Nuevas perspectivas en las políticas de educación superior en América latina

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KROTSCH PEDRO: Nuevas perspectivas en las políticas de educación superior en América latina.- 
Gobierno de la educación superior en argentina
La universidad contemporánea está frente a una creciente y contradictoria acumulación de demandas que se originan tanto en el nivel local como en el global, nuevos espacios de producción y consumo de saber, fuerzas del mercado que subordina la investigación y los saberes producidos por la universidad, ponen en cuestión la independencia de los campos disciplinarios que emergen con la modernidad, el debilitamiento de este núcleo duro de la autonomía , permite pensar en una cada vez mayor “finalización” de la universidad en torno al mercado y la política. La sociedad del saber comienza a cuestionar ahora la tradicional centralidad de la universidad así como la hegemonía y legitimidad que de ella se desprende, problemas que por otro lado se agudizan en aquellos países en los que la dualización social y económica constituye una cuestión central. 
La universidad pública que debe enfrentar la nueva situación tiene una larga tradición en materia de estilo de gobierno que se retoma a 1918, desde entonces, se forjaron fuertes representaciones de lo que debía ser una universidad, gobierno autónomo y tripartito (estudiante, graduados y docentes) así como una orientación científica. Al mismo tiempo puede hablarse de una universidad interrumpida, debido a las numerosas intervenciones político- militares que la fracturaron institucional y académicamente. A partir de 1987 y 1993 se desarrolla una intensa política pública. Se introducirán en la Argentina gran parte de las medidas de política que el neoliberalismo viene propagando para el sistema universitario que pretenden orientar a las instituciones hacia el mercado. El sistema de educación superior ha modificado su perfil tradicional. Entre 1993 y 1997 se formularon y comenzaron a implementar un conjunto de medidas que culminan con la ley 24. 521 de educación superior, cuestiones en el análisis de éstas políticas. 
a)	Intensidad y velocidad con que las políticas fueron aplicadas.
b)	Intento de romper con un modelo de Estado benevolente.
La creación de organismo de coordinación en el nivel superior del sistema y la ampliación de la burocracia gubernamental ha significado incorporar nuevos locales de poder. La política se construyó, cuyo núcleo político- educativo e ideológico lo constituye la evaluación. La formulación de reformas del Estado neoliberal, las distintas orientaciones políticas de las universidades, posibilitaron la implementación de una agenda cuyos resultados deberán ser evaluados de manera más sistemática en el futuro. En la Argentina la construcción del Estado supervisor no implicó descartarlo de funciones sino por el contrario acrecentar su capacidad de dirección y control.
La universidad argentina, una promesa frustrada
La pérdida de dinamismo de la universidad argentina hacia fines de los sesenta, tuvo que ver con el conservadurismo cultural de los regímenes militares que gobernaron entre 1966 y 1983, también de comunidades académicas cuyas orientaciones e intereses estaban ligados a las estructuras tradicionales (Bs As, La Plata y Córdoba). A diferencia de lo que sucedió en AL el sistema en la Argentina creció cuantitativamente pero no desarrolló y modernizó sus estructura académicas. 
La creación de nuevas universidades públicas y privadas a partir de 1993 ha introducido algunas tendencias. Las tendencias más recientes puede observarse una presencia menos significativa del área científico- tecnológico a favor de las ciencias sociales en el sector público y privado. Respecto del privado constituye una respuesta a demandas particularistas de sectores para quienes la oferta pública padece “falencias”. Las políticas públicas que se desarrollan en el ámbito de la educación superior a partir de 1989 y 1993, pretenden impulsar una ruptura con la situación anterior: el diagnostico se concentra en la falta de calidad de las instituciones públicas así como en la ausencia de un sistema de evaluación y regulación. En el diagnostico se enfatizaron también, aspectos que hacen a la débil capacidad de tomar decisiones por parte de la universidad, la falta de eficiencia interna y externa en relación a la deserción y la duración real de los estudios, el inadecuado perfil de los egresados a las necesidades productivas, la ineficacia de los mecanismos de financiamiento público tradicional y la ausencia de criterios de eficiencia. Es en éste contexto que adquiere importancia estratégica la evaluación, el mercado y los mecanismos de regulación, los organismos y mecanismos de regulación se convierten así en elemento indispensable de un sistema que se pretende sea más numerosos y diverso, así como más competitivo en términos sectoriales e institucionales. 
Hacia una nueva configuración del sistema de educación superior
La política pública en materia de educación superior del periodo inicial de 1989 a 1993 puede ser caracterizada en materia de política universitaria como la de construcción de consenso en relación a la agenda educativa promovida por el Banco Mundial en AL. El problema de la calidad, la necesidad de evaluación, arancelar basada en motivos de equidad social, la distribución del presupuesto y la generación de recursos propios, fueron temas de amplias repercusión pública. Durante ese periodo se buscó deslegitimar a la universidad pública al mismo tiempo que se intentaba consensuar frente a la población la necesidad de instrumentar procesos de intervención y transformación de la vida universitaria. 
