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ZUMER, MARIA SOLEDAD (2016) Breve historia de la política y la legislación de radiodifusión en Argentina. Material de estudio sistematizado.
En este escrito se pretenden señalar los hitos principales de la historia de la intervención estatal en materia de radiodifusión, entendiendo a dicha rama de la comunicación como la más destacada en la actualidad, por lo que se la toma como referente en el campo comunicacional.
Grandes etapas en la intervención del Estado en materia de radiodifusión.
0. Etapa de conformación y expansión (1920-1973)
0. Etapa de estatización de medios y sanción del decreto ley 22285/80 (1973- 1989)
0. Etapa de privatización, concentración, desnacionalización y conformación de grandes grupos multimedios (1989- 2002)
0. Período de regulación y sanción de nueva legislación (2003- …)
1- Etapa de conformación y expansión (1920-1973)
Durante esta etapa se conforma y estructura la radiodifusión en el país, estableciéndose una serie de características perdurables en el sector tales como la reglamentación tardía, la oscilación entre gobiernos autoritarios que buscaban controlar los mensajes y los licenciatarios y gobiernos democráticos que dejaban actuar al empresariado, la falta de una política de servicio público tendiente a lograr el rápido desarrollo de la radiodifusión en el interior del país y la temprana conformación de cadenas y multimedios. A esto es necesario agregar el hecho que sólo el gobierno fuerte de Perón logró sancionar una ley de radiodifusión en democracia.
1.1-El surgimiento de la radiodifusión en Argentina (1920-1945).
La radio surgió en Argentina en el año 1920, impulsada por Enrique Susini, Luis Romero Carranza, César Guerrico y Miguel Mujica, un grupo de jóvenes profesionales que años antes habían comenzado a interesarse por este nuevo medio de comunicación. La primera transmisión se realizó en Buenos Aires el 27 de agosto, emitiéndose desde el teatro Coliseo la ópera Parsifal, que fue recibida aproximadamente por 50 aparatos receptores en manos de aficionados. Los mencionados pioneros conformaron desde ese momento LOR Sociedad Radio Argentina, primera emisora de la nación.
Respecto al marco legal destinado a regir esta nueva actividad es importante mencionar que en sus inicios la radio abierta fue considerada por el gobierno como un medio de radiocomunicación más, por lo que la legislación que la comprendía fue la misma que regía para los servicios privados de radioaficionados. De esta forma la primera ley en el ámbito de las comunicaciones fue la 750 de Medios de Telégrafos Nacionales, promulgada bajo la presidencia de Nicolás Avellaneda en 1875. Así, ante la carencia de normas más adecuadas, tal disposición fue aplicada a las radiocomunicaciones y, posteriormente, a la radiodifusión.
Fue en el año 1923 cuando el Poder Ejecutivo Nacional tomó conciencia de la precariedad de la legislación existente en la materia y, a través de una comisión especial, elaboró un proyecto de ley de Radiocomunicaciones que el Congreso no llegó a sancionar debido a presiones del incipiente empresariado radial.
Recién el 27 de marzo de 1924 el gobierno estableció la primera norma específica del área, un decreto presidencial que hacía referencia a la palabra broadcasting para denominar a las estaciones. El mismo incorporaba la radiodifusión a los servicios radioeléctricos; reglamentaba la instalación de nuevas emisoras; estipulaba las condiciones para obtener 4 licencias y dividía a las radios en diferentes categorías de acuerdo a su potencia. Esta reglamentación se completó con un decreto sancionado en 1925 por el presidente Marcelo T. de Alvear (1022-1928), que establecía medidas relativas a los contenidos y objetivos de las emisiones y a la longitud de onda de trabajo asignada a las estaciones.
La importante ampliación y diversificación del sector se comprueba además por la creación en 1927, a instancias de la esposa del presidente Alvear, de la primera radio del país: Radio Municipal.
Volviendo al ámbito legal es importante precisar que fue en el segundo gobierno de Yrigoyen (1928-1939) cuando se sancionó, en 1929, un decreto que implicó la primera reglamentación nacional integral y exhaustiva del servicio de radiodifusión. Esta norma puso fin a la etapa inicial de la historia de la intervención estatal en la radio ya que el 6 de setiembre de 1930, con el golpe militar, cambió sustancialmente el sentido de la acción gubernamental en la materia, pasándose de una intervención limitada a fijar marcos normativos mínimos a otra que supuso mayores niveles de control de los contenidos por parte del Poder Ejecutivo y el fin de un período de amplia libertad para los pioneros de la radio.
En mayo de 1933, el Poder Ejecutivo Nacional sancionó el decreto 21.004 destinado a regular todas las radiocomunicaciones del país, entre ellas la radiodifusión. Dicha pieza legal, que rigió para la radio entre 1933 y 1946, contenía normas técnicas y operativas, controlaba el contenido de los mensajes y reglamentaba por primera vez el régimen de concesiones de licencias.
