GUIA N 23

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Cátedra B I Mg. Alfonsina Guardia 
Abog. Francisco N. García I Docente Ayudante Graduado 
Abog. Fabián Roberto Mazzitello I Docente Ayudante Graduado 
 
El presente análisis da cuenta del trabajo realizado en clase por los docentes y fortalece 
la identificación de los ejes claves de la unidad. 
Francisco N. García & 
Fabián Roberto Mazzitello 
HISTORIA DEL DERECHO 
Y CONSTITUCIONAL ARGENTINA 
23. 
Por los Cien Años 
de Democracia 
Alfonsín mucho más que una 
Presidencia 
 
 
 
 
 
 
 
23. POR LOS CIEN AÑOS DE DEMOCRACIA 
 
 
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El proceso de transición a la democracia que se dio en nuestro país sin dudas es la bisagra que 
rompe con el régimen dictatorial (1976-1983) y, especialmente, por la investigación y juzgamiento 
de los comandantes militares, como así también los responsables de los grupos armados. En el 
contexto latinoamericano, ese juzgamiento y la ruptura con el régimen previo y la no negociación 
de condiciones de impunidad es considerado un hecho inédito. De allí que el análisis de este 
periodo resulta ser mucho más que un mero análisis de una gestión de Gobierno, ya que sin dudas 
estamos en presencia del inicio del período democrático más largo de nuestra historia, pero no 
solo por eso adquiere una gran significación, sino que se inicia un período lleno de esperanzas, 
luego de vivir la dictadura más atroz, de pasar por la Guerra de Malvinas, e incluso estando latente 
el conflicto con Chile. El 83 resultaba ser la posibilidad de poner fin a un ciclo iniciado en 1930 con 
el derrocamiento de Yrigoyen, y poner en valor el concepto de democracia, situación que no 
resultaba ser fácil, ya que gran parte de los argentinos no tenían incorporado el significado de la 
misma, porque de hecho habían desarrollado sus vidas en medio de dictaduras, sin concebir la 
participación o las elecciones periódicas como algo natural, veníamos al 83 con una sociedad en 
donde ni siquiera la vida tenia claramente el valor que todos hoy le asignamos, como también al 
ejercicio de nuestros derechos, ya que veníamos de una etapa donde la lucha política era pensada 
por gran parte de sus actores no a través del debate, y de la contienda electoral, sino a través del 
ejercicio de la violencia. De allí que lo que cantaban aquellos jóvenes de los 80 entre una mezcla 
de sueño y agradecimiento hacia Alfonsín, por los cien años de democracia, en una especie de 
sueño, proyecto y desafío, que sigue representando una meta a la que los argentinos sin dudas 
debemos llegar. 
 
 
 
Las imágenes simbolizan los tonos y la forma de campaña de 1983, Alfonsín trazo una campaña valorizando la vida, la salida 
democrática y la Constitución, y en la otra tenemos a Herminio Iglesias Candidato a Gobernador del Justicialismo quemando un 
cajón en el cierre de campaña con el nombre del Alfonsín. 
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Alfonsín 
Esta etapa requiere sin dudas detenernos en la figura de Alfonsín, y no solo porque resultó 
ser el presidente electo para este período, sino porque resultó ser un cambio de paradigma para el 
ejercicio político, como así también porque con su gestión y su prédica construyó una épica 
democrática, desde un lugar republicano, alejado del populismo, en el marco del respeto por los 
poderes, por el sistema de partidos políticos y con un ejercicio del poder no autoritario, que ha 
revalorizado, y reconfigurado su figura y la de su gobierno. 
Es interesante repasar su ascenso y crecimiento político no solo por ser el primer actor 
capaz de derrotar en elecciones libres al peronismo, sino porque además hizo del dialogo político y 
de los consensos una forma de ejercer el poder, y construir políticas que capaz de superar la 
antinomia. 
Quien fuera concejal en su Chascomús natal allá por 1951, se convertiría en diputado 
provincial al año siguiente, y sufre durante este período muchas de las consecuencias que los 
opositores al peronismo sufrieron en esta etapa, cayendo detenido en distintas oportunidades. 
Con la fractura del radicalismo Alfonsín se alineo en la UCRP conducida por Balbín convirtiéndose 
nuevamente en 1958 en diputado provincial, y siendo reelegido en 1960. Las elecciones de 1963 lo 
llevaron al Congreso Nacional donde entra en la lupa de los analistas políticos que empiezan a ver 
como el sucesor de Balbín, ya que eran destacas sus participaciones en distintos debates como fue 
la entrada en vigencia del salario mínimo vital y móvil, las medidas para combatir la evasión fiscal, 
y la anulación de los contratos petroleros y la ley de medicamentos. 
Alfonsín se opone frontalmente a la dictadura de Onganía rechaza el cercenamiento de las 
libertades públicas, lo que le valió que el Gobierno disponga su arresto, y recuperada su libertad 
prosiga su acción militante dentro del periodismo escrito. Con la caída de Onganía comienza a 
cuestionar la conducción de Balbín y a buscar un Radicalismo más intransigente con la dictadura, 
lo que le significó un gran apoyo de los sectores juveniles, lo que se encamina a que en 1971 
constituya el Movimiento de Renovación y Cambio, que si bien en un principio pierde las 
contiendas internas logra guarismos que le hacen obtener gran participación y reconocimiento 
interno. En 1972 enfrenta a Balbín por la candidatura presidencial, quien vuelve a derrotarlo pero 
por escaso margen, la figura de Alfonsín ya tenía un peso específico propio. 
A partir de 1973 Alfonsín y su movimiento no se estancaron en el cuestionamiento a la 
conducción partidaria, sino que adoptaron una actitud crítica contra el recorte de las garantías 
constitucionales, además cuestionó los Gobiernos de Lastiri, Perón e Isabel, no avaló ni miro para 
el costado con los ataques de la Triple A, sobre la reforma a la Ley de Asociaciones Profesionales 
que reforzaba el verticalismo, y planteaba que no podía caerse en un legalismo infantilista. 
Con relación al Gobierno Militar mientras la dirigencia tradicional mostraba una mezcla de 
resignación, Alfonsín le reclamaba a Videla respeto por la dignidad humana, resguardo del debido 
proceso, defensa en juicio, y a su vez se integró a la Asamblea Permanente por los Derechos 
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Humanos, y acompaño con su firma habeas corpus y quejas por amparos que reclamaban el 
paradero de los detenidos-desaparecidos. 
A su vez Alfonsín comenzó a reagrupar al Radicalismo, y en 1980 publicó su libro La 
Cuestión Argentina, donde postulaba la necesidad de un compromiso nacional para restablecer la 
democracia, firmó en 1981 el acta constitutiva de la Multipartidaria (reunión de los partidos 
tradicionales). 
La muerte de Balbín cambió el escenario del Radicalismo, y mientras algunos buscaban la 
salida democrática la asunción de Galtieri como presidente aplazaba esta posibilidad sin fecha, 
aunque los tiempos de la dictadura se habían agotado. El 30 de marzo de 1982 un paro con 
movilización evidenció el fuerte descontento con el Gobierno, el cual dos días después sorprendió 
al país con la recuperación de Malvinas. Mientras el arco político parecía acompañar este hecho, 
Alfonsín tomo distancia del mismo y planteaba poner fin a la guerra, y asegurar la transición 
democrática. 
El fin de la guerra generó que el Ejército claudique en sus intenciones de prolongar el 
proceso, y designe a Bignone para conducir la salida al proceso electoral, y en ese marco Alfonsín 
se postuló nuevamente para conducir la UCR y llevarla al gobierno, había logrado gran apoyo de 
los jóvenes, y el movimiento estudiantil y el respaldo del radicalismo cordobés fue definitorio para 
su candidaturapresidencial. 
Alfonsín denuncia en abril del 83 un pacto Sindical Militar, que buscaba incidir en las 
elecciones, garantizar la vuelta del peronismo y la impunidad de los militares, lo cual lo 
catapultó al centro de la escena, pero además logro el apoyo de sectores que tradicionalmente 
no comulgaban con el radicalismo, logró consolidar la unidad interna cuando De la Rúa declina 
su candidatura, y avanzó muy claramente mientras el Peronismo se debatía en sus conflictos 
internos. 
El mensaje de Alfonsín era claro, insistía en que era fundamental recuperar las instituciones 
democráticas para solucionar los problemas del país, hizo del Preámbulo de la Constitución un 
rezo laico con el cual cerraba todos sus discursos de campaña y a su crecimiento le sumó un 
apoteótico cierre de campaña en la Avenida 9 de Julio que concito a un millón de almas donde 
expresaba que el enemigo eran las ideas y las prácticas autoritarias y violentas, con lo que 
englobaba al terrorismo de Estado, pero también la acción de las organizaciones armadas y al 
sindicalismo, en clara alusión al peronismo, todo lo cual pareció reafirmarse cuando días antes de 
la elección Herminio Iglesias candidato a Gobernador de Buenos Aires por el Justicialismo en pleno 
cierre de campaña prendió fuego un cajón con el nombre de Alfonsín y los colores de la UCR, lo 
que terminó de visualizar la propuesta democrática por sobre la vuelta a la violencia. El 30 de 
octubre de 1983 Alfonsín fue consagrado presidente con el 52% de los votos contra el 40% del 
Justicialista Luder. Argentina sin saberlo abría la puerta al período democrático más largo de 
toda su historia. 
 
