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Construcción de
paz y derechos
humanos
Construcción de 
paz territorial
UNIDAD DIDÁCTICA
Subdirección de Proyección Institucional -ESAP-
Construcción de
paz y derechos
humanos
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Unidad didáctica 
Construcción de paz 
territorial
Escuela Superior de Administración Pública 
ESAP.
Autor 
Diana Acuña
Fecha última revisión 
Febrero 2023
Equipo de producción de la Dirección de 
Capacitación-ESAP Corrección de estilo, 
acompañamiento pedagógico, diseño 
instruccional, diseño gráfico y virtualización.
Resumen de la unidad didáctica 
Tema 1. Contexto del conflicto armado en Colombia
1.1. Estado y conflicto armado
Tema 2. Víctimas del conflicto armado en Colombia y su marco jurídico 
2.1. ¿Quién es víctima?
Tabla de contenido
5
Objetivo de aprendizaje 6
7
 8
1.1.1. El conflicto armado: una mirada histórica 10
22
23
2.3. Política pública de atención y reparación a las víctimas 26
2.4. Acuerdo de Paz con las FARC-EP y política de víctimas 31
2.2. Derechos de las víctimas 25
Tema 3. Acuerdos de Paz en Colombia 
3.1. Procesos de paz en Colombia
32
33
3.1.2. Los años 80 y 90 34
3.1.3. Siglo XXI 36
3.1.1. Proceso Rojas Pinilla 
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Tema 4. Justicia transicional para la paz y posconflicto
4.1. ¿Qué es la justicia transicional?
4.3. Sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición
Tabla de contenido
38
39
4.2. Colombia: justicia transicional en medio del conflicto 41
44
Referencias 49
Glosario 48
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paz territorial
UNIDAD DIDÁCTICA
Construcción de
Construcción de
paz y derechos
humanos
Resumen
de la unidad didáctica
paz territorial
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Construcción de
paz y derechos
humanos
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Objetivo
de aprendizaje
Analiza su cotidianidad como servidor público frente a los temas 
relacionados con el conflicto armado para sugerir formas alternativas de 
aportar a la construcción de la paz en su labor.
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humanos
Tema 1
Contexto del conflicto
armado en Colombia
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humanos
8
1.1. Estado y conflicto armado
 
Un primer elemento de contexto necesario para comprender el conflicto armado se 
encuentra en la configuración del Estado y de la institucionalidad pública. González et al. 
(2005), definen el Estado colombiano como aquel en que los procesos de unificación e 
integración social se han dado de forma carente en relación con otros procesos de 
formación estatal; refieren que ello no necesariamente implica una deficiencia sino 
“un estilo particular en el desarrollo del mismo” (p. 267).
A juicio de estos autores la violencia política y la integración diferenciada del 
territorio han significado parte esencial de la formación del Estado colombiano; reconocen 
que el proceso de formación se ha articulado a través del uso de la violencia política y de una 
configuración del territorio que resulta en un Estado que no cubre todo el espacio que 
formalmente le corresponde.
La formación del Estado en Colombia como proceso histórico y estructural es la 
expresión de una permanente re configuración, influenciada por las tendencias dominantes 
en el ámbito internacional (Estado liberal, Estado de bienestar, Estado neoliberal) pero 
respondiendo al ámbito concreto de la realidad colombiana:
1) Se hace a la par de la evolución de la estructura económica, en particular, en los avances
sobre las formas de acumulación y a la inserción económica en el mercado mundial;
2) tuvo que asumirse a las estructuras de poder real, generándoles un marco legal y
legitimador nuevo, vinculado en muchos casos a las guerras civiles;
3) así también, tuvo que crear las relaciones Estado-sociedad sin contar con la creación de
la nación.
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 Un problema central en la formación del Estado colombiano ha sido la preeminencia 
del localismo en la organización del territorio y, por lo tanto, la ausencia de cohesión en 
relación con un posible centro político que consolidara una clase y un proyecto dirigente de 
esta nueva nación. La experiencia colonial había estado marcada, como es anotado por 
Múnera (1998), por un “relativo aislamiento y autonomía de las regiones, acompañados de 
la ineficacia de las autoridades centrales” (p. 33), y por lo tanto, el escenario inmediatamente 
siguiente, de independencia, conservaba gran parte de esta lógica y de la misma forma 
configuraba las posibilidades de las élites de construcción de proyectos aglutinadores.
