Introducción a la Financiación del Cambio Climático

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Esta sección ofrece información de fondo relativa a la financiación para luchar contra 
el cambio climático. En primer lugar, aborda el significado del término ―financiación 
climática‖, que puede interpretarse de diferentes maneras, y ofrece una visión de 
conjunto de las distintas vías de financiación climática 
(nacional/internacional/pública/privada). A continuación, examina las estimaciones de 
las inversiones actuales destinadas a iniciativas climáticas en sentido más estricto, antes 
de abordar de forma más amplia las inversiones necesarias para lograr un desarrollo 
bajo en emisiones y resiliente al clima, tomando como ejemplo el sector de la energía. 
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No existe una definición estándar de financiación climática. De hecho, hay muchas 
opiniones diferentes sobre el tipo de financiación que constituye financiación climática. 
En su interpretación más amplia, la financiación climática se refiere al flujo de fondos 
destinados a financiar actividades que reduzcan las emisiones de gases de efecto 
invernadero o que ayuden a la sociedad a adaptarse a los efectos del cambio 
climático. Sin embargo, el término se utiliza más frecuentemente en el contexto de las 
negociaciones internacionales sobre el cambio climático, donde la financiación 
climática —o la financiación internacional climática— se utiliza para describir los 
flujos financieros de los países desarrollados a los países en desarrollo destinados a 
financiar actividades de mitigación/adaptación al cambio climático. En el contexto de 
las negociaciones políticas, la financiación climática se ha definido de forma más 
estricta como financiación ―nueva y adicional‖. De acuerdo con esta definición, 
solamente aquellos compromisos financieros de los países desarrollados que 
representen inversiones distintas de la ayuda habitual al desarrollo pueden 
considerarse financiación climática. 
 
Página web del WRI 
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A grandes rasgos, la financiación climática se puede obtener de cuatro fuentes 
distintas, que van desde fuentes privadas nacionales o internacionales a fuentes 
públicas nacionales o internacionales. Al examinar más atentamente las diversas vías 
de financiación climática, el panorama se vuelve, desde luego, mucho más complejo. 
Las Secciones 2 y 3 examinarán en mayor detalle la financiación climática a nivel 
nacional e internacional. 
 
 
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Aun cuando las iniciativas en materia de mitigación consigan limitar el calentamiento 
climático a 2°C con respecto a los niveles de la era preindustrial, los países en 
desarrollo continuarán enfrentándose a los efectos del cambio climático, como el 
aumento del nivel del mar, cambios en las precipitaciones y la mayor incidencia de 
fenómenos meteorológicos extremos. Por consiguiente, los países en desarrollo 
necesitan financiación adicional para adaptarse al cambio climático. Asimismo, 
necesitan financiación para las medidas de mitigación, como tecnologías limpias y el 
fomento de la capacidad individual e institucional. La CMNUCC estableció 
mecanismos financieros mediante los cuales la asistencia financiera procedente de los 
países desarrollados con más recursos y una mayor contribución histórica a las 
emisiones de los gases de efecto invernadero puede canalizarse hacia los países en 
desarrollo. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 
2009, celebrada en Copenhague, los países desarrollados se comprometieron a 
proporcionar de forma colectiva 100.000 millones de USD al año para el 2020, a fin 
de ayudar a los países en desarrollo a mitigar las emisiones de gases de efecto 
invernadero y a adaptarse a los efectos del cambio climático. 
 
Aunque la escala de financiación climática necesaria es elevada, estudios como el 
Informe Stern han demostrado que los costos de la inacción serían incluso más 
elevados. 
 
Nicholas Stern (2006). Informe Stern sobre la Economía del Cambio Climático 
 
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Al no haber una definición internacionalmente aceptada de lo que constituye gasto en 
materia climática, resulta difícil determinar las inversiones y las necesidades de 
financiación actuales en los países en desarrollo. Según el Instituto de Recursos 
Mundiales (en referencia a la OCDE), la financiación climática adicional 
proporcionada en 2011 por los gobiernos de los países desarrollados a los países en 
desarrollo se situó entre los 10.000 y los 20.000 millones de USD. Este diagrama 
muestra que se trata de una cantidad relativamente pequeña en comparación con las 
inversiones totales para el clima en 2011, que también incluyen las inversiones 
privadas nacionales e internacionales, y el gasto público nacional en materia 
climática. 
 
 
Página web del Instituto de Recursos Mundiales 
Página web de Iniciativa Política Climática 
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Según Climate Policy Initiative («Iniciativa Política Climática»), de la inversión total 
para el clima en 2011, la financiación pública total representó el 38% (es decir, 
135.000 millones de USD). Eso significa que el 62% (o 225.0000 millones de USD) 
provinieron de fuentes de financiación privadas. El PNUD estima una cantidad mayor; 
calcula que más del 90% de la financiación climática proviene de mercados privados. 
 
Independientemente de cuál sea la proporción real, es evidente que el sector privado 
sobrepasa al sector público en términos de la escala de la financiación 
proporcionada. Sin embargo, la financiación pública y la normativa pública 
desempeñan un papel importante en la optimización y la configuración de las 
inversiones privadas. 
 
