GUIA N 13

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Cátedra B I Mg. Alfonsina Guardia 
Abog. Francisco N. García I Docente Ayudante Graduado 
Abog. Fabián Roberto Mazzitello I Docente Ayudante Graduado 
 
El presente análisis da cuenta del trabajo realizado en clase por los docentes y fortalece 
la identificación de los ejes claves de la unidad. 
Francisco N. García & 
Fabián Roberto Mazzitello 
HISTORIA DEL DERECHO 
Y CONSTITUCIONAL ARGENTINA 
13. 
La Fundación de un 
Estado 
Período de Construcción Institucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. LA FUNDACION DE UN ESTADO 
 
 
 Francisco N. García & 
Fabián Roberto Mazzitello 2 
Introducción al período 
Entre 1862 y 1880 se sucedieron las presidencias constitucionales de Bartolomé 
Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda, las cuales desarrollaremos 
someramente. Este período frecuentemente es denominado como el de las presidencias 
fundacionales, definición que parece omitir la construcción institucional existente en el país en 
forma previa, o desconocer muchas de las cuestiones existentes y se enmarca en un proyecto 
político que se ha de imponer buscando conformar un modelo de país. Este período resulta ser 
conflictivo con la aparición de nuevas disputas políticas que surgen a partir de proyectos distintos 
en el medio de los que se da la transformación estructural del país. Durante esos años, se 
consolidó una nueva alianza social integrada por comerciantes y terratenientes interesados en 
impulsar y expandir las exportaciones de las producciones agropecuarias requeridas por el 
mercado internacional. Al mismo tiempo, la autoridad del Estado Nacional se extendió y fortaleció 
cuando las autoridades nacionales fueron haciéndose cargo de las funciones y atribuciones que les 
otorgaba la Constitución Nacional y que hasta ese momento eran ejercidas por los gobiernos 
provinciales. La centralización del poder estatal se manifestó en las siguientes medidas de 
gobierno del período: 
 la formación de un Ejército Nacional, 
 la organización de un sistema de rentas nacionales y un aparato recaudador de impuestos 
de alcance nacional, 
 la centralización de la emisión de moneda 
 la unificación y codificación de la legislación. 
 
Para afirmar su poder u obtener la obediencia del conjunto de integrantes de la sociedad, 
las autoridades nacionales utilizaron en algunos casos la violencia de la fuerza militar, y en otros, 
buscaron tejer alianzas políticas con los gobernantes provinciales. El objetivo era el de modernizar 
el Estado y sus herramientas para garantizar el funcionamiento del nuevo modelo. Se hacía 
necesaria la ampliación del espacio productivo (ocupando el territorio indígena), poblándolo 
(inmigración extranjera) y realizando las inversiones necesarias para activarlo. Los capitales y la 
mano de obra llegarían desde Europa, pero era el Estado nacional el que debía crear una 
estructura orgánica que garantizase el desarrollo y el funcionamiento del modelo exportador 
primario. 
Los presidentes de este período, no sólo terminaron con la oposición de aquellos sectores 
que se verían perjudicados por la centralización (caudillos federales, habitantes originarios, 
autonomistas porteños) sino que también conformaron grupos que desde el Interior compartieran 
el proyecto nacional. Más allá de sus diferencias puntuales, Mitre, Sarmiento y Avellaneda 
presentaron rasgos comunes en relación con los objetivos propuestos: progreso y civilización, 
inmigración, inversiones, transportes, educación y expansión del espacio productivo, además de 
la fuerte impronta liberal mediante la cual se justificaba la protección de la propiedad privada, la 
economía de mercado y el individualismo, pero además haciendo hincapié en las libertades y 
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derechos universales. Entre 1862 y 1880 se construyó así una matriz política y económica que 
señalaría el futuro del país. 
 
Análisis de la Construcción del Estado Nacional 
Mucho tiempo transcurrió en nuestro país para llegar a este punto, por ello brevemente 
debemos recordar y desarrollar lo que fue la etapa previa, ya que pasaron cinco décadas en las 
que en forma permanente surgían causas que impedían la organización nacional, pero la batalla 
de Pavón abrió una puerta que la hizo posible, y a partir de 1862, el Estado Nacional logró la 
definitiva centralización e institucionalización del poder, y por ello no permitimos aquí hablar de 
construcción del Estado Nacional, ya que esta conceptualización entendemos que reconoce los 
caracteres institucionales previos, no desconoce los años de discordia a los que hace referencia 
Halperin Donghi al referirse a este período, y hace hincapié en la conformación institucional a nivel 
Nacional que se encontraba ausente. 
Recurriendo a Oszlak podemos decir que el período 1810-1861 se caracterizó por la 
debilidad del fundamento material de la nacionalidad, y tal debilidad derivaba 
fundamentalmente de la heterogeneidad de los intereses económicos regionales, de las 
dificultades para la formación de alianzas políticas estables que articularan un sistema de 
dominación, y de la fragilidad de las instituciones y recursos existentes para extender el poder de 
un Estado nacional sobre el conjunto del territorio, la guerra de la independencia fue el primer 
capítulo de un largo proceso, caracterizado por cruentos enfrentamientos y variadas fórmulas de 
transacción, mediante las cuales los sectores que pugnaban por prevalecer en la escena política 
intentaron sustituir el orden colonial por un nuevo sistema de dominación social. El origen local 
del movimiento emancipador y las resistencias halladas por Buenos Aires para constituirse en 
núcleo de la organización nacional pronto dieron lugar a movimientos separatistas y guerras civiles 
que, durante mucho tiempo, impidieron la formación de un Estado nacional. El resurgimiento de la 
provincia como ámbito de lucha por la dominación local y actor institucional en el escenario 
político más amplio que integraban las Provincias Unidas del Río de la Plata tendió a otorgar a los 
enfrentamientos un carácter “territorial”, que ocultaba sus más determinantes motivaciones 
económicas. Las precarias coaliciones de provincias, que, a través de pactos y tratados, intentaron 
erigirse en estados, fueron prontamente desbaratadas por disidencias internas y fracasos 
militares. De hecho, las provincias funcionaron como cuasi-estados dentro de una federación 
cuyos vínculos de nacionalidad radicaban esencialmente en la aún débil identidad colectiva creada 
por las guerras de la independencia. Cabe recordar que por acción de Rosas, Buenos Aires alentó 
durante dos décadas esta organización federal del sistema político-institucional, postergando la 
constitución de un Estado nacional, que, en las condiciones de la época, poco habría beneficiado a 
los intereses de los sectores terratenientes pampeanos que sostenían el régimen rosista. 
No es casual que la coalición de fuerzas que derrotó a Rosas se haya constituido en 
circunstancias en que las oportunidades de progreso económico abiertas por la consolidación del 
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capitalismo en Europa occidental ponían crudamente de manifiesto la restricción a las que se 
hallaban sometidos el intercambio y la producción de las provincias litoraleñas. Como ya lo hemos 
analizado luego de Caseros, se realizó el primer intento orgánico de creación de un Estado 
nacional que, al no contar con la adhesión legítima ni los recursos de la auto excluida provincia 
porteña, sobrevivió tan sólo una década. En 1861, la Confederación Argentina cayó derrotada en 
Pavón por el ejército de Buenos Aires y debió resignar su efímeroliderazgo del proceso de 
organización nacional. 
Pavón allanó el camino para la definitiva organización nacional al permitir a los sectores 
dominantes porteños “nacionalizar” la llamada revolución liberal y organizar el Estado. 
Efectivamente, luego de Pavón, se inició un nuevo intento de construcción del Estado nacional en 
el que una compleja e inestable coalición política hegemonizada por los sectores dominantes 
porteños logró paulatinamente incluir en el proyecto unificador a diversas fracciones burguesas 
del litoral fluvial y el interior del país. 
Desde entonces, sobre la base de ciertas instituciones de Buenos Aires y a partir de 
recursos financieros procedentes de esta provincia y de Londres, el Estado nacional comenzó a 
afirmar su presencia institucional y a ejercer una dominación creciente sobre la sociedad. El 
proceso se caracterizó por su complejidad ya que concentrar el poder suponía expropiar a diversos 
actores sociales poderes y funciones que tradicionalmente ejercían. Para lograrlo, el Estado en 
construcción usó mecanismos represivos contra algunos caudillos y otros actores socio-políticos 
(indígenas, la Iglesia) que resistían a su acción expropiadora. También puso en juego recursos de 
tipo consensual con los que logró el acuerdo de diversos grupos sociales para el proceso de 
organización en marcha. 
A través de la represión y el control de las situaciones provinciales, la cooptación de aliados 
políticos, la articulación y la garantía de las actividades económicas, o la difusión de mecanismos 
de control ideológico, el Estado se fue apropiando de nuevos ámbitos operativos, redefiniendo los 
límites de la acción individual e institucional, y fue desplazando a la provincia como marco de 
referencia de la actividad social y la dominación política. 
Hacia 1880, puede decirse que se dio por concluido el proceso de construcción del Estado. 
Para esa época, ya habían sido doblegadas las montoneras del Chacho Peñaloza y de Felipe Varela, 
últimos exponentes y quizás los más paradigmáticos de la lucha del interior contra el proceso de 
centralización. También habían sucumbido López Jordán y los indígenas del sur, así como los más 
acérrimos defensores de la autonomía porteña. El Estado nacional, en un doble proceso de 
centralización del poder y descentralización del control, había ido afianzando su aparato 
institucional, ejercía una autoridad que no era disputada en el exterior e imponía su autoridad en 
todo el territorio nacional, el cual era respaldado por el control monopólico de la violencia, 
creando consenso en la medida en que se erigía en garante del progreso, y articulaba y aseguraba 
el desarrollo capitalista argentino. 
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La consolidación definitiva sobrevino, precisamente, cuando el Estado consiguió liberarse 
de la tutela de Buenos Aires. En 1880, en los combates de Puente Alsina y los Corrales, el ejército 
del Estado central venció a las tropas de Buenos Aires “purificando en el fuego de las armas el 
estigma de una tutela ya inadmisible”. Al ser doblegada la autonomía porteña, concluyó el proceso 
complejo y violento de centralización e institucionalización del poder. 
Oszlak sintetiza genialmente las características de tal proceso cuando afirma: “La unidad 
nacional fue siempre el precio de la derrota de unos y la consagración de privilegios de otros. Y 
el Estado nacional, símbolo institucional de esa unidad, representó el medio de rutinizar la 
dominación impuesta por las armas”. 
El proceso de construcción del Estado nacional demandó unos setenta años, si tenemos en 
cuenta la combinación de los elementos que permiten identificarlo; un gobierno central con el 
monopolio de la fuerza armada, que ejerce su poder sobre un territorio cuyos habitantes 
obedecen las leyes que emanan de una constitución; el reconocimiento de su calidad soberana 
por otros estados; la existencia de símbolos distintivos y de una cultura nacional que permite a los 
hombres y las mujeres reconocerse como parte de una misma comunidad. 
 