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 1.1.1. El conflicto armado: una mirada histórica
Violencia bipartidista y génesis del conflicto armado
et al 
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Los intentos de las élites por encontrar una salida a 
este periodo violento se inician con la implantación de la 
dictadura de Gustavo Rojas Pinilla y continúa mediante el 
pacto de las élites liberales y conservadoras conocido 
como Frente Nacional, acuerdo que configuró un régimen 
político excluyente, en la medida en que la presidencia y 
los cargos públicos se distribuían de manera equitativa 
entre los dos partidos tradicionales, razón por la cual no 
fue capaz de contener la violencia que se incubó en 
amplios sectores de la sociedad en diversas regiones del 
país.
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Surgimiento de las guerrillas y expansión
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Narcotráfico, paramilitarismo y reforma estatal
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Desmovilización de las Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC) y el surgimiento de las Bacrim
 
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Tema 2
Víctimas del conflicto armado 
en Colombia y su 
marco jurídico
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2.1. ¿Quién es víctima?
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A tener en cuenta: las normas previas a la Ley 1448 del 2011 que regulan diversos 
aspectos de las medidas de atención y reparación de las víctimas continúan vigentes 
para ser aplicadas en los casos no cubiertos por esta Ley.
• Derecho a la verdad, justicia y reparación.
• Derecho a acudir a escenarios de diálogo institucional y
comunitario.
• Derecho al respeto por la dignidad de su persona.
• Derecho a la integridad personal -física, psicológica y
moral.
• Derecho a la libertad y seguridad personales.
• Derecho a ser beneficiario de las acciones afirmativas
adelantadas por el Estado para proteger y garantizar el
derecho a la vida en condiciones de dignidad
• Derecho a solicitar y recibir atención humanitaria.
• Derecho a participar en la formulación, implementación
y seguimiento de la política pública de atención y 
reparación integral.
• Derecho a que la política pública tenga enfoque
diferencial.
• Derecho a la reunificación familiar cuando por razón de 
su tipo de victimización se divida su núcleo familiar.
• Derecho a retornar a su lugar de origen o reubicarse 
voluntariamente con seguridad y dignidad.
• Derecho a la restitución de tierras si hubiera sido 
despojado o la hubiera abandonado forzadamente, en los 
términos de ley.
• Derecho a conocer el estado de los procesos judiciales y 
administrativos que estén adelantando en los que tenga
interés como parte o interviniente.
2.2. Derechos de las víctimas
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En la actualidad, la política pública de atención y reparación se integra a partir de cinco 
componentes a saber: 
1) Asistencia y atención
2) Reparación integral,
3) Prevención y protección
4) Verdad
5) Justicia (CONPES 3726 de 2012 y 3784 de 2013).
Se espera que todos los componentes se desarrollen teniendo en cuenta el enfoque 
diferencial para niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y grupos étnicos.
2.3. Política pública de atención y 
reparación a las víctimas
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Es posible identificar poblaciones que enfrentan condiciones 
particulares de vulnerabilidad, exclusión y/o discriminación en 
razón a factores culturales y socialmente construidos, que hacen
que algunas realidades particulares tales como el conflicto armado, 
los afecte de manera diferente. Es deber del Estado brindarles 
un trato diferenciado que responda a sus particularidades y grado 
de vulnerabilidad.
Enfoque 
diferencial
Analiza la forma como el género contribuye a constituir discursos y 
prácticas sociales discriminatorias, situando a las mujeres y a las 
personas con orientación sexual o identidad de género diversas en 
condiciones de vulnerabilidad.Enfoque 
de género
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Busca identificar los factores que permiten que se genere 
discriminación en razón a la pertenencia a una minoría étnica. En 
atención a este enfoque y con el fin de respetar las normas y 
costumbres propias de cada colectividad, se establecieron los 
siguientes decretos para la atención de las víctimas de estas 
colectividades: Decreto 4633 del 2011, sobre medidas de asistencia, 
atención, reparación y restitución de derechos territoriales a las 
víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas. 
