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Prima Exagia 16
Revista Prima Exagia
Número 16 / ISSN 2256-2117
ISSN en línea 2745-1836
Universidad Nacional de Colombia
Sede Bogotá
Facultad de Ciencias Humanas
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Edición
Miguel Ángel Fuerte Blanco
Natalia Alejandra Leiton Castelblanco
Maria Alejandra Garzón González
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Jairo Ferney Angarita Ortiz
Paula Andrea Sandoval León
Autores o Autoras 
Mariana Rodríguez Marañón
Diana Paola Naranjo Mosquera
Adriana Catalina Algecira González
Sandy Lorena Castro Ayala
Miguel Ángel Vargas Martínez
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5
Contenido
Editorial ............................................................................................... 4
Sociedad .............................................................................................. 8
Minería, una actividad sobrevalorada en Colombia ............................ 11
El cultivo de la mata de coca en el Catatumbo: ¿los campesinos
deben abandonar esta práctica? ......................................................... 23
Población pobre en Bogotá: ¿vive o sobrevive? .................................... 31
Gobierno ............................................................................................ 40
Sistema pensional: destructor de sueños ............................................. 43
El presidente Duque le falló a la ley con su gestión durante 
el paro nacional 2019-2020 .............................................................. 51
Las Pymes durante la pandemia: ¿éxito o fracaso estatal? .................. 59
Tecnología ......................................................................................... 68
Los sistemas de traducción automática, 
la mentira frente al traductor ............................................................. 71
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Prima Exagia 16
Editorial
Colombia es un país que se ha movido entre crisis económi-
cas, sociales y políticas a lo largo de su historia. Ante este esce-
nario permanente, nuestro quehacer pedagógico como docen-
tes y tutores nos invita a plantearnos una pregunta: ¿cuál es la 
importancia de aprender a leer y escribir en el contexto actual? 
La universidad conlleva nuevas formas y desafíos a la hora de 
leer y escribir, pero también trae consigo nuevas formas de 
entender la función de ambas prácticas. Tal como señala Escan-
dón (2018), “la lectura y la escritura son construcciones y prác-
ticas sociales que nos han permitido a los seres humanos apro-
piarnos del mundo y trascender en el tiempo y en el espacio” 
(párr. 3). Esta dimensión social de la literacidad se complementa 
con la perspectiva de Morales y Cassany (2008), para quienes la 
lectura y la escritura constituyen herramientas no solo para una 
adecuada práctica profesional y científica, sino también para la 
formación de miembros activos y participativos en la sociedad.
Así, los Cursos Nivelatorios de Lectoescritura se han con-
vertido en un espacio de encuentro y de intercambio de sabe-
res en el que la palabra escrita, además de ser una herramien-
ta para representar la realidad, también es un medio para 
poner en discusión las realidades y los saberes con los cuales 
los estudiantes interactúan en su cotidianidad. El lenguaje y 
la realidad están vinculados de manera estrecha y dinámica, 
Miguel Ángel 
Fuerte Blanco
mafuerteb@unal.edu.co
Tutor de los Cursos 
Nivelatorios de Lectoescritura
"Escribir es la manera más profunda de leer la vida" 
Francisco Umbral (s.f.)
Prima Exagia 16
7
motivo por el cual “la lectura del mundo precede a la lectura 
de la palabra y la lectura de esta implica la continuidad de la 
lectura de aquel” (Freire, 1981, p. 6). La apuesta de la revista 
Prima Exagia, que con este número llega a su edición dieciséis, 
es que las lecturas realizadas por los estudiantes, transforma-
das en informadas reflexiones sobre el acontecer nacional, no 
se queden en los espacios de clase, sino que resuenen fuera de 
las aulas y aporten a los debates que se dan tanto en la acade-
mia como en la conversación cotidiana.
El presente número está dividido en tres secciones. La pri-
mera, titulada Sociedad, nos pone en contexto en relación con 
tres problemáticas que han atravesado la historia reciente 
de nuestro país. El primer ensayo, titulado Minería, una acti-
vidad sobre valorada en Colombia, analiza el impacto negativo 
que tiene esta actividad en los sectores económico, social y 
ambiental y sugiere la necesidad de explorar otras alternati-
vas. El segundo ensayo, titulado El cultivo de la mata de coca 
en el Catatumbo: ¿los campesinos deben abandonar esta práctica?, 
nos sitúa en la disyuntiva entre el cultivo de coca como acti-
vidad ilícita y como medio de supervivencia para el campesi-
no colombiano, con el fin de sugerir la necesidad de permitir 
que estos últimos puedan continuar con su siembra. El tercer 
ensayo, titulado Población pobre en Bogotá: ¿vive o sobrevive?, 
analiza la situación de calidad de vida de las personas pobres 
en la capital y propone que el Estado debe intervenir para dis-
minuir la brecha de desigualdad social y económica. 
La segunda sección, titulada Gobierno, presenta tres ensayos 
en los que se analiza de manera crítica el accionar gubernamen-
tal en tres situaciones en concreto. En el primer ensayo, titulado 
Sistema pensional: destructor de sueños, se exponen las dificultades 
para acceder a la pensión de la vejez en el país y se sustenta la 
obsolescencia de esta actividad. El segundo, El presidente Duque 
le falló a la ley con su gestión durante el paro nacional 2019-2020, 
nos sitúa en las movilizaciones sociales acontecidas hacia fina-
les del año 2019. El autor analiza tres momentos claves de este 
evento para concluir que el actuar del gobierno fue inadecuado. 
Por último, el texto Las Pymes durante la pandemia: ¿éxito o fracaso 
estatal? explora la medida de Aislamiento Preventivo Obligatorio 
en el marco de la pandemia ocasionada por el COVID-19 y cómo 
ha afectado a las Pequeñas y Medianas Empresas del país. A lo 
8
Prima Exagia 16
largo del texto, los autores analizan críticamente las medidas 
que ha tomado el gobierno para auxiliar estas empresas. 
En la tercera sección, tituladaTecnología, encontramos el 
ensayo Sistemas de traducción automática: la mentira frente al tra-
ductor, en el cual se sustenta por qué los sistemas de traducción 
automática no deben reemplazar al traductor humano, cuyo 
oficio, importante para establecer puentes culturales, se ha visto 
en riesgo por el auge de esos sistemas de traducción.
Como cierre a esta editorial, quiero agradecer a todos los inte-
grantes del equipo de trabajo, quienes acompañaron a los auto-
res desde la generación de ideas hasta la redacción del punto 
final. A la coordinadora de los CNLE, Gloria Mora; a los docentes 
de los semestres 2019-II y 2020-I, Adriana Díaz, Jack Henríquez 
y Yesenia Rincón; y a los tutores y miembros del comité editorial 
de la revista Prima Exagia: Natalia Leiton, Katherine Gil, María 
Alejandra Garzón y Jairo Angarita. Su apoyo, constancia y disci-
plina durante estos meses han sido fundamentales para que los 
autores del presente número compartan con nosotros, a través 
de la escritura, aquellas lecturas que hacen de la vida.
Referencias 
Escandón, J. (2018, 25 de septiembre). Lectura y escritura: una 
práctica liberadora y democrática. Cuestiones educativas. Recuperado 
de: https://bit.ly/36ru1CQ
Freire, P. (1981, 12 de noviembre). La importancia del acto de leer. 
Congreso Brasileño de Lectura. Recuperado de: https://bit.ly/2EWXKIs
Morales, O. & Cassany, D. (2008). Leer y escribir en la universidad: 
Hacia la lectura y la escritura de géneros científicos. Revista Memoralia, 
5, 69-82.
Umbral, F. (s.f.). Escribir es la manera más profunda de leer la vida. 
Proverbia. Recuperado de: https://bit.ly/2ERRjGq
So
ci
ed
ad
11
Prima Exagia 16
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Minería, una actividad 
sobrevalorada en Colombia
Mariana Rodríguez Marañón 
mrodriguezmar@unal.edu.co
Estudiante de Ingeniería Química 
Gloria Mora, docente
Resumen
Palabras Clave
[Texto argumentativo] Colombia se ha caracterizado por ser un 
país extractivista, especialmente minero-dependiente, que expor-
ta recursos naturales tales como el oro, el petróleo y el carbón. 
En consecuencia, la minería ha sido reglamentada, respaldada y 
financiada por el Estado y sus entidades competentes. Sin embar-
go, esto no es suficiente; dicha práctica no es adecuada para ser 
una de las principales actividades base para el desarrollo del país, 
puesto que la minería genera pérdidas en tres sectores en especial: 
en el económico, al traer consigo un desequilibrio en el plano del 
intercambio comercial entre materias primas y recursos refinados; 
en el social, en cuanto apoya la expropiación de tierras en pro de la 
extracción minera, y, por último, en el ambiental, como resultado 
de la contaminación de ecosistemas por cuenta de los desechos 
generados en el proceso. 
Minería,
 Colombia,
 Extractivismo,
 Conflictos socioambientales,
Pasivos ambientales.