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Los Leones en la Selva 
El 10 de diciembre de 1983 miles de personas se reunieron en la Plaza de Mayo para ser 
parte de la asunción de Raúl Alfonsín, sin dudas muchos de ellos no pertenecían a la UCR, pero esa 
multitud estaba unida por el deseo que significaba salir de la dictadura más sangrienta, y del 
período de violencia política más crudo de nuestro país. El nuevo Gobierno concitaba tantas 
esperanzas y expectativas, como desafíos de la misma envergadura, de allí que sin dudas uno de 
los puntos a analizar dentro del panorama político interno de nuestro país, y que signó al Gobierno 
de Alfonsín, es la cuestión castrense, ya que no podemos obviar el cúmulo de aspectos negativos 
que nuestra República soportaba en 1983 y que la nueva administración debió enfrentar. 
Ingresamos a la democracia, luego de Malvinas con los odios subsistentes de la dictadura, 
la inestabilidad política soportada durante décadas y los condicionamientos que sufrieron todos 
los interregnos democráticos; una economía desquiciada proclive a generar un proceso 
hiperinflacionario descontrolado, con una deuda externa galopante, con un sector público 
crónicamente deficitario, con un proceso productivo detenido, y la peor situación internacional en 
cuanto al valor de nuestros productos en el mundo. 
El 10 de diciembre de 1983, al asumir ante el Congreso de la Nación, Alfonsín trazó en su 
discurso cual era la misión del Gobierno, que buscaba para la sociedad, y cuál era su diagnóstico 
del país. Expresó que “el país está enfermo de soberbia”, lo cual muestra a las claras una situación 
en la que siempre caemos los argentinos y nuestros gobiernos, pero además ante el 
enfrentamiento permanente del que veníamos expresaba “Nuestro gobierno no se cansará de 
ofrecer gestos de reconciliación indispensables desde el punto de vista ético e inclaudicables 
cuando se trata de mirar para adelante”, a lo que le agregaba “Tenemos una tarea, gobernar para 
todos los argentinos”. Ya en 1852 y en 1955 se habían levantado las banderas del “Ni vencedores 
ni vencidos”, que no flamearon por mucho tiempo, arriadas precisamente por la soberbia de 
algunos. En las dos épocas hemos visto que predominó finalmente el espíritu de revancha, cuyas 
consecuencias, en los dos casos, fueron caóticas, perjudiciales para la nación y sangrientas. 
Durante su campaña preelectoral como ya citamos había denunciado un acuerdo militar 
sindical, forma de alianza corporativa que se consideraba opuesto a los cánones que deben regir a 
una sana democracia, lo cual no fue olvidado por ambas corporaciones quienes claramente 
buscaron en todo momento condicionar su gobierno, pues muchas de las reformas a encarar 
atentaban contra los intereses de estos dos sectores, lo cual era de difícil realización en medio de 
una situación económico-financiera de crisis profunda. 
El gobierno del general Bignone había dictado la ley 22.924 conocida como la ley de 
Autoamnistía la cual era incluso más amplia ya que terminaba amnistiando tanto a los 
denominado por los militares elementos subversivos como a los militares comprometidos en 
hechos vinculados con la guerra desarrollada con motivo de la insurgencia guerrillera tal como 
así lo expresaba la norma cuestionada por Alfonsín en su campaña y avalada por el Justicialismo. 
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Resulta difícil contextualizar y comprender la situación del país por aquellos años, de allí 
que nos permitimos citar lo que se expresa en la obra DOSSIER SECRETO de Martin Edwin 
Andersen, allí el autor, en referencia al período en cuestión nos dice: “...Constituyo el período 
presidencial más turbulento que haya tenido que experimentar ninguno de los tantos 
gobernantes latinoamericanos que han conducido a sus países de vuelta a la democracia en la 
década del 80, tal como lo informaba Lydia Chávez, para el New York Times, al finalizar el juicio 
por la guerra sucia en 1985... Alfonsín había heredado un campo minado por los derechos 
humanos y por los militares. El hecho de condenar a los responsables fue la prioridad 
fundamental. A medida que se revelaban los alcances del horror, los militares permanecían 
obstinados en su negativa tanto de juzgar a sus pares en una corte marcial, como el admitir 
errores en el desarrollo de la guerra sucia. .... Toda la buena voluntad que pudiera haber 
demostrado el gobierno para intentar una reconciliación se veía frustrada con cada ejemplo nuevo 
o percibido de la perfidia de las Fuerzas Armadas. El problema se agudizó después de varias 
situaciones confusas: un aparente intento de asesinato contra Alfonsín; una tentativa de matar a 
Isabel Perón y a muchas otras personas, por medio de una bomba colocada en el avión en que ella 
viajaba en 1984; un ataque similar contra el presidente italiano Sandro Pertini de visita en la 
Argentina; una serie de atentados contra las sedes centrales de distintos partidos políticos; varios 
secuestros no resueltos.”. 
Pero como se había comprometido durante la campaña electoral Alfonsín impulsó ante el 
Congreso un proyecto que se convirtió en la primera ley sancionada la n° 23.040, que anulaba la 
ley de autoamnistía circunstancia que rompía con la tradición asentada en la plena validez de las 
leyes de facto, a partir de los distintos Golpes de Estado. Carlos Santiago Nino en su libro JUICIO 
AL MAL ABSOLUTO, marca la importancia y la contracara de esta actitud, cuando expresa “El 
reconocimiento judicial de la legitimidad de los golpes de estado y de la capacidad de los 
regímenes de facto para sancionar leyes es tal vez el más claro ejemplo de anomia institucional. 
Los jueces argentinos han desarrollado la doctrina de las leyes de facto al legitimar normas 
sancionadas por los gobiernos militares.... Doctrina que fue radicalmente modificada por la 
Corte Suprema en el caso Videla, al declarar que la ley de amnistía de los militares era una ley 
nula por su origen y por su contenido. La Corte Suprema declaró válidos los decretos militares 
solo si fueronexplícita o implícitamente ratificados a través de un debido procedimiento 
constitucional. Desafortunadamente la expansión de la Corte producida por Menem motivó el 
regreso a la antigua doctrina, en donde la Corte expreso la validez de las leyes sancionadas por un 
régimen militar”. 
Pero a esta medida que volvía para atrás y terminaba con más de 50 años sosteniendo esa 
anomalía convalidada por la Acordada del 30, impulsada tres días después de asumir, el 
presidente la acompañaba dictando decretos por los cuales se ordenaba incoar acciones penales 
a los líderes de las organizaciones guerrilleras, (ERP y Montoneros) por el primero, y a los 
miembros de las tres primeras Juntas Militares del Proceso de Reorganización Nacional, por el 
segundo. Los procesos a los miembros de las Juntas se ventilarían, en primera instancia ante el 
Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, cuyos pronunciamientos podían ser apelados ante la 
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Justicia Federal, esto es, ante las Cámaras Federales de apelación correspondientes. En la tesitura 
oficial se diseñaban tres grados de responsabilidad: 
1°) La de quienes elucubraron el método represivo y dieron las órdenes llevándolo a 
la práctica; 
2°) La de aquellos que en dicho accionar, obedeciendo órdenes o no, cometieron 
hechos atroces o aberrantes; 
3°) La de quienes, sin ser responsables de éstos, sólo cumplieron órdenes. La ley 
23.049, sancionada por el Congreso en ratificación de esta postura del poder 
ejecutivo, admitía exculpar en los casos de obediencia debida, aceptándose la 
presunción, salvo prueba en contrario, de que se hubiese obrado con error insalvable 
sobre la legitimidad de la orden, con dos excepciones: A) cuando el autor del hecho 
hubiese tenido facultad de decisión; B°) cuando el hecho hubiese sido atroz o 
aberrante. 
A esto debemos agregar que para investigar los crímenes cometidos por la Dictadura se 
creó la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP) la cual estaba integrada 
por personalidades de amplia trayectoria, como Ernesto Sábato, Magdalena Ruiz Guiñazú y 
Graciela Fernández Meijide. El Objetivo de la CONADEP era poder efectuar un relevamiento, 
documentar el mismo y a partir de la registración de los casos y las violaciones a los derechos 
humanos efectuar un informe que fue conocido como el NUNCA MÁS, que resultó ser la base para 
fundamentar el Juicio a las Juntas Militares. Cabe recordar que esta comisión estaba compuesta a 
su vez por representantes parlamentarios, y que el peronismo se negó a formar parte de la misma 
y sus investigaciones. 
 
