33 Novaro y Palermo (cap 4) Videla en tiempo de descuento

Vista previa del material en texto

Videla en tiempo de descuento 
 
El programa económico desde la navidad de 1978:la primera fuga hacia adelante 
 
En Septiembre con el nuevo gabinete de Videla, naufragaron las propuestas aperturistas. A 
esto se le sumaron las tensiones que se generaron por el canal de Beagle con Chile y en las 
presiones de EEUU por las violaciones a los derechos humanos. El aislamiento internacional 
que empezó a experimentar el régimen se fue volviendo inmanejable para las autoridades. 
Internamente también tenían problemas. Videla se vió debilitado en el gabinete, presionado 
por la Junta de Comandantes y distanciado del Ejército, hasta entonces su principal sostén. 
Esto no fue desfavorable para lo económico, por el estiramiento de los tiempos políticos de 
la convergencia como por la mejor posición relativa que el aislamiento le colocó a Martínez 
de Hoz. Más favorable fue el programa económico se volvió central para los planes políticos 
del presidente: si tenía éxito podrían alcanzar sus objetivos políticos. 
Por otro lado, había otras cartas que no jugaban a favor de la economía. Primero, Videla 
había perdido una posición estratégica,la de comandante en jefe del Ejército. Además, la 
complicadísima negociación que precedió la extensión de su presidencia hasta 1981, con 
cuestionamientos en la Junta y la Armada, y un poco respaldo del Ejército, generó una aguda 
incertidumbre. Con las tratativas, el programa económico se volvió en uno de los principales 
cuestionamientos. El hecho de que Viola haya sido quien había dirimido esa situación a favor 
de Videla, no generó tranquilidad en Martinez de Hoz.Viola no fue un respaldo para la 
orientación general de su gestión. Fue una amenaza latente y a medida que pasaba el tiempo, 
las diferencias se hacían más visibles, tanto por el contenido del programa como los tiempos 
que uno quería no se ajustaban a los del otro. 
La salida de Massera de la junta no mejoró las cosas. La Armada seguiría dominada por su 
orientación, en tanto que el almirante tendría las manos más libres para lanzar su proyecto 
político. 
Es posible que ya en Abril del 78, cuando los militares forzaron el abandono de la política 
contractiva, el ministro de Economía hubiera sacado útiles conclusiones sobre su margen de 
acción, el cual se reducía a medida que se debilitaba el presidente, su principal sostén. Tras 
el Mundial y la resolución de la crisis del cuarto hombre, el conflicto con Chile ocupó un lugar 
central en la política del Proceso. Con eso, comprendio que su esquema económico habría 
de desarticularse. Pero al mismo tiempo, encontró en el conflicto una nueva oportunidad y 
supo usarla. A partir de Agosto, con Videla retirado que aprovecharon el hecho de que la 
atención militar estaba en la frontera y la prioridad que los uniformados le seguirían dando a 
la garantía que Economía les ofrecía para la provisión de sus arsenales. 
Los acontecimientos del 78 le advirtieron a Martínez de Hoz que su posición seguía siendo 
insegura, ante las contingencias de la lucha facciosa. En esas circunstancias comprendió que 
tenía que lanzar de inmediato sus políticas. En el momento en que los militares creían 
disponer de más tiempo, el del ministro comenzó a acelerarse, por el temor de que ellos 
finalmente no le garantizaran los años que le había prometido. 
La disposición del ministro se complementó con la de Videla, que también tenía motivos para 
darle vía libre a una acción más radical. Tras la disputa que generó su reelección y descartada 
una apertura política, se había quedado sin juego propio en casi todos los campos aunque 
todavía tenía la opción de profundizar la gestión económica para alcanzar los objetivos 
fundacionales. Durante el 79, con la perspectiva incierta con el acuerdo de Chile, con Massera 
lanzado a la política y Viola con más inquietudes, la sensación de peligro no se disparó, pero 
eso no impidió que el presidente ysu ministro se metieran de lleno a la gestión de gobierno 
con la esperanza de completar la obra. 
------------------------ 
 
 Los meses que antecedieron a Agosto del 78 fueron de reelaboración de diagnósticos dentro 
del equipo y de búsqueda de precisión sobre qué políticas habrían de concentrarse los 
esfuerzos. Aquí hubieron dos figuras clave: Alejandro Estrada y Ricardo Arriazu, quienes 
aportaron un mayor compromiso del equipo con la apertura comercial y el instrumental para 
un enfoque monetario de la balanza de pagos. Se trataba de resolver el problema de la 
inflación y darle forma a una reestructuración de las reglas del juego económico. Esta 
conjugación entre oferta analítica y viabilidad política de las medidas fue de una importancia 
fundamental. 