LAS PRESIDENCIAS HISTORICAS 
A partir que Salvador María del Carril en enero de 1861 logró el acuerdo definitivo entre 
Urquiza y Mitre, Entre Ríos delegaría en Mitre el Ejecutivo Nacional licenciaría sus tropas, admitiría 
que el gobernador de Buenos Aires reuniera el Congreso donde le pareciera mejor, y entregaría las 
aduanas nacionales existentes. Detrás de Entre Ríos, Córdoba delegó en Mitre el poder, actitud 
que siguieron Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, San Juan, Mendoza, Santa Fe y Jujuy. 
Curiosamente hubo resistencia porteña en conceder a Mitre plenamente ese poder y 
solamente le otorgaron el título de “Gobernador de Buenos Aires, Encargado del Poder Ejecutivo 
Nacional”, con facultades en materia de relaciones exteriores, pero solamente las indispensables y 
urgentes, y con obligación de mantener el orden público interno, hacer respetar por las provincias 
la Constitución Nacional, atender la fronteras, percibir la renta nacional e invertirla 
equitativamente, atender los asuntos urgentes que pudiesen sobrevenir, debiendo rendir cuenta 
al Congreso en su oportunidad. 
El 25 de mayo, el Encargado del Poder Ejecutivo Nacional inauguró las sesiones del 
Congreso, que provisoriamente se reunió en Buenos Aires, y éste, el 12 de junio, convocó a 
elecciones de presidente y vicepresidente de la República. El primer término de la fórmula lo tenía 
asegurado Mitre, nuevo árbitro militar en la República; por el sitial de vicepresidente, disputaron 
Manuel Taboada y Marcos Paz, obteniendo el último la mayoría suficiente de electores para 
quedar consagrado. 
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 El 12 de octubre de 1862 asumían sus cargos los elegidos. Ernesto Palacio en su obra 
describe la llegada de Mitre a la primera magistratura nacional: “Con poco más de cuarenta años, 
es decir, en pleno vigor de su edad, se abría en esos momentos para el general Mitre la 
posibilidad de hacer un gran gobierno. Recibía un país enfermo y extenuado, que se hallaba 
entregado a su merced. La oposición interna estaba vencida; su jefe presunto, enclaustrado en 
su feudo, no quería sino obedecer. Los testimonios de la época concuerdan en reconocer la 
expectativa simpática que rodeó el advenimiento al gobierno del caudillo liberal, que venía con 
tanto ímpetu y profería tantas promesas. Todo el mundo quería la paz y colaborar en ella, desde 
la oposición alsinista de Buenos Aires hasta Peñaloza y sus hombres de los valles riojanos”. 
Como consecuencia de la batalla de Pavón, alrededor de Mitre se nuclearon los círculos 
que habían sido unitarios, algunos exponentes del romanticismo de 1837, y hasta algunos 
federales atentos al cambio de los vientos que soplaban sobre la República. Toda esta ancha franja 
de dirigentes políticos constituyó el liberalismo, que se mantuvo unido por escaso tiempo, puesto 
que, de su seno, en la provincia de Buenos Aires, surgió una oposición cuya primera motivación 
más evidente fue su negativa a admitir la federalización de Buenos Aires. 
A Mitre, luego de asegurarse que Urquiza había decidido abandonar a su partido y cederle 
terreno en el interior de la Confederación, se le presentó una grave disyuntiva. Por un lado, 
miembros de su gabinete, en la gobernación de Buenos Aires, como Pastor Obligado y Norberto de 
la Riestra, opinaban que ésta debía reconcentrarse en sí misma y prescindir del resto de las 
provincias más allá del Arroyo del Medio, mientras que otros hombres cercanos a Mitre, en 
especial los de origen provinciano como Sarmiento, Vélez Sarsfield, Marcos Paz, eran partidarios 
de imponer a sangre y fuego el liberalismo en el interior. Existía también otro problema, ya quealgunos liberales radicalizados, como de la Riestra por ejemplo, querían la sustitución de la 
Constitución reformada en 1860 y vigente, por otra, que según este avieso personaje, debía ser 
unitaria. Afortunadamente para la suerte de la República, Mitre optó por conservar la unidad y 
mantener la Constitución sin variaciones. 
En el pensamiento que surge de su correspondencia vemos que entendía que “Declarar 
por nuestra parte caduca la Constitución... sería levantar una nueva bandera de guerra civil, una 
guerra constitucional que hoy no asoma por ninguna parte, y a las profundas causas de 
desunión que nos dividen agregaríamos pueblos que quisieran respetar la Constitución y pueblos 
que quisieran darla por nula. En definitiva, tal declaración no importaría otra cosa que romper 
los vínculos de la unión política volviendo al estado de aislamiento (…) La política de la guerra 
civil es que una vez lanzados a ella, nuestro destino está irrevocablemente ligado al de la 
República Argentina. Tenemos que salvarnos o perecer con ella, haciendo predominar el espíritu 
liberal sobre las influencias del caudillaje. La obra puede ser superior a las fuerzas de Buenos 
Aires, pero debemos tomar a la República Argentina tal cual la han hecho Dios y los hombres, 
hasta que los hombres con la ayuda de Dios la vayan mejorando”. 
Cabe decir que, en vez de utilizar métodos conciliatorios con los caudillos provinciales 
federales aun existentes en el interior, apeló, para sellar la unidad nacional, a una especie de 
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guerra santa contra ellos, de acuerdo a la prédica de Sarmiento, habiendo podido lograr su 
objetivo por medio de la persuasión, lo que surge del pensamiento de Ángel Vicente Peñaloza, 
cuyo pacifismo lo denota la carta del 8 de febrero de 1862 a Manuel Taboada, quien invadía 
Catamarca, y en la cual manifestaba “¿Por qué hacer una guerra a muerte entre hermanos contra 
hermanos? Las futuras generaciones podrían imitar ese pernicioso ejemplo”. 
 La República estaba harta del desencuentro fratricida y todo el mundo quería la paz, de allí 
la favorable expectativa con que en general se recibió la asunción de Mitre al poder en octubre de 
1862, pero la actitud del liberalismo porteño, secundado por pequeños círculos del interior que 
habían venido preparando el advenimiento de los nuevos tiempos, transformó dicho panorama, 
que hace que en dicho período se produjeron 117 revoluciones, 91 combates y la muerte de 4.728 
hombres, sin contar las pérdidas de vidas provocadas por la guerra del Paraguay y las epidemias 
que fueron su consecuencia. Este último evento bélico, que como veremos, pudo ser evitado, fue 
en alguna medida también consecuencia de malas decisiones. 
 