Fotografía Infojus entrega del Informe de la CONADEP, que sustentaría el Juicio a las Juntas Militares 
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Dado este cuadro de situación, las tensiones entre las Fuerzas Armadas y el Gobierno 
fueron creciendo. Y así, mientras el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, constituido en 
tribunal juzgador de primera instancia, dilataba primero el trámite procesal y luego renunciaba en 
pleno a fines de 1984, el Gobierno, por apelación, impulsaba los juicios ante la Justicia Federal a 
partir de abril de 1985. El Juicio a las Juntas llevado adelante ante la Cámara Federal tuvo como 
fiscal a Julio Cesar Strassera, y a partir de ese año decenas de sobrevivientes de los centros 
clandestinos dieron testimonio de las torturas, los vejámenes, la situación de mujeres 
embarazadas, del robo de bebés, de los simulacros de fusilamiento, los traslados, vuelos de las 
muerte y demás atrocidades cometidas. En diciembre de ese año se dictaban las correspondientes 
sentencias que condenaban a Jorge Videla, y Eduardo Massera a reclusión perpetua, a Roberto 
Viola, a Armando Lambruschini y a Orlando Agosto a 17, 8, y 4 años de prisión respectivamente, y 
este hecho fue inédito a nivel mundial ya que contrastó con las transiciones negociadas de 
distintos gobiernos, como así también por el hecho que los tribunales constitucionales, eran los 
que juzgaban, y no una justicia especial o en muchos casos de los vencedores. 
 A esta situación se sumaban los primeros índices favorables de la puesta en marcha del 
plan Austral junto con un principio de entendimiento con él Fondo Monetario Internacional, que 
calmaban las urgencias económico-financieras; y por otra parte el triunfo en las elecciones de 
renovación parcial de los miembros de la Cámara de Diputados en 1985, ponía el toque de 
aprobación popular sobre lo hasta allí actuado, mostrando un panorama alentador en estos 
primeros dos años. 
En realidad, para Alfonsín, la cuestión militar no concluía, y es así que encuadraba la 
organización de las Fuerzas Armadas en el ámbito constitucional, por lo que se suprimieron los 
ministerios militares y las comandancias en jefe de cada arma, creándose un Estado Mayor en 
cada una de ellas (Ejército, Marina y Aeronáutica), cuyas respectivas actividades se coordinaban 
por intermedio de un Jefe de Estado Mayor Conjunto, el que estaba subordinado a un Ministerio 
de Defensa Nacional, cuyo titular fue un hombre del presidente, reclutado dentro de los políticos 
civiles. 
El avance de los juicios, y estas medidas fueron creando una postura de resentimiento en 
las Fuerzas Armadas que tomaban la postura de no comparecer ante los estrados de la justicia civil 
que los citaba con motivo de los juicios que se les incoaban por sus eventuales responsabilidades 
en la represión. La reacción se generó, especialmente, en los cuadros medios de las Fuerzas 
Armadas, puesto que la nueva cúpula respondía a la política oficial, con lo que se originó una 
ruptura en la cadena de mandos. Asimismo la propuesta del Gobierno en cuanto a los alcances del 
juzgamiento, dejo abiertas las puertas para que fuera procesado un sector amplio de los oficiales, 
lo que aumentó el malestar. Ante esta situación y un pronunciamiento de la Corte que 
complejizaba la situación Alfonsín, decidió intentar una solución. Así, mandó al Congreso un 
proyecto de ley conocido como de Punto Final, por el que se decidía la extinción de la acción penal 
respecto de toda persona que por su eventual participación en la comisión de delitos tipificados 
por el artículo 10 de la ley nº 23.049, vinculados con la represión, cuando no estuviera prófuga o 
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declarada en rebeldía, o que no hubiese sido citada a prestar declaración indagatoria por el 
tribunal competente, antes de los sesenta días corridos a partir de la fecha de promulgación de la 
ley que fue sancionada en la víspera de la Navidad de 1986. Cabe señalar que quedaban excluidos 
y podían ser juzgados transcurrido ese lapso los militares que hubieran huido del país o cometido 
hechos criminales que afectaran a niño y niñas, como el robo de bebes. 
La Justicia aceleró los trámites procesales pertinentes pendientes, suspendiendo asimismo 
la feria correspondiente a enero de 1987. Al arribar el día 23 de febrero de ese año, fecha en que 
vencía el plazo de sesenta días estipulado por la ley quedaron bajo proceso entre trescientos y 
cuatrocientos oficiales militares de jerarquía de las tres fuerzas, además de los que ya habían sido 
sentenciados. Esta situación profundizó el descontento de los militares y se generó un 
movimiento, acaecido en Campo de Mayo, bajo la jefatura del teniente coronel Aldo Rico en la 
Semana Santa de 1987, y un grupo conocido como los “carapintadas” que se amotinaron en 
solidaridad con el mayor Ernesto Barreiro el cual se negaba a asistir a una citación realizada por un 
tribunal judicial y que se había refugiado en el Regimiento deInfantería de Córdoba. 
Los amotinados exigían aumento de presupuesto para las Fuerzas Armadas, elección de un 
nuevo Jefe del Estado Mayor del Ejército de entre cinco postulantes que ellos propondrían y la 
exculpación para todos aquellos que hubieran participado del motín. Alfonsín, recibió el apoyo del 
Congreso, de sectores de la ciudadanía que se volcaron masivamente a las calles por aquellos días 
para apoyar al Gobierno Constitucional, el Peronismo, y especialmente la denominada Renovación 
que conducía Antonio Cafiero acompañó al Gobierno y respaldo sus decisiones; también hubo 
múltiples apoyos de la comunidad internacional a través de los embajadores de distintos países 
acreditados en Buenos Aires. El Gobierno el lugar de reprimir optó por dialogar con Rico. EL Jefe 
del Estado Mayor del Ejército, general Héctor Ríos Ereñú, fue relevado y reemplazado, mientras 
Rico aceptó subordinarse a la autoridad constitucional y por ende sujetarse a la jurisdicción de la 
justicia militar debido a la responsabilidad emergente de lo que el presidente calificara como 
motín y un atentado a la democracia. 
 
