Violencia_y_desaparicion_en_Mexico_Aprox

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TÍTULOS PUBLICADOS
ENCUENTROS DE ANIMALES
Ma. Antonia González Valerio
FABRICAR AL HOMBRE NUEVO: 
¿trabajar, consumir y callarse?
Jean-Pierre Durand
ESPACIOS NEGATIVOS.
Praxis y antipraxis 
David Herrera / Fabián González
Federico Saracho / Irwing Rico
EL SIGLO DEL AMERICANISMO.
Una interpretación histórica y 
geoestratégica de la hegemonía 
de los E. U. 
David Herrera
EL ULTIMO GENIO DEL SIGLO XX.
Yuri Knórozov: El destino de un 
científico
Galina Ershova
n los últimos lustros, la diseminación de la violencia en América 
Latina se acompaña de un amplio número de investigaciones 
que tratan de explicarla. La mayoría de los análisis siguen 
privilegiando la excepcionalidad, lo contingente, lo anormal.
Se prolonga así la idea de la violencia como algo que sucede en 
regiones empobrecidas o atrasadas. A contracorriente de estas 
interpretaciones, este libro ofrece un conjunto de estudios que 
analizan la violencia como un proceso generalizado en el que se 
combinan fuerzas (físicas, epistémicas, psicológicas, simbólicas) 
con el objetivo de producir diferencias materiales en los entornos 
colectivos. La crítica de la violencia parte de su análisis histórico, se 
estudia como un procedimiento inscrito en relaciones de poder, 
que funciona para articular las interacciones colectivas. Los ensa-
yos de este libro explican la materialidad de la violencia como 
resultado de comunidades sociales, que dependiendo de los movi-
mientos históricos adquieren más o menos visibilidad, configuran 
sus prácticas de maneras más o menos sofisticadas, más o menos 
letales, más o menos crueles. El conjunto de trabajos permite 
entender el papel central que juega la violencia en la definición del 
sentido de la vida colectiva en el mundo contemporáneo. 
www.akal.mx
Daniel Inclán
Coordinador
Daniel Inclán
Investigador del Instituto de Investi-
gaciones Económicas de la UNAM, 
adscrito al Observatorio Latinoameri-
cano de Geopolítica. Historiador que 
se dedica al estudio de la violencia en 
América Latina.
Ensayos sobre economía política de la violencia
LA BRUTALIDAD UTILITARIA 
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ISBN 978-607-8683-61-1
DANIEL INCLÁN
Coordinador
La brutalidad utilitaria.
Ensayos sobre economía política de la violencia
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Violencia y desaparición en México. 
Aproximaciones a problemas en su estudio
Camilo Vicente Ovalle
I. INTRODUCCIÓN. LA NOCHE DE IGUALA 
Y EL FALSO RETORNO DE LO MISMO 
En la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, un grupo de poco más de 90 estudiantes de la Normal Rural Raúl 
Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, fueron atacados en la ciudad 
de Iguala por las policías municipales de Iguala y Cocula. Tres nor-
malistas resultaron asesinados, uno de ellos, Julio César Mondragón, 
fue desollado del rostro. De los estudiantes detenidos por las policías 
municipales, algunos fueron entregados a los grupos criminales de la 
zona. 43 estudiantes están desaparecidos. Elementos del 27 Batallón 
de Infantería estuvieron presentes en distintos momentos de la agre-
sión, y aunque aún no está aclarada su participación en los hechos, 
fueron omisos en atender la situación de extrema violencia durante 
esa noche1.
La detención y desaparición de los 43 normalistas mostró la poten-
cia efectiva de una de las estructuras clave en la lógica de la violencia 
1 Sobre el caso pueden consultarse los Informe Ayotzinapa I y II, 2015 y 
2016 respectivamente, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independien-
tes (GIEI) [http://prensagieiayotzi.wixsite.com/giei-ayotzinapa/informe-]. Ade-
más, una amplia bibliografía que, con mayor o menor precisión, da cuenta de 
los sucesos en esos días: Jorge Belarmino, Julio César Mondragón Fontes, Méxi-
co, Para Leer en Libertad, 2015; Jorge Fernández, La noche de Iguala. Secuestro, 
asesinato y narcotráfico en Guerrero, México, Cal y Arena, 2018; John Gibler, 
Una historia oral de la infamia. Los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa, 
México, Grijalbo, 2016; Sergio Gónzalez Rodríguez, Los 43 de Iguala, Barce-
lona, Anagrama, 2015; Témoris Grecko, Ayotzinapa, mentira histórica, México, 
Proceso, 2016; Anabel Hernández, La verdadera noche de Iguala: La historia que 
el gobierno trató de ocultar, México, Grijalbo, 2016.
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presente en México: la estrecha vinculación entre policías y funcio-
narios de los tres órdenes de gobierno con los grupos del crimen or-
ganizado, la cual ha sido uno de los elementos en la masificación de la 
desaparición de personas en el contexto de la «guerra contra el narco».
La desaparición de los 43 normalistas reactivó la memoria de la re-
presión, en gran medida por haber ocurrido en el estado de Guerrero, 
donde el régimen autoritario golpeó a organizaciones y comunidades 
con cientos de desapariciones en la década de 1970. Quizá por ello, 
durante los meses inmediatos a los hechos se fue configurando un dis-
curso que intentó dar sentido a la violencia contra los estudiantes: fue 
interpretado como el retorno de las estrategias para la eliminación de 
las disidencias entre las décadas de 1970 y 1980. 
Este discurso del retorno articuló dos proposiciones: 1) la conti-
nuidad de la «guerra sucia» y 2) la diferenciación de las víctimas en 
función del carácter político de la desaparición. La primera señalaba 
la eminente continuidad de las prácticas represivas comprendidas 
bajo la categoría de «guerra sucia», y con ello la indudable respon-
sabilidad del Estado como ejecutor con un motivo político2. Y en 
este sentido, la segunda proposición implicaba que la desaparición 
de los normalistas no podía ser comprendida dentro de la lógica de 
violencia en el contexto de la «guerra contra el narco», pues se tra-
taba de una desaparición con motivos políticos en el marco de una 
2 Alexander Aviña, «Mexico’s Long Dirty War», NACLA Report on the Ame-
ricas, vol. 48, num. 2, 2016, pp.144-149; Luis Hernández Navarro, «Memorial 
de agravios guerrerense», La Jornada, 20 de enero de 2015, [https://www.jor-
nada.com.mx/2015/01/20/politica/017a2pol?partner=rss] y «En Guerrero la 
guerra sucia no terminó», La Jornada, 9 de octubre de 2018, [https://www.
jornada.com.mx/2018/10/09/opinion/023a2pol]; SDP Noticias, «De la “Guerra 
Sucia” a la fecha, desapariciones forzadas se mantienen: Comisión Especial 
Ayotzinapa», SDP Noticias, 27 de noviembre de 2015, [https://www.sdpnoti-
cias.com/local/guerrero/2015/11/27/de-la-guerra-sucia-a-la-fecha-desa-
pariciones-forzadas-se-mantienen-comision-especial-ayotzinapa].
La idea de continuidad de la guerra sucia, considerando la presencia inter-
mitente de la desaparición, ya se encontraba presente antes de la desaparición 
de los normalistas, por ejemplo, véase John Gibler, Tzompaxtle: La fuga de un 
guerrillero, México, Tusquets, 2014, pp. 192-194, y Federico Mastrogiovanni, 
Ni vivos ni muertos: La desaparición forzada en México como estrategia de terror, 
México, Grijalbo, 2014, p. 200.
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continuada «guerra sucia» contra algunos sectores disidentes, a di-
ferencia de «los otros desaparecidos», que quedaron comprendidos 
en los marcos de una violencia puramente criminal3. 
La idea del retorno de lo mismo, de las viejas violencias, fue una 
respuesta ante el desasosiego en medio de la catástrofe. Sin embargo, 
como marco explicativo no encuentra un asidero firme en la eviden-
cia y datos de las prácticas de violencia del presente, en particular las 
nuevas formas de desaparición. Tampoco lo encuentra en su desplie-
gue histórico. La Noche de Iguala mostró los niveles descarnados que 
pueden alcanzar las prácticas de violencia en amplias zonas del país, 
asimismo, mostró nuestro disminuido herramental teórico y meto-
dológico para explicarlas y ofrecer estrategiaspolíticas para frenarlas.
Para una crítica de la violencia, como se impone en una situación 
de emergencia, es necesario exponer no solo sus articulaciones lógi-
cas, también sus genealogías, sus procesos y expresiones históricas; 
porque no solo se busca la explicación de las características específi-
cas de una u otra expresión de ella, sino del momento en que aparecen, 
de las condiciones en las que se privilegia a una por sobre otra, de los 
cambios, incluso, en su propia implementación.