La cuestión de la Capital 
 Como vimos en su momento los constituyentes de 1853 declararon en el artículo 3 de la 
Constitución, capital de la República a la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores; que esto no 
fue aceptado por la provincia separada y que Urquiza hubo de gobernar desde su provincia 
federalizada. Al terminar su mandato en 1860, la provincia de Entre Ríos fue desfederalizada, y 
sólo Paraná fue sede de las autoridades nacionales durante la presidencia de Derqui, mientras 
Urquiza volvía a la Gobernación de su provincia. 
También en este proceso vimos que la reforma de 1860 devolvió a la provincia de Buenos 
Aires su capital, estableciéndose que la capital futura de la República sería designada por el 
Congreso de la Nación con acuerdo, de la legislatura, a cuya jurisdicción perteneciera la ciudad o 
zona a federalizarse. Con Mitre a cargo del Ejecutivo Nacional encontramos que el mismo no 
admitió ir a gobernar la República desde Paraná, y la Legislatura de Santa Fe había ofrecido su 
ciudad cabecera como capital de la Nación, pero Eduardo Costa ministro de Mitre en la provincia 
de Buenos Aires, expone la opinión de aquél, y expresa que Buenos Aires debía federalizarse para 
asegurar el proselitismo liberal en toda la República. 
 Ante esto, el Congreso de la Nación, reunido desde mayo de 1862, en Buenos Aires, 
llegado el mes de agosto, en una de sus primeras leyes, federalizó nada menos que toda la 
provincia de Buenos Aires, con el argumento del diputado nacional Zavaleta que se fundaba en la 
necesidad de extinguir radicalmente el caudillaje. Esto que ocurría era incluso ir más allá de lo que 
había pretendido Rivadavia, ya que de un plumazo se pretendía hacer desaparecer la autonomía 
de toda la provincia de Buenos Aires, pero claramente faltaba cumplir con el artículo 3 de la 
Constitución, que exigía el acuerdo de la legislatura porteña. 
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Adolfo Alsina, se puso en acción para evitar que la Legislatura porteña admitiese la 
federalización de la provincia, lo que significaba su desaparición como tal; de allí el nombre de 
Autonomismo. Frente al autonomismo, quedaron con Mitre quienes consideraron que la 
autonomía porteña debía sacrificarse en beneficio de la Nación y que, por ende, recibirían el 
nombre de Nacionalistas. 
La Legislatura porteña, rechazó la solución del Congreso Nacional, ante lo cual Mitre forzó 
un desenlace conciliador, amenazando con su renuncia, producto de lo cual se sancionó la llamada 
Ley de Compromiso, que sancionó el Congreso a principios de octubre, y a la que la Legislatura le 
prestó su acuerdo. Por ella la ciudad de Buenos Aires sería por cinco años residencia de las 
autoridades nacionales, las que tendrían jurisdicción sobre todo el municipio, esto sin dejar de 
ser capital de la provincia de Buenos Aires. Además, el municipio seguiría teniendo su 
representación en la Legislatura de la provincia, y se dejaba a ésta la administración del Banco de 
la Provincia de Buenos Aires, los demás establecimientos públicos radicados en la ciudad, y los 
juzgados y tribunales de justicia. 
Al acercarse el vencimiento del plazo de cinco años establecido, comenzó a crecer la 
urgencia por resolver el problema. Ante esto encontramos que el senador nacional Martín Piñero, 
en junio de 1866, presentó en su Cámara un proyecto de ley declarando capital de la República a 
Fraile Muerto, (la actual Bell Ville). Los proyectos no avanzaron atento a que la Guerra del 
Paraguay centralizaba cualquier debate. 
En septiembre, el Congreso devolvió a la provincia el gobierno del Municipio de la ciudad, 
que le había dado la ley de compromiso a la Nación, debido a las tensiones entre los poderes 
nacionales y provinciales por ese problema, ante lo cual la potestad nacional era un mero huésped 
de Buenos Aires. 
 En julio de 1867, el diputado nacional Manuel Quintana, presentó en su Cámara una 
iniciativa por la cual se declaraba Capital de la República a la ciudad de Rosario, y al mismo tiempo 
la Legislatura de la Provincia de Córdoba ofrecía su ciudad capital, y la Legislatura de la de Santa Fe 
hacía otro tanto con Rosario, mientras algunos diputados presentaban otro proyecto pensando 
que la capital debería estar en el trayecto del ferrocarril de Rosario a Córdoba. 
Quintana recomienda Rosario por carecer de significación política, poseer comercio y 
población propia, independientes del resto de la provincia, la que debía poner su acento en la 
colonización del Chaco, y ostentar buenas comunicaciones con el resto de la República. Diputados 
aprobó el proyecto de Quintana, pero el Senado lo rechazó por apenas un voto, al vencer en 
octubre de 1867 el término de cinco años de la ley de compromiso, el poder ejecutivo nacional, 
mediante un decreto, resolvió fijar su mera residencia en la ciudad de Buenos Aires, fundando esta 
decisión, en el derecho de simple residencia que los poderes públicos nacionales tienen en 
cualquierpunto del territorio argentino, esperando que el Congreso le diera definitiva solución a la 
cuestión. 
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En mayo de 1868, el senador Joaquín Granel insiste con el proyecto de federalizar Rosario. 
Después de intenso debate, el Senado lo aprueba y también lo hace Diputados, no obstante, hay 
en ambas cámaras votos para otras soluciones: Las Piedras, Villa Nueva, frente a Villa María en 
Córdoba; Buenos Aires; Córdoba. De tal manera que Rosario parece va a ser la capital de la 
República. Pero el presidente Mitre veta la sanción del Congreso, y como en éste no se reúnen los 
dos tercios de votos de sus cámaras para sobreponerse al veto, la capitalización de Rosario no se 
concreta. 
Mitre argumenta que debía ser consultado su sucesor, Sarmiento, al respecto. En realidad, 
las verdaderas razones las da el ministro Eduardo Costa en el debate en Diputados que expresa la 
oposición “porque se han arraigado aquí grandes intereses que han de sentirse heridos si estas 
autoridades salieran del recinto de la ciudad de Buenos Aires”. 
Durante la presidencia de Sarmiento, Granel vuelve, en mayo de 1869, con su proyecto de 
federalización de Rosario, que es sancionado por ambas cámaras. La cosa está ahora en manos de 
un presidente provinciano, y no porteño. Pero Sarmiento veta por segunda vez a Rosario, fundado 
en la “difícil situación política y económica” por la que atravesaba la República con la guerra del 
Paraguay, que exigía conservar la capital en Buenos Aires, la más rica, inteligente y poblada de la 
República, para “mantener el crédito interior y exterior en las ventajosas condiciones en que hoy 
se encuentra”. Tampoco le fue posible al Congreso insistir con los dos tercios exigidos por la 
Constitución. 
Sarmiento no quería salir de Buenos aires para no desprenderse de los elementos de 
fuerza, poder y opinión, para gobernar apartándose de las instituciones, no faltando más que se 
mandaran intendentes a las provincias como en tiempos de los virreyes. Entre 1870 y 1871 se 
presentaron proyectos en una u otra Cámara federalizando Rosario, Buenos Aires, Córdoba, San 
Fernando o Villa María. En el Senado, finalmente en 1871, la votación favoreció a Villa María, en 
un área cuadrada de veintiséis kilómetros de lado. La capital se denominaría Rivadavia. 
Se creía que la inclinación del presidente hacia los modelos yanquis facilitaría la concreción 
de la ley y Villa María habría de transformarse en la Washington argentina. Sarmiento, quien 
desde 1850 pregonaba la instalación de la capital fuera de Buenos Aires, en una zona equidistante 
de los centros de población e influencia del país, veta la sanción de ambas cámaras, 
argumentando que “llevar la capital al despoblado, era alejar de la gestión de los negocios 
públicos a los hombres más prominentes, que por su edad y situación están poco dispuestos a 
someterse a las privaciones de una residencia improvisada en medio de los campos; teme por el 
crédito interno y externo desde que se alejara la capital de los centros comerciales; crear una 
ciudad nueva para la capital, podía ser posible en Estados Unidos, tierra tan prolífica que en 
setenta años duplicó sus Estados y creó cien ciudades y cuarenta mil villas que son el asombro 
del mundo; el gobierno no puede decretar que se traslade a Villa María una sociedad culta (…) 
Durante medio siglo los amigos de la libertad y de la civilización se parapetaron en las ciudades 
para hacer frente al atraso de las campañas que minaban las instituciones libres; y cuando 
apenas cesa la última tentativa que ha producido la tradición de los caudillos por conservar su 
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predominio, sería tentar a la providencia el poner por diez años el gobierno Nacional en los 
campos”. 
Las Cámaras no pudieron insistir con los dos tercios reglamentarios, y es así que en 1872 y 
1873, Granel insistió con su proyecto de federalización de Rosario. El primer año fracasó, pero en 
1873, nuevamente, las Cámaras votaron a la ciudad santafesina, a pesar de la opinión de otros 
legisladores en favor de Villa Constitución, Villa María, o de una ciudad a levantarse entre San 
Nicolás y Villa Constitución. 
Sarmiento, y nuevo veto, fundado en que disminuye el número de votos que apoyan esta 
idea, y en que el ejecutivo estaba en medio de las premiosas atenciones que reclama la rebelión 
de López Jordán en Entre Ríos, produjo que una vez más no se logró en el Congreso superar el veto 
presidencial. En 1874, el diputado Villada Achával pugnó por federalizar la ciudad de Córdoba; su 
proyecto no fue considerado. Mientras gobierna Avellaneda, nuevos proyectos de distintos 
legisladores proponen otra vez a Rosario, la federalización del territorio comprendido entre los 
arroyos Ramallo y Pavón, o Córdoba, nuevamente. El ministro del interior de Avellaneda, Simón de 
Iriondo, en el debate de diputados, propone que una convención reformadora del artículo 3 de la 
Constitución resolviera la cuestión, bonita manera de aplazar la solución del acuciante problema. 
En Diputados, triunfó la tesis de hacer de Rosario la capital de la República. En el Senado, el 
proyecto no se trató, pese a que en 1877 y 1878 el senador Argento insistió en la sanción. 
 