 
Imágenes de la Agencia Télam, en la primera se observa a Alfonsín junto a su Vicepresidente y los líderes del Peronismo Renovador, y en la Segunda 
cuando se hace presente en Campo de Mayo para pedir la rendición de los sublevados. 
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Posteriormente se aceleró la sanción de la ley n° 23.521, conocida como de “obediencia 
debida”. En virtud de ella se presumía, que quienes a la fecha de haberse cometido el hecho 
revistaban como jefes oficiales, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa de las 
Fuerzas Armadas, no serían punibles por los delitos tipificados por el artículo 10 de la ley nº 23.049 
por haber obrado imperados por la obediencia debida. Tampoco podría condenarse a los 
integrantes de las fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarias. 
El 20 de enero de 1988 se produjo un segundo pronunciamiento de Aldo Rico, ahora en 
Monte Caseros (provincia de Corrientes), el que fue sofocado por la alta jerarquía militar. En 
diciembre de ese año se sublevaba el coronel Mohamed Alí Seineldín, el hecho se produjo en la 
Escuela de Infantería de Campo de Mayo, zona de Villa Martelli, y fueron protagonistas unos 
trescientos efectivos. La finalidad de Seineldín era “restituir el honor del Ejército” y hacían una 
reivindicación del terrorismo de estado, y pedían una amplia amnistía. 
El 23 de enero de 1989, una banda terrorista de extrema izquierda intentó el copamiento 
del Regimiento de Infantería Mecanizada de La Tablada, en el que estuvo presente algún 
reincidente del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), produjo episodios de atroz crueldad en 
los que murieron muchos atacantes y miembros de las fuerzas armadas y de seguridad. 
Alfonsín se ha referido con posterioridad abiertamente sobre esta cuestión diciendo: Las 
medidas que nosotros tomamos, que lo hicimos con un criterio de racionalidad, no se 
compadecían con lo emocional del pueblo en ese momento. De modo que fue algo que se vio 
como una enorme frustración, en general, por todos los argentinos. Acompañado por todas las 
organizaciones de derechos humanos y sobre todo por los partidos políticos opositores. De modo 
tal que cuando Menem, posteriormente, realiza el indulto se creyó que era mucho menos grave 
que lo que yo había hecho. Que por otra parte no era sino cumplir con lo que había señalado 
durante la campaña: la responsabilidad principal es de los que mandan, la segunda de los que se 
han excedido en el cumplimiento de las órdenes y la tercera, los que en ese marco de terror que 
había, creyeron en la legitimidad de la orden impartida. 
Sin dudas el análisis de la situación militar es necesario contextualizarla dado que hoy 
resulta incomprensible atento al estado mínimo en el cual se encuentran las fuerzas armadas, 
situación que valoriza aún más la política de derechos humanos y juzgamiento del proceso, 
claramente estábamos en un período en el cual los leones eran perseguidos en la selva, frase 
que simboliza en forma palmaria cual era la realidad a la que se enfrentaba el Gobierno, la cual 
fue muy diferente a la que años después se vivía cuando posteriormente al período de indultos 
menemistas se retomó una política de derechos humanos y persecución de los crímenes 
cometidos durante el proceso, que incluso permitió la derogación de las leyes de obediencia 
debida y punto final. Claramente el contexto y la situación era distinta a esas alturas los leones 
ya estaban viejos y en los zoológicos. 
 
 
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Confrontación con el poder sindical y la oportunidad perdida 
El retorno democrático no era la solución mágica a muchos problemas y configuraciones de 
poderes que se habían consolidado durante muchos años, y que incluso se mantenían incólumes 
durante los procesos militares, y este era el caso de los sindicatos que habían consolidado un 
poder a partir del peronismo y que en muchos casos su buena relación con los gobiernos 
dictatoriales les habían garantizado sus permanencia. Su dirigencia ocupaba espacios políticos, 
manejando a veces la clientela gremial y los fondos de las asociaciones con espíritu faccioso, y 
sirviéndose de ella para obtener réditos personales, lo cual no era secreto para nadie. 
Alfonsín decidió, lanzar reformas tendientes a acabar con el corporativismo subsistente en 
las organizaciones obreras, como lo había intentado hacer con el sector militar. Es asís que decidió 
buscar democratizar la actividad gremial, y envió al Congreso un proyecto de ley de 
reordenamiento sindical, que perseguía descabezar la conducción peronista de las agrupaciones 
obreras mediante elecciones, y por las dudas, asegurar en los planteles directivos de ellas la 
representación de los sectores minoritarios. El proyecto fue aprobado por los diputados, donde el 
radicalismo tenía mayoría, pero no pudo pasar el Senado, en el que por el contrario, predominaba 
el justicialismo, donde a pesar de ello estuvo a un voto de conseguir el objetivo. Ante esta 
situación las estructuras sindicales, que no habían sido consultadas respecto de la propuesta, 
consideraron a ésta como una afrenta que llevo a un abroquelamiento de los gremios dentro de la 
CGT, los cuales se dispusieron a ofrecer batalla. El proyecto terminó mal, con la renuncia del 
ministro de Trabajo y Seguridad Social, Antonio Mucci, y busco para cubrir el cargo ministerial a 
Juan Manuel Casella, intentando entonces, el camino de la concertación, pero el aparato sindical 
replicó con la confrontación entretejida de reclamos salariales y protestas, paros generales y hasta 
el cuestionamiento de la legitimidad de ejercicio de las autoridades constitucionales. La CGT llegó 
aún más lejos, permitiéndose lanzar una campaña contraria al pago de la deuda externa, y ante la 
perspectiva estabilizadora del Plan Austral, la central obrera solicitó aumentos de salarios por 
encima de lo que el gobierno estaba en condiciones de dar teniéndose en cuenta el esfuerzo 
antiinflacionario que se estaba realizando. Con los resultados de las elecciones de fines de 1985 
favorables, Alfonsín nuevamente busco avanzar sobre el frente interno de la CGT, cuyo líder, Saúl 
Ubaldini, no facilitaba para nada el diálogo con el gobierno, ni aportaba tampoco solidez a la 
central obrera que conducía. Pero un rebrote inflacionario, hacia el comienzo del segundo 
semestre de 1986, dio pie a la posición inflexible del secretario general, que logró que se llevaran 
adelante huelgas generales en octubre de 1986 y en enero de 1987. En 1987, en septiembre, se 
realizarían elecciones de renovaciónparlamentaria y de gobernadores, y por ello el gobierno trató 
de accionar de diversas formas con el objeto de mejorar el panorama que se complicaba ante el 
desborde inflacionario. Para ello buscó apoyarse en las divergencias existentes en la conducción 
de la CGT, entre la posición siempre dura del ubaldinismo; las 62 Organizaciones de Lorenzo 
Miguel, más contemporizadora; y el grupo de los 25, vinculados a la renovación peronista. Con 
dirigentes peronistas de militancia en los 25, y otros de distinta orientación política, se promovió 
el grupo de los 15, destinado a asumir una posición más cercana a los designios del gobierno, y en 
23. POR LOS CIEN AÑOS DE DEMOCRACIA 
 
 
 Francisco N. García & 
Fabián Roberto Mazzitello 12 
su esfuerzo por lograr espacios en el campo obrero, llegó a designar como ministro de Trabajo a 
Carlos Alderete, sindicalista de extracción peronista y en sintonía con el sector de los 15. Alderete 
reemplazaba así, en dicho cargo a Hugo Barrionuevo. Finalmente, la gestión de Alderete le fue 
contraproducente al presidente en su designio de evitar una derrota electoral que al final se 
consumó, y el ministro fue relevado. A pesar de la lucha interna en el seno de la CGT entre los 
distintos sectores peronistas: renovadores, ubaldinistas y miguelistas, la central obrera puso su 
acento en la oposición a la política económica del ministro de economía Sourrouille, que 
desembocaría en una serie de paros generales, los que durante la gestión alfonsinista llegaron a 
unos trece. El conflicto sindical no se aminoró a pesar de la flexibilidad que mostraba el Gobierno, 
y quedaron presas de la lucha interna del peronismo entre Cafiero y Menem por lograr el liderazgo 
justicialista de cara a las elecciones presidenciales de 1989. 
 