Sociedad
14
Prima Exagia 16 Sociedad
En la actualidad los materiales extraídos del suelo se 
han vuelto indispensables para el desarrollo de la economía 
a nivel global. Cada día se desarrollan nuevas formas de 
extracción y explotación de recursos naturales en nuevos 
territorios para poder satisfacer la demanda de recursos 
energéticos (Cardoso, 2016). En el sistema capitalista, este 
extractivismo logra clasificar al mundo en países 'ricos' y 
países 'pobres'. Así pues, los países 'ricos' tienen un alto 
desarrollo tecnológico y, generalmente, se encuentran ubi-
cados en el hemisferio norte. Dichos territorios demandan 
recursos naturales a los países 'pobres' o subdesarrollados, 
los cuales se ubican, en su mayoría, en el hemisferio sur. 
Esto provoca que los países “pobres' desarrollen su econo-
mía basados en el extractivismo de sus recursos naturales, 
los cuales son tomados por los países 'ricos' para sustentar 
su desarrollo tecnológico.
Colombia, al ser un país 'pobre', se ha caracterizado 
por ser extractivista, en este caso, minero-dependiente. 
De esta manera, la economía nacional se fundamenta en 
la extracción de grandes volúmenes de recursos naturales 
como el oro, el petróleo y el carbón. Esto es impulsado por 
el Gobierno, el cual solo tiene interés por la extracción y 
no por otras actividades económicas como la agricultura 
(López, 2018a). Lo anterior se evidencia de igual forma 
en documentos como La Política Minera de Colombia, Bases 
para la minería del futuro, en el cual, citando el Plan Nacional 
de Desarrollo 2014-2018, se plantea que “el sector mine-
ro-energético seguirá siendo uno de los motores de desa-
rrollo del país a través de su aporte al crecimiento econó-
mico, al aparato productivo, al empleo rural y a la inversión 
Prima Exagia 16
15
Sociedad
privada” (Ministerio de Minas y Energía, 2016, p. 7).
Con base en este panorama, el propósito de este ensayo 
es demostrar que la minería, como actualmente es llevada 
en Colombia, no es adecuada para ser una de las principales 
actividades de desarrollo del país. Esto debido a que pro-
voca más pérdidas que beneficios en los sectores económi-
co, social y ambiental. Después de analizar cada sector, se 
plantea una posible solución de cómo debería actuar el país 
frente a esta problemática. 
Para empezar, la minería no es viable económicamente, 
ya que existe una desigualdad en el intercambio comercial. 
Colombia, al ser un país no desarrollado (no cuenta con la 
suficiente tecnología), debe vender los recursos en bruto a 
los países desarrollados, puesto que estos sí tienen la tecno-
logía adecuada para transformarlos, para refinarlos. Luego, 
el precio de los recursos ya refinados es mayor al precio ori-
ginal de los recursos en bruto, por lo cual, al comprarlos ya 
para su uso, genera una pérdida para el país, volviendo no 
rentable el proceso de extraer (López, 2018a). Un ejemplo 
es el carbón, del cual Colombia tenía que exportar 5 tonela-
das del recurso para poder importar una tonelada en el año 
2014, esto gracias al déficit de la balanza comercial (impor-
taciones más altas que las exportaciones en términos mone-
tarios) (Cardoso, 2016; Samaniego, Vallejo & Martínez-Alier, 
2015; Vallejo, Pérez Rincón & Martínez-Alier, 2011).
Actualmente, en Colombia, hay dos modalidades de 
extracción de minerales: en primer lugar, la minería legal, 
la cual está regulada por el Ministerio de Minas y Energía, 
institución que otorga las licencias ambientales para la reali-
zación ‘adecuada’ de estas actividades. En segundo lugar, la 
minería ilegal, aquella que no tiene normativas y es princi-
palmente lucrativa para los grupos armados al margen de la 
ley. Además, el Gobierno Nacional, en la Política Minera de 
Colombia, declara que la minería ilegal es la única que genera 
afectaciones al medio ambiente (Ministerio de Minas y Ener-
gía, 2016). Sin embargo, esto no es cierto, ya que, como 
señala Díaz-Arriaga (2014), las grandes compañías legales 
16
Prima Exagia 16 Sociedad
también contribuyen con el deterioro ambiental y sanitario.
Así pues, en la minería, tanto legal como ilegal, se imple-
mentan varios mecanismos de extracción altamente conta-
minantes, tales como el mercurio, el ácido sulfúrico, entre 
otros metales pesados. Estos elementos atentan contra el 
medio ambiente, en especial contra las fuentes hídricas. 
Dicha contaminación alcanza la fauna (especialmente a los 
peces) y flora silvestre, además de afectar la salud de las 
personas, tanto de las que participan directamente en las 
actividades mineras, como de las que viven en los alrededo-
res (Español Cano, 2012). Referente al tema, Díaz-Arriaga 
(2014) describe cómo el uso del mercurio en la minería del 
oro tiene un impacto muy negativo en las fuentes hídricas 
que, precisamente, están destinadas para consumo humano. 
De ahí que el contacto con los metales utilizados en el pro-
ceso puede generar diversos tipos de enfermedades: derma-
tológicas, respiratorias, cánceres, e incluso problemas con 
el desarrollo del feto en mujeres embarazadas (Bautista & 
Diario, 2018). Por ende, los residuos mineros son una fuente 
potencial decontaminantes químicos, los cuales influyen 
negativamente en la preservación de los ecosistemas.
Ahora bien, con el fin de promover el desarrollo del sector 
minero, el Gobierno ha llevado a cabo un gran número de 
cambios normativos que han logrado intensificar la explo-
tación minera al declararla como una “actividad de utilidad 
pública y de interés social”, permitiendo de este modo la 
expropiación unilateral de bienes (Vicente et al., 2011). Así 
mismo, en el 2016, el Gobierno declaró la lucha contra la 
minería ilegal y otorgó títulos mineros en áreas protegidas 
con ecosistemas valiosos como páramos, resguardos indí-
genas y territorios colectivos afrodescendientes (Vicente et 
al., 2011). De este modo, la explotación minera sobrepasa 
los límites, tanto de zonas de amortiguación, como de eco-
sistemas valiosos y territorios indígenas, lo cual los pone 
en riesgo a causa de los impactos negativos por parte de la 
contaminación producida por la minería. Además, se gene-
ran conflictos socioambientales entre la población local y las 
Prima Exagia 16
17
Sociedad
empresas multinacionales cuyo oficio es la minería. 
En consecuencia, las comunidades campesinas, indígenas 
y afrocolombianas son las que más sufren los daños socioe-
conómicos, ambientales y culturales producidos por los 
megaproyectos mineros (Vicente et al., 2011). A raíz de esta 
problemática, surgen los pasivos socioambientales, defini-
dos por Cardoso (2016) como el capital a pagar para com-
pensar las injusticias sociales provocadas por daños a per-
sonas ajenas a la labor (terceros). No obstante, cabe resaltar 
que los daños no son bien cuantificados por las empresas o 
el gobierno, lo cual provoca que el costo de los perjuicios ter-
mine siendo mayor que lo obtenido por los recursos extraí-
dos a través de la actividad minera (Garay, 2013).
En este punto es importante resaltar que el Ministerio de 
Minas y Energía se encarga de otorgar licencias ambienta-
les para la adecuada realización de la actividad minera con 
el fin de evitar al máximo los pasivos socioambientales, pero 
“[…] en términos generales, las autoridades ambientales no 
cuentan con personal suficiente e idóneo para realizar la eva-
luación y posterior seguimiento de los proyectos” (Salaman-
ca, 2013, p. 36). Por lo tanto, las entidades competentes no 
establecen adecuadamente los términos, las condiciones y 
las obligaciones para el desarrollo de la actividad minera. Así 
mismo, el hecho de que dichos entes reguladores no esta-
blezcan los límites y las condiciones necesarias para evitar 
impactos ambientales, más allá de la generación de daños, 
provoca que los pasivos ambientales y sociales terminen 
siendo asumidos por el Estado y los habitantes de las zonas 
afectadas en lugar de las grandes empresas:
Las licencias ambientales, en muchos casos, no reconocen la 
magnitud del impacto que ocasionan los proyectos mineros, especial-
mente de carbón y metálicos, en los que resulta enorme la remoción 
de minerales, y consecuentemente la generación de residuos, el uso, 
desaparición y contaminación de las aguas superficiales y subte-
rráneas, la contaminación del aire, la pérdida del suelo, la dismi-
nución y pérdida de la biodiversidad. (Salamanca, 2013, p. 36)
18
Prima Exagia 16
Pues, de acuerdo con el artículo 332 de la Constitución 
Política, el suelo es de propiedad del Estado y, conforme al 
Código de Minas, se puede autorizar la explotación de los 
minerales con un título minero (Ministerio de Ambiente, 
2001). Lo anterior es la base de una problemática recurrente 
en muchas regiones del país: los propietarios de las tierras, 
a quienes no se les comunica la solicitud del título minero 
sobre sus predios, se ven obligados a vender sus terrenos o 
a ser expropiados (Vicente et al., 2011), lo que genera des-
plazamiento de personas y de comunidades, además de la 
vulneración de sus derechos básicos. Según Vicente et al. 