Además del peso de las restricciones internas que operaban sobre el ministro, la opción 
muestra la gran autonomía de uno y otro respecto a los intereses sectoriales y los grandes 
actores sociales. La orientación escogida, que era un tipo de cambio que anclaba a los 
precios, iba en contra de la filosofía exportadora y de ventajas comparativas de las que el 
ministro era partidario, y de lo que le había generado el apoyo de los sectores agropecuarios 
durante los primeros años. Durante esa etapa, no veían necesaria a una apertura comercial 
profunda. Pero luego del 78 , Estrada, quien era partidario de la apertura, alcanzó un control 
completo de la secretaría de Comercio. Tenía mucha fe sobre la integración de Argentina al 
mundo. En cuanto a Arriazu, su contribución fue introducir una reflexión teórica y 
prescripciones de política económica que llevaban más allá la apertura de la economía. La 
conjugación del énfasis en la apertura comercial y del monetarismo de economía abierta 
alentó al ministro a concentrar su esfuerzo en dos variables, la paridad cambiaria y los 
aranceles, abandonando las políticas de estabilización basadas en el control de la demanda 
( vetado por los militares ). El ministro encontró allí la alternativa de política antiinflacionaria. 
Convenció a la Junta de que era una estrategia no recesiva, que no tendría efectos sobre el 
empleo, y favorecería la competencia externa mediante la apertura y reevaluación gradual de 
la moneda argentina obligaría a las empresas a reducir costos. 
En la práctica, los anuncios de este programa en Diciembre del 78 significaron la espera de 
una desaceleración progresiva de los precios, en virtud de la competencia externa, sin alterar 
el nivel de empleo. El incremento del dolar disminuiría y las demas variables se ajustaría 
adecuando así tambien a los precios internos. A partir del 79, el futuro del ‘Proceso’ se jugaría 
a una espera de la convergencia de precios que dependía de la efectividad de esta política . 
La apertura comercial era presentada como un proceso gradual, que culminaría recién en el 
84. Habían otras pautas que completaban la profundización : las tarifas públicas, los salarios 
mínimos y el crédito doméstico. Además, desde el resto del gobierno se comenzó a presionar 
por modificaciones en las otras variables, principalmente, en los salarios y las tarifas, y en 
consecuencia se produjo un desfasaje entre el ritmo de incremento de la paridad con el dólar 
y los demás indicadores de la economía. 
En Materia salarial, las decisiones quedaron fuera del equipo económico por cómo se habían 
plasmado los propósitos iniciales del régimen. Desde el 77’, Economía fijaría el aumento de 
los básicos de cada actividad, pero las empresas fueron facultadas a otorgar aumentos por 
encima de esos básicos. La puja se hizo patente entre Trabajo y Economía. Aunque al final 
se logró una marcada dispersión salarial, que era otro objetivo de la política implementada, 
el efecto antiinflacionario buscado fue nulo. 
En el 79, la tensión entre ellos disminuyó por la llegada a la cartera laboral de Llamil Reston, 
sin embargo, esto no significó que Economía aumente su capacidad de adecuar el incremento 
de los salarios a la política deestabilización. En el acuerdo que se estableció entre los 
ministerios ellos creían que los salarios tenían un papel inflacionario sólo si se definían en 
las convenciones colectivas centralizadas. Por lo que entendieron, que daban un paso 
decisivo en la flexibilización salarial y la lucha contra la inflación al establecer la libertad de la 
negociación a nivel de empresa. Esto se conjugaba en un marco que suponía que las 
empresas sólo darían aumentos genuinos de salarios. Pero esto no fue así, porque los 
sectores no expuestos a la competencia externa continuaron sus prácticas habituales. Con 
un nivel de actividad económica sostenido por la elevada inversión pública, la desocupación 
descendió a un nivel friccional. 
Para Martinez de Hoz, al quedar la determinación de los salarios en el ámbito de las 
empresas, lo que tuvo lugar fue una dispersión marcada dentro de sectores y una pérdida de 
referencia de los básicos de convenio casi completa por las negociaciones descentralizadas, 
acompañadas por medidas de fuerza localizada. 
Cuando el Banco Central superó el tope de emisión establecido a seis meses según el plan, 
se hizo patente que no había creencia en la convergencia forzada por el ancla cambiaria. 
Juan Alemann, secretario de Hacienda, pugnaba por regresar a las formas tradicionales del 
ajuste, considerando que sólo la recesión podría domeñar los salarios y los precios. Aunque 
eso era políticamente inviable, representaba la opinión del establishment empresarial, 
quienes habían desconfiado desde un principio.Si bien felicitaban a los militares por su lucha 
antisubversiva no tenían consideraciones alentadores por el plan económico. 
La expectativa de una devaluación correctiva, que no podría evitarse aunque se demorara, 
completaba un cuadro pesimista respecto al programa, 
Lo que los representantes del gran capital le reclamaban al gobierno y al equipo económico 
era coherencia con los principios anunciados en su inicio, señalando la imposibilidad de frenar 
la inflación sin la ayuda de la recesión y el ajuste del gasto público. 