La Economía 
En el aspecto económico Alfonsín como ya expresamos recibió un país en una muy difícil 
situación, que además estaba acuciada por una serie de factores externos que condicionaban al 
Gobierno. Un Estado sobredimensionado y unas finanzas públicas deficitarias; una inflación 
crónica; una deuda externa creciente, asfixiante; el aparato productivo anémico; la especulación 
financiera dominando el panorama; clases bajas en dificultades claramente marcaban un 
panorama complejo para el Gobierno. 
El diagnóstico de situación no puede dejar de lado que en los años previos la dictadura 
militar y los grupos económicos que se vieron beneficiados habían redefinido la estructura 
económica del país mediante el aumento del endeudamiento externo, la desregulación de las 
inversiones extranjeras, la reducción de los aranceles a la importación, el congelamiento de 
salarios, como así también la reducción de las empresas estatales y un avanzado proceso de 
desindustrialización. 
Alfonsín asume el gobierno con una deuda externa que había pasado de 7.875 millones de 
dólares en 1975 a 45.087 millones de dólares en 1983, y designa como ministro de Economía a 
Bernardo Grinspun con una serie de medidas destinadas a recomponer el mercado interno, y 
cuyas metas fundamentales era aumentar el salario real, bajar la inflación, renegociar el pago de la 
deuda, fijar mayores impuestos sobre la riqueza. El recrudecimiento del proceso inflacionario y el 
alza del costo de la vida consiguiente, obligó al presidente a un relevo ministerial, designando a 
Juan Vital Sourrouille en la conducción de la economía, quien confiaba en que con el alza del 
volumen de las exportaciones y el subsiguiente superávit en la balanza comercial, se generarían 
fondos para pagar la deuda externa, se posibilitarían inversiones que animaran el aparato 
productivo y con esto se generarían puestos de trabajo con salarios retributivos en alza. Es así que 
a mediados de 1985 surgió el Plan Austral el cual entre sus medidas estipulaba un nuevo signo 
monetario, el austral que equivalía a 1000 pesos argentinos, se congelaban los precios, las tarifas y 
23. POR LOS CIEN AÑOS DE DEMOCRACIA 
 
 
 Francisco N. García & 
Fabián Roberto Mazzitello 13 
los salarios e incluso reducía el gasto público, el cual tuvo buenos resultados en sus comienzos 
pero que terminó fracasando ya que la inflación no cedía. 
Un nuevo intento fue el plan Plan Primavera, implementado en la segunda parte de 1988, 
un ajuste destinado a controlar la variable inflacionaria que el termómetro del dólar denunciaba 
fatalmente. En abril de 1988 el costo de vida había subido un 17,2% y en los doce meses 
anteriores el índice de precios minoristas lo había hecho en un impresionante 247,6%. En agosto 
se produjo una suba de las tarifas de servicios públicos del 30%, con lo que se buscaba equilibrar 
las cuentas fiscales, produciéndose una consecuente remarcación de los precios. La situación de 
los asalariados, se fue tornando cada vez más insoportable. La escalada del dólar y la espiral 
inflacionaria parecían imparables. En febrero de 1989, el Plan Primavera, instrumentado con el 
objeto de facilitar el papel de la UCR en las cercanas elecciones presidenciales de 1989, se 
derrumbó estrepitosamente, dando la señal correspondiente el propio ministro Sourrouille al 
informar al presidente la imposibilidad de frenar al dólar en su vertiginosa carrera, dado que los 
grandes exportadores se negaban a liquidar en el mercado de divisas las sumas obtenidas en esa 
moneda como producto de sus ventas al exterior. No quedaban remedios a la vista ni el propio 
relevo resulto ser Juan Carlos Pugliese, mejorarían la situación con una pérdida del poder 
adquisitivo del salario en un 60% respecto del que tenía al asumir Alfonsín; sumado a ello la 
derrota electoral en las elecciones presidenciales del 14 de mayo; desembocaron en un brote de 
hiperinflación; lo que era acompañado por saqueos de supermercados y casas de comercio, los 
cuales eran muchas veces alentados por ciertos sectores del peronismo que pretendían acelerar la 
salida de Alfonsín. 
 
Reformas y Avances Sociales 
Alfonsín implementó el “Plan Alimentario Nacional” (PAN), que se hizo conocido por su 
Cajas PAN, como solución de emergencia para afrontar el hambre y la pobreza. El plan PAN se 
implementaba mediante la distribución de cajas de alimentos a través de los municipios. Autores 
críticos delinean que no se trataba de un programa dirigido a reducir la pobreza estructural sino 
de una medida que seguía la tradición asistencialista del Estado argentino y de corto plazo, 
Alfonsín lo sustentaba como una posibilidad de que la familia compartiera los alimentos en una 
misma mesa, es así que el PAN inspiró posteriormente otros planes similares implementados en 
otros países latinoamericanos. 
En materia de familia, la patria potestad compartida había sido establecida en 1949, 
mediante la reforma constitucional realizada ese año. La derogación de dichas reformas por 
proclama militar en 1956, y la ratificación de dicha derogación por la Convención Constituyente de 
1957, restableció la desigualdad de la mujer frente al hombre por varias décadas más. En 1974 el 
Congreso volvió a establecer la patria potestad compartida, pero la presidenta María Estela 
Martínez de Perón vetó la ley. Básicamente los influyentes sectores conservadores en Argentina 
argumentaban que la unidad de la familia exige que uno de los cónyuges tenga “la última 
23. POR LOS CIEN AÑOS DE DEMOCRACIA 
 