 
Mapa de la Ciudad de Buenos Aires de la época, que refleja el territorio federalizado 
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Finalmente la solución del problema llegaría en 1880 con la federalización de la ciudad de 
Buenos Aires. Determinado el Ejecutivo Nacional a acabar con la presión que con frecuencia 
ejercía el gobierno de la poderosa y rica provincia de Buenos Aires sobre el gobierno nacional, el 
24 de agosto de 1880, después de que el Congreso rechazara su renuncia, el Presidente 
AVELLANEDA envía a las Cámaras el Proyecto por el cual se convierte al municipio porteño, en 
Capital de la República, previa conformidad de la Legislatura Provincial. 
El 20 de septiembre de 1880, el Congreso Nacional, aún reunido en Belgrano, sancionó la 
Ley propuesta por Avellaneda y declaró a la ciudad de Buenos Aires, Capital de la República. 
Federalizó el área abarcada por la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, convirtiéndola en el 
Distrito Federal, exclusivamente dependiente del gobierno nacional. Los edificios públicos y hasta 
la deuda externa de la provincia pasaron al patrimonio de la Nación. La Legislatura bonaerense, 
renovada en su totalidad, luego de apasionados debates, cedió a la Nación, el territorio de su 
ciudad capital y la provincia de Buenos Aires, cuya aprobación había sido lograda, emprendió la 
tarea de conseguir una nueva capital. Con esta acción, que solucionó el último problema de 
organización nacional. 
Quizás si en la actualidad queremos ver los resultados de la capitalización, debamos 
recordar al menos un párrafo del discurso pronunciado el 12 de noviembre de 1880 en la 
legislatura de Buenos Aires por Leandro N. Alem que entendió que la federalización de la ciudad-
puerto era un error. El discurso de Alem, entonces diputado provincial, se inició el 12 y se 
prolongó por varios días pero constituye una pieza única. Con su tono apasionado, dijo Alem, 
entre otras cosas: “es en el sistema federal en que pueden, con más amplitud y facilidad, 
desarrollarse las instituciones democráticas, y el gobierno de propios es el que mejor responde a 
las legítimas aspiraciones de las colectividades, el único que perfectamente se armoniza con la 
naturaleza humana, con su propia dignidad, porque no es verdaderamente meritorio un pueblo 
o un individuo sino cuando vive de su propio aliento, desarrollapor sí solo sus fuerzas y carga 
con sus responsabilidades”. 
 En otro párrafo, expresa Alem que cuando “un centro atrae a todos los elementos y 
vitalidad del país a ese solo punto, sucede que, si ese punto vacila, toda la nación se conmueve: 
no tiene fuerzas y defensas convenientemente distribuidas”. “Será un rudo golpe para las 
instituciones democráticas y el sistema federativo en que ellas se desenvuelven cuando el poder 
central, por sí sólo, tenga más fuerza que todos los estados federales juntos. El régimen 
republicano quedará escrito en la carta, pero fácilmente podrá ser, y será, paulatinamente 
subvertido en la práctica, y al fin avasallado definitivamente en cualquier momento de extravío. El 
centralismo absorberá a todos los pueblos y ciudadanos de la República el día en que se 
entregue la ciudad de Buenos Aires, ese centro poderoso, y la suerte de la República Argentina 
federal quedará librada a la voluntad y pasiones del jefe de Estado. Cuando venga un presidente 
porteño un poco voluntarioso, con su círculo respectivo, ya verán las provincias lo que les 
sucederá”. 
 