El monetarismo de economía abierta permitía anticipar que las pautas cambiarias provocan 
atraso coyuntural. Pero el problema fue que sucedió lo contrario, el grueso de los empresarios 
continuó comportándose como lo hacía y la formación de los precios reflejó la persistencia de 
esos patrones de cálculo empresarial. El atraso cambiario superó con rapidez los niveles 
previstos y los agentes económicos pudieron seguir creyendo en las explicaciones clásicas 
pero las expectativas se formaron en torno a una inevitable devaluación futura. A diferencia 
de una recesión, que hubiera afectado la capacidad de formar precios de todos los agentes 
económicos, la conjugación de moneda sobrevaluada y apertura comercial acelerada 
afectaba esa capacidad sólo para un sector de la economía. La parcial recuperación de los 
salarios real, luego de la caída del 76 y 77 , fue posible porque el sector compuesto por bienes 
y servicios que no sufrieron la competencia externa estuvo en condiciones de transferir sus 
mayores costos laborales a los precios. El mercado nacional no fue abierto a la competencia 
externa para las poderosas industrias tradicionalmente protegidas, por ejemplo, la automotriz. 
La aplicación del enfoque monetario de la balanza de pagos con propósitos estabilizadores 
no dependía sólo de decisiones domésticas sino también de que se mantuviera la bonanza 
financiera del primer shock de los precios del petróleo y la formación del mercado de 
petrodólares. Había una sensación de riesgo creciente en el sistema financiero internacional. 
A fines del 79 era ya sostenible que las medidas implementadas no estaban dando lo 
esperado: mientras que se registraba una fuerte expansión de la actividad económica y el 
desempleo tocaba su mínimo, la inflación no cayó . Así, durante el año se había acumulado 
un importante atraso cambiario, y la inflación sólo comenzaría a descender, parcialmente y 
sin evitar la acumulación de mayor atraso. La revaluación al combinarse con la reducción de 
aranceles, redujo los niveles de protección real de los bienes industriales susceptibles de 
competencia externa y eso hizo que las objeciones militares se volvieran más agresivas. 
AL retraso cambiario se sumaron las distorsiones de los precios relativos: caían los que 
sufrían el impacto de la competencia externa. El sector productivo quedó atrapado en un 
espiral de endeudamiento creciente, asfixiadas las empresas por el efecto simultáneo de altas 
tasas de interés y desprotección efectiva. Las que habían apostado a la política oficial, 
adquirieron bienes de capital para modernizarse y fueron las más perjudicadas luego con la 
deuda. 
En esta situación se vió la nocividad de la política de liberación financiera combinada con la 
garantía del Banco Central a los depósitos lanzada en el 77. Como el sector financiero se dió 
cuenta que era imposible que los créditos fueran amortizados, y no quiso provocar quiebras 
en cadena, se limitó a refinanciar las deudas capitalizando los intereses sucesivos. Luego de 
esto, la crisis financiera no demoró. 
 
La CIDH ausculta la pax procesista 
 
Otra bomba de tiempo comenzó en 1980 cuando la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos , dependiente de la Organización de Estados Americanos, dio a conocer su informe 
sobre la situación argentina. La repercusión del informe fue perjudicial, por su contenido y por 
su relevancia. El gobierno había depositado en la CIDH la confianza de poder blanquear su 
situación externa. 
Desde el 77 las presiones de USA, Europa y las Naciones Unidas por la violación sistemática 
de los DDHH habían comenzado a afectar las relaciones con esos gobiernos y organismos, 
y en particular la gestión de los créditos y la ayuda militar. Al principio, los jefes procesistas 
buscaron desmentir a sus críticos mientras que seguían con su estrategia represiva, diciendo 
que era inevitable algunas acciones ante las secuelas que había dejado la guerra sucia y que 
cuanto antes terminaban los operativos ‘de limpieza’ , más rápido acabaría la guerra. 
Los viajes de Videla durante el 77 y el 78 fueron con el objetivo de contrarrestar estas 
denuncias que era un objeto en las discusiones de los foros internacionales y las democracias 
occidentales. Otras prestigiosas organizaciones habían tomado un especial interés por el 
caso argentino y alentaba a USA para que tome sanciones contra el país.Videla clasificó a 
esas organizaciones acusándolas de promover una ‘campaña antiargentina’ y de estar 
infiltradas por la subversión marxista. 