(2011), en 2010 se registraron desplazamientos masivos: 
4.061 personas pertenecientes a 14 pueblos indígenas, 
70.010 personas de comunidades afroamericanas que tam-
bién fueron expropiadas de su territorio, entre otras.
Por otra parte, a través de la pequeña minería, muchas 
comunidades rurales se sostienen económicamente, al ser 
esta su única opción de trabajo. No obstante, este tipo de 
minería se considera ilegal, por lo que no pueden formalizar 
su actividad. Frente a esta problemática, las comunidades 
afectadas han decidido reunirse y luchar por sus derechos, 
por medio de todos los recursos jurídicos y asociativos de los 
cuales disponen. En este punto es importante resaltar que, 
actualmente, la pequeña minería es responsable de la mayo-
ría de la producción aurífera del país. A pesar de esto, en los 
últimos años compañías de países como Canadá, Inglaterra 
y Sudáfrica han intensificado la ejecución de proyectos de 
extracción de oro a gran escala en Colombia, de modo que se 
ha incrementado, en gran medida, la explotación; mientras 
que los pequeños mineros se encuentran marginados y per-
seguidos por ejercer su labor tradicional.
Desde luego, frente a toda la problemática económica, 
social y ambiental a causa de la minería, es necesario pregun-
tarse si esta actividad se debería erradicar completamente 
o solo modificarse. Según Garay (2013), “Los minerales han 
jugado un papel fundamental en el desarrollo de la humanidad 
y seguirán siendo estratégicos para las próximas generacio-
nes” (p. 201). Así, la extracción hace parte de la vida cotidiana 
Sociedad
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Sociedad
1. Conversión de un gas en líquido por compre-
sión a muy bajas temperaturas” (Real Academia 
Española, 2019)
de las personas directa o indirectamente. Por esta razón, no es 
posible eliminar totalmente la minería de la noche a la mañana 
ni a nivel mundial ni en Colombia. Sin embargo, esto no signifi-
ca que se tenga que seguir practicando esta actividad extracti-
va de la misma forma que se viene ejerciendo dado que, como 
ya se ha mostrado a lo largo de este ensayo, la minería actual 
genera consecuencias nefastas para el ambiente y la sociedad.
A propósito de la extracción de minerales energéticos, la 
producción de petróleo ha tenido un gran crecimiento a nivel 
regional y mundial, aunque actualmente no quedan muchos 
yacimientos del mineral. Dicho lo anterior, una vez descu-
biertos y explotados todos estos, la producción comenza-
rá a descender, lo que aumentará el precio del mineral en 
cuestión. Por ello, la solución a esta crisis, por un lado, tal 
como lo expresa el profesor José Hilario López (2018a), es el 
hidrógeno, ya que existe gran cantidad de este en todos los 
países del mundo. Por tanto, dicho elemento abastecería de 
forma definitiva la demanda de combustible y eliminaría los 
problemas por emisión de carbono. Por otro lado, también se 
pueden implementar energías renovables como: eólica, geo-
térmica, hidroeléctrica, mareomotriz, hidráulica y solar. Para 
esto es necesario un puente conductor que conecte la era 
del petróleo con la del hidrógeno y demás energías limpias, 
de manera que estas últimas se puedan desarrollar correcta-
mente a nivel mundial. Pues bien, dicho puente conductor 
es el carbón: es necesario industrializarlo para la producción 
de gas para el consumo en la industria local y carboquími-
ca, y de esta forma obtener los mismos derivados que en la 
petroquímica, la licuefacción1 para la producción de ACPM 
(petrodiésel) y gasolina (López, 2018b). 
En este sentido, se debe mencionar que Colombia cuenta 
con gran cantidad de carbón: 6,6 millones de toneladas que 
pueden ser 27 mil millones de barriles (22 veces más que el 
petróleo reserva en el país), pero al exportarlo en crudo no 
20
Prima Exagia 16
remunera el dinero invertido ni los pasivos socioambienta-
les generados por su alto costo (Cardoso, 2016). Dicho esto, 
para que Colombia prospere es necesario que el país pueda 
gasificar el carbón a partir del desarrollo de nuevas tecnolo-
gías propias. Entonces, se debeinstalar una planta de licuefac-
ción de este elemento e implementar sistemas de captura del 
CO2 (dióxido de carbono) que genere el proceso. Este proce-
so sería económicamente viable para aumentar la producción 
y no generar mayor impacto en el calentamiento global; por 
lo tanto, es de alta prioridad invertir en estudios acerca de la 
captura del CO2 a gran escala. Algunos de estos estudios ana-
lizarían procesos para utilizar en Colombia, tales como la oxi-
combustión, toop combustión y combustión carbón-biomasa. 
Estos permiten el uso eficiente y limpio del carbón por medio 
de varias alternativas para capturar el CO2 de manera fácil y 
sustentable. Cabe resaltar que otro método más sencillo que 
se podría utilizar para la captura del CO2 es la reforestación.
Además, para que la minería (no solo del carbón, sino de 
otros minerales) logre dar frutos en Colombia, se debe modifi-
car el actual proceso de extracción, para así obtener una mine-
ría responsable. Esto solo se puede lograr con un desarrollo 
en ciencia y tecnología. Debido a que los recursos extraídos no 
son renovables, se deben tener en cuenta cinco aspectos para 
mejorar la minería actual. En primera instancia, debe existir 
un plan para su máximo aprovechamiento, así como una pla-
nificación y racionalización de su explotación a largo plazo. En 
segunda instancia, el Estado debe estudiar y analizar las soli-
citudes de los títulos mineros: aspectos a favor y en contra. El 
Estado también debe evaluar si dichas solicitudes son de enti-
dades competentes, para así eliminar la posibilidad de otorgar 
un título minero a la primera empresa que aparezca, como lo 
establece el Código de Minas del 2001. 
En contraste, el título debe ser otorgado a quien haga 
la mejor oferta, no solo desde el punto de vista económi-
co, sino también social y ambiental, pues toda nueva idea 
de emprendimiento debe ser analizada con el fin de buscar 
que el daño sea el mínimo posible. El Estado debe garantizar 
el bienestar y desarrollo ambiental (biodiversidad, fuentes 
Sociedad
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21
Sociedad
hídricas y ambiente), social (calidad de vida y derechos de 
la población como al ambiente sano, la vida y el trabajo) y 
económico (velar por lo equitativo y justo). Además, debe 
verificar que sea beneficioso para todos los colombianos y 
así evitar los conflictos socioambientales. 
En tercera instancia, las compañías extractoras deben 
informar al Estado y a la población acerca de los estudios 
de impacto ambiental y socioeconómico, junto con los 
planes de compensación de la operación. De esta manera, 
dichas compañías deben hacerse responsables de los pasi-
vos socioambientales. En cuarta instancia, el Estado debe-
ría colocar límites a las empresas mineras para que paguen 
regalías justas dependiendo de sus propuestas, para cuanti-
ficar y costear bien los pasivos socioambientales. En quinta 
instancia, se debe legalizar la mediana y pequeña minería 
exigiendo, de igual manera, las condiciones idóneas para el 
desarrollo y protección de los factores ambientales, socia-
les y económicos involucrados en el proceso. Esto con el fin 
de transformar a la minería en una actividad inclusiva con 
el apoyo del Estado, para así generar empleo y emprendi-
miento a la comunidad (Garay, 2013).
Asimismo, otro aspecto que se debe corregir para 
lograr un mejor desarrollo del país no solo es promover 
la minería como una de las principales actividades eco-
nómicas, sino también apoyar el sector de la agricultura. 
Ambas actividades deben coexistir, ya que ambas generan 
empleo y, en especial, la agricultura sustenta la seguri-
dad alimentaria del país. Por consiguiente, es necesario 
implementar una gran reforma agraria en beneficio de 
los campesinos, en la que se analice cuál es el verdade-
ro uso del suelo, lo que permitiría llevar a cabo políticas 
que promuevan el máximo aprovechamiento de este. Tal 
es el caso ilustrado por el Censo Nacional Agropecuario, 
en pastos, donde existen 33,8 millones de hectáreas, de 
las cuales, de acuerdo con la Unidad de Planeación Rural 
Agropecuaria (UPRA), existen 27 millones de hectáreas 
donde el Estado podría implementar políticas para esta-
22
Prima Exagia 16
blecer agriculturas familiares modernas, aumentando la 
productividad y los ingresos (López, 2016). 