 
Página web de la Iniciativa Política Climática 
PNUD (2011). Catalysing Climate Finance, pág. 62 
 
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Si bien la financiación climática a menudo se aborda en el contexto de proyectos 
específicos e inversiones que explícitamente se designan como financiación climática, 
la transición a una economía con bajas emisiones de carbono requiere de hecho un 
cambio más fundamental en la inversión pública y privada, por ejemplo, de 
tecnologías y fuentes de energía tradicionales a alternativas respetuosas con el clima. 
La Agencia Internacional de la Energía (IEA) estima que las inversiones en energías 
limpias deberían ascender a 36 billones de USD hasta 2050 (alrededor de 1 billón 
de USD al año) para reducir las emisiones de carbono en un 50% en comparación con 
los niveles de 2005, y limitar el aumento de la temperatura global a 2° Celsius. Los 
países en desarrollo necesitarán aproximadamente la mitad de esta cantidad 
(incluidas grandes economías emergentes como China y Brasil). 
 
Las inversiones adicionales a menudo se entienden como costos adicionales. Sin 
embargo, el estudio de la IEA señala el alto rendimiento de las inversiones. Se estima 
que el ahorro de energía a largo plazo ascendería a 100 billones de USD, lo que 
representaría el triple de la inversión realizada en tecnologías energéticas con bajas 
emisiones de carbono. 
 
 
IEA (2012). Energy Technology Perspectives 2012 - Pathways to a Clean Energy System 
10 
Si bien las inversiones actuales en el sector de las energías limpias todavía no han 
alcanzado el umbral establecido por la IEA de 1 billón de USD anuales, los últimos 
años han mostrado una evolución favorable. Según Pew Charitable Trusts (2011), en 
2010 el sector de las energías limpias creció un 30% respecto de los niveles de 2009, 
y alcanzó una cifra récord de más de 200.000 millones de USD en financiación e 
inversiones. 
 
PNUD (2011). Catalysing Climate Finance, pág. 19 
 
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Este vídeo producido por la Iniciativa Política Climática ofrece una visión de conjunto 
del panorama mundial actual en materia de financiación climática. Examina 
específicamente las diversas funciones que desempeña la financiación climática 
pública y privada. 
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Esta sección aborda los marcos nacionales de financiación para el cambio climático. 
En primer lugar, examina el concepto de “preparación” enmateria de financiación 
para el clima, que se refiere a la capacidad de los países para absorber la 
financiación internacional para el clima. A continuación, presenta la idea de un 
enfoque global para gestionar la financiación climática, prestando especial atención 
a los ingresos y el gasto públicos. Asimismo, explica la importancia de los exámenes 
del gasto público para evaluar de qué modo la financiación pública repercute en la 
respuesta al cambio climático. Por último, expone diversas maneras de utilizar las 
inversiones públicas a fin de optimizar la financiación privada. 
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En el pasado, las discusiones sobre la financiación climática se centraban en gran 
medida en la cantidad de financiación pública internacional facilitada a los países en 
desarrollo. Sin embargo, recientemente se está prestado mayor atención a la 
capacidad o ―preparación‖ de los países que reciben la financiación para absorber y 
utilizar la financiación climática de forma eficaz. Según el PNUD, la preparación para 
la financiación destinada a abordar el cambio climático incluye cuatro elementos 
principales: capacidades nacionales para 1) planificar, 2) acceder, 3) proporcionar, y 
4) supervisar, notificar y verificar la financiación climática. 
 
La ―preparación‖ para la financiación climática a nivel nacional es particularmente 
importante, habida cuenta de la complejidad de la estructura financiera internacional 
para el cima y la tendencia a financiar intervenciones aisladas que no están 
armonizadas con los sistemas y las prioridades nacionales. 
 
 
PNUD (2012). Readiness for Climate Finance 
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Un elemento importante de la preparación en el ámbito de la financiación climática 
consiste en velar por que la financiación externa se utilice de la forma más eficaz 
posible junto con los recursos nacionales, de maneras que estén plenamente integradas 
con las prioridades de desarrollo nacionales. Por consiguiente, cada vez más países 
están buscando enfoques globales para gestionar los recursos externos y nacionales 
que son necesarios para abordar el cambio climático. Estos identifican la oferta y la 
demanda de financiación climática, y establecen un marco institucional y normativo 
para gestionar esta financiación de forma eficaz. Un elemento central de los así 
denominados ―marcos financieros para el clima‖ o ―marcos fiscales para el clima‖ 
consiste en vincular las prioridades en el ámbito del cambio climático al gasto 
gubernamental y a las decisiones relativas a la tributación y los ingresos a través de 
la elaboración del presupuesto nacional. Las siguientes dos diapositivas examinan en 
mayor detalle estos dos elementos (ingresos públicos y gasto público). 
 