Luego de una visita del secretario de Estado, Cyrus Vance, Videla busco en los meses 
siguientes crear con Paraguay, Brasil, Uruguay y Perú un frente en defensa de la 
autodeterminación de los pueblos y del espíritu latinoamericano. De momento, pareció útil 
para brindarle una cobertura internacional al régimen.Logró cierta solidaridad regional pero 
no se tradujo en acciones concretas y carecía de la relevancia necesaria para compensar las 
sanciones que dispusieron los funcionarios de Carter. La reducción de los créditos para 
equipos militares del 77 fue seguida en el 78 con la enmienda Humphrey-Kennedy a la Ley 
de Asistencia a la Seguridad, que eso en Argentina implicó el embargo de armas y restringio 
más la aprobación de créditos. Se tuvieron que crear entonces canales alternativos de 
abastecimiento militar: se creó un tráfico de armas con Israel y Europa. 
Otro frente amenazador fue el Secretariado de DDHH de la ONU que en poco tiempo condenó 
el régimen en Sudáfrica y al gobierno de Pinochet. El embajador argentino recurrió a todo tipo 
de acciones para evitar que la atención se centrara en la Argentina. Para esto, contó con el 
apoyo de los países socialistas y algunos no alineados. El panorama empeoró en el 78 
cuando la Comisión comenzó a tratar con profundidad a la cuestión delos desaparecidos y 
recibió testimonios de familiares, sin embargo, Martinez logró ganar tiempo con el apoyo de 
la URSS. 
A diferencia del ámbito interno, allí la alusión a la ‘campaña antiargentina’ estaba dando buen 
resultado, mientras que en el exterior los gestos y actitudes del régimen no tenían ninguna 
efectividad. 
En esta desesperación e impotencia, decidieron contratar, con la excusa del Mundial, a una 
de las más grandes empresas de relaciones públicas de USA para lanzar una campaña con 
una imagen del país y sus autoridades. 
Sin embargo, dos factores internos, contribuyeron a agravar las dificultades que ya suponía 
lidiar con la presión externa. En primer lugar, los mandos militares siguieron pensando que 
las denuncias no eran un problema serio para el régimen. Esta relativa indiferencia ante el 
problema, llamó la atención de la embajada de USA, que se vieron en la necesidad de aclarar 
una y otra vez que sus preocupaciones eran serias. El segundo factor, fue la capacidad de 
reacción del gobierno ante las presiones externas que estaba afectada por los fuertes 
conflictos internos que lo atravesaban. El modo en que se manejaban las ‘secuelas’ traía 
desconfianza y discordia. La posición respecto al tratamiento que debía darse a los ‘excesos’, 
es decir a esos casos que implicaban a figuras democráticas, sacerdotes reformistas y 
defensores de los DDHH, se volvió un parteaguas entre quienes querían profundizar el 
proceso y quienes buscaban desviarlo de sus objetivos fundacionales. 
El episodio que reveló la complejidad de la situación fue el secuestro y luego ‘ blanqueo’ del 
director de ‘La opinió’, Jacobo Timerman, quien tomó distancia y criticaba al régimen. A los 
reclamos publicados allí, el gobierno respondió con intervención, el secuestro de sus 
columnistas y directivos, y más. Hasta que la presión internacional hacia Videla se volvió 
insoportable y lo reconocio como ‘preso’ a disposición de PEN. 
Todo empeoró desde entonces, tanto por la presión externa como el cruce de reproches entre 
los militares por cómo se había tratado el asunto. 
Exceptuando a los pocos abogados de la Corte que intentaron defender los derechos 
individuales, el grueso de la comunidad jurídica toleró las violaciones de la ley y el derecho 
de las autoridades. Este aval fortaleció entre los militares la idea de que no había que tener 
un juicio futuro sobre la ‘lucha contra la subversión’. 
Pese a los conflictos internos y la propensión a la autocomplacencia en los cuarteles, con el 
paso del tiempo se fue fortaleciendo la idea , dentro del gobierno y la Junta, de que era 
necesario hacer algo para evitar el aislamiento internacional. 
Con el tiempo y con cambios, como por ejemplo con las crecientes tensiones que había 
generado el rechazo a la asistencia armamentista norteamericana y el avance de las fuerzas 
guerrilleras en Centroamérica, se fue volviendo cada vez más visible las señales de una 
dispocisión estadounidense a tener lazos de colaboración con las dictaduras de la región y 
dejando de lado las políticas de sanciones. Contaba además, la simpatía que despertaba el 
programa de Martinez de Hoz en círculos políticos y económicos. La oportunidad para 
impulsar el acercamiento llegó cuando en el 78, Videla y Walter Mondale, vice de USA, 
asistieron en Roma a la asunción de Juan Pablo I. Al año siguiente, el gobierno argentino 
invitó a la CIDH, a evaluar la situación de los derechos humanos en Argentina, a cambio, el 
gobierno norteamericano apoyaría una gestión de créditos. Debía garantizarse a toda costa 
un resultado favorable de la misión de la CIDH, y en este terreno el gobierno cometió dos 
errores. 
Primero, subvaloro a los organismos de los DDHH, a su capacidad de coordinar la acción 
colectiva de los familiares de los desaparecidos y en su impacto que tendría externa e 
internamente. 
