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La disputa teórica sobre las organizaciones civiles.
Un asunto político-ideológico
Manuel Canto Chac
Cuando se reflexiona sobre los referentes teóricos de las organiza-
ciones civiles (OCs), en el marco de la discusión sobre la sociedad
civil (SC), uno tiene la impresión de estar ubicado bajo la mirada de
una doble sospecha, por un lado la sospecha existente sobre la
teorización de la SC, que para algunos habrá que verla como un
correlato del discurso neoliberal tendiente a la minimización del
Estado y su sustitución por el mercado; pero aun para algunos de
entre aquellos que estarían dispuestos a liberar a la SC de tal sospe-
cha les puede surgir otra: sostendrán que el espacio civil ha preten-
dido ser monopolizado o hegemonizado por las organizaciones no
gubernamentales (ONGs) y que, en tal sentido, la SC es mucho más
que las ONGs. Otros más dirán que si bien es cierto que la SC es
mucho más que las ONGs, es una empresa válida realizar un análisis
específico de ellas y acordar un término para su tratamiento que
no sea el equívoco aunque difundido de ONGs.
Liberarse de la segunda sospecha puede ser relativamente
sencillo. En este aspecto específico de la disputa tomo partido por
la última opción con el fin de reflexionar sobre las ONGs mexicanas,
dejando totalmente en claro que con ello no supongo que éstas
sean igual a toda la SC, ni siquiera lo más importante de ella, más
aún, no todas ellas pueden ser ubicables en la sociedad civil.
Liberarse de la primera sospecha es bastante más difícil y a la
vez importante, puesto que la ubicación como SC es lo que estable-
ce a las OCs en el campo de lo político. No se puede aspirar a una
reflexión sobre el sentido político de la acción de las OCs, sin por lo
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menos dar cuenta de los principales planteamientos sobre la SC y
entonces derivar las consecuencias necesarias.
Pretendo con este trabajo sustentar que, siendo distinto el ni-
vel de abstracción en el que hay que ubicarse cuando se habla de SC
y OCs, cuando a éstas se les ubica en su dimensión política de fon-
do, necesariamente hay que tener en cuenta las vertientes teórico-
políticas de los enfoques sobre SC. En virtud de lo anterior es
necesario establecer, por un lado, los linderos de la discusión y, por
otro, los puentes que comunican uno y otro asunto, sin confundirlos.
Para lograr el propósito señalado en una primera parte haré
referencia a algunas dimensiones de la discusión actual sobre SC,
en la segunda haré lo propio con la teorización y generalizaciones
válidas de los estudios sobre OCs, en la tercera y última parte inten-
taré esclarecer linderos y puentes a manera de conclusión.
LA DISCUSIÓN SOBRE LA SOCIEDAD CIVIL
Pocos conceptos han sido tan recurrentes y de tan diverso significa-
do en la discusión contemporánea como el de SC. En torno a él se
agrupan furibundos detractores, así como entusiastas defensores.
Por mi parte, fiel al principio —válido para todos los aspectos de la
vida, pero más para las cuestiones políticas— de que no todo el que
te critica necesariamente te aniquila, ni todo el que te alaba necesa-
riamente te apoya, trataré de ver cuáles son las vertientes actual-
mente en juego sobre este tema. Veamos primero qué circunstancias
giran en torno a esta discusión y que nos explican varias de sus
connotaciones.
El derrumbe del socialismo. La caída del “socialismo real” ha
sido uno de los hechos que más ha cuestionado al pensamiento polí-
tico contemporáneo, para algunos fue el detonante decisivo de la
reflexión sobre SC: “La crisis radical de la plausibilidad (sic) de las
sociedades socialistas realmente existentes a lo largo del último tercio
de este siglo ha sido el estímulo fundamental para el retorno a la
tradición clásica de la teorización de la sociedad civil...” (Pérez-Díaz
1996: 23). Desde puntos de vista como estos la SC estaría siendo
una estación más en el viaje de retorno al mercado y al individuo;
para otros, en cambio, lo reivindicable por la teorización sobre socie-
dad civil no es el fin del socialismo, sino de su dimensión autoritaria.
51LA DISPUTA TEÓRICA SOBRE LAS ORGANIZACIONES CIVILES
La lucha contra el autoritarismo. “El sorprendente éxito históri-
co de la reactivación del concepto de sociedad civil [...] se debió a
su capacidad de anticipar, intelectualizar y converger en una nueva
estrategia reformista radical, evolucionista y dualista para la trans-
formación de regímenes dictatoriales, primero en el este de Euro-
pa e inmediatamente después en Latinoamérica. Esta estrategia se
basaba en la idea de autoorganización de la sociedad, en la recons-
trucción de vínculos sociales al margen del Estado autoritario y en
la apelación a una esfera pública independiente no mediatizada
por ningún Estado ni partido” (Arato 1996: 6).
La crítica a los resultados de la regulación estatal. La crisis del
llamado Estado de Bienestar en Europa levantó objetivas críticas a
sus deficiencias, pero fue la ocasión para que el conservadurismo
ajustara cuentas con todo el modelo y no sólo contra sus fallas, “el
neoconservadurismo está preocupado por la necesidad de redefinir los lími-
tes entre el Estado y la sociedad civil. Pretende rediferenciar las esferas muy
interdependientes de la vida política y social” (Keane 1992: 24). Con lo
que queda puesto un dique con la vuelta a la concepción liberal
entre SC y Estado, correspondiendo al dique que se quisiera cons-
truir entre vida social y práctica política.
La pérdida de centralidad de la clase obrera como sujeto “único”. Ya
en la década de los ochenta era claro que ninguna teoría del cam-
bio social podía seguirse pensando a partir de considerar a la clase
trabajadora como el sujeto único de la historia, aparecieron con
ello las teorías de los nuevos movimientos sociales que veían al
nuevo sujeto en las diversas manifestaciones de las minorías étnicas,
religiosas, en las acciones de aquellos que demandaban la preser-
vación del medio ambiente y la equidad de género. Lo cierto es
que el panorama actual de los actores políticos aparece como algo
sumamente fragmentado, por ello para algunos: “El recurso a la
sociedad civil sirve así para resolver en el ámbito de la teoría y resol-
ver de un solo golpe dos de las grandes deficiencias que asolan a
las relaciones entre sistema político y sociedad: la ausencia de un
sujeto unitario claramente delimitado y el déficit de integración
normativa. La sociedad civil constituiría así un subterfugio a partir
del cual la creciente diferenciación y fragmentación del sistema
democrático puede ser ‘representada’ dentro de una unidad so-
cial” (Vallespín 1996: 41)
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El cansancio ciudadano ante las formas institucionalizadas de la
política. Un último dato que no se nos puede escapar es que
crecientemente ha habido una especie de fatiga entre el ciudadano
común hacia las formas institucionalizadas de la política, el reducir
su práctica a la sola emisión del voto a favor de alguna de las alter-
nativas que se le presentan: “...la puesta en cuestión de la legitimi-
dad [en la década de los noventa] no se inspira en la aspiración a
otro modelo de sociedad. Resulta más bien de la insatisfacción en
las instituciones y sobre todo en el rechazo a los partidos y a los
personajes políticos” (Mény y Surel 2000: 157). Así la apelación a
la SC se convierte también en una demanda por nuevas formas y
nuevos espacios de participación para el ciudadano común que no
se identifica o no quiere extraviarse en el océano de las instituciones.
