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POLÍTICA INTEGRAL 
DE CONVIVENCIA Y CIUDADANA SEGURIDAD 
PARA HONDURAS 2011 - 2022
P O R U N A H O N D U R A S C O N P A Z , C O N V I V E N C I A Y S E G U R I D A D C I U D A D A N A
POLÍTICA INTEGRAL 
DE CONVIVENCIA Y CIUDADANA SEGURIDAD 
PARA HONDURAS 2011 - 2022
P O R U N A H O N D U R A S C O N P A Z , C O N V I V E N C I A Y S E G U R I D A D C I U D A D A N A
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
Plantel Casamata, subida al Picacho, Tegucigalpa, MDC, Honduras
Teléfonos: (504) 22205547, (504) 22204553, Fax: (504) 22379070
Autoridades
Porfirio Lobo Sosa
Presidente de la República de Honduras
Oscar Arturo Álvarez Guerrero
Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad
Armando Calidonio Alvarado
José Roberto Romero Luna
Subsecretarios de Estado en el Despacho de Seguridad
Equipo Técnico 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
Coordinador Técnico 
Dr. Rafael Espinosa del Vallín
Asesor Seguridad Ciudadana PNUD - Honduras
Consultores Internacionales
Lic. Hugo Acero Velasco
Abog. Héctor Riveros
Secretaría de Seguridad
Abog. César Cáceres Cano
Director Proyecto PASS
Asesor Secretaría de Seguridad
Agradecimientos
La formulación de este documento ha sido realizada gracias al apoyo técnico y financiero del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo, con fondos del Boureau de Prevención de Crisis y Recuperación, bajo la responsabilidad del 
Proyecto de Prevención y Recuperación de Crisis, Conflictividad y Seguridad Ciudadana con Perspectiva de Equidad de 
Género. 
CONTENIDO
ÍNDICE
I. INTRODUCCIÓN
II. UNA VISIÓN INTEGRAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
III. LA SITUACIÓN DE INSEGURIDAD DE HONDURAS. INDICADORES 
MÁS RELEVANTES
IV. EL ESTADO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA 
EN HONDURAS
4.1 Marco normativo de la seguridad ciudadana
4.2 El gobierno de la seguridad ciudadana en Honduras
4.3 Sistema de prevención social de la violencia y el delito
4.4 Sistema policial y de investigación criminal
V. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN
5.1 La creación del sistema nacional de seguridad ciudadana, condición de 
éxito de un plan integral
5.2 Creación de un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. 
5.3 Fortalecimiento institucional de la Secretaria de seguridad
5.4 Reingeniería policial
5.5 El papel de los gobiernos locales en la seguridad. 
5.4.1 Elevar a la categoría de Dirección General a la Dirección 
Nacional de Investigación Criminal como dependencia directa de 
la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad
5.4.2 Elevar a la categoría de Dirección General a la actual Dirección 
Nacional de Asuntos Internos, como dependencia directa de la 
Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. 
5.4. 3 La revisión de los procedimientos policiales 
5.5.1 Programa Municipios Más Seguros.
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CONTENIDO
5.5.2 Intervención intersectorial en municipios de alta concentración 
de violencia y delincuencia (sitios críticos).
6.4.1 Fortalecimiento de Direcciones de Justicia Municipal, Unidades 
de Mediación y Conciliación. 
7.1.1 Nuevas estaciones y postas policiales.
7.1.2 Mejor movilidad.
7.1.3 Mejoramiento del sistema de comunicaciones.
7.1.4 El Policía, el mejor ciudadano
5.6 Participación de la ciudadanía y del sector privado en materia de 
convivencia y seguridad ciudadana.
VI. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN 
DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON ENFOQUE DE DD HH.
6.1 Programa de intervención familiar sistémica de poblaciones en riesgo.
6.2 Programa de construcción de ciudadanía.
6.3 Fortalecimiento de la capacidad del registro y control de armas
6.4 Difusión de los mecanismos alternativos de resolución Pacífica de 
conflictos.
6.5 Puesta en marcha de programas orientados a la reducción del tráfico, la 
comercialización y el consumo de drogas.
6.6 Atención a la accidentalidad vial.
6.7 Sistema de Información de Violencia y Delincuencia.
VII. FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD, 
JUSTICIA ALTERNATIVA Y CENTROS DE PRIVACIÓN DE LA 
LIBERTAD PARA ENFRENTAR LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA.
7.1 Diseño y ejecución de Plan maestro de equipamientos policiales
7.2 Plan de Modernización del sistema penitenciario.
7.3 El fortalecimiento de la investigación criminal e inteligencia
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I. INTRODUCCIÓN El Gobierno de Honduras tiene la firme decisión de enfrentar la inseguridad, que ha sido identificada como uno de los obstáculos para 
el desarrollo, para lo cual ha decidido adoptar una política integral de 
convivencia y seguridad ciudadana, la cual es el resultado de un 
trabajo coordinado por la Secretaría de Seguridad, que contó con el 
apoyo técnico y financiero del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo PNUD.
La política integral permite enmarcar las acciones del Estado dentro de 
un concepto más abarcativo del tradicionalmente usado, en forma tal 
que se combinen acciones dirigidas a enfrentar los factores asociados 
a los fenómenos de violencia y delincuencia para evitar que ocurran 
sus manifestaciones, con aquellas que tienen por objeto el 
fortalecimiento de la capacidad del Estado para controlar y sancionar 
conductas violatorias de la ley.
Esta Política Integral es un llamado a la acción. La solución al 
fenómeno de inseguridad que afecta a Honduras no da espera. ¡Por 
una Honduras más Segura con Paz y Convivencia!, es el reclamo 
generalizado de la ciudadanía que no quiere ver que se sigan 
perdiendo vidas humanas como consecuencia de fenómenos de 
POLÍTICA INTEGRAL 2011 - 2022DE CONVIVENCIA Y CIUDADANA PARA HONDURAS SEGURIDAD 
violencia y delincuencia cuyos factores generadores 
pueden ser controlados o reducidos con una acción 
colectiva en la que intervengan agencias estatales de 
todos los niveles de gobierno, organizaciones de la 
sociedad civil y agencias de cooperación internacional.
