INCLUSIÓN SOCIAL EN VENEZUELA

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INCLUSIÓN SOCIAL 
	A escala mundial uno de los mayores problemas que afronta la sociedad lo conforma el creciente número de personas excluidas de una participación positiva en la vida económica, social, política y cultural del contexto social. En este particular, la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2010) expresó preocupación por este fenómeno de dimensiones global. Refiere la ONU que aunque se han manifestado tímidos avances, se estima que quedan todavía existen millones de personas que no han sido incorporadas al sistema educativo formal. Este fenómeno es particularmente común en el contexto socio-económico-político de América Latina, cuyo común denominador tiene relación con la pobreza y la marginalidad.
	Respecto a este particular, Jacinto (citada en Álvarez, 2001) sostiene que “la diferencia de oportunidades educativas y de trabajo así como la distribución desigual del ingreso constituyen fenómenos estructurales de exclusión a los cuales se suma una nueva realidad, marcada por la globalización y los procesos de apertura económica que refuerzan la segmentación social” (p. 71). El referente argumenta que las oportunidades educativas, al igual que las de trabajo, se asocian a fenómenos de orden estructural dentro de la sociedad como manifestación directa de políticas económicas que siguen modelos de escaso alcance social.
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	En el caso particular de Venezuela, hasta 1998, como reseñan Rondón y Rodríguez (2007), desde 1998 hasta 1998, la inversión realizada en materia de educación tuvo como principales factores los recortes presupuestarios en todos los ámbitos sociales. En este sentido, el mismo referente explica que dicha situación atendió a estrategias promotoras de privatización en el país por parte de sectores altamente beneficiados con dicha proyección, tanto en el nivel básico como en el superior. En consecuencia, Rondón y Rodríguez (ob. cit.) sostienen que por efecto de dicho proceso e imposición del proceso de privatización nacional, se produjo una extensa deuda social acumulada, pues la matrícula escolar (en todos sus niveles) se vio disminuida, generando la exclusión de los estudiantes provenientes de los sectores más desposeídos. 
	Respecto a esta tendencia, diferentes estudios provenientes de organismos nacionales concuerdan en afirmar que el ingreso a la educación asistió a los sectores con mayores ingresos, a la población de las grandes ciudades más privilegiadas. A la vez, la educación de gestión oficial disminuyó, de forma sensible, su participación a favor de la educación de gestión privada. No obstante, esta situación generadora de desigualdad social se ha ido revertiendo en la última década. 
A efectos de la instrumentación de la política económica neoliberal reinante en la nación, impactó, de forma negativa, sobre los derechos sociales de los pueblos, no sólo en Venezuela, sino en toda América Latina. Una década signada por una tendencia hacia el deterioro en la educación pública y por prolongados recortes presupuestarios, hasta el extremo que para el año 1998 menos del 3% del Producto Interno Bruto (PIB) fue asignado a la educación. Invariablemente esta tendencia se mantuvo en ascenso en el periodo 1980-1998, como denominador común en los gobiernos de turno.
	Lo anterior quedó manifiesto en datos aportados para el entonces Ministerio de Comunicación e Información en 2006, a través del cual se compara la tendencia de décadas anteriores con tendencia a la disminución del presupuesto público destinado a la educación, pasando del 3,2 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 1998, al 4,6 % en el año 2002. Cifras que evidencian un creciente presupuesto para el sector educativo en comparación con el acumulado de América Latina que destinaba un 4,4 % del PIB a la educación. 
	En esta tendencia, producto de los factores negativos referidos e incidentes en el ámbito educativo venezolano, se fue gestando en Venezuela un proceso de desigualdad social, asumiendo como aspecto neural a la exclusión educativa consecuencia directa de las transformaciones de las principales dimensiones tradicionales de organización económica y sociocultural predominante en las décadas precedentes. 
	Dicho contexto genero en consecuencias agudos problemas sociales en la sociedad venezolana y latinoamericana, entre los que se pueden mencionar: persistencia de amplios núcleos de pobreza extrema, discriminación étnica, segregación residencial, imposibilidad al acceso de la justicia, mecanismos de no integración en la protección social, desorganización social, desviación y descalificación, delincuencia, violencia urbana, expansión de la droga y el narcotráfico, redes diferentes de sociabilidad, a niveles diferentes, con fines de integración o desintegración social.
	En este sentido, Pérez y Eizagirre (2006), vinculan la problemática antes descrita se corresponde con “la de participación de segmentos de la población en la vida social, económica, política y cultural de sus respectivas sociedades debido a la carencia de derechos, recursos y capacidades básicas” (p. 4). Esta afirmación se sustenta en diversos informes aportados por la Organización de las Naciones Unidas (2010), la cual explica que a este trasfondo de exclusión se agrega una nueva realidad marcada por la globalización económica que refuerza la segmentación social. 
