La primavera democrática

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1) Analiza el nuevo ciclo que se abre
2) Desarrolla el Juicio a las Juntas y su importancia.
3) ¿Cuál fue el impacto de los levantamientos carapintadas y cuáles fueron sus consecuencias?
4) Desarrolla la política económica de Alfonsín y los problemas sociales.
1. El 10 de diciembre de 1983, la asunción de Raúl Alfonsín significó la apertura de un nuevo ciclo para el país. Considerando que se le dio punto y final al Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), una de las dictaduras más sangrientas de la historia del país, la victoria de Alfonsín dio inicio al proceso de transición democrática en Argentina. Miles de personas se reunieron en la Plaza de Mayo para seguir de cerca la asunción, y a pesar de que muchos de ellos no pertenecían al partido político del presidente, y que otros tampoco lo habían votado en las elecciones de octubre, la multitud se unió por el deseo de festejar el retorno de la democracia tras siete años y meses de dictadura militar. A partir de esto, todos los argentinos y argentinas recuperaron el derecho a votar y elegir a sus propias autoridades y gobernantes, tal como se contempla en la Constitución Nacional. Y no solo eso, sino también todo lo que implica vivir en democracia y con derechos inalienables: el derecho a la vida, la libertad de expresión, la igualdad, la identidad, la seguridad, la felicidad y otros tantos más.
2. En 1983, las Fuerzas Armadas intentaron establecer como condiciones para convocar a elecciones y dejar el gobierno que no se los juzgara ni se los castigara por las violaciones a los derechos humanos que cometieron. En septiembre de ese mismo año fue promulgada la Ley de Pacificación Nacional, más conocida como ley de autoamnistía, ya que por medio de la misma, los dirigentes de la dictadura militar procuraron dictar una amnistía sobre sí mismos. Sin embargo, el fracaso del régimen militar en su pretensión de ganar el favor popular mediante la Guerra de Malvinas, así como la movilización popular, precipitaron la convocatoria a elecciones presidenciales en octubre de ese año, que dieron como ganadora a la fórmula encabezada por Raúl Alfonsín y Víctor Martínez, de la UCR. Debido al masivo apoyo en los comicios y la movilización popular que exigía investigación y justicia, el presidente colocó como uno de los puntos fundamentales de su agenda política la cuestión militar: Alfonsín envió al Congreso un proyecto de ley para derogar la Ley de Amnistía de Bignone, y fue aprobada por el Congreso Argentino tras la restitución de la democracia. Además, sancionó dos decretos: en el primero de ellos se ordenaba enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras “Montoneros” y “Ejército Revolucionario del Pueblo” (ERP); por medio del segundo, se determinaba el procesamiento judicial de las tres Juntas Militares que habían dirigido el país desde el 24 de marzo de 1976 hasta la Guerra de Malvinas. El primer decreto fue rechazado por los sectores políticos más comprometidos con la defensa de los derechos humanos, porque tendía a equiparar las responsabilidades del terrorismo de Estado colocando en un mismo plano a los militantes de las organizaciones político-armadas de los 70 con aquellos que habían conducido el terrorismo de Estado. Para investigar los crímenes cometidos por los militares, entonces, se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) cuyo objetivo era relevar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones de derechos humanos. El informe de esta Comisión, conocido como Nunca más, fue la base para fundar el juicio a las Juntas Militares. El juicio fue finalmente realizado por un tribunal civil, la Cámara Federal, en abril de 1985: decenas de sobrevivientes de los centros de detención clandestina testimoniaron ante jueces y fiscales contando las brutales torturas a las que fueron sometidos, el destino de las mujeres embarazadas y el robo de bebés, los asesinatos disfrazados de traslados, etc. Como resultado, a fines de ese año se dictó la sentencia que condenaba a Jorge Videla y Eduardo Messera a reclusión perpetua, a Roberto Viola, a Armando Lambruschini y a Orlando Agosti a 17, 8 y 4 años de prisión, respectivamente. La condena a las Juntas Militares tuvo un profundo impacto y fue un hecho sin precedentes en el mundo, contrastando fuertemente con las transiciones negociadas que tuvieron lugar en aquellos años en otros países de la región que también sufrieron dictaduras. 
3. Los levantamientos carapintadas tuvieron un gran impacto en todo el país: miles de argentinos se agolparon en las calles y ocuparon las plazas públicas más importantes para expresar su apoyo al gobierno constitucional y su repudio a los “carapintadas”, mientras que la televisión y la radio transmitieron las 24 horas del día para informar que la democracia tambaleaba por las exigencias de Aldo Rico y aquel grupo. Finalmente, con intenciones de calmar la situación, Alfonsín decidió negociar con los insurrectos y logró que estos depusieran sus actividades a costo de aceptar la impunidad de los amotinados. Además, les prometió la sanción de una nueva ley que impediría juzgar a aquellos militares que tuvieran un grado inferior al de coronel y a los oficiales superiores que no fueran jefes de zona o subzona, conocida como “Ley de Obediencia Debida”. Se calcula que gracias a estas leyes se frenaron 1.180 procesos a militares involucrados en delitos de lesa humanidad, aunque esto no conformó a algunos integrantes de las Fuerzas Armadas, que volvieron a protagonizar nuevas sublevaciones. 
4. Alfonsín asumió el gobierno con una situación económica y social sumamente complicada, con cuestiones como la deuda externa, la desocupación, el retraso salarial y la inflación. Para hacer frente a esta herencia, junto con su ministro de Economía Bernardo Grinspun pusieron en marcha una serie de medidas tendientes a recomponer el mercado interno: buscaban fundamentalmente aumentar el salario real, bajar la inflación, negociar el pago de la deuda externa y fijar mayores impuestos sobre la riqueza y los ingresos. Además, para paliar la situación de pobreza, implementaron medidas de asistencia social tales como el Plan Alimentario Social. Sin embargo, esta política no dio los resultados esperados, ya que la especulación financiera continuó, la inflación fue en aumento y, en consecuencia, aumentó la conflictividad social. Esta situación dio como resultado a la renuncia del ministro de Economía, que fue reemplazado por Juan Vital Sourrouille en marzo de 1985. A fines de abril, Alfonsín anunció la puesta en marcha de una “economía de guerra” que consistía en reducir el gasto público, aumentar las tarifas y el precio de los combustibles y los transportes, paralizar las inversiones estatales y llevar adelante la privatización de las empresas públicas. Sourrouille lo puso en práctica a través del plan Austral, que consistió en cambiar la moneda, congelar los precios, las tarifas y los salarios, y reducir aún más el gasto público. A pesar de todo, el plan fracasó dado que la inflación no cedió y el descontento social persistió. En 1988 realiza un nuevo intento con el plan Primavera, con el objetivo de desregular y abrir la economía, privatizar empresas estatales y seguir reduciendo el gasto público. Pero tampoco dio resultado y la inflación continuó en alza a pasos agigantados mientras numerosas familias veían reducir cada vez más abruptamente sus niveles de ingresos,sumiéndose en la pobreza. Los planes provocaron rechazos, especialmente en las clases trabajadoras, y diversas organizaciones gremiales organizaron huelgas para resistir, por ejemplo, los intentos privatizadores o los congelamientos de salarios.