Posteriormente, en una de sus primeras medidas como presidente, el general Pedro Ramírez (1943-1944) creó la Subsecretaría de Informaciones y Prensa. Este organismo estaba integrado por ocho áreas entre las que se encontraba la Dirección General de Radiodifusión, cuyas funciones eran, entre otras, el fomento cultural de las transmisiones radiofónicas y el control de las mismas, la reglamentación de la transmisión de noticias y opiniones y la regulación de la publicidad. Así esta nueva repartición se encargaba del control de la radiodifusión en todos sus aspectos, mientras que la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones tenía a su cargo las disposiciones técnicas del servicio. Respecto a las principales medidas adoptadas en la materia durante los años de la presidencia del general Farrell (1944-1946) es importante mencionar el establecimiento del Estatuto Profesional del Periodista; el otorgamiento de la primera licencia para establecer televisión; la sanción de un nuevo y estricto régimen regulatorio denominado Manual de Instrucciones y la creación de la agencia de noticias Telenoticiosa Americana (TELAM), cuyo principal objetivo fue contrarrestar el oligopolio informativo de sus pares estadounidenses Associated Press y United Press.
No es posible analizar los primeros veinticinco años de la radiodifusión en Argentina sin detenerse en la aparición de estaciones de radio directamente vinculadas al Estado. Como se ha visto anteriormente en 1927 se lanzó al aire LOS Broadcasting Municipal, que en sus primeras emisiones transmitía óperas desde el teatro Colón y algunas publicidades comerciales. En 1937 se estableció la primera emisora del Estado nacional, a partir de un proceso que resulta cuanto menos curioso.
Esto es así ya que cuando en 1935 Radio El Mundo fue autorizada a constituir una cadena, en las condiciones de adjudicación de las ondas figuraba la obligación de los propietarios de la misma de ceder dos horas diarias de su programación al gobierno. Los dueños de la radio advirtieron que, en momentos en los que surgía con gran fuerza la radiofonía comercial, no era un buen negocio ceder ese tiempo al Estado y quedar identificados entre los radioescuchas como oficialistas. En base a ello presentaron una contrapropuesta que implicaba entregar al gobierno un edificio completo y equipado y un transmisor, liberándose así del pedido estatal.
Más allá de la rapidez o lentitud en la instalación de emisoras es posible afirmar que, en general, el desarrollo de la radiodifusión en el interior del país fue mucho más lento y dificultoso que en Buenos Aires. La carencia de una política de servicio público que impulsara el medio dejó librada a la iniciativa privada la expansión del mismo y si en la capital debió transcurrir un período de incertidumbre hasta que el sector alcanzó un equilibrio económico, en las provincias el mercado publicitario era menor y más inmaduro por lo que el avance de la radio fue más lento e inestable.
El 7 de juliode 1938 el presidente Ortiz (1938-1942) firmó el decreto 7.695, por el cual se creó la Comisión de Estudio y Reorganización de los Servicios de Radiodifusión. La misma presentó su informe final el 1 de abril de 1939.
En lo concerniente a contenidos la Comisión consideró que el principal problema radicaba en la deficiente calidad de los mismos y en materia laboral señaló que los empleados no estaban adecuadamente capacitados y sufrían la ausencia de garantías jurídicas o de defensa sindical, lo que hacía que los empleos fueran precarios y sujetos a la voluntad de los empresarios.
En conclusión, el crecimiento del sistema se había dado en base a la libre acción del sector privado y los dueños de las radios eran quienes establecían las pautas a seguir, tanto en lo económico como en lo cultural, frente a la parcial indiferencia de las autoridades oficiales.
1.2- El Peronismo y la radiodifusión (1946 - 1955).
Cuatro sistemas principales de comunicación coexistieron durante los gobiernos de Perón y fueron utilizados por el gobierno: la prensa; la radio; la televisión y el cine. La prensa gráfica y la radio constituyeron dos elementos claves para la divulgación de las ideas y la acción del gobierno, ya que eran los dos medios más masivos. La televisión apareció oficialmente recién en 1951 y desde ese momento comenzó lentamente a ocupar un papel cada vez más destacado.
La estructura de propiedad de los medios también fue primordial para la administración peronista, tanto por razones políticas como económicas. Las causas políticas se vincularon con la necesidad del régimen de constituir ciertas identidades políticas, sociales y culturales que llevaran a formar y organizar una opinión pública favorable. Los motivos económicos se asociaron con la necesidad gubernamental de integrar una elite concordante con el sistema político.