La búsqueda de superación de la democracia procedimental. Si bien
en la actualidad hay un predominio de la visión de la democracia
centrada en sus características formales (elecciones periódicas, res-
peto al sufragio, alternancia entre partidos), cada vez queda más
en claro que no puede haber una “democracia sustentable” si ésta no
es capaz de ofrecer respuestas a los ciudadanos también en lo econó-
mico y lo social. Por ello, algunos demandan al desarrollo teórico
sobre la SC “destruir amplios y permanentesmonopolios de privi-
legio, desarrollando una relación menos jerárquica y más compleja
entre los ciudadanos, mediada por los bienes que producen y dis-
tribuyen entre sí de acuerdo con criterios múltiples de justicia
distributiva [...] la idea democrática de igualdad compleja recono-
ce que el vacío entre ‘los que tienen’ y ‘los que no tienen’ sólo puede
eliminarse desarrollando mecanismos institucionales que distribu-
yan los diferentes bienes a diferentes personas, de maneras dife-
rentes y por razones diferentes” (Keane 1992: 31).
Este breve recorrido por algunos de los principales hechos de
nuestro tiempo que explican a la vez que tensionan los derroteros
que asume la teorización sobre la SC ha tenido varios propósitos,
uno de ellos es formularnos la interrogante: frente a las tensiones
generadas sobre el concepto de SC, que como vimos cada quien lo
ha jalado para el lado que le es más útil, ¿hacia dónde queremos,
desde nuestra situación, jalar a esta teoría? Hemos visto que ha
servido para impulsar actitudes proclives al mercado, para luchar
contra el autoritarismo, para desdeñar el papel del Estado, para lu-
char contra el autoritarismo, para demandar nuevos canales para
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la participación política de la ciudadanía y para generar consensos
sobre la equidad social. Me parece que antes de pretender acusar a
otros de los aparentes desvíos conceptuales lo significativo será
preguntarnos, al final de cuentas, ¿para qué queremos utilizar una
teoría de la SC? ¿Qué aspectos de los hechos que ocurren en nues-
tro país y ocurrirán en el futuro previsible nos demandan la recu-
peración de este concepto?
Los principales enfoques en la discusión teórica
Antes de intentar dar respuesta a las interrogantes anteriores, y
una vez que se hubiera podido dejar en claro la existencia de diver-
sos enfoques con distintas connotaciones sobre el término SC, pre-
sentaré los tres sentidos fundamentales de las teorías sobre este tema.
La sociedad civil liberal. Para este enfoque el mercado viene a
ser una de las condiciones básicas de existencia de la SC, entendien-
do por ella: “...un determinado tipo o carácter ideal de instituciones
sociopolíticas con cinco componentes: autoridad pública, imperio
de la ley, esfera pública, mercados y asociaciones voluntarias [...]
viene a ser una comunidad de individuos libres que definen y lle-
van adelante sus proyectos de vida, incluyendo sus quehaceres eco-
nómicos, sociales y culturales, coordinándose espontáneamente
unos con otros y sometiéndose a reglas de convivencia, bajo una
autoridad pública que han confiado a algunos de sus iguales y con-
ciudadanos...” (Pérez-Díaz 1996: 20, 21).
Lo que este enfoque pretende no es otra cosa sino la recupe-
ración, prácticamente en todo, de la visión liberal de la sociedad,
en la que hay una coordinación espontánea (el mercado) entre los
individuos que la conforman y que lo único que requieren para
mantenerse funcionando es el imperio de la ley, función práctica-
mente exclusiva atribuida al Estado, quien no debe de interferir
este orden espontáneo. Encuentra sus antecedentes en la Ilustra-
ción escocesa (Ferguson, Smith, Hume), para quienes lo civil se
identifica explícitamente como sociedad económica. En las condi-
ciones actuales este enfoque parte de una rígida separación entre
SC y Estado, donde incluso aquélla es presentada como “los límites
del Estado”. Algunos continuadores contemporáneos de este enfo-
que liberal definen a la SC como “aquella esfera de instituciones
autónomas, protegida por el Estado de derecho, dentro de la cual
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individuos y comunidades que poseen valores y credos divergentes
pueden convivir en paz” (John Gray, citado por Vallespín 1996). Como
se ve, en esta versión no hay espacio para la política desde la SC.
La sociedad civil como espacio de construcción de la normatividad
social. Los referentes teóricos de esta perspectiva tienen que ver
con una mezcla compleja de diversas vertientes. Por un lado, el
marxismo desarrollado en Europa del este, con una discusión más
centrada en el ámbito de la cultura, a diferencia del marxismo oc-
cidental más interesado por la dimensión política, muestra su in-
fluencia directa en los representantes más significativos de este
enfoque, Cohen y Arato (2000). Por otro lado, las prácticas políti-
cas de los movimientos sociales también europeo orientales, cuya
resistencia al “socialismo real” les llevó a una fuerte crítica a lo
estatal, pensando la política más en clave de “esfera pública” que
de relaciones de poder; con lo que la toma de distancia de lo civil
con respecto de lo gubernamental se convierte en un imperativo
de primer orden. Paralelo a lo anterior retoman las críticas que se
han formulado al Estado benefactor europeo. Esta corriente ha
adoptado la Teoría de la Acción Comunicativa de Habermas como
base fundamental.
Cohen y Arato, en su ya clásico Sociedad Civil y Teoría Política,
proponen una visión de SC: “como una esfera de interacción social
entre la economía y el Estado, compuesta ante todo de la esfera
íntima (en especial la familia), la esfera de las asociaciones (en es-
pecial las asociaciones voluntarias) y las formas de comunicación
pública. La sociedad civil moderna se crea por medio de formas de
autoconstitución y automovilización. Se institucionaliza y generali-
za mediante las leyes, y especialmente los derechos objetivos que
estabilizan la diferenciación social” (Cohen y Arato 2000: 8). Sus
acciones se dan “en torno a una noción de movimientos democrati-
zadores autolimitados que procuran extender y proteger espacios
tanto para la libertad negativa como para la libertad positiva y vol-
ver a crear las formas igualitarias de solidaridad sin obstaculizar la
autorregulación económica” (Cohen y Arato 2000: 36). La idea de
movimientos autolimitados, clave para la comprensión de esta pers-
pectiva, parte de la experiencia de los movimientos democratizadores
de Europa del este cuyas acciones “ya no están motivadas por pro-
yectos fundamentalistas cuyos objetivos eran suprimir la burocra-
cia, la racionalidad económica o la división social [...] justo la
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autolimitación de estos actores permite la continuación de su papel
social y de su influencia más allá de la fase constituyente y los pro-
yecta a la fase de lo constituido” (Cohen y Arato 2000: 35).