 
 Francisco N. García & 
Fabián Roberto Mazzitello 14 
palabra”, y que por razones culturales y tradicionales, resultaba razonable para ellos, que esa 
facultad fuera atribuida por la ley al varón. 
En 1985, durante el gobierno de Alfonsín se restableció la patria potestad compartida, 
mediante la Ley 23.234, un derecho largamente reclamado. 
Asimismo, la ley nº 23.264, dictada por el Congreso en septiembre de 1985, equiparaba a 
los hijos matrimonialescon los hijos extramatrimoniales, lo cual terminaba con años de 
inequidad y diferencias. En agosto de 1986 la Cámara de Diputados empezó a tratar y aprobó en 
pocos días el proyecto de Ley de Divorcio. El trámite fue más lento en Senadores, pero luego de 
algunas modificaciones, el 3 de junio de 1987 el divorcio vincular se hacía Legal en la Argentina 
mediante la Ley 23.515. Muchos festejaron la sanción de la ley, especialmente quienes pudieron 
regularizar su situación (había más de 1.500.000 parejas separadas de hecho). Fueron la Iglesia y 
los sectores conservadores los que no estuvieron de acuerdo con la nueva ley y preanunciaban 
una avalancha de rupturas matrimoniales con la consecuente repercusión en la disolución familiar. 
El Episcopado emitió un comunicado donde pedía que el mal que no se ha podido evitar se 
difunda lo menos posible. Y convocó a una marcha a Plaza de Mayo en defensa de la familia. 
En 1984 al cumplirse el centenario de la ley 1420, el presidente propuso la realización de 
un nuevo Congreso Pedagógico que abordara la actual problemática educativa. Alfonsín presentó 
un proyecto de ley convocando a ese nuevo Congreso, evocando todo lo que el primero había 
hecho, con estas palabras: “Hace cien años nacía a la vida institucional de la República la ley 1420; 
la precedieron profundos y esclarecedores debates no sólo parlamentarios sino también técnico 
docentes como los que registró el Congreso Pedagógico de 1882. A partir de su vigencia el país 
conquistó prestigio en el escenario educativo del mundo; la educación popular y sus principios 
inherentes de igualdad y gratuidad avanzaron sobre el analfabetismo y nos dieron una jerarquía 
cultural que no habían alcanzado aún muchos países de la Tierra”. Luego de hacer mención 
elogiosa de la Reforma Universitaria de 1918, el presidente se refirió a la crisis actual por la que 
pasaba todo el proceso educativo argentino, y a la necesidad de convocar a todas las expresiones 
del pensamiento tanto político como pedagógico, para un análisis profundo de la situación y 
estructurar un sistema armónico que superase esa crisis. Así se dictó la ley nº 23.114 en 
septiembre de 1984, con el voto unánime de diputados y senadores, convocando a estudiantes, 
padres, cooperadoras escolares, gremialistas, docentes, especialistas en ciencias de la educación, 
partidos políticos, organizaciones sociales y pueblo en general, a pensar el tema de la educación, 
encarar sus problemas, plantear soluciones y asesorar a los poderes del Estado en tales 
cuestiones. La Asamblea Nacional, colofón del Congreso, realizada en 1988. Las conclusiones, se 
centraban en la persona humana y una concepción de la misma que supera todo intento de 
reduccionismo, incluida la dimensión religiosa de su trascendencia; la educación concebida como 
educación integral que responde a todas las dimensiones de la persona; el rol protagónico y 
primordial de la familia en la responsabilidad de educar y la misión del Estado de hacerlo posible 
para todas las familias, como gestor del bien común; el rescate del indiscutido derecho de los 
padres a elegir el tipo de educación para sus hijos y de crear las instituciones acordes con sus 
23. POR LOS CIEN AÑOS DE DEMOCRACIA 
 
 
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Fabián Roberto Mazzitello 15 
ideales; el deber del Estado, en razón de justicia, de subvencionar la educación pública de gestión 
privada que esté encuadrada en los principios de justicia social. Tampoco quedó descartada la 
posibilidad y el derecho de los padres de encontrar esa dimensión religiosa, como parte de la 
educación integral, en las escuelas públicas de gestión estatal. En el campo de la enseñanza 
universitaria, en diciembre de 1983, el gobierno intervino las universidades nacionales, 
designando en cada una de ellas rectores normalizadores a quienes, a su vez, les competía 
designar decanos del mismo carácter en cada facultad. Además, en las distintas universidades se 
formaba un Consejo Superior Provisorio integrado por el rector normalizador, los decanos y tres 
representantes de los respectivos centros de estudiantes. En junio de 1984 se sancionó la ley de 
normalización provisoria de las universidades nacionales n° 23.068, que admitía la impugnación 
de los concursos de profesores realizados durante el gobierno de facto anterior, y establecía el 
derecho a la reincorporación de docentes y no docentes separados por algún motivo (cesantías, 
prescindencias o renuncias por razones políticas, gremiales o conexas), y se reimplantaba la 
Reforma del 18 en tu totalidad, incentivando la participación estudiantil y la reapertura de los 
centros de estudiantes. Otra ley de septiembre de ese año, n° 23.115, establecía que a los 
docentes que hubieran obtenido sus cátedras por concurso y que tuviesen estabilidad en sus 
cargos en virtud de la ley n° 21.536, dictada por el gobierno militar anterior, se los despojaba de 
tal carácter de confirmados en sus cátedras, se los reducía al carácter de interinos y se los sometía 
a un nuevo concurso cuando lo dispusiera la autoridad universitaria correspondiente. 
 
Política internacional 
La cancillería tuvo buenas relaciones con Europa Occidental, donde gobiernos como el 
español, francés, italiano y otros, de tendencia socialdemócrata, aparecían como afines, buscando 
obtener apoyo para negociar con organismos financieros internacionales en el caso de la deuda, 
como de Gran Bretaña y de su respaldo norteamericano, respecto de la cuestión de Malvinas. La 
Comunidad Europea se manejaba en materia financiera en base a los dictámenes del Fondo 
Monetario Internacional, organismo en el que ejerce fuerte influencia EEUU. De tal manera, 
cuando nuestro gobierno apeló a los de Francia, Italia y Alemania Federal para obtener 
refinanciación de la deuda externa e inversiones, estos gobiernos le expresaron que era previo un 
acuerdo con el Fondo Monetario respecto de la política económica a seguir por Argentina, para 
recién, luego, entablar negociaciones con los bancos privados. Por ello la aplicación del plan 
Austral y sus características era necesario además para el acuerdo con el Fondo, hecho que 
implicaba previamente mejorar las relaciones con el país del norte. 
En relación con nuestra otra grave cuestión territorial, la de las Malvinas, Alfonsín también 
pensó en buscar apoyo en la Europa socialdemócrata. Esto le permitió obtener una votación 
favorable en la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la inclusión del sufragio de Francia y 
Grecia que rompían la generalizada posición de veto de la Comunidad Europea en esa cuestión. 
Alfonsín sostuvo una activa política internacional implementada por su ministro de Relaciones 
Exteriores, Dante Caputo, cuyas prioridades fueron fortalecer el sistema democrático en 
23. POR LOS CIEN AÑOS DE DEMOCRACIA 
 
 
 Francisco N. García & 
Fabián Roberto Mazzitello 16 
Argentina, evitar que la Guerra Fría regenerara la concepción de la seguridad nacional, impulsar el 
proceso de democratización regional, resolver las cuestiones limítrofes, generar mayor capacidad 
negociadora regional frente a las grandes potencias y promover la integración subregional. 
Tratado de Paz y Amistad con Chile 
Garantizar la paz con Chile fue una cuestión prioritaria desde el comienzo de la gestión. 
Cabe recordar que en el año 1978 la Reina de Inglaterra dio a conocer el Laudo Arbitral dictado 
por una Corte Arbitral de cinco jueces nombrados en 1971 de común acuerdo entre los 
presidentes Allende y Lanusse. 
La sentencia, determinó que las islas en disputa pertenecían a Chile. El gobierno militar 
argentino declaró la nulidad del laudo y posteriormente dio partida a la Operación Soberanía para 
ocupar las islas. A partir de entonces el Vaticano se mantuvo como mediador intentando llevar a 
las partes a un acuerdo.En 1983 el Papa presentó una segunda propuesta de solución y Alfonsín 
estimó necesario entonces cerrar el conflicto aceptando la propuesta del Vaticano. Como primera 
medida, Alfonsín firmó en el Vaticano el 23 de enero de 1984 una Declaración Conjunta de Paz y 
Amistad en la que los dos países se comprometían a alcanzar una solución “justa y honorable” 
para el conflicto, “siempre y exclusivamente por medios pacíficos”. 
Pero el momento más crítico iba a presentarse cuando la propuesta fuera conocida, y los 
sectores nacionalistas comenzaran a cuestionarla subrayando las pérdidas de soberanía frente a 
su reclamo máximo, situación esta que llevó a Alfonsín a tratar de crear un fuerte consenso 
interno que le permitiera aprobar la propuesta y al mismo tiempo evitar el fortalecimiento de los 
militares golpistas en ambos países. 
Existía el peligro cierto de que la mayoría peronista en el Senado, presionada por la 
exigencia de defender la soberanía, rechazara la propuesta del papa Juan Pablo II, motivo por el 
cual Alfonsín incluyó en el Acta de Coincidencias entre los partidos políticos que se firmó el 7 de 
junio de 1984, un punto estableciendo que debía aceptarse la propuesta que hiciera el Vaticano. 
Pero fundamentalmente Alfonsín buscó generar un sólido consenso interno mediante una 
consulta popular no vinculante. Los principales líderes del peronismo en aquel entonces Lúder, 
Cafiero, Carlos Menem, Lorenzo Miguel, Isabel Perón, estaban a favor de aceptar la propuesta 
papal, la oposición a la misma había crecido y sumaba a varios senadores peronistas como José 
Humberto Martiarena, Oraldo Britos, Francisco Villada, Vicente Leónidas Saadi, Olijuela del Valle 
Rivas, Libardo Sánchez. 
Ante esas condiciones se produjo un recordado debate televisivo entre Dante Caputo y 
Vicente Saadi que tuvo un impacto decisivo para el triunfo del “SI” a la propuesta papal, y el 25 de 
noviembre de 1984 se realizó el plebiscito que arrojó el triunfó del “SI” con un apoyo del 81,32%, 
lo que trajo como consecuencia que el 29 de noviembre de 1984 se firmó el Tratado de Paz y 
Amistad con Chile. 
23. POR LOS CIEN AÑOS DE DEMOCRACIA 
 