¡Por una Honduras más Segura con Paz y 
Convivencia!, es la decisión gubernamental para 
conseguir que todas las agencias estatales actúen en 
forma coordinada, con planes de corto y mediano plazo 
para reducir los índices de criminalidad en Honduras. 
La magnitud de la violencia exige programas de choque 
que produzcan resultados inmediatos.
Esta política es también la propuesta de un pacto por la 
seguridad mediante el cual se convoca al poder 
legislativo y al poder judicial para adoptar en forma 
conjunta las decisiones que resulten necesarias para 
que Honduras sea segura. La colaboración de los 
poderes, sin desmedro de su independencia, resulta 
esencial para lograr el éxito de la política dado que la 
prevención y el control de los fenómenos delictivos 
requieren modificaciones legales, así como la 
construcción de un sistema institucional de la seguridad 
y el fortalecimiento del poder judicial para asegurar la 
eficacia de la investigación criminal y la aplicación 
estricta de la ley.
La Política involucra también a los partidos políticos, a 
los gobernadores políticos y especialmente a los 
alcaldes, dado que el enfoque local de la seguridad es 
fundamental para la realización de un certero análisis 
de situación y para la identificación de los principales 
problemas a enfrentar en cada lugar, en consideración 
a las particularidades y dinámicas propias de las 
manifestaciones de la violencia y la delincuencia. 
Asimismo, los alcaldes tienen facultades con las que 
pueden intervenir en varios de los factores que inciden 
en la ocurrencia de hechos delictivos, por lo que en una 
visión integral del tema se convierten en protagonistas 
de la acción estatal. De otra parte, las autoridades 
locales tienen un contacto más directo con la 
comunidad por lo que se deben convertir en el eslabón 
principal para promover la organización social para la 
seguridad en el marco de esta política.
El pacto también convoca al sector empresarial privado 
dado que la ejecución de la política que se adopta 
requiere aumentar los recursos destinados al sector de 
seguridady justicia y ello nos exige identificar nuevas 
fuentes de financiación de los programas y proyectos a 
emprender y requerirán esfuerzos fiscales adicionales 
a los que deberán aportar quienes tienen capacidad 
para hacerlo.
Este pacto que se propone convoca a todas las 
ciudadanas y los ciudadanos de Honduras, no solo 
porque el conocimiento y la aceptación por parte de la 
ciudadanía de una política pública es condición de éxito 
de la misma, sino porque su participación activa para 
adelantar acciones preventivas y colaborar con las 
autoridades es requisito de eficacia de una política de 
seguridad y convivencia ciudadana. El cambio de 
comportamientos pretendido exige un fuerte vínculo del 
Plan con la gente.
Con la adopción de la presente Política se marca un hito 
en la manera de enfrentar los temas de seguridad en 
Honduras. Lo que se propone es un cambio radical en la 
concepción de la política pública de convivencia y 
seguridad ciudadana. La intervención integral no ha 
sido ejecutada en forma sistemática en nuestro país. La 
acción coordinada, complementaria y colaborativa de 
los distintos poderes públicos y los diferentes niveles de 
gobierno superarán los problemas derivados de la 
realización de esfuerzos aislados y en ocasiones 
contradictorios de las agencias estatales. La 
superación de la falsa disyuntiva entre más penas o 
más inversión social nos permitirá, de una vez por 
todas, avanzar en forma efectiva hacia un país más 
seguro, un municipio más seguro, una colonia más 
segura, un ambiente escolar y familiar protector y 
acogedor.
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II. UNA VISIÓN 
INTEGRAL DE LA 
SEGURIDAD 
CIUDADANA
La Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana se 
enmarca en un concepto amplio de seguridad humana inspirado en un 
concepto de goce efectivo de derechos. El propósito fundamental no 
es solo disminuir los índices de delitos, sino garantizar a todas las 
personas la posibilidad efectiva de ejercer sus derechos 
fundamentales sin que se vean afectados por la agresión de terceros.
La seguridad ciudadana es una parte vital de la seguridad humana. 
Entendida como un bien público, la seguridad ciudadana se refiere a un 
orden ciudadano democrático que elimina las amenazas de la 
violencia en la población y permite la convivencia segura y pacífica. 
Concierne, en esencia, a la tutela efectiva de una parte del amplio 
espectro de derechos humanos, y en concreto, del derecho a la vida, a 
la integridad personal y otros derechos inherentes al fuero más 
personal (inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito, al disfrute del 
patrimonio), así como otros más colectivos como el derecho al 
aprovechamiento de espacios públicos. 
El abordaje propuesto reconoce la multicausalidad de los fenómenos 
de violencia, así como la heterogeneidad de sus manifestaciones, las 
cuales han sido tipificadas de diversas maneras por los autores, pero 
POLÍTICA INTEGRAL 2011 - 2022DE CONVIVENCIA Y CIUDADANA PARA HONDURAS SEGURIDAD 
que para efectos de decisiones de política se pueden 
simplificar en dos tipos: violencia incidental y violencia 
1instrumental o de crimen organizado. Entre estos dos 
extremos hay múltiples manifestaciones de violencia y 
delincuencia que son el resultado de múltiples factores 
que se conjugan en un determinado momento. 
La Política reconoce la necesidad de afrontar 
problemas relacionados con: 
La ausencia o déficit de capital social, que se 
expresa en el rompimiento de reglas sociales y de 
instrumentos de protección que inhiben la realización 
de comportamientos socialmente reprochables 
generados por múltiples causas como las migraciones 
del campo a las ciudades, las migraciones de las figuras 
paterna y materna al exterior, el cambio de roles 
aceptados por género, la construcción de referentes 
culturales a partir de categorías creadas por la 
publicidad o por historias de los medios de 
comunicación.