Las formas de violencias, aun aquellas que aparecen como nove-
dosas, están tejidas por tramas con mucha densidad histórica, respon-
diendo a ellas. Por otra parte, particularmente las de Estado, no solo 
son continuidad en diferente contexto de formas preexistentes con 
variaciones de grado y estilo, sino que representan cambios cualitati-
vos en las dinámicas y lógicas de poder. Por ello, la idea del retorno de 
lo mismo, con su proposición de la continuidad de la «guerra sucia», 
no llega a puerto seguro, pues la estructura de gubernamentalidad ha 
cambiado sustancialmente, particularmente bajo el programa neoli-
beral, y por lo tanto lo ha hecho su lógica de violencia. 
3 Homero Campa, «Los “otros” desaparecidos de Iguala», Proceso, 
núm. 1997, 10 de febrero de 2015, [https://www.proceso.com.mx/395532/
los-otros-desaparecidos-de-iguala]; Roberto Campa, «No más desapariciones 
en el país y en Guerrero», El Universal, 23 de agosto de 2016, [https://www. 
eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/08/23/no-mas-desapariciones- en-el-
pais-y-en-guerrero-roberto-campa] y Claudia Solera, «Los rostros de los otros 
desaparecidos de Guerrero», Excélsior, 30 de noviembre de 2014, [https://www.
excelsior.com.mx/nacional/2014/11/30/995081].
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Asumiendo la proposición de Karl Marx, que afirma que «la vio-
lencia es la partera de toda sociedad vieja preñada de una nueva. Ella 
misma es una potencia económica»4, hay que derivar que esta es uno 
de los factores que redefine y reordena el conjunto de la reproducción 
en la vida social. En este último sentido, también es, pues, una potencia 
política: las formas en que se despliega la violencia en el presente po-
drían estar anunciado la estructura de una nueva gubernamentalidad. 
Volver a la centralidad de la perspectiva histórica en el estudio de la 
violencia permite determinar las formas de esa gubernamentalidad tal 
como se despliega históricamente en el presente5; así como sus ritmos 
(dinámicas espacio-temporales) y las relaciones entre ellas –por ejem-
plo, entre lo que se denomina como violencia criminal y la violencia 
política, de Estado y de actores no estatales–; y, finalmente, permiti-
rá alejarnos del dato de la violencia que informa, pero no explica, así 
como de categorías que, más allá de uso periodístico, no contribuyen 
a una explicación ni a desmontar los principios ordenadores de la vio-
lencia presente. El análisis histórico y la crítica de la violencia, de su 
4 Karl Marx, El capital, tomo 1, vol. III, México, Siglo XXI, 2000, p. 940.
5 Por gubernamentalidad tomo la definición que Michel Foucault diera 
tanto al proceso histórico por el cual se pasó de un Estado de justicia, de-
terminado por la soberanía, a un Estado administrativo, determinado por la 
forma de gobierno, tránsito que se dio en función de dos elementos en el ejer-
cicio del poder: la aparición de la población como problema y la introducción 
de la economía como saber para la administración de la población. Por gu-
bernamentalidad no me estoy refiriendo a un sistema, por ejemplo, el capita-
lista, tampoco, necesariamente, a un régimen específico, sino a las formas de 
administración (técnicas, operativas, organizativas) y relación que se establece 
históricamente entre el gobierno, como poder constituido, y las poblaciones, 
relación mediada por la administración económica y policial de su vida. De 
esta manera, un sistema puede desarrollar distintas formas de gubernamen-
talidad, y estas ser anuncios de los cambios sistémicos. Para efectos del tema 
abordado en este artículo tomo la siguiente definición: «Entiendo el conjunto 
constituido por las instituciones, los procedimientos, análisis y reflexiones, los 
cálculos y las técnicas que permiten ejercer esa forma bien específica, aunque 
muy compleja, de poder que tiene por blanco principal la población, por for-
ma mayor de saber la economía política y por instrumento técnico esencial 
los dispositivos de seguridad», Michel Foucault, Seguridad, territorio, pobla-
ción. Curso en el Collège de France (1977-1978), Buenos Aires, Fondo de Cultu-
ra Económica, 2006, p. 136. 
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economía política, se presenta en una situación de emergencia como 
una apuesta por la vida.
Por su expresión histórica, la desaparición forzada es el dispositivo 
que puede articular una investigación sobre el carácter de las violencias 
desplegadas en el presente, por lo que resulta fundamental debatir so-
bre algunos de los principales problemas para su estudio, explicación 
y comprensión, que se hacen explícitos al tratar casos como la desapa-
rición de los 43 normalistas. En este artículo se abordan tres dimen-
siones en las que se tejen los principales problemas para el estudio de 
la desaparición forzada desde una perspectiva histórica: la definición 
conceptual, la lógica de violencia en la que se inscribe y los ritmos de 
la violencia (dinámicas espaciotemporales de la desaparición).
II. DESAPARICIÓN FORZADA, ¿FORZAR UN CONCEPTO?
El 28 de agosto de 1978, a las puertas de la Catedral Metropolitana 
de la Ciudad de México, unas 80 mujeres se instalaron en huelga de 
hambre. Eran las madres, esposas e hijas de personas detenidas-desa-
parecidas, víctimas de la contrainsurgencia, que hoy se denomina con 
el engañoso nombre de «guerra sucia». «En 1974, mataron a mi hijo 
Salvador Corral García, en 1976 aprehendieron a mi hijo José de 
Jesús, quien está desaparecido, y en 1977 mataron a mi Luis Miguel 
Corral», narraba una de las madres, apostada a las puertas de la Catedral. 
«¿Usted cree que es normal que en un país desaparezca la gente?», 
pregunta inquisitorial de otra de las madres a la reportera6. Han pa-
sado 40 años de esa huelga de hambre y el drama que acompañaba a 
esas mujeres se ha multiplicado.
Es 10 de mayo de 2012, desde el día anterior han llegado unas 200 
madres, principalmente del norte del país, para participar en la pri-
mera Marcha de la Dignidad Nacional «Madres buscando a sus hijos 
e hijas y buscando justicia». El lugar de encuentro fue la Plaza de la 
República de la Ciudad de México. Varias de ellas llevan un cubrebo-
cas blanco con una pregunta en rojo, como un grito silencioso que se 
repite una y mil veces: ¿Dónde están? La demanda: Vivos los llevaron, 
6 Elena Poniatowska, Fuerte es el silencio, México, Era, 1980, pp. 83-85.
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vivos los queremos. Son otras las mujeres. Son otros los desaparecidos. 
«Aquí estamos —dice una madre de Chihuahua— como mamás para 
decir que aquí sigue un lugar vacío, desde que nuestras hijas salieron 
de casa»7. El vacío y la ausencia infinita apenas cubiertas por una es-
peranza igual de infinita, testaruda: «Esta lucha la tenemos que ga-
nar —sostiene otra madre— porque la sangre de nuestros hijos sigue 
clamando justicia y no van a acallar sus voces mientras nosotras siga-
mos peleando»8. 
Son las víctimas de un fenómeno que ha mutado. Se calcula que 
cerca 1 500 personas fueron desaparecidas en la contrainsurgencia, 
número que aún después de tanto tiempo sigue siendo tentativo. Bajo 
la «guerra contra el narco», las cifras pasan los 40 mil desaparecidos, 
imprecisas como lo es esta «guerra»9.
La desaparición forzada como forma de represión política tiene 
larga data en México: apareció muy pronto, en el proceso mismo de 
consolidación autoritariadel Estado. Existe evidencia de una forma 
primitiva, aún muy cercana a figuras como la detención arbitraria y al 
secuestro político, implementadas por parte del ejército y las corpora-
ciones policiacas, principalmente la Dirección Federal de Seguridad 
(DFS), entre las décadas de 1940 y 1950. Esta presencia temprana es 
7 Miroslava Breach, «Caravana de madres en busca de sus hijos desapa-
recidos llegará al DF el 10 de mayo», La Jornada, 9 de mayo de 2012, p. 17, 
[https://www.jornada.com.mx/2012/05/09/politica/017n1pol]. 
8 Excelsior, «Madres de desaparecidos marchan rumbo al Ángel», Excel-
sior, 10 de mayo de 2012, [https://m.excelsior.com.mx/node/833066]. 
9 Desde 2007 los datos sobre personas desaparecidas son gestionados por 
el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Los 
datos fueron actualizados hasta el 30 de abril de 2018, por el Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De acuerdo con la «Ley 
General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición co-
metida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas», 
publicada en el Diario Oficial de la Federación en noviembre de 2017, corres-
ponde, a partir de 2018, a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas 
(CNB) la actualización de los datos del Registro. A la fecha de elaboración de 
este artículo, en el verano del 2019, no se habían presentado nuevos datos. 