Decreto 4634 del 2011, sobre medidas de asistencia, atención, 
reparación y restitución de tierras a las víctimas pertenecientes al 
pueblo rom o gitano. Decreto 4635 del 2011 sobre medidas de 
asistencia, atención, reparación y restitución de tierras a las víctimas 
pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras.
Enfoque 
étnico
Analiza la discriminación que sufren niños, niñas y adolescentes 
(NNA) y personas de la tercera edad. Busca identificar necesidades 
y vulnerabilidades de estas poblaciones de acuerdo a sus ciclos 
vitales. 
Se consideran víctimas con discapacidad aquellas personas que 
presentan una diversidad funcional o limitación de tipo física, 
sensorial, intelectual, mental o múltiple, que al interactuar en la 
sociedad encuentran barreras que las excluyen en el ejercicio de sus 
derechos.
Fuente: Elaboración propia
Enfoque 
étareo
Personas en 
condición de 
discapacidad
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Indemnización por vía administrativa y 
Programa de Acompañamiento a la 
Inversión de los Recursos.
Restitución (de tierras y vivienda, 
principalmente).
Rehabilitación, a través del Programa 
de Atención Psicosocial y Salud 
Integral a Víctimas.
Medidas de satisfacción que 
propenden por el restablecimiento de 
la dignidad de los sujetos individuales y 
colectivos víctimas, así como por la 
difusión de la verdad a través de 
medidas concertadas que contribuyan 
a proporcionar bienestar como la 
exención al servicio militar y otras 
acciones que busquen mitigar su dolor 
y preservar, reconstruir y divulgar la 
memoria histórica de su sufrimiento.
Garantías de no repetición que se 
articulan con acciones de prevención y 
protección, medidas de satisfacción y 
medidas de justicia y otras medidas 
encaminadas a la no repetición de los 
ecos atroces cometidos en el marco del 
conflicto armado interno.
Implica el diagnóstico del daño, el 
diseño y la construcción de planes de 
Reparación Colectiva junto con 
comunidades, grupos y organizaciones 
sociales y políticas, y con grupos 
étnicos para desarrollar de manera 
participativa las medidas de reparación 
integral.
Ruta Individual Ruta Colectiva
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2.4. Acuerdo de paz con las FARC-EP y política de víctimas
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Tema 3
Acuerdos de paz 
en Colombia
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3.1. Procesos de paz en Colombia
3.1.1. Proceso Rojas Pinilla
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3.1.2. Los años 80 y 90
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La presidencia de Ernesto Samper se ignora 
en la historia de los procesos de paz colombianos 
porque su gobernabilidad fue limitada por el 
"proceso 8.000". No obstante, su importante 
contribución fue recuperar el reconocimiento de las 
guerrillas como actores políticos y posibles 
participantes en el sistema democrático, así como 
mantener un diálogo con el ELN a pesar de los 
reveses militares sufridos con las FARC-EP. Aunque 
pocos lo saben, el gobiernoSamper implementó la 
Ley 418 de 1997, que reabrió la posibilidad de 
negociar acuerdos de paz con la guerrilla; el marco 
legal que permitió a Andrés Pastrana alcanzar la 
presidencia bajo la promesa de terminar el conflicto 
armado.
Como un aparte significativo en la historia política de Colombia está 
el proceso de Paz del Caguán, en el cual el Estado concedió un espacio del 
territorio nacional para adelantar las negociaciones pero que a la postre 
significó el fortalecimiento de los actores armados, las FARC-EP con una 
proyección de toma a Bogotá y el Estado con la conformación del Plan 
Colombia. El balance a favor de este proceso fue la internacionalización del 
caso colombiano y el ingreso de ayudas para los DDHH y la crisis 
humanitaria que se vivía, en especial ante el creciente número de 
desplazados.