La desconfianza en las instituciones y una actitud 
complaciente con conductas contrarias a la ley, así 
como el desconocimiento de las normas por parte de los 
ciudadanos, y la poca disposición a cumplirlas imponen 
un cambio de comportamientos y la promoción de 
reglas sociales aceptadas por todos. 
La presencia de factores de riesgo de tipo social, 
cultural y espacial, tales como armas, consumo 
irresponsable de alcohol y otras drogas, todos los 
cuales con su presencia incrementan las posibilidades 
de que las personas incurran en actos o hechos 
violentos. 
La gran cantidad de armas en circulación en el país 
incide –sin duda- en los fenómenos de violencia, en 
tanto facilita e incluso estimula el uso de la fuerza en 
forma individual. La legislación que regula la posesión y 
el porte de armas por particulares debe ser fortalecida 
para que exista un mayor control sobre las armas por 
parte del Estado, así como hay que modificar la 
equivocada percepción ciudadana de que las armas le 
dan mayor seguridad, cambiándola por mayor 
confianza de la ciudadanía en las agencias estatales 
encargadas de brindarles protección.
Como se verá más adelante, el consumo de drogas y 
alcohol, especialmente en poblaciones jóvenes, se ha 
convertido en uno de los factores que más afectan la 
convivencia en nuestro país, por lo que una política 
integral tiene que comprender programas dirigidos a 
prevenir el consumo y a recuperar a quienes han caído 
en la adicción.
Las manifestaciones de violencia intrafamiliar y/o 
de género que se convierten en elementos de 
producción y reproducción de la violencia y por ende, 
representa una de las variables claves en la solución o 
aminoramiento del problema general. 
La existencia de contextos socio-urbanos 
inadecuados, ya que se ha encontrado una fuerte 
relación entre el contexto urbano y el comportamiento 
de las personas, así como entre el diseño de los 
espacios urbanos y la percepción de seguridad y 
tranquilidad de los ciudadanos. El desordenado 
crecimiento urbano de las principales ciudades de 
Honduras han llevado a que la sensación de temor 
ciudadano se expresa en muchas ocasiones en los 
lugares más concurridos, usualmente los centros de las 
6
1 PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD. 
GOBERNABILIDAD LOCAL, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA. 
MARCO PARA LA ACCIÓN. 2006
ciudades, los cuales presentan un alto nivel de 
deterioro y una gran ocupación indebida de los 
espacios públicos con ventas callejeras, vehículos 
estacionados e incluso con apropiación particular. Los 
lugares destinados a la recreación en los barrios y 
colonias están prácticamente abandonados y se han 
convertido en verdaderos espacios de miedo y su 
recuperación ayudará a mejorar la sensación de 
seguridad de los habitantes de nuestras ciudades.
La presencia de crimen organizado o delincuencia 
compleja, especialmente del desmesurado auge de 
fenómenos delictivos de carácter transnacional como el 
narcotráfico que genera efectos devastadores en el 
capital social de nuestro país. El crimen organizado ha 
generado corrupción en las organizaciones estatales, 
lo que deteriora la percepción ciudadana de las 
instituciones y genera un fuerte grado de desconfianza 
en la actuación policial y del sector de la justicia.
Las luchas internas entre las organizaciones ilegales 
por controlar territorios y rutas del narcotráfico, así 
como por asegurar el producto de sus delitos se 
expresa en homicidios por encargo y venganzas 
personales que involucran a los entornos familiares de 
los involucrados y se manifiesta en lugares públicos y a 
través del uso de sofisticadas armas de fuego.
La ineficacia institucional, es el otro factor que se 
asocia con el crecimiento de la ocurrencia de 
fenómenos de violencia o de delincuencia. Se cuenta 
con una Policía que tiene dificultades para actuar, 
porque el personal y la infraestructura son insuficientes, 
porque no posee las capacidades técnicas y de 
formación que le imponen las actuales dinámicas 
delictivas, lo que impide la reacción, pero también la 
disuasión con efectospreventivos. Esto último también 
exige fortalecer el vínculo policía, autoridades - 
comunidad.
De la misma manera la impunidad, que permite que los 
delincuentes puedan continuar cometiendo conductas 
delictivas sin riesgo de ser castigados, pero que 
además –nuevamente- genera desconfianza en las 
instituciones y se convierte en un factor de deterioro del 
capital social. A ello se agrega el inadecuado sistema 
carcelario, hacinado y con pobre infraestructura que no 
inhabilita al delincuente, el cual continua cometiendo 
delitos desde las cárceles cada vez más peligrosos y 
complejos, como es el caso de la extorsión.
En el corto plazo, para atender ese complejo conjunto 
de problemas, el gobierno de Honduras requiere 
diseñar programas que abarquen los siguientes 
componentes que consta de: 
El fortalecimiento de la gestión nacional y local 
de la política de convivencia y seguridad 
ciudadana. 
El diseño y desarrollo de programas y proyectos 
de convivencia y prevención de la violencia y la 
delincuencia con enfoque de DD HH, y
El fortalecimiento de los equipamientos de 
seguridad, justicia alternativa y centros de 
privación de la libertad para enfrentar la 
violencia y la delincuencia.
7POLÍTICA INTEGRAL 2011 - 2022DE CONVIVENCIA Y CIUDADANA PARA HONDURAS SEGURIDAD 
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Desde hace varios años, la inseguridad es, después del desempleo, el 
segundo problema que más preocupa a los hondureños.III. LA SITUACIÓN 
DE INSEGURIDAD 
DE HONDURAS.
 INDICADORES 
MÁS RELEVANTES
POLÍTICA INTEGRAL 2011 - 2022DE CONVIVENCIA Y CIUDADANA PARA HONDURAS SEGURIDAD 
La percepción de inseguridad ha ido creciendo. Solo el 20% de los ciudadanos considera su ciudad segura, lo cual los ha 
llevado a cambiar de comportamientos, así como a desconfiar de sus congéneres y a adoptar actitudes defensivas que 
erosionan el capital social. 