Fue hasta enero de 2020 cuando la CNB actualizó los datos, dando a conocer 
que el número de personas desaparecidas y no localizadas ascendía a poco 
más de 60 mil personas. 
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indicativa del largo proceso de volver rutina esta práctica dentro del 
ejército y las policías, que facilitó la implantación de formas más 
sofisticadas, hasta llegar a la configuración de la desaparición forzada 
como se presentó durante la contrainsurgencia.
En la medida en que fue integrada a la estrategia contrainsurgente, 
hacia mediados de la década de 1960, su configuración fue transfor-
mándose hasta convertirse en una técnica para la eliminación. Este 
uso apareció cuando el Estado escaló la violencia contra algunos gru-
pos disidentes, principalmente las guerrillas, lo que implicó grados 
más altos de coordinación entre el ejército y las policías, así como la 
conformación de una estructura para la eliminación. 
Hacia finales de la década de 1970 comenzó otra transición de la 
desaparición, en el contexto de la primera «guerra contra el narco»10, 
que implicó su desplazamiento del eje ideológico-político, como ha-
bía sido usada, y la transferencia de personal de las instituciones de 
seguridad nacional a organizaciones criminales, llevándose consigo la 
experticia adquirida en los años contrainsurgentes. Esta transición sig-
nificó la condición de posibilidad para la generalización de la desapa-
rición como la conocemos hoy día.
Contrario al largo desarrollo histórico de la desaparición como téc-
nica represiva, su reconocimiento como delito de lesa humanidad o 
crimen de Estado es mucho más reciente; sin embargo, ha sido paradóji-
camente la construcción jurídica del concepto la que le ha otorgado inte-
ligibilidad histórica. Definida jurídicamente en su generalidad, como la 
privación de la libertad de una persona o grupo de personas por parte 
de un servidor público o con la aquiescencia del Estado, se acompa ña de 
la falta o negativa de información sobre el paradero de la persona, sus-
trayéndola de los efectos de la ley (Cuadro 1). Esta definición estable-
ce el tipo ideal de detenido-desaparecido, y por ende de la práctica de la 
desaparición también: el desaparecido permanente a manos del Estado, 
10 En 1977 comenzó la implementación de la Operación Cóndor, coordina-
da por la Secretaría de la Defensa Nacional, diseñada para el combate al narco-
tráfico en la zona fronteriza de Sinaloa, Durango, Chihuahua y Sonora. Aunque 
no fue la primera campaña contra grupos de narcotraficantes, sí fue la primera 
que contó con una movilización masiva de personal militar y armamento; ade-
más de tener una amplia cobertura en los medios impresos. Por ello le llamo la 
«primera guerra contra el narco». 
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«sustraído del imperio de la ley e inmerso en un espacio que la exceptúa», 
tipo ideal que «opera como medida de todo otro resultado de prácticas 
de desaparición forzada, independientemente de que sea o no el Estado 
el ejecutor, de que la práctica se despliegue en un Estado de Derecho o 
no, de que haya habido paradero desconocido del desaparecido, de que 
el proceso haya sido o no selectivo y sistemático»11. 
Del reclamo inicial de los familiares de los desaparecidos a su de-
finición como un crimen de lesa humanidad, el proceso de consoli-
dación del concepto estuvo ligado a una necesidad y exigencia: darle 
realidad jurídica al fenómeno y demostrar su «ser crimen de lesa hu-
manidad». De allí pasó a otros ámbitos, como el político, y después 
a la investigación histórica, sin abandonar las exigencias mismas del 
concepto jurídico, generando distorsiones cuando es llevado a otros 
contextos epistémicos. Para Gabriel Gatti la definición establecida en 
el ámbito «jurídico-penal»: 
lo colonizó todo; en otros términos, tuvo éxito. Lo tuvo en térmi-
nos de reconocimiento (la categoría contribuyó a dotar de visibilidad 
política a sujetos afectados por un espectro de situaciones históricas 
y sociales muy amplio y variado, y en muchos casos invisibles hasta 
entonces); y tuvo también éxito nominativo: circula, se extiende, se 
usa, viaja entre continentes y épocas. […] A partir de eso el tipo ideal 
no fue solo jurídico-penal, sino también estético, psicoclínico, po-
lítico e histórico12. 
Sin embargo, esta colonización no es un simple transtierro; las ten-
siones y distorsiones están dadas en la medida en que el tipo ideal ne-
cesariamente tiene que abstraer de los distintos procesos específicos 
elementos comunes para articular el concepto y establecer generali-
dades explicativas que le permitan configurar y, en su caso, juzgar el 
delito. Gatti, respecto a esto, señala una de estas tensiones de la «colo-
nización» del concepto jurídico en el ámbito histórico, reconociendo 
11 Gabriel Gatti, «Prolegómeno. Para un concepto científico de desapa-
rición», en Desapariciones. Usos locales, circulaciones globales, Bogotá, Siglo del 
Hombre, 2017, p. 19 [énfasis en el original].
12 Ibid., pp. 19-20 [énfasis en el original].
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prácticas de desaparición mucho antes de su existencia jurídica-penal: 
«cuando la categoría se consagra y aplica a pasados que no la cono-
cieron, comparando, unificando, subsumiendo, organizando […] ese 
pasado bajo nuevos parámetros»13. Habría que añadir un aspecto im-
portante: los fenómenos históricos usualmente son anteriores a su 
nominación conceptual y también mutan mucho más rápido que 
los conceptos y categorías y con los que tratamos de delimitarlos y 
explicarlos, por ejemplo, el fenómeno de la desaparición, como método 
represivo, existió antes de la fijación del tipo ideal en el concepto de 
«desaparición forzada». 
La tensión no está dada en lo que integra, sino en lo que excluye. 
El tipo jurídico establecido como ideal, «heredado de la guerra sucia», 
no solo provoca distorsiones y dificultades para comprender las formas 
de desaparición actuales, también genera distorsiones en la compren-
sión de especificidades históricas que no coinciden con el tipo ideal.
Pese a que en su momento no lograron concitar un interés genera-
lizado, más allá del interés periodístico que generaron de suyo extre-
madamente coyuntural, los informes elaborados hasta ahora sobre la 
desaparición forzada en México sí han modelado las formas de compren-
sión del fenómeno de acuerdo con el tipo ideal: la Comisión Nacional 
de los DerechosHumanos en 200114, la Fiscalía Especial para Movimien-
tos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSSPP) entre 2002 y 200615, y la 
13 Ibid., p. 21.
14 CNDH, Informe especial sobre las quejas en materia de desapariciones forza-
das ocurridas en la década de los 70 y principios de los 80, México, Comisión Na-
cional de Derechos Humanos, 2001, [http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/
Informes/Especiales/2001_Desapariciones70y80.pdf].
15 Su nombre oficial fue Fiscalía Especial para la Atención de Hechos 
Probablemente Constitutivos de Delitos Federales Cometidos Directa o In-
directamente por Servidores Públicos en Contra de Personas Vinculadas con 
Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. El periodo de trabajo de la Fis-
calía fue del 2002 al 2006. El informe final, Informe histórico presentado a la so-
ciedad mexicana, fue publicado en 2006 en la página web de la fiscalía, pero por 
instrucciones oficiales fue retirado, nunca se volvió a publicar oficialmente. 
La versión impresa que circula fue editada por la asociación civil Comité 68 
Pro Libertades Democráticas, es resultado del cotejo entre el informe filtra-
do el 25 de febrero de 2006 en la página web del National Security Archive, y 
la que entregó el fiscal Ignacio Carrillo Prieto al procurador general el 18 
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Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero (Comverdad), que no 
llegó a hacer público su informe final completo16. 
Cuadro 1. Marco normativo internacional y nacional 
en materia de desaparición forzada
Declaración para la protección
de las personas contra las 
desapariciones forzadas (1992)
Todo acto de desaparición forzada sustrae a 
la víctima de la protección de la ley y le causa 
graves sufrimientos, lo mismo que a su familia. 
Constituye una violación de las normas del derecho 
internacional que garantizan a todo ser humano, 
entre otras cosas, el derecho al reconocimiento de 
su personalidad jurídica, el derecho a la libertad 
y a la seguridad de su persona y el derecho a no 
ser sometido a torturas ni a otras penas o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes. Viola, además, 
el derecho a la vida, o lo pone gravemente en 
peligro.