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Reforma constitucional de 1866 
 Al llegar 1866 los impuestos a la exportación cesaban como nacionales, no pudiendo ser 
provinciales, conforme lo disponía la reforma de 1860 que había enmendado las correspondientes 
disposiciones de los artículos 4 y 64, inciso 1, de la Constitución de 1853, para la que esos 
derechos serían nacionales sin límite en el tiempo, lo cual había sido una concesión a la provincia 
de Buenos Aires, cuyos hombres pensaron que alguna vez podrían volver a pertenecerle, al 
menos, los derechos de exportación recaudados en su poderosa aduana, que por el Pacto de San 
José de Flores había pasado a ser nacional, y esto a pesar de que la cuestión se transó 
especificando que dichos derechos de exportación en 1866 no podrían ser provinciales. 
 El partido liberal, que en 1859 había sido derrotado en Cepeda, y en 1860 debía soportar 
un gobierno nacional con cierto matiz federal, en 1866 era el que gobernaba la República. El 
federalismo, derrotado de la manera que vimos en Pavón, por la deserción de Urquiza, empezaba 
a ser un recuerdo. En plena guerra con el Paraguay, el frente de guerra se llevaba fortunas para 
sostener la tropa, sus sueldos, armas, etc. Hacía falta dinero. Fue por ello que Valentín Alsina 
presentó un proyecto en el Senado, modificatorio de los mencionados artículos 4 y 64, inc. 1, éste 
último, que desde la reforma de 1860, era el 67, inciso 1. También proponía la enmienda del 
artículo 88 respecto a responsabilidad de los ministros del ejecutivo, y el artículo 100 relativo a la 
jurisdicción de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación. 
El Congreso sólo admitió la reforma del artículo 4, y del 67, en su inciso 1. El gobierno de 
Mitre tuvo que extremarse para poder imponer la reforma, que sólo obtuvo por 22 votos contra 
19. La enmienda consistió en la eliminación de la frase del artículo 4: “hasta 1866 con arreglo a lo 
estatuido en el inciso 1 del artículo 67, y en el artículo 67, inciso 1, la supresión de las palabras: 
“hasta 1866, en cuya fecha cesarán como impuesto nacional, no pudiendo serlo provincial”. Con lo 
que, en resumidas cuentas, los derechos de exportación pasaron a ser, definitivamente 
Nacionales. 
 
La guerra con Paraguay 
Esta guerra enfrentó a la Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay, entre 1865 y 1870, y 
claramente buscó acabar con un modelo autónomo de desarrollo como el paraguayo, y no tanto a 
los objetivos de unificación nacional y defensa del territorio. 
Este conflicto tuvo su origen en 1863, cuando el Uruguay fue invadido por un grupo de 
liberales uruguayos comandados por el general Venancio Flores, quienes derrocaron al gobierno 
blanco, de tendencia federal y único aliado del Paraguay en la región. La invasión había sido 
preparada en Buenos Aires con el visto bueno del presidente Bartolomé Mitre y el apoyo de la 
armada brasileña. El Paraguay intervino en defensa del gobierno depuesto y le declaró la guerra al 
Brasil. 
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Ante esta situación, el gobierno de Mitre se había declarado neutral pero no permitió el 
paso por Corrientes de las tropas comandadas por el gobernante paraguayo, Francisco Solano 
López, lo que obligó a este a declarar la guerra también a la Argentina. 
Brasil, la Argentina y el nuevo gobierno uruguayo firmaron en mayo de 1865 el Tratado de 
la Triple Alianza, en el que se fijaban los objetivos de la guerra y las condiciones de rendición que 
se le impondrían al Paraguay. 
Cabe decir que hasta 1865 el gobierno paraguayo, construyó astilleros, fábricas 
metalúrgicas, ferrocarriles y líneas telegráficas, la mayor parte de las tierras pertenecía al Estado, 
que ejercía además una especie de monopolio de la comercialización en el exterior de sus dos 
principales productos:, la yerba y el tabaco. 
El Paraguay era la única nación de América Latina que no tenía deuda externa porque le 
bastaban sus recursos. 
 
 
 Publicado en el libro de María Lucrecia Johansson: “La gran máquina de publicidad”. Redes transnacionales e intercambios periodísticos 
durante la guerra de la Triple Alianza (1864-1870). Esta obra fue la ganadora X Premio de Estudios Iberoamericanos (2016) en el Área de Ciencias 
Sociales y Jurídicas, convocado por el Grupo de Universidades Iberoamericanas “La Rábida”. 
 