En la encuesta aplicada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD en el primer semestre de 2.010, 
se encontró que el 70% de los encuestados considera que la inseguridad ha aumentado. La percepción de inseguridad 
es mayor en las regiones Centro, Norte y Oriente del país, con niveles superiores al 90%. De la misma manera las 
personas manifestaron que el delito ha aumentado en la colonia en el último año en un 68.5%.
La ciudadanía identifica los problemas asociados a las drogas como los que más inciden en los problemas de seguridad 
de su colonia. La percepción comprende los fenómenos relacionados con el tráfico, el microtráfico y el consumo. Se 
destaca que las respuestas que asocian la inseguridad con las drogas superan el 60%, mientras que otros problemas 
como las maras solo alcanzan el 3% de las respuestas. Los problemas de convivencia también registran valores bajos 
comparados con los de consumo de alcohol y otras drogas. Los principales problemas priorizados en los barrios y 
colonias fueron el consumo de drogas con un valor de 66%, en concordancia con la compra y venta de droga que fue 
priorizada con un 51.7%.
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Al indagar sobre las razones para el incremento de la delincuencia en el país, las personas encuestadas priorizaron en su 
orden el consumo de drogas, la falta de empleo y la pobreza, siendo los tres principales delitos que más preocupan a la 
población, los asaltos que ocupan un primer lugar (51.2%), los homicidios (22.8%) y los secuestros (9.5%). 
Según la encuesta, las instituciones del sector seguridad y justicia resultan muy mal evaluadas por parte de la 
ciudadanía, la cual además expresa un alto nivel de desconfianza en sus miembros y denuncia grandes niveles de 
corrupción. 
11POLÍTICA INTEGRAL 2011 - 2022DE CONVIVENCIA Y CIUDADANA PARA HONDURAS SEGURIDAD 
Existe entre la ciudadanía hondureña una muy alta desconfianza hacia la Policía Preventiva, la DNIC y el Ministerio 
Público, como lo muestra la siguiente gráfica: 
Estos niveles de desconfianza generan un bajo porcentaje de denuncias e inducen a que los ciudadanos justifiquen el 
uso de “justicia” por mano propia u otros hechos que implican mayores niveles de violencia en la sociedad. 
En Honduras, durante los últimos siete años han sucedido un total de 27,134 homicidios, con un crecimiento de 190% 
entre 2004 y 2010, pasando de 2,155 homicidios a 6,239 para una tasa de homicidios que en el año 2010 alcanzó una 
cifra de 77.5 por 100,000 habitantes, según datos del Observatorio Nacional de la Violencia. 
12
El 94% de las víctimas son hombres, especialmente personas jóvenes en edad productiva entre los 15 y 44 años. No 
obstante, señala que el fenómeno también afecta a niños, niñas, adolescentes y mujeres. Entre el año 1998 hasta 
Febrero de 2010, se habían registrado un total de 5,265 muertes de personas menores de 23 años, de los cuales 1,647 
son niños/as de acuerdo a la legislación nacional, que equivale al 31% de la totalidad de los asesinatos, los restantes 
3,978 homicidios que corresponden al 66.8%, fueron perpetrados contra la vida de jóvenes entre 18 y 22 años.
Por otro lado, en lo que hace a la violencia homicida contra las mujeres, en el año 2010, el Observatorio de Género del 
Instituto Universitario en Desarrollo, Paz y Seguridad de la UNAH, reportó 438 muertes de mujeres, de las cuales un 68% 
correspondió a femicidios.
Existe una alta incidencia de las armas de fuego en el incremento de la violencia en Honduras, donde el 83% de los 
homicidios en el 2010 se cometieron con armas de fuego. El informe sobre desarrollo humano del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) asegura que en Honduras hay cerca de 800 mil armas, de las que 650 mil 
estarían siendo portadas al margen de la ley y sólo 151.003 armas de distinto calibre están inscritas en el Registro 
Nacional de las Armas.
La legislación de armas en Honduras, que permite que cada persona posea hasta cinco armas de fuego, incentiva la 
tenencia por parte de la ciudadanía, desvirtúa el principio del monopolio de las armas por parte del Estado e incrementa 
los riesgos de que, voluntaria o accidentalmente, esas armas causen muertes violentas.
 
La encuesta de victimización y actitudes del PNUD en el año 2010, muestra que el 17% de los encuestados aceptó tener 
al menos un arma en su hogar, mientras que el promedio latinoamericano de tenencia de armas es de tan solo el 4%.
13POLÍTICA INTEGRAL 2011 - 2022DE CONVIVENCIA Y CIUDADANA PARA HONDURAS SEGURIDAD 
82.1
Si bien la violencia y el crimen se han generalizado en las distintas regiones del país, la mayor concentración se produce 
en las áreas urbanas con un 74.1% de las muertes. El norte de Honduras con un total de 2,590 homicidios (41% del país) 
presentó una tasa global de 111.6 por 100,000 habitantes, donde el departamento de Atlántida tiene las cifras más altas, 
mientras que la zona sur y el departamento de Gracias a Dios presentan cifras por debajo del promedio nacional. 
De acuerdo con la información del Observatorio de la Violencia de la UNAH, casi el 40 por ciento de las muertes podrían 
estar asociadas con el crimen organizado, especialmente a la actividad criminal del narcotráfico que ha crecido de 
manera considerable en Centroamérica. El 36% de los homicidios ocurridos entre el 2005 y el 2009 fueron cometidos en 
2
la modalidad de sicariato.
Estudios realizados por agencias del Sistema de Naciones Unidas muestran que la región se ha convertido en los 
últimos diez años, con énfasis en el último lustro, en lugar de paso de cocaína y otras drogas ilegales desde los países 
donde se ha concentrado la producción en Sur América hacia el mercado de los Estados Unidos. Aunque no hay 
información fidedigna, se estima que la circulación de drogas en Honduras se ha incrementado de 100 a 850 toneladas al 
3
año.
Pero no sólo los homicidios son un problema, la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), registró 87,556 
denuncias por delitos en el año 2010. En relación a la violencia de género e intradoméstica, la entidad mencionada 
reportó 11,063 denuncias por delitos que afectan a la mujer por sucondición de género.
