 
organismos de derechos humanos dejaran de lado un enfoque de los derechos 
colectivos de los pueblos pero sobre todo, la reformulación que las organizaciones 
indígenas estaban elaborando en el campo de los derechos a partir de la etapa. 
De manera que las organizaciones de derechos humanos tendrían que recoger los 
aprendizajes del diálogo intercultural de los últimos años. Este tema será 
abordado en el apartado siguiente. 
Estos actores, viejos y nuevos, cada uno con sus propias estrategias, así como la 
propia estrategia del EZLN, dieron al conflicto armado de Chiapas características 
novedosas. 
 
16 En septiembre de 1996 la Red de derechos humanos “Todos los Derechos para Todos” dirigió una 
carta a la Gobiernos, Parlamentos y Organismos Multilaterales de la Unión Europea, para que la 
cláusula de derechos humanos en el acuerdo comercial que se firmó ese año se tomara en cuenta la 
situación de violaciones a los derechos humanos en México, denunciando la tortura como método de 
interrogatorio utilizado por los cuerpos policíacos, la intervención creciente del Ejército en asunto 
civiles, la expulsión de observadores internacionales, etc. Estas denuncias fueron llevadas ante la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ante la Comisión de Derechos Humanos de la 
ONU, solicitando la intervención de estos organismos en la situación de derechos humanos realizando 
visitas in loco a México. Como producto de estas gestiones, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos visitó México por vez primera en el mes de julio de 1996. El informe de la CIDH sobre la 
situación de los derechos humanos en México, las peticiones individuales sobre violaciones a 
derechos humanos, la solicitud de medidas cautelares en los casos de amenazas de muerte 
(particularmente a los defensores de derechos humanos y miembros de organizaciones civiles), fueron 
algunas de las actividades con que la CIDH dio seguimiento a su visita y que desarrollaría en los 
siguientes años. Durante los siguientes años, la Red impulsó la visita de diversos mecanismos de la 
ONU a México y a Chiapas: Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales Sumarias o Arbitrarias 
(1999), el Relator especial sobre la Tortura visitó México, el Relator de Independencia de Jueces y 
Abogados, Presidenta del Grupo Especial de Pueblos Indios; Grupo de Trabajo sobre Desapariciones 
Forzadas e Involuntarias; en 2000 la ONU abrió una oficina especial de derechos humanos en México. 
17 La denuncia de las violaciones a los derechos humanos provinieron de las iglesias; en Chiapas, 
como en otros estados con regiones indígenas con presencia de la iglesia católica progresista, se 
formaron las primeras agrupaciones defensoras de derechos humanos que crecieron y se multiplicaron 
en las décadas siguientes. 
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4. 
La contrainsurgencia: la estrategia de la violencia 
 
“El día 5 de enero de 1998 como a la una de la tarde, elementos del Ejército 
Federal entraron en Mitontic 21 camionetas, 2 camiones, y una tanqueta, 
avanzaron hasta en la colonia Belisario Domínguez Municipio de Chenalhó, de ahí 
bajaron en sus carros bien armados, después se dividieron en 2 grupos, luego 
avanzaron a pie un grupo avanzó hacia la comunidad de San José, cuando 
llegaron en la comunidad de San José, rápidamente rodearon y tomaron su 
posición de ataque, como 30 minutos después avanzaron más adelante otro grupo 
avanzó hacia la comunidad de la Revolución; pero el mismo tiempo cuando 
avanzaban, sobre volaba del helicóptero razante estaban avanzando en líneas de 
tiros, en la comunidad estuvieron como una hora y 30 minutos amenazando 
personas en el lugar. Cuando supieron la entrada del Ejército Federal rápidamente 
las comunidades cercanas, hombres, mujeres, niños, y ancianos se juntaron para 
impedir la entrada de los grupos del Ejército Federal que avanzaban rumbo a un 
cerro cerca del pueblo de Aldama (Magdalena). Cuando encontraron los soldados 
federales donde avanzaban, empezaron a decirle; que no permitan el paso, no 
necesitan la presencia de los soldados federales; judiciales, seguridad pública, 
PGR, etc. Le dijeron que regresen en sus cuarteles, después retrocedieron los 2 
grupos que habían avanzado hasta llegar en la colonia donde habían dejado sus 
carros, después subieron en sus carros fueron rumbo a Mitontic, pero los sobre 
vuelos de helicópteros, aviones del Ejército Federal continuaron.” 
Denuncia de las comunidades Belisario Domínguez, Niojoj, San José Fiú, Jolxic, 
San Antonio Caridad, Cotzilnam, Xuxch’en, Sac’lum, Atzamil, Santa Cruz 
Yabchivít, Magdalena, municipio de San Andrés, 5 de enero de 1998. 
 
El 19 diciembre de 1994 el EZLN rompió el cerco militar y declaró la creación de 
33 municipios autónomos en varias regiones del estado con lo que abrió una 
nueva etapa de su estrategia política. Esta estrategia política fue respondida en 
enero de 1995, con una nueva estrategia militar: el presidente Ernesto Zedillo 
acusó al EZLN de preparar un ataque armado y con eso justificó un avance militar 
en comunidades de los municipios de Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo, San 
Andrés y Simojovel. Fue la luz verde para una estrategia más unificada del 
Ejército, Procuraduría General de la República y las policías locales (Policía 
Judicial del Estado y Policía de Seguridad Pública), en la que el Ejército Mexicano 
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asumiría la dirección y la intervención en las