El año 1993 constituye una ruptura con el estilo de política anterior. Esta deja de ser meramente declarativa para concentrarse ahora en la generación de políticas sectoriales, de alianzas con instituciones particulares, de negociación y penetración en las bases del sistema con el objeto de obtener consenso y formar coaliciones entre Estado y sectores universitarios que le permitiese al primero encapsular la resistencia al proyecto oficial. La política tuvo como base de sustentación socio- política algunas cuestiones:
a-	La estabilidad económica.
b-	El acrecentamiento de la capacidad operativa del Ministerio de educación que pasa de ser una Dirección Nacional a conformar la SPU (secretaria de políticas universitarias).
c-	El apoyo ideológico material y operativo del Banco Mundial.
d-	Fuerte capacidad de liderazgo en la cúspide ejecutiva del la SPU.
e-	La existencia de condiciones objetivas que requerían mecanismos de regulación.
f-	La incapacidad política de la base del sistema para promover sus intereses a través de una estratificación ascendente de organismos de coordinación.
La nueva política se desplego sobre la base de una combinación de diagnósticos focalizados y acciones sectoriales cuya política se remite a los principios de transformación considerados por el BM. En estos objetivos de políticas son las siguientes:
a-	Promover una mayor diferenciación de las instituciones.
b-	Proveer de incentivos a las instituciones públicas que diversifiquen la obtención de recursos propios y la vinculación.
c-	La redefinición del rol del gobierno y de la educación superior.
d-	Introducción de políticas que den lugar a mayor equidad.
En 1995 se pone en marcha el PRES (Programa de reforma de la educación superior) cuyo objetivo es el mejoramiento de la eficiencia y la calidad de la gestión universitaria así como la reforma académica, administrativa y de gestión, con el objetivo de inducir los procesos de evaluación. Esto parte del supuesto de que la acción transformadora e innovadora debe ser conducida desde el exterior pues las instituciones son incapaces de auto reformarse, de este modo, se consolidará un modelo heterónomo (sometido a un poder externo) de dirección de la vida universitaria. 
La ley y la centralidad de la evaluación
La ley constituye un instrumento regulatorio. La norma aprobada pretende construir reglas del juego a través de instrumentos que favorezcan la distinción y diferenciación de sectores, niveles,instituciones y personas a través de una mayor sensibilización de las instituciones al mercado externo así como al mercado interno de premios y castigos: la evaluación adquiere relevancia ideológico- doctrinaria así como también un papel articulador del conjunto de políticas. La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria es un organismo descentralizado, que funciona en jurisdicción del Ministerio de Cultura y Educación, y que tiene por funciones A- coordinar y llevar adelante la evaluación externa, B) acreditar las carreras de grado, así como las carreras de posgrado, C) pronunciarse sobre la consistencia y viabilidad del proyecto institucional que se requiere para que el ministerio de Cultura y Educación autorice la puesta en marcha de una nueva institución universitaria nacional, D) preparar los informes requeridos para otorgar la autorización provisoria y el reconocimiento definitivo de las instituciones universitarias privadas. 
La cantidad de funciones que debe cumplimentar este organismo van más allá de las atribuciones que otros organismos similares tienen en el mundo, por lo que cabe hacerse la pregunta acerca de cómo procesará y como incidirá en el contenido de los procesos ésta sobrecarga de atribuciones que tiene en materia de acreditación y evaluación de casi 80 universidades públicas y privadas. La centralidad educativa de la evaluación de la calidad como problemática de los SES y también de la educación en general, tiene que ver con los cambios que se viven en el entorno socio- económico mundial. Al mismo tiempo, la política universitaria y científica se subordina a los objetivos mercantiles de la coalición político- empresaria hegemónica, la universidad finalizada en torno de estos objetivos, parece no encontrar en el contexto socio- económico las condiciones de previsibilidad que habían caracterizado la modernidad, a la vez que la pérdida del monopolio de los espacios de producción de saber y la sobrecarga de demandas en el nuevo contexto de la globalización, ponen en cuestión su tradicional hegemonía y legitimidad, además en los países de desarrollo la necesaria competitividad a desarrollarse deberá tener en cuenta los graves problemas de equidad, lo que supone a la vez tener en cuenta también la pertinencia local de la universidad. La evaluación como ideología y los organismos de evaluación como poder educativo, se sostienen en base a la manifiesta necesidad de proveer de racionalidad instrumental a los actores directos de la educación. 
¿podrá el nuevo organismo encargado de la evaluación, con la sobrecarga que tiene de funciones de evaluación y acreditación, cumplir con los requisitos planteados?