13. LA FUNDACION DE UN ESTADO 
 
 
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La impopularidad de la Guerra de la Triple Alianza, sumada a los tradicionales conflictos 
generados por la hegemonía porteña, provocó levantamientos en Mendoza, San Juan, La Rioja y 
San Luis. El caudillo catamarqueño Felipe Varela lanzó una proclama llamando a la rebelión y a no 
participar en una guerra fratricida diciendo: “Ser porteño es ser ciudadano exclusivista y ser 
provinciano es ser mendigo sin patria, sin libertad, sin derechos. Esta es la política del gobierno de 
Mitre. Soldados Federales, nuestro programa es la práctica estricta de la Constitución jurada, el 
orden común, la amistad con el Paraguay y la unión con las demás repúblicas americanas”. Cabe 
decir que más allá de contar con un importante apoyo popular, Varela fue derrotado por las 
fuerzas nacionales en 1867. 
La participación argentina en la guerra respondía también al interés del gobierno en 
imposibilitar una posible alianza entre las provincias litorales y el Paraguay. Los soldados de la 
Triple Alianza peleaban por plata o por obligación. Esto llevó a los paraguayos a concretar 
verdaderas hazañas militares, como el triunfo de Curupaytí, donde contando con un armamento 
claramente inferior, tuvieron sólo 50 muertos frente a los 9.000 de los aliados. 
En nuestro país, la oposición a la guerra se manifestaba de las maneras más diversas, entre 
ellas, la actitud de los trabajadores correntinos, que se negaron a construir embarcaciones para las 
tropas aliadas y en la prédica de pensadores que, como Juan Bautista Alberdi y José Hernández, 
apoyaban al Paraguay. En 1870, durante la presidencia de Sarmiento las tropas aliadas lograron 
tomar Asunción poniendo fin a la guerra. El Paraguay había quedado destrozado, diezmada su 
población y arrasado su territorio. Mitre había hecho un pronóstico demasiado optimista sobre la 
guerra: “En veinticuatro horas en los cuarteles, en quince días en campaña, en tres meses en la 
Asunción”. La guerra duró casi cinco años, le costó al país más de 500 millones de pesos y 50.000 
muertos. Sin embargo, benefició a comerciantes y ganaderos porteños y entrerrianos cercanos al 
poder,que hicieron grandes negocios abasteciendo a las tropas aliadas. 
Por el tratado de la Triple Alianza, se establecía que los aliados respetarían la integridad 
territorial del Paraguay. Terminada la guerra, los ministros diplomáticos de los tres países se 
reunieron en Buenos Aires. El ministro de Relaciones Exteriores de Sarmiento, Mariano Varela 
expresó: “La victoria no da a las naciones aliadas derecho para que declaren, entre sí, como 
límites suyos los que el tratado determina. Esos límites deben ser discutidos con el gobierno que 
exista en el Paraguay y su fijación será hecha en los tratados que se celebren, después de 
exhibidos, por las partes contratantes, los títulos en que cada una apoya sus derechos”. El 
embajador del Brasil en Argentina, Barón de Cotepige, negoció separadamente con el Paraguay 
tratados de límites, de paz, de comercio y navegación. Esto provocó el enojo de la Argentina, que 
decidió enviar a Río una misión diplomática encabezada por Mitre. Lo cierto es que Brasil sí 
pensaba que la victoria daba derechos, saqueó Asunción, instaló un gobierno adicto y se quedó 
con importantes porciones del territorio paraguayo. 
El regreso de las tropas trajo a Buenos Aires, en 1871, una terrible epidemia de fiebre 
amarilla contraída por los soldados en la guerra. La peste dejó un saldo de trece mil muertos. 
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Algunos apuntes de la Presidencia de Mitre (1862/1868) 
Como ya expresamos luego de la batalla de Pavón, en la que Mitre derrota a Urquiza, 
quedó acéfalo el gobierno de la nación al renunciar las autoridades ejecutivas y legislativas de la 
Confederación Argentina residentes en Paraná, y lo concreto fue la convocatoria a los 
representantes de todas las provincias con el objetivo de elegir autoridades nacionales y resolver 
sobre el lugar de residencia y financiamiento del nuevo ejecutivo. 
El 5 de octubre de 1862 la asamblea de electores eligió por unanimidad a Bartolomé 
Mitre presidente y a Marcos Paz vicepresidente de la nación. 
El objetivo propuesto era el de la defensa de los principios liberales, representados en el 
imperio de la libertad civil, política y económica y el predominio de la “civilización” urbana sobre la 
“barbarie” rural. 
 “Nacionalidad, Constitución y Libertad” era el lema que resumía el nuevo programa de 
gobierno, con eje en la organización institucional de los tres poderes del Estado. El Ejército 
permanente creado por Mitre contribuyó a la centralización política, actuando en la represión de 
los conflictos provinciales con las montoneras, y como dijéramos en la Guerra contra el Paraguay. 
Instauró la Corte Suprema de Justicia y reglamentó el funcionamiento del Poder Judicial 
nacional. Le encargó a Dalmacio Vélez Sarsfield la redacción de un Código Civil, y nacionalizó 
el Código de Comercio del Estado de Buenos Aires. Ambos códigos fueron aprobados por el 
Congreso Nacional durante la presidencia de Domingo F. Sarmiento. En cambio, el Código Penal 
elaborado por Carlos Tejedor tuvo su aprobación casi dos décadas más tarde y el Código de 
Minería fue resistido porque desconocía los derechos de las provincias a la propiedad de las 
minas, todo lo cual hemos de desarrollar en el próximo capítulo referido a la Codificación. 
Con respecto a territorios considerados argentinos que no estaban comprendidos dentro 
de las provincias y que eran ocupados por sus habitantes originarios, se sancionó una ley de 
territorios nacionales, que luego, en la medida en que se establecieron poblaciones permanentes 
con cierta importancia económica, se fueron provincializando. 
En 1862 se inició la construcción del ferrocarril del Sud y el Central Argentino hacia 
Córdoba y Rosario. En 1863 se sancionó la Ley de Aduana que concedía franquicias al comercio 
con Europa y que elevó las rentas nacionales de siete a catorce millones de pesos oro. En 
cuestiones de instrucción pública se fundaron colegios nacionales en Catamarca, Salta, Tucumán, 
San Juan, Mendoza y en Buenos Aires. 
Además de los puntos relacionados al tema de la Capitalización, Aduanas, y Guerra contra 
el Paraguay que ameritaron desarrollo específicos, encontramos una seria de conflictos internos, y 
en ello debemos centrar el conflicto con Ángel “Chacho” Peñaloza. Durante 1862 la gestión 
mitrista debió enfrentar levantamientos armados en el interior del país. Desde La Rioja, “el 
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Chacho”, quien contaba con apoyo en las zonas rurales del interior, y con influencia en Catamarca, 
San Juan, San Luis y Córdoba, denunció la política centralista porteña y los asesinatos cometidos 
en su nombre. En un primer momento, se negoció un acuerdo, pero ante la falta de cumplimiento 
de los términos acordados por parte de Mitre, el conflicto se reinició un año más tarde. 
Cabe recordar la delicada situación económica de las provincias, carentes de recursos 
gastados por haber sido el escenario de la guerra civil, ello hacía que Peñaloza se erigiera 
entonces en defensor de los intereses provinciales repetidamente perjudicados por el centralismo 
porteño. Para derrotarlo se organizaron fuerzas militares con colaboración de los gobernadores de 
Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y San Juan. Mitre le dio a Sarmiento, gobernador de San 
Juan, la dirección de esta “guerra de policía”. Peñaloza resistió con sus montoneras hasta 
noviembre de 1863, fecha en que fue tomado prisionero y asesinado a lanzazos por un coronel del 
Ejército Nacional. 
Tras la derrota de las montoneras federales, nuevos alzamientos se produjeron contra las 
autoridades nacionales entre 1864 y 1866, y contra los reclutamientos forzosos para obtener 
soldados en la impopular guerra del Paraguay. En 1866 estalló en Mendoza la “rebelión de los 
colorados” liderados por Juan Sáa y en 1867 el sanjuanino Juan de Dios Videla entró en San Juan, 
la rebelión continuó y Sáa tomó San Luis mientras el riojano Aurelio Zalazar avanzó sobre La Rioja. 
Pero el principal movimiento fue encabezado por el catamarqueño Felipe Varela, hombre del 
Chacho, quien regresó de su exilio en Chile y organizó a las fuerzas contrarias al gobierno nacional. 
Antonio Taboada, caudillo santiagueño aliado de Mitre enfrentó a Varela y lo venció en abril de 
1867 en Pozo de Vargas. Este huyó primero a Bolivia y luego a Chile donde murió en 1870. 
Hacia fines del mandato de Mitre se presentó el problema de la sucesión presidencial. Se 
candidateaban Urquiza por el Partido Federal, con el apoyo del Litoral; Rufino de Elizalde por el 
Partido Nacionalista y Adolfo Alsina por el Partido Autonomista. Fue entonces que la oficialidad 
del Ejército propuso un candidato de unión que fue Domingo Faustino Sarmiento. Se consensuó 
así la fórmula Sarmiento / Alsina, que triunfó en los comicios de 1868. 
 
La Presidencia de Sarmiento (1868/1874) 
 Sarmiento no representaba una fuerza dada en algún partido político. Se denominaba 
“porteño en provincias y provinciano en Buenos Aires”, con una formula superadora: “Argentino 
en todas partes”. 
 Sin embargo la gestión sarmientina llevo siempre su propia marca. Libre de influencias de 
caudillos o comités, se constituyó a la manera de un caudillo “sui generis”, sin partido y sin arraigo. 
Quiso aplicar a su gestión de gobernante su concepto de oposiciones: civilización y barbarie. Para 
él civilización y barbarie, estaban definidos por oposición. Para Sarmiento la civilización era afirmar 
el imperio de la ley y la autoridad constituida, la educación de las masas por la escuela primaria, la 
https://www.siemprehistoria.com.ar/presidencia-de-sarmiento-18681874/
https://www.siemprehistoria.com.ar/proclama-de-guerra-de-felipe-varela-1866/
13. LA FUNDACIONDE UN ESTADO 
 
