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AMNISTÍA INTERNACIONAL 
 
Declaración pública 
 
http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR230322004 
 Colombia: Población civil blanco de masacres 
 
 
El asesinato de 34 presuntos "raspachines" (recolectores de coca) el 15 de junio de 2004 en la 
Finca Río Chiquito en el corregimiento de La Gabarra, municipio de Tibú, departamento de 
Norte de Santander, atribuido a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y 
según informes de prensa reivindicado por este grupo guerrillero, es una muestra más del 
flagrante desprecio de los actores armados, sea la guerrilla, los paramilitares, o la misma fuerza 
pública , con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. 
 
 Según testigos, un grupo muy numeroso de hombres fuertemente armados llegaron a la 
finca a las 5:30 de la madrugada. A su llegada redujeron y amarraron a los campesinos con 
cuerdas, de pies y manos. Acusándoles de ser auxiliadores de los paramilitares les habrían 
disparado en la nuca. Entre las víctimas había dos menores de edad. 
 
 Estos asesinatos contra civiles indefensos son una grave violación de los principios 
fundamentales del derecho internacional humanitario y constituyen un crimen de guerra. A la 
vez de repudiar y condenar el gravísimo hecho, Amnistía Internacional urge a que los 
responsables sean llevados ante la justicia. 
 
 Desafortunadamente, esta masacre es sólo una más entre tantas otras que han 
ocurrido en los últimos meses, y se teme que no será la última que se habrá en el conflicto 
armado que sufre Colombia desde hace 40 años. Las continuadas violaciones y abusos de los 
derechos humanos y del derecho internacional humanitario, por parte de todos los actores 
armados, así como las políticas implementadas por el gobierno, muchas de ellas contrarias al 
derecho internacional, están incentivando la espiral de violencia política en Colombia. 
 
Guaitarilla - departamento de Nariño 
El 19 de marzo de 2004 siete policías del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal 
(Gaula) y cuatro civiles murieron en la vereda de Plan Grande, en el municipio de Guaitarilla, en 
el noroccidente del departamento de Nariño. Al parecer fueron asesinados por miembros del 
Batallón Boyacá del ejército colombiano. 
 
 Según fuentes militares, miembros del ejército que se encontraban en un retén militar 
en la citada vereda dieron el alto a los policías. Según la versión militar éstos últimos, a parte 
de no acatar la orden, respondieron disparando. La respuesta militar ante esta supuesta 
agresión fue devolver los disparos causando así la muerte de las víctimas. Investigaciones 
http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR230322004
preliminares habrían establecido que las víctimas habrían recibido múltiples disparos, y algunos 
de ellos a corta distancia. El mes pasado se presentaron informaciones ante el Congreso que 
indicaban la posibilidad de que las pruebas podían haber sido manipuladas. 
 
Cajamarca - departamento de Tolima 
El 10 de abril de 2004 cinco civiles, entre ellos un bebé de seis meses, perdieron la vida en la 
vereda del Potosí, municipio de Cajamarca, departamento de Tolima. Fueron víctimas de los 
disparos de un operativo militar de tropas del Batallón Pijaos. Los militares admitieron haber 
disparado contra los campesinos. Según la versión militar el mal tiempo y la distancia a la que 
se encontraban las víctimas les indujo al error y "les confundieron con guerrilleros que 
merodeaban en la región." 
 
 Los testimonios de los diferentes uniformados involucrados en el incidente presentaron 
contradicciones. Además, las pruebas de balística realizadas demostrarían que al menos una 
de las víctimas había recibido disparos a una distancia inferior a los 60 centímetros. 
 
 La Defensoría del Pueblo afirmó recientemente que testigos y familiares de las 
masacres de Cajamarca y Guaitarilla habrían recibido amenazas. Según el Defensor del 
Pueblo encargado, Darío Mejía, "Si algo llega a ocurrir contra la integridad de los testigos en los 
casos de Guaitarilla y Cajamarca, la responsabilidad deberá recaer en el Estado." 
 
 Las investigaciones por las masacres de Guaitarilla y Cajamarca fueron asumidas por la 
justicia penal militar que se ha convertido en un instrumento muy eficaz para proteger a los 
culpables de violación de derechos humanos evitando que sean juzgados y condenados. 
 
Bahía Portete - departamento de la Guajira 
El 18 de abril de 2004, después de haber estado varios días amenazando con su presencia, 
presuntos paramilitares incursionaron en la comunidad indígena de Bahía Portete, en el 
departamento de la Guajira, cuyos habitantes son miembros del pueblo indígena Wayúu. 
 
 Al parecer, interrogaron a varios niños sobre el paradero de sus padres, y mataron a por 
lo menos a doce personas. Según los informes, los paramilitares torturaron a varios de los 
adultos antes de matarlos. Varias de las víctimas aparecieron descuartizadas. Los paramilitares 
también secuestraron a varias personas, incluidas Diana Fince Uriana, Reina Fince Pushinana 
de 13 años de edad y otra niña de 11 años. No ha sido posible determinar la cifra exacta de 
secuestrados, y se desconoce su paradero o si han sido asesinados. Más de 500 Wayúu 
cruzaron la frontera con Venezuela buscando refugio. 
 
Tame - departamento de Arauca 
El 19 de mayo de 2004 unos 200 hombres, presuntamente miembros del grupo paramilitar 
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cerraron la vía Los Libertadores, entre Saravena y 
Tame, obligando a los campesinos de la zona al confinamiento durante un día. Posteriormente 
incursionaron en cinco veredas de la municipalidad de Tame, Flor Amarillo, Piñalito, Botalón 
Cravo, Charo y Los Andes. Durante esta incursión los presuntos paramilitares secuestraron y 
torturaron a varias personas. Según informes 11 campesinos fueron asesinados, seis de ellos 
fueron aprehendidos en la vereda de Flor Amarillo y los otros cinco en la de Cravo Charo. 
 
 Todas estas masacres son ejemplos de la trágica realidad con la que se enfrenta cada 
día la población civil en Colombia. Son un indicativo de que la violencia que azota el conflicto 
sigue cebándose con los más vulnerables e indefensos. La población civil sigue siendo la 
víctima principal de la crueldad y de la violencia empleada por todos los actores involucrados 
en el conflicto. Es ella la que sigue sufriendo en sus propias carnes el dolor de los asesinatos 
selectivos, las "desapariciones", los secuestros y las masacres. 
 
 Amnistía Internacional insta a todos los actores del conflicto a poner fin a las violaciones 
al derecho internacional humanitario y, en particular, a que respete los derechos fundamentales 
de los civiles. 
 
 Amnistía Internacional insta al gobierno colombiano a que sea el garante de la 
seguridad de todos y todas los colombianos. Tomando medidas que realmente protejan a la 
población civil y la alejen del conflicto armado. El gobierno también tiene el deber y la 
responsabilidad de llevar a cabo investigaciones independientes e imparciales en todas y cada 
una de las masacres relatadas, llevando ante la justicia ordinaria a los responsables y haciendo 
públicos los resultados. Los dirigentes de la guerrilla deben por su parte ordenar a todos los 
combatientes que cumplan con el derecho internacional humanitario, que prohíbe 
específicamente a todas las partes de un conflicto armado interno atacar a personas que no 
participan directamente en las hostilidades. 
 
Redactado originalmente en español en el SI.