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3.1.3. Siglo XXI
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Tema 4
Justicia transicional para 
la paz y posconflicto
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4.1. Qué es la justicia transicional
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La búsqueda de la solución negociada al 
conflicto armado interno en Colombia se ha hecho a 
través de fases sucesivas de negociación política con 
grupos guerrilleros y paramilitares a lo largo de las 
últimas tres décadas. A diferencia de lo ocurrido en 
otros países, en Colombia no se ha logrado conseguir 
un solo acuerdo de paz que involucre a todas las partes 
del conflicto armado. Los arreglos de justicia 
transicional en el país han respondido a esa misma 
lógica: no se han adoptado de una sola vez como un 
modelo integral y completamente coherente. La 
estrategia de justicia transicional se ha ido,y sigue 
formándose a través de una serie de piezas (leyes y 
políticas) sucesivas a lo largo de varios años y varias de 
ellas han surgido como respuesta a los problemas en el 
diseño e implementación de las anteriores. 
En su última fase, Colombia cuenta con casi diez 
años de experiencia en la formulación e 
implementación de mecanismos de justicia transicional. 
Entre el año 2005 y la fecha se han expedido distintas 
leyes, formulado políticas públicas y puesto en marcha 
mecanismos de justicia transicional tanto de justicia 
penal y rendición de cuentas de los excombatientes 
como de esclarecimiento de la verdad y construcción 
de memoria no judicial y de reparación a las víctimas. 
Sin embargo, pese a los esfuerzos e instrumentos 
expedidos, el conflicto continúa.
4.2. Colombia: justicia transicional 
en medio del conflicto
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En el marco de la negociación con las AUC, en el cual se desmovilizaron 
31472 miembros de estos grupos armados ilegales, se expidió la Ley 
975 de 2005, conocida como Ley de justicia y paz. Esta Ley se refirió 
por primera vez a los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y 
reparación integral; aunque en la implementación de la Ley las víctimas 
no han tenido el papel central esperado. La Ley definió un 
procedimiento de justicia especial, dentro de la justicia ordinaria, para 
los miembros de los grupos armados ilegales comprometidos en graves 
violaciones a los DDHH. Estos miembros accedían a penas alternativas 
de 5 a 8 años si contribuían con la verdad y reparación a las víctimas.
Ley 975 del 2005
(C-370/2006)
Instrumentos jurídicos relacionados con la justicia transicional en Colombia (2005-2015)
El marco legal para la desmovilización de los combatientes 
paramilitares rasos se modificó tres veces en respuesta a las decisiones 
de las Altas Cortes, hasta la adopción de esta Ley, por la cual se 
determinan disposiciones para facilitar que los desmovilizados de los 
Grupos Armados Ilegales que no hayan cometido graves crímenes 
puedan acceder a beneficios jurídicos a cambio de contribuir a la 
verdad y la reparación de las víctimas. 
Ley 1424 del 2010
Conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que 
constituye un hito histórico en la atención y reparación integral de las 
víctimas en el país. La Ley de Víctimas viabiliza la creación de un nuevo 
andamiaje institucional que se especializa en la asistencia, atención y la 
reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno. Crea, 
por ejemplo, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras y el Centro de Memoria 
Histórica. Así mismo facilita que entidades como la Procuraduría y la 
Fiscalía General de la Nación así como la Defensoría del Pueblo, 
establezcan nuevas dependencias especializadas para la atención a las 
víctimas. Es una Ley con una vigencia de diez años.