 
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Fabián Roberto Mazzitello 17 
 
Debate televisivo realizado entre el Canciller Dante Caputo y el Senador Justicialista Saadi 
 
Los primeros pasos del Mercosur 
El gobierno de Alfonsín buscaba la forma de promover mecanismos multilaterales y de 
integración supranacional, lo llevó también a promover la integración comercial entre Argentina y 
Brasil, uno de los casos de enfrentamiento internacional más persistentes del mundo. 
Desde fines de 1982 Alfonsín percibía el renacimiento de un proceso democrático en Brasil, 
y a mediados de la década, ordena a su canciller, Dante Caputo, de iniciar el proceso de 
integración subregional. Así, a principios de 1985 Alfonsín propuso al presidente electo del Brasil, 
Tancredo Neves, iniciar un proceso de integración económica entre Argentina y Brasil “para 
fortalecer la democracia, afrontar la deuda externa y posibilitar la modernización productiva” que 
fue recibida con agrado por el mandatario brasileño. Poco después Tancredo Neves falleció, pero 
su sucesor José Sarney adoptó con entusiasmo el proyecto de integración, y autorizó al embajador 
Francisco Thompson Flores una importante compra de trigo argentino en condiciones 
desventajosas, por razones puramente políticas. A partir de allí el proyecto de integración se 
desarrolló vertiginosamente, y el 28 de julio de 1985, en una decisión sin antecedentes para su 
política exterior, Brasil aceptó la propuesta argentina y se incorporó al Grupo de Apoyo a 
Contadora, junto a Perú y Uruguay. A partir de allí las negociaciones avanzaron y el 30 de 
noviembre de 1985 Alfonsín y Sarney suscribieron la Declaración de Foz de Iguazú, piedra basal del 
Mercosur. 
El 29 de julio de 1986 se firmó el Acta para la Integración Argentino-Brasileña. Mediante 
este instrumento se estableció el programa de Integración y Cooperación entre Argentina y Brasil 
(PICAB) fundado en los principios de gradualidad, flexibilidad, simetría, equilibrio, tratamiento 
23. POR LOS CIEN AÑOS DE DEMOCRACIA 
 
 
 Francisco N. García & 
Fabián Roberto Mazzitello 18 
preferencial frente a terceros mercados, armonización progresiva de políticas y participación del 
sector empresario. El núcleo del PICAB fueron los protocolos sectoriales en sectores claves. El 6 de 
abril de 1988 se firmó el Acta de Alvorada, mediante el cual Uruguay se sumó al proceso de 
integración regional.El 29 de noviembre de 1988 se celebró el Tratado de Integración, 
Cooperación y Desarrollo entre Argentina y Brasil. El Tratado fijó un plazo de 10 años para la 
remoción gradual de las asimetrías. El proceso se completaría el 26 de marzo de 1991, ya durante 
las presidencias de Fernando Collor de Mello y Carlos Menem, con la firma del Tratado de 
Asunción en el que se constituye el Mercosur. 
El Grupo de Cartagena 
El gobierno de Alfonsín intentó crear mecanismos multilaterales, para tratar la cuestión de 
la deuda externa, que permitieran a los países latinoamericanos actuar conjuntamente, lo cual se 
vio frustrado por las diferencias de los países latinoamericanos, y la decisión de México y Brasil de 
negociar bilateralmente, situación que limitó considerablemente las posibilidades que abría una 
acción conjunta. Estos intentos de formar un “club de deudores” impulsados por el gobierno de 
Alfonsín, anticiparían los procesos de integración subregional y regional que se producirían en la 
década de 1990, y coaliciones como el Mercosur, la Comunidad Sudamericana de Naciones y sobre 
todo el Grupo de los 20. El denominado Grupo de Cartagena comenzó a tomar forma en enero de 
1984, en la Conferencia Económica Latinoamericana (CELA) realizada en la ciudad de Quito, a 
iniciativa del presidente de Ecuador Osvaldo Hurtado. En esa ocasión el ministro de Relaciones 
Exteriores de Alfonsín expuso la propuesta argentina: 
La democracia argentina no acepta la trampa en la que el sistema financiero internacional y 
las minorías a él asociadas la han colocado al generar esta agobiante deuda externa. Los estados 
nacionales han sido usados para apañar a estos grupos especuladores. El destino del continente 
está en salir fuera de esta trampa. (…) La crisis que sufrimos quizás tenga como contrapartida la 
creación de una oportunidad invalorable para convertir finalmente en realidad la integración de 
América Latina y del Caribe. 
Es así que los días 21 y 22 de junio de 1984 los cancilleres y ministros de Economía de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú, República Dominicana, Uruguay 
y Venezuela se reunieron en la ciudad colombiana de Cartagena para formar el Grupo de 
Cartagena en la que no prosperó la posición máxima impulsada por Argentina de crear un 
mecanismo práctico del más alto nivel para la actuación conjunta en las negociaciones de la deuda 
externa, pero que emitió un documento denominado Consenso de Cartagena que creó un 
mecanismo de consulta y seguimiento regional. En 1985, el Grupo de Cartagena consideró 
insuficiente el Plan Brady. 
El Grupo Contadora 
El objetivo del gobierno argentino en impulsar este grupo se basaba en una acción 
multilateral conjunta de las democracias latinoamericanas para garantizar la paz y la democracia 
23. POR LOS CIEN AÑOS DE DEMOCRACIA 
 
 
 Francisco N. García & 
Fabián Roberto Mazzitello 19 
en la región una iniciativa de acción conjunta para promover la paz en Centroamérica que habían 
establecido Colombia, México, Panamá y Venezuela en enero de 1983. Con ese fin, el 29 de julio 
de 1985, en Lima, aprovechando el encuentro de presidentes para asistir a la asunción del 
presidente Alan García, Argentina,Brasil, Perú y Uruguay anunciaron juntos la creación del Grupo 
de Apoyo a Contadora o también llamado Grupo de Lima. Ambos lineamiento de países fueron 
conocidos como el Grupo de los Ocho, y desempeñaron un papel muy importante en la 
pacificación de América Central. Tan significativa fue su actuación cuando los países 
centroamericanos adhirieron a las propuestas del Grupo de los Ocho, en 1986 mediante la 
Declaración de Guatemala. Este Grupo de los Ocho amplió sus intereses a otros problemas y 
situaciones de interés regional, abordando la cuestión de las islas Malvinas realizando una 
exhortación para que Argentina y Gran Bretaña mantuvieran negociaciones, asimismo se 
involucraron en la cuestión referida a la deuda externa y el proteccionismo de los países 
desarrollados. Este Grupo, a partir de 1990 adoptó el nombre de Grupo de Río. 
 