En conclusión, en un futuro, si se consigue un gran creci-
miento y eficaz desarrollo de la agricultura, esta se podría 
convertir en la principal actividad económica que no genere 
afectaciones ambientales ni sociales. Así se podría lograr que 
Colombia no sea más un país minero-dependiente, redu-
ciendo, de esta manera, la importancia económica asignada 
a la extracción de minerales, para que estos materiales tan 
limitados se puedan conservar por más tiempo. Por ende, 
la minería no debería ser una de las principales actividades 
de desarrollo del país, ya que no se tiene la innovación y las 
tecnologías apropiadas para aprovechar los recursos y para 
costear, en su totalidad, los pasivos ambientales.
Finalmente, es importante mencionar que, si se sigue invir-
tiendo en extraer, Colombia no progresará y quedará estan-
cada en su desarrollo por el déficit en la balanza comercial. 
Además, si se continúa con un modelo minero-dependiente, 
el bienestar del medioambiente y el de la población colombia-
na se seguirá vulnerando. Por consiguiente, la locomotora de 
desarrollo del país no debería ser la minería; por el contrario, 
tal como lo han afirmado los últimos gobiernos, esta debería 
ser la educación. De este modo, se fomentaría la investigación 
en las universidades, con el objetivo de crear nuevas alternati-
vas para la modificación de la actividad minera, en especial del 
carbón, su adecuado manejo y, en general, la reducción de la 
explotación de los recursos naturales.
Sociedad
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Sociedad
Referencias
 
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Prima Exagia 16
25
El cultivo de la mata de coca en el 
Catatumbo: ¿los campesinos deben 
abandonar esta práctica?
Diana Paola Naranjo Mosquera 
dinaranjom@unal.edu.co
Estudiante de Trabajo social
Adriana Díaz Cuevas, docente
Resumen
Palabras Clave
[Texto argumentativo] El cultivo de la mata de coca es uno de 
los mayores problemas en la historia de Colombia por su relación 
directa con el narcotráfico. Este problema se ha acrecentado en los 
últimos años en regiones apartadas del país, como el Catatumbo, 
lo cual resulta preocupante, no solo en Colombia, sino también en 
el extranjero al constituir un delito. Sin embargo, hay razones de 
fondo, que no han sido correctamente visibilizadas, por las que 
este problema es cada vez mayor; en este ensayo se presentan tres 
razones por las cuales los campesinos del Catatumbo deben conti-
nuar con el cultivo de coca, en las cuales los factores económicos, 
político-sociales y productivos resultan ser determinantes.
Cultivo de la mata de coca, 
Campesinos, 
Economía, 
Política, 
Social, 
Productividad, 
Conflicto armado, 
Estado.
Sociedad
26
Prima Exagia 16 Sociedad
Colombia ha sido un país marcado por la violencia y el 
narcotráfico. Este último marcó los años más violentos en 
la historia reciente de Colombia y, en la actualidad, sigue 
siendo uno de los puntos más críticos. Un ejemplo de esto es 
el aumento significativo en la producción de la mata de coca 
en el territorio colombiano, planta a partir de la cual se fabri-
ca la cocaína. Este incremento llegó a su punto más delicado 
en el año 2017 al reportar un “[…] aumento en 17% (25 000 
hectáreas) con respecto a la medición del 2016, alcanzando 
un total de 171 000 hectáreas cultivadas” (Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC], 2018, 
p. 13). De esta forma, se estableció un récord histórico en la 
producción de la mata de coca, lo cual resulta sumamente 
preocupante, no solo para el Gobierno colombiano, sino tam-
bién para los países que son afectados por esta problemática.
Todo lo anterior es la cara visible de la situación, la infor-
mación publicada y conocida. Sin embargo, detrás de todo 
este conflicto está el lado oculto, la realidad de los campesi-
nos cultivadores de la mata de coca, quienes se encuentran 
en significativa medida localizados en la zona del Catatum-
bo, según el reporte de la UNODC (2018). Los campesinos 
que cultivan la mata de coca han sido señalados repetida-
mente por varios sectores sociales del país y del extranje-
ro como guerrilleros y delincuentes, sin indagar más en el 
asunto e invisibilizando la dura situación en la que viven. 
Personalidades como Iván Duque, presidente de Colombia, 
y Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, conde-
nan severamente el actuar de los campesinos y han buscado 
acabar por completo con esta práctica; sin embargo, en este 
Prima Exagia 16
27
Sociedad
ensayo, se presentan las razones por las que los campesi-
nos del Catatumbo deben seguir con el cultivo de la mata de 
coca, aun cuando esto pueda construir un grave delito. 
En primer lugar, la situación económica actual de los cam-
pesinos del Catatumbo es cada vez más crítica debido al 
incumplimiento por parte del Estado en el Programa Nacio-
nal Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Este 
programa fue creado mediante el Decreto 896 en el 2017, 
después de la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las 
FARC, con la intención de dejar la siembra de la mata de coca 
y comenzar a plantar otros productos que también se dan en 
la región (Corrales, 2016). Según Wilder Mora, coordinador 
del PNIS en la región del Catatumbo:
Nosotros lo que alcanzamos a entender es que este Gobierno no tiene 
voluntad con el programa. Los campesinos ya hemos manifestado que 
queremos sustituir la coca. Si uno mira hace 10 años, no existía la 
voluntad que hay hoy para dejar esos cultivos. (Forero, 2018, p. 3)
La difícil situación económica que vive la comunidad y el 
incumplimiento por parte del Gobierno ha llevado a los cam-
pesinos a que se pronuncien, buscando hacer un llamado de 
atención al Gobierno, a través de protestas que se han visto 
frenadas por las mismas autoridades regionales y que no 
cuentan con las garantías necesarias para hacerse debido a 
la constante amenaza de los grupos armados al margen de 
la ley (Forero, 2019). Como si todo esto no fuese suficiente, 
hay campesinos que, a raíz del incumplimiento del Programa 
de Restitución de Tierras Despojadas y la amenaza de las gue-
rrillas que se encuentran presentes en la zona, han decidido 
regresar al cultivo de la mata de coca, no solo para preservar 
su vida, sino también para evitar ser desplazados de sus tie-
rras y sobrevivir puesto que el cultivo de la mata de coca les 
garantiza una fuente de recursos apenas suficientes para vivir 
(Calvet & Schinteie, 2018). 
El Gobierno, en años anteriores y en la actualidad, en un 
intento por ayudar al campesinado colombiano, ha creado 
diversos programas y reformas agrarias con el objetivo de 
favorecer económicamente a los campesinos, como lo es el 
28
Prima Exagia 16
caso de Agro Ingreso Seguro, que buscaba otorgarle subsi-
dios a los campesinos, o el mismo PNIS, que buscaba rempla-
zar el cultivo de mata de coca por el cultivo de otros produc-
tos; sin embargo, todo esto fracasó debido a la corrupción, 
como lo fue el caso de Agro Ingreso Seguro, o al olvido y 
al incumplimiento, como está ocurriendo con el PNIS (Truji-
llo, 2014). Este factor económico, que resulta determinante 
para la supervivencia de todas las personas en general, con-
lleva a que los campesinos vean en el cultivo de coca una 
alternativa, prácticamente obligada por los factores que trae 
consigo, como la constante amenaza de grupos al margen de 
la ley, para sostenerse y para sobrevivir. 
Otra de las razones principales del cultivo de coca en esta 
zona apartada del país es el abandono estatal, su escasa pre-
sencia en este lugar y la falta de garantía de los derechos en 
materia de servicios básicos, como el agua, la luz y el alcanta-
rillado, infraestructura, los cuales son necesarios para llevar 
una vida digna. Una de las fallas más críticas y de las que 
hacen aún más grave está problemática es la falta de cons-
trucción de rutas que hagan más fácil al campesino sacar sus 
productos de la zona y llevarlos a los centros urbanos del 
país, lo que constituye una severa falta de apoyo al comercio 
de los productos agrícolas que allí se cultivan (Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2014). A todo esto, 
se suma la activa presencia de grupos al margen de la ley 
que ejercen su autoridad mediante el terror; además, estos 
grupos son quienes actualmente se encuentran financiando 
los cultivos de mata de coca de los campesinos, procesando, 
distribuyendo y comercializando el producto. Como conse-
cuencia, el campesino no tiene mayor opción que dedicarse 
a lo único que le da ingresos reales en el momento y que 
garantiza que su vida permanezca intacta (El Espectador, 
2019), aún si la actividad en la que está incurriendo este tipi-
ficada como un delito y pueda conllevar años de prisión.
Asimismo, uno de los mayores factores, que aumenta con-
siderablemente el número de campesinos que optan por la 
siembra de la mata de coca, es su tiempo relativamente corto 
de siembra y cosecha frente a otros cultivos. Según lo infor-
Sociedad
Prima Exagia 16
29
Sociedad
mó la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cultivo 
de la mata de coca tarda aproximadamente cuatro o cinco 
meses en estar listo para ser cosechado (Bejarano, 2019). 