	Circunscribiendo la problemática de exclusión social, particularmente al ámbito educativo, desde 1998 se viene implementando en el país tendencias educativas de inclusión, iniciadas en el año 2000, como destaca Cascio (2006), por intermedio del Ministerio de Educación, se desarrolló el Plan de Alfabetización, el cual se puso en marcha en el año 2000. Dicha campaña enseñó a 100.000 venezolanos a leer y escribir en el lapso de 2 años, en comparación con los 73.000 venezolanos que aprendieron a leer y escribir en la década previa.
	En la actualidad, la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (1999), consagra como valor fundamental, entre otros, el derecho a una educación de calidad y sin exclusión; el gobierno nacional ha puesto en marcha políticas en pro de la democratización de la educación, a fin de lograr un equilibrio social orientado no sólo a corregir las enormes diferencias características de décadas marcadas con una acentuada carga de exclusión e injusticia social, sino que, además, se concatene con el desarrollo integral del ciudadano acordes con los aspectos básicos del ejercicio de la democracia.
	Asumiendo las orientaciones constitucionales, el Ministerio del Poder Popular para la Educación (2009), al igual que en el Nivel Superior, ha traducido dichos preceptos mediante la implementación de objetivos prioritarios como es el mejoramiento en la calidad de la educación que se ofrece a los ciudadanos del país, constituyendo un reto que el Estado venezolano por intermedio del Gobierno Nacional ha emprendido. Para ello, se han iniciado procesos de reformas educativas que pretenden responder a las demandas de diversos sectores del ámbito nacional.
El desafío que proyectan los órganos rectores del Sistema Educativo Venezolano en su dimensión formal, plantean el desafío de promover y alcanzar una educación de calidad, acorde con los derechos consagrados en la Carta Magna. Para ello, es necesario ampliar la matrícula en la estructura escolar pretendiendo favorecer la escolarización para beneficiar a una población, quienes, habiendo ingresado en algún nivel de la enseñanza, debieron abandonarlo antes de finalizar estudios, así como a quienes no accedieron al mismo. 
	La percepción anterior se puede asociar a los datos generados por Chávez (2003), quien evoca que en Venezuela, a pesar de los cuantiosos recursos financieros generados por la industria petrolera, la tasa de escolaridad promedio era de 55% para el año 2000; luego ascendió a 65% para el año 2001, incrementándose 10 puntos como efecto del aumento de recursos presupuestarios asignados a la educación: de 2.8% del Producto Interno Bruto (PIB) en 1998, a más de 6% en el 2002. Dichos indicadoresmarcan el declive de un modelo de exclusión social como referente de la profunda crisis educativa marcada por periodos de agudo descenso en cuanto a calidad y alcance socio-educativo. 
	Estos referentes empíricos proyectan, como afirma el Boletín Social N° 1 de la Escuela de Gerencia Social, “Desde 1999 hasta 2002, el sistema escolar venezolano ha retomado la tendencia al crecimiento de la matrícula que durante 30 años lo había caracterizado como uno de los más inclusivos de América Latina” (p. 1). No obstante, persisten factores críticos de funcionamiento que siguen generando exclusión, deserción y baja calidad en los niveles de Educación Inicial, Educación Media hasta la Universitaria que progresivamente han sido atendidos en el marco de las políticas educativas.
	En este sentido, como política social del Gobierno Venezolano desde 1999 se viene implementando y articulando un conjunto de cambios que supone la reforma del sistema educativo, orientadas hacia el propósito de consolidar un contexto educador de la democracia participativa. Ante esta perspectiva, entre los lineamientos de participación social emprendidas por el Estado Venezolano se ha puesto en marcha una serie de acciones con las misiones educativas a fin de fortalecer su sistema educativo en todos sus sub-sistemas y modalidades, a través de la ampliación de oportunidades de formación tendentes a la configuración de un nuevo modelo de ciudadano y/o ciudadana, las cuales son formas de contribuir efectivamente al desarrollo sustentable.
	La proyección de las misiones educativas concebidas y desarrolladas en el país, a criterio de Navarro (citado en Bravo, 2008), “las misiones permitieron dar un salto cualitativo en la gestión del Gobierno Nacional, dando respuestas masivas y rápidas a las principales demandas sociales históricas del país” (p. 2). Este planteamiento lo reafirma la encuesta del Instituto Venezolano de Análisis de Datos (IVAD, 2008), la cual aporta resultados que un 79% de la población opina que misiones aumentaron nivel educativo del país; el 79.3 % está de acuerdo en que las misiones educativas del gobierno han incrementado el nivel educativo del pueblo. 