Estos autores, que tienen la indudable virtud de haber resca-
tado la política como una de las prácticas inherentes a la SC, ponen
el énfasis en la acción deliberativa en la esfera pública en orden a la
construcción de la normatividad social que reconozca y amplíe los
derechos ciudadanos. “Cohen y Arato —siguiendo explícitamente
a Habermas— llevan hasta sus últimas consecuencias la diferencia-
ción que el autor alemán establece entre ‘sistema’ y ‘mundo de la
vida’, reservando como el lugar propio de la sociedad civil este
último espacio regulado por la fuerza comunicativa de la compren-
sión social y la solidaridad” (Vallespín 1996: 49).
Si bien no resulta ajeno a su pensamiento la acción estratégica
(en cuanto a relaciones de intercambio político) de las organizacio-
nes de la SC, ubican su especificidad justamente en el ámbito de la
acción comunicativa: “en consecuencia, la primacía de la acción y
coordinación comunicativa en una vasta serie de instituciones re-
presenta el punto de partida que dota de unidad a la categoría de
sociedad civil” (Arato 1996: 10). Con lo cual la acción estratégica
quedaría tal vez relegada a un segundo orden de importancia. Ha-
bría que preguntarse si en un proceso de impulso de cambios, de
promoción de nuevas situaciones políticas (esto es: el momento
constituyente), la acción comunicativa y la estratégica deben ir o no
de la mano.
El énfasis en la dimensión política de la sociedad civil. Otro enfo-
que que si bien aún no se desarrolla sistemáticamente, parte de
una demanda fundamental hacia la teorización sobre la SC, supone
la diferenciaciónentre Estado y SC, pero rechaza, por despolitizante,
una contraposición entre ambos, planteando en cambio el análisis
de las múltiples formas como ambos se relacionan, siendo esto lo
que contribuye al avance de la democracia, “sociedad civil puede
considerarse como un agregado de instituciones cuyos miembros
participan en un conjunto de actividades no estatales —produc-
ción económica y cultural, vida doméstica y asociaciones de ayuda
mutua— y que aquí preservan y transforman su identidad ejercien-
do toda clase de presiones o controles sobre las instituciones del
Estado [...] sociedad civil y Estado deben de convertirse en condi-
ción de una democratización recíproca [...] La sociedad civil debe-
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ría convertirse en una espina clavada permanentemente en el flan-
co del poder político” (Keane 1992: 33, 35).
Para otros no se trataría solamente de una vigilancia perma-
nente del poder político, sino de una redefinición de fondo de las
relaciones entre ciudadanía y Estado, lo que no necesariamente
quiere decir repliegue de este último, sino una nueva forma de
ejercicio del gobierno (gobernación),1 para lo que se requiere tener
en cuenta las diversas formas de relación entre gobierno y sociedad.
la aparición de una “sociedad civil” autorregulada no va a significar
una disminución del poder del Estado, sino, muy al contrario, un
considerable aumento de su presencia en la sociedad [...] La teoría
de la sociedad civil liberal, por su parte, no ha dejado de insistir en
la gran capacidad de autoorganización de la sociedad, pero ha per-
dido de vista el papel del Estado en todo este proceso [y de] las
innumerables redes y mecanismos de interacción entre uno y otra
[...] la regulación deja de ser efectiva si no se incorpora a todos los
sectores afectados. Junto al sector público y privado están también
las organizaciones del “tercer sector” o sector voluntario, que —como
los grupos de autoayuda, las ONG o las cooperativas— acogen a todo
ese mundo plural, variado y disperso que no está estrictamente in-
formado por la realización de fines orientados al beneficio econó-
mico ni por la búsqueda de una dimensión público-estatal en sentido
estricto. Estado, mercado, negociación o cooperación, “tercer sector”
y las formas de interacción entre todos ellos, constituyen las bases de
la gobernación y definen un orden que rompe con la tradicional vi-
sión de la acción de gobierno... (Vallespín, 2000: 99, 131, 133).
De la breve síntesis anterior se siguen algunos asuntos que
explorar en la diversidad de enfoques sobre SC, que tienen que ver
no sólo con la delimitación teórico formal sino también con las
consecuencias para la actuación práctica que se siga de los plantea-
mientos teóricos. Propongo como punto de partida de estas re-
1 El término gobernación es utilizado en el mismo sentido que gobernancia, si
bien ambos son términos relativamente nuevos en su uso, tratan de dar cuenta de
la mayor participación de la ciudadanía y de la interacción gobierno-sociedad en la
generación del orden y en el cambio político, participación que de alguna manera
tiende a soslayar el término de gobernabilidad, mucho más frecuentemente utiliza-
do desde fines de los setenta.
57LA DISPUTA TEÓRICA SOBRE LAS ORGANIZACIONES CIVILES
flexiones asumir que la conceptualización contemporánea de SC,
incluyendo en la idea de contemporáneo la visión de futuro que se
tenga, está aún en proceso de construcción y que continuarla de-
pende de dar respuesta a diversos problemas. Entre los principales
considero los siguientes:
Sociedad civil y mercado. Por supuesto que es necesario tener en
cuenta la diferenciación entre lo teórico y lo histórico. En términos
históricos en el futuro previsible seguirá habiendo un predominio
del mercado, pero también históricamente hay que tener en cuenta
que han existido diversas relaciones del mercado con la sociedad y
con el Estado. Aún están presentes en la historia características para
nada periféricas de relaciones de mercado regulado y que no es
imposible, sobre todo de cara a los conflictos sociales de nuestra
época, que éstas emerjan bajo formas nuevas. A nivel teórico, lo
relevante es responder a la interrogante de si el mercado es condi-
ción sine qua non para la existencia de la SC. Para algunos sí lo es,
pero tal vez se pueda estar de acuerdo en que el concepto de SC
es previo al de mercado. Diversos estudios ubican los orígenes del
concepto en la antigüedad grecorromana y ponen en claro su uso
en la teoría política medieval. Frente a ello se podrá decir que ese
concepto no corresponde al sentido que asumió en el pensamiento
liberal. Dándoles la razón a quienes hicieran esta objeción, habría
que añadir que seguramente la idea de SC que ahora requerimos,
en una sociedad posliberal, requiere de muchos afluentes y no sólo
liberal. Esclarecer ese tipo de temas tiene a su vez importantes con-
secuencias prácticas, la principal de ellas es que fuerza a tomar una
posición sobre el mercado, sin refugiarse en el argumento de que
por “mucho tiempo más lo tendremos”. A pesar de ello hay que res-
ponder desde una teoría contemporánea de SC cómo queremos que
sea la relación entre mercado, Estado y sociedad y, en algunos ca-
sos, hasta decir cómo se quiere ir construyendo su superación.