CDDE Working Paper (2011). Climate Fiscal Frameworks 
 
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Los gobiernos nacionales pueden obtener ingresos a través de varios instrumentos que 
sirven de incentivo para modificar los comportamientos, de forma que sean más 
responsables desde el punto de vista climático. Algunos de los posibles instrumentos 
incluyen cuotas a los usuarios e impuestos específicos, como los impuestos a las 
emisiones de carbono. Estos instrumentos se inspiran en el principio de ―quien 
contamina paga‖, que conlleva cobrar a los productores o consumidores en la medida 
en que estos sean responsables de la creación de un agente contaminante (p. ej. 
emisiones de gases de efecto invernadero). 
 
En algunos países menos adelantados (PMA) es posible que el enfoque se centre sobre 
todo en la parte del marco fiscal relativa al gasto. Sin embargo, a más largo plazo, 
las dimensiones relativas a los impuestos y los ingresos tendrán la misma importancia 
y, en algunos casos, estas dimensiones ya se están fortaleciendo. 
 
CDDE Working Paper (2011). Climate Fiscal Frameworks 
PNUD (2011). Catalysing Climate Finance 
 
 
 
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El proceso más importante utilizado por los gobiernos para buscar un equilibro entre las 
diversas políticas concurrentes en todas las esferas del gobierno es el proceso presupuestario 
nacional. El presupuesto nacional es un instrumento clave para determinar de qué forma la 
respuesta al cambio climático puede complementar o competir con los objetivos de política de 
los gobiernos nacionales, subnacionales o locales. Al preparar el presupuesto nacional, el 
Ministerio de Finanzas determinará el monto total previsible de los recursos y a continuación 
asignará dicho presupuesto a diferentes sectores (p. ej. salud, educación, energía, transporte, 
etc.) en los distintos niveles de gobierno (p. ej. central o local). Las asignaciones a los sectores 
deberían basarse en las prioridades del Gobierno. Este proporciona entonces a los sectores 
una cantidad total con la que pueden implementar sus propios planes de acuerdo a las 
prioridades establecidas. 
 
Información adicional: 
Una forma de integrar las consideraciones en materia de cambio climático en el proceso 
presupuestario consiste en dedicar recursos discrecionales (es decir, la pequeña cantidad de 
los recursos no comprometidos que un gobierno tiene a su disposición) a iniciativas nuevas 
específicas en materia de cabio climático. Sin embargo, centrarse únicamente en cómo se 
pueden asignar los recursos a nuevas iniciativas que promueven la adaptación o la mitigación 
no aborda la cuestión de reducir las intervenciones con repercusiones negativas en los 
resultados del cambio climático (p. ej. subvenciones a los combustibles fósiles). La respuesta al 
cambio climático requiere no solo un aumento del gasto en iniciativas específicas para luchar 
contra el cambio climático, sino también un cambio cualitativo en el conjunto del gobierno 
respecto de la composición global del gasto con el paso del tiempo, de forma que se reduzca 
el gasto que agudiza el cambio climático y se maximicen las posibles sinergias. 
 
CDDE y PNUD (2013). Making Sense of Climate Finance 
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Habida cuenta de que el cambio climático es una cuestión emergente, con frecuencia 
no se entiende suficientemente a nivel nacional de qué manera las políticas actuales y 
el gasto público repercuten en las respuestas al cambio climático. Llevar a cabo un 
Análisis de Gastos Públicos e Instituciones para el Clima (CPEIR, por sus siglas en inglés) 
puede ayudar a colmar en parte esta laguna analítica. La metodología del CPEIR 
incluye tres elementos principales: 
 
• Una evaluación de las prioridades y estrategias políticas actuales, puesto que 
están relacionadas con el cambio climático; 
• Un análisis de las disposiciones institucionales destinadas a integrar las prioridades 
políticas en materia de cambio climático en el proceso presupuestario y el proceso 
de gestión de los gastos; y 
• Un análisis del gasto público y su relevancia para el cambio climático. 
 
PNUD, CDDE y ODI (2012) . Climate Public Expenditure and Institutional Review (CPEIR) 
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La primera medida que adoptó Tailandia para la elaboración de su marco fiscal en 
materia climática fue examinar de qué manera los gastos públicos y privados relativos 
al clima se integraban en su proceso presupuestario nacional (mediante un CPEIR). Este 
análisis se realizó en el contexto de la política nacional existente y las disposiciones 
institucionales que ya estaban en vigor para responder al cambio climático. Se utilizó 
un período de tres años (2009-2011) de los datos presupuestarios y estos indicaron 
que aproximadamente un 0,5% del producto interno bruto (PIB) y el 2,8% del total del 
presupuesto gubernamental se asignó a gastos relacionados con el clima. Sobre la 
base del CPEIR, se definió un marco fiscal en materia climática que contribuirá 
directamente a la Estrategia de Tailandia de Desarrollo Bajo en Carbono y Resiliente 
al Clima. Asimismo, también respalda el Plan Nacional de Desarrollo Económico y 
Social National (NESDP), los Planes Maestros de Tailandia para el Cambio Climático, 
así como el plan de gestión a largo plazo para la prevenciónde desastres. 
 