	Dentro de las misiones implantadas se tiene: Misión Robinsón I y II, Misión Ribas, Misión Sucre y Misión Ciencia, creadas como una estrategia de de inclusión social que impulse la formación ciudadana, mediante el desarrollo de destrezas y habilidades para la participación activa de cientos de miles de venezolanos al sistema educativo y productivo nacional; preparándolos para enfrentarse a los problemas nacionales y ser parte de la responsabilidad que les corresponden como ciudadanos y ciudadanas. 
	En este contexto, las misiones tienen como visión la de formar ciudadanos comprometidos con sus raíces, contribuyendo al fortalecimiento de los valores éticos y morales necesarios para convivir en la sociedad. Es así, como la persona beneficiada ha sentido cambios en su vida, asumiendo roles de protagonismo y toma de decisiones que impulsan los proyectos de sus comunidades y le permita avanzar hacia la construcción de la sociedad y su calidad de vida. Este nuevo modelo participativo, como afirman Rondón y Rodríguez (2009), “este nuevo modelo participativo sirve para incentivar el potencial humano impulsando a incorporarse, a través de las misiones, a los ciudadanos interesados en su preparación académica, ya que hasta el momento del lanzamiento de tales programas muchas personas no habían tenido posibilidades de acceder al sistema escolarizado” (p. 12).
Con la instrumentación de las misiones educativas, un representativo sector de la población excluida del acceso educativo se siente motivado a participar, interesado en estudiar, añadiendo, lo cual se proyecta como un medio para solventar algunas limitaciones materiales que podrían interferir con su permanencia en el sistema educativo. Esto se fundamente en el Artículo 102 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), la cual consagra a la educación como un “derecho humano y un deber social fundamental” (p. 36), así como Artículo 103, donde se establece que “toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades... La educación impartida en las instituciones es gratuita hasta el pregrado universitario” (p. 37)
Dichos preceptos constitucionales refieren la responsabilidad del Estado por intermedio de sus órganos educativos de brindar la garantía e igualdad en el acceso a los derechos esenciales para cada ciudadano. En tal sentido, las misiones contribuyen con el fortalecimiento de la educación, ya que proporcionan a la población venezolana acceso y participación al sistema educativo, sin exclusión; facilitan su incorporación al aparato productivo nacional y al subsistema educativo. Constituyen un factor vital desde el punto de vista del desarrollo de la aproximación al mejoramiento de la calidad de vida del venezolano y las venezolanas a través de las misiones educativas, orientadas al desarrollo y el bienestar social a partir de la premisa que no se logra sin el crecimiento social, cultural, educacional, ambiental e institucional.
En el caso particular del Estado Barinas, al igual que en toda Venezuela, se ha venido gestando un proceso que pretende disminuir la cantidad de personas sin cupo en las instituciones escolares, buscando erradicar prácticas sociales de exclusión. El referido proceso viene a promover el de todas las personas a continuar sus estudios, en sintonía con lo establecido en la Carta Magna. Cabe mencionar que en el Estado Barinas, las misiones socio-educativas tuvieron origen también en el año 2003, mientras que en la comunidad del Barrio “4 de Febrero” fueron implementadas recientemente, a la par del crecimiento demográfico del contexto local.
No obstante, pese a las garantías constitucionales, se percibe en el contexto antes referido, producto de datos preliminares obtenidos en el lugar, que un significativo número de personas a partir de la edad de 23 años que no han accedido al sistema educativo medio y universitario, pese a la existencia en las adyacencias de programas nacionales y locales que persigan el bien común mediante el sistema educativo a través de las misiones educativas, debido en un primer orden debido a que no contaba con los recursos económicos ni los institutos universitarios para cursarlos.
En esta tendencia, el presente estudio en la modalidad de Investigación Acción-Participativa plantea como propósito la incorporación de dicho segmento poblacional a las misiones educativas como estrategia general de inclusión y participación activa de ciudadanos y ciudadanas, situación esta que no se ha ejecutado en toda la extensión que plantea el alcance de las metas que el gobierno nacional se ha propuesto en el ámbito educativo, relacionadas estas no sólo con la inclusión en el sistema de aquellos ciudadanos excluidos del mismo por diversas razones, sino también, y ante todo, con la superación del modelo de exclusión social y la búsqueda de una mayor democratización de la educación.
Las anteriores consideraciones guían y motivan la necesidad de implementar estrategias de inclusión social en el contexto del Barrio “4 de Febrero” en el periodo de tiempo del año 2012, a un remanente de la población local a las misiones socioeducativas, promovidas por el gobierno nacional, lo cual resulta pertinente ya que en materia educativa esta comunidad por su condición de progresivo desarrollo habitacional presenta problemas que remiten a aspectos tales como: escasez de centros educativos, dificultades de acceso, de índole geográfica o material, mayores índices de exclusión y deserción más temprana por incorporación al trabajo, entre otros.