Sociedad civil y Estado. Ya hemos visto la intención por algunos
atribuida a quienes se ubican actualmente en un enfoque liberal de
SC de establecer un dique entre Estado-sociedad civil, correspon-
diente al dique entre lo político y lo social. Las diversas posiciones
están de acuerdo en que hay una distinción básica, pero que no
necesariamente se les debe considerar como elementos contrapues-
tos y sin puntos de contacto entre una y otro. Incluso la función
crítica que se le atribuye a la SC con respecto al Estado no implica
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una noción de suma cero donde lo que obtiene una lo pierde el
otro. Estado “fuerte” no está reñido con sociedad civil “fuerte”. Si
esto pudiera ser así, entonces lo relevante es esclarecer la multipli-
cidad de formas de relación entre ambos, ubicadas no sólo en el
asunto de la legitimidad de origen de la autoridad, sino también
en el ejercicio de gobierno, en sus cursos de acción y en la relación
con éstos de la sociedad, es decir, en las políticas públicas, frente a
las cuales a la SC no sólo podría corresponderle su vigilancia, sino
la intervención en su diseño y aun en su ejecución.
Sociedad civil y política. El esclarecimiento de los puntos ante-
riores nos conduce a la reflexión sobre la acción política desde la
SC. Se está de acuerdo en que las organizaciones que se ubican en
la SC no son organizaciones especializadas, en el sentido weberiano,
para la consecución del poder político, ni para la representación
profesional del conjunto de la ciudadanía. Siendo esto así, resulta
necesario preguntarse si a la SC le corresponde una práctica políti-
ca vinculante o si sólo es un referente que le confiere identidad a
las demandas de participación y, en consecuencia, preguntarse ¿cuál
es la especificidad de la acción política desde la SC?
Sociedad civil y democracia. Hay un reconocimiento contempo-
ráneo de que una característica inherente a la política es la demo-
cracia. Junto con ello hay un reconocimiento de que en sus formas
actuales ha conducido a una “fatiga civil” en la que el ciudadano
común se siente rebasado por las instituciones e impotente para
intervenir eficazmente. Se está de acuerdo en que a la SC le corres-
ponde pugnar por la ampliación de la democracia abriendo espa-
cios y formas nuevas de intervención de la ciudadanía, tanto por el
convencimiento al público sobre la necesaria ampliación de los
derechos ciudadanos —a través de la acción comunicativa— como
también por medio de acciones que conduzcan y fuercen el recono-
cimiento de esos derechos, lo que demanda una acción estratégica.
Sin embargo, en algunas posiciones prevalece la actitud de
minusvaloración del momento estratégico, sobredimensionando el
comunicativo, como si lo que se quisierahacer es “asediar la forta-
leza a condición de nunca tomarla”.
Sociedad civil y consenso. Las luchas contra los autoritarismos en
las décadas de los ochenta y noventa generaron la necesidad de con-
senso en torno de planteamientos “autolimitados” que veían la posi-
bilidad de coincidir en la demanda de democracia electoral, como
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un primer paso en la obtención de la democracia más amplia, tanto
en lo económico como en lo social, con el consecuente control sobre
el poder político. Sin embargo, una vez conquistado el objetivo de la
democracia electoral, la posibilidad de los acuerdos amplios se eclipsó
y aún en aquellos países en donde el término SC fue convocante para
esos acuerdos ya nadie se ocupa mucho de reivindicarla y menos aún
de concertar un programa “autolimitado” sobre lo económico y lo
social. Habría que preguntarse si ello se debe a la dificultad de llegar
a acuerdos sustanciales, a la falta de previsión y de “anclajes” pre-
vios, o tal vez a la falta de referentes, una vez eclipsados los plantea-
mientos éticos, para construir acuerdos más allá de las formas de la
democracia. Algunos creen que estos referentes se podrían encon-
trar en una concepción integral de los derechos humanos, basándo-
se en las convenciones suscritas entre los diversos estados,
universalizando así no sólo los derechos civiles y políticos, sino tam-
bién los económicos, sociales y culturales. Lo cierto es que, tal vez
para escasa fortuna de la SC, va creciendo el convencimiento de que
los procedimientos democráticos no serán sostenibles por más tiem-
po si los ciudadanos (en particular los que viven la pobreza cotidiana
y la inequidad) no encuentran respuesta a sus demandas económi-
cas y sociales, de tal suerte que ello les permita ver que tiene sentido
dirimir sus conflictos a través de las instituciones democráticas.
LA DISCUSIÓN SOBRE LAS ORGANIZACIONES CIVILES (OCS)
Si bien persisten diversos debates sobre el enfoque de análisis de
las OC, las diferencias y las pugnas político-ideológicas aparecen
desde el momento mismo de darle un término al fenómeno referido
a través de múltiples expresiones. Organizaciones sin fines de lucro,
tercer sector, organismos filantrópicos, organizaciones no gubernamentales,
organizaciones civiles son sólo algunos de los múltiples términos utili-
zados. No pretendo ahora realizar un análisis de las implicaciones
y pertinencia de cada uno de estos términos, esto ya lo he realizado
en otro trabajo (Canto, 1998), más bien mi objetivo es priorizar
algunos de ellos con el fin de ver cuáles son los enfoques actual-
mente predominantes, refiriéndolos al caso mexicano y a los enfo-
ques sobre SC, sin pretender una correspondencia uno a uno con
los enfoques que presenté en la primera parte de este trabajo.
60 MANUEL CANTO CHAC
Para abordar los temas señalados es necesario partir de una
definición sobre lo que entenderé por OCs. Propongo entonces que
por OCs ha de entenderse: la organización libre, en este sentido
voluntaria, de ciudadanos, que a partir de la identificación sobre
campos específicos de la vida social realizan acciones tendientes al
bienestar colectivo, para lo cual pretenden influir en las decisiones
públicas y en su normatividad. Son agrupamientos estables, orga-
nizados, con una estructura de relaciones, con reglas de funciona-
miento, con objetivos relativamente estables, que tienden a
profesionalizar las acciones que realizan y que, en la mayoría de los
casos, cuentan con personalidad jurídica.
Esta definición sirve, a la vez, para establecer los linderos entre
OC y SC, partiendo del supuesto ya explicitado al inicio de que de
ninguna manera se pretende ni una identificación entre ambos con-
ceptos ni una centralidad de las OCs en el espacio de la SC, evidente-
mente sí una relación entre ambas categorías. Si la primera parte de
la definición podría expresar el género próximo de las OCs, y en
ese sentido ser una característica compartida con los demás tipos
de organizaciones y movimientos que participen o se identifiquen
en la esfera de la SC, la segunda parte de la misma enuncia su dife-
rencia específica. Opto por la denominación OC porque me parece
que es la que presenta menos restricciones a la hora de dar cuentas
de sus especificidades, compartiendo a la vez un acuerdo en proce-
so de ampliación entre varios analistas en América Latina.