En este sentido se establecieron dos líneas de acción que afectaron el desarrollo de la comunicación a partir de una muy fuerte intervención estatal. Por un lado se restringieron la libertad de expresión, la libertad de imprenta y la libertad de prensa. Por otro se posibilitó, a través de un conjunto articulado de normas, la conformación oligopólica del sistema de medios de radiodifusión
La restricción de libertades públicas, uno de los elementos más cuestionados de la administración de Perón, se erigió sobre la base de las siguientes medidas: expropiación y limitación del papel prensa; modificación del Código Penal para evitar la crítica exhaustiva al gobierno (potenciando la figura del desacato hasta alcanzar la pena de tres años de prisión); allanamientos, clausuras y expropiaciones de empresas de prensa gráfica; adquisición de talleres de imprenta, medios gráficos y estaciones de radiodifusión por parte de sectores cercanos al régimen y creación de la Comisión Bicameral Investigadora de Actividades Antiargentinas (para controlar, entre otras cosas, el sistema de prensa gráfica). A dichas medidas es necesario sumar la declaración del estado de guerra interna y del estado de sitio.
El gobierno de Perón, durante la primera presidencia (1946-1952), tuvo una influencia contundente sobre el cine, la prensa gráfica y la radiodifusión sonora y visual. La cinematografía se vio beneficiada por la sanción de una serie de normas legales que promovían la producción nacional, entre las que cabe destacar la ley que estableció la obligatoriedad de la exhibición de películas argentinas en los cines de todo el país (ley 9 12.999/47) y los decretos destinados a reglamentar la ley de protección de la industria cinematográfica (decretos 16.688/50 y 11.731/52).
La prensa gráfica, por su parte, fue favorecida por la ratificación con fuerza de ley del Estatuto del Periodista Profesional, declarada por el Congreso en 1946 a través de la ley
12.908.
En materia de radiodifusión es necesario señalar que dos organismos resultaron cruciales: la Subsecretaría de Informaciones y Prensa de la Presidencia de la Nación y el Ministerio de Comunicaciones. El primero de ellos fue tan significativo para el gobierno que sólo puede compararse su magnitud en relación a los impactos producidos con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ya que mientras esta última sirvió para hacer las obras, la Subsecretaría de Informaciones y Prensa fue utilizada para difundirlas.
Asimismo es importante destacar que el sistema de medios vio profundamente alterada su estructura de propiedad en este período ya que, durante la primera presidencia de Perón, allegados al oficialismo accedieron al control de la mayoría de las empresas de prensa y de las estaciones de radiodifusión, logrando así el gobierno el dominio indirecto de las mismas y consolidando un poder excepcional en la materia.
Pero si algo le faltaba a la administración gubernamental en el campo comunicacional era el control de la televisión, tarea que, por decisión directa de Perón, fue encomendada a Jaime Yankelevich quien trasladó desde Estados unidos las cámaras, la antena transmisora y los aparatos receptores de TV necesarios. Desde Canal 7 de Buenos Aires (dependiente de Radio Belgrano) la televisión comenzó oficialmente sus emisiones el 17 de octubre de 1951 con la transmisión desde Plaza de Mayo de un acto político trascendental, el Día de la Lealtad.
En el marco del formidable control de medios alcanzado durante la primera presidencia, el gobierno logró que el Congreso sancionara en enero de 1953 la Ley 14.184 que aprobaba el Segundo Plan Quinquenal.
Dicha norma legal se refería, en el capítulo 26, al área de comunicaciones estableciendo como objetivo fundamental que el país dispusiese de un sistema orgánico y racional de comunicaciones que posibilitara la adecuada vinculación interna y con el exterior y que asegurara la elevación del nivel cultural de la población, la promoción y el desarrollo económico y su adaptación a las necesidades de la seguridad interna y de la defensa nacional.
Siguiendo tales preceptos se sancionó en 1953 la ley 14.241 del Servicio de Radiodifusión, en base a un proyecto elevado por el Poder Ejecutivo. La misma fue la primera y única ley de radiodifusión de la historia del país aprobada por un gobierno democrático hasta la reciente sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Entre sus principales disposiciones es posible destacar que precisaba al servicio de radiodifusión como de interés público, estipulando que el Poder Ejecutivo podría autorizar a particulares su prestación mediante licencias sujetas a las condiciones establecidas por la ley y su reglamentación. Asimismo determinaba que toda la organización del régimen del servicio de radiodifusión tendría como fundamento el principio de la subordinación del interés particular al interés social; cultural; económico y político de la nación.
1.3- El antiperonismo y los inicios de la televisión privada en Argentina.
Dada la estructura del sistema nacional de radiodifusión configurada durante los gobiernos de Juan D. Perón, una de las primeras medidas del General Eduardo Lonardi (setiembre 1955- noviembre 1955) tras el golpe militar de setiembre de 1955 fue adecuar la propiedad de los medios a los cambios producidos en el Poder Ejecutivo Nacional.
Es por eso que el 1 de octubre de 1955 se sancionó el decreto 170 que declaró nulas las adjudicaciones realizadas en 1954 y facultó al Estado para nombrar interventores en las emisoras privadas. Asimismo en 1957 se derogó la Ley de Radiodifusión aprobada durante el período peronista, se dictó un decreto que determinaba la privatización de los medios y se sancionó una nueva ley de Radiodifusión (Decreto - ley 15.460/57).