La mirada que se hace del fenómeno por zonas del país, indica crecimiento en la mayoría de los departamentos, salvo en 
el sur, donde el fenómeno muestra un pequeño decrecimiento, siendo la zona central la de mayor incremento 
proporcional. Los departamentos más afectados –según datos de la Policía Nacional analizados por el Observatorio de 
la Violencia- se encuentran en el norte del país, donde los departamentos de Atlántida, Cortés y Colón aportan la mayor 
concentración. 
2 Aunque ese dato se incrementa considerablemente si se descuenta para hacer el cálculo aquellos casos en los que los informes policiales no registraron datos que 
permitan determinar las circunstancias en las que ocurrieron.
3 JUNTA INTERNACIONAL DE FISCALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES JIFE. Informe anual 2009
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15
Tomar en cuenta la regionalización del delito es de gran importancia tanto a la hora de orientar recursos como para la 
definición de estrategias, es así como se observa que un total de 43 municipios en Honduras, tuvieron en el año 2010 una 
tasa mayor a 100, sumando en total 2,688 homicidios. Se habla entonces que en el 14% de los municipios, se 
presentaron el 43% de los casos ocurridos. 
El municipio de Buenaventura (Departamento de Francisco Morazán), presentó la mayor tasa del país con 432 
homicidios por 100,000, mientras que cinco de los ocho municipios de Atlántida se encuentran en ese rango, destacando 
que La Ceiba fue la capital del país con el mayor índice, como se puede apreciar en el siguiente cuadro. 
POLÍTICA INTEGRAL 2011 - 2022DE CONVIVENCIA Y CIUDADANA PARA HONDURAS SEGURIDAD 
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La encuesta de victimización del PNUD mostró también 
que: 
Uno de cada cuatro hondureños ha sido 
asaltado y que la extorsión es hoy un grave 
problema de seguridad ciudadana.
Hay alta desconfianza en las autoridades 
encargadas e los temas de justicia y seguridad. 
Existe alta percepción de corrupción en la policía 
y la justicia.
Hay un altísimo grado de desconfianza 
interpersonal.
Hay una creciente tendencia de justificación del 
incumplimiento de las leyes y del uso de la 
“justicia” por mano propia.
POLÍTICA INTEGRAL 2011 - 2022DE CONVIVENCIA Y CIUDADANA PARA HONDURAS SEGURIDAD 
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La teoría desarrollada para la formulación de las políticas públicas en 
materia de seguridad ciudadana recomienda que además de evaluar la 
situación de la seguridad en un determinado territorio –tanto en su 
dimensión objetiva como en la subjetiva- se realice una evaluación de 
las instituciones con responsabilidades en materia de prevención y 
control del fenómeno delictivo. Se trata de identificar la capacidad del 
Estado para elaborar políticas efectivas de prevención y control de la 
4
inseguridad, así como de gestionar dichas políticas.
4.1 Marco normativo de la seguridad ciudadana
Aunque en Honduras no se ha adoptado una ley que crea y regule la 
organización y funcionamiento del sistema de seguridad ciudadana, el 
Decreto No.67-2008 que contiene la Ley Orgánica de la Policía 
Nacional, de alguna forma cumple la función de establecer un marco 
normativo que define las funciones de algunas de las instancias de 
gobierno, tales como la Secretaría de Seguridad del Estado, el 
IV. EL ESTADO 
DE LAS 
INSTITUCIONES 
DE SEGURIDAD
 CIUDADANA 
EN HONDURAS
4 Para revisar el estado de las instituciones del sector, se ha utilizado la Guía de evaluación del 
estado de la seguridad ciudadana en América Latina elaborada por el PNUD.
POLÍTICA INTEGRAL 2011 - 2022DE CONVIVENCIA Y CIUDADANA PARA HONDURAS SEGURIDAD 
Consejo Nacional de Seguridad Interior y La Policía. 
Esta ley, sin embargo, en tanto no tenga ese propósito, 
deja por fuera varias de las agencias estatales que 
integrarían un sistema técnicamente diseñado.
Otras leyes como la ley de policía y convivencia social, 
adoptada mediante el Decreto 226 de 2001 definen la 
organización y funcionamiento de instituciones locales 
que son actores estratégicos del sistema de seguridad 
ciudadana como las policías municipales y las 
direcciones municipales de justicia. La guardia 
municipal básicamente realiza labores de resguardo del 
patrimonio de la alcaldía, la recaudación de impuestos 
municipales a comercios, la observancia de los horarios 
de cierre y apertura de locales y, ejerce funciones de 
policía de preventiva. Estas policías municipales sin 
embargo disponen de armas de fuego en su 
equipamiento y tienen facultades para proceder a la 
detención de infractores. 
La ley para la prevención, rehabilitación y reinserción 
social de personas integrantes de pandillas o maras, 
adoptada mediante los decretos 141 y 170 de 2001, 
además de crear el programa correspondiente define el 
esquema institucional encargado de ejecutar sus 
programas. 
Así mismo, la ley de rehabilitación del delincuente, de 
1.984, crea la Dirección General de Establecimientos 
Penales, que cumple un rol fundamental en la cadena 
de un plan integral.
En el año 1992 se creó la figura del Comisionado 
Nacional para la Protección de los Derechos Humanos, 
que en 1995, se incorporó a la Constitución de la 
República. El 24 de octubre de 1995, se aprobó la Ley 
Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos 
Humanos de Honduras, mediante Decreto del 
Congreso Nacional No. 153-95.
Por su parte, el Ministerio Público tiene como objetivo 
principal conseguir que todos los delitos cometidos en 
el país reciban una condena. Con la Ley del Ministerio 
Público (1994) se transformó su organización y 
funciones y se fortaleció con la capacitación y el 
entrenamiento de su personal, al objeto de darle mayor 
importancia como institución en el proceso judicial. 