Pero decía ya que el acuerdo sobre el término más adecuado
implica una disputa político ideológica. En México coexisten tres
tendencias, que plantean sus propuestas de lo que debieran ser
estas organizaciones. Simplificando, propondré tres términos, ubi-
cándolos en las circunstancias actuales en las que se desempeñan
en el país, sus referentes históricos y teóricos y los debates concre-
tos que suscitan.
Las Organizaciones Civiles como Tercer Sector. Sin lugar a duda,
esta posición tiene como referente fundamental a las organizacio-
nes que se reconocen a sí mismas como filantrópicas, sin fines de
lucro o como tercer sector y que en no pocos casos asumen la figura
jurídica de Instituciones de Asistencia Privada. Es frecuente que en
el origen de estas organizaciones se encuentran empresas o grupos
empresariales no obstante la escasa cultura de la donación y de la
acción filantrópica que aún predomina entre los empresarios mexi-
61LA DISPUTA TEÓRICA SOBRE LAS ORGANIZACIONES CIVILES
canos. Estas organizaciones suelen ser criticadas por sus posiciones
asistencialistas, entendidas éstas como la realización de acciones ha-
cia las personas vulnerables o socialmente desaventajadas, que las
vuelve dependientes de la ayuda recibida y que por ello no se pro-
picia su conformación como actores sociales. Por su parte, algunas
de estas organizaciones critican a otras, que se asumen como civi-
les, su exceso de politización e ideologización, lo cual sería visto
como la perversión de lo civil, así como —desde este punto de
vista— sus escasos resultados prácticos.
Mucho más cercanas al mundo empresarial que al guberna-
mental, pese a la idea de equidistancia en tanto que “tercer sector”,
suelen ser más proclives al mercado y a incorporar en sus prácticas
organizacionales modelos provenientes de la empresa privada, lo
que a su vez les permite reivindicar el discurso de la eficiencia.
El referente histórico de este modelo y este enfoque de lo que
debieran ser las OCs es la práctica existente en los países anglosajones.
En ellos las OCs reposan básicamente sobre el voluntariado, funda-
das en una larga tradición individualista y puritana que enfatiza la
iniciativa privada en la caridad. Las organizaciones suelen relacio-
narse a través de federaciones sea por su pertenencia ideológica, o
sea, por su sector de actividad, en algunos casos existe una instan-
cia que regula al conjunto de organizaciones, estableciendo nor-
mas de comportamiento, códigos éticos para la autorregulación,
sus recursos los obtienen de diversas fuentes, sea por contrato con
el gobierno o por donaciones de las empresas mercantiles. Este mo-
delo correspondería a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Ir-
landa (Archambault 1999; Ascoli y Pavolini 1999).
En la base de este modelo está también la concepción que se
tiene de la política social, siendo el predominante en esos países el
llamado liberal residual, este modelo supuso que el mercado ten-
dría la capacidad para satisfacer las necesidades de familias e indi-
viduos y que, por tanto, la protección social debiera dirigirse a
aquellos casos con limitaciones objetivas para incorporarse al mer-
cado, previa demostración de la necesidad de recibir apoyos (Esping-
Andersen 1999); en su vertiente latinoamericana se tradujo en las
políticas compensatorias de los costos sociales del ajuste económi-
co; en ambos casos este modelo encontró sus límites en su escasa
capacidad para hacer frente al crecimiento de la pobreza, así como
en las rigideces para incrementar los recursos destinados a comba-
62 MANUEL CANTO CHAC
tirla y, crecientemente en el potencialconflictivo de sus estrategias
de focalización, centrada más bien en una perspectiva de compen-
sación de las diferencias sociales.
Los referentes conceptuales de este enfoque están vinculados
básicamente a la producción del extenso programa sobre organiza-
ciones no lucrativas de la Johns Hopkins University, el que define a
las organizaciones sin fines de lucro a partir de cinco características
básicas: “Formales, institucionalizadas en algún grado [...] Priva-
das, institucionalmente separadas del gobierno [...] No lucrativas,
no distribuyen las ganancias generadas entre sus dueños o directo-
res [...] Autogobernadas, diseñadas para controlar sus actividades
[...] Voluntarias, que involucran algún grado significativo de parti-
cipación voluntaria, ya sea en la conducta real de las actividades de
la agencia o en la administración de sus asuntos” (Salamon y Anheir,
1995: 14).
En la perspectiva sociológica que asumen se ubican en el en-
torno como factores importantes de coordinación social y política
por los vínculos y redes que desarrollan con las elites con prestigio,
recursos y poder (Salamon y Anheir, 1997) las que de alguna ma-
nera están presentes en las actividades de estas organizaciones, sea
en sus consejos directivos, como proveedores o procuradores de
recursos, o en el trabajo voluntario en la prestación directa de ser-
vicios. Podría decirse que más que asumir una estrategia política,
son conscientes del peso económico y hasta político que les dan sus
vínculos con las elites.
Por otro lado, si bien esta perspectiva tiene un enfoque de
ciudadanía, parece que éste se ubica en la idea del ciudadano res-
ponsable, activo, en el sentido que no demanda derechos sociales
del gobierno que, desde esta perspectiva, lo convertirían en objeto
pasivo de su acción (Kimlyca 1995), y que sería compatible con la
idea de ciudadano-cliente, a través de la cual el ciudadano es un
cliente, que paga (impuestos) por los servicios que recibe del go-
bierno (bienes públicos), el cual debe en consecuencia actuar con el
criterio de su “satisfacción total” (OCDE 1997).
Tal vez por todo lo anterior sea éste cada vez más un modelo
atractivo para los organismos financieros multilaterales que verían
en el tercer sector una posibilidad de sustitución de algunas fun-
ciones sociales muy específicas que actualmente realizan los go-
biernos, en aras de una mayor eficiencia de acuerdo con sus
63LA DISPUTA TEÓRICA SOBRE LAS ORGANIZACIONES CIVILES
parámetros, lo que constituiría el paso siguiente al ajuste estructu-
ral de la economía. Para algunos analistas, el tercer sector resulta la
fórmula más compatible con la reestructuración económica, toda
vez que contribuye a la reducción de las funciones públicas de los
gobiernos, al asumir supletoriamente ámbitos de acción que en otros
momentos fueran de responsabilidad gubernamental.