UNDP, CDDE y ODI (2012). Climate Public Expenditure and Institutional Review 
(CPEIR) 
GIZ. Measurement, Reporting, Verification - From Theory to Practical 
Implementation 
 
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Los fondos públicos, por sí solos, no son suficientes para conducir a las economías hacia 
un crecimiento con bajas emisiones de carbono. Por tanto, es importante utilizar los 
recursos presupuestarios nacionales para impulsar y redirigir la financiación del sector 
privado. Incluso para las iniciativas muy rentables de bajas emisiones y resilientes al 
clima puede ser necesario contar con el respaldo de incentivos financieros públicos, 
debido a los elevados costos iniciales (p. ej., en el caso de mucho proyectos de 
energía limpia). También se puede incentivar la inversión privada reduciendo los 
riesgos asociados (p. ej., garantizando a los productores independientes de energía el 
acceso a la red eléctrica). 
 
El gráfico ilustra de forma estilizada el patrón típico de cómo intervienen la 
financiación del sector público y la del sector privado en diferentes etapas del 
desarrollo tecnológico. La financiación pública es importante en la fase inicial para 
apoyar la investigación y el desarrollo (I+D) y los proyectos de demostración. Esto 
contribuye a obtener una cantidad de financiación privada mucho mayor en una 
etapa posterior. 
 
 
ODI (2011). Leveraging Private Investment: The Role of Public Sector Climate Finance 
PNUD (2011). Catalysing Climate Finance 
CMNUCC (2008). Investment and Financial Flows to Address Climate Change 
20 
Los gobiernos pueden utilizar una amplia gama de instrumentos de política para 
incentivar o redirigir la inversión privada. El cuadro tan solo ofrece algunos ejemplos y 
no es en modo alguno exhaustivo. 
 
Es importante tener en cuenta que las políticas de inversión favorables al clima no 
pueden sustituir a un entorno general positivo de inversión. Antes de realizar una 
inversión en materia climática, los responsables de la financiación evaluarán una serie 
de riesgos específicos del proyecto (recursos, tecnologías, competencias, intermediarios 
de la energía, funcionamiento y gestión, etc.) y riesgos no específicos del proyecto 
(riesgos del país, volumen de la economía, condiciones macroeconómicas, políticas de 
inversión, riesgo cambiario, tipos impositivos, proximidad a los mercados, tecnología, 
infraestructura de distribución y apoyo, etc.). Sin embargo, será preciso aplicar 
medidas adicionales de inversión específicas para el clima a fin de contrarrestar el 
hecho de que muchos mercados — y en particular los mercados de la energía— 
contienen distorsiones significativas, en forma de trato fiscal favorable, privilegios 
reglamentarios, o monopolios que se perpetúan como legado. 
 
PNUD (2011). Catalysing Climate Finance 
 
 
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La página del PNUMA sobre la Financiación del Cambio Climático ofrece gran 
cantidad de información sobre el tema de la financiación del cambio climático, 
incluida una sección específica destinada a apoyar el compromiso del sector de la 
industria para trabajar en pro de un desarrollo de bajas emisiones de carbono. 
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Esta sección ofrece una visión de conjunto de la estructura internacional para financiar 
iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático, incluidos los mecanismos de 
la CMNUCC, otras instituciones financieras bilaterales y multilaterales, y las inversiones 
privadas. 
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Este gráfico ilustra el complejo panorama de los flujos financieros internacionales 
destinados a financiar iniciativas para luchar contra el cambio climático en los países 
en desarrollo. Los presupuestos gubernamentales de los países desarrollados y los 
mercados de capital proporcionan financiación que a continuación se canaliza 
mediante diversos agentes (organismos de cooperación para el desarrollo, 
instituciones financieras bilaterales, instituciones financieras multilaterales, etc.) hacia 
los países en desarrollo. 
 
Las siguientes diapositivas explican en mayor detalle los distintos flujos financieros e 
instituciones, comenzando por la financiación pública y abordando después las 
inversiones privadas. 
 
 
SEI (2009). Bilateral Finance Institutions and Climate Change: A Mapping of Climate 
Portfolios 
 
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Un elemento importante de la estructura financiera internacional para el cambio 
climático son los mecanismos establecidos en virtud de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 
 
SEI (2009). Bilateral Finance Institutions and Climate Change: A Mapping of Climate 
Portfolios 
 
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Para facilitar la transferencia de fondos a los países en desarrollo, la CMNUCC 
estableció un mecanismo financiero administrado por el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAM). Las Partes dirigen el funcionamiento del mecanismo 
financiero a través de la Conferencia de las Partes (CP) al decidir sobre aspectos 
importantes como ―políticas sobre cambio climático, prioridades programáticas y 
criterios exigidos para poder recibir financiación‖. En la CP 16, en 2010, las Partes 
decidieron establecer un Comité Permanente de Financiación para ayudar a la CP a 
desempeñar sus funciones. 
 
El Fondo de Adaptación fue establecido en 2001 en virtud del Protocolo de Kioto 
para financiar programas y proyectos de adaptación concretos en países en 
desarrollo que son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio 
climático. 
 