 
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apertura de los puertos y ríos al comercio universal, la remoción de todos los obstáculos 
materiales y morales a la libre expansión. 
 Sarmiento no respondía a círculos o partidos, aunque tuviera la esperanza de constituirse 
en líder de un movimiento que, debido a su propia y avasallante personalidad, no podía concretar. 
Quizás pretendiera la formación de un nuevo partido, ya que su política tuvo un tinte personal; 
pero no poseyó doctrina política, si no la adecuada y forjada a cada uno de sus actos. 
 El Sanjuanino inicio su presidencia mediante una política de compromisos, que tendían a 
obtener la colaboración de las diferentes fracciones, aunque alejándose sugestivamente del 
mitrismo; busco congraciarse con los factores de poder, especialmente el ejército, creando en 
1869 el Colegio Militar; continuo las precedentes campañas contra los indios, autorizando la 
excursión a los ranqueles llevada a cabo por Lucio V. Mansilla. Los sectores ilustrados que le 
habían prestado su apoyo fueron compensados con la instalación de diferentes instituciones 
culturales. A Alsina le ofreció dos Ministerios para ser cubiertos por miembros de su partido; logro 
acuerdos con los hermanos Taboada, personajes claves en el interior y, aprovechando la misión de 
Vélez Sarsfield para arreglo del conflicto existente entre Corrientes y Entre Ríos, visito el palacio de 
San José, donde fue recibido con altos honores por Urquiza. 
 El 12 de octubre de 1868, Sarmiento prestó juramento como presidente ante el Congreso 
Nacional. Los primeros actos, designaciones y cesantías de la nueva administración mostraban que 
Sarmiento se alejaba cada vez más de los liberales mitristras. 
Conforme a su antiguo criterio, Sarmiento quería poner el acento de su gobierno en 
difundir la educación, haciéndola accesible a toda la población. Había aprendido de Estados 
Unidos que la ilustración posibilitaba la democracia y de allí su lema “educar al soberano”. Debido 
al acercamiento que había tenido con Urquiza, promovió la creación en Concepción del Uruguay, 
capital de Entre Ríos, de un curso normal para preceptores, anexo al Colegio Nacional, como 
también una Escuela Normal para mujeres. Envió asimismo un proyecto al Congreso para fundar 
una Escuela Normal en Paraná, que se integró con maestras norteamericanas contratadas 
especialmente, y propicio otra Escuela Normal para Tucumán y colegios nacionales para diversas 
provincias, como también una legislación sobre bibliotecas populares que fueron diseminadas por 
todo el país. 
Trato de cumplir con su programa de “tierras y escuelas” propiciando una ley de 
colonización agrícola de los territorios nacionales, pero no logro la aprobación parlamentaria. 
Sarmiento impulsaba medidas progresistas como la realización de un censo (que determino 
que los habitantes eran 1.830.214), la creación de ferrocarriles y telégrafos, la promoción de la 
inmigración, la construcción de puentes y caminos, pero su política se deterioraba 
permanentemente. Su reciente aliado Urquiza fue ultimado y sus opositores lo atacaban sin cesar, 
le achacaban su mala conducción en la finalización del proceso de la guerra del Paraguay y su 
situación del conflicto con Chile. 
13. LA FUNDACION DE UN ESTADO 
 
 
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 Modificaciones legislativas de Sarmiento 
 Algo más de cuatrocientas leyes se sancionan durante los seis años de la Presidencia de 
Sarmiento, especialmente se destacan durante el periodo de la organización nacional las 
siguientes: 
 Ley 340, adoptando el Código Civil redactado por el Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield. 
 Ley 346, sobre ciudadanía. 
 Ley 419, sobre bibliotecas populares. 
 Ley 428, sobre Contabilidad Nacional. 
 Ley 438, por la que se crea el Boletín Oficial de la Nación. 
 Ley 450, creando bajo la dependencia del Ministerio del Interior un Departamento de 
Agricultura, que será la base del futuro Ministerio de ese ramo. 
 Ley 463, sobre fomento de la Instrucción pública en las provincias. 
 Ley 514, aboliendo la prisión por deudas. 
 Ley 531, sobre Ferrocarriles Nacionales. 
 Ley 623, sobre régimen electoral. 
 
 
Caricatura sin firma. De izquierda a derecha: el presidente Roca y dos imágenes de Sarmiento, como la “opinión pública” y como “teniente general”. 
/ Archivo General de la Nación. Biblioteca Celesia. Revista El Mosquito, 14/06/1885. 
 
Bajo la inspiración de Sarmiento, la instrucción pública durante 1868-1874, adquiere un 
impulso vigoroso. Educar al soberano, como ya dijimos fue su pasión, en la inteligencia de que 
13. LA FUNDACION DE UN ESTADO 
 
 
 Francisco N. García & 
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solamente eliminando el analfabetismo y la ignorancia de las masas populares, sería posible lograr 
el ejercicio de una auténtica democracia, es así que se autoriza el funcionamiento de los cursos 
nocturnos en el Colegio Nacional de Salta, para obreros y trabajadores. Funda el Colegio Nacional 
de Santiago del Estero, y crea la catedra de mineralogía en los Colegios Nacionales de San Juan, 
Catamarca, Tucumán y Salta. Autoriza al Gobierno de La Rioja para fundar la escuela Nacional de 
Niñas. 
Al finalizar el mandato del sanjuanino, se presentaron como candidatos a la sucesión 
presidencial, Bartolomé Mitre por el partido nacionalista, Adolfo Alsina por el autonomismo y 
Nicolás Avellaneda (Ministro de Sarmiento) por el recientemente constituido Partido Autonomista 
Nacional (P.A.N). Inspirado en 1871 por una liga de gobernadores interesados en sostener un 
hombre del interior para la candidatura presidencial, y en 1874, sus partidarios, habían logrado 
triunfar, en 10 provincias. Avellaneda resultó triunfador, lo que molestó a los nacionalistas que 
impugnaron las elecciones por fraudulentas. Mitre manifestó su disconformidad y lideró un 
alzamiento que se extendió también al interior. Los principales focos fueron en el sur de la 
provincia de Buenos Aires, San Luis, Córdoba y Mendoza pero fueron sofocados durante ese 
mismo año. 
 
El representante de los Gobernadores - Presidencia de avellaneda 1874/1880. 
Con sólo 37 años de edad, Avellaneda, asumió la presidencia el 14 de abril de 1874 en 
medio de acusaciones de fraude y enfrentando un alzamiento de Bartolomé Mitre, quien acusó a 
Sarmiento de haber consagrado a su candidato por fraude electoral, y a Avellaneda de ser un 
gobernante de hecho. La revolución que se concretó el 24 de septiembre de 1874, fue sofocada 
meses después. 
Como parte del período de las “presidencias fundacionales”, al igual que sus antecesores 
impulsó la organización nacional a través de una fuerte centralización política y económica. Con 
este problema encaminado, restaba lograr la integración territorial. Para ello era necesario ocupar 
la Patagonia (la ocupación territorial). Esta había sido una de sus preocupaciones, el destino de las 
tierras públicas, tema de su tesis doctoral. Su plan era recuperar las zonas ocupadas por la 
población aborigen, para destinarlas a la explotación agraria y a la colonización, mediante el 
ingreso de inmigrantes. En un principio, apoyó la idea de Adolfo Alsina, quien propuso la 
construcción de una zanja a manera de barrera contenedora ante los continuos saqueos de los 
indígenas, pero no dio resultado, y es así que Avellaneda impulsó la llamada “Conquista del 
Desierto” plan del ministro de Guerra, Julio A. Roca, despojando a los aborígenes de 600.000 km 
cuadrados de territorio de manera sangrienta y violenta, ahora incorporados y explotados por los 
estancieros argentinos. 
Otro de sus temas prioritarios fue el fomento de la inmigración europea, para lo cual 
sancionótres leyes, la última de las cuales fue la más trascendente y que pasó a ser conocida con 
https://www.siemprehistoria.com.ar/la-conquista-del-desierto-genocidio-y-conformacion-del-territorio-nacional/
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13. LA FUNDACION DE UN ESTADO 
 