La emergencia de nuevos espacios de poder en la cumbre del sistema: estratificación vertical y poli centrismo
La reciente creación de organismo entre el Estado y las instituciones universitarias incorporó la Argentina a la tendencia predominante en el mundo se descentralizar el poder estatal acompañado de la creación de instancias de mediación de la relación entre universidad y el Estado. La ley ha producido un escalonamiento jerárquico que deriva parte del poder de las instituciones de base a los niveles superiores de coordinación. 
CIN (Consejo interuniversitario Nacional) y el CRUP (Consejo de Rectores de universidades privadas) son organismos deliberativos y de consulta creados desde el gobierno, pero que expresan los intereses del sector público y privado, por otro lado, los tres nuevos organismos, son una creación desde arriba que pretende agrupar a distintos intereses vinculados al sistema de manera independiente de la interferencia estatal: en ellos están representados las universidades (consejos de universidades), la política a través del poder legislativo (comisión nacional de evaluación y acreditación) y los intereses regionales (consejo regional de planificación de la educación superior). Si incluimos a la SPU (Secretaría de Políticas Universitarias) podemos decir que son seis los espacios formales que en la cumbre del sistema intervienen en la formación de políticas y toman decisiones de distinto defecto prescriptivo: configuran el gobierno del SES (Subsecretaria de Educación Superior). El Consejo de universidades es un órgano de consulta en materia de definición de políticas y estrategias de desarrollo universitario y articulación entre sectores del sistema, está compuesto por representantes del sector universitario público, privado, del ejecutivo, las regiones y el organismo de coordinación educativo federal, por otro lado la CONEAU (Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) no es considerada un organismo de gobierno y coordinación, sino que se integra como parte de las condiciones de funcionamiento del sistema, es un organismo descentralizado que funciona en jurisdicción del Ministerio de Cultura y Educación, y que tiene por funciones coordinar y llevar adelante las evaluaciones externas, acreditar carreras de grado y posgrado, opinar sobre la creación de nuevas instituciones, integrada por representantes del poder legislativo,, ejecutivo y universidades públicas y privada. En necesario considerar a esta institución como un organismo de gobierno ya que muchas de sus decisiones vinculadas a la evaluación y a la acreditación de instituciones y programas afectan y moldean tanto el perfil como el carácter de las universidades y el sistema, tiene un papel estratégico la capacidad de distribuir valor a través de la jerarquización de las instituciones, e incidir así sobre la distribución de fondos y recursos. El SES se ha poblado así de nuevos organismos y espacios de poder y negociación, el poder legislativo, el ejecutivo, los gobiernos provinciales, la educación no universitaria. 
Coordinación del sistema
Debido a la debilidad del poder académico, la virtualidad del mercado, el creciente poder de la burocracia y de organismos de amortiguación, la coordinación se ha acrecentado al vértice estatal de la mano política. 
CONCLUSIÓN
El sistema universitario argentino, ha tenido ausencia de políticas por parte del Estado bajo regímenes democráticos, cuestión que se manifiesta aún antes del movimiento de reforma de 1918. Esta falta de protagonismo estatal permite decir que la universidad argentina “no tiene origen”, se desarrolla históricamente sobre la base de la incorporación de distintos modelos adaptados luego al estilo de la demanda profesionalista que orienta a las clases medias en ascenso que se extiende a lo largo de todo este siglo. La universidad argentina las viejas estructuras se adaptaron a las nuevas circunstancias pero no se modernizaron, por eso hablamos de crecimiento de desarrollo, la evolución particular de la universidad argentina permite hablar de una universidad interrumpida por el quiebre producido por la memoria institucional entre 1966 y 1983. La política desplegada a partir de 1993 es novedosa en nuestro contexto. Ha pasado a constituirse en un sistema sobrecargado por espacios de gobierno y toma de decisiones en el que existe una hegemonía burocrático política contenida por el carácter borroso de los núcleos de poder universitario. Si bien la nueva política se propone elevar la calidad del sistema, las condiciones socio económicos no parecen requerir una universidad diferente a la tradicional. La proliferación de orientaciones vinculadas a la administración y a los negocios y el perfil que estas orientaciones están imponiendo a la universidad actual, parece más bien constituir una renovación del perfil profesionalista de la universidad tradicional. En el fondo, bajo las actuales condiciones de apertura y globalización de la economía, tienden a reproducirse las condiciones que impidieron históricamente constituir un sistema de innovación científica y tecnológica que vinculara a los actores de la producción y la universidad. Sin embargo habrá que ver en que medida la relación Estado, universidad y sociedad pueden constituirse en un verdadero sistema de innovación que vincule formación, producción de conocimiento científicoy demanda social por conocimiento nuevo. También el surgimiento de nuevos actores entre ellos el Banco Mundial.