Si bien los organismos de ejecución del FMAM tienen por lo general acceso exclusivo a 
los fondos del FMAM, las entidades nacionales de aplicación de los países en 
desarrollo pueden acceder directamente al Fondo de Adaptación. 
 
El Fondo Verde para el Clima (FVC) fue establecido en 2010 durante la CP 16 como 
una entidad encargada del funcionamiento del mecanismo financiero de la CMNUCC. 
 
PNUD (2011). Catalyzing Climate Finance 
 
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El FMAM es responsable de la administración de tres fondos fiduciarios: el Fondo Fiduciario 
del FMAM, el Fondo Especial para el Cambio Climático (FECC) y el Fondo para los Países 
Menos Adelantados (Fondo PMA). El FMAM también presta servicios de secretaría con 
carácter provisional al Fondo de Adaptación. 
 
Información adicional: 
 
Cada cuatro años el Fondo Fiduciario del FMAM se repone mediante las promesas realizadas 
por los donantes para un período de cuatro años. Se ha recibido un total de 15.000 millones 
de USD durante cinco períodos de reposición y se ha previsto financiación para las 
actividades comprendidas en el ámbito de las áreas focales del FMAM, que se definen 
durante las deliberaciones a efectos de la reposición del Fondo. 
 
El FECC presta apoyo a actividades tanto a largo como a corto plazo en los ámbitos de 
gestión de recursos hídricos, gestión del territorio, agricultura, salud, desarrollo de 
infraestructuras, ecosistemas frágiles (incluidos los ecosistemas montañosos) y gestión integrada 
de las zonas costeras. El FECC ha recibido hasta la fecha contribuciones voluntarias que 
ascienden aproximadamente a 120 millones de USD. 
 
El Fondo PMA es un fondo fiduciario voluntario destinado a atender las necesidades de los 
48 países menos adelantados (PMA) que son especialmente vulnerables a los efectos del 
cambio climático. El FMAM ha movilizado para este fondo en torno a 180 millones de USD de 
contribuciones voluntarias. 
 
El AF fue establecido para financiar programas y proyectos de adaptación concretos en 
países en desarrollo que son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio 
climático. Durante los últimos tres años, el Fondo ha dedicado más de 190 millones de USD a 
aumentar la resiliencia climática en 28 países en todo el mundo. El AF recibe financiación de 
un gravamen del 2% sobre el mecanismo para un desarrollo limpio (para más información 
sobre el MDL, véanse los Módulos 1 y 4). 
27 
Se puede acceder a la financiación para el clima ya sea de forma directa,a través 
de organismos nacionales acreditados y sin pasar por una institución internacional 
intermediaria, o de forma indirecta, a través de un organismo de ejecución. El Fondo 
de Adaptación es un tipo de fondo al que se puede acceder tanto de forma indirecta 
a través de una entidad de implementación multilateral (MIE, por sus siglas en inglés) 
como de forma directa por los países a través de una entidad de implementación 
nacional (NIE, por sus siglas en inglés). Tanto las MIE como las NIE deben estar 
debidamente acreditadas para poder recibir y gestionar financiación en nombre de 
sus países, y las propuestas de proyectos deben cumplir unos criterios estrictos. Para 
finales de 2013, se habían acreditado 14 NIE. 
 
En el caso del FMAM, los fondos se abonan a los organismos de ejecución de la 
FMAM, es decir, ciertos bancos multilaterales de desarrollo y organizaciones de las 
Naciones Unidas. Los organismos del FMAM prestan asistencia a los gobiernos y las 
ONG que reúnen los requisitos para el desarrollo, la implementación y la gestión de 
proyectos del FMAM. 
 
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El Fondo Climático Verde (GCF), es un fondo multilateral acordado en la Conferencia 
sobre el Clima de Cancún, México en 2010. El GCF apoyará proyectos de bajas 
emisiones y resiliencia climática, programas y políticas en países en vías de desarrollo 
y se espera que generará una inversión climática de 100 billones de dlls para el año 
2020. El fondo es gobernado por una Junta, auspiciada por la República de Corea 
de 24 miembros equitativamente representando países en vías de desarrollo y países 
desarrollados. La Junta recibe orientación desde la COP sobre las prioridades y los 
criterios de selección, pero tiene plena responsabilidad por todas las decisiones de 
financiamiento. El Banco Mundial sirve como Interino del fondo. 
 
 
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El objetivo del portal financiero de la CMNUCC es facilitar información sobre los 
recursos bilaterales, multilaterales y regionales proporcionados por los países 
desarrollados a los países en desarrollo. De ese modo, ayuda a las Partes a 
supervisar el mecanismo financiero de la CMNUCC. Asimismo, informa a otras partes 
interesadas pertinentes sobre la movilización de los recursos necesarios para ayudar 
a los países en desarrollo a cumplir los compromisos contraídos en virtud de la 
Convención. 
 