En la perspectiva gubernamental en México, estas organiza-
ciones parecen representar ventajas comparativas toda vez que esta-
rían más dispuestas a participar como ejecutoras de proyectos
elaborados por el propio gobierno y delegados a las OCs. Llama la
atención como en el pasado reciente hubo muchos intentos en di-
versos estados de la República de regular a las OCs con los parámetros
de las leyes de las Instituciones de Asistencia Privada (Reygadas
1999) que, como se sabe, la legislación correspondiente no es de
materia federal sino de los congresos locales. Así como la predilec-
ción de Ernesto Zedillo y otros funcionarios del, hasta hace poco,
“partido oficial” de ubicar a las organizaciones que responden a es-
tas características como interlocutoras casi únicas. Tal vez una de las
principales ventajas comparativas que este enfoque tenga para el
ámbito gubernamental sea el del rechazo a la politización de las OCs.
No habría que olvidar que este estilo de trabajo podría ser
más compatible con el desarrollo de políticas sociales compensa-
torias, como las que se han puesto en práctica con mayor nitidez en
los programas desarrollados en el sexenio 1994-2000 y que el pro-
pio discurso y práctica del Jefe del Ejecutivo para el período del
2000-2006 apuntan también en este sentido.
Las Organizaciones no Gubernamentales. El término de organis-
mo no gubernamental fue originalmente acuñado en las Naciones
Unidas para dar cuenta de todas aquellas representaciones de or-
ganismos humanitarios, cada vez más importantes en la escena in-
ternacional, que acudían en representación de sí mismos y no de
algún Estado. Si bien todo esto es bastante conocido, me pareció
oportuno recordarlo porque creo que estas experiencias históricas
explican de manera bastante clara las características de las OCs que
puedan responder a este segundo enfoque.
Básicamente ubico en él a las organizaciones de defensa y pro-
moción de los derechos humanos. Las propias características de
este ámbito de acción generan que sus conflictos con los gobiernos
tiendan a ser más frecuentes y que sus requerimientos de amplia-
64 MANUEL CANTO CHAC
ción del Estado de derecho los lleven a poner un énfasis especial en
la generación de nuevas leyes, en la vigilancia de su cumplimiento
y en la denuncia internacional de los casos de violación de los dere-
chos. De esta manera, contraposición con lo gubernamental y én-
fasis en la legislación es lo que haría pensar que estas organizaciones
fueran más proclives al segundo enfoque sobre SC, presentado en
la primera parte de este trabajo.
Sin embargo, en el caso mexicano, y tal vez en América Latina,
sea bastante difícil encontrar un actor civil específico en el que se
aterricen estos planteamientos o de los cuales quienes formulan esta
propuesta sean sus “intelectuales orgánicos.” Es una corriente teóri-
ca por ahora en búsqueda de interlocución con las diversas formas
de actuación civil. Pero que sin pecar de pesimista creo que podrían
encontrar algunos obstáculos, entre ellos la predominancia entre las
organizaciones de derechos humanos de una perspectiva de SC en
clave gramsciana, que se conciben en una lucha contrahegemónica
y en una guerra de posiciones frente al Estado autoritario.
Otro tipo de organizaciones que por su propio quehacer po-
drían ser proclives al discurso de SC centrado en la acción comuni-
cativa son aquellas que se desempeñan en el campo de la educación
ciudadana, por sus actividades de promoción de derechos políticos
y su consecuente vigilancia de su respeto en los procesos electora-
les. Sin embargo, tal vez un obstáculo principal esté dado por la
dificultad de encontrar linderos claros entre la práctica política,
que corresponda a la OC y su tentación de saltar al terreno de la
representación, correspondiente a los partidos políticos, ocasión
que se presenta toda vez que las OCs se convierten en un espacio de
posicionamiento político y de vía de acceso a la representación elec-
toral o al funcionariado gubernamental. Desde luego esta situa-
ción no es generalizable, pero sí hay suficientes experiencias en
América Latina como para que se pueda hablar de una tendencia.
Además de que la defensa de los derechos humanos sea oca-
sión para confrontaciones con el gobierno, lo que lleva a la vez a
estas organizaciones a poner el énfasis en su carácter no guberna-
mental y a preferir influir en las leyes que en las políticas públicas,
un hecho que de unos años a la fecha explica su posicionamiento
frente a los estados es la mayor presencia que han adquirido en
la sociedad internacional y los desafíos que desde ella plantean a la
manera como hasta ahora se ha entendido la soberanía de los esta-
65LA DISPUTA TEÓRICA SOBRE LAS ORGANIZACIONES CIVILES
dos nacionales: “a lo largo de la últimas décadas ha comenzado a
cobrar cuerpo una amplia coalición de ONG e importantes sectores
de la ‘sociedad civil global’ favorable al respeto a todo el cuerpo de
derechos humanos por la comunidad internacional [...] desde la
aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
han proliferado —dentro del marco general de la ONU— los conve-
nios y acuerdos internacionaleshasta instituir un verdadero ‘régi-
men global de derechos humanos’ [sin embargo] estamos todavía
lejos de haber encontrado un adecuado ajuste entre el principio de
soberanía nacional y las exigentes demandas de un pleno respeto a
los derechos humanos. Sobre este punto de tensión entre el particu-
larismo de los Estados y el universalismo que reclama el actual de-
sarrollo de la conciencia moral pivotará uno de los grandes conflictos
del futuro” (Vallespín, 2000: 88, 89).
La presencia de estas organizaciones en el medio internacio-
nal los convertiría para algunos en nuevos global players2 y como
tales en actores de una nueva gobernación, entendida ésta como “la
capacidad de realizar valores sociales en el ámbito global sin pre-
sión legal y sin las instituciones estatales encargadas de aplicar el
derecho” (Lubbers 1999), aunque también habría que añadir que
la creación de mecanismos de justicialidad a nivel internacional es
una tendencia nada despreciable.
Resulta entonces que las características de la trayectoria de las
OCs que he venido comentando en este apartado nos explican la
importancia de la afirmación de su identidad centrada en ser ONG,
si bien con ello no implica que no reconozcan un carácter político a
su actuación, sí matiza la forma concreta que éste adquiere, centra-
do más en la observancia y generación de nueva normatividad que
en la participación en el diseño o ejecución de políticas públicas,
lo que a la vez lleva a que existan algunas diferencias prácticas
con aquellas que se identifican más como OCs, aunque esto no
alcanza a negar las múltiples afinidades que suelen existir entra
ambas identidades.
La Organizaciones Civiles. La tercera propuesta es aquella que
tiene como referente la actuación de las OCs que tienen como pre-
tensión crear capacidades que conviertan a sus destinatarios en su-
2 La idea que algunos pretenden es que las ONGs se estarían convirtiendo en
nuevos jugadores de la arena internacional, con sus intereses y su peso específico.
66 MANUEL CANTO CHAC
jetos sociales, es decir: ubican su actuación en el desarrollo social
como un mecanismo para generar capacidades organizativas en los
sectores populares que les permita entrar en el juego del intercam-
bio político.