Ley 1448 del 2011
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Más conocido como Marco Jurídico para la Paz, por medio del cual se 
buscaba abrir camino a un acuerdo que pusiera fin al conflicto 
armado, definiendo parámetros generales y un amplio abanico de 
posibilidades para la negociación. Entre los mecanismos de Justicia 
Transicional contenidos en el acto legislativo se encuentran: 1) 
mecanismos de carácter extrajudicial para el esclarecimiento de la 
verdad y la reparación a las víctimas (creación de una comisión de la 
verdad); 2) criterios de selección y priorización para el juzgamiento 
de los máximos responsables y los más graves crímenes; 3) la 
renuncia condicionada a la persecución judicial penal y la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena en los casos de quienes no 
fueron considerados máximos responsables; y 4) la aplicación de 
penas alternativas, de sanciones extrajudiciales y de modalidades 
especiales de cumplimiento. Si bien este instrumento buscaba 
facilitar las negociaciones con las FARC-EP, este grupo armado nunca 
lo reconoció como una herramienta idónea para avanzar en la 
negociación. Lo consideraban "una imposición que no sirve a la paz"
Fuente: Elaboración propia
Ley 1424 del 2010
Instrumentos jurídicos relacionados con la justicia transicional en Colombia (2005-2015)
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Comisión para el 
esclarecimiento 
de la verdad, la 
convivencia y la 
no repetición
Es un mecanismo imparcial e independiente, de carácter 
transitorio y extrajudicial, con enfoque territorial, que buscará 
contribuir a la satisfacción del derecho de las víctimas y de la 
sociedad en su conjunto a la verdad. Sus objetivos son:
Promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas; de 
responsabilidad de quienes participaron directa e 
indirectamente en el conflicto armado y de toda la sociedad de 
lo que sucedió.
Promover la convivencia en los territorios mediante un 
ambiente de diálogo y la creación de espacios para oír las 
diferentes voces. 
Contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y ofrecer una 
explicación amplia de la complejidad del conflicto armado. 
Mecanismo Descripción
Con el inicio de conversaciones entre el gobierno y la guerrilla de las FARC-EP en el 
2011, se incluyó en el quinto punto de la agenda el tema específico sobre las víctimas. Las 
partes entendieron que el tránsito a una paz sostenible suponía acuerdos sobre derechos de 
las víctimas y sobre la implementación de mecanismos de Justicia Transicional para su 
satisfacción. 
Así, en el punto 5 del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC-EP se acordó el 
sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, cuyos objetivos 
son: a) lograr la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas; b) asegurar la 
rendición de cuentas por lo ocurrido; c) garantizar la seguridadjurídica de quienes participen 
en el sistema; y d) contribuir a garantizar la convivencia, la reconciliación y la no repetición del 
conflicto armado. 
Los mecanismos del sistema acordado, judiciales y extrajudiciales son los siguientes: 
4.3. Sistema integral de verdad, justicia, 
reparación y garantías de no repetición
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Unidad especial 
para la búsqueda 
de personas dadas 
por desaparecidas 
en el contexto y 
en razón del 
conflicto armado
Es una unidad especial de alto nivel de carácter humanitario y 
extrajudicial que gozará de independencia y autonomía 
administrativa y financiera. Su objetivo es establecer lo acaecido a 
las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón 
del conflicto armado y de esa manera contribuir a satisfacer los 
derechos de las víctimas a la verdad y la reparación integral, en 
particular en su componente de satisfacción. La Unidad buscará a:
Las personas que murieron en poder de las organizaciones 
armadas ilegales.
Las personas que hayan sido víctimas de desaparición forzada 
con ocasión del conflicto armado.
Los civiles que por causa del conflicto, por ejemplo, del 
desplazamiento, se puedan haber visto apartados 
forzosamente de sus familias.
Todos quienes hayan participado en las hostilidades y cuya 
suerte no haya sido establecida.
Mecanismo Descripción
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Jurisdicción 
Especial para la 
Paz (JEP)
La JEP ejercerá funciones judiciales y cumplirá con el deber del 
Estado colombiano de investigar, juzgar y sancionar los delitos 
cometidos en el contexto y en razón del conflicto armado, en 
particular los más graves y representativos. Estos delitos no 
pueden ser objeto de amnistía; sin embargo, para los delitos 
políticos y conexos sí se concederá una amplia amnistía. Los 
principales objetivos de la JEP son:
Satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia.
Contribuir a luchar contra la impunidad.
Adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a 
quienes participaron de manera directa o indirecta en el 
conflicto armado.