Convención Interamericana 
sobre Desaparición Forzada de 
Personas (1994)
Para los efectos de la presente Convención, se 
considera desaparición forzada la privación de 
la libertad a una o más personas, cualquiera que 
fuere su forma, cometida por agentes del Estado 
o por personas o grupos de personas que actúen 
con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del 
Estado, seguida de la falta de información o de la 
negativa a reconocer dicha privación de libertad 
o de informar sobre el paradero de la persona, 
con lo cual se impide el ejercicio de los recursos 
legales y de las garantías procesales pertinentes.
de noviembre de ese mismo año. Este informe ha sido el único esfuerzo por 
presentar un estudio sistemático sobre la represión en México en el siglo XX, 
aporta información importante ya que fue elaborado a partir de los archivos 
de la represión y de cientos de testimonios. FEMOSPP, Informe histórico a la so-
ciedad mexicana, México, Comité 68 Pro Libertades Democráticas, 2006.
16 La COMVERDAD solo hizo público su informe ejecutivo, en 2014, pero 
no la reconstrucción histórica, ni el informe amplio sobre la situación de las 
desapariciones en Guerrero. Los trabajos de la COMVERDAD se llevaron a cabo 
entre 2012 y 2014, año en que le fueron cancelados los recursos para su opera-
ción, con lo que se decretó su extinción. COMVERDAD, Informe final de actividades, 
Chilpancingo, Guerrero, Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero, 2014.
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161
Código Penal Federal (México, 
2001)
Artículo 215-A. Comete el delito de desaparición 
forzada de personas, el servidor público que, 
independientemente de que haya participado en la 
detención legal o ilegal de una o varias personas, 
propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento 
bajo cualquier forma de detención.
Ley General 
en Materia de 
Desaparición 
Forzada de 
Per sonas, 
Desa parición 
Cometida por 
Particulares 
y del Sistema 
Nacional de 
Búsqueda 
de Personas 
(México, 
2017)
Desaparición 
forzada
Artículo 27. Comete el delito de desaparición 
forzada de personas, el servidor público o el 
particular que, con la autorización, el apoyo o 
la aquiescencia de un servidor público, prive 
de la libertad en cualquier forma a una persona, 
seguida de la abstención o negativa a reconocer 
dicha privación de la libertad o a proporcionar la 
información sobre la misma o su suerte, destino 
o paradero.
Desaparición 
por 
particulares
Artículo 34. Incurre en el delito de desaparición 
cometida por particulares quien prive de la 
libertad a una persona con la finalidad de ocultar a 
la víctima o su suerte o paradero. A quien cometa 
este delito se le impondrá pena de 25 a 50 años de 
prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa.
Fuente: Elaboración propia con informaciones de: Declaración para la Protección de las 
Personas contra las Desapariciones Forzadas (1992); Convención Interamericana sobre 
Desaparición Forzada de Personas (1994); Código Penal Federal (México, 2001) y Ley 
General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por 
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (México, 2017).
Por ejemplo, el informe de la FEMOSPP estableció su universo de in-
vestigación a partir de las denuncias presentadas, con el objetivo de 
construir casos jurídicos que mostraran a la práctica de la desapari-
ción forzada dentro de la estrategia de genocidio. Al menos intentó 
probar jurídicamente, en este marco, categorías como exterminio, eli-
minación o campo de concentración que fueron traídas a cuenta de 
manera acrítica, tanto histórica como políticamente, pero sirvieron 
para alimentar el tipo ideal que se quiso presentar. 
En ese esquema, ¿quiénes son las víctimas de este fenómeno?, 
¿quién es el detenido-desaparecido? El informe estableció que las 
víctimas de detención-desaparición son aquellas que permanecen en 
calidad de desaparecidos, es decir, que una vez aprehendidas no se 
vuelve a saber nada de ellas. Ese es el fenómeno que estudió la 
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 Fiscalía: 787 casos divididos en tres categorías, acreditadas (436), con 
presunción fundada (207) y falta mayor información (145)17. No se 
consideró que dentro de la técnica de la desaparición existen variantes 
que afectan la cualidad del detenido-desaparecido: la presentación con 
vida del detenido, la aparición del cuerpo o la desaparición permanen-
te del dete nido. Si tomamos estas variantes, el universo de la investi-
gación se amplía, pero rompe el cuadro presentado por el tipo ideal. 
Entonces, se produce una distorsión entre el tipo jurídico-penal y la 
práctica realmente existente de la desaparición forzada, así como los 
sujetos que produce.
El informe de la FEMOSPP pretendió ser un «informe histórico» 
y junto con los otros, ha contribuido a que el concepto jurídico de la 
desaparición forzada se extienda a otros campos, tomándolo como tipo 
ideal. Este uso del concepto hace manifiestas tensiones en los trabajos 
que pretenden abordar el fenómeno desde las ciencias sociales, despla-
zando del análisis aquello que no coincida con el marco establecido; 
por ejemplo, considerar que la desaparición forzada solo se confirma 
en el momento de la eliminación del detenido18, desplazando política 
y jurídicamente a otros sujetos producidos por la detención-desa-
parición: los sobrevivientes o los aparecidos (los cuerpos que fueron 
encontrados). ¿Qué pasa con aquellos que sobrevivieron a la desapa-
rición, que no fueron eliminados? En el análisis basado en el tipo ideal, 
los sobrevivientes no pueden ser considerados como víctimas de 
desa pa rición. Otra distorsión causada por la colonizacióndel tipo 
jurídico-penal es pensar el diseño de la técnica como inmediatamente 
asimilable a categorías como «exterminio» o «campo de concentra-
ción» haciendo abstracción de las condiciones y proceso histórico de 
la propia implementación de la desaparición forzada19.
17 FEMOSPP, op. cit., pp. 516-550.
18 Roberto González Villarreal, Historia de la desaparición. Nacimiento de 
una técnica represiva, México, Terracota, 2012 y Gladys I. McCormick, «Tortu-
re and the Making of a Subversive during Mexico’s Dirty War», in México Be-
yond 1968: Revolutionaries, Radicals, and Repression During the Global Sixties and 
Subversive Seventies, Arizona, University of Arizona Press, 2018, pp. 254-272. 
19 Rodolfo Gamiño, «Fuerzas armadas, contrainsurgencia y desaparición 
forzada en Guerrero en la década de los sesenta y setenta», Letras Históricas, 
México, núm. 17, 2017, pp. 185-207.
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Por otra parte, el tipo ideal de la desaparición forzada fijado en el 
ámbito jurídico-penal, así como subsume pasados «que no la cono-
cieron» y desplaza procesos históricos que no coinciden con su uso 
específico, es forzado a dar cuenta de presentes que ya no alcanza a 
aprehender bajo su sombra, como los nuevos tipos de desaparición en 
México. Carolina Robledo muestra las dificultades del uso del con-
cepto de la desaparición forzada tal como fue «heredado de la guerra 
sucia» para comprender los nuevos tipos de desapariciones: 
Las condiciones establecidas por la tipificación del delito de desapa-
rición forzada, relacionadas con el sujeto perpetrador y los elemen-
tos de contexto, promueven límites muy claros de acceso a la justicia 
internacional para las víctimas. Este establecimiento de barreras 
ha sido disputado por los familiares, quienes sufren las consecuen-
cias dramáticas de la desaparición independientemente de los per-
petradores y de las condiciones en que el mismo se presenta (la no 
existencia de un conflicto interno declarado, por ejemplo)20. 
Hemos señalado que hacia finales de la década de 1970 comenzó una 
transición de la técnica de desaparición forzada que implicó su uso 
más allá de su configuración como forma represiva. Esta transición 
ocurre en los albores del programa neoliberal, que «fue más que una 
respuesta económica a la crisis de la década de 1970 o una reestruc-
turación del Estado: implicó la reconfiguración de lo político, de las 
formas de organización, representación y reproducción de la vida en 
sociedad»21. Es decir, las formas de gubernamentalidad se han trans-
formado, y con ellas el ejercicio de las violencias de Estado22. En el 
desarrollo del programa neoliberal se produjo un entendido erróneo: 
20 Carolina Robledo Silvestre, «Genealogía e historia no resuelta de la desapa-
rición forzada en México», Íconos. Revista de Ciencias Sociales, núm. 55, 2016, p. 106.
21 Israel Solares y Camilo Vicente Ovalle, «Nuestra catástrofe presente», Hori-
zontal, 12 de septiembre de 2017, [https://horizontal.mx/nuestra-catastrofe-
presente/].
22 Pilar Calveiro, Violencias de Estado: la guerra antiterrorista y la guerra con-
tra el crimen organizado como medios de control global, Buenos Aires, Siglo XXI, 
2012 y «Policies of Fear and Local Resistances», Athenea Digital. Revista de 
Pensamiento e Investigación Social, vol. 15, núm. 4, 2015, pp. 35-59. 