El referente histórico de esta perspectiva se ubica en las prác-
ticas que han desarrollado las OCs en Centro y Sudamérica en una
perspectiva de construcción de la democracia y de superación de la
exclusión social, sin embargo: “Cuando los procesos de democrati-
zación desplazaron a los autoritarismos, el papel jugado por las
OSC les valió un espacio en la reconstrucción del gobierno, pero
que frecuentemente les hizo olvidar su especificidad como OSC. El
periodo de transición se caracterizó por un control de la demanda
social que inhibió la participación más allá del ámbito electoral. En
este sentido las ONG, al verse compelidos a preocuparse de modo
preferente de la gestión de programas estatales, vieron debilitados
sus vínculos con esos actores [las organizaciones de base]. Al mis-
mo tiempo, los lazos con actores como empresarios, universidades
y otros, han experimentado hasta ahora un lento desarrollo” (De
La Maza 1993: 42).
Esta situación llevó a poner el acento en la especificidad de
las OCs en la relación con los gobiernos, en la cual, por los vínculos
existentes a través de la cooperación internacional, han recibido
las interpelaciones provenientes del mundo desarrollado, en par-
ticular el modelo renano o corporatista. Se corresponde a países con
estados de bienestar corporativistas, en ellos las OCs son bastante
fuertes, frecuentemente antiguas, bastante profesionalizadas y con
menor importancia del voluntariado; frecuentemente se integran
en el modelo de Estado providencia asumiendo un carácter de cua-
si públicas, son financiadas esencialmente por el gobierno y la se-
guridad social, con una fuerte presencia de las iglesias católica y
protestantes. Este modelo corresponde a Alemania, Austria, Suiza,
Bélgica y los Países Bajos (Archambault 1999; Ascoli y Pavolini 1999).
Por supuesto que las características que adquirió la relación de las
OCs con los gobiernos en estos países están en correspondencia con
el modelo de política social ahí vigente que es el de la seguridad
social centrada en el trabajo. Este modelo suponía que asegurando
el ingreso de la familia, más en particular del “jefe” de familia, ésta
podría hacerse cargo de su bienestar, para lo cual generó un siste-
ma de regulaciones a la contratación y a los despidos, con lo que a
67LA DISPUTA TEÓRICA SOBRE LAS ORGANIZACIONES CIVILES
través del empleo se tenía el acceso a la seguridad social (Esping-
Andersen 1999). Este modelo encontró sus límites cuando la rees-
tructuración tecnológica que se operó volvió incompatibles a los
mercados con las rigideces laborales a las que daba lugar.
La demanda política fundamental de las OCs que se ubican en
este tercer enfoque es la de la participación en las políticas públi-
cas, no sólo como ejecutantes de los proyectos gubernamentalmente
definidos, sino pretendiendo una participación en todo el ciclo de
las políticas. “Consideramos que debe de quedar atrás la idea y el
hecho de que los sectores no gubernamentales sólo participen en
la ejecución de las políticas públicas, dejando que el gobierno sea
quien decida todo el proceso de las mismas. Creemos que las orga-
nizaciones civiles, por su experiencia y profesionalismo, tienen
mucho que aportar en la agenda, diseño, ejecución y evaluación de
las políticas públicas” (Red de Redes 1997).
Esta perspectiva, si bien alcanza a construir vínculos de diálo-
go con actores gubernamentales no deja de ser vista con descon-
fianza, incluso por los gobiernos “democratizadores” toda vez que
implica un cuestionamiento del monopolio de las decisiones que los
funcionarios públicos se sienten llamados a ejercer. Desde otros sec-
tores civiles se ve con cierto temor estos planteamientos toda vez
que se les atribuye el riesgo del colaboracionismo y la absorción
por lo gubernamental toda vez que se supone desempeñarían un
papel de suplencia del gobierno en cuanto a sus responsabilida-
des públicas. “En esta situación, es el Estado el que determina los
programas, las perspectivas y los sistemas operativos, acabando a
menudo con cualquier carácter voluntario que tuviera el origen de
las organizaciones, adaptándolas a los requisitos de su agenda ofi-
cial” (Saxby 1998: 83).
Frente a esta objeción esta perspectiva de OCs enfatiza que su
acción no pretende suplir la responsabilidad gubernamental sino
por lo contrario ampliarla, toda vez que su actuación implica a
través de la socialización del resultado de sus acciones el crecimiento
de la demanda de nuevas responsabilidades públicas, ya sea por la
atención a nuevos problemas (como el del Sida), a nuevos sujetos
(los grupos étnicos) o a través de experimentar nuevos modelos de
intervención social (como los métodos participativos).
Pretenden tanto la institucionalización de nuevas formas de
intervención de la iniciativa social en la atención de las necesida-
68 MANUEL CANTO CHAC
des sociales, como la modificación de los procedimientos de la ad-
ministración pública de tal suerte que sea capaz de asumir “la pro-
ductividad de la sociedad civil”.
Se puede decir que si bien tienden a priorizar su actuación en
el campo de las políticas, ello se da en un entorno de intervención
en el debate y en la práctica de transformación de la política, ten-
dientes a la generación de una cultura cívica, ubicada en el terreno
de lo político, en la que los distintos sujetos sociales demanden
intervenir en las decisiones públicas.
Los temas de discusión
En la actualidad hay diversos temas importantes en las orientacio-
nes prácticas de las OCs que apelan a procesos de profundización
teórica, mismas que se encuentran en curso en diversos ámbitos
del mundo. El que esto sea así es importante sobre todo teniendo
en cuenta que según algunos estaría en curso un proceso de con-
vergencia de las características y problemáticasa las que hacen frente
las OCs (Ascoli y Pavolini 1999), como parte del proceso de
globalización. Considero que entre estos temas se encuentran los
siguientes:
La estructuración interna de las OCs. La demanda de mayor efi-
cacia hacia las OCs incide directamente sobre sus requerimientos
organizacionales, tematizados en el todavía ambiguo concepto de
fortalecimiento institucional; en algunos casos esta idea ha ido aso-
ciada a la de la introducción de principios y mecanismos prove-
nientes del managment empresarial, algunos de los cuales tendrían
que ver con la distinción cada vez más marcada entre la función
directiva, ubicada en el personal voluntario (no retribuido) de las
organizaciones y la función ejecutiva o de prestación de servicios
realizada por el personal profesionalizado, crecientemente a tiem-
po completo. Tendría que ver también con la demanda de intro-
ducción de ciertas metodologías como la planeación estratégica o
el desarrollo de indicadores de impacto de los proyectos desarro-
llados. Sin pretender que la introducción de estos principios e ins-
trumentos sea en sí misma negativa, tal vez lo que sí se precise sea
la discusión de los efectos que tendría su práctica sin pasar por la
adaptación a las especificidades de las OCs, ya en el pasado reciente
se ha llamado la atención sobre los efectos de la incorporación
69LA DISPUTA TEÓRICA SOBRE LAS ORGANIZACIONES CIVILES
acrítica de estos mecanismos a la administración pública (Kliksberg
1993). Algo similar podría estar ocurriendo con las OCs por el im-
pulso de estas demandas, ya sea por parte de los gobiernos o de las
agencias de cooperación internacional.