La represión cobró las vidas de muchos activos defensores de los derechos humanos desde 
el momento del golpe. A pesar de todo, el 30 de Abril del 77’ comenzó a reunirse 
periódicamente en Plaza de Mayo un grupo de madres de desaparecidos que concurrían al 
Ministerio del Interior para saber información del paradero de sus hijos. Ante las amenazas 
de la policía de detenerlas si hacían una reunión pública, decidieron caminar alrededor de la 
Pirámide. Así nacieron las rondas de los jueves, que fueron congregando a familiares y 
militantes de derechos humanos en los sig meses. 
Otro de los problemas fue la excesiva confianza depositada en la eficacia del acuerdo sellado 
con Mondale para ganar el favor de la administración demócrata y diluir los cuestionamientos 
por las violaciones en el clima de buenos negocios que se prometía inaugurar entre ambos 
países. Se subvaloraba la relevancia que había adquirido ese asunto en la política exterior 
norteamericana y en el mundo. Tanto en el público como en la burocracia se había instalado 
una valoración de los derechos humanos. Aún cuando los créditos se aprobaron no se aligeró 
el juicio sobre el ‘caso argentino’. La colaboración que se esperaba para acotar la misión de 
la CIDH no llegó nunca, y los militares del Proceso debieron lidiar directamente con los 
funcionarios del organismo. El gobierno oficializó su invitación en Diciembre del 78’ y la misión 
llegó en Septiembre del 79’, durante la cual recolectaron miles de testimonios directos de 
familia de desaparecidos. Peligro más grave anticipado por los jefes militares, por eso, meses 
antes de la llegada, habían aumentado su represión hacia los familiares pero los esfuerzos 
fueron en vano. 
Dentro del país, el resultado de la visita se haría sentir poco a poco, como el lento avance de 
una fuerza que, una vez liberada, resultaba incontenible, y agregando una carga creciente y 
cada vez más insoportable a las espaldas del Proceso. 
La visita de la CIDH había dejado en evidencia las profundas diferencias que habían ido 
acumulándose y permanecían irresueltas en el frente militar. Esta, fue la prueba para los 
duros de que el gobierno estaba cayendo en una condescendencia inadmisible ante la presión 
internacional y la subversión marxista. Sin embargo, la táctica de Videla y Viola de ir 
desplazando progresivamente a los jefes de las facciones contrarias iba dando buen 
resultado, había una coloración favorable a los ‘moderados’. Sin embargo, con el paso del 
tiempo tuvieron consecuencias cada vez más incontrolables e irremediables en el frente 
militar que afectaron a todos por igual. La discordancia era grave para una figura como Videla, 
quien quería ser una fiel encarnación de un espíritu sanmartiniano de moderado 
republicanismo, abierto al mundo. Quería guiar la reivindicación de la ‘guerra sucia’ a las 
naciones civilizadas de occidente. La ideología occidental y cristiana en que se había 
asentado la visión globalizada de la tercera guerra mundial le jugaba una mala pasada, 
obligándolo a sufrir las condenas internacionales en mayor grado. En cambio, los duros, 
quienes tenían sus mentes más libres para promover un aislamiento activo, con la defensa 
de las virtudes del Proceso frente a las débiles democracias occidentales, justificando su 
fanatismo paranoico con la ‘guerra subversiva’ y sus secuelas. Luego de la visita de la CIDH 
explicaban todo porque el mundo occidental apareció uniformemente enfrentado a su ser 
nacional y a eso se le sumaba su frustración económica del programa y las ideas que habían 
ligado al régimen con ese mundo. De estas frustraciones nacería un rencor más duradero y 
violento. 
La actitud de los protagonistas más directos del terror se puede comprender si se toma en 
cuenta que tenían una metodología represiva caracterizada por la clandestinidad y el secreto 
en donde abundaba su despreocupación por mantenerse estrictamente dentro de esas 
pautas que el régimen había fijado, todo porque tenían la convicción de que no se verían 
jamás en la necesidadde rendir cuentas. 
La masividad de la respuesta de los familiares y de los organismos de derechos humanos 
había llevado al régimen a alentar manifestaciones de signo contrario. Para crear una 
contracampaña dio a luz la Liga Argentina de las Víctimas del Terrorismo que sostuvo que 
los familiares de los subversivos no podían invocar ahora los derechos humanos que antes 
fueron indiferentes. Así, fueron significativas las muestras de respaldo de los sectores donde 
ellos tenían prestigio y autonomía. De la prensa y la opinión pública nacieron las muestras de 
reconocimiento por la lucha antisubversiva y la paz recuperada. Todo esto tuvo doble efecto. 