La dispersión de las responsabilidades y su carácter 
parcial impone la necesidad de establecer un único 
marco normativo con base en el cual se definan los 
principios que inspiran una política de seguridad y 
convivencia ciudadana, así como la plataforma 
institucional a partir de la cual se ejecutan los 
programas y proyectos que formen parte de una política 
de carácter multisectorial y plurinivel.
4.2 El gobierno de la seguridad ciudadana en 
Honduras
En las dos últimas décadas Honduras ha adoptado una 
serie de reformas dirigidas a fortalecer el gobierno de la 
seguridad en cabeza de la autoridad civil. Las leyes 
también han procurado asegurar el carácter civil de la 
Policía, que fue separada de las Fuerzas Armadas.
Las reformas adoptadas en el 2008, en la ley orgánica 
5de Policía Nacional fortalecieron la capacidad de 
gobierno, a través del Secretario en el Despacho de 
Seguridad en relación con la Policía, pero la estructura 
interna de la Secretaría, continúa siendo débil. Se 
requiere fortalecer la gestión de la entidad con algunas 
reformas, con mayor presupuesto y personal para 
poder asegurar una adecuada conducción civil de la 
Policía y de la Política Nacional de Convivencia y 
Seguridad Ciudadana.
Hasta el momento, el primer y más importante déficit 
era la ausencia de una política de seguridad, que guíe la 
acción de los actores estatales comprometidos, defina 
los propósitos colectivos de mediano y largo plazo, 
establezca los roles institucionales, imponga metas y 
permita el seguimiento y control social.
Las reformas realizadas en Honduras abren sin 
embargo, posibilidades de fortalecimiento de 
capacidades dado que: 
1. Existe dentro del Poder Ejecutivo un órgano, en 
manos de funcionarios civiles, con capacidad de 
gestionar la seguridad, como es la Secretaria de 
Seguridad.
2. El Observatorio de la Violencia, promovido por 
diversas instituciones nacionales y de la 
Cooperación Internacional, y que cuenta con el 
compromiso de diferentes agencias estatales, 
permite tener un cuadro de situación de la 
violencia y el delito para diseñar un plan de 
seguridad ciudadana y medir sus avances, 
herramienta que no existe en el resto de los 
países centroamericanos.
20
5 Decreto No.67-2008
3. La Constitución da al Presidente de la República 
la dirección estratégicade las fuerzas de 
seguridad. 
Sin embargo, el mayor déficit institucional y de gobierno 
de la seguridad en Honduras radica en el poco 
involucramiento de los gobiernos locales en la gestión 
de la seguridad.
4.3 Sistema de prevención social de la violencia y el 
delito
No existe en Honduras un sistema de prevención de 
violencia y el delito y las instituciones a las que 
misionalmente les corresponde el diseño y ejecución de 
políticas dirigidas a enfrentar factores directamente 
asociados con fenómenos de violencia y delincuencia 
son débiles, tienen una escasa capacidad de gestión, 
trabajan en forma desarticulada y sus presupuestos 
solo les permite pagar su propio funcionamiento.
Es deseable aprovechar la capacidad instalada de 
dichas agencias estatales para ponerlas al servicio de 
una política integral de convivencia y seguridad 
ciudadana. 
Dentro de estas agencias se cuentan, entre otras, el 
Instituto Nacional de la Mujer (INAM), el Instituto 
Hondureño para la Prevención y Tratamiento del 
Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia 
(IHADFA), el Instituto de la juventud, El Programa 
Nacional de Prevención de Maras y Pandillas, y el 
Instituto Hondureño de Niñez, Familia y Adolescencia 
(IHNFA).
4.4 Sistema policial y de investigación criminal.
En la actualidad la Policía Nacional de Honduras cuenta 
con 14.087 policías, de los cuales 846 son oficiales, 
11,897 son suboficiales y 1,344 auxiliares y auxiliares 
por contrato. 
21POLÍTICA INTEGRAL 2011 - 2022DE CONVIVENCIA Y CIUDADANA PARA HONDURAS SEGURIDAD 
22
23
En la región, Honduras es, en términos absolutos, el segundo país con menor número de policías por habitante, como se 
puede ver en el siguiente cuadro:
Con esta cantidad de miembros la Policía Nacional se encuentra organizada siguiendo la división territorial del país. En 
este orden de ideas, por cada departamento existe una unidad de Policía que a su vez está compuesta por las unidades 
de Policía que pertenecen a cada uno de los municipios del departamento. 
La Policía Nacional venía funcionando con base en siete subdirecciones policiales que aún existen, pero a partir de la 
estructuración de la Ley Orgánica del año 2008, se inicia una reforma que tiende a unificar y centralizar el mando policial, 
evitando problemas de coordinación entre las direcciones nacionales –Educación Policial, Investigación Criminal, 
Policía Preventiva, Servicios Especiales de Inteligencia, Servicios Especiales Preventivos, Policía de Tránsito, Asuntos 
Internos-.
Algunos de los problemas que acarreaba la existencia de los diferentes mandos policiales aún subsisten en los 
departamentos y municipios del país, dado que trabajan respondiendo funcional y operativamente a las diferentes 
direcciones mencionadas.
Esta situación: 
Primero, no facilitaba la coordinación de las diferentes unidades de policías especializadas, 
Segundo, generaba problemas de sincronía, puesto que la independencia de las diferentes direcciones no 
permite la coordinación rápida de acciones, en la medida a que cada uno responde a un jefe en la dirección 
general, no existiendo subordinación operativa con los jefes de policía locales, y 
Tercero, las ordenes se mueven de manera vertical y no horizontal, puesto que ante un problema local que 
requiere la intervención de distintas unidades especializadas se está constantemente remitiendo a los niveles de 
mando superiores para saber si se coordina o no se coordina o si se obedece o no obedece la orden de los jefes de 
policía locales o las indicaciones de otra especialidad. 