El financiamiento. Un asunto recurrente en las OCs pero que
hasta ahora, salvo excepciones, no se ventila abiertamente es el del
financiamiento, ya sea a través de las modalidades de subvención o
contrato en los países desarrollados, o el asunto de la cooperación
internacional en el tercer mundo. Lo cierto es que a través de estas
vías hay procesos en curso que pretenden incidir tanto en la
estructuración interna como en la orientación de las acciones de
las OCs, que en muchos casos han visto sucumbir sus planteamientos
en orden a la obtención de recursos, ya sea por lo limitado de los
objetivos sobre los cuales se construyen los acuerdos, por los meca-
nismos de control que se siguen ante el establecimiento de reglas y
procedimientos que incluso alteran la lógica de funcionamiento de
las OCs tendiendo a convertirlas más bien en consultoras (Ascoli y
Pavolini 1999) o por la falta de procesos de diálogo de fondo en
una perspectiva de contratos entre iguales con las agencias de co-
operación (De León 2000).
La relación entre OCs y gobiernos. Tal vez en la actualidad éste sea
uno de los problemas más difíciles y con múltiples aristas que le
dan una elevada complejidad. Por un lado, hay que tener en cuenta
que este aspecto no se puede considerar como una variable inde-
pendiente, está en función de las lógicas desde las cuales se dise-
ñan las políticas, más directamente la política social, en la medida
en que en América Latina, pero también en buena parte del mun-
do, se van extendiendo las políticas herederas del modelo Liberal
Residual norteamericano, con una hegemonía de lo privado en ese
campo (empresarial o sin fines de lucro), las posibilidades alterna-
tivas no son muchas, salvo que se generen procesos de deliberación
y de presión política que apunten hacia otras modalidades y que
permitan resolver de maneras inéditas dilemas tales como si las
OCs están llamadas a convertirse sólo en ejecutoras de las políticas
y programas diseñados desde los gobiernos o si pueden también
participar en el diseño y ejecución de las mismas, lo cual implica
pasar de una relación tutelar a otra contractual con los gobiernos.
La participación de las OCs en la política. Sabiendo que no es el
ámbito de la representación el que corresponde a las OCs es inne-
70 MANUEL CANTO CHAC
gable que pueden alcanzar a tener una importante participación
en esta esfera, por medio de la educación y la información, de la
generación de consensos en torno de temas relevantes para el con-
junto de la sociedad, de la experimentación de nuevas modalida-
des para dar respuesta a las demandas sociales y por medio del
diseño de estrategias para la efectividad en el alcance de objetivos.
Esta efectividad a la vez reclama del desarrollo de capacidades téc-
nicas, políticas y organizativas (Canto 2000) que rebasan el ámbito
de cada organización en particular y que requieren, al igual que la
interlocución con los gobiernos, de formas asociativas entre las pro-
pias OCs, lo que de unos años a la fecha se ha realizado a través de
la constitución de redes que pretenden superar las restricciones
que impone el tamaño de escala de cada organización. Sin embar-
go sabemos también que la capacidad de las OCs, en todos los paí-
ses, es sumamente acotada y así tiene que ser, no se podría suponer
que intervengan en la definición de todos los ámbitos de la vida
social sustituyendo de hecho a la ciudadanía, su influencia tiene
que ser en campos acotados en donde su experiencia las convierta
en actor fundamental. Para algunos será un nuevo nivel de la de-
mocracia, la “democracia sectorial” (Vallespín 2000). Para otros
menos entusiastas, aunque tal vez más realistas, dirán que el cam-
po que les corresponde es el de la intervención en aspectos especí-
ficos de la vida cotidiana, no en las grandes decisiones, sino en la
“política pequeña” (Guiddens 1999).
La legitimidad de las OCs. En México, como en América Latina y
Europa, en el surgimiento de las OCs jugó un papel fundamental la
Iglesia católica (así como otras iglesias en algunos de los países
europeos). Desde la década de los setenta se inició un proceso de
secularización de las OCs de origen eclesial, tratando de legitimar
su actuación en un discurso civil, consonante pero independiente
del discurso eclesial (en lo que jugó un papel fundamental la teolo-
gía de la liberación). La continuidad del proceso de secularización
hizo depender cada vez más el discurso de las OCs de los avatares
del discurso civil. Ante la caída de paradigmas y sistemas la legiti-
midad de las OCs se encuentra frente a una dificultad adicional,
tanto las organizaciones económicas como las políticas pueden
legitimarse apelando a un discurso autorreferido a sus campos de
especialización: la obtención de ganancias y la obtención del po-
der, respectivamente. ¿Con base en qué referentes puede legitimarse
71LA DISPUTA TEÓRICA SOBRE LAS ORGANIZACIONES CIVILES
la actuación de las OCs? Sin duda que éste tendrá que estar referido
a una ética civil, aún en proceso de conformación, y que la plurali-
dad actual hace ver con ojos de pesimismo. Aunque también sabe-
mos que este reto es compartido por todos aquellos que ubican sus
objetivos —y en algunos casos sus esperanzas— en lógicas que van
más allá de la ganancia y del poder, reto actual de la justicia y la
equidad y que está al centro de la construcción de la sociedad civil
contemporánea.
CONCLUSIONES
Podemos decir que en la disputa entre estas diversas posiciones el
concepto de sociedad civil juega el papel de referente que confiere
identidad a todas aquellas formas de agregación social que preten-
den construir un nuevo orden político y una nueva relación gobier-
no-sociedad, pero que la identidad (en lo político, es decir, en cuanto
a valores y símbolos) no conduce necesariamente a la estrategia (en
la política, en el espacio de confrontación e intercambio de poder).
Ésta reclama claridad sobre las decisiones que se quieren obtener:
leyes, programas, instrumentos (en el plano de las políticas, de las
decisiones en el ejercicio del gobierno).
Por tanto considero que son distinguibles los niveles de análi-
sis de OCs y SC; aquéllas habrá que ubicarlas más en el nivel de la
política y de las políticas, mientras que el nivel de análisis que co-
rrespondería a la SC es el de lo político.
Ambas teorizaciones están en proceso de construcción y ten-
sadaspor múltiples realidades. Hace falta un proceso en el cual,
reconociendo las tendencias convergentes que la globalización va
imponiendo, se tenga la capacidad de definir el papel que cada
uno de estos desarrollos tiene en las particularidades nacionales.
 Ambas teorizaciones están restringidas por los mismos pro-
blemas que hoy afectan al conjunto de los problemas sociales y
políticos. Darles respuesta en este nivel (de las especificidades en
cuanto a SC y a OC), puede ser una buena manera de avanzar en la
teoría.