Por un lado, en vez de fortalecer el régimen, generaron en la CIDH y en los observadores 
extranjeros la creencia de que este se mantenía fuerte y que no iba a revisar su pasado y así 
le daban la razón a los denunciantes. Por otro lado, ese apoyo disparó algo cercano a un 
debate público sobre la guerra sucia. Por primera vez se discutió en los medios de 
comunicación. Gracias a eso se fue corriendo de lado la ‘versión oficial’, se fue filtrando los 
datos de una verdad que durante años fue ignorada y ahora desbordaba. 
En alguna medida gracias a las muestras de apoyo recibidas por el régimen, los organismo 
de los DDHH sacaron provecho de estos hechos como un punto de quiebre. Esto les permitiría 
pasar de la recolección de testimonios o la búsqueda de apoyo, a una campaña doméstica y 
pública de confrontación con el régimen sobre la verdad de lo sucedido. Sus actividades 
fueron ganando presencia en los medios, nutriéndose de voluntades. 
La batalla informativa por el control de las conciencias, que ya había perdido en el exterior 
frente a los gobiernos democráticos y los organismos internacionales, comenzaba a 
plantearse en el interior del país. Mientras maduraba ese efecto corrosivo, la orientación 
dominante de la sociedad no fue la oposición al régimen. Hasta ese momento reinó la actitud 
de ‘no saber’, y la negación se volvió aún más intensa luego del Mundial, ya que con el clima 
de victoria emergió la sensación de que lo peor ya había pasado, junto con la expectativa del 
ablandamiento del régimen. Ahora, sabían de algo que no podía no juzgarse como criminal 
pero simplemente lo justificaban o lo dejaban sepultado en el pasado.Pero esta mayor 
complicidad estaba lejos de significar una auténtica aprobación. Ya se sabe demasiado para 
aprobar, lo suficiente para creer que el olvido es la única escapatoria. Olvidar entonces, para 
ellos no es sólo dejar pasar sino también es colaborar en el sostenimiento del nuevo horizonte 
que pone ante sus ojos una pax procesista. Su complicidad se sostiene en razones de cálculo 
fundamentadas: Primero, que el gobierno es demasiado fuerte y duradero para ellos como 
para pedirles una rendición de cuentas. Luego, acompañándolos ante la pérdida de apoyo, 
con un puente de plata ya que siendo débil no puede durar mucho tiempo pero arrinconado 
podría cerrar filas y tratar de sostenerse a cualquier costo. 
La visita y el informe forzaron a actores políticos y sociales a adoptar una posición en un 
terreno en el que hasta entonces habían mantenido prudente silencio 
La actitud eclesiástica se inclinaba a favor del régimen y no se modificó aún así cuando Juan 
Pablo II les pidió a los obispos argentinos que solucionen los problemas de los desaparecidos. 
Ellos se justificaron con que la traducción había sido transformada a favor de los organismos 
internacionales. La divergencia entre las posiciones del Vaticano y la del episcopado 
argentino siguió agravándose en los meses siguientes durante el 79. Estos cruces no podían 
sino generar polémicas en la sociedad civil, con enorme repercusión en las conciencias 
respecto a qué posición tomar ante lo sucedido. Un segmento mayoritario de la opinión 
pública acompañó a la apuesta de la Iglesia y de los sectores políticos y sindicales que 
conjugaba el respaldo militar en la guerra ante la continuidad de las prácticas excesivas y 
abusivas. La evolución de los acontecimientos fue volviendo cada vez más insostenible esta 
posición. 
En el sector militar, tanto los duros como los blandos, ambos coincidían en no volver a lo 
actuado durante la represión una vez realizada la convergencia. En el 80’ cuando la CIDH dió 
a conocer su último informe, la Junta profundizó su mensaje de que ‘ a un ejército vencedor 
no se le pide que rinda cuentas’ e intensificó los esfuerzos por neutralizar la cuestión o 
excluirla de la agenda de gobierno. 
En Diciembre del 79’ Juan Pablo II concedió una entrevista a las Madres de Plaza de Mayo a 
la que siguió luego un nuevo pedido del pontífice para que se aclarara la situación de los 
desaparecidos. Ese mes, el Departamento de de Estado de USA desmintió que se fuera a 
modificar la situación respecto a la violación de los DDHH de Argentina . Simultáneamente, 
la Comisión de los DDHH de la ONU votó una resolución que establecía que el problema de 
los desaparecidos constituía la violación más grande luego del Holocausto e hizo suya la 
demanda de esclarecimiento planteada por la CIDH, debilitando aún más el argumento de la 
‘pacificación’ y del ‘mejoramiento de la situación’.La reacción del gobierno evidenció un 
estado de shock e intensificó una campaña dirigida a contraponer a los desaparecidos como 
‘muertos por la subversión’. 
Tampoco favoreció al gobierno argentino su participación activa en el golpe militar en Bolivia. 