 
30 
http://unfccc.int/cooperation_support/financial_mechanism/finance_portal/items/5824.php
http://unfccc.int/cooperation_support/financial_mechanism/finance_portal/items/5824.php
Aparte de los mecanismos financieros establecidos en virtud de la CMNUCC, una multitud de 
organismos de cooperación para el desarrollo e instituciones financieras bilaterales y 
multilaterales proporcionan financiación para la acción climática en los países en desarrollo. 
 
Muchos organismos de cooperación para el desarrollo han integrado rápidamente las 
consideraciones relativas al cambio climático en sus operaciones ordinarias. El Organismo 
Alemán de Cooperación Internacional (GIZ) y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación (COSUDE) son algunos ejemplos de organismos de cooperación para el 
desarrollo. 
 
Las instituciones financieras bilaterales (BFI, por sus siglas en inglés) son instituciones 
financieras creadas y dirigidas por un gobierno nacional a fin de proporcionar ayuda o 
invertir en programas y proyectos de desarrollo específicos en los países en desarrollo. Este 
tipo de instituciones financieras difieren en cuanto a su mandato y finalidad de los organismos 
de cooperación para el desarrollo en la medida en que las instituciones financieras 
bilaterales operan como bancos que, además de fines lucrativos, tienen un objetivo de 
desarrollo. La Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), el Banco Alemán de Desarrollo (KfW), y 
el Organismo Japonés de Cooperación Internacional (JICA) son algunos ejemplos de 
instituciones financieras bilaterales. 
 
La titularidad de las instituciones financieras multilaterales (MFI, por sus siglas en inglés) está 
compartida entre diversos países. El Banco Mundial y bancos de desarrollo regionales, como 
el Banco Asiático de Desarrollo y el Banco Africano de Desarrollo, son algunos ejemplos de 
instituciones financieras multilaterales. Estas instituciones, como el Banco Mundial, han 
movilizado fondos establecidos para financiar actividades para la lucha contra el cambio 
climático. 
 
SEI (2009). Bilateral Finance Institutions and Climate Change: A Mapping of Climate Portfolios 
PNUD (2011). Catalyzing Climate Finance 
 
 
31 
Los fondos de inversión para el clima (CIF, por sus siglas en inglés) son un ejemplo de 
fuentes multilaterales de financiación para el clima. Los dos fondos CIF son: el Fondo 
de Tecnología Limpia (CTF) y el Fondo Estratégico para el Clima (SCF). El CTF financia 
la demostración, el uso y la transferencia de tecnologías con bajas emisiones de 
carbono para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en los países 
en desarrollo. El SCF financia programas específicos en los países en desarrollo 
destinados a aplicar nuevos enfoques piloto sectoriales o climáticos. Ambos fondos han 
sido desarrollados de forma conjunta por seis Bancos Multilaterales de Desarrollo 
(MDB, por sus siglas en inglés) y el Banco Mundial ejerce de administrador fiduciario. 
A través de uno de los seis Bancos Multilaterales de Desarrollo asociados pueden 
conceder préstamos en condiciones concesionarias, subvenciones y garantías a los 
beneficiarios. 
 
Las fuentes bilaterales de financiación provienen de fondos establecidos por un país 
específicamente destinados a ayudar a los países en desarrollo a aplicar el régimen 
mundial sobre cambio climático (incluyen, por ejemplo, la Iniciativa Internacional para 
el Clima, de Alemania, y el Fondo Internacional para el Clima, del Reino Unido). 
Algunas fuentes bilaterales pueden estar conectadas a un grupo de países, como la 
Alianza Mundial para hacer frente al Cambio Climático (GCCA), cuya finalidad 
consiste en desarrollar la capacidad de los países más pobres y vulnerables para que 
puedan adaptarse a los efectos del cambio climático. 
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El Programa Piloto para la Resiliencia al Clima (PPCR) es el primer programa del SCF 
desarrollado específicamente para emprender iniciativas piloto y estudiar maneras de 
integrar el riesgo climático y la resiliencia en la planificación central para el 
desarrollo, complementando al mismo tiempo las iniciativas existentes en materia de 
desarrollo. Tomando como base los Programas Nacionales de Adaptación (PNA) y otras 
estrategias nacionales relevantes, los programas PPCR se formulan a nivel de país y 
proporcionan financiación para la asistencia técnica y las inversiones a fin de 
respaldar las iniciativas de los países destinadas a integrar el riesgo y la resiliencia al 
clima en la planificación y ejecución de sus iniciativas en materia de desarrollo. 
Además, proporciona incentivos para intensificar las actividades e iniciativas 
destinadas a impulsar un cambio desde el status quo a estrategias de amplio alcance 
que tengan por finalidad lograr la resiliencia climática a nivel de país. Los países 
piloto incluyen: Bangladesh, Bolivia, Níger, Santa Lucía, Tayikistán, Tonga y Zambia. 
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El Banco Mundial y el PNUD crearon la plataforma de Opciones de Financiación 
Climática (CFO, por sus siglas en inglés) a fin de proporcionar información sobre los 
distintos tipos de financiación disponible para el clima y crear una comunidad 
interactiva que fomente el intercambio de experiencias y prácticas en el ámbito de las 
iniciativas relacionadas con el clima. 
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Como se ha mencionado en la Sección 1, un aspecto importante de la financiación 
pública internacional es la diferenciación entre la tradicional asistencia oficial para el 
desarrollo (AOD) y el concepto de financiación climática ―nueva y adicional‖. 
 