El 14 de diciembre de 1957, unos días después de la sanción de la ley, se firmó el decreto 16.531 que aprobó los pliegos de condiciones para adjudicar tres estaciones de TV en Buenos Aires y otras siete en las principales ciudades del interior, además de privatizar un centenar de radios que, tras la intervención, eran administradas por el Estado. Tal decisión obedeció claramente al interés por reestructurar el sistemaaudiovisual del país manifestado por el Poder Ejecutivo.
En abril de 1958, tres días antes de entregar el gobierno, el General Pedro E. Aramburu (1955-1958) firmó el decreto 6.287, por el cual se otorgaron licencias para instalar canales de televisión. No obstante, fue largo el camino que debieron recorrer las empresas privadas que tenían permiso para emitir imágenes televisadas hasta poder salir al aire, debido a los numerosos obstáculos que tuvieron que vencer.
1.4- La consolidación de la TV en Argentina: la década del ´60.
Con la creación y el inicio de las actividades de los canales 9, 11 y 13 de Capital Federal se terminó de completar el panorama de la TV abierta. Además, la mayor oferta de programación generada por dicha expansión llevó a la masificación de la tenencia de televisores, hecho que redundó en la constitución de un mercado publicitario consolidado, fundamental para el financiamiento y el desarrollo general de la actividad.
La salida al aire de los nuevos canales privados no resultó tarea fácil ya que, si bien el gobierno de Aramburu había otorgado las licencias en 1958, hasta 1960 el tiempo transcurrió entre los tibios intentos de revisión de tales concesiones evidenciados durante la administración de Arturo Frondizi (1958-1962) y la búsqueda de capitales por parte de quienes habían ganado la licitación.
Tal como se explicitó en el apartado anterior, para subsanar este inconveniente se crearon productoras de contenidos para los canales de TV, que quedaron de hecho en manos de inversores extranjeros.
Tras la partida de las productoras foráneas el primer empresario argentino en tomar las riendas integrales de un canal privado importante fue Alejandro Romay, quien en 1965 adquirió las acciones de la Compañía Argentina de Televisión (CADETE), que tenía la licencia de Canal 9. La segunda empresa en cambiar de manos fue la licenciataria de Canal 11, ya que en 1970 la cadena ABC le vendió su paquete mayoritario de acciones a Héctor Ricardo García, propietario del diario Crónica. Por último, en 1971, la sociedad conformada por la CBS y el consorcio TimeLife se desprendió de sus acciones en Proartel, la productora de Canal 13. Quien se hizo cargo de la emisora fue el empresario de medios Goar Mestre, antiguo representante de la empresa norteamericana en el país.
Más allá de lo dicho es importante precisar que recién en los años ´80 se comenzó a estructurar la televisión por cable con las características que presenta en la actualidad.
2- Etapa de estatización de medios y sanción del decreto ley 22285/80 (1973- 1989).
1. 1-La televisión en el tercer gobierno peronista.
En lo concerniente a lo comunicacional es necesario destacar, en este período, dos medidas que dieron viabilidad a la decisión de estatizar las estaciones privadas de TV adoptada por la administración peronista. La primera fue la firma, por parte del presidente provisional, del decreto 1.761/73 que disponía la intervención y declaraba caducas las licencias de televisión de los principales canales del país (9, 11 y 13 de Buenos Aires, 7 de Mendoza y 8 de Mar del Plata). La segunda fue la derogación parcial del decreto 20.180 de febrero de 1973, por el que se convocaba a privatizar las emisoras comerciales de radio y televisión que permanecían en manos del Estado.
El 31 de julio María Estela Martínez de Perón, en ejercicio de la presidencia, firmó el decreto 340 que dispuso la intervención sobre las cinco emisoras de televisión y las plantas productoras de programas que proveían material para las transmisiones. Respecto a los cambios en la programación derivados de esta medida es necesario mencionar que los noticieros fueron el flanco en el que la ideología del gobierno de la viuda de Perón, centrada en las ideas de López Rega, comenzó a tomar posesión de los medios. El resto de los contenidos no sufrió grandes cambios, aunque hubo algunas bajas de consideración como las de Tato Bores y Mirtha Legrand. Además, con el avance del lopezreguismo se inició un período de censura que tuvo su punto culminante con la asunción de Miguel Paulino Tato, el censor, a cargo del Ente de Calificación Cinematográfica.
2.2- La radiodifusión durante el gobierno surgido del golpe de Estado de 1976 Los militares pensaron a la radio y la TV como elementos estratégicos para su política de control, lo que puede comprobarse ya que, pese a declamar el liberalismo económico en todos los planos, durante los casi ocho años que ejercieron el poder nunca cedieron las estaciones que gestionaban al sector privado.