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que el Estado estaba destinado a ser mínimo, sin embargo, el papel 
asignado a este en el proyecto neoliberal fue el de ser el principal agen-
te para crear las condiciones para la administración económica de la 
vida política y social como nueva gubernamentalidad: las formas en 
que en el presente se despliega la violencia, incluso aquellas en las que 
el Estado aparentemente está ausente, encuentran su explicación en 
esa nueva concepción. En estas formas encontramos nuevas tensiones 
y distorsiones, que van forzado al concepto de desaparición forzada. 
El tipo ideal de la desaparición forzada solo configura su existencia 
en cuanto se confirma la participación del Estado como agente perpe-
trador y, por implicación, puede suponerse una motivación política; 
bajo estas condiciones se afirma jurídica y penalmente la desaparición 
forzada. Sin embargo, si admitimos los cambios en la estructura de la 
gubernamentalidad, habrá que comprender que la desaparición de 
personas, en tanto técnica de violencia, también fue afectada por es-
tas transformaciones. Carolina Robledo apunta en este sentido: «Si 
tuviéramos que señalar un elemento común en esta serie de hechos 
vinculados con la desaparición de personas, sería el tránsito de un 
móvil meramente político a un tipo económico, territorial y táctico, 
que coincide con un modelo neoliberal intensificado en las últimas 
décadas»23. 
Tomemos los dos elementos centrales que conforman la definición 
de desaparición forzada en su forma clásica (el tipo ideal): el agente 
perpetrador y la motivación. Como lo señala Carolina Robledo, bajo 
la actual gubernamentalidad se habría desplazado como único o prin-
cipal motivo el político, contrario a lo que ocurrió durante el periodo 
contrainsurgente, usando como criterio de atribución la militancia de 
la persona desaparecida. En ausencia del criterio de militancia, se en-
tiende que no estamos ante una desaparición de tipo político, que es 
el argumento usado para designar ahora a «los otros desaparecidos». 
Sin embargo, la historia de la desaparición cuestiona esta forma de 
atribución. La militancia no fue el único criterio para la implementa-
ción de la desaparición con motivos políticos, sino la lógica de violencia 
en la que esta se inscribió: la contrainsurgencia. Como puede obser-
varse, entre 1968 y 1988 un número importante de personas sin 
23 Carolina Robledo Silvestre, op. cit., p. 103.
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militancia reconocida fueron detenidas-desaparecidas (Gráfica 1). No 
obstante la ausencia de militancia es reconocida la motivación polí-
tica y, por lo tanto, su amparo bajo el tipo jurídico penal clásico de la 
desa parición forzada. Entonces, la condición política de la desapari-
ción no está dada por la militancia de la persona, sino por la dinámica 
de violencia a la que responde.
Gráfica 1. Detenciones-desapariciones permanentes en México 
por condición de militancia (1968-1988)
Fuente: Elaboración propia con datos del Informe de la FEMOSPP, 2006.
El otro elemento central es el agente perpetrador. En este punto, las 
formas actuales de la desaparición cuestionan la configuración del 
tipo ideal no solo por la pluralidad de perpetradores, sino porque 
tampoco puede ser o no atribuida la cualidad política de la desapari-
ción meramente por el agente que la realice.
De las 40 mil desapariciones registradas hasta el momento en 
México, no es posible señalar el número en las que agentes del Estado 
han participado como perpetradores: esta debilidad de los registros ha 
sido cuestionada de manera reciente por organizaciones civiles e inves-
tigadores, pues contribuye a un subregistro de casos de desa parición 
forzada y a la impunidad de los funcionarios24. Pese a este subregistro, 
24 Alejandro Anaya-Muñoz & Barbara Frey (eds.), Mexico’s Human Rights 
Crisis, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2019; Laura Atuesta y 
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informes recientes llaman la atención sobre la participación de fun-
cionarios públicos, de distintos órdenes de gobierno, en las desa-
pariciones. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o 
Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) seña-
ló que «no todas las personas desaparecidas habrían sido secuestradas 
por grupos del crimen organizado actuando de forma independiente; por 
el contrario, la participación del Estado en las desapariciones forza-
dastambién está presente en el país»25. Por su parte, el Observatorio 
sobre Desaparición e Impunidad, de la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales-México (FLACSO), destacó que de las desaparicio-
nes ocurridas en el estado de Nuevo León, 48% de los casos fueron 
perpetradas por agentes estatales26. Ahora bien, aun teniendo eviden-
cia de la participación del Estado, no es posible derivar la intencio-
nalidad política en todos los casos, como lo muestran las crónicas de 
la segunda «guerra contra el narco»27. Por otro lado, el análisis de casos 
de desaparición nos muestra que así como la presencia del Estado 
Alejandro Madrazo Lajous (eds.), Las violencias: En busca de la política pública 
detrás de la guerra contra las drogas, México, Centro de Investigación y Docen-
cia Económicas, 2018; Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray 
Juan de Larios, Diagnóstico del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas 
o Desaparecidas (RNPED), Saltillo, 2017; Observatorio Nacional Ciudadano de 
Seguridad, Justicia y Legalidad, El registro estadístico de la desaparición: ¿delito 
o circunstancia?, México, 2017, [https://onc.org.mx/uploads/fasciculo-desapari-
ciones_digital.pdf], y Camilo Vicente Ovalle y Carlos Dorantes, «Registro y 
administración de la violencia: usos de la desaparición de personas en Méxi-
co», Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 2018, [https://journals.openedition.org/
nuevomundo/72697].
25 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos-México, 
Informe de Misión a México del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones For-
zadas o Involuntaria, México, 2013, p. 20, [https://hchr.org.mx/publicaciones/
informe-de-mision-a-mexico-grupo-de-trabajo-de-la-onu-sobre-las-desapari-
ciones-forzadas-o-involuntarias-2012/].
26 FLACSO México, Informe sobre Desapariciones en el Estado de Nuevo León 
con Información de Cadhac, México, 2017, p. 16, [https://www.flacso.edu.mx/
sites/default/files/observatorio_-_informe_nuevo_leon.pdf].
27 Ana Lilia Pérez, Verdugos. Asesinatos brutales y otras historias secretas de mili-
tares, México, Grijalbo, 2016; Marcela Turati, Fuego cruzado: las víctimas atrapadas 
en la guerra del narco, México, Grijalbo, 2011 y Javier Valdez Cárdenas, Levan-
tones. Historias reales de desaparecidos y víctimas del narco, México, Aguilar, 2012.
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como agente perpetrador no es suficiente para señalarla como una 
desaparición de tipo político, el caso de las desapariciones de perio-
distas o de defensores de derechos humanos por particulares (crimen 
organizado) expone la hipótesis contraria: las desapariciones cometi-
das por particulares podrían estar siendo implementadas por motivos 
políticos –por ejemplo, impedir que un periodista siga denunciado la 
vinculación del crimen organizado con distintos niveles del Estado–, 
por lo que podrían ser consideradas como desapariciones forzadas.
Nos encontramos ante un nuevo ciclo en el que la violencia de 
Estado sigue siendo central, pero ya no como principal ejecutor, sino 
como parte de un espacio donde se gesta una nueva estructura de 
gubernamentalidad, con su lógica de violencia específica y con nue-
vas formas de la desaparición, que exigen repensar el concepto de 
desaparición forzada. Finalmente, es fundamental establecer algunas 
coordenadas que no pretendan representar figuras jurídicas-pena-
les (tipos ideales), sino que describan y presenten las complejidades 
de un fenómeno tal como se expresa históricamente y se despliegue 
en el presente (Esquema 1), para que a partir de ello se establezcan 
ciertas condiciones para la rearticulación histórica del concepto de 
desaparición forzada. En un esquema tentativo se pueden articular 
los distintos actores y motivaciones en que estarían representadas 
las nuevas formas de desaparición –por ejemplo, aquellos en los que 
agentes del Estado son perpetradores, pero su fin es meramente eco-
nómico, como la colaboración en trata, o el trabajo forzado–, o aque-
llas en las que son particulares que persiguen un fin político, en un 
contexto de alta conflictividad, pero no de guerra. Este esquema ya 
permite observar las distintas experiencias que el tipo ideal de des-
aparición forzada desplaza o que ya no alcanza a integrar, generan-
do distorsiones en las formas de comprensión del fenómeno, por lo 
que una tarea que se pone de manifiesto es la redefinición concep-
tual de la desaparición. 
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Esquema 1. Cuadrantes de la desaparición
Fuente: Elaboración propia.
III. LOS NOMBRES DE LA VIOLENCIA
El mismo concepto de «desaparición», más allá de su definición 
normativa, en su cualidad metafórica encierra ya los elementos que le 
dan su particularidad frente a otras expresiones de la violencia. 
La desaparición es un acto que pretende negarse a sí mismo: no hay 
evidencias, no hay presos, no hay marcas corporales, no hay cuerpos; 
los perpetradores niegan vehementemente el acto, no hay consecuen-
cias, es el acto perfecto. «Residuo», «rastro», «ausencia» y «vacío», 
más allá de ser la significación simbólica de la desaparición, se con-
vierten en índice de la lógica y naturaleza de la violencia desplegada. 