La Junta siguió poniendo muy poca voluntad para sacar algún provecho de la nueva 
disposición de las autoridades estadounidenses ( se designó a Jeane Kirkpatrick embajadora 
de la ONU, quien inclinaba la balanza a favor de las dictaduras amigas y en contra del 
socialismo ) . En Febrero del 81’, la policía allanó la oficina de la CELS y detuvo a varios 
miembros de la organización. Por primera vez hubo un acto de movilización pública en contra 
de la represión. Segundo motivo de confusión para la Junta fue la decisión del gobierno 
republicano de invertir en América central. Eso permitió que el programa de operaciones 
clandestinas se desplegara. Cuando en Noviembre Galtieri arribó a washington se 
comprometió públicamente a ‘combatir el comunismo en américa central’. La clandestinidad 
de estos acuerdos y lo vergonzante del reconocimiento que le brindaba ahora el gobierno de 
USA pareció no preocupar a Galtieri, ni lo hizo dudar de la amplitud e incondicionalidad del 
respaldo que los republicanos darían a los dirigentes militares argentinos. Cuando la invasión 
a las islas Malvinas provocó el abrupto final del programa secreto de colaboración 
anticomunista, se desmostro que ese límite para los estadounidenses era inamovible e 
invisible para los sueños geopolíticos del Proceso. 
 
El largo adiós a Videla y Martinez de Hoz 
 
La transición a la presidencia de Viola se inició cuando pasó a retiro en septiembre del 79 el 
comandante del ejército y candidato a suceder a Videla. Este último estaba cada vez más 
desgastado por la gestión del gobierno y los demás actores institucionales profundizaban su 
desvinculación de los asuntos más conflictos de la gestión. Al cumplirse su cuarto año de la 
dictadura, Videla anunció que las cosas habían madurado lo suficiente para que se iniciara la 
apertura, dado que ya no existían amenazas a la vista ni se podía poner en cuestión la 
autoridad del régimen para establecer las pautas del nuevo orden político e institucional. Sin 
embargo, consiguió el efecto contrario al esperado: le contestaron que no debía darse por 
supuesto nada por el estilo. El problema económico se había transformado en un obstáculo. 
Ese año fue el momento de bifurcación definitiva entre los planes y expectativas de civiles y 
militares. Sobre las bases de las cada vez más crecientes señales de crisis económica y 
financiera , se gestaba un creciente malestar en las organizaciones de intereses y enlas 
fuerzas políticas que sería imposible de restañar para las autoridades. 
Los gremios jugaron un papel importante en este sentido, desde el 79’ la CNT declaró el 
estado de alerta y fueron los primeros en convocar a una huelga general , motivada por la 
discusión de la Ley de asociaciones profesionales. Aunque no tuvo la repercusión esperada 
por sus organizadores, el acercamiento con los empresarios y la repercusión pública de la 
protesta pusieron en evidencia un agotamiento significativo de la capacidad oficial de silenciar 
y aislar las voces críticas. En los meses siguientes, los conflictos gremiales se multiplicaron y 
a fines de año, luego de la Ley de discordia, se puso en marcha la Conducción Única de 
Trabajadores Argentinos, una expresión de la resistencia unificada del sindicalismo contra la 
ley. La CUTA no sólo reclamaba contra las políticas gremiales y económicas sino también 
aclamaban la defensa de la Constitución y de los reclamos por la cuestión de los 
desaparecidos. Durante el año siguiente la reivindicación fue en ascenso, acompañado por 
un clima de oposición al plan económico. 
También la Iglesia había dado a conocer se año un documento que clasificaba como 
angustiante a la situación socioeconómica que estaban pasando. Con esta inspiración, la 
jerarquía aspiraba a recuperar cierta autonomía respecto del régimen y cultivaba su nueva 
vocación por ser la voz de la sociedad. Esto a su vez alimentaba la vocación de la dirigencia 
política de hacer la política económica del régimen el motivo principal de sus preocupaciones. 
Las fuerzas democráticas nacionales se expresaban desde hace mucho tiempo ya de forma 
dura contra el programa económico y las promesas de apertura y eso empezaba a afectar los 
‘logros’ que había tenido el régimen. En Marzo del 79 las fuerzas que habían firmado en el 
78 la declaración multipartidaria , reiteraron el pedido de modificar el plan , habilitar la 
actividad partidista y efectivizar el diálogo político sin condicionamientos ni tutorías. Incluso 
Massera que en esos meses se había convertido en el opositor más activo había hecho un 
discurso antimaterialista contra Martinez de Hoz. 