En este período el empleo de la censura marcó un rasgo de continuidad con la etapa precedente, donde también hubo prohibición de obras y proscripción de autores, pero fue durante la dictadura cuando estos mecanismos se aplicaron como un patrón de funcionamiento del dispositivo de control. La desinformación a través del ocultamiento de hechos y la censura explícita fueron mecanismos que tendieron a la construcción de un discurso hegemónico oficial sin posibilidad de ser contrarrestado.
El manejo de los medios y la introducción de pautas restrictivas de la libertad de expresión fueron inevitables en la lógica de los militares, ya que su proyecto era disciplinar a una sociedad que tenía un alto nivel de politización. Entre las principales acciones desarrolladas a tal fin es posible destacar el silenciamiento de periodistas; el cierre de diarios y el secuestro de ediciones completas; la clausura o prohibición de circulación de determinadas revistas; la implantación del ya mencionado régimen de censura; la determinación de palabras inadecuadas; la intervención militar de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa; la expulsión de corresponsales de agencias extranjeras y la quema de numerosos libros y revistas. En el área de radiodifusión todos los medios entraron en cadena y quedaron bajo la autoridad de la Secretaría de Prensa y Difusión.
Llegado este punto es importante mencionar que el desarrollo de las medidas de control presentó dos etapas claramente diferenciadas. La primera, desplegada entre 1976 y 1980, se caracterizó por un férreo manejo de los medios y por la censura. La segunda, dada entre 1980 y 1983, estuvo marcada por un quiebre en el discurso monolítico de la dictadura, situación que se acentuó luego de la derrota de Malvinas y el anuncio del retorno democrático.
Los cuarenta y dos días de la guerra de Malvinas mostraron los peores rasgos de manipulación de los medios de comunicación. En este período la desinformación fue la regla ya que las señales en manos del gobierno actuaron de acuerdo a los dictados del Estado Mayor Conjunto. La propaganda triunfalista y las cruzadas televisivas para juntar dinero, alimento y abrigo influenciaron abiertamente a la mayoría de los televidentes. Ante su inminente alejamiento del poder los militares trataron de dejar los medios en manos privadas cercanas a ellos, fueran las de grupos que presentaban fuertes coincidencias ideológicas con el régimen o las de los gestores de sus negocios durante esos años.
Fue por eso que, en virtud de lo estipulado en el PLANARA, se puso en marcha un urgente llamado a licitación de los canales y las radios, comenzando así una ola de privatizaciones, algunas de ellas convalidadas luego por la gestión de Alfonsín y otras declaradas nulas.
2.3- La radiodifusión en el gobierno de Raúl Alfonsín.
Llegadas las elecciones de 1983 el único partido que realizó una mención precisa sobre qué hacer con los medios de comunicación en su plataforma electoral fue la Unión Cívica Radical. Tal propuesta presentaba tres puntos principales: la creación de tres sistemas para la explotación de la radio y la TV (uno reservado al Estado, otro destinado a la gestión privada y el último destinado a un ente autónomo de derecho público no gubernamental); el establecimiento en el Congreso de una comisión bicameral permanente de radio y televisión y la integración de programas de educación a distancia al sistema de radiodifusión.
Más allá de los propósitos presentados durante la campaña, una vezasumido el gobierno Alfonsín estipuló, como primera medida en el área, la intervención del COMFER y el nombramiento de un delegado normalizador.
No obstante la iniciativa evidenciada por el justicialismo y la actuación de la comisión mencionada, la sanción de una nueva ley de Radiodifusión no fue posible durante la gestión radical. Entre otras razones contribuyeron a ello la línea dubitativa adoptada por el gobierno, la falta de coordinación demostrada finalmente por los legisladores opositores y la presión de los empresarios del sector. De esta forma, a pesar de los numerosos proyectos presentados, no se llegó a consensuar una nueva legislación.
1. Etapa de privatización, concentración, desnacionalización y conformación de grandes grupos multimedios (1989- 2002).
En este período se produce un cambio sustancial en la estructura de propiedad de los medios de radiodifusión a partir de la privatización de medios y la liberalización de ciertos aspectos establecidos en la ley 22.285. De esta forma se conforman grandes grupos multimedios, ingresa el capital extranjero a la radiodifusión argentina y se inicia una etapa en la que se diversifican y heterogeneizan los contenidos.
3.1 Canales 11 y 13: primera privatización del gobierno de Menem.
Apenas asumió Menem el poder se sancionó la ley 23.696/89 de Reforma del Estado que, en su artículo 65, eliminó la restricción impuesta a los titulares de medios gráficos, quedando así habilitados para ser concesionarios de licencias de radiodifusión y haciendo posible la conformación de multimedios. Pocas líneas se escribieron entonces para cuestionar tal modificación en la ley 22.285 ya que, con la administración menemista, el discurso neoliberal comenzaba su reinado y los canales en manos del Estado eran uno de sus blancos favoritos. Expresiones como: en los canales se pierde mucha plata y luego no hay dinero para jeringas en los hospitales estaban en la boca de políticos; comunicadores; empresarios y, finalmente, de buena parte de la opinión pública.