En el no-cuerpo, en el no-nombre y en el no-tiempo del desaparecido, 
en su negatividad absoluta que impide que exista como una entidad 
positiva (jurídica, política o social), queda el rastro de una estrategia 
que ha pretendido la destrucción y reconfiguración de articulacio-
nes sociales para el control y disciplinamiento.
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La violencia de Estado tiende a esconder sus propios medios, ge-
nera un discurso que «oscurece su naturaleza»28, es una violencia que no 
quiere decir su propio nombre. Por ello, nombrarla significa deter-
minarla, que es un primer momento para su identificación y para la 
comprensión de su naturaleza y lógica, de su estructura y temporali-
dades que, eventualmente, hace posible la desestructuración y desar-
ticulación de sus circuitos. No es, en este sentido, un debate peregrino 
tratar de esclarecer los nombres de la violencia y la identificación de 
sus lógicas y la naturaleza del conflicto en la que se despliega. 
No diferenciar históricamente nos pone frente al problema de 
no identificar las lógicas de violencia y no determinar sus expresio-
nes, hasta el grado de pensar la historia reciente de México, los últi-
mos 50 años, como un «estado de guerra» permanente29, y que a las 
distintas formas de violencia sobre las cuales aún no ha queda claro el 
elemento que les es común y que permitiría presentar abstracciones, 
queden atrapadas bajo el sustantivo de «guerra», adjetivado de dis-
tintas formas: contra el narco, asimétrica, difusa, contra los pueblos. 
Y bajo esa categorización, han quedado subsumidas y sometidas a una 
equivalencia que, al menos hasta el momento, se presenta como arti-
ficial y sin cualidad explicativa consistente, diferentes experiencias de 
la violencia como se despliega en el presente: Tlatlaya, Iguala, Villas 
de Salvárcar, Ostula, Cherán, San Fernando… se explican corriente-
mente bajo la categoría de «guerra».
La identificación de las lógicas de la violencia, a través de análi-
sis empíricos, teóricos e históricos, permite construir marcos com-
prensivos sobre las formas en que se despliegan, así como sus técnicas 
específicas30, como la desaparición de personas. Algunos estudios 
recientes muestran la utilidad de ese tipo de análisis para la explica-
ción de los usos de la desaparición y la construcción de mecanismos 
de justicia transicional. Por ejemplo, Tania Ocampo hace un análisis 
28 Carlos Montemayor, La guerrilla recurrente, México, Debate, 2007.
29 Carlos Illades y Teresa Santiago, «La guerra interna», en Juan Ortiz 
Escamilla (ed.), Guerra, México, Secretaría de Cultura, 2018, pp. 237-259. 
30 Eduardo González Calleja, Asalto al poder: La violenciapolítica organi-
zada y las ciencias sociales, Madrid, Siglo XXI, 2017 y Stathis N. Kalyvas, The 
Logic of Violence in Civil War, Cambridge, Cambridge University Press, 2006.
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sobre la desa parición de infantes en El Salvador, expone cómo los con-
textos de implementación de la desaparición (un gobierno represivo, 
la guerra y campañas militares) definieron las «rutas de la desapari-
ción» de infantes31. Por su parte, Iosif Kovras, en un análisis más amplio 
a través de los casos de Chile, Chipre, Líbano y Sudáfrica, identifica la 
forma en que la naturaleza de los conflictos es una determinante para 
los procesos de justicia transicional y la recuperación de la verdad en 
materia de desaparición de personas32. 
La falta de identificación de la lógica y naturaleza de la violencia 
ha sido uno de los problemas principales en los estudios sobre la vio-
lencia y desaparición en México que han llevado a conclusiones ries-
gosas en algunos casos actuales, como la tesis que sostiene que la 
desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa corresponde a una 
violencia distinta a la que ha causado a «los otros desaparecidos». Si 
observamos algunos elementos de las dinámicas en que se ha desple-
gado la violencia en la región de Guerrero donde fueron desapareci-
dos los normalistas, probablemente encontremos que se trata de una 
misma lógica de violencia. Por lo pronto, se podría señalar solo un 
dato: en la región Iguala-Cocula-Huitzuco, mucho antes del caso de 
los normalistas, la desaparición de personas a manos de las policías y 
de los grupos criminales era ya una práctica sistemática. De acuerdo 
con el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, en 
esa zona se tienen registradas 229 personas desaparecidas entre 2007 
y agosto de 201433. Es decir, en esa lógica ya instalada, y no en una 
excepcionalidad, se encuentra parte de la explicación. El caso Ayotzi-
napa nos brinda oportunidad de señalar dos problemas centrales en el 
análisis de las violencias en México, especialmente en la desaparición 
de personas: la abstracción de las técnicas de violencia y la superpo-
sición de lógicas de violencia, sin determinarlas.
31 Tania Ocampo Saravia, Voces sobre la desaparición forzada de infantes du-
rante la guerra en El Salvador, México, Bonilla Artigas Editores, 2018.
32 Iosif Kovras, Grassroots Activism and the Evolution of Transitional Justice, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2017. 
33 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Re-
gistro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, 2018, [http://
www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/registro-nacional-de-datos-de-
personas-extraviadas-o-desaparecidas-rnped].
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Como señalamos, uno de los discursos que acompañó la desaparición 
de los normalistas fue que era una continuación de la «guerra sucia»34. 
Y esta aseveración no resulta extraña, pues esta categoría, que más allá de 
su uso con fines periodísticos no aporta claridad empírica ni conceptual al 
ciclo de violencia, hace una abstracción de las técnicas de violencia sepa-
rándolas de sus lógicas, las presenta como una explicación de sí mismas. 
«Guerra sucia» es una categoría que se vincula única y exclusiva mente al 
uso de ciertas técnicas ilegales para el combate de lo que se define como 
enemigo. Entonces, la presencia de técnicas ilegales comprueba la exis-
tencia de la «guerra sucia», pero solo se le asocia con ciertas prácticas (la 
desaparición forzada, por ejemplo), sin explicar la exclusión de otras, 
como el uso de la tortura o las ejecuciones extrajudiciales. 
Por otra parte, en tanto se asocia a la presencia de las técnicas, se 
deja de lado el proceso de adaptación, aprendizaje y radicalización de 
las políticas y estrategias policiales-militares que se usaron en el com-
bate a las disidencias políticas entre las décadas de 1960 y 198035; tam-
bién se omiten los cambios en las lógicas de violencia y en las técnicas 
34 Sobre el origen, transferencias y algunos usos del término «guerra su-
cia» véase Marie-Monique Robin, Escuadrones de la muerte, la escuela francesa, 
Buenos Aires, Sudamericana, 2005, pp. 65-84.
35 El hecho comúnmente usado por varios historiadores y periodistas 
como criterio para datar el inicio de la «guerra sucia» es la detención-desa-
parición de Epifanio Avilés Rojas, militante de la Asociación Cívica Nacio-
nal Revolucionaria (ACNR), el 19 de mayo de 1969. Se toma esta desaparición 
porque se considera que fue la primera que configura el tipo ideal jurídico. 
Alexander Aviña, Specters of Revolution: Peasant guerrillas in the Cold War Mexi-
can countryside, Oxford, Oxford University Press, 2014; Laura Castellanos, Mé-
xico armado, 1943-1981, México, Era, 2007; Adela Cedillo, El fuego y el silencio. 
Historia de las FLN, México, Comité 68 Pro Libertades Democráticas, 2008 y 
Roberto González Villarreal, op. cit. Sin embargo, ninguno quienes sostienen 
este criterio ha brindado una explicación consistente para tomar esta desapa-
rición como el inicio para la «guerra sucia», más allá de considerarla como 
evidencia de la primera detención-desaparición y, por tanto, la primera vez 
que, pretendidamente, se usó esta técnica ilegal. La FEMOSPP registró una de-
tención-desaparición en mayo de 1968 y la catalogó como un caso «plena-
mente acreditado»; desaparición que se dio en el marco de la persecución a 
Genaro Vázquez después de su liberación. Por lo que también podría tomarse 
como un caso de desaparición de la «guerra sucia» y ser considerada como el 
inicio de la práctica. Así podríamos seguir rastreando casos hacia atrás.
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mismas, generando la ilusión de no diferencia, ni de grado ni cualita-
tiva, entre los distintos momentos y estrategias (operaciones, técnicas, 
discursos) de la violencia. Por ello, una desaparición forzada ocurrida 
en 1969 sería idéntica, en su operación y sentido, a otra en 2014.