Esta amplia coincidencia de políticos, sindicalistas, sacerdotes y otros, se debe en parte 
porque el terreno estaba relativamente despejado para lanzarle dardos al Ejecutivo, por las 
disidencias que atravesaba el frente militar. Para entenderlo, hay que atender a dos factores 
más, contradictorios, pero que en ese momentos fueron coadyuvantes. Primero, el Proceso 
había prometido mucho en lo económico por lo que aún los respetables resultados logrados 
en el 79 fueron considerados muy por debajo de lo aceptable por propios y ajenos. Segundo, 
las concepciones estatistas y proteccionistas en lo económico se mantuvieron incólumes en 
todos los grupos organizados de la sociedad como sustrato cultural común. Si el pensamiento 
liberal había avanzado, fue demasiado poco y casi nulo en el mundo civil. 
Cuanto más tiempo pasaba , más y mejores razones hallaban los partidos para retacear sus 
declaraciones de apoyo al diálogo y al entendimiento. Eso no implicaba, sin embargo, que 
podían emplear un juego autónomo, de modo que seguían dependiendo de las complicidades 
que pudiera establecerse con grupos militares y de la evolución de la crisis en ese frente. A 
pesar de todas las quejas, les resultaba imposible entenderse con un ejecutivo que 
consideraba ese programa innegociable y la representatividad un patrimonio exclusivo. 
Con todo, el Ministerio del Interior se dispuso a inaugurar el diálogo político. El dato más 
significativo de los encuentros que se sucedieron casi semanalmente desde entonces es que 
el gobierno reconocía al menos a sus dirigentes como interlocutores, aunque no garantizaba 
que todos fueran a sobrevivir y a participar en el régimen constitucional que aspiraban a 
fundar. El gobierno creía ganar tiempo y terreno presentándose ante la prensa como 
dispuesto a escuchar a la sociedad. Los políticos asistentes reclamaron el fin de la suspensión 
de sus actividades, el restablecimiento del Estado de derecho y el respeto de la ley para 
adelante, pero nunca se habló de elecciones. A fines de ese año era ya evidente que ni el 
diálogo ni la legislación sindical darían resultados esperados. El plan de institucionalización 
no caminaba, ni salía del inmovilismo en que cayó durante la gestión de Videla. 
Entre el 80 y el 81, se fue potenciando la crisis financiera. Durante ese período que inició con 
la caída del Banco de Intercambio Regional había una deriva del comportamiento 
inconsistente de las variables económicas. Aún durante los seis meses que convivieron el 
presidente designado y el de ejercicio, no pareció haber respuestas ante la turbulencia. 
En Noviembre y Diciembre del 80 hubo varias corridas detrás del dólar. Aunque el gobierno 
insistió en que sostendría la paridad y prolongo el cronograma de cambio pautado hasta fines 
de Marzo del año que viene. En Diciembre, las reservas habían caído en más de 2 millones 
de dólares. En Enero, el Banco Central perdió otros varios cientos millones de dólares. El 
sistema productivo estaba virtualmente quebrado cuando Martinez de Hoz dejó la cartera 
económica en marzo del 81. Para entender este resultado, hay que tomar en cuenta la forma 
en que se relacionaron los dos polos de la alianza del Proceso en la gestión gubernamental 
globalmente considerada: los jefes militares y el establishment liberal. Polos ambos con 
vocaciones radicales de refundación de la sociedad y de creencias de una amplia misión 
histórica. 
La política económica del proceso se desenvolvió con una gran autonomía respecto de los 
sectores sociales que se identificaban con el régimen de un modo u otro. Lo que había era 
una disposición ideológica a aceptar políticas radicales de cura de los problemas sociales y 
político que afectaban el desenvolvimiento económico y los negocios. 
Los propios militares fueron protagonistas activos en la formulación e implementación de 
política económica, por acción u omisión. 
 
………………………………. 
 
Durante la primera mitad del 80 hubieron controversias sobre la designación de Viola al frente 
del Ejecutivo. Luego, estas disputas lejos de calmarse se incrementaron por el creciente 
malestar provocado por los problemas económicos y la incertidumbre que generaba la 
orientación que tomaría el nuevo gobierno. Cuando Viola asume, buscó mantenerse lo más 
alejado posible de las autoridades salientes y del periodismo, para no asumir los costos ni 
responsabilidades por la crisis. Con esta actitud no hizo más que agravar la desconfianza que 
enfrentaba el gobierno ante los financieros locales y externos. En uno de sus discursos aclaró 
que no se modificarían los principios de la política económica, lo que no sorprendió que 
surgieran voces militares inclinadas a volver atrás y escoger de nuevo otro candidato. Todo 
aceleró al reagrupamiento de los sectores militares que favorecían al nuevo comandante del 
ejército, leopoldo Galtieri, quien mostró claras señales del rigor con que planeaba ejercer 
desde la junta su poder de veto sobre las iniciativas presidenciales. Supo desde el primer 
momento que llegar a presidente dependía del fracaso del proyecto de Viola y de lograr el 
control efectivo de todo el ejército 
Viola estimaba que algo de crisis era necesario para facilitar la reorientación de la política 
económica que propiciaba y el reagrupamiento pg43