Cuando se firmó la CMNUCC, su artículo4.3 puntualizaba que los fondos 
proporcionados a los países en desarrollo en virtud de sus diversos mecanismos debían 
ser ―nuevos y adicionales‖. Esta terminología se ha utilizado desde entonces en 
distintas decisiones de la CP, pero no se ha alcanzado un consenso acerca de una 
definición de ―nueva y adicional‖ que utilicen todas las Partes. 
 
SEI (2009). Bilateral Finance Institutions and Climate Change: A Mapping of Climate 
Portfolios 
 
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Los países desarrollados se han comprometido a proporcionar el 0,7% de su ingreso nacional 
bruto como AOD para los países en desarrollo. Se supone que la financiación climática debe 
ser adicional a esta promesa a fin de garantizar que la financiación para el desarrollo no 
disminuya como consecuencia de la financiación climática. Sin embargo, ha resultado difícil 
calcular qué constituye financiación ―nueva y adicional‖, ya que existen muchos solapamientos 
entre los objetivos y las actividades clasificados como AOD y los flujos financieros destinados 
a ayudar a los países en desarrollo a abordar el cambio climático. Por ejemplo, la expansión 
del almacenamiento del agua de lluvia podría considerarse un tipo de desarrollo así como 
una actividad de adaptación al cambio climático. Ahora bien, en la esfera de la mitigación, 
la mejora del acceso a la energía en zonas menos atendidas mediante la utilización de 
tecnologías de bajas emisiones puede abordar las necesidades de desarrollo de las 
poblaciones vulnerables al tiempo que promueve las energías renovables. El PNUD señala 
que es imperativo desarrollar sinergias entre la financiación climática y la financiación para 
el desarrollo a fin de maximizar los rendimientos económicos y sociales derivados de las 
inversiones destinadas a luchar contra el cambio climático. 
PNUD (2011). Catalyzing Climate Finance 
ODI (2010). Climate Financing and Development - Friends or Foes? 
 
Información adicional: 
 
La asistencia oficial para el desarrollo se define como el flujo de fondos destinados a los 
países o territorios que figuran en la lista del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la 
OCDE (DAS, por sus siglas en inglés) de beneficiarios de AOD, y a las instituciones 
multilaterales de desarrollo. Para ser definida como AOD, la asistencia debe contar con la 
participación del sector público, estar destinada al desarrollo y ser de carácter concesional, 
es decir, al menos el 25% de la misma debe otorgarse como subvenciones en lugar de como 
préstamos. La AOD ha estado vinculada tradicionalmente a proyectos específicos, pero cada 
vez con mayor frecuencia se ha destinado a presupuestos sectoriales, lo que proporciona al 
país beneficiario una medida de control sobre los recursos. La AOD estaba inicialmente 
dirigida únicamente al desarrollo, pero ha evolucionado para incluir cuestiones como la 
sostenibilidad medioambiental y la mitigación y adaptación al cambio climático. 
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Los mercados de carbono son una fuente innovadora de financiación para el clima 
que se sustentan en una base normativa. Funcionan de acuerdo a un límite regulado 
de emisiones de carbono (límite máximo de emisiones). Los permisos o derechos de 
emisión de carbono se subastan o se asignan a entidades emisoras de carbono, que 
posteriormente deben llevar a cabo su actividad sin sobrepasar este límite 
establecido. De esta forma, se crea un mercado para estos derechos en el que las 
entidades que generan menos emisiones pueden negociar el exceso de derechos de 
emisión con aquellos que necesiten esa capacidad adicional, de ahí el término de 
mercados de carbono de límites máximos y comercio ("cap-and-trade―). 
 
Un virtud del Protocolo de Kioto se creó un mercado de carbono mundial (véase la 
siguiente diapositiva). El Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión 
Europea es un ejemplo de mercado de carbono regional. 
 
SEI (2009). Bilateral Finance Institutions and Climate Change: A Mapping of Climate 
Portfolios 
Página web de Renewable Energy World 
 
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En el contexto del Protocolo de Kioto se establecieron límites para las Partes del Anexo 
I, en términos de objetivos de reducción de las emisiones de GEI. A través del 
Comercio Internacional de los Derechos de Emisión, los países del Anexo I pueden 
comprar derechos de emisión de otros países del Anexo I que han conseguido superar 
con creces sus objetivos de reducción de emisiones. 
 
Los países del Anexo I también pueden obtener créditos de reducción certificada de 
las emisiones (RCE) apoyando proyectos de mitigación en países en desarrollo en el 
marco del Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL). Según el Grupo de Alto Nivel 
para el Diálogo Político del MDL, entre 2002 y 2012 el MDL ha contribuido a mitigar 
aproximadamente 1.000 millones de toneladas de emisiones de GEI que han 
resultado en un ahorro de 3.600 millones de USD para los países desarrollados. 
Durante este mismo período, el MDL ha movilizado más de 215.000 millones de USD 
en inversiones en los países en desarrollo, lo que ha agilizado el crecimiento 
económico y la reducción de la pobreza. 
 