Bajo el término «guerra sucia» quedan indiferenciadas, no obser-
vables, tanto las prácticas de terror de Estado como otras violencias es-
tatales y conflictos políticos de distinto orden y grado; también oculta 
el uso de instrumentos legales para el combate a la disidencia, las de-
finiciones de delincuencia y delitos nuevos. Esta categoría en realidad 
no da cuenta de la lógica de violencia en la que encuentran sentido las 
prácticas y la forma que asumieron las técnicas en un momento históri-
co; de ahí que su uso para explicar violencias presentes sea igual de ino-
perante36. Que una misma técnica aparezca persistentemente a lo largo 
de varias décadas, no significa que estemos ante el mismo fenómeno.
36 Para el caso del periodo que va de 1965 a 1985, usualmente definido 
como «guerra sucia», si se analizan los cambios operados por el Estado mexi-
cano en términos políticos y policiaco-militares, es posible caracterizar a las 
violencias desplegadas dentro de una lógica de contrainsurgencia para la com-
prensión del proceso particular del combate a las disidencias políticas. Por con-
trainsurgencia se entiende al conjunto de políticas, programas y acciones, 
coordinadas en una estrategia centralizada que busca impedir, minar o derro-
tar a la insurgencia social, o lo que desde el Estado se comprende como insur-
gencia: una serie de movimientos y organizaciones que buscan transformar el 
régimen político. Aunque desde 1965 ya comienza el proceso de implantación 
del pensamiento contrainsurgente, fue hasta 1968-1969 cuando el Estado mexi-
cano da el giro contrainsurgente de manera definitiva. Camilo Vicente Ovalle, 
«Verdad de Estado y discursos de la contrainsurgencia», Contemporánea, Méxi-
co, INAH, vol. 4, núm. 8, 2017, pp. 28-45. En esa lógica encuentran su sentido 
las diversas técnicas de violencia desplegadas por el Estado mexicano.La con-
trainsurgencia no solo se constriñe a acciones de tipo policiaco-militar, abiertas 
o encubiertas: incluye aspectos legales e ilegales, políticos, económicos, discur-
sivos, dirigidos desde el Estado con el fin de mantener una sociedad ordenada. 
Eduardo González Calleja, op. cit.; Michael T. Klare y Peter Kornbluh (eds.), 
Contrainsurgencia, proinsurgencia y antiterrorismo en los 80: el arte de la guerra de 
baja intensidad, México, Grijalbo, 1990; Christopher Paul, Colin Clarke, Beth 
Grill & Molly Dunigan, Paths to Victory: Lessons from Modern Insurgencies, San-
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Nacional para la Cultura y las Artes, 1990.
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Esto nos pone ante un segundo problema: la superposición o arti-
culación de violencias no significa que sean continuaciones de lo mis-
mo. Históricamente, esto puede observarse con claridad hacia finales 
de la década de 1970, cuando tiene lugar la transición en los usos de 
la desaparición forzada, y que en gran medida se explica por la arti-
culación entre dos lógicas de violencia distintas: la contrainsurgen-
cia y la primera «guerra contra el narco». Se trata de dos estrategias 
de Estado, diferenciadas en su origen y propósito, que coinciden y 
muestran sus afinidades. 
El estado de Sinaloa, hacia finales de la década de 1970, resulta 
un punto relevante en esa intersección por la dinámica de conflicto 
político, el desarrollo de los grupos de narcotraficantes y la es-
trategia usada allí por el Estado mexicano, así como las formas de vio-
lencia política y social desplegadas en ese periodo. La generalización 
de la violencia de Estado era ya una tendencia, desde 1975, de la pro-
pia estrategia contrainsurgente: retenes policiaco-militares para el 
control de la población; operaciones rastreo para la ubicación de mi-
litantes y células guerrilleras que implicaron allanamientos y deten-
ciones ilegales; disciplinamiento social a través de la presencia militar 
cotidiana. Sin embargo, la implementación de la Operación Cóndor 
en 1977, para el combate al narcotráfico, ofreció nuevas condiciones 
materiales e institucionales no solo para el ataque a la guerrilla, sino 
para la generalización de las tácticas contrainsurgentes sobre el con-
junto de la población. Esta intersección entre la contrainsurgencia y 
los comienzos de la guerra contra el narcotráfico provocó transforma-
ciones en las estructuras de lo político y la economía, se potenció a los 
nacientes carteles y se puso en marcha una nueva forma de guberna-
mentalidad a partir de la nueva violencia desplegada. Las detenciones 
arbitrarias, la desaparición forzada y el uso de la tortura, por parte de 
la policía municipal y judicial, se generalizaron y comenzaron a si-
tuarse más allá del eje ideológico, y de su contexto operativo dentro 
de la contrainsurgencia. 
De esta manera, la persistencia de las técnicas de violencia no se 
traduce, necesariamente, en una continuidad entre lógicas. Es decir, 
que la desaparición en cuanto técnica siga siendo implementada en 
el presente no significa que la segunda «guerra contra el narco» sea 
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la continuidad de la contrainsurgencia de la década de 1970, aunque 
pueda contener usos contrainsurgentes37.
Los usos de la desaparición son un indicador importante en los 
cambios de las lógicas de violencia, al tiempo que es un elemento 
para poder determinarlas. Durante la contrainsurgencia el uso de 
la desaparición tuvo como objetivo la desarticulación de la disiden-
cia política y el control social; en la lógica de violencia presente, las 
formas de la desaparición incluyen componentes de la apropiación 
del cuerpo tanto como mercancía (los casos de trata, de venta de 
órganos), como mecanismo para la extracción de ganancia a través 
de la explotación de trabajo esclavo (los casos de trabajo forzado), 
como lo han documentado ampliamente recientes investigaciones 
periodísticas38. 
IV. LOS RITMOS
Como señalé, el análisis histórico de la violencia exige no solo su ca-
racterización lógica o las formas en las que se despliega, también exige 
37 Esto se puede observar también en el desarrollo de la segunda guerra con-
tra el narco, cuyo inicio formal fue en 2006, año de la «Operación Michoacán», 
implementada en los primeros meses del gobierno de Felipe Calderón. Aunque 
no fue diseñada como una estrategia contrainsurgente, el desligue de violencia 
que acompañó la nueva guerra contra el narco, con el desarrollo de operacio-
nes policiaco-militares como el «Operativo Conjunto Chihuahua» en 2008, que 
implicó el despliegue de poco más de cinco mil efectivos del ejército, también 
sirvió para el control y disciplinamiento social. Particularmente, en un ciclo 
de movilizaciones políticas y sociales que van desde el levantamiento zapa-
tista en 1994 hasta la insurrección oaxaqueña en 2006, pasando por la huelga 
de la UNAM de 1999 y la crisis política-electoral de 2006, plantearon algunos 
retos al despliegue neoliberal.
38 Arturo de Dios Palma, «Pobladores denuncian que “Los Ardillos” los 
obligan a sembrar amapola en Guerrero», El Universal, 21 de enero de 2019, 
[https://www.eluniversal.com.mx/estados/pobladores-denuncian-que-los-
ardillos-los-obligan-sembrar-amapola-en-guerrero] y Alejandra Guillén y 
Diego Petersen, «El regreso del infierno: los desaparecidos que están vivos», 
Quinto Elemento, 4 de febrero de 2019, [https://quintoelab.org/project/
regresodelinfierno].
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explicitar los momentos en que lo hace, entender la implementación, 
en una temporalidad definida, de una técnica por encima de otra. Las 
variaciones en la intensidad o extensión del uso de una técnica de vio-
lencia implican cambios profundos en el sentido de la lógica de violen-
cia en la que se encuentre inscrita. No han sido pocos los autores que 
han llamado la atención sobre la importancia del proceso, la tempo-
ralidad y los ritmos en que se presentan los fenómenos sociales, en la 
construcción de explicaciones o teorías de mediano alcance39. Pero 
usualmente, cuándo y cómo pasan las cosas no siempre tienen pree-
minencia en los análisis sobre la violencia.
En el informe de la FEMOSPP, la implementación de la desapari-
ción forzada entre 1968 y 1988 no afecta la explicación sobre la lógica 
de violencia desplegada, y su significación es exactamente la misma y 
tiene el mismo resultado siempre. Pero, ¿históricamente se sostiene 
esto? En la siguiente gráfica, que presenta el número de detenciones- 
desapariciones agrupadas por año, se puede observar de manera clara 
el pico del fenómeno, entre 1974 y 1978; antes y después de esos años 
parecería que estamos ante un fenómeno menor y aislado.
Pero también podríamos preguntarnos si estamos ante un fenóme-
no que se mantenga igual a sí mismo en el tiempo: ¿qué pasó antes y 
después del momento en que el fenómeno alcanzó su pico?, ¿por qué 
entre 1974 y 1978 se incrementaron las detenciones-desapariciones?, 
¿es posible caracterizar de la misma manera las detenciones-desapa-
riciones a lo largo del periodo establecido?