Además de esto, se adapta a cualquier clima y no requiere de 
mayor cuidado, cosa que no ocurre con el cultivo de cacao, 
que tarda dos años en ser productivo, crece en climas espe-
cíficos y requiere de cuidados comola fumigación para evitar 
el crecimiento de hongos o plagas no deseadas que pueden 
acabar con el cultivo, así como afectar la calidad del produc-
to (Losada & Serna, 2019). 
Caso similar ocurre con el cultivo de café, que aparte de 
ser poco rentable por la caída de los precios del café, se 
tarda aproximadamente un año en dar sus frutos, después 
de haber pasado por todo el proceso de crecimiento, cuya 
duración promedio es de dos años (Orozco, 2019). Los pro-
longados tiempos de siembra y cosecha que tienen estos 
productos, además de la gran inversión que representa su 
cultivo, sostenimiento, cosecha y distribución, representan 
un enorme gasto para los campesinos, a tal punto que deja 
muchas más pérdidas que ganancias, por lo que el cultivo de 
la mata de coca se convierte en la opción más viable en mate-
ria de tiempo, coste de producción y ganancias.
El presidente Iván Duque y el senador estadounidense 
Marcos Rubio, en representación del Gobierno Trump, enca-
bezan la lucha antidrogas, asegurando que constituye un 
delito y que su cultivo, así como su producción son un gran 
problema global que debe ser combatido vehementemente. 
El presidente Duque, para lograr mayores resultados en esta 
lucha, ha propuesto la erradicación forzada y la fumigación 
con glifosato como las mejores alternativas para combatir 
este problema (Gómez, 2019) e igualmente ha recibido el 
respaldo del Gobierno estadounidense en esta lucha (Rubio, 
2019). Así, existe la amenaza inminente del regreso de las 
fumigaciones con glifosato, que habían sido prohibidas en 
2015, por las consecuencias nocivas que podía tener en el 
ecosistema y en la calidad de vida de las personas y a las que 
los campesinos se niegan rotundamente por las afectaciones 
que podrían acarrear para su comunidad (Gómez, 2019). 
30
Prima Exagia 16
Además de esto, el presidente está pasando sistemática-
mente por encima de la voluntad de estos campesinos de aco-
gerse al PNIS de forma pacífica. Como si fuera poco, no está 
dándole al programa el debido apoyo económico que merece 
y les ha incumplido a los campesinos que se encuentran acogi-
dos en este programa (Corrales, 2016). Adicionalmente, como 
señala Forero (2019), el Gobierno amenaza con enviar al ejér-
cito a estas zonas para erradicar forzadamente los cultivos de 
la mata de coca, despertando el miedo de la comunidad ante 
la posibilidad de que se desate un nuevo conflicto armado en 
esta zona y poniendo en riesgo su seguridad. 
Los tres argumentos expuestos aquí representan el porqué 
los campesinos del Catatumbo deben continuar con el cultivo 
de coca, y las cuales, de ser estudiadas a fondo y solventadas 
de forma adecuada por el Estado, podrían garantizar un verda-
dero cambio y podrían ser el camino para erradicar el proble-
ma del cultivo de la coca de fondo, además de evitar que estos 
grupos al margen de la ley continúen aterrizando a la comuni-
dad y la sometan a realizar este tipo de actos. Sin embargo, el 
Gobierno colombiano se ha negado a reconocer está situación 
y ha elegido otras rutas de acción, que lo único que hacen es 
afectar aún más a esta población que ha sido víctima, no solo 
de los grupos al margen de la ley, sino también del Estado. 
Ante esto, ¿no sería más fácil todo si el Gobierno pusiera 
de su parte y colaborará con la comunidad para superar esta 
situación? Por supuesto que sí; sin embargo, la guerra siempre 
ha sido un negocio redondo en el que pocos ganan y muchos 
pierden, porque no solo pierden los campesinos quienes son 
los directos afectados con esta problemática, también per-
demos nosotros como colombianos, al estar inmersos en un 
conflicto que pareciera no tener solución. Por eso, hasta que el 
Gobierno, desde sus distintas instituciones y las personas que 
lo conforman, no deje de pensar en sus aspiraciones individua-
les, continúe ignorando la realidad colombiana y desangrando 
al país, no se podrá lograr un cambio en la estructura social, y 
las problemáticas de los campesinos seguirán sin ser atendi-
das, la guerra seguirá su curso destructivo y los campesinos se 
verán obligados a continuar con el cultivo de la mata de coca.
Sociedad
Prima Exagia 16
31
Sociedad
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Prima Exagia 16
33
Población pobre en Bogotá: 
¿vive o sobrevive?
Adriana Catalina 
Algecira González
aalgecira@unal.edu.co
Estudiante de Fonoaudiología
Sandy Lorena 
Castro Ayala
sacastroa@unal.edu.co
Estudiante de Fonoaudiología
Miguel Ángel 
Vargas Martínez
mivargasm@unal.edu.co
Estudiante de Fonoaudiología
Adriana Díaz Cuevas, docente
Resumen
Palabras Clave
[Texto argumentativo] En un siglo en que las circunstancias econó-
micas, políticas y sociales no son las más adecuadas, se hace necesaria 
una intervención por parte del Estado colombiano para prevenir conse-
cuencias graves en la sociedad, tales como la pobreza. Esto haría que se 
propicien mejores condiciones de vida en el país. Precisamente, hacia 
esta directriz se orienta el desarrollo de este artículo. El ensayo mues-
tra cómo las ayudas que ha ofrecido el Estado a la población bogotana 
no han sido eficientes para que esta progrese. Asimismo, se exponen 
algunas problemáticas, estrechamente relacionadas con la pobreza, 
que afectan al país, las cuales han venido agotando las salidas ante la 
deplorable situación que vive la sociedad capitalina colombiana.
“Nadie está más perdidamente esclavizado que aquellos que 
falsamente creen ser libres.” Johann Wolfgang Von Goethe (s.f.)
Bogotá,
Pobreza,
Estado,
Progreso,
Población.
Sociedad
34
Prima Exagia 16
El fenómeno social que ha estado presente en la his-
toria de Colombia desde su misma independencia ha sido 
la pobreza. Esta se puede entender como “la privación de 
bienestarde manera pronunciada, la falta de acceso a capa-
cidades básicas para funcionar en la sociedad y de un ingreso 
adecuado para enfrentar necesidades de educación, salud, 
seguridad, empoderamiento y derechos básicos” (Haughton 
& Khandker, 2009, p. 25). En este sentido, incluso la capital 
colombiana, Bogotá, ha sufrido esta problemática. De hecho, se 
estima que un 4.3 % de su población, es decir, unos 310.000 
habitantes se encuentran en pobreza según el Índice de Pobreza 
Multidimensional (IPM) (DANE, 2019a). Además, cabe men-
cionar que la desigualdad en la ciudad de Bogotá aumentó 
en el año 2018, tal como se evidencia en el incremento del 
coeficiente de Gini, el cual puede variar de 0,0 (toda le gente 
recibe el mismo ingreso) a 1,0 (una sola persona acapara el 
ingreso) (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2020).
Este panorama no resulta nada alentador para los capita-
linos. Un estudio realizado por la compañía Mercer (2019) 
señala la deplorable calidad de vida que sostiene Bogotá, la 
cual se ubica en el puesto número 128 del ranking mundial y 
se evidencia cómo este número ha ido en aumento a lo largo 
de los últimos años; asimismo, el Informe sobre Desarrollo 
Humano 2019, realizado por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2019), demuestra cómo la 
calidad de vida de las personas menos favorecidas (población 
pobre) ha decaído, a pesar de que Colombia ha subido 11 posi-
ciones en el índice de calidad de vida, gracias a factores como 
expectativa de vida y salud; sin embargo, también se evidencia 
que ha fallado en cuanto a competitividad y desigualdad, lo 
cual genera que las personas en condición de vulnerabilidad 
económica se vean perjudicadas. 
Sociedad
Prima Exagia 16
35
Sociedad
Ante semejante situación, el Estado colombiano dice respon-
der con ayudas a la población pobre, pero estas no son suficien-
tes para suplir las necesidades de tantas familias (Uribe, 2020). 
En este ensayo se va a justificar la idea de que la población 
en condición de pobreza en Bogotá necesita la asistencia del 
Estado colombiano para tener una mejor calidad de vida. Esto 
se demostrará a partir del análisis de estudios sobre el modelo 
económico usado actualmente y estadísticas sobre los recursos 
invertidos en dicha población, entre otros componentes.
Para empezar, se debe partir del hecho de que el Estado 
colombiano ha adoptado un modelo económico neoliberal, el 
cual ha terminado generando una desigualdad social amplia. 
