Ámbito Financiero, Clase 1

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Ámbito Financiero 
Antivacunas: Gobierno refuerza principio de "buena fe" laboral y cede a la 
Justicia la última palabra 
POLÍTICA11 Agosto 2021 
El último DNU del Presidente le dio jerarquía legal superior a una resolución de 
Trabajo y Salud que exige al empleado hacer "todo lo que esté a su alcance" 
para inmunizarse. 
 Por Mariano Martínmmartin@ambito.com.ar 
El debate por la vuelta a la presencialidad de los trabajadores no vacunados 
quedó zanjado por el Gobierno con un refuerzo legal del principio de “buena fe” 
en los contratos laborales para dirimir los eventuales conflictos en las empresas. 
El criterio quedó plasmado en el último decreto de necesidad y urgencia firmado 
por Alberto Fernández respecto de la nueva etapa de la pandemia y será, por 
ahora, la única respuesta oficial a la amenaza de la Unión Industrial Argentina 
(UIA) de que no pagará los sueldos de los operarios que resolvieran no 
inmunizarse. El Ejecutivo dispuso así que será la Justicia la responsable de 
dictaminar en última instancia sobre la validez de los argumentos en cada caso 
concreto 
El artículo 8 del DNU 494/2021, firmado la semana pasada por el Presidente en 
acuerdo general de ministros, señala que “el deber de asistencia al lugar de 
trabajo se regirá por la Resolución Conjunta de los Ministerios de Salud y de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social N° 4 del 8 de abril de 2021”, que a su vez 
regulaba la vuelta a los puestos laborales de asalariados con al menos una dosis 
de cualquiera de las vacunas y consagraba la vigencia del criterio de buena fe 
en los establecimientos privados. Así, el Gobierno elevó de rango esa norma de 
dos ministerios y la equiparó a una ley para entablar el marco legal de las 
posibles contiendas legales. 
Ayer en el Gabinete económico y en la CGT había coincidencias respecto del 
abordaje de la controversia que anticipó este diario la semana pasada, cuando 
dio a conocer que el Gobierno preparaba una norma para regular la vuelta a la 
presencialidad frente a la contingencia de los no vacunados por elección, y que 
hizo pública el martes el nuevo presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, tras 
una reunión de la junta directiva de la entidad, cuando anunció que se había 
resuelto sugerirles a los asociados discontinuar el pago de sueldos en esos 
casos. En la propia central obrera, aunque condenaron la amenaza patronal, 
reconocieron que debería quedar un margen implícito de coacción del empleador 
respecto de un trabajador antivacunas para preservar al resto del personal. 
La inclusión de lo dispuesto por la resolución conjunta número 4 en el último 
DNU presidencial es también la admisión por parte del Ejecutivo de que no 
impulsará una norma puntual para los casos de los antivacunas en sus empleos, 
como se proyectó en un principio. El criterio de los funcionarios es que no puede 
legislarse para casos individuales de personas que, por las razones que fuesen 
(descreimiento en las vacunas, motivos religiosos o simple desinterés), 
decidieran no ser inmunizadas con el riesgo implícito para sí mismas y para sus 
compañeros de labores, así como para el proceso productivo dentro de un 
establecimiento privado. 
La estrategia oficial será, en ese sentido, propiciar que los empleadores y sus 
dependientes arriben a acuerdos respecto de la importancia de la vacunación 
antes de llegar a un conflicto. De no ser posible la instancia de entendimiento en 
el ámbito privado, los funcionarios explicaron que los jueces contarán con el texto 
del DNU, la resolución 4 y la vigencia del principio de “buena fe” plasmado en el 
artículo 63 de la ley de Contrato de Trabajo como insumos para resolver los 
litigios. 
En la CGT optaron ayer por evitar una respuesta institucional a la UIA. Ante la 
consulta de este diario los dirigentes interpretaron la amenaza de no pagar 
salarios como “una bravuconada” más propia de la condición de abogado 
laboralista de Funes de Rioja que de su rol actual como presidente de la principal 
entidad fabril. Cuestionaron, en ese sentido, que los dichos del directivo fuesen 
dirigidos a los gerentes de recursos humanos de las empresas para guiarlos 
frente a la potencial instancia de lidiar con un empleado antivacunas antes que 
buscar incentivos laborales para promocionar los beneficios de la inmunidad 
contra el coronavirus. 
El secretario de Prensa de la central, Jorge Sola, sostuvo ayer en una entrevista 
que “imponer sanciones en la relación laboral no sólo es ilegal, sino que no 
coincide con el camino de convencimiento que se tiene que seguir a los fines de 
lograr la mayor vacunación posible” y agregó: “no es a través del ejercicio 
abusivo de la relación del empleador con el empleado que se logra convencer 
sino a través del sentido común, el razonamiento y escuchar la opinión científica”