POLÍTICA INTEGRAL 2011 - 2022DE CONVIVENCIA Y CIUDADANA PARA HONDURAS SEGURIDAD 
24
Esto hace más larga, problemática e ineficiente la labor 
de la policía, aumenta los costos de transacción y 
genera duplicidad de esfuerzos para dar solución a una 
misma problemática o a problemáticas que por su 
estrecha correlación podrían tratarse de mejor manera 
si jefes policiales locales tienen mando sobre las 
unidades especializadas que trabajan en sus territorios 
y son ellos quienes tienen coordinan directa con el 
Director o con los directores nacionales por 
indicaciones del Director. Por otro lado, esta 
independencia de las direcciones, su especialización y 
no jefatura centralizada se convierten en un problema al 
momento de que el policía tiene que operar ante una 
situación de inseguridad o de afectación de la 
convivencia, puesto que el personal pierde su condición 
de ser un policía integral preparado para brindar 
seguridad y tranquilidad a todos los ciudadanos en todo 
momento, lugar y situación y se limita a operar según su 
especialidad. 
Adicional a estos problemas organizacionales, existen 
una serie de deficiencias en materia de instalaciones, 
comunicaciones, movilidad y capacitación del recurso 
humano que le impiden cubrir todo el territorio y dar 
atención adecuada a los problemas de convivencia y 
seguridad ciudadana. 
La Policía cuenta con 360 instalaciones distribuidas en 
los 18 departamentos del país, desde donde prestan 
servicios de seguridad las distintas unidades 
especializadas, comenzando por la Dirección Nacional 
y las demás direcciones de Investigación Criminal, 
Inteligencia, Tránsito, Investigación Criminal, 
Preventiva, Servicios Especiales Preventivos, de 
asuntos internos y el Centro Integrado Contra el Crimen 
Organizado.
De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional, de los 
360 inmuebles, 155 (43%) están en mal estado y los 
restantes (195), en buen estado. Sin embargo cuando 
se revisa el estado de las mismas, se puede asegurar 
que las condiciones de casi el 100% no son las más 
adecuadas, pues no responden a los requerimientos 
funcionales de esta institución. 
En conclusión, la gran mayoría de sus instalaciones no 
responden a las medidas de seguridad y operativas de 
la Policía Nacional. En términos generales, se requiere 
una gran inversión para reponer, reparar y reubicar una 
serie de inmuebles de la policía, que por sus 
características no cumplen con las condiciones 
adecuadas para funcionar como unidades de policía.
La Policía cuenta con 941 vehículos y tres lanchas para 
prestar el servicio de seguridad en todo el país, de los 
cuales 689 la Policía considera que están en buen 
estado y los restantes 255 están fuera de servicio y en 
algunos casos los consideran chatarra.
En el caso de las motos, la Policía de Honduras cuenta 
con 752 motos, de las cuales, según la propia 
Institución, 644 están funcionando y 108 están fuera de 
servicio (ver graficas 1 y 2, antigüedad de carros y 
motos). 
25
6Cabe anotar que cualquier parque automotor al servicio de la policía tiene una vida útil de 3 años, máximo 4, en la 
medida en que un vehículo al servicio de esta institución trabaja las 24 horas del día, es operado por tres conductores 
distintos y los mantenimientos no son los más adecuados. Si se compara el uso de un vehículo de la policía con el uso de 
un vehículo particular, se tiene que un carro de la policía que ha sido utilizado durante cuatro años en los tres turnos en los 
que normalmente opera la institución, equivale al uso que le daría una familia durante 40 o 50 años, dado que los carros 
particulares utilizan en promedio tres horas diarias. 
Frente a esta situación, hay que trabajar con un plan de reposición, aumento y mantenimiento del parque automotor en el 
inmediato, mediano y largo plazo, de tal forma que le permita a la institución contar con los medios adecuados de 
movilidad rápida y apropiada a las condiciones geográficas y sociales de cada uno de los departamentos y municipios 
del país y de las características de los entornos en que se producen los delitos y las contravenciones. 
En lo que se refiere a los equipos de comunicaciones, la Policía Nacional cuenta con 1,358 radios portátiles, 382 radios 
en los vehículos, 253 radios bases y 24 antenas repetidoras.
De acuerdo con estas cifras, la policía cuenta con un radio portátil por cada 10.3 policías, a todas luces insuficientes para 
prestarun adecuado servicio de seguridad. Esta situación se ve agravada aún más, cuando se comprueba que la 
mayoría de los equipos de comunicaciones ha cumplido su vida útil y se encuentran en malas condiciones.
La Dirección Nacional de Investigación Criminal es una de las áreas más débiles de la Policía Nacional, con escaso 
número de efectivos que manejan un gran número de procesos diariamente. Con enormes problemas de capacitación 
del personal nuevo, a consecuencia de debilidad institucional en los procesos de selección y formación de 
investigadores. Insuficiencia vehicular mayor que la de Policía Preventiva. Las comunicaciones se prestan muchas 
veces por celulares propios pues aunque algunas jefaturas disponen de radios, son insuficientes. Déficit de equipos para 
levantar pruebas, deficiencia en capacitación criminalística. 
6 Cabe anotar, que el mantenimiento de este parque automotor viejo, con más de cuatro (4) de antigüedad, genera altos costos, puesto que los repuestos y la 
tecnología con la que operan empiezan a descontinuarse y en la mayoría de los casos permanecen más en el taller, que en funcionamiento.
POLÍTICA INTEGRAL 2011 - 2022DE CONVIVENCIA Y CIUDADANA PARA HONDURAS SEGURIDAD 
26
El Ministerio Público reporta insuficiencia de fiscales 
para la atención de todos los procesos, saturación 
extrema de investigaciones (responsables de delitos 
contra la vida, la propiedad, violencia intrafamiliar, e 
incluso faltas) que en algunos lugares no permite 
abordar sino un máximo del 30% de los delitos 
conocidos, generalmente aquellos in fraganti. En el año 
2009, la Fiscalía recibió cerca de 64,000 denuncias, 
habiendo dado respuesta solamente a 17,000, según 
información de la misma entidad. 
En el período 2005-2009, fueron remitidas al Ministerio 
Público 320,153 denuncias de distintos tipos, de las que 
250,216 se trasladaron a la Dirección Nacional de 
Investigación Criminal para "su debida investigación". 