La Aplicación Conjunta (JI) permite a los países del Anexo I obtener créditos 
(denominados unidades de reducción de las emisiones ―ERU, por sus siglas en 
inglés―) mediante la financiación de proyectos de reducción de las emisiones en otro 
país del Anexo I, por lo general una economía en transición. 
 
Los Mecanismos de Flexibilidad de Kioto se basan en el principio de que el efecto de 
la reducción de las emisiones de GEI sobre el medioambiente mundial es el mismo 
independientemente de dónde se produzcan dichas reducciones. 
 
PNUD (2011). Catalyzing Climate Finance 
Grupo de Alto Nivel para el Diálogo Político del MDL (2012). Carbon Markets and the 
CDM: A Call to Action 
 
 
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Una compañía eléctrica en un país en desarrollo está estudiando la posibilidad de 
invertir en una central eléctrica de carbón o en una planta de energía eólica. El costo 
de la energía eólica es más elevado que el costo de la electricidad generada 
mediante carbón. Sin embargo, al invertir en energía eólica, una tecnología con 
menores emisiones de carbono, la compañía eléctrica puede evitar una determinada 
cantidad de emisiones de carbono que se hubieran generado mediante la central 
eléctrica de carbón. Posteriormente se compensa a la compañía eléctrica por esta 
reducción (toneladas de GEI reducidas) con créditos de carbono, o unidades de 
reducción certificada de las emisiones (CER, por sus siglas en inglés). A través de la 
creación de mercados de carbono, la compañía eléctrica puede vender los CER, que 
generan para la empresa una fuente de ingresos en una moneda fuerte. El volumen 
de esta fuente de ingresos variará según el proyecto, dependiendo de las toneladas 
de GEI que se han reducido. 
 
PNUD (2011). Catalyzing Climate Finance 
 
 
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El bajo precio de los créditos de carbono es uno de los principales desafíos de la 
financiación del carbono. El Grupo de Alto Nivel para el Diálogo Político del MDL 
informa de que los precios del carbono en el mercado del MDL descendieron un 70% 
en el año 2012 y se prevé que disminuyan aún más. Los objetivos de mitigación son 
tan modestos que han dejado de representar un incentivo atractivo para la inversión 
internacional privada y las iniciativas locales en los países en desarrollo. Otra cuestión 
crítica respecto del MDL es la distribución regional desigual de los proyectos. Tan solo 
el 2,9% de todos los proyectos de MDL se localiza en la región de África, mientras 
que Asia y el Pacífico representan más del 80%. Otro desafío está relacionado con el 
hecho de que el MDL y la JI son mecanismos basados en proyectos que no permiten 
adoptar una perspectiva más general respecto de la reducción de las emisiones en un 
sector o país. En este contexto, algunos países han propuesto un nuevo mecanismo de 
mercado a mayor escala, basado en políticas o reducciones sectoriales (denominado 
nuevo mecanismode mercado - NMM). Algunas partes interesadas, como WWF, han 
criticado que los proyectos de MDL han dado lugar a reducciones de las emisiones no 
adicionales (es decir, reducciones que hubieran tenido lugar en cualquier caso) y que 
las reducciones de las emisiones se han contabilizado por partida doble por los países 
del Anexo y los países en desarrollo receptores. 
 
Grupo de Alto Nivel para el Diálogo Político del MDL (2012). Carbon Markets and the 
CDM: A Call to Action 
WWF (2013). Comunicación presentada a SBSTA – Views on Framework for Various 
Approaches 
Página web CDM Pipeline 
 
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La mayor parte de la financiación internacional para la mitigación y la adaptación al 
cambio climático en los países en desarrollo proviene del sector privado. 
 
SEI (2009). Bilateral Finance Institutions and Climate Change: A Mapping of Climate 
Portfolios 
 
 
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Resulta bastante difícil estimar con precisión las inversiones internacionales privadas 
para el clima. Según la OCDE, las inversiones internacionales actuales en materia 
climática por parte de entidades privadas de países desarrollados en los países en 
desarrollo se sitúan en torno a los 72.000 millones de USD, cifra que supera con 
creces la financiación de fuentes públicas. 
La financiación internacional privada puede llegar de diferentes maneras, por 
ejemplo: 
 
1) Inversiones extranjeras directas, es decir, una inversión realizada por una empresa 
de un país en una empresa de otro país; 
2) Fondos privados recaudados a través de mercados de capital que se facilitan a 
empresas o países que participan en actividades relativas al clima (en forma de 
préstamos, bonos, valores e instrumentos de deuda, etc.); 
3) Flujos financieros asociados con el MDL (que también incluyen flujos públicos). 
 
OCDE (2012). Tracking Climate Finance: What and How? 
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