El grado de refinamiento y de capacidad operativa que alcanzó el 
Estado mexicano fue muy superior al que se le ha supuesto. Uno de 
los rasgos de tal efectividad y eficacia, y al mismo tiempo de la com-
plejidad de los fenómenos represivos en las décadas de 1970 y 1980, 
radica en la diferenciación de su estrategia: no obstante la centraliza-
ción de la desaparición forzada, los ritmos que tomó el conjunto de 
39 Paloma Aguilar & Iosif Kovras, «Explaining Disappearances as a Tool 
of Political Terror», International Political Science Review, vol. 40, num. 3, 2018, 
pp.437-452; Paul Pierson, Politics in Time: History, Institutions, and Social 
Analysis, Princeton, Princeton University Press, 2004; James Ron, «Varying 
Methods of State Violence», International Organization, vol. 51, num. 2, 1997, 
pp. 275-300 y Charles Tilly, Big Structures, Large Processes, Huge Comparisons, 
New York, Russell Sage Foundation, 1984.
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la estrategia represiva (de la negociación, pasando por la contención 
y hasta la eliminación), esta tuvo despliegues temporales y espaciales 
diferenciados (Mapa 1). Esto dio por resultado la implantación de la 
contrainsurgencia, como lógica de violencia, de manera general, pero 
no homogénea: no se aplicó con el mismo objetivo durante todo el 
periodo contrainsurgente, ni fue idéntica en todos los lugares, y tam-
poco se usó de la misma forma contra toda la disidencia. 
Gráfica 2. Detenciones-desapariciones permanentes en México, 
1968-1988
Fuente: Elaboración propia con datos del Informe de la FEMOSPP, 2006.
Durante el periodo contrainsurgente la desaparición forzada no siem-
pre se usó como una técnica de eliminación: en los primeros años, la 
mayor parte de quienes fueron víctimas de este dispositivo represivo 
fue puesta en libertad o en cárcel política. Es posible que por ello el 
número de detenidos-desaparecidos permanentes entre los años de 
1968 a 1973 sea significativamente menor. 
Su expresión espacial también fue diferenciada. Por ejemplo, para 
el caso de Oaxaca, en el año de 1975 se puso en marcha la eliminación 
de los comandos urbano y rural de la Liga Comunista 23 de Septiembre 
(LC23S). Mientras tanto, en ese mismo año en Sinaloa la dinámica 
interna parece contraria: a diferencia de lo operado en Oaxaca, sus 
principales líderes y decenas de militantes no fueron desaparecidos 
permanentemente, fueron puestos en prisión política. Para 1975, 
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comenzó un proceso de distención política, aplicando una amnistía 
de facto: entre 1975 y 1976 fueron puestos en libertad todos los mili-
tantes de la LC23S que se encontraban presos en las cárceles estatales. 
Finalmente, la desaparición forzada, en su variante que concluyó 
con la eliminación física del «enemigo», no estuvo dirigida al con-
junto de las organizaciones guerrilleras, sino contra algunas de ellas. 
El caso de Oaxaca es significativo, mientras que a los militantes de la 
LC23S, tanto su comando urbano como su brigada rural, fueron ob-
jeto de desapariciones definitivas, los militantes de la Unión del Pue-
blo fueron sometidos a prisión política.
Mapa 1. Detenciones-desapariciones permanentes en México, 
1968-1985
Fuente: Elaboración propia con datos del Informe de la FEMOSPP, 2006.
El análisis de los despliegues temporales y espaciales no solo permite 
tener un panorama más amplio de las lógicas de violencia, sino que 
pone el ejercicio comparativo en primer plano. Los ritmos nos obligan 
a observar de manera comparativa, y nos evitan el riesgo de caer en la 
producción de excepcionalidades ahistóricas. En los estudios históri-
cos, y en general de las ciencias sociales, la comparación tiene una re-
levancia epistemológica, pues nos permite probar hipótesis, construir 
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o descartar explicaciones alternativas y contar con descripciones no 
solo más profundas, sino más amplias. 
En los años recientes, el descubrimiento masivo de fosas clandes-
tinas a lo largo de territorio mexicano ha sido un elemento esencial 
para la comprensión de la desaparición y la lógica de violencia. En 
primer lugar, un cambio en las prácticas de violencia: de la exposición 
de los cuerpos (desmembrados, colgados) a su desaparición. El uso de 
técnicas como el incineramiento o la disolución de cuerpos en ácido, 
por casi todos los grupos de crimen organizado, nos pone ante una 
estrategia generalizada que podría responder a un factor común que 
habrá que explicar. Sobre el caso de «El Pozolero», personaje dedi-
cado a la eliminación de cuerpos, Marcela Turati cuenta: 
Descubrí después que Meza López [Santiago Meza López, «El Po-
zolero»] no era único en su tipo y que cada célula de cada cartel tiene 
su propio «cocinero con su propia receta»: que el método de calci-
nación, disolución, incineración o cocción varía por región, se per-
fecciona con distintos químicos, se sigue extendiendo. Y que siem-
pre, dentro de la trama de muerte, aparece algún policía o político40. 
En segundo lugar, los despliegues espaciales de la desaparición, en los 
últimos 10 años, también nos pueden dar elementos sobre las carac-
terísticas de la violencia; por ejemplo, el establecimiento de corredo-
res asociados al tráfico de personas, al uso de trabajo forzado y zonas 
de exterminio (Mapa 2). El mapa de fosas, recientemente publicado 
por un grupo de periodistas, es indicativo del ritmo y espacios en que 
puede estar desplegándose ahora la violencia: 
El fenómeno creció a niveles de catástrofe si se toma en cuenta que el 
año 2006 fueron descubiertas sólo 2 fosas, y que en los años siguien-
tes subió a varios cientos el número de ellas. En 2007 el número de 
escondites de cuerpos descubiertos bajo tierra trepó a diez, extendi-
dos en cinco estados. En 2010 la cifra anual ya era de 105 fosas, en 
40 Marcela Turati, «Ensayo sobre el uso de ácido», A dónde van los desa-
parecidos, 12 de noviembre de 2018, [https://adondevanlosdesaparecidos.
org/2018/11/12/ensayo-sobre-el-uso-de-acido/].
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14 entidades; en 2011 fue en 20 estados y saltó a 375, equivalente en 
promedio a una por día41. 
Los estados con mayor número de fosas clandestinas localizadas tam-
bién coinciden con aquellos con el mayor número de registros de per-
sonas desaparecidas.
Los cinco puntos concentradores de fosas son: Ciudad Juárez, así 
como los puertos o corredores cercanos al mar: Ahome, Sinaloa; 
San Fernando, Tamaulipas y los puertos de Acapulco y Veracruz. 
También es posible distinguir que en el noroeste y la parte norte del 
Golfo de México se ha extendido el uso de combustibles para inci-
nerar cadáveres hasta dejar fragmentos en lugares como Veracruz, 
Coahuila, Tamaulipas, Coahuila o Nuevo León42. 
Mapa 2. Desapariciones en México, 2007-2018
Fuente: Elaboración propia con datos del Registro Nacional de Datos de Personas 
Extraviadas o Desaparecidas. Corte al 30 de abril de 2018.
41 Marcela Turati, Alejandra Guillén y Mago Torres, «El país de las 2 
mil fosas», A dónde van los desaparecidos, 12 de noviembre de 2018, [https://
adondevanlosdesaparecidos.org/2018/11/12/2-mil-fosas-en-mexico/].
42 Idem.
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V. CONSIDERACIONES FINALES
Para una crítica de la violencia, como se impone en una situación 
de emergencia, es necesario exponer no solo sus articulaciones lógicas, 
también sus genealogías, sus procesos y expresiones históricas; porque 
no solo se busca la explicación de las características específicas de una 
u otra expresión de violencia, sino del momento en que aparecen, de 
las condiciones en las que se privilegia a una por sobre otra, y de los 
cambios, incluso, en su propia implementación.
Las formas de violencias, aun aquellas que aparecen como nove-
dosas, están tejidas por tramas con mucha densidad histórica. Por 
otra parte, particularmente las de Estado, no solo tienen continui-
dad en diferentes contextos de formas preexistentes con variacio-
nes de grado y estilo, sino que representan cambios cualitativos en 
las dinámicas y lógicas de poder. Por ello, la idea del retorno de lo 
mismo, de la continuidad de la «guerra sucia», no llega a puerto 
seguro, pues la estructura de gubernamentalidad ha cambiado sus-
tancialmente, en particular bajo el programa neoliberal, y por lo 
tanto su lógica de violencia.BIBLIOGRAFÍA
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