 
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el nombre de Ley Avellaneda. Se trató de la Ley General de Inmigración y colonización, 
sancionada en 1876. La iniciativa tenía como objetivo prioritario poblar y aprovechar las grandes 
extensiones de tierra que poseía nuestro país. Claro ejemplo de su pensamiento fue una frase muy 
difundida en la época "Todo está salvado cuando hay un pueblo que trabaja". 
 Este instrumento legal fue promulgado en un contexto coyuntural socio-económico 
favorable. Por un lado, Argentina con escasa población, con gran disponibilidad de tierras 
vírgenes, buscaba atraer población para trabajar la inmensa llanura, con costos sustancialmente 
más bajos que las viejas áreas de Europa; y por otro lado, los países europeos se encontraban en 
crisis, lo que generaba grandes desplazamientos de población. La importancia de esta ley radica 
en que su promulgación complementaba y asignaba recursos concretos a las disposiciones 
constitucionales, por cuanto tuvo la virtud de efectivizar los derechos civiles de los argentinos y de 
los extranjeros, proporcionando una trascendente unidad en los aspectos laborales, institucionales 
y de productividad, que se concretaron en el extraordinario desarrollo integral de todos los 
sectores del quehacer nacional. Significó también un acontecimiento trascendental y de positiva 
proyección para el devenir demográfico del país. 
 
Publicidad de 1877 sobre la Colonización Argentina 
 
 Este instrumento legal no anulaba las posibilidades de la inmigración espontánea, sino 
que daba oportunidad de realizar una adecuada selección de los inmigrantes, además de la 
distribución más equitativa de los territorios a colonizar. También constituyó un conjunto de 
13. LA FUNDACION DE UN ESTADO 
 
 
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normas que tuvieron como fin captar mano de obra rural en gran cantidad para desplegar 
intensamente las tareas en el campo. Algunas cláusulas nos brindan aspectos fundamentales que 
debían reunir los inmigrantes para ingresar al país: 
Art. 14: Todo inmigrante que acreditase suficientemente su buena conducta y su actitud 
para cualquier industria, arte u oficio útil, tendrá derecho a gozar, a su entrada al territorio, de 
las siguientes ventajas especiales: 
1º Ser alojado y mantenido a expensas de la Nación, durante el tiempo fijado [...] 
2º Ser colocado en el trabajo o industria existente en el país, a que prefiriese dedicarse. 
3º Ser trasladado a costa de la Nación, al punto de la república a donde quisiese fijar su 
domicilio. 
4º Introducir libres de derecho prendas de uso, vestidos, muebles de servicio domésticos, 
instrumentos de agricultura, herramientas. 
Inmediatamente después de la promulgación de la Ley 817, comenzó su difusión en todos 
los países, fundamentalmente europeos. La acción oficial procuró canalizar hacia nuestro país la 
inmigración originaria del norte de Europa. El presidente Avellaneda lo hizo público en reiteradas 
oportunidades e hizo hincapié en la inmigración de agricultores con el fin de incrementar el 
desarrollo en las colonias existentes en el país. Posteriormente, la gran demanda de trabajadores 
en el sector urbano hizo menos relevantes las primeras ideas de la década del 70. Fundó además 
el departamento General de Inmigración y la Oficina de Tierras y Colonias, ambas entidades 
dependientes del Ministerio del Interior. 
Por último, el 20 de septiembre de 1880, el Congreso Nacional sanciona la Ley de 
Capitalización de Buenos Aires, por lo que el municipio pasaba a ser Capital de la Nación, la 
provincia de Buenos Aires debería tener su propia capital (Dardo Rocha funda la ciudad de La 
Plata) y en pago de los edificios que pasaban a ser nacionales, pasa la deuda provincial a ser 
nacional. 
En materia económica, durante su administración, debió hacer frente a serios problemas 
económicos debido a la crisis mundial que estalló en 1873. Ante el déficit, decide: 
 Cerrar momentáneamente las nuevas importaciones 
 Bajar el déficit interno, despidiendo 6000 empleados públicos y bajando los sueldos a 
todos un 15%. incluyendo el propio sueldo del presidente, quien -según sus propias 
palabras- ahorró “sobre el hambre y la sed de los argentinos”. 
 En 1875 se dictaron leyes para proteger las industrias locales y recaudar más impuestos 
con motivo de las importaciones, elevándose las tasas en un 20 %, llegando hasta el 40 % 
en productos importados que se fabricaban en el país, lo que tuvo como consecuencia, la 
disminución de las importaciones. Las exportaciones agrícolas, sobre todo cerealeras, y 
13. LA FUNDACION DE UN ESTADO 
 
 
 Francisco N. García & 
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cárnicas, se multiplicaron hacia los mercados europeos, gracias a la protección brindada 
desde el Estado y en el caso de la carne, por los adelantos en materia de congelamiento. 
En el orden internacional bajo la presidencia de Avellaneda, el 3 de febrero de 1876, se 
firmó la paz con Paraguay, donde esta última nación aceptaba los límites argentinos hasta el Río 
Pilcomayo. El Presidente de Estados Unidos resolvería por arbitraje sobre el territorio al norte de 
ese río. Argentina se apropiaba de las islas del Cerrito y de Apipé, mientras que la de Yacyretá 
quedaba en poder de Paraguay. Recrudecieron los conflictos con Chile, que pusieron a ambos 
países al borde de un enfrentamiento armado por los derechos sobre la Patagonia. El tratado 
Pierro-Sarratea, firmado el 6 de diciembre de 1877, puso fin al problema, por el cual Chile tenía su 
soberanía en el estrecho de Magallanes y la Argentina, sobre el Océano Atlántico. 
Un grave problema se suscitó con Gran Bretaña, que pretendía cobrar su deuda contraída 
con el Banco de Londres, amenazando con la llegada de la cañonera británica Drabble, que se 
hallaba en las Barrancas del Paraná, dispuesta a intervenir en el conflicto, ya que la suprema Corte 
de Justicia de la provincia de Santa Fe, radicada en esa ciudad, declaró que la ley que establecía la 
prohibición de emisión monetaria para sanear la deuda externa, era constitucional. 
Al término del mandato de Avellaneda, su sucesión se polarizó entre Roca, partidario de la 
federalización de Buenos Aires, y el gobernador porteño Carlos Tejedor, quien se oponía a ese 
proyecto. Finalmente, el 12 de octubre de 1880, asumirá la presidencia la fórmula, Julio A. Roca-
Francisco Madero. 
 
BIBLIOGRAFIA UTILIZADA: 
 OZLACK, Oscar. “La formación del Estado Argentino” Planeta. 1999. 
 PEREZ AMUSCHATEGUI. A.J. “Mentalidades Argentinas (1860- 1930)”. Eudeba. 
 Breve Historia de la Argentina - José Luis Romero – (Fondo de Cultura Económica) 
 Breve Historia de los Argentinos – Félix Luna. 
 Historia del Derecho Argentino – Ricardo Levene Ed. Kraft 
 GALLETTI Alfredo.- HISTORIA CONSTITUCIONAL ARGENTINA; La Plata Editorial Platense, 
1972. 
 SABATO, Hilda Historia de la Argentina 1852-1890 Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 
2012 
 ZARINI; Helio Juan, Análisis de la Constitución Nacional Editorial Astrea 1986 
 LOPEZ ROSAS, José Rafael Historia Constitucional Argentina Editorial Astrea 1975 
 GARCIA HAMILTON; José Ignacio – CUYANO ALBOROTADOR Editorial Sudamericana 
 BOTANA, NATALIO. Ezequiel Gallo “De la República posible a la República Verdadera” Ed. 
Ariel 1997 
 
 
https://www.siemprehistoria.com.ar/presidencia-de-nicolas-avellaneda-1874-1880/