Sanciones:
Sanciones propias para quienes reconozcan verdad y 
responsabilidad. Estas sanciones serán restaurativas y 
tendrán un componente de restricción efectiva de 
libertades y derechos (libertad de residencia y movimiento). 
Tendrán una duración máxima entre 5 y 8 años.
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Mecanismo Descripción
Jurisdicción 
Especial para la 
Paz (JEP)
Medidas de 
reparación 
integral 
para la 
construcción 
de la paz
La reforma al Programa de reparación integral de víctimas 
definido por la Ley 1448 del 2011 buscó fortalecerlo. En 
particular el Acuerdo contiene las siguientes medidas:
Sanciones alternativas para quienes reconozcan 
tardíamente verdad y responsabilidad, antes de proferir la 
sentencia. Tendrán una función esencialmente retributiva 
de pena privativa de la libertad de 5 a 8 años.
Sanciones ordinarias para quienes no reconozcan 
responsabilidad y sean condenados por parte del Tribunal. 
Tendrán una función esencialmente retributiva de pena 
privativa de la libertad de 15 a 20 años. 
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Lo establecido en el punto de víctimas del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las 
FARC-EP 
vas (no retributivas/privativas de libertad) que, a juicio de los críticos, no son 
apropiadas para 
templado en materia de reparación y no repetición, por ser considerado 
demasiado general, no demostrar un real compromiso con la reparación integral de las 
víctimas ni con reformas institucionales públicas necesarias para garantizar la no repetición 
de las violaciones. 
En la actualidad, el Acuerdo de Paz es materia de regulación por parte del Congreso 
de la 
1820 del 2016 sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y 2) el Acto 
Legis-
ración y No Repetición. 
Mecanismo Descripción
Garantías de no 
repetición
Los diferentes mecanismos y medidas del Sistema Integral 
de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición;
Las medidas que se acordar on en el punto 3 de la Agenda del 
Acuerdo General “Fin del Conflicto” , que buscó garantizar la 
terminación definitiva del conflicto armado; y
Todos los puntos del Acuerdo Final en materia de reforma 
rural integral, apertura democrática para construir la paz y 
solución al problema de las drogas ilícitas, que contribuirán a 
reversar los efectos del c onflicto y a cambiar las condiciones 
que han facilitado la persistencia de la violencia en el 
territorio.
Fuente: Elaboración propia
Las garantías de no repetición de las violaciones y del conflicto 
armado son resultado de la implementación de:
Glosario
48
Acuerdos de Paz: mecanismos derivados de las 
negociaciones entre el Gobierno de Colombia y las 
FARC-EP en La Habana, Cuba, por los cuales se pone fin al 
conflicto armado en Colombia.
Conflicto armado: enfrentamiento entre las Fuerzas 
Armadas y los grupos armados organizados al margen de al 
ley.
Derecho a la paz: derecho que comprende la garantía de 
los demás Derechos Humanos. 
Paz: estado en el cual no hay enfrentamientos ni combates 
militares o armados entre dos o más partes.
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Referencias 
Aguilera, M. (2006), Eln: entre las armas y la política. En F. Gutiérrez & M. Wills (eds). 
Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del Conflicto en Colombia. Bogotá, Colombia: 
Norma.
Centro Nacional de Memoria Histórica - CNMH. (2014). Basta ya. Bogotá, Colombia: 
CNMH.
Congreso de Colombia. (10 de junio del 2011). Por la cual se dictan medidas de atención, 
asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras 
disposiciones. [Ley 1448 del 2011].
Congreso de Colombia. (18 de julio de 1997). Por la cual se adoptan medidas para la 
prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y esta 
estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de 
Colombia. [Ley 387 de 1997].
Congreso de Colombia. (25 de julio del 2005). Por la cual se dictan disposiciones para la 
reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que 
contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras 
disposiciones para acuerdos humanitarios. [Ley 975 del 2005].
Congreso de Colombia. (29 de diciembre del 2010). Por la cual se dictan disposiciones de 
justicia transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados 
de grupos organizados al margen de la ley, se conceden beneficios jurídicos y se dictan otras 
disposiciones. [Ley 1424 del 2010].
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