La privatización era tema obligado, la posibilidad de despidos el más crudo de los temores y evitarlo la razón que llevó a aunar voluntades. El conflicto creció y el secretario de prensa y difusión, Rachid, temía que la situación no se resolviera a la brevedad y se viera reflejada en la entrega de los premios Martín Fierro que se realizaba en breve.
El 21 de setiembre el presidente Menem firmó el decreto 830/89 que llamaba a licitación para la privatización de los canales 11 y 13. El 24 de octubre se realizó el acto de apertura de los sobres correspondientes a la primera etapa del proceso, en los que figuraban los antecedentes de los diferentes grupos pero no la propuesta económica. Se presentaron seis ofertas para adquirir Canal 11 y cuatro para Canal 13. 3.2 La radiodifusión en Argentina entre 1990 y 1995.
La decisión más significativa adoptada durante el primer año del gobierno de Menem fue el traspaso a manos privadas de los canales 11 y 13 y de las radios Belgrano y Excélsior. Durante la década del ´90 se produjo un importante ingreso de capitales extranjeros en la economía y el sector financiero nacional, hecho del que no quedaron aislados los medios de comunicación.
Más allá de la privatización de los principales canales del país y de los movimientos de capitales experimentados, es necesario destacar otros dos cambios significativos en la televisión durante el período 1990 - 1995.
El primero de ellos es la vuelta a las redes de programación en tiempo real, que se dio de la mano del desarrollo de las transmisiones satelitales en América Latina, mientras que el segundo se vincula con la eclosión de la televisión directa al hogar.
3.2- La radiodifusión en Argentina entre 1995 y 1999: concentración, desnacionalización y carencia de control público
A mediados de la década del ´90, coincidentemente con el segundo mandato de Carlos Menem, se produjo una importante entrada de inversiones extranjeras al país. En el caso de las comunicaciones tal incorporación se verificó en la adquisición de diversos volúmenes del capital accionario de los principales medios.
Además del ingreso del capital financiero transnacional en el período en análisis se produjeron otra serie de modificaciones en las telecomunicaciones y la radiodifusión, entre las que cabe destacar la concentración de propiedad, la incorporación intensiva de nuevas tecnologías y la expansión de los servicios ofertados.
Fruto de los cambios ocurridos y de un agudo proceso de concentración empresarial se conformaron dos grandes conglomerados mediáticos, el grupo Clarín y la sociedad Citicorp Equity Investment (CEI) - Telefónica, que protagonizaron el duopolio más significativo en las comunicaciones sociales de la Argentina de finales del siglo XX.
De esta forma, conforme a lo reseñado hasta aquí es posible distinguir en la década del ´90 dos momentos en el devenir de la radiodifusión.
El primero, dado entre 1989 y 1995, se caracterizó por la presencia de agentes nacionales en un mercado oligopólico, cuyas expresiones sobresalientes fueron los multimedios, entre los que se destacaron Clarín, Telefé y otros grupos menores como los pertenecientes a Eduardo Eurnekián (Canal 2 La Plata); Alejandro Romay (Canal 9); Héctor Ricardo García (diario Crónica y Crónica TV) y el incipiente Grupo Uno, de la Familia Vila, en la región cuyana. En lo referente al sector de las telecomunicaciones en esta etapa se produjo el ingreso de capitales procedentes de entidades financieras y de operadores internacionales, siendo el ejemplo paradigmático la alianza de Telefónica Internacional con el Citibank - CEI en la empresa Telefónica de Argentina.
El segundo período, circunscripto entre 1995 y 2000, se identificó por el aumento de la presencia de capitales extranjeros (compañías de telecomunicaciones y transnacionales de comunicación) que adquirieron las principales empresas de radiodifusión del país. Así la finalización del segundo gobierno de Menem halló ubicado como agente central del sector de medios al grupo español Telefónica.
En el ámbito de la radiodifusión sonora irrumpieron en escena las cadenas radiofónicas de los grupos Emmis Communications Corp. (EEUU) y Corporación Interamericana de Entretenimientos (México).
En base a las nuevas posibilidades abiertas por tal convenio el grupo Clarín, asociado con la multinacional Galaxy Latin America (GLA), lanzó Direct TV utilizando el satélite Galaxy III (lanzado por Hughes Communications en 1995). Posteriormente se incorporó Sky Televisión, perteneciente al magnate Rupert Murdoch, cuya presencia en el mercado local resultó efímera ya que abandonó sus operaciones en 2002, entre otras razones, por la competencia de Direct TV y la crisis económica desatada a nivel nacional.