Este es el caso de al menos el 27 % de colombianos, puesto que 
sus ingresos mensuales son inferiores a $257.433, valor esta-
blecido para la línea de pobreza2 nacional en el año 2018, según 
el informe técnico de pobreza monetaria del DANE (2019b); 
además, gracias a este mismo informe, se logra identificar que 
en Bogotá la tasa de pobreza monetaria es del 12.4 % y la tasa 
de pobreza monetaria extrema del 2,5 %. La línea de pobreza 
establecida para el primer grupo en Bogotá fue de $ 278.129, 
mientras que para el segundo fue de $117.605. Este último 
pasó de 2.4 % en 2017 a 2.5 % en 2018. Asimismo, este bole-
tín revela un incremento del 0,498 a 0,504 en la desigualdad 
de los ingresos de los bogotanos, entre 2017 y 2018, medida 
por el coeficiente de Gini, a pesar de que este mismo muestra 
una ligera tendencia descendente en el país. 
Con los datos expuestos, se demuestra que este modelo 
económico no solo es un peligro para la población pobre del 
país, puesto que lo único que busca es “mercantilizar todos 
los recursos, tanto naturales como humanos” (Dorronsoro, 
2004, párr. 5), sino que, además, aumenta la desigualdad, de 
tal forma que es necesario colocar unos indicadores estándar 
demasiado bajos para los costos de vida, tanto en la nación 
2. La línea de pobreza establece el valor de referencia 
sobre el cual se puede saber si una persona es pobre. 
Por ende, una persona que sea considerada pobre debe 
tener un ingreso menor al que indique la línea.
36
Prima Exagia 16
como en la ciudad capital (Bogotá). En consecuencia, se 
puede afirmar que, si el Estado es el encargado de desarro-
llar una apertura económica bajo los principios del modelo 
económico neoliberal, también es directamente responsable 
de las personas menos beneficiadas por este.
En segundo lugar, se debe tener en cuenta que existe una 
estrecha relación entre una buena calidad de vida, que parte 
de la relación dinero-persona, y el bienestar nacional y per-
sonal. Por esta razón, el Estado colombiano debe trabajar en 
pro de mejorar la calidad de vida de las personas. No obstan-
te, en los últimos años, no se ha visto una notoria mejoría 
en este aspecto (Mercer, 2019 & PNUD, 2019). Tal situación 
trae consigo serias repercusiones para la población pobre. 
Por ejemplo, Quiceno y Vinaccia (2013) encontraron que, 
desde el colegio, algunos niños y adolescentes colombianos 
perciben que sus recursos económicos son un limitante a la 
hora de compartir con sus iguales. Además, los autores ase-
guran que la resiliencia está mediada por el grado de satis-
facción por la vida, entre otros factores. En últimas, la pobla-
ción en condición de pobreza tiene un impacto psicológico 
en su forma de percibir la vida y en su forma de relacionarse. 
Asimismo, la cultura de pobreza, término acuñado por 
Oscar Lewis a mediados del siglo XX (1959) tras sus investi-
gaciones en México, Puerto Rico y Cuba, se refiere a “pensar 
en la pobreza y en las consecuencias económicas que conlleva 
dicha escasez de recursos” (citado por Romero, 2013, p. 123). 
Sin embargo, Romero (2013) señala que los análisis sobre la 
pobreza realizados por Lewis fueron el punto de partida para 
ir más allá y “ver la pobreza como una situación psico-social 
y económica, como realidades globales, cuyas causas provie-
nen de los sistemas económico, político y social” (p.123); de 
ahí que, de acuerdo con Romero (2013), existan diferentes 
mecanismos de supervivencia que han adoptado las personas 
en condición de vulnerabilidad económica, "los cuales están 
basados en el trabajo informal u otros tipos de coyunturas y 
relaciones sociofamiliares” (p. 123).
Como anteriormente se mostró, dicha cultura de pobreza, 
que es implantada, influye en las personas, ya que genera un 
Sociedad
Prima Exagia 16
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Sociedad
afán por mejorar su posición marginal en esta sociedad capita-
lista. De esta manera, si esta acción no es posible y, además, 
no se logra en un tiempo determinado, puede generarse un 
deterioro en la vida emocional de dicha persona, lo que a su vez 
genera diversas complicaciones de salud. Por esta razón, si estas 
personas siguen en dichas condiciones, sus estados de salud se 
verán considerablemente afectados, ya sea con el aumento de 
enfermedades neurológicas como los accidentes cerebrovas-
culares (ACV) o el Alzheimer, tal como lo señala el neurólogo 
Carlos Balario (citado por La Capital, 2008), director médico de 
la Fundación Rosarina de Neuro Rehabilitación, quien conside-
ra necesario “encarar un programa sostenido de actividades de 
información a la comunidad porque la gente suele confundir los 
diagnósticos o consultar demasiado tarde” (párr. 2). 
Consecuentemente, tal como lo muestra el Artículo 366 de la 
Constitución Política de Colombia, el Estado debe hacerse respon-
sable del mejoramiento de la calidad de vida de la población más 
vulnerable. Además, estos proyectos deberían tener prioridad 
sobre otras situaciones presentes. Así, el Estado debe ayudar a la 
población pobre de la capital, ya que lo señala la máxima autori-
dad, la constitución. Esta determina como objetivo fundamental 
solucionar las necesidades insatisfechas de la población, ya sea en 
servicios primarios, como lo son el agua, la luz, la educación y la 
salud, o con programas de rehabilitación emocional.
Por otra parte, el desempleo en Bogotá ha ido aumentan-
do exponencialmente con respecto a abril del año pasado. Tal 
circunstancia también incrementa el número de habitantes en 
situación de pobreza. Las estadísticasdel DANE (2020) revelan 
un crecimiento considerable del desempleo:
Para el mes de abril de 2020, la tasa de desempleo del total 
nacional fue 19,8%, lo que significó un aumento de 9,5 puntos 
porcentuales frente al mismo mes del año pasado (10,3%). La tasa 
global de participación se ubicó en 51,8%, lo que representó una 
reducción de 10,4 puntos porcentuales frente a abril del 2019 
(62,2%). Finalmente, el porcentaje de desempleo en Bogotá subió 
de 11,9% en 2019 a 14,5% en 2020 en el mes de abril. (p. 3)
El llamado ‘desempleo tecnológico’ ha sido atribuido como 
38
Prima Exagia 16
una de las causas más significativas del desempleo en Bogotá. 
Keynes (citado por Alcober, 2014) contempla este tipo de des-
empleo como “la pérdida de puestos de trabajo que propicia la 
introducción de nuevas tecnologías” (párr. 2). De esta manera, 
se evidencia un desequilibrio entre el número de personas des-
empleadas y el número de vacantes que se ofrecen, situación 
que deja a miles de personas sin la oportunidad de emplearse y 
así suplir sus necesidades básicas. Como resultado, más perso-
nas pueden terminar en condición de pobreza, lo que conlleva 
a que dicha población quede en estado de vulnerabilidad. 
Esta situación de vulnerabilidad de derechos que se presen-
ta debe ser reconocida por el Gobierno como lo dice el Artículo 
350 de la Ley de Apropiaciones de la Constitución Política de 
Colombia. Esta ley propone la asignación de ciertos recursos 
para los llamados ‘gastos públicos sociales’, los cuales están 
relacionados con las necesidades básicas insatisfechas de la 
población y la eficiencia fiscal y administrativa. De esta forma, 
se mitigarían las dificultades causadas por el desempleo. Asi-
mismo, no solo se deben proporcionar subsidios y ayudas eco-
nómicas, sino también brindar empleos, junto con una serie 
de acciones que permitan que las personas en condición de 
vulnerabilidad puedan progresar y superar la pobreza.
A pesar de esto, el Estado colombiano sigue considerando 
que las ayudas económicas a los habitantes en condición de 
pobreza es la única solución ante la pésima calidad de vida que 
presenta la capital. Esto se evidencia en las decisiones que ha 
asumido el Gobierno para enfrentar la pandemia del COVID-
19. Tal como se anunció el pasado 3 de junio del 2020, los ciu-
dadanos podrán pedir ayudas al distrito mediante una opción 
especial llamada Bogotá Cuidadora, de la cual más de 525.000 
familias ya se han beneficiado mediante el programa Ingreso 
Solidario, tal como señala la primera mandataria de la ciudad 
(Citytv, 2020). Por un lado, el Estado afirma que esto ayudaría 
a personas que no pueden pagar bien sea sus impuesto o ser-
vicios públicos y, por el otro, ayudaría a aquellas familias cuyo 
capital no es suficiente para subsistir en época de cuarentena.
Hasta el momento, estas ayudas se pueden asignar con los 
registros que se tienen de los fondos destinados para aquellas 
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Sociedad
familias, como por ejemplo con los tres programas existen-
tes: Familias en Acción, Colombia Mayor y Jóvenes en Acción. 
Estos programas están destinados a ayudar con subsidios a 
las personas más vulnerables, ya sea de forma monetaria o 
con el ingreso a servicios básicos como la educación y salud. 
Sin embargo, se encuentra una falla en dicha lógica, ya que el 
nuevo programa (Ingreso Solidario) es como un tamizador, que 
selecciona aquellas personas que merecen ser recibir dichos 
ingresos, pero, obviamente, no todas las personas pobres 
son beneficiadas. El problema subyace en que este programa 
aparta a los individuos que ganan un salario mínimo vigente, 
suponiendo que esto es suficiente para mantener una familia. 