Después de cincuenta años el traspaso. 
Los primeros años del gobierno alfonsinista generaron triunfos para el país y para la 
gestión, así podemos citar la consulta popular respecto de la cuestión del Beagle, los buenos 
resultados que en un principio arrojaba en materia económica el plan Austral mediante, situación 
que además se plasmó en la gran victoria electoral de fines de 1985. 
Esta primera etapa, según mediciones llevó la popularidad del presidente hasta el 72% de 
opinión favorable, lo que parecía consolidar al Alfonsinismo en el poder e imaginar desafíos 
mayores, en materia constitucional, e incluso de reorganización del país, ya que se llegó a plantear 
en forma seria y entendemos que no equivocada el traslado de la Capital del país a Viedma, para 
aplacar esa macrocefalia, que resulta sencillamente monstruosa, y que por aquellos años 
concentraba el 40% de la población de la República en los escasos kilómetros cuadrados del Gran 
Buenos Aires, mientras, las fronteras se hallan desiertas en los cuatro puntos cardinales, y en 
especial en la zona patagónica. Alfonsín tomó el proyecto de traslado en sus manos, directamente, 
logrando en 1986 que las legislaturas de las provincias de Buenos Aires y Río Negro cedieran sus 
ciudades: Carmen de Patagones, en el primer caso; Viedma y Guardia Mitre, en el segundo; todas 
en la zona de la desembocadura del Río Negro. En 1987, el Congreso declaró a todo el perímetro 
cedido por ambas provincias como nueva capital de la República. 
Estos buenos resultados de la primera etapa se trasuntaban en las convocatorias de 
Alfonsín a todas las fueras y a ampliar la base del radicalismo, se habla de impulsar una reforma 
constitucional que giraría en tomo de la sustitución del presidencialismo de la parte orgánica, por 
un semi parlamentarismo, el cual consistiría, en la propia expresión del presidente, en combinar 
aspectos de nuestro tradicional régimen presidencialista con elementos de los sistemas 
parlamentarios. Una fórmula mixta, como la vigente en algunas democracias pluralistas y estables, 
permitiría que el Congreso interviniera directa y eficazmente en su gestión y control de los asuntos 
23. POR LOS CIEN AÑOS DE DEMOCRACIA 
 
 
 Francisco N. García & 
Fabián Roberto Mazzitello 20 
del Estado, que los ministros tuvieran una relación más fluida con el Parlamento, que se 
distinguiera entre la gestión cotidiana de la Administración y la fijación de las grandes políticas 
nacionales, y que existiesen mecanismos institucionales más dúctiles para enfrentar cambios en 
determinadas circunstancias sociales y políticas. 
Pero las derrotas electorales sepultaron estas iniciativas. A todo esto la buena relación con 
el denominado peronismo renovador, cuyo líder era Antonio F. Cafiero quien fuera electo como 
gobernador de la provincia de Buenos Aires en 1987 si bien parecían sustentar muchas de las 
reformas propuestas, y el posicionamiento socialdemócrata del Gobierno, todo ello parecía chocar 
con la situación económica. 
Además esta buena relación política y de consenso dada entre Alfonsín y Cafiero permitió 
que dentro del justicialismo fuese creciendo la figura del gobernador de la provincia de La Rioja, 
Carlos Saúl Menem, el cual se caracterizaba más por su excentricidad, y sus características 
personales, que por sus posturas políticas, pero que fue tejiendo un entramado junto al 
sindicalismo que lo llevó a postularse para competirle la supremacía del peronismo a Cafiero. 
El 9 de julio de 1988 y para sorpresa del arco político el peronismo no solo iba a internas 
por primera vez para elegir a su candidato a presidente, sino que paso lo impensado que fue el 
triunfo del riojano sobre Cafiero. 
Mientras esto ocurría el Gobierno lidiaba con la crisis económico-social, el plan Austral 
fracasaba y lo mismo parecía ocurrir con el plan Primavera, a lo que debemos sumar la conflictiva 
situación con los motines militares y la rebelión sindical con sus huelgas permanentes que ponían 
en crisis el proceso alfonsinista. El radicalismo eligió como candidato para disputarle a Menem la 
presidencia al gobernador de Córdoba, Eduardo César Angeloz, quien venía con una visión distinta 
planteando la necesidad de una modernización del estado. Así se llega a los comicios 
presidenciales del 14 de mayo de 1989, con un Menem prometiendo Revolución Productiva y 
Salariazo, y un Angeloz, planificando los desafíos de la nación y las reformas para achicar el déficit 
estructural. 
El triunfo justicialista fue más claro de lo esperado, y se debía esperar al 10 de diciembre 
de ese año, para su asunción, lo cual parecía una eternidad, a todo lo expresado aquí debemos 
sumar que gremios y grupos económicos hacían todo lo posible para acelerar la salida de Alfonsin, 
lo que sumado a la hiperinflación genera la violencia en las calles de importantes ciudades, donde 
el Justicialismo se comportaba con voracidad y en una permanente reclamo por hacerse cargo del 
Gobierno. 
Alfonsín no podía sostener su gobierno ante un presidente electo que planteaba que 
estaba listo para asumir, que era necesario que se adelantase el traspaso, y que especulaban con 
esta situación, lo que generaba que las variables de las finanzas se tornaran incontrolables. Ante 
esta situación Alfonsín se reúne con Menem y entiende que el primer objetivo que se había 
trazado al inicio de su gestión debía lograrse por sobre todas las cosas, que era el traspaso del 
23. POR LOS CIEN AÑOS DE DEMOCRACIA 
 
 
 Francisco N. García & 
Fabián Roberto Mazzitello 21 
mando de un presidente electo por el pueblo a otro, motivo por el cual acuerdan el traspaso del 
poder para el día 8 de julio de ese año 1989. 
 
A modo de Conclusión 
En los tiempos que corren resulta muy difícil no evocar, y recordar el Gobierno de Alfonsín, 
su gestión claramente la asociamos con democracia, y no es casualidad que hoy sea prácticamente 
unánime el reconocerle al mismo la paternidad de la democracia moderna en nuestro país. 
Alfonsín cerró un ciclo de inestabilidad e inauguró otro que como decíamos al comienzo los 
jóvenes coreaban su duración por cien años, y que esperemos que sea así. Alfonsín marca un 
antes y un después en el espectro nacional y regional ya que estuvo a la delantera de las 
transiciones democráticas de los países vecinos. Alfonsín se preocupó en forma permanente en 
sembrar las bases de dos conceptos la democracia y el consenso, y claramente estaba convencido 
que la democracia y las negativas irreductibles, como así también los enfrentamientos extremos, 
no son saludables para lograr los fines del sistema. Alfonsín se murió diciendo que la democracia 
es inviable sin una base mínima de inclusión, de allí que planteaba como desafío para estos 
tiempos la distribución de la riqueza. 
En medio de todas las crisis y vendavales de su Gobierno, apostaba al diálogo, al consenso, 
al debate democrático y entendía que el país debía organizarse alrededor de un debateracional, lo 
cual exige que todos escuchen al otro, ya que no se puede vivir en la antinomia. 
 
 
Traspaso de mando presidencial de 1989, de un presidente democrático a otro, hecho que no ocurría desde el año 1928. Foto 
Agencia Télam 
23. POR LOS CIEN AÑOS DE DEMOCRACIA 
 
 
 Francisco N. García & 
Fabián Roberto Mazzitello 22 
El análisis de su gestión con el paso del tiempo nos lleva a valorizar la misma por los pilares 
fundamentales que construyo, y no solo porque su recuerdo hoy se enfrenta a un país donde la 
corrupción parece ser algo normal, o pareciera extraño que un presidente no tenga causas 
penales, sino porque además es la prueba que se puede construir una república pluralista, en 
donde la lucha política no sea solo a partir de la descalificación, en donde la intolerancia no sea el 
eje que vertebra a todos los actores políticos, o en donde la legitimidad sea siempre de los propios 
y nunca de los otros. 
Quizás sean necesarios tiempos en donde la revalorización de la política, del diálogo, y de 
la generación de consensos se vean como fortalezas y no como debilidades; quizás sean tiempos 
donde como en 1983 se empiece en construir un país donde se aseguren los principios de 
nuestro preámbulo para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo 
que quieran habitar el suelo argentino. 
 
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