3.3- La radiodifusión en el gobierno de Fernando De La Rúa.
Tras las radicales transformaciones producidas en el sector de las comunicaciones en los ´90, el panorama imperante al iniciarse la gestión de De La Rúa incluía la supervivencia de un marco legal desactualizado y enmendado por numerosos decretos, leyes y resoluciones; caos administrativo y técnico en los organismos de aplicación; profundización de la concentración y centralización en Buenos Aires y un sistema de medios público reducido a su mínima expresión.
Durante la breve gestión de De La Rúa se produjo una constante intervención estatal en el ámbito de las comunicaciones, procurando atender los asuntos relevantes y pendientes de la radiodifusión nacional y buscando la construcción de una imagen de transparencia y austeridad en la materia.
El COMFER, principal organismo de implementación de acciones para el sector, puso en marcha una serie de medidas que apuntaron en esa dirección: aumentó su presencia social; se comprometió con objetivos mensurables de gestión a través de la Carta Compromiso con el Ciudadano; elaboró un nuevo proyecto de ley de radiodifusión e inició un proceso de normalización del espectro radiofónico.
No obstante es necesario mencionar que el COMFER brindó un interesante apoyo a lo quepuede denominarse la dimensión social de la radiodifusión, aunque constreñido a un papel más bien subsidiario y por ello insuficiente (incentivó las radios universitarias, en cárceles y en zonas de fomento y frontera).
4- Período de regulación y sanción de nueva legislación (2003- …)
Este período, que se inicia en medio de una crisis significativa que lleva a los gobernantes a tener que apoyarse en los medios para construir legitimidad y a los empresarios de radiodifusión a demandar al Estado para hacer frente a problemas financieros, evoluciona luego hacia un profundo enfrentamiento entre las autoridades gubernamentales y los medios, clima en el cual se sanciona una nueva ley de servicios audiovisuales.
4.1- La crisis de 2001-2002 y las industrias culturales.
El estallido de la crisis de diciembre de 2001 llevó a importantes medios de comunicación y empresas de telecomunicaciones a una situación de quiebra técnica derivada, en gran parte, del fuerte endeudamiento externo asumido por estas entidades durante la década del ´90, período en que las tasas de interés obtenidas en el mercado internacional eran sensiblemente más bajas que las que operaban a nivel local.
El hecho es que al derrumbarse la convertibilidad las deudas en dólares se incrementaron sensiblemente y afectaron directamente a las compañías de radiodifusión que mantenían sus ingresos en pesos y no podían trasladar los aumentos a los precios debido a la escasa elasticidad de la demanda cultural.
Ante esta situación los dos principales actores del sector asumieron estrategias diferentes. El grupo Telefónica se centró en su negocio más importante, la telefonía, y comenzó a desprenderse de una parte de sus activos en medios. El grupo Clarín integró el núcleo de las empresas más poderosas del país reunidas en la Asociación Empresarial Argentina (AEA), que mantuvo un acceso fluido al despacho del presidente Duhalde (2002-2003); apoyó la salida de la convertibilidad; buscó que el Estado se hiciera cargo de las deudas de las empresas y tanteó incluso la posibilidad de avanzar en una segunda estatización de la deuda a través de la implementación de un seguro de cambio.
4.2- La radiodifusión en el gobierno de Néstor Kirchner.
A los pocos días de asumir Néstor Kirchner la presidencia el Senado de la Nación aprobó una modificación legislativa que impide a capitales extranjeros poseer más del 30% de la propiedad de los medios de comunicación. Si bien en principio tal decisión se revela como un bastión para el resguardo del interés nacional, un análisis más detallado de la misma devela que sus bondades no son tantas ya que, al no poder actuar con retroactividad, no se aplica a los medios que previamente a su sanción tuvieran una presencia mayor de capital foráneo. De esta forma la llamada ley de defensa de las industrias culturales se limitó a evitar que aquellos grupos que aún no habían quedado en manos del capital extranjero fueran absorbidos por sus acreedores externos.
Respecto a otras medidas relevantes del gobierno de Kirchner en el área comunicacional es factible destacar la determinación de renovar automáticamente las licencias de TV y la decisión de comenzar a desarrollar emprendimientos comunicacionales latinoamericanos. En lo que concierne a la normativa que rige a la radiodifusión es preciso destacar que a mediados de 2006 se ha dejado trascender que, en el marco de una fuerte confrontación con grupos multimedia, el gobierno ha comenzado a elaborar un proyecto destinado a suplantar la antigua ley 22.285. El mismo contemplaría, entre otras iniciativas, la reducción de las licencias de radio y TV en poder de una persona física o jurídica; la creación de la figura del ombudsman tanto para vigilar la relación de los medios con los consumidores como para garantizar la responsabilidad de quienes emiten información; una mayor injerencia del Estado en el control de los contenidos y la puesta en marcha de un nuevo modelo de gestión que involucre al sector privado sin fines de lucro.