Por otra parte, no se puede negar que algunas cifras demues-
tran que las barreras para acceder a algunos servicios han dis-
minuido. Tal es el caso del servicio de salud, puesto que “[…] el 
indicador de aseguramiento de salud observa que este creció de 
9,6% en 2016 a 11% en 2018 a nivel nacional” (Becerra Elejal-
de, 2019, párr. 5). Lo anterior permite que la población pobre 
tenga la oportunidad de tener un servicio digno y de calidad. 
Otro ejemplo que vale la pena resaltar es el caso del sector de 
educación, en el cual se han proporcionado más cupos para que 
los niños y jóvenes puedan acceder al sistema educativo.
Solo el sábado se asignaron 2.002 cupos. Las localida-
des con más inscritos fueron Kennedy, con 1.006; Engativá, 
con 275, y Bosa, con 119. Entre tanto, el domingo, el balan-
ce fue de 1.678 cupos asignados. Durante el segundo día, los 
mayores logros fueron en Ciudad Bolívar, con 700 cupos; Tun-
juelito, 279, y Kennedy, 213. (El Tiempo, 2020, párr. 5)
Estas cifras evidencian que la calidad de vida de las personas en 
la ciudad de Bogotá ha mejorado. Esto se ha conseguido gracias a 
una mayor cobertura el sector de educación y salud, de modo que la 
barrera para ingresar a estos servicios ha disminuido. 
Sin embargo, los programas que ha generado el Estado han 
presentado varias inconsistencias y no han sido lo suficiente-
mente efectivos para alcanzar un puesto decente en el ranking de 
calidad de vida a nivel mundial o para mantener la seguridad de 
que la población obtendrá una vida digna a largo plazo; también 
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se puede observar que la desigualdad social se incrementa con el 
paso del tiempo, lo cual causa que las personas en condición de 
pobreza no puedan progresar fácilmente en la sociedad. Además, 
el modelo económico que aún se está manejando, es decir el neo-
liberalismo, nos da a entender que no es el más adecuado para 
manejar la situación de pobreza que se mantiene en la capital del 
país. Adicionalmente, la fuerte desigualdad, marcada en nuestra 
sociedad, ha causado serias dificultades en dicha población vul-
nerable. Finalmente, por si fuera poco, la desigualdad, sumada a 
la llegada de la tecnología, aumentó el número de desempleos y, 
por ende, también la población pobre en la capital. 
A partir de todo lo que se ha dicho en este texto, se con-
cluye que no es viable seguir con este sistema económico, 
no sin considerar a los cientos de pobres que deja el sistema. 
También, nos lleva a reflexionar en torno a las siguientes pre-
guntas: realmente ¿vivimos o sobrevivimos? ¿No será que la 
misma sociedad nos hace creer que se puede obtener lo que 
necesitamos y queremos, con el fin de tener una vida feliz, 
cómoda y supuestamente en paz? 
Por último, no se puede dejar de lado el hecho de que el 
Gobierno colombiano y la Alcaldía de Bogotá han generado dis-
tintas estrategias para ayudar a la población más necesitada; sin 
embargo, a causa del modelo económico usado actualmente 
y los escasos recursos que son destinados a las personas con 
mayor necesidad, se ha producido un mayor crecimiento de la 
pobreza en la capital del país, situación que se agudiza con el 
aumento de la población en la capital, debido a la migración de 
personas de diferentes regiones, se ve reflejado de una forma 
más latente que, a pesar de las acciones propuestas por el 
Gobierno distrital y nacional, no se evidencian cambios signifi-
cativos de fondo que mejoren estas desdichadas circunstancias. 
Por esta razón, una mayor intervención por parte del Estado es 
indispensable, para que las personas en condición de pobreza en 
la ciudad de Bogotá puedan mejorar su calidad de vida.
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Sociedad
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G
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Sistema pensional: destructor 
de sueños
Laura Silvana 
Cortés Arévalo
lcortesar@unal.edu.co
Estudiante de Geografía
Santiago Zarate Ávila
szarate@unal.edu.co
Estudiante de Geografía
Adriana Díaz Cuevas, docente
Resumen
Palabras Clave
[Texto argumentativo] El propósito de este texto es sustentar 
por qué cotizar en el sistema de pensión en Colombia es obsoleto. 
Para ello, se tendrá en cuenta información suministrada por entida-
des oficiales y reconocidos medios de comunicación que confirma 
los problemas que tiene el sistema pensional en el país. Finalmente, 
se reflexiona sobre la necesidad de una reforma pensional que per-
mita solucionar los problemas del sistema para que a este puedan 
acceder todos los colombianos.
Pensiones,
 Régimen de pensión,
 Reforma pensional,
 Desigualdad.
Gobierno
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Con el tiempo y el recorrido de vida, se encuentran 
muchas historias de personas que sueñan con pensionarse 
y vivir de manera tranquila su vejez. Desafortunadamente, 
gran número de ellas, debido a múltiples circunstancias, se 
quedan sin un dinero seguro por recibir; esa es la realidad 
que muchos colombianos y colombianas deben afrontar dia-
riamente. La abuela de la autora de este texto, Rebeca Quin-
tero, es una mujer del campo que trabajó desde sus catorce 
años como personal de limpieza, niñera, estilista y modista. 
Rebeca soñaba con pensionarse un día y poder disfrutar el 
fruto del trabajo de tanto tiempo, pero ahora, con sesenta 
y seis años, debe seguir laborando como modista debido 
a que, cuando tuvo edad de pensionarse, más de la mitad 
de las semanas que había cotizado había desaparecido y ya 
nadie respondería por ellas; así como Rebeca, más personas 
se ven afectadas por el sistema pensional año tras año.
Actualmente, son amplios los problemas que se pueden 
presentar en el proceso de cotizar pensión o recibirla; ello 
depende en gran medida de las condiciones laborales del 
país, las cuales son críticas y se evidencian en altas tasas 
de desempleo, informalidad laboral y salarios precarios. 
Además, el país está atravesando por diferentes situacio-
nes de carácter social, político y económico, como lo son 
el proceso de posconflicto, la migración de venezolanos, la 
impopularidad del actual presidente Iván Duque, el precio 
del dólar, entre otras.
Así, ad-portas de la presentación de una reforma pensional 
por parte del Gobierno colombiano de Iván Duque a través de 
los ministerios de Hacienda y Trabajo, se hace necesario hablar 
de este tema puesto que es de crucial interés para el ciuda-
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Gobierno
dano en general y acoge a todo el Estado. Asimismo, cabe 
resaltar que hay opiniones divididas frente a este tema, como 
la declaración del presidente de Porvenir, Juan David Correa, 
quien señaló que en realidad sí es posible pensionarse de 
manera óptima (Arias Jiménez, 2019). A pesar de lo anterior, 
son las condiciones mencionadas las que permiten sostener 
que cotizar en el sistema de pensión en Colombia es obsoleto.
Ahora bien, por una parte, es clave entender que la pen-
sión de vejez ha sido definida por la jurisprudencia constitu-
cional como:
[Un] salario diferido del trabajador, fruto de su ahorro for-
zoso durante toda una vida de trabajo. [Por lo tanto,] el pago 
de una pensión no es una dádiva súbita de la Nación, sino el 
simple reintegro que, del ahorro constante durante largos años, es 
debido al trabajador (SENTENCIA C-177/98, 1998, párr. 1).
El ahorro mencionado en la anterior definición puede ser 
cotizado por medio de dos modalidades, ya sea a través del 
sistema de reparto o del sistema de capitalización, que, para 
el caso colombiano, son el Régimen de Prima Media y el Régi-
men de Ahorro Individual con Solidaridad, respectivamente. 
Por otra parte, del manejo de las pensiones se encargan la 
Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesan-
tías (AFP) y la Administradora Colombiana de Pensiones 
(Colpensiones), que son instituciones financieras de carác-
ter previsional, vigiladas por la Superintendencia Financiera 
de Colombia. La primera se encarga de la “administración y 
manejo de fondos y planes de pensiones de los regímenes de 
Ahorro Individual y de fondos de cesantía” (Dinero, 2007, 
párr. 1), mientras que la segunda gestiona la administración 
estatal del Régimen de Prima Media (Colpensiones, 2020).
A partir de las anteriores problemáticas mencionadas en 
torno al Sistema General de Pensiones y las condiciones en 
las que este se desarrolla en el país, se abordarán las prin-
cipales razones que apoyan la proposición hecha y se com-
plementará a través de una reflexión acerca de la coyuntura 
actual que se presenta en Colombia.