Esa dependencia de la Secretaría de Seguridad 
culminó una investigación completa en sólo 48,626 
casos por falta de logística y recursos.
Su cobertura es insuficiente y presenta problemas de 
logística grave que les impide la movilización a los 
lugares donde se cometen los delitos o la 
comparecencia en los juicios cuando estos suceden en 
lugares retirados, como el caso de Islas de la Bahía o 
Gracias a Dios. 
Para el caso de Medicina Forense, la entidad presenta 
insuficiente cobertura en el país y donde existe el 
recurso humano, hay gran debilidad en infraestructura, 
logística y laboratorios.
El sistema carcelario de Honduras está compuesto por 
24 centros reclusorios. Conforme a la Ley de 
Rehabilitación del Delincuente, estos han sido 
clasificados en tres categorías.
Pen i t enc ia r ías Nac iona les : Pa ra e l 
cumplimiento de las penas que excedan de 3 
años.
Cárceles Departamentales o Seccionales: Para 
el cumplimiento de las penas que no excedan de 
3 años.
Cárceles Locales: Para el cumplimiento de las 
penas de prisión
Este sistema presenta problemas notorios en el campo 
de la seguridad, las instalaciones son antiguas y se 
quedan pequeñas para la cantidad de internos hoy 
institucionalizados, de igual manera la construcción de 
nuevos establecimientos apenas comienza a presentar 
los adelantos arquitectónicos que en el ámbito 
penitenciario se han hecho en otros países para 
incrementar la seguridad y la efectividad del tratamiento 
penitenciario.
27
V. 
ESTRATÉGICAS 
DE ACCIÓN
LÍNEAS De acuerdo con el diagnóstico y los lineamientos, a continuación se presentan las líneas estratégicas de la Política Nacional de 
Convivencia y Seguridad Ciudadana de Honduras.
5.1 LA CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, CONDICIÓN DE ÉXITO DE UNA POLÍTICA 
INTEGRAL
Se propone la creación de un sistema de seguridad y convivencia 
ciudadana entendido como el “conjunto de políticas, estrategias, 
metodologías, técnicas y mecanismos de carácter administrativo y 
organizacional para la gestión y manejo de los recursos humanos, 
técnicos, materiales, físicos, y financieros”, orientado a fortalecer la 
capacidad administrativa y el desempeño institucional en el área. El 
sistema estará compuesto por las autoridades superiores del Poder 
Ejecutivo responsables de la formulación de las políticas y estrategias 
del sector y de la dirección superior del mismo, así como por 
instituciones pertenecientes a otros poderes públicos directamente 
implicados con el combate al delito. El Sistema incluirá a los alcaldes 
municipales. 
POLÍTICA INTEGRAL 2011 - 2022DE CONVIVENCIA Y CIUDADANA PARA HONDURAS SEGURIDAD 
28
La composición, misiones, funciones, organización, 
dirección, coordinación y funcionamiento; así como las 
bases jurídicas e institucionales para el diseño, gestión 
y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad 
ciudadana, deberá consignarse en la ley marco de 
seguridad ciudadana, cuya expedición se propone 
dentro del marco de un compromiso nacional en el que 
part ic ipen las di ferentes fuerzas pol í t icas 
representadas en el poder legislativo.
Se propone la adopción de un nuevo marco normativo 
que regule la organización y funcionamiento de la 
Seguridad, en el que se fijen los principios de la acción 
estatal en materia de seguridad, se defina el sistema de 
seguridad de los ciudadanos, se determine el papel de 
los actores involucrados y la manera como los 
ciudadanos participan en la gestión de la seguridad.
5.2 Creación de un Consejo Nacional de Seguridad 
Ciudadana. 
Para diseñar de manera conjunta los aspectos 
operativos de la seguridad ciudadana, hacer un 
seguimiento a la situación de la criminalidad y adoptar 
las decisiones ejecutivas que correspondan se propone 
poner en funcionamiento el Consejo Nacional de 
Seguridad Ciudadana, el cual estaría compuesto 
por:
Presidencia de la República, 
Secretaría de Estado en el Despacho de 
Seguridad, quien hará las veces de 
Secretaria Técnica. 
Secretaría de Estado en el Despacho del 
Interior y Población, 
Secretaría de Estado en el Despacho de 
Justicia y Derechos Humanos, 
Ministerio Público,
Policía Nacional,
Corte Suprema de Justicia. 
Y las entidades públicas con responsabi-
lidades en materia de prevención y 
rehabilitación como INAM, IHNFA, IHADFA.
Este Consejo se encargará, entre otras, de las 
siguientes funciones:
Hará seguimiento a la Política Nacional de 
Convivencia y Seguridad Ciudadana con el 
f in de recomendar los correctivos 
necesarios.
Establecerá y mantendrá estrecha 
coordinación interinstitucional en los temas 
de convivencia y seguridad.
Realizará análisis permanente de la 
situación de violencia y delincuencia, con 
base en la información del Observatorio de 
Violencia y del Departamento de 
Estadísticas de la Policía Nacional, y 
formulará recomendaciones de política para 
enfrentar estas problemáticas, las cuales 
deberán contar con la participación activa y 
c o o r d i n a d a d e l a s i n s t i t u c i o n e s 
responsables de estos temas. 
Recomendará líneas de trabajo para 
desarrollar en todos los municipios que 
permitan fomentar la participación 
ciudadana en las temáticas de seguridad y 
convivencia ciudadana.
Asesorará al Presidente de la República y al 
Ministro de Seguridad, en las situaciones 
específicas de seguridad y de alteración del 
orden público, para adoptar medidas 
correct ivas que guarden estrecha 
correspondencia con la naturaleza y 
dimensión del fenómeno.
Formulará recomendaciones para la 
preservación de los Derechos Humanos y el 
cumplimiento de los deberes ciudadanos 
para lograr la convivencia pacífica.
Asegurará el intercambio permanente de 
información entre los diversos organismos