Para finalizar es relevante mencionar que se evidencia en la administración de Kirchner la ausencia de políticas públicas de comunicación propiamente dichas y cierta tendencia a confrontar y hostigar a los medios y periodistas que critican al gobierno.
4.3- La radiodifusión durante el gobierno de Cristina Fernández.
La política de comunicación durante los primeros tiempos de la presidencia de Cristina Fernández está marcada por un hito fundamental: el enfrentamiento entre los sectores ruralistas (coloquialmente denominados el campo) y el gobierno, derivado de las condiciones estipuladas para las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Dicho conflicto, que llevó a buena parte de la sociedad a enlistarse en favor de uno u otro sector, inició un reposicionamiento de los medios en el que resulta fundamental destacar el giro evidenciado por el grupo Clarín, que comenzó a esgrimir mensajes y editoriales claramente opuestos al gobierno.
Asimismo los caricaturistas fueron blanco de la ira de la Presidenta que, al ser retratada por ejemplo con una X tapando su boca, comenzó a hostigarlos en sus discursos. Pero más allá de arengas en contra de ciertos medios en las alocuciones públicas, la presidencia comenzó a anunciar otra serie de medidas tendientes a encauzar la actitud de los medios. Este es el caso del relanzamiento del Observatorio de Discriminación en los Medios, del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), herramienta gubernamental destinada a asegurar un relato mediático que brinde cabida a todas las opiniones.
El instrumento en sí no presenta críticas. El caso a discutir es que pertenezca a la esfera del gobierno, hecho que en vez de alentar la libertad de expresión puede fomentar la autocensura.
Otra medida destacada es la reapertura, en plena confrontación con ciertos grupos de medios, del proceso destinado a establecer una nueva ley de Radiodifusión, que incluyó la consulta a diversas personalidades de los ámbitos artístico y comunicacional en reuniones destinadas a establecer los principales puntos a incorporar; el análisis de propuestas generadas por asociaciones civiles y el estudio de los denominados 21 puntos emanados de un conjunto de juristas, políticos y miembros de organizaciones vinculadas al tema. Este proyecto, finalmente sancionado como Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009, comenzó su vigencia en un clima enrarecido por denuncias de la oposición vinculadas a defectos en su proceso de tratamiento y votación en el Congreso y a la suspensión de la aplicación de algunos de sus artículos por parte del Poder Judicial.
Durante esta etapa también se sancionó la Ley Argentina Digital; se inició el programa Fútbol para Todos; se desarrolló la TDA (Televisión Digital Abierta) como la iniciativa estatal sobre TDT, se avanzó en el financiamiento a medios y productores comunitarios de todo el país por medio de los fondos FOMECA, evidenciándose un profundo giro no solo en la política de comunicación nacional sino también en la importancia dada por el sector estatal a las comunicaciones.
Principales problemas para establecer una política nacional de comunicación En la actualidad el diseño de políticas de comunicación enfrenta tres dificultades principales: la concentración de la propiedad; la convergencia de los sectores audiovisual, informático y de telecomunicaciones y la llamada gobernanza global de la comunicación. En cuanto a la concentración de la propiedad es fácil llegar a la conclusión que cuando pocos grupos fuertes controlan un recurso tan poderoso como los medios de comunicación, adquieren un poder significativo para influir en las decisiones gubernamentales y obstaculizar la adopción de medidas contrarias a sus intereses. Así la masiva irrupción del capital en las industrias culturales y la adopción de marcos regulatorios que eliminaron restricciones a la concentración de la propiedad, llevaron no sólo a incrementar la injerencia de los empresarios en la acción estatal, sino también a limitarinfinitamente tanto las posibilidades de planificación de políticas estatales como las opciones de información y recreación de los ciudadanos.
Respecto al segundo aspecto, relacionado con la convergencia de los sectores de la comunicación, la informática y las telecomunicaciones, es necesario destacar que la tendencia evidenciada por este mercado a consolidar un modelo de sustentación empresarial basado en el pago por contenidos requiere un criterio regulatorio distinto del imperante, que permita niveles de acceso a los bienes simbólicos que no resulten discriminatorios para los sectores de bajos ingresos. De no consolidarse tal regulación se acentuará la tendencia vigente que implica que un sector de la población, privilegiado en rentas y nivel cultural, acceda a las formas más variadas y especializadas en equipamiento de la cultura, mientras que otro grupo, el mayoritario, se ancle en la cultura de masas. El tercer factor a considerar es el debilitamiento del Estado y sus agencias regulatorias operado por el creciente peso de las instituciones internacionales. Esto es así ya que en la actualidad los gobiernos se encuentran, de diferentes maneras, coartados en su accionar por organismos internacionales destinados a regular ciertos aspectos de las comunicaciones que escapan al accionar nacional, limitando sensiblemente su capacidad de acción en la materia.