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Una de las causales que llevan a decir que cotizar en el 
sistema de pensión en Colombia es obsoleto es que la capa-
cidad de ahorro en Colombia es baja debido a que existe una 
alta informalidad laboral, por lo tanto, se hace difícil reali-
zar un aporte mensual juicioso, que es lo ideal en el sistema 
para más adelante conseguir cumplir el número de semanas 
requerido. Solo el 18,5 % de los hogares colombianos afir-
man tener ahorros; de igual manera, se ha logrado evidenciar 
un crecimiento en la tasa de desempleo y en la tendencia a 
obtener bajos ingresos mensuales, esto es, entre quinientos 
mil y un millón de pesos colombianos (Bosch et al., 2015).
Aunque la Banca de las Oportunidades, Fasecolda y la Super-
intendencia Financiera de Colombia (2018) aseguran que los 
métodos formalesde ahorro son bastante usados en tanto “el 
69,8 % de los hogares declara tener los ahorros en la forma de 
cuentas de ahorro o corriente y el 14,1 % en la forma de CDT 
(Certificado de Depósito a Término), bonos, acciones u otros 
activos financieros” (p.16), también señalan que los métodos 
informales continúan teniendo mucha importancia, ya que el 
28,1 % de los hogares aun cuenta con ahorros en alcancía y/o 
debajo del colchón y el 10,4 % en cadenas de ahorros y/o nati-
lleras. Estos ahorros son principalmente usados para gastos de 
consumo (39,6 %), el cubrimiento de emergencias e imprevis-
tos (32,4 %) o para el pago de educación (10,5 %) (Banca de las 
Oportunidades et al., 2018).
Asimismo, el 62,8 % de los hogares colombianos se encuen-
tran en un nivel socioeconómico bajo (NSE); aunque cabe acla-
rar que, para este estudio, el 5,8 % no reportó sus ingresos 
(DANE, 2019a). De igual manera, el Departamento Administra-
tivo Nacional de Estadística (DANE) reportó que la tasa de des-
empleo en Colombia está aumentando, ya que para el momen-
to en que se hace este artículo, esa tasa de desocupación para 
septiembre de 2019 fue del 10,2 %, mientras que para el mismo 
mes del año pasado se encontraba en 9,5 % (DANE, 2019a). 
Además, podemos añadir que la tasa de informalidad en 2018 
fue de 48,2 %, aunque mejor que la de 2017 que fue 48,4 % 
(DANE, 2019b), sigue siendo muy alta para los propósitos de 
formalización laboral que se han planteado en el país.
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Otro motivo por el que se señala que cotizar en el siste-
ma de pensión en Colombia es obsoleto es que del pequeño 
porcentaje de la población que logra pensionarse, la mayoría 
reciben ingresos muy bajos. Los ingresos de los trabajadores, 
que en su mayoría son mínimos, en consecuencia, llevan a 
que los aportes vayan en consonancia con lo anterior; por lo 
tanto, quienes alcancen una pensión tendrán también mesa-
das de montos pequeños.
Por tal razón, el expresidente de Colpensiones, Mauricio 
Olivera, señaló en un artículo de la revista Portafolio que, para 
julio de 2018, el 86 % de los afiliados a los regímenes de pen-
siones reportaban ingresos de dos o menos SMMLV (salarios 
mínimos mensuales legales vigentes) (Portafolio, 2019), que 
para 2019 es de $828 116 pesos colombianos. Además, en el 
aspecto anterior, podemos encontrar otro gran problema, la 
desigualdad económica en el país, ya que por una persona que 
reporta ingresos por 16 o más SMMLV hay 38 personas que 
reportan ingresos por 2 o menos SMMLV (Portafolio, 2019). 
También cabe señalar que, en el régimen de prima media, el 
76,1 % de los afiliados a Colpensiones habían registrado ingre-
sos por 1 o 2 SMMLV; de ese porcentaje, el 51 % tenían ingre-
sos de 1 SMMLV e incluso menos (Portafolio, 2017).
Adicionalmente, la alta desigualdad en el país es confir-
mada por el coeficiente Gini, el cual representa el nivel de 
distribución de ingresos donde “se mide en un rango de 0 a 
1, donde cero significa que todos tienen el mismo ingreso y 
1, que una persona concentra todos los ingresos” (Serrano, 
2018, párr. 2). En este escalafón, Colombia se ubicó como el 
séptimo país más desigual del mundo tras obtener un puntaje 
de 0,53 (Serrano, 2018).
Otro argumento por el cual se señala que cotizar en el 
sistema de pensión en Colombia es obsoleto es que pocos 
colombianos logran conseguir una mesada pensional por la 
baja cobertura que el sistema tiene en el país. 
Según los registros administrativos del 2013, alrededor de 1,7 
millones de colombianos estaban recibiendo una pensión de alguno 
de los regímenes contributivos existentes (RAIS, RPM o regíme-
nes especiales) lo que representa un 37 % de los adultos mayores 
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Prima Exagia 16
de 60 años. [No obstante], Dado su nivel de ingreso, Colom-
bia debería tener una cobertura contributiva de entre 45 % y 50 
% de los adultos mayores […] (Bosch et al., 2015, p. 15).
Adicionalmente, podemos agregar que, según el ministro 
de Hacienda, Alberto Carrasquilla, “1 de cada 5 colombianos 
mayores de 60 años recibe una pensión” (Dinero, 2019, párr. 
10). Por su parte, a juicio del Banco de la República, la situa-
ción no mejorará en los próximos 40 años ya que, si se continúa 
con el actual modelo, apenas el 8,7 % de los afiliados al régimen 
público se lograrán pensionar mientras que en el régimen priva-
do lo hará el 11,1 % (Delgado Gómez & Ojeda, 2018).
A pesar de todos los cuestionamientos al sistema pensio-
nal en Colombia, el presidente del fondo privado de pensio-
nes Porvenir, Juan David Correa, señala en un artículo de El 
Colombiano que “el mito más grande hoy es que uno no se 
puede pensionar” (Arias Jiménez, 2019, párr. 6). Además, 
Correa indica que durante los 25 años de existencia de los 
fondos de pensiones privados se han acumulado recursos por 
244 billones de pesos, de los cuales 150 billones son gracias 
a rendimientos financieros y apunta que “la capacidad de los 
fondos para generarle valor a los clientes es muy importante, y 
aquel mito de que la gente no se puede pensionar queda atrás, 
cuando hay ahorro y un complemento” (Arias Jiménez, 2019, 
párr. 8). No obstante, esta afirmación se puede confrontar ya 
que, según datos del DANE, la tasa de desempleo juvenil para 
abril de 2019 se ubicó en 18,9 % (DANE, 2019c) y más alar-
mante aún es que, sabiendo que la mujer compone la mitad 
de la población colombiana, la tasa de desempleo juvenil de la 
mujer es más alta respecto a la de los hombres en 9,3 puntos 
porcentuales (DANE, 2019c). Lo anterior evidencia con clari-
dad que, para todos, pero especialmente para las colombia-
nas, las condiciones ideales de ahorro de las que habla Juan 
David Correa son difíciles de alcanzar.
En conclusión, la cobertura pensional a nivel nacional no 
es suficiente ni óptima debido a que la capacidad de ahorro 
de los trabajadores en el país es baja por diversas razones, 
pero principalmente a causa de la informalidad laboral y los 
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bajos salarios que oscilan entre uno y dos salarios mínimos; 
por ello, los colombianos que sí logran pensionarse reciben 
una mesada muy baja que apenas logra cubrir las necesida-
des básicas. Aunque se insista en que el ahorro de la gente 
debe ser disciplinado y constante, se cree que cotizar en el 
sistema de pensión en Colombia es obsoleto.
Además de lo anterior, cabe resaltar que para la coyuntura 
nacional van de la mano el aumento del desempleo juvenil y el 
lanzamiento de propuestas de reducir el salario mínimo a los 
jóvenes para que sean fácilmente contratables. En ese senti-
do, ¿qué políticas debe plantearse el gobierno para que todos 
los colombianos y las colombianas logren cotizar pensión 
desde jóvenes siendo contratados formalmente? Son nece-
sarias nuevas políticas que brinden verdaderas expectativas 
para alcanzar una pensión óptima y diseñarlas en torno a los 
contextos laborales, de manera que se reduzca al mínimo el 
porcentaje de personas que no alcanzan la meta pensional. Lo 
anterior debe ser de amplia importancia para todos, jóvenes y 
adultos mayores, puesto que afecta de manera directa la inte-
gridad del pueblo y compete estar pendientes de cada decisión 
que tome el Gobierno frente a este y todos los aspectos legis-
lativos para velar por la plenitud de los derechos adquiridos.
Es por ello por lo que el sistema colombiano, dentro de 
la próxima reforma pensional, deberá plantearse las metas 
de aumentar la cobertura a través de la contratación formal 
de los colombianos para que puedan cotizar el dinero y las 
semanas suficientes. También es necesario focalizar los sub-
sidios para la población más vulnerable a través de la elimi-
nación o reducción de las llamadas pensiones multimillona-
rias que han sido cuestionadas por importantes sectores de 
la opinión pública. El gobierno colombiano debe realizar una 
reforma pensional que garantice un sistema equitativo, fis-
calmente sostenible, en el